Mientras escribía esta columna que pretendía insistir en el escándalo no lo suficientemente ponderado sobre el bloqueo de la renovación del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) perpetrado por el PP con la responsabilidad del presidente del propio Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a su vez, ex alto cargo del PP durante ocho años, ha saltado el hallazgo del cadáver de Olivia.

Olivia -lo saben ustedes porque llevamos más de un mes con el corazón en un puño por la vida de esas criaturas- es la mayor de las dos hermanas (Olivia, 6 años, y Anna, 14 meses) a las que secuestró su padre en Tenerife para matar a su madre en vida. Me resulta imposible abarcar tanto dolor en esa mujer que nunca perdió la esperanza en encontrar a sus dos hijas con vida; como madre, sé que es mejor que la maten a una a vivir lo que debe de estar viviendo Beatriz. Por eso el monstruo al que llaman padre de Anna y Olivia se ensañó con sus hijas, con sus propias hijas, separándolas de su madre y matando, al menos y en estos momentos en que escribo, a una de ellas: para hacer el mayor daño posible a Beatriz. Se llama violencia vicaria y es un término que hoy nos suena más fuera de los ámbitos especializados gracias a la serie-documental de La Fábrica, emitida en Telecinco, sobre Rocío Carrasco. El de Tenerife es el espeluznante ejemplo perfecto de violencia vicaria contra una mujer madre.

Me resulta muy complicado escribir en estos momentos, con la frialdad que requiere el folio en blanco de una periodista que pretende denunciar, analizar, argumentar, poner en contexto... hechos que se consideran importantes por tener repercusión en la vida de las personas. No obstante, y porque mi trabajo me ofrece un altavoz privilegiado en un periódico como Público, pionero en la denuncia y el tratamiento siempre mejorable de la información sobre violencia machista, hay algo que me siento en la obligación de recordar, porque no es la primera vez que lo digo, aquí, en tertulias, redes sociales o en cualquier tribuna que generosamente se me brinde: el terrorismo machista nos convierte en una sociedad fallida, en una democracia muy incompleta, a años luz de esa plenitud que se le atribuye. Este terrorismo machista, además, que está atacando con especial virulencia tras la pandemia, según los y las expertas porque los maltratadores sienten que pierden el control de sus víctimas, las mujeres.

Las instituciones, todas ellas y empezando por el Poder Judicial cuya renovación abordaré ya otro día, tienen mucha responsabilidad en la perpetuación de esta violencia machista que las mujeres sufrimos a diario en distintos grados, pero violencia siempre. Son muchas las recomendaciones y medidas que se apuntan, mientras hay dos cuestiones fundamentales y estructurales que se dejan en un segundo o tercer plano y siguen ahondando en un problema incrustado en nuestra sociedad.

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Primero, la educación. La educación debe ser pública, gratuita y consciente del valor imprescindible de la igualdad de género desde los 0 años; obviar este precepto obligatoria debe ser sancionado con contundencia. La educación privada a la que quiera acceder quien pueda acceder debe respetar esa misma noción de igualdad de género.

Una sociedad en igualdad es una sociedad laica sin matices. El peso histórico de la religión católica en España pesa como una losa a las mujeres y la violencia machista es uno de los frutos venenosos de su influencia por los siglos de los siglos.

Una sociedad en igualdad es también una sociedad que repele las ideologías negacionistas de la violencia machista, como Vox y su entorno de fundaciones, think tanks, y asociaciones ultras. No puede haber medias tintas en la condena a estos partidos y entes aledaños que los nutren y financian. El aislamiento de la ultraderecha es condición sine qua non para avanzar contra esta sangrienta lucha. Quien pacta con Vox es cómplice de la violencia machista que este partido ejerce sobre las mujeres al negarles que sus asesinatos y/o los de sus hijos e hijas se producen solo porque son mujeres. No podemos esperar más.

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