Andrés Villena
Economista e investigador en Ciencias Sociales por la Universidad de Málaga
Las cuentas correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado han supuesto, en resumen, un importante recorte en los servicios públicos del Estado de Bienestar, así como en partidas de gasto que jugaban un papel clave para la generación del poco empleo que el Estado podía aún crear. Ya se anticipan cientos de miles de despidos, efectos secundarios de estas medidas. La principal razón que se esgrime es el cumplimiento de unas cifras de déficit público y deuda acordadas con los demás países de la Zona Euro. Pero a casi nadie escapa ya que estas decisiones, plazos y exigencias han venido marcados por el comportamiento de lo que muchos denominan “los mercados”.
El mercado es una institución que explica parte de las revoluciones burguesas e industriales de los siglos XVIII y XIX. En este lugar físico se encuentran una oferta y una demanda libres que, obedeciendo a un supuesto instinto egoísta del ser humano, se ponen automáticamente de acuerdo para fijar los precios de los productos que allí se encuentran. Por ejemplo, si tenemos cien patatas para dos compradores, el precio de estas será muy bajo: es probable que muchos de los ausentes se hayan retirado del lugar por el mal color y aspecto de estos tubérculos, por lo que los pocos céntimos con los que se adquirirían vendrían a ser un índice aproximado y cuantitativo de su calidad.
Algo así quieren hacernos creer con la economía española y con las subastas de deuda en el mercado financiero: para muchos -sobre todo para los que tienen participaciones o buen acceso a los principales medios de comunicación-, la prima de riesgo es una especie de termómetro que marca el nivel de gravedad de nuestra enfermedad económica; en este sentido, los recortes que están teniendo lugar serían más que merecidos y supondrían medidas dirigidas a restaurar en el menor tiempo posible la confianza en los fundamentos de la economía española: medicamentos amargos al gusto pero, a largo plazo, buenos para nuestra convalecencia. Las arcadas sentidas al ingerirlos se parecerían al picor cuando una herida empieza a curar: buenas señales.
No obstante, los termómetros pueden marcar lo que quieran si los pegamos a una estufa y las heridas infectadas también escuecen: ¿qué intereses están influyendo en el dictado de estos planes de empobrecimiento? Los mercados se nos presentan por los medios de comunicación social como una especie de ejercicio de democracia financiera, según la cual el dinero de los ahorradores libres de todo el mundo decide a dónde va y denota la fragilidad de los activos públicos o bonos de los países que consiguen menos demanda. Pero la idea de democracia financiera flaquea cuando quienes deciden qué es bueno o qué es malo son un puñado de grandes entidades que, interconectadas con infinidad de sociedades, compran y venden cientos de miles de millones de euros a toda velocidad y con acuerdos mutuos previos. No estamos ante un mecanismo de libre competencia, sino ante un conjunto de grandes actores, en muchas ocasiones, con estrategias premeditadas.
¿Somos víctimas de una conspiración de grandes entidades? Es poco probable: la deuda pública española asciende, aproximadamente, a un 65% del PIB español -de la riqueza del país-, pero la privada -empresas, banca y familias- se acerca al 300%, con lo que la suma de los dos componentes nos acerca a cuatro veces lo que hemos sido capaces de producir. Los inversores saben que la debilidad del Estado le llevará a ir haciendo pública parte de la deuda privada (nacionalización de la deuda), por lo que anticipan una posible quiebra futura. Pero la actividad especulativa y los planes de empobrecimiento patrocinados por Bruselas incrementan a su vez este riesgo. Llegados a este punto parece que nos encontramos en una situación sin salida.
¿Por qué se están tomando medidas en nuestro país que incrementan el riesgo de quiebra o depresión económica y social? Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno deberíamos partir de la hipótesis de que el Estado y la política no están siendo del todo autónomos: la deuda pública está siendo comprada, sobre todo, por los grandes bancos españoles, que se hacen, de esta forma, poseedores de una buena parte de la columna de ingresos -por préstamos- de los mencionados Presupuestos Generales del Estado. De ahí que los que participan en la financiación
de un país puedan tomar parte indirectamente en las decisiones sobre en qué se va a gastar ese dinero: sobre todo, en devolver cuanto antes los intereses que estas operaciones de préstamo generen. Si a esto sumamos los altos cargos del Gobierno que proceden de bancos como el Santander, el BBVA o Banesto, por el lado español, y otros como Barclays o Lehman, extranjeros, podremos entender que las decisiones estatales converjan en cierto modo con los intereses de las entidades acreedoras de la nación -aunque enormemente endeudadas con otras entidades-.
