Alberto Montero Soler
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS
Ilustración de Javier Olivares
Espero que no engañe a nadie la licencia que me permito en el título de este artículo: la crisis ya existía antes de la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, hace ahora tres años. Era la crisis de una economía productiva atrapada por el dominio de los fondos de inversión en los consejos de dirección de las grandes empresas, fondos dedicados a succionar beneficios que, en lugar de ser reinvertidos, se distribuían en forma de dividendos y bonificaciones; de unos trabajadores que veían mermados sus salarios y flexibilizadas hasta el extremo sus condiciones de trabajo y a los que no quedaba otro remedio que lanzarse de bruces al endeudamiento y, con ello, a la expropiación por la vía financiera de una parte creciente de su renta.
Era la crisis de un capitalismo tardío, senil, que había encontrado en el mundo de las finanzas una huida hacia delante y trataba de convencernos de que la división de la sociedad en clases sociales definidas en torno al trabajo había desaparecido y de que todos habíamos pasado, automáticamente, al estatus de capitalistas: empresarios de nosotros mismos y consumidores de bienes y servicios de acceso cada vez más dificultoso. De esa crisis nadie hablaba; al contrario, los economistas al servicio del poder político y financiero habían instalado en el imaginario colectivo la idea de que los ciclos económicos, como la historia, habían llegado a su fin y, con ellos, las crisis.
Por eso, el día en que quebró Lehman Brothers el mundo despertó de un sueño para entrar en una pesadilla. Y dado que necesitamos de hitos, cronológicos o espaciales, que señalen inicios y finales y nos eviten errar por espacios difusos, ese día constituía uno excelente para marcar el comienzo de esta crisis en su expresión más visible y mediática: la financiera.
Y reivindico su excelencia porque en dicha quiebra confluyeron una serie de factores que permiten explicar algunas cosas que han fallado y permitido que el castillo de naipes de las finanzas globales esté al borde del colapso, no sin antes haber arrasado, como lo está haciendo, con hasta el último reducto de los espacios de bienestar social que costaron décadas construir.
El primero de esos factores es la permisividad con la que las autoridades facilitaron la generación de instituciones financieras de un tamaño descomunal: la quiebra de Lehman Brothers ha sido la mayor de la historia financiera estado-
unidense y ascendió a 639.000 millones de dólares, diez veces superior a la de Enron en 2001, por ejemplo.
El segundo es que se permitió a esos grandes bancos de inversión desarrollar productos financieros altamente sofisticados y opacos, como las titulizaciones sobre hipotecas subprime, destinados tanto a escapar a las debilitadas regulaciones de los estados como a movilizar de forma frenética sus recursos y obtener comisiones con cada transacción. Sofisticación y opacidad que, por otra parte, impedían a los propios bancos que conocieran cuál era realmente su valor neto y, en consecuencia, también el del resto de bancos con los que mantienen relaciones a través del mercado interbancario. Por eso, el día que quebró Lehman, la desconfianza generalizada se instaló, el dinero desapareció del mercado y fue acaparado avariciosamente por los bancos y la restricción sobre el crédito a empresas y hogares comenzó a ahogar aún más a una economía que ya no podía vivir sin este.
El tercero era la confianza de haber creído alcanzar ese estatus de entidad “too big to fail”, es decir, demasiado grande para que el Gobierno no intervenga para evitar su quiebra por los efectos devastadores que esta tendría sobre el resto del sistema financiero. Sus directivos se creían así protegidos por una suerte de red de seguridad tácita que les permitía asumir mayores riesgos que a sus competidores de menor dimensión. Y, sin embargo, con un grado de irresponsabilidad similar al que había desarrollado previamente en otros frentes, la Administración Bush decidió sorprendentemente dejarla caer cuando semanas antes había salvado a Bear Stearns y nacionalizado a Freddie Mac y Fannie Mae y días después salvaría a la aseguradora AIG. Por qué no se hizo lo propio con Lehman es una cuestión aún por resolver, como tantas de esa Administración.
Y, finalmente, tampoco debe olvidarse que detrás de toda institución financiera existen gestores enfrentados a un sistema de incentivos que determinan esencialmente su conducta: los denominados problemas de agencia. La cuestión es que el mundo de las finanzas ha adquirido tanto poder durante los últimos años que ha sido capaz de imponer la idea de la autorregulación como condición necesaria para la eficiencia y, a partir de ahí, desembarazarse de numerosas restricciones operativas, organizativas, fiscales y contables. La resultante es un grupo de gestores que persigue la maximización de sus rendimientos a corto plazo y que, aún en los periodos de mayor tensión y con la quiebra a la vista, han sido capaces de seguir distribuyendo salarios y bonificaciones escandalosas mientras los rescates se producían a costa del erario público.
