ANDRÉS GASTEY
Con el final de la guerra fría se extinguieron las federaciones de la Europa central y oriental, de manera incruenta (Checoslovaquia), con algunos enfrentamientos (URSS) o tras sucesivas oleadas de violencia extrema (Yugoslavia). Al degradarse las dictaduras que habían oprimido a las naciones que las integraban, las federaciones quedaron sin su principal elemento vertebrador, lo que originó la “primavera de los pueblos” a la que asistimos entonces.
La explosión de las federaciones implicó una remodelación del mapa político de Europa que, por su alcance, sólo puede compararse a los cambios que sucedieron a las guerras mundiales. Se ha creado una veintena de nuevos Estados, con sus nuevas fronteras y nuevos problemas. Ciertamente, cada caso es específico y, por ejemplo, no se puede en puridad hablar de nacimiento de Estados respecto a las repúblicas bálticas .
¿Qué actores impulsaron este cambio drástico? ¿Sobre la base de qué principios? Sin entrar a considerar otros factores externos, conviene recordar que las élites que promovieron las independencias procedían, en general, de los regímenes dictatoriales extintos. Operaron un hábil cambio de legitimidad: de la unción por parte del moribundo partido único pasaron a convertirse en líderes naturales de naciones irredentas. Se invocó el derecho de autodeterminación para sustentar el nacionalismo secesionista como ideología de sustitución.
El caso yugoslavo resulta especialmente ilustrativo. Todos sabemos de dónde procedían Kucan, Tudjman y Milosevic, destacados gerifaltes de la Liga de Comunistas Yugoslavos transfigurados en padres de las patrias.
Para asentar su poder, los caudillos tuvieron que definir a su medida las nuevas realidades políticas. Pero se chocó con dos obstáculos. Primero, un entusiasmo limitado de las poblaciones, que se superó con propaganda bien dirigida y provocando un repliegue tribal instintivo gracias a las guerras. El segundo obstáculo era que, en las unidades administrativas en que se había organizado Yugoslavia, naciones y fronteras no coincidían.
Ante este hecho, la comunidad internacional actuó modificando sus criterios a conveniencia, primando ora el principio de integridad territorial ora el derecho de libre determinación.
El caso extremo fue y sigue siendo Bosnia. En aras del derecho de autodeterminación, se convalidó su separación de la multiétnica Yugoslavia; sin embargo, en aras del principio de la deseable convivencia multiétnica dentro del mismo Estado, mantuvimos y mantenemos a toda costa y a todo coste (que es mucho) la ficción de un país unido.
En realidad, a lo largo de estos años sólo se ha guardado coherencia en lo que parece ser el objetivo verdadero: menoscabar a Serbia, hacer que los serbios (de las Krajinas, de la Posavina, de la República Srpska, de Montenegro y ahora de Kosovo) paguen pecados seculares con su transformación en minorías perseguidas o forzadas al exilio. Los serbios han sido los más crueles en las guerras que siguieron a la desmembración de Yugoslavia, lo que explica que los mayores criminales entre ellos sean enjuiciados en La Haya, pero difícilmente justifica el trato colectivo del que ahora están siendo objeto.
Todo esto viene a cuento de la inminente independencia de Kosovo. Es ineluctable. Los Estados Unidos y el grueso de la Unión Europea la apoyan, y las negociaciones recién concluidas no fueron más que un paripé.
Cabe preguntarse si con esta independencia asistiremos al último acto del proceso que se inició en los 90, o si, al contrario, el alumbramiento del nuevo Estado anuncia el desencadenamiento de otro ciclo de inestabilidad.
Nos vamos a saltar olímpicamente la legalidad, porque la base de la presencia internacional en el territorio, la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, contempla que la solución a la crisis de Kosovo tenga en cuenta “el respeto a los principios de soberanía e integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia”. Es de prever que en Kosovo regirá el mismo esquema que se aplicó en Bosnia: autodeterminación para garantizar la independencia, pero integridad territorial para impedir la separación de la nueva minoría. Se les va a reconocer el derecho de secesión a los albanokosovares, pero no a los serbokosovares, ampliamente mayoritarios al Norte de la provincia. En su caso sólo reclamaremos que “se respete a la minoría”. Un serbio de, pongamos, Belo Brdo va a ver cómo frente a sus narices se levanta ni más ni menos que una frontera internacional que le separa de Serbia. El doble rasero es sonrojante.