Deberíamos partir de un conocimiento de datos de este tipo para formular una definición alternativa de gobierno: nuestros actuales dirigentes -y los anteriores- se encuentran cada vez más lejos de sus programas políticos y de los intereses de los ciudadanos. Asistimos a rescates diarios de las finanzas del Estado por unos poderes muy concentrados y que influyen decisivamente en las políticas públicas que se van a seguir adoptando. Los Presupuestos Generales de “los mercados” reflejan que una democracia endeudada hasta tal punto no merece tal calificativo. Todo parece indicar que no son solo los hombres y las mujeres del PP los que están al timón del país. Y que sus compañeros de viaje llevan ya mucho tiempo mandando: el mensaje del 15 de mayo de 2011 está más vigente que nunca.
Andrés Villena
Economista e investigador en Ciencias Sociales por la Universidad de Málaga
Ilustración de Mikel Jaso
Los recortes no han llegado precisamente solos. La mayoría de los medios de comunicación utiliza claros eufemismos y alardes de creatividad lingüística para referirse a ellos -reformas, aumento de nuestra competitividad, dinamización de la economía…- y hace ya algunos meses que completan este discurso oficial con apelaciones a un supuesto “cambio de valores” que la sociedad española necesita para poder salir de esta situación crítica.
Por eso, conforme vayan pasando los meses, cada vez oiremos más que es bueno pagar por una sanidad de calidad; que no se debe abusar de los servicios públicos; que lo que importa, en definitiva, es tener un puesto de trabajo para llegar a fin de mes y que debemos subordinar las luchas sociales a este objetivo prioritario… De algún modo u otro, se ha conseguido que toda reivindicación social parezca hoy día reaccionaria: la visión de que los sindicatos luchan por un modelo de empleo para toda la vida que ya no se adapta a la actual era de la información se difunde con rapidez. Y estamos a dos pasos de la liberación definitiva: pronto, todos podremos ser empresarios de nuestra propia vida.
La victoria de esta imparable ideología del siglo XXI podría verse reflejada en un ejemplo simple: imaginemos que a un polígono industrial de una ciudad como Málaga, Sevilla o Madrid llegara una gran multinacional y prometiera crear 700 puestos de trabajo a 650 euros al mes, diez horas al día. Una manifestación sindical y contestataria por el trabajo digno en frente de la nueva empresa acabaría reprimida con violencia. El problema es que los agresores no serían probablemente policías, sino la mayoría de los empleados recientemente contratados por la gran empresa.
La crudeza de este ejemplo refleja el retroceso social y el discurso defensivo en el que están sumidas las opciones progresistas desde hace más de lo que creemos. Con los socialistas colaborando con el capital financiero cuando pueden gobernar, la izquierda radical con cierta representación parece sostener solamente un discurso keynesiano y reformista, algo de lo que habrían aborrecido hace cuarenta o cincuenta años, cuando hasta la democracia cristiana europea podía ver con buenos ojos la banca pública.
Mal pinta la situación si ni siquiera podemos imaginarnos una salida contundente y creíble de la crisis, así como una respuesta a la ofensiva cultural que estamos sufriendo. Si al final acabamos abrazando la austeridad, buscando las cosas buenas del mundo gris en el que hemos penetrado e incluso desarrollando un nuevo concepto de la felicidad -con ribetes morales como la reducción del materialismo o la solidaridad- estaremos cerrando el círculo: viviremos en la realidad necesaria para que el beneficio de la concentrada propiedad siga creciendo al ritmo deseado… y llegaremos a estar contentos. Será la privatización definitiva de la vida, porque nuestros guionistas ya solo vendrán de Wall Street, de Endesa o del Banco Central Europeo. La disidencia intelectual quedará a la altura de la demencia o el comportamiento infantil. Por estas razones, esta primavera nos jugamos mucho más que la anterior.
Pd. Se puede entender perfectamente que, si se está privatizando la realidad, no quede espacio en la prensa escrita para un periódico que se llame “Público”.
Andrés Villena
Economista e investigador en Ciencias Sociales por la Universidad de Málaga
Ilustración de Patrick Thomas
Quizá la actualización de la llamada de Karl Marx en su Manifiesto Comunista a los “proletarios de todos los países” fuera hoy una convocatoria a los ciudadanos del mundo que se sienten indignados por el proceso de empobrecimiento que estamos experimentando desde hace ya más tiempo de lo que parece. Aunque este resulte un tanto amorfo, podríamos estar, provisionalmente, ante lo que se denominó en el pasado un “sujeto histórico”.
Lo más relevante es que, desde la Puerta del Sol a Wall Street, teniendo bien en cuenta la plaza griega Syntagma, pero sin olvidar los gritos de las clases medias y populares de las sociedades árabes, se está asistiendo a un proceso de construcción social, colectiva, de quiénes son los principales responsables de la crisis económica y financiera, una Gran Recesión que ya se ha convertido en un estado normal en la vida de los ciudadanos.