En definitiva, nunca sabremos qué hubiera pasado si Lehman Brothers no hubiera quebrado, si no hubiéramos dispuesto de ese hito para comenzar la cuenta atrás hacia el colapso, aunque creo que sí que podemos tener certeza sobre una cosa: a partir de aquel día a banqueros y financieros les resultó más fácil aún convencer a los gobiernos de que todos sus esfuerzos y recursos debían ser para salvarlos a ellos. Así nos va al resto.
ALBERTO MONTERO SOLER
Si uno vuelve la vista atrás apenas un par de años, se encuentra con los tiempos de los eufemismos para evitar hablar de la crisis al tiempo que se sacaba pecho aludiendo a la solidez de nuestro sistema bancario; en los que se rehuía la intervención pública y se confiaba en la retórica amable como principal instrumento de política económica; en los que se vaticinaba el aterrizaje suave de la economía y no el desplome a peso que vino luego. En definitiva, eran los tiempos en los que, entre otras cosas, se tenía que haber enfrentado el problema de la solvencia de las cajas de ahorro en lugar de esperar tres años para acabar entregándolas en las peores condiciones posibles a los especuladores financieros.
Nuevamente, en el caso de las cajas de ahorro, los elementos definitorios de la penosa gestión de la crisis por parte del Gobierno se aprecian con total nitidez: el retraso en la intervención y el carácter incoherente de las medidas aprobadas, junto a una política informativa engañosa acerca de sus alcances y efectos.
Que las cajas de ahorro eran la manzana más podrida del sistema financiero era algo sobradamente conocido, habida cuenta de su elevadísima exposición al riesgo inmobiliario. Sin embargo, hasta ahora no nos habíamos podido enterar de que esa exposición está próxima a los 150.000 millones de euros, una cifra muy alejada de la estimación de los 20 millones de euros que el plan del ministerio presentó como suficientes para capitalizarlas.
Lo sorprendente no es ya ni la cuantía de la exposición ni el desfase en la estimación del capital necesario para atenderla; es el hecho de que este ejercicio de transparencia se haya impuesto ahora como paso previo para que los inversores privados sepan qué riesgos están enfrentando y, sin embargo, no se exigiera cuando hubo que allegarles con anterioridad recursos públicos. Al parecer, los ciudadanos no tienen derecho a saber si los fondos públicos se estaban dedicando a salvar instituciones con problemas coyunturales de liquidez o estructurales de solvencia, y se impuso sin ningún tipo de información ni debate público que los riesgos asumidos por esas instituciones fueran respaldados por todos.
Lo que no se exigió entonces ahora se vuelve condición necesaria para unos inversores privados que, ante las cifras que manejan, se frotan las manos porque son conscientes de que, en numerosos casos, la obligación de capitalizarse o desaparecer que se ha impuesto sobre las cajas les permitirá comprarlas a precio de saldo y adquirirán derechos de gestión sobre las mismas. Lo que hagan después con ellas es fácilmente predecible.
Esto nos conduce de pleno al segundo de los elementos definitorios señalados más arriba: la manifiesta incoherencia de la propuesta gubernamental. Una incoherencia que, en este caso, reviste una doble dimensión.
Por un lado, constituye un despropósito forzar a las cajas a capitalizarse en los mercados financieros planteando octubre como fecha tope –aunque prorrogable a marzo de 2012– para alcanzar los nuevos niveles de capital exigidos, cuando, precisamente, el trasfondo de la cuestión es que estos desconfían de su solvencia y les niegan esos recursos. Así parece haberse reconocido en las últimas declaraciones desde el ministerio,
en donde se comienza a plantear que el Estado debería empezar ya a aportar capital público a las cajas. Lo que nos lleva a pensar si este hecho no era más que conocido en el momento en el que se anunció el plan, pero no convenía anticiparlo precisamente a una semana de que se aprobara el pensionazo. Iba a tener muy mala lectura que el Estado estuviera dispuesto a emitir más deuda pública para capitalizar las cajas de ahorro al mismo tiempo que se recortaban derechos de ciudadanía.