Quienes nos hemos escandalizado ante las limpiezas étnicas y hemos abogado por la convivencia en Estados plurinacionales saludaremos la creación en el corazón de los Balcanes un Estado minúsculo, sin precedente y a todas luces inviable sobre la base de la primacía de una etnia. No parece ésta la mejor receta para la estabilidad. ¿Qué va a pasar con los albaneses de Macedonia, mayoritarios y compactos en el Oeste de aquel país? ¿Por qué van a renunciar ellos a un Estado independiente con capital en Tetovo? ¿Qué pasará con los albaneses serbios del valle de Presevo? ¿Con Sandzak, con Vojvodina?
A estas alturas hemos cometido en la antigua Yugoslavia casi todos los errores posibles. Ya no hay solución buena. Tal vez la menos injusta sea la partición de Kosovo: dejemos que los serbios del Norte se mantengan unidos a Serbia si es lo que desean y establezcamos un protectorado internacional sobre los enclaves ortodoxos de alto valor simbólico. Por lo demás, tendremos que procurar que no cunda el ejemplo y disuadir a otros actores de la tentación del recurso a la violencia como método para la creación de nuevos Estados. Pero ¿con qué credibilidad lo haremos?
Andrés Gastey es escritor. Su última novela es Gutiérrez y el imperio del mal
Ilustración de Mikel Jaso
ANDRÉS GASTEY
Algunos asistimos con creciente asombro y preocupación al renacer de las patrias. La “cuestión nacional” se ha apoderado del debate político. Nuestros dirigentes se enfrascan en trifulcas sobre esencias, sentimientos y pertenencias, mientras se extiende la legítima sospecha de que postergan los asuntos más importantes y nos están dando otra vez gato por liebre.
Cuarenta años de dictadura nos vacunaron a casi todos contra el nacionalismo estentóreo que, junto a la religión institucionalizada, asentó la base doctrinal del régimen. El programa político que el franquismo propugnaba para nuestro país, su constitución como la España eterna, luz de Trento, martillo de herejes, espada de Roma, vigía de Occidente y cuna del Cid, se antojaba ya a mediados de los años 70 del siglo pasado como algo demasiado fatigoso. Por eso, y fallecido el dictador, caímos en cierto aburguesamiento alicorto y decidimos modestamente hacernos ciudadanos de un “Estado social y democrático de Derecho”. Así definimos nuestro país, según reza el primer artículo de la Constitución que adoptamos en 1978.
Lo nacional, sin embargo, no desapareció de nuestras vidas. Iba a encontrar un nuevo acomodo para prosperar a través de los nacionalismos otrora llamados periféricos.
Los españoles veíamos con simpatía, o como una fatalidad, el que se articulasen políticamente las aspiraciones de quienes habían padecido doble persecución bajo el franquismo: ciertamente, la dictadura había sojuzgado a catalanes, vascos o gallegos del mismo modo que al resto de los españoles; pero, además, había proscrito su cultura y les había impedido desenvolverse en su idioma. Parecía, por tanto, lógico que se produjera una efervescencia reivindicativa compensatoria, de la que surgió el sistema cuasi federal de organización territorial que dimos en llamar Estado de las Autonomías. Los estatutos a través de los que se instrumentó este compromiso fueron refrendados por mayorías amplias.
Debido a su propia naturaleza y en la medida en que implican renuncias, los compromisos siempre resultan insatisfactorios para quienes en ellos intervienen. Entre los nacionalistas vascos, algunos no están en absoluto satisfechos, hasta el punto de que, vigente ya nuestro régimen de libertades y por el bien de su nación, han considerado necesario matar a varios centenares de policías, militares, concejales o amas de casa. Unos pocos persisten en esta idea y acaban de abrasarle la cara y las manos a un guardaespaldas.
