Publicidad

Dominio público

Opinión a fondo

El debate de la nanotecnología

16 feb 2009
Compartir: facebook twitter meneame delicious

 ANNA GARCÍA HOM 

hhhhhh.jpg

Las nanotecnologías integran la fabricación, la manipulación y el control de materiales a escala molecular, esto es, de menos de cien nanómetros o, lo que es lo mismo, cien millonésimas partes de un milímetro. Es a esta diminuta escala donde trabajan las nanotecnologías y las nanociencias que han irrumpido en la pasada década tanto en áreas punteras de investigación como en aplicaciones comerciales de muchos sectores (electrónica, automoción, material deportivo, cosmética, etc.). De este modo, las nanotecnologías constituyen un campo de conocimiento emergente con potencial para tener un enorme impacto tanto en las economías mundiales como en la propia ciencia. A pesar del momento inicial del desarrollo de estas tecnologías, algunos bienes de consumo incorporan ya algún componente de origen nanotecnológico o bien usan el reclamo “nano” como marca publicitaria (Ipod Nano en electrónica de consumo, o TATA Nano en el sector del automóvil), lo que supone también un elemento indicador del proceso de emergencia de estas tecnologías.
En la irrupción de las nanotecnologías han convergido factores diversos: los avances científicos desde las “microtecnologías” hasta las “nanotecnologías”; la revolución digital, la necesidad de establecer mecanismos de producción industrial más competitivos, el necesario desarrollo de tecnologías de seguridad y, finalmente la necesidad de disponer de nuevos materiales en la era de la sostenibilidad. Todo ello ha supuesto que, en el periodo 1997-2005, la inversión global mundial en I+D en nanotecnología haya pasado de 432 a 4.200 millones de dólares.
Dicho esto, es posible intuir que el impacto social de las nanotecnologías estará condicionado por factores diversos, aunque principalmente por tres. En primer lugar, y en la medida en que estas tecnologías se caracterizan por su enorme potencial para generar nuevos materiales, por el hecho de introducir cambios profundos en nuestra vida cotidiana tanto en la industria en general como en la medicina, en la gestión medioambiental, en el transporte o en las comunicaciones.
En segundo lugar, por el papel de la comprensión pública de la ciencia y por la construcción social de los beneficios y de los riesgos asociados a las nanotecnologías. En este sentido, si bien las ciencias del riesgo disponen de un conjunto de conocimientos basados en datos empíricos acumulados sobre riesgos y beneficios a escalas superiores al mundo “nano”, se hace evidente que, en campos donde rigen las leyes de la física cuántica, resulta difícil, cuando no imposible, comparar riesgos y beneficios desconocidos.
Este incipiente proceso va acompañado de una gran repercusión mediática que condiciona directamente el modo como los ciudadanos perciben y aceptan estas tecnologías, fenómeno que, a su vez, dependerá, por un lado, del modo como las personas aprendan de ellas, las entiendan y las incorporen y, de otro, del modo como los responsables traten de explicar qué son y para qué sirven.
Por último, en tercer lugar, el impacto social de las nanotecnologías resulta condicionado por el proceso de comunicación de la ciencia, en el que, en cuanto al emisor, es relevante la identidad y conocimiento experto de quienes difunden el concepto (qué son las nanotecnologías y qué beneficios y riesgos llevan asociados algunas de sus aplicaciones). En relación a esto, y con el objetivo de evitar posibles interferencias que conduzcan a construcciones y percepciones de riesgos no fundamentadas, resulta también relevante atender al receptor y, en concreto, a tres aspectos clave: la opinión pública, las preocupaciones sociales y la regulación sobre aquellas.
En primer lugar, la visión de la opinión pública sobre las nanotecnologías cobra importancia en la medida en que ella puede facilitar o dificultar su inserción, su desarrollo y su gobernanza. Ejemplos del papel fundamental de la opinión pública en la inserción de tecnologías no faltan (organismos genéticamente modificados, radiación electromagnética de antenas de telefonía móvil, energía nuclear, etc.). Asimismo, comprender a las audiencias constituye un primer paso para una comunicación efectiva con ellas y así trazar nuevas líneas de diálogo y de consenso.
En segundo lugar, identificar las áreas de preocupación social y las actitudes (positivas o negativas) de la población hacia una nueva tecnología puede contribuir de una forma efectiva a la gestión y resolución de conflictos. En tercer y último lugar, en la medida en que existen muchas preguntas todavía sin respuesta en este campo sobre potenciales riesgos, se erige un gran reto en el aspecto regulatorio, que consiste en compatibilizar los potenciales beneficios de las nanotecnologías con la minimización de riesgos mediante un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente en el ámbito del uso de nanomateriales.
Por tanto, si queremos que las tecnologías en general, y las nanotecnologías en particular, se inserten y se desarrollen de una manera consensuada en el interior del tejido social, debemos liberar su proceso de posibles trabas que conduzcan a la construcción social de riesgos inexistentes y a una percepción negativa no fundamentada sobre aquellas, a la que vez que es preciso difundir un amplio conocimiento sobre las mismas con objeto de que sea la ciudadanía la que decida sobre su utilidad con fundamento científico y desterrando mitos no justificados. Para ello, resulta imprescindible dotar a la ciencia de autonomía e independencia, a la ciudadanía de información y participación y a los procesos participativos de transparencia y capacidad de resolución. La última palabra, si la hay, será para la tecnología.