Y, en segundo lugar, también sorprende que estas exigencias de recapitalización hayan sido publicitadas como el mecanismo que permitirá fortalecer el sistema financiero y reabrir el grifo del crédito, cuando existen dos efectos fácilmente predecibles que apuntan a lo contrario.
De entrada, porque induce un proceso más intenso aún de concentración oligopolística en el sector. Baste recordar que ya en los últimos dos años el número de cajas se ha reducido de 40 a 17 y que, además, la mayor parte de ellas se ven abocadas a convertirse ahora en bancos. Ello redunda no sólo en un mayor grado de exclusión financiera para muchos ciudadanos que tenían en las cajas su única vía de acceso a financiación, sino también en un encarecimiento de las condiciones del crédito para todos.
Pero también porque la propuesta de recapitalización impone una nueva contención sobre las operaciones de crédito y préstamos del sector, dado que cada una de esas operaciones, dependiendo de su tipología, implica el uso de recursos propios; recursos que, precisamente, son los que se les está exigiendo a las cajas que eleven. No hay que ser un genio de las finanzas para saber que este plan también tendrá, por ese lado, una repercusión contractiva en la política crediticia general.
La conclusión es que, al tiempo que se agravan las condiciones para la recuperación económica, desaparece del horizonte cualquier atisbo de reforma del sistema financiero que deviniera en una mayor presencia pública directa en el mismo.
Y frente a ello, como frente al recorte de las pensiones o a tantos ataques a instituciones de bienestar que creíamos intocables, el Gobierno obtiene la impasibilidad ciudadana como respuesta, lo que le deja las manos libres para actuar.
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS
Ilustración de Jordi Duró
ALBERTO MONTERO SOLER
Qué más tiene que ocurrir en la economía mundial para acallar a los neoliberales, si hasta los que consideraban ejemplos paradigmáticos del éxito de sus propuestas han acabado por hundirse en el más profundo de los pozos de la crisis?
La pregunta, aunque pudiera parecerlo, no es retórica. Ante una crisis de la economía mundial que, más allá de su expresión financiera, hunde sus raíces en los modos de desregulación económica, el empobrecimiento de las clases trabajadoras y la inducción al endeudamiento masivo promovido por el neoliberalismo, se nos está planteando como solución una nueva vuelta de tuerca neoliberal, un nuevo intento por instaurar su terreno de juego preferido: la ley de la selva.
Un terreno que fue propuesto, en gran medida, para Irlanda, el “tigre celta” como dieron en llamarla los mismos que habían visto caer, apenas unos años antes, a los “tigres asiáticos” (apréciese el gusto neoliberal por la metáfora felina). Un escenario al que no han tenido empacho en denominar más de una vez como el “milagro” de la economía irlandesa; un milagro que, ahora, se nos aparece desnudo de todo toque sobrenatural y embadurnado de inmundicia terrenal.
¿Cuáles fueron las bases de ese efímero “milagro”? En esencia, la propuesta neoliberal irlandesa fue una apuesta por construir una economía basada en la oferta de las mejores condiciones posibles para la rentabilización del capital por parte de las grandes empresas transnacionales.
A tal efecto, se procedió a la socialización de los costes de formación de la mano de obra para conseguir trabajadores altamente cualificados para las transnacionales mediante un importante programa de gasto público. En 1999, por ejemplo, Irlanda dedicó el 6,74% del PIB a educación, justo el doble que la economía española, lo que permitió que la productividad por trabajador empleado se elevara en más de 12 puntos entre 1999 y 2007. Ello estuvo unido a una política de atracción de la inversión extranjera directa mediante una reducción en el tipo impositivo sobre el capital que se situó, por término medio, en el 12,5%, uno de los más bajos del mundo desarrollado. La combinación de ambos elementos promovió la ubicación de numerosas transnacionales del sector de las altas tecnologías en el país: 70 de las 100 mayores transnacionales que aparecen en el índice elaborado por la revista Fortune tienen su sede ubicada en ese país.