Por fortuna, la mayoría de nuestros nacionalistas no son partidarios de la violencia. Pero tampoco están satisfechos, y mantienen abierta una reivindicación permanente de mayores cotas de poder y de más recursos económicos. Construyen su plataforma política sobre dos conceptos clave: hecho diferencial y agravio histórico. En cuanto al primero, Maragall afirma que hay que sumar diversitat a la tríada revolucionaria de liberté, égalité, fraternité, como si la diversidad fuera un valor que debe promoverse, y no una mera realidad que hay que respetar. En cuanto al segundo, es sorprendente cómo el nacionalismo interioriza hechos adversos de un pasado remoto, que se convierten en títulos para reclamar hogaño.
La situación ha experimentado una evolución insospechada porque, si bien hay que recordar que el rancio españolismo nunca nos dejó del todo, en los últimos tiempos asistimos a su revitalización de la mano de quienes vuelven a la carga con un discurso campanudo, premoderno.
Cuando una fuerza política se plantea como objetivo monopolizar un sentimiento nacional (“nosotros somos España”), está asociando ideología y nación, de manera que excluye de la nación a quien no comulga con esa ideología. Si lo que se pretende es reforzar la nación, lo que se consigue es lo contrario, alienando del sentimiento nacional a aquella parte de la comunidad que no está dispuesta a identificarse con un programa político concreto.
Pero parece que en este renacimiento de la patria impulsado por el PP no se persigue, en realidad, ningún objetivo integrador; estamos ante un movimiento coherente (propuesta de letra para el himno, uso profuso de la bandera y de la Marcha Real en las manifestaciones, eslóganes patrimonializadores de lo nacional) diseñado para movilizar a través del sentimiento.
Sin embargo, no se puede organizar la convivencia dentro de la comunidad política sobre la base de los sentimientos. Los sentimientos de identidad o de pertenencia no sirven para ejercer una acción de gobierno; pertenecen
a una esfera individual, prepolítica, como sucede con los sentimientos religiosos.
Muchos españoles estamos hartos de las naciones. Desde que vivimos en un país democrático más o menos homologable con los del entorno, nos encontramos razonablemente a gusto en nuestra realidad política. Nos cuesta experimentar emociones con las banderas. Haber nacido en España es para nosotros una circunstancia relevante, pero no un motivo de orgullo. Naturalmente, sentimos afecto por la gente de nuestro entorno y mayor o menor afinidad respecto a nuestros conciudadanos. Deseamos que las cosas vayan bien para todos. Nos alegramos con los triunfos propios y ajenos, somos solidarios en la dificultad y en la derrota. Queremos que la gente tenga libertad para vivir como quiera y expresarse como le dé la gana. Aspiramos, en definitiva, a menos nación (menos naciones), y más paz, libertad, justicia y prosperidad.
Es, por ello, preocupante que las naciones contraataquen. Incluso algún eminente filósofo que escribió “contra las patrias” se apunta ahora a la moda de arremeter con banderas y estandartes. Que no cuenten conmigo.
Andrés Gastey es escritor. Su última novela se titula Gutiérrez y el Imperio del Mal
ANDRÉS GASTEY
Los españoles nos hemos ido acostumbrando al régimen de libertades del que disfrutamos desde hace treinta años. Tuvo, desde luego, sus momentos bajos, cristalizados en fechas (23-F) y siglas (GAL) de infausta memoria; pero llevamos ya más de dos décadas de consolidación de una mecánica democrática en la que los derechos civiles y políticos son generalmente respetados por los poderes públicos. El único factor que distorsiona esta situación es la pervivencia de ese doloroso vestigio del franquismo que es el terrorismo etarra. En fin, actualizando la cita de Churchill, se puede decir que si en una casa española el telefonillo suena a altas horas de la madrugada, no será el lechero (que de eso ya no tenemos), sino la hija que olvidó las llaves.
Ahora bien, nuestro régimen constitucional no se limita a los derechos civiles y políticos. Los españoles nos dotamos en 1978 de un Estado que se autoproclama social y democrático de Derecho. Y cabe preguntarse cómo andamos en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales. Porque es bien posible que esa hija nocherniega que llama al telefonillo de madrugada sea no una adolescente, sino una mujer de treinta y cinco, licenciada y con postgrado(s), condenada a enlazar contratos temporales y sueldos miserables, sin posibilidad alguna de irse a vivir por su cuenta.
