La pandemia del coronavirus, su impacto económico y social, y la lucha que contra ella mantienen, con desigual fortuna, gobiernos, instituciones y sociedades, acaparan de un modo casi absoluto la atención de la opinión pública española e internacional. Apenas queda espacio para otras cuestiones como la del grave problema que, desde hace décadas, drena significativamente los recursos públicos, hoy más necesarios que nunca para combatir la pandemia y salir de la recesión económica con el menor deterioro social posible. Me refiero a la criminalidad fiscal y económica, cuyo volumen ha alcanzado una dimensión macroeconómica, y que es un fenómeno en auge que ha cobrado nuevo vigor con las transformaciones que la revolución digital está introduciendo en los flujos financieros, la economía y la sociedad.

Las medidas emprendidas contra los delitos económicos y fiscales -entrelazados en muchos casos- por una parte de los gobiernos nacionales y las instituciones europeas e internacionales no están surtiendo el efecto deseado. Están siendo ineficaces o insuficientes por los obstáculos que encuentra su aplicación práctica. Según los estudios académicos más solventes, que emplean las bases de datos de las instituciones internacionales de referencia en el tema (FMI y OCDE), el volumen de los flujos financieros que mueve el fraude fiscal, la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la elusión fiscal está creciendo.

La pandemia no parece haber limitado una actividad delictiva en la que convergen, con implicación directa o indirecta diversos actores: grandes fortunas, empresas multinacionales (EMN), instituciones financieras, políticos y empresarios corruptos, gobiernos dictatoriales o autoritarios, funcionarios de los mismos, organizaciones de la economía criminal, entre ellas las más sanguinarias mafias del tráfico de drogas, armas o personas, paraísos fiscales clásicos o Estados de la UE con gobiernos tolerantes o interesados.

Según el FMI (2019)[1], la evasión fiscal cuesta a los gobiernos unos 2,56 B€[2] al año. El Parlamento Europeo (PE) calcula que, en la UE, la cifra alcanzó los 825.000 M€ (2019). Según el FMI (2019), la riqueza privada en los centros financieros off-shore (paraísos fiscales) está comprendida entre 5,96 y 7,41 B€ (del 8% al 10% del PIB mundial). Según la ONU (2020)[3], el dinero lavado está comprendido entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Es en esta figura delictiva, clave para la canalización de los recursos provenientes de otros ilícitos (fiscales, corrupción, los de la economía criminal) y en la elusión fiscal, donde la complicidad, connivencia o tolerancia de las instituciones financieras y de algunos gobiernos resulta clave.

Los últimos escándalos de grandes bancos en el blanqueo de capitales

El último dossier hecho público por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), responsable de investigaciones tan importantes como los Panama Papers (2016) y los Paradise Papers (2017), es el de los FinCEn files (septiembre 2020). El protagonista de los mismos es el principal banco privado alemán, el Deutsche Bank, merecedor de una larga lista de sanciones por prácticas poco escrupulosas o simplemente delictivas. La investigación se refiere a unas operaciones de blanqueo de unos 11.000 M$, desde su oficina en Moscú, por los que ya tuvo que pagar una multa de 258 M$ al Tesoro de los EE UU en 2015. Lo nuevo de los archivos de la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN)[4] del Tesoro de los EE UU, es el desvelamiento de los procedimientos  utilizados por oligarcas, mafiosos y responsables del Deustche en Moscú para lavar dinero mediante "operaciones espejo" (vender acciones en Moscú y volverlas a comprar en la City londinense), y de los implicados. El banco, después de pagar la multa, siguió transfiriendo dinero a las personas y empresas sospechosas. Christian Sewing, el responsable del Departamento de Auditoría que hizo un informe muy favorable sobre la Oficina de Moscú en la época en la que sucedieron los hechos, fue nombrado CEO de la entidad tras la reestructuración posterior al estallido del escándalo. El presidente, Paul Achleitner, sigue en su puesto hasta el día de hoy.

En la resolución del Parlamento Europeo (PE), de marzo de 2019[5], figuran otros importantes casos de lavado protagonizados por bancos europeos. El protagonizado por el mayor Banco de Dinamarca, el Danske Bank, estalló en 2018 y por su volumen descomunal, 200.000 M€, se ha convertido en el mayor conocido hasta el momento en el mundo. Se realizó a través de la sucursal del Danske en Tallín y de 15.000 cuentas de extranjeros no residentes en Estonia. En una parte de las operaciones detectadas participaron gigantes bancarios como J.P. Morgan, Bank of America y, de nuevo, Deutsche Bank. En la investigación que continúa no parece que ninguno de sus directivos vaya a verse afectado. Otro implicado, el mayor grupo bancario de los países nórdicos y bálticos, el Swedbank, cuya oficina en Tallín lavó 3.700 M€; ha visto la dimisión de su presidente.