El resultado fue aparentemente espectacular y de ahí el alborozo neoliberal: entre 1998 y 2008, el PIB real creció, por término medio, por encima del 5%, y la renta nacional aumentó en un 75%. A pesar de ello, la distribución de ese crecimiento no redundó en una mejora significativa de la clase trabajadora: la participación de la masa salarial en el PIB pasó de un 39,9% en el año 2000 (cuando la media en la zona euro era 10 puntos superior) a un 41,6% en 2007, a pesar de ser años de intenso crecimiento económico y del empleo. Sin embargo, el hecho de que Irlanda utilizara unos reducidos tipos impositivos sobre el capital para competir deslealmente con el resto de Europa no explica totalmente el “milagro celta”. Había algo más. Algo que los neoliberales, con su fe ciega en los mercados, sólo reconocen cuando les estalla en la cara: una burbuja inmobiliaria.
En este punto, las historias de España e Irlanda se solapan milimétricamente: unos tipos de interés reales negativos que estimulaban el endeudamiento de todos los agentes y un sistema bancario y financiero desregulado y ávido por colocar ingentes cantidades de dinero que captaban de unos mercados internacionales dominados por la liquidez.
Una combinación explosiva que se tradujo en una rápida expansión del crédito para las economías domésticas, especialmente para operaciones relacionadas con el sector inmobiliario. Así, el crédito al sector privado de la economía como porcentaje de la renta nacional aumentó hasta el 300% en 2009; el crédito hipotecario se multiplicó por siete y el crédito para la promoción inmobiliaria se multiplicó por 11 entre 1998 y 2009. La resultante es que, por ejemplo, entre 1996 y 2006, el precio de la vivienda creció un 270%. ¿Les suena la historia?
El hecho de que el estallido de la burbuja inmobiliaria provocada por la crisis financiera internacional haya desembocado en el rescate de Irlanda no viene sino a poner de relieve una serie de conclusiones que, probablemente, los economistas neoliberales se negarán a interiorizar. La primera es que el milagro celta no era tal. Algo similar ocurría en esos mismos momentos en otros países del mundo: España o Estados Unidos, por ejemplo. La segunda es que la contribución al PIB y al empleo aportado por las empresas transnacionales atraídas hacia territorio irlandés, a pesar de ser importante, no ha sido un contrapeso lo suficientemente sólido como para compensar los efectos de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, ha tenido mayor peso en la explicación del supuesto milagro esta que aquella. Y, en tercer lugar, que la apuesta por reducir los impuestos sobre el capital para atraer a esas empresas, con la consiguiente merma sobre el margen de maniobra fiscal del Gobierno irlandés, ha incidido decisiva y negativamente sobre su capacidad de reacción frente a la crisis. No quiere decirse con ello que el presente hubiera podido ser distinto, pero sí que un Estado fiscalmente jibarizado es una víctima perfecta.
Lo paradójico es que ahora anden lamentándose por la soberanía perdida y no lo hicieran cuando se la entregaron a los bancos y al capital transnacional.
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación CEPS.
Ilustración de Patrick Thomas
ALBERTO MONTERO SOLER 
El pasado 6 de agosto, la portada de este periódico interpelaba al lector con una pregunta acompañada de dos fotografías. La pregunta era “¿Para qué sirve estar en Afganistán?” y las fotografías eran de Aisha, una joven afgana de 18 años cuyas orejas y nariz habían sido mutiladas a cuchillo por su marido para resolver lo que él consideraba una grave afrenta. De esa forma, Público se hacía eco del debate que la publicación de unas fotos similares de Aisha en la portada de la revista Time estaba generando a nivel mundial y que centraba la atención en el papel de las fuerzas de ocupación en Afganistán.
Desde mi punto de vista, existe otra manera de enfocar el debate (discusión que cobra ahora trágica actualidad a raíz del asesinato, el miércoles pasado, de dos guardias civiles y un traductor españoles, y el intento de asalto a la base de Qala i Naw). De repente parece como si las tropas de ocupación llevaran años en ese país para defender los derechos de las mujeres afganas y que, a la vista de las fotografías de Aisha,
el resultado no se está alcanzando. Parece como si los discursos que se emplean para camuflar una ocupación militar dejaran de ser proclamas propagandísticas para convertirse en razones ciertas y de la suficiente solidez como para sentar las bases de un debate real con consecuencias tangibles.
Vivimos tiempos de memoria frágil y a los invasores les resulta necesario refrescar el argumentario con el que camuflan sus verdaderas razones, apelando al sentimentalismo más primitivo. Creen que basta con mostrarnos el rostro desfigurado de una niña para hacernos creer que cada bombardeo tiene como finalidad la defensa de los derechos de las mujeres afganas y que, así, desvían nuestra atención y olvidamos las verdaderas razones de su presencia en aquel país.