Las estadísticas evidencian que situaciones de este tipo abundan. La octava economía mundial, un país moderno y pujante que está experimentando un período sin precedentes de prosperidad, no es capaz de facilitar el acceso a una vivienda digna a buena parte de sus ciudadanos. Como dice el Relator Especial de las Naciones Unidas para la vivienda en un informe de junio pasado, la “grave crisis de vivienda” a la que España se enfrenta puede atribuirse a los elevadísimos precios, la escasez de viviendas de protección pública, la estrechez del mercado de alquiler y la especulación inmobiliaria. Está bien que las Naciones Unidas nos ilustren sobre cosas que ya sabemos.
Sucede con la vivienda, pero qué no decir de una educación infradotada y desacreditada; de una sanidad estragada por las listas de espera y la falta de respeto al paciente; de la increíble normalidad con la que aceptamos la presencia de villas-miseria en nuestras periferias.
No se trata de minucias: la educación, la protección de la salud o el disfrute de una vivienda digna y adecuada son derechos reconocidos constitucionalmente a todos los españoles y “fundamento del orden político y la paz social”. Según el mandato constitucional, su respeto y protección “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerdan con expresiones idénticas que ambas categorías de derechos derivan de la dignidad inherente de la persona. Es doctrina asentada que no existe jerarquía entre unos y otros, sino que son indivisibles e interdependientes.
Frente a estas solemnes proclamas, hemos interiorizado la resignación. Los mensajes que nuestros medios de comunicación y políticos multiplican van remachando conceptos de una cultura profundamente insolidaria. Y cuando alguno de los poderes públicos pretende dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, surge una tríada de incriminaciones:
populismo, electoralismo, intervencionismo. O se les acusa de incurrir en el imperdonable pecado del voluntarismo.
Pues bien, pidamos un poco de voluntarismo respecto a la vivienda. Durante los últimos diez años se ha jugado en España una monstruosa partida de monopoly en la que han ganado los constructores y, como siempre, la banca. Los perdedores somos casi todos los demás, incluso los propietarios, a los que no nos pueden engañar con el espejuelo de la presunta ‘revalorización’ de nuestros pisos: permaneceremos encadenados a ellos, hipoteca mediante, hasta el final de nuestros días. Con el dinero que se ha puesto en juego durante la partida, con nuestro dinero, hemos alumbrado una clase empresarial de la que son representantes señeros algunos sujetos como Paco el Pocero, que invita a su jet y su yacht a periodistas insobornables –Herrera, Oneto–, o algunos otros personajes no menos castizos que han adquirido ya pátina de respetabilidad y controlan los consejos de administración de las grandes transnacionales españolas. Esto, créanme, no puede dejar de tener consecuencias a largo plazo.
Se trata de un gran fracaso colectivo frente al que no cabe la resignación. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado, por este orden, tienen que actuar. Naturalmente, con sensatez. No sería razonable prometer pisos en propiedad para todos, pero seguro que hay cosas susceptibles de mejora: tal vez pueda perfeccionarse el habitual sistema de la asignación de VPO a través del enchufe municipal; quizá se pueda poner fin al grotesco espectáculo de las rifas de viviendas públicas; seguro que se puede actuar sobre las plusvalías desorbitadas. Que los expertos propongan, que se debata, que se actúe. Removamos, como dice la Constitución, los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de la libertad e igualdad del individuo.
Entretanto, no podemos ser complacientes con nuestro régimen político. La democracia española seguirá siendo incompleta mientras no sea capaz de garantizar a los ciudadanos todos sus derechos fundamentales. Si en este contexto español de bonanzas macroeconómicas nuestra práctica política no logra prestar a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos la atención que merecen, estaremos contribuyendo a, ni más ni menos, la deslegitimación del sistema.
Andrés Gastey es escritor. Su última novela es Gutiérrez y el Imperio del Mal.