El blanqueo de capitales, conectado a tramas de corrupción política y económica mafiosas, estuvo en la raíz de dos asesinatos de periodistas en Malta y Eslovaquia. Daphne Caruana Galizia, uno de los miembros más destacados del ICIJ, fue asesinada en octubre de 2017,. Jan Kuciak lo fue, junto a su novia, en Bratislava, en febrero de 2018. Los dos investigaban flujos de dinero negro que conectaban a uno de los mayores empresarios de Malta y a la sección eslovaca de la mafia calabresa, la Ndrangheta, con miembros de los respectivos gobiernos. Los primeros ministros, Joseph Muscat y Robert Fico, ante la movilización de unas poblaciones indignadas, tuvieron que asumir sus responsabilidades políticas y acabaron dimitiendo, pero parecen haberse librado de las responsabilidades penales de las que había algunos inquietantes indicios.

Elusión y blanqueo: la connivencia de algunos gobiernos

En un paisaje menos dramático, pero más normalizado y extendido, se sitúa la connivencia de algunos gobiernos de la UE con los responsables de grandes operaciones de elusión fiscal, las  EMN, en particular las de la economía digital y muy notablemente las cinco grandes tecoológicas norteamericanas -Amazon, Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Facebook-, así como con empresas patrimoniales mercantilizadas de los poseedores de grandes fortunas.

Aunque la elusión fiscal no implique necesariamente un incumplimiento de la letra de la ley, sí supone siempre una violación de su espíritu. El artículo más actual sobre el tema (Torslow, Wier y Zucman, 2020) [6] nos muestra que los paraísos fiscales reciben alrededor de 600.000 M€ al año procedentes de la elusión fiscal de las empresas. Desde 21 Estados de la UE (incluido el Reino Unido) se trasladan a los paraísos fiscales beneficios empresariales por valor de 247.000 M€ anuales. Llama la atención que 205.000 M€ de ellos van a otros seis países de la UE: Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Chipre y Malta, produciendo una pérdida de ingresos fiscales de 50.000 M€ en los 21. Es decir, los más dañinos paraísos fiscales, en relación con la elusión fiscal, para la mayoría de los Estados europeos son seis miembros de la UE que, por eso mismo, no pueden entrar en su lista negra.

La práctica de la elusión fiscal va unida en muchas ocasiones a otros delitos como el blanqueo de capitales. Así lo indican las evaluaciones de la CE sobre el cumplimiento de las directivas 4ª (2015) y 5ª (2018) contra el lavado de dinero  y la financiación del terrorismo. El alcance de la implicación de los paraísos fiscales europeos en estos delitos y malas prácticas se expuso en dos artículos publicados en la revista del FMI, Finance and Development, (2019)[7]. En ellos se calcula que el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) mundial va a parar a empresas fantasma (shell companies), sin actividad económica alguna. En total 15 B$ de flujos financieros procedentes de la elusión fiscal, la evasión fiscal y el lavado de dinero. El 85% de esa cantidad va a parar a 12 países o jurisdicciones. Seis de ellos son europeos: cinco miembros de la UE -Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Malta y Chipre- y Suiza; y tres son territorios con autonomía fiscal dependientes del Reino Unido: Islas Vírgenes, Islas Caimán y Bermudas[8]. El 50% del total, 7,5 B$ se transfieren a empresas fantasmas radicadas en Luxemburgo (4 B$, 55 veces su PIB) y los Países Bajos (3,5 billones, 4,32 veces su PIB).

Esta situación es insostenible. No se pueden mantener por más tiempo unas prácticas y unas políticas tan radicalmente incompatibles con los principios y valores de la UE, máxime cuando la COVID-19 está asolando Europa y el mundo.

NOTAS

[1] Follow the money. F&D. IMF. September 2019
[2] B€: billones ("trillions" en inglés) de euros. Más adelante: B$: billones de dólares.
[3] UN: UNODC Money-Laundering and Globalization.
[4] Billions in dirty money rolled through Deutsche Bank. BuzzFeed.News. 20 September 2020
[5] Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (2018/2121(INI))
[6] Torslow, Wier y Zucman, 22/04/2020: The Missing Profits of Nations
[7] Damgaard, J., Elkjaer, T. Johannesen, N. The Rise of Phantom Investments, pp 11-13. IMF, F&D, septiembre de 2019.
[8] Los otros tres son Hong Kong SAR, Singapur e Isla Mauricio.