Pero, puestos a entrar al trapo, es decir, suponiendo que la defensa de los derechos de esas mujeres constituyera la principal razón de la ocupación militar, lo que no debemos permitir es que nos impongan las preguntas y hasta las respuestas en ese debate. Lo primero que deberíamos hacer sería cambiar los términos del mismo y plantear abiertamente la cuestión como ellos suelen hacerlo cuando de otras cuestiones se trata. Hablemos, por ejemplo, de eficiencia, de si los medios empleados se corresponden con los fines perseguidos; de si la inversión de recursos realizados hasta el momento está teniendo algún efecto positivo sobre la que dicen que es la razón última de esta ocupación. Y, en el caso en que ese resultado no se esté dando, preguntémonos si existe alguna alternativa. Porque, si los resultados son negativos y si las alternativas existen pero no se implementan, la conclusión que cabe extraer es que alguien está engañando a alguien.
De entrada, algo debe estar haciéndose muy mal cuando la Misión de Asistencia en Afganistán de las Naciones Unidas (UNAMA) acaba de publicar que el número de víctimas civiles en ese conflicto ha sido de 1.271 muertos en los primeros seis meses del año, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior. Un resultado que tampoco debería asombrarnos si recordamos que Barack Obama no sólo ha mantenido la política belicista de George W. Bush, sino que la ha intensificado, solicitando un incremento de un 6,1% en el gasto militar con respecto al pico máximo al que llegó en tiempos del primero. Además, ha multiplicado por tres el número de soldados estadounidenses en el país desde que asumió la presidencia de EEUU, sin que las haya reducido desde que recibió el Nobel de la Paz.
Estos datos suponen una primera evidencia de que no son los derechos de las mujeres afganas lo que está en juego. ¿O es que alguien puede pensar que EEUU se habría gastado hasta el momento en Afganistán decenas de miles de millones de dólares para defender esos derechos? ¿Tan importantes son estos para la Casa Blanca? Es más, si efectivamente son tan importantes, ¿por qué EEUU y el resto de gobiernos comparsa permiten que se forme un Gobierno títere integrado en gran medida por los mismos señores de la guerra que han masacrado a la población afgana y, especialmente, a sus mujeres? ¿No sería mejor darles un mayor peso en la política real del país a las mujeres y perseguir a los señores de la guerra por sus crímenes contra estas?
Nadie puede pensar en serio que la emancipación de la mujer afgana se conseguirá a base de bombardeos y masacres. Es mucho más útil pensar que la libertad para las mujeres de ese país sólo se logrará a base de educación y de una transformación radical de las condiciones sociales y económicas del país, como ha ocurrido en otros estados de la zona, como Bangladesh.
Si coincidimos en que esa es la verdadera vía de emancipación de las mujeres, el debate sobre la ocupación de Afganistán quedaría rápidamente saldado apenas tuviéramos en cuenta que con el millón de dólares que supone el mantenimiento anual de un soldado estadounidense en Afganistán, podrían construirse 20 escuelas. O que con el mantenimiento de 246 soldados, se podría financiar un plan de mejora de la educación en todo el país.
La verdadera transformación social es la que se produce a través de la educación. Es lo que intentan a diario organizaciones como CARE, que tiene 295 escuelas en Afganistán a las que han asistido más de 50.000 niñas sin que las atacaran los talibanes. Eso es lo que genera esperanza, expectativas de cambio, respeto y dignidad para las mujeres afganas. Y eso es lo que destruyen cada día las “tropas de liberación” con sus bombardeos. Estos son los términos del debate sobre los que valdría la pena discutir.
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Fundación CEPS
Ilustración de Miguel Ordóñez
ALBERTO MONTERO SOLER
En la madrugada del lunes, los principales líderes europeos alcanzaban finalmente un acuerdo para tratar de frenar la orgía especulativa desencadenada contra la deuda soberana de los países periféricos de la Unión Monetaria.
Aparentemente, la respuesta gozaba de la contundencia necesaria como para que los mercados no sólo se aplacasen sino para que revertieran su tendencia, y en donde antes veían riesgos de impago ahora percibieran salud financiera a borbotones. Y es que, de repente, las reticencias europeas al rescate de Grecia se habían transformado en un ambicioso plan de rescate global en el que la Unión Europea comprometía 500.000 millones de euros, el 5,5% de su PIB, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) añadía 250.000 millones de euros más.
