Preámbulo: en España hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías, en su mayoría en manos de socimis y bancos. Unos bancos que no van a devolver al Estado 60.000 millones de euros del rescate bancario

El miedo y la incertidumbre son consustanciales a las coyunturas de crisis. Están ahí con mayor o menor fundamento, pero a todas y todos nos afecta porque tememos quedarnos fuera del perímetro de seguridad. No es casualidad escuchar por boca de líderes reaccionarios apelaciones a los migrantes como pandilleros (Trump) o como dice Abascal: "No es inmigración. Es una invasión de violentos y delincuentes, la mayoría en edad militar, y muchos infectados por coronavirus".

Por ende, la seguridad es la protección frente al pobre (migrante o no), un potencial delincuente. El debate social prefabricado sobre la "okupación" responde a eso: a la orientación del miedo y a la delimitación de qué es la seguridad. A eso hay que añadir un lucrativo negocio para algunos.

Cabe recordar que en España hubo más de 54.000 desahucios en 2019 y que se han reactivado pese a la moratoria por la pandemia. No en vano, una cuarta parte de la población está en riesgo de exclusión social. La respuesta natural de esta conjunción entre desahucios y pobreza es la ocupación de viviendas vacías. El conflicto es evidente entre quienes siguen desahuciando (bancos y fondos buitre) y quienes se quedan sin techo. El derecho de propiedad de los primeros frente al derecho a la vivienda de los segundos. Atendiendo a esta realidad, el miedo de una cuarta parte de la población debe ser a quedarse en la calle. Un miedo que puede extenderse a capas sociales a las que empieza a afectarles seriamente la crisis. Sin embargo, hay una formidable campaña no declarada para generar miedo entre quienes no corren el riesgo –hoy- de ser desahuciados, sino de ser "okupados". ¿Hay fundamentos cuerdos para tener ese miedo? Hace unos días, en una entrevista me preguntaban qué haría si al volver de vacaciones me encontrase la casa ocupada. La pregunta, ¿se basaba en alguna probabilidad significativa de que eso pasara? Sabemos que los casos de allanamiento de primeras y segundas residencias de particulares son insignificantes, y más en comparación con las ocupaciones de viviendas vacías propiedad de bancos o fondos de inversión. Además, el desalojo de estos allanamientos de viviendas de particulares acontece de manera inmediata, en menos de 24 horas. En consecuencia, atendiendo a la realidad de los hechos, en este país hay motivos para tener miedo a ser desahuciado o a caer en esa creciente bolsa de exclusión social. Pero no hay razones fundadas a tener miedo a que nuestra vivienda sea allanada. Es mucho más probable que seamos despedidos del puesto de trabajo o a ser víctima de fraude por una empresa de telecomunicaciones (llevan años siendo las que más denuncias de consumidores reciben).

Como en todo conflicto prefabricado toca preguntarse: "cui prodest". En la respuesta debemos apuntar a los intereses económicos y políticos que hay detrás.

En primer término, acerquémonos a los económicos. El negocio de la seguridad privada está en auge, solo en 2019 la empresa Securitas Direct facturó 400 millones de euros y fue de las que más gastó en medios de comunicación con más de 35,4 millones de euros (los anuncios radiofónicos que nos han atemorizado en el coche camino del trabajo no eran gratis). De hecho, los March han invertido 557 millones en dicha multinacional. Un negocio del que se espera sacar mucha tajada, de ahí que Telefónica haya comprado el 50% de Prosegur. Aquí vemos un beneficiario directo del miedo a la "okupación". Y cabría buscar las relaciones entre los medios de comunicación que fomentan ese miedo y el dinero que reciben de las empresas de seguridad por anunciarse. Ya tenemos dos agraciados directos (empresas de seguridad y medios de comunicación) de esta campaña del miedo. Pero no son los únicos. Precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid pedía hace unos meses cambios legales para propiciar desalojos exprés, justo en una Comunidad en la que Ana Botella vendió 1.860 pisos sociales a fondos buitre. Esta propuesta de Ayuso no atiende al problema insignificante (y de solución inmediata en 24 horas) de allanamiento de viviendas de particulares, sino al problema real que sí tienen bancos y fondos buitre con propiedades ocupadas por familias sin alternativa habitacional. La campaña del miedo busca influir en la opinión pública para propiciar reformas legales que faciliten el desalojo de familias pobres que ocupan propiedades de bancos y fondos buitre. Ya tenemos otro beneficiario directo de la campaña del miedo: los grandes tenedores de viviendas, bancos y fondos. El fondo buitre norteamericano Blackstone (quien llamara por teléfono a la ministra Calviño para advertirle de las consecuencias de regular los precios de alquiler) es el mayor casero de España. Pero empresas de seguridad, medios de comunicación y bancos no son los únicos dando golpes a la piñata del miedo para recoger dividendos. En la cola están las empresas desokupa, esas bandas infestadas de neonazis que por vía violenta y extrajudicial desalojan viviendas ocupadas. Por supuesto, reciben el preceptivo blanqueamiento en los programas televisivos matutinos suscritos a la campaña del miedo.

El rastro del dinero evidencia a los favorecidos del miedo, ahora corresponde, en segundo término, poner el foco sobre los beneficiados políticos.

El modelo de sociedad de las fuerzas reaccionarias es propietarista y desigualitario. Defensa a ultranza de la propiedad privada y sanción positiva de la desigualdad social, algo natural e incluso deseable. Ponernos a pelear entre los pobres les facilita las cosas. El discurso neofascista pretende romper e impedir lazos comunitarios generando miedo y rechazo entre nacionales e inmigrantes, trabajadores y desempleados, hombres y mujeres, etc. De esta manera, la campaña del miedo no es más que la antesala del rechazo al culpable del mismo: el pobre. Ante una crisis económica y social que amenaza con exacerbar las desigualdades se promueve la aporofobia (repugnancia o temor obsesivo a la pobreza y a toda aquella persona que es pobre). El pobre se asocia al delincuente del que es víctima la familia honrada. Ya no somos víctimas de bancos y fondos buitres que especulan con la vivienda y desahucian, ahora somos víctimas de nuestros semejantes, pero con peor suerte. Algo de responsabilidad tendrán, no se habrán esforzado lo suficiente. Quieren vivir de paguitas costeadas por nuestros impuestos y en casas de otros. Este es el fondo y viene de antiguo. Un ilustrado, puritano y referencia moral en la mirada al pasado, Benjamin Franklin, decía "La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla". No nos equivoquemos, la pandemia y la crisis derivada acreditan la necesidad de un Estado protector, no el sálvese quien pueda. Bajo esa ley de la selva solo ganan los poderosos. El conflicto real del que no se hacen eco los medios y políticos abonados a la campaña del miedo es el de la precarización de la vida (con la falta de acceso a la vivienda como una de las máximas expresiones) y la concentración de riqueza en cada vez menos manos. Esta campaña del miedo quiere prepararnos para la confrontación por la redistribución de la riqueza y por el desarrollo de los derechos sociales en la coyuntura de crisis económica. Justo cuando más nos va a hacer falta la fraternidad y la acción colectiva de los de abajo frente a los de arriba es cuando nos quieren dividir y empujar a falsas soluciones autoritarias.

Del miedo al rechazo y al autoritarismo. Vieja receta para garantizar la seguridad de los grandes capitales sobre sus propiedades, no para garantizar la seguridad vital de las mayorías sociales.