Anna Garcia Hom es Miembro del Centre de Recerca en Governança del Risc (UOC-UAB)

Ser plurales o no ser

07 ene 2009
Compartir: facebook twitter meneame delicious

 ANA GARCÍA HOM Y RAMÓN J.MOLES

espana-inmigracion-alta-ok.jpg

El incremento de la población europea en general y española en particular es notable como consecuencia del fenómeno migratorio: si en 2009 el número de habitantes de la UE rozará los 500 millones, el de España llegará a los 46 millones, según el último informe de Eurostat. Así, este año España habrá incrementado su población en unos 570.000 habitantes respecto de principios de 2007, con una tasa de inmigración neta del 10,2 por mil, claramente por encima de las medias de la UE en 2008, superadas también por Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia. Para hacernos una idea práctica de la magnitud de estas cifras, pensemos que la población inmigrante en España, si residiera agrupada en un mismo territorio constituiría la décimooctava comunidad autónoma, con una cifra de 5.220.000 habitantes censados en 2008. Además, ocuparía el cuarto lugar en número de población, por detrás de Andalucía, Catalunya y la Comunidad de Madrid y por delante de la Comunidad Valenciana y Galicia, por ejemplo. Esta visión obliga a reconsiderar al Estado español como un estado plural en lo social y cultural, no sólo en relación a sus naciones históricas, sino también en relación a este fenómeno migratorio. Un Estado plural que lo es por ser también inmigrado y que debe tomar en muy seria consideración los riesgos de pérdida de la cohesión social.
Ahora bien, frente a la frialdad de las cifras, es preciso tener en cuenta que el incremento de población no es una mera suma de individuos en movimiento. Tras la estadística, se esconde también una realidad que presenta unas formas de vida, otras que conllevan tanto factores positivos (a fin de cuentas todos somos actores de nuestra propia existencia) como factores negativos para la sociedad de acogida.
Entre los factores positivos podemos detallar principalmente el rejuvenecimiento global de nuestra población envejecida, que resulta de la mayor tasa de natalidad de la población inmigrante; cuestión no baladí a tenor de las cifras de dependencia demográfica. Ello redunda también en la posibilidad de mejorar la productividad de nuestra mano de obra –aunque ello será resultado también de otros factores concatenados, como la mejora de la competitividad, la innovación tecnológica y el abandono de la cultura del ladrillo y el pelotazo–. Este fenómeno conlleva a su vez la ventaja de posibilitar el equilibrio futuro del sistema de pensiones y de seguridad social, que se vería seriamente comprometido por el envejecimiento que lastraba nuestra pirámide de población en la medida que nuestras pensiones deben abonarlas obviamente aquellos que se hallan en edad productiva (el 45 % de las altas en la Seguridad Social en 2001-2005 corresponde a extranjeros).
Frente a los factores positivos,
preocupan especialmente los negativos, esto es, riesgos que pueden amenazar seriamente la convivencia en la medida en que optemos, como sociedad, por mirar a otro lado. Y, si de mirar se trata, echemos una ojeada a algunos ámbitos especialmente vulnerables al riesgo de exclusión social: la práctica religiosa, el entorno cultural y el ámbito escolar. En lo que atañe a la práctica religiosa, un factor clave es el reconocimiento de la diversidad religiosa, materializado en la instalación de equipamientos religiosos distintos de los católicos y que, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por las administraciones locales, conlleva frecuentes conflictos sociales que generan un lógico desgaste político. Con esta tesitura, desde el poder local se tiende a confundir la práctica religiosa con la planificación urbanística, equiparando los centros de culto a equipamientos que, a pesar de necesarios, son
percibidos como un riesgo por la población de acogida.
En segundo lugar, y en relación al entorno cultural, debería tomarse en consideración la diversidad de prácticas de la población inmigrante. Si nos ceñimos al entorno lingüístico, debemos considerar que, a pesar de que un 36% proceden de Iberoamérica, el resto proceden de países de otros entornos lingüísticos. No obstante, el entorno cultural se configura también a partir de prácticas alimentarias, sexuales, musicales o estéticas que difieren de la comunidad de acogida al ser percibidas por esta como un riesgo.
Finalmente, en tercer lugar, el ámbito escolar se presenta como un microcosmos donde se concentran a la vez riesgos y oportunidades relativos a los dos factores anteriores. Es precisamente en este ámbito, donde es posible vertebrar políticas transversales que tienen a la población escolar como ariete de penetración en las comunidades inmigrantes. Sólo será posible alcanzar el éxito en estas políticas desde el respeto a la diversidad y la promoción del llamado “ascensor social”, esto es, el mérito para el éxito social no puede vincularse al origen autóctono o inmigrante de la población. En otras palabras: las políticas asistencialistas, proteccionistas en exceso, buenistas en definitiva, si no van acompañadas de un sistema de equiparación de deberes y de promoción de oportunidades de carácter generalizado y no segregado, están llamadas al fracaso, como ha sucedido en las periferias de las grandes ciudades francesas, alemanas e italianas.
Por tanto, si las administraciones quieren ser eficientes en la gestión de los riesgos de exclusión social, deben generar políticas tranversales (educación, sanidad, urbanismo, medio ambiente, etc.,) que generen una cierta coherencia en el sistema. Para hacer frente a estos riesgos,
es preciso atender las necesidades de esta población inmigrante que, ahora, es también un nosotros. Es urgente pues que debamos atender nuestras necesidades como sociedad,
que ahora son distintas de las de anteayer y que condicionan el ser o no ser de nuestro futuro como sociedad cohesionada.

Ana García Hom y Ramón J. Moles son miembros del  Centre de Recerca en Governança del Risc (GRISC)