Todo ello se acompañaba, además, de un sorprendente anuncio por parte del Banco Central Europeo. El guardián de la ortodoxia monetarista europea y fiel escudero de Alemania, en su lucha obsesiva contra la inflación, hacía saltar por los aires su tan cacareada independencia y anunciaba que a través del eurosistema se intervendría en los mercados de bonos soberanos para aliviar las tensiones de liquidez presentes en los mismos, es decir, que pasaba a financiar directamente a los estados miembros.
De esta forma, los líderes europeos rechazaban cualquier aproximación gradual al problema especulativo y ponían sobre la mesa toda la carnaza de la que eran capaces y que desde los mercados se les demandaba. El banquete estaba servido.
Evidentemente, los mercados financieros reaccionaron como se esperaba de ellos: los índices bursátiles se dispararon, el euro frenó su tendencia a la depreciación frente al dólar y los agentes comenzaron a vender los bonos soberanos de Alemania, Francia u Holanda para pasar a comprar los de los cuatro “cerditos” (Grecia, España, Irlanda, Portugal) contra los que, hasta el viernes anterior, se dedicaban a especular.
Y es ahora, cuando la euforia de los mercados se ha aplacado e, incluso, comienza a revertirse, cuando conviene hacerse algunas preguntas para saber hasta qué punto este fondo realmente viene a resolver la crisis del euro o si, por el contrario, no es más que un carísimo parche dorado que deja de lado la esencia de los problemas. Problemas que volverán a resurgir en cuanto los tiburones perciban que la propuesta tiene más de farol que de red de seguridad operativa para un euro que lleva semanas en la cuerda floja.
De entrada, lo que debe quedar bien claro es que los ataques especulativos contra la deuda soberana de las economías periféricas de la eurozona no hacen sino replicar los que en tiempos de las monedas nacionales hubieran tenido lugar sobre las mismas, forzándolas a su devaluación. Es decir, si el euro se creó para generar un entorno de estabilidad monetaria y financiera, está visto que su diseño era manifiestamente ineficiente: no bastaba con crear una moneda única, había que replicar a nivel supranacional el mismo tipo de instituciones económicas que han otorgado durante décadas viabilidad a los estados nacionales, esto es, también era necesaria una Hacienda pública europea potente.
Ante esta situación, lo que han hecho los gobiernos europeos ha sido, en un contexto en el que el ajuste externo por la vía de la devaluación es inviable, convertirse ellos mismos en el brazo ejecutor de los mercados financieros y reclamar ajustes adicionales sobre las economías que se encontraban en su punto de mira. Y, así, al plan de ajuste griego viene a sumarse la obligación impuesta sobre España y Portugal para que aumenten sus esfuerzos de consolidación fiscal; eso sí, eufemísticamente reflejada en el documento oficial en términos de una decisión unilateral de estos países a la que se le da la bienvenida y apoya.
Con ello, los gobiernos europeos ratifican la percepción de los mercados de que los desajustes de estas economías son realmente preocupantes y, por tanto, que su comportamiento especulativo contra las mismas es acertado. De hecho, baste recordar que, por ejemplo, la deuda exterior neta de España supera ya el 92% de su PIB, es decir, más de un billón de euros.
Pero, además, al incluir al Fondo Monetario Internacional en el acuerdo, se ha permutado su ayuda financiera por una cesión de soberanía difícilmente asumible en el seno del área económica que trataba de convertir al euro en alternativa al dólar como divisa clave a nivel internacional. Y es que los estados miembros que aspiren a estas vías de financiación deberán someter sus economías a severos planes de ajuste, que estarán diseñados y supervisados por el FMI a través de sus programas de condicionalidad.
De esta forma, los líderes europeos han abierto la puerta a que en el mismo núcleo del euro sea una institución dominada por Estados Unidos la que supervise las finanzas públicas de algunos estados miembros. ¡Qué gran altura de miras!
La resultante es, por tanto, un acuerdo que, en lugar de reforzar la relevancia política de la Unión Monetaria, la socava. Que, en lugar de solventar los problemas que subyacen en la crisis del euro, los perpetúa. Y que, en lugar de aliviar el coste social de la crisis para las economías más debilitadas, la profundiza, entregándolas en bandeja al Fondo Monetario Internacional. Ya se encargará este de hacer el trabajo sucio que, en la Europa de los mercaderes, aún les da cierto pudor acometer.
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Fundación CEPS
Ulistración de Jordi Duró