Esta nueva atribución de responsabilidades viene por fuerza relacionada con el aumento de lo que podríamos denominar la frontera de posibilidades de información, propiciado por la actual era de las comunicaciones: si la etapa televisivo-cinematográfica, en la que la imposición de la imagen en movimiento dejaba escaso margen para la duda y la imaginación, nos ofreció los peores peligros externos –comunistas, marxistas, islamistas o terroristas de distintos tipos–, la proliferación de innumerables canales y redes para compartir informaciones amenaza a los previsibles discursos dictados desde los aparatos de vigilancia del poder. De esta forma, frente a la proyección pública de un cierto renacimiento de los nacionalismos europeos (los griegos y los españoles son vagos, los alemanes, holandeses y finlandeses, ahorrativos y honrados…), nos encontramos con que la mayoría de los protestatarios considera que el mundo de las finanzas tiene un excesivo poder, que los estados están demasiado sometidos a la banca privada y que, en definitiva, las decisiones que más afectan a pie de calle no tienen precisamente su origen en organismos elegidos por los ciudadanos que tienen que sufrir sus consecuencias.
Esta iniciada fase de transformación de las formas de pensar proviene de un cierto proceso de cualificación obligatoria: el endurecimiento de las condiciones de vida choca con el nivel de formación de muchos de los afectados que, ayudados por las nuevas tecnologías informativas, han conseguido relacionar aquello que veían tan lejano –los mercados de acciones, las instituciones comunitarias, los fondos especulativos– con lo que les afecta en su vida cotidiana –precios, nivel de desempleo, deterioro de las infraestructuras, necesidad de emigrar, etcétera–.
Con este punto de partida, las manifestaciones que este sábado tienen lugar constituyen una oportunidad de globalizar aún más la protesta: la ciudadanía, con la puesta en común global de los culpables y de posibles soluciones a los problemas, aspira a recortar cierto terreno a los flujos financieros, a las multinacionales y a los poderes que llevan extendiendo mundialmente sus tentáculos desde finales de los años setenta e incluso desde antes. El sujeto concienciado y en cierto modo deslocalizado se convierte en un elemento enormemente peligroso para un sistema mundial que requerirá de grandes cambios para adaptarse a estas reacciones.
Huelga decir que queda mucho por hacer, pero que quizá se divisa uno de los mejores caminos a seguir: si ha sido un acto de información, de reflexión sobre las posibles verdaderas causas de nuestros problemas, lo que ha llevado a las plazas y a las acampadas, no es demasiado temerario afirmar que este tipo de ejercicios constituya la mejor senda para el éxito de este proceso que, según el curso que tome, podría ser revolucionario. No es un camino precisamente fácil de recorrer. Queda pendiente, en este sentido, plantearse si la banca y los gobiernos han sido los únicos causantes o, al mismo tiempo, representan también las consecuencias de una dinámica social de la que hemos participado todos: el consumo
desaforado proyectado en el crédito barato, la ansiedad por asegurar nuestras propiedades, la competitividad a toda costa, el miedo a lo desconocido, etcétera. A todos estos demonios les ha correspondido un conjunto de entidades de servicios privados que ha hecho de los últimos años una auténtica era dorada de los negocios. Por ello, el cambio global exige una reflexión sobre lo que el individuo ha de cambiar para que el sistema resultante sea bien distinto.
Hoy es un día para continuar con una experiencia que requiere de esfuerzos colectivos, individuales y comunicativos de todo tipo. La ciudadanía aspira a poner la sociedad de la información de su lado y a saber qué está pasando realmente. Profundizar en los problemas que sufrimos trae consigo reconocer la descomunal tarea de solucionarlos. Los estudiosos de la Escuela de Fráncfort, en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, ya consideraron prostituido el proyecto humanista e ilustrado de la modernidad. Hemos perdido 50 años más desde entonces. De la humildad, el trabajo y la acción individual y conjunta depende que se ponga una primera o una segunda piedra en el camino.
Andrés Villena
Investigador en Ciencias Sociales en la Universidad de Málaga (UMA)
La crisis de los estados del bienestar no sólo se viene materializando, a lo largo de las últimas décadas, en recortes de transferencias y servicios públicos, sino que también puede explicar parcialmente algunos de los más llamativos cambios culturales que hemos experimentado. El proceso de reconversión capitalista (neoliberalismo) iniciado a finales de los años setenta ejerció una importante influencia sobre la manera de entender determinados fenómenos sociales, facilitando la proliferación de tendencias acordes con las nuevas prioridades económicas.
Un buen ejemplo lo encontramos a la hora de entender el complejo mundo de la delincuencia. En la actualidad, nos topamos con proyecciones televisivas de asesinatos de menores que terminan en demandas populares para la instauración de la cadena perpetua; algunos partidos políticos cuentan ya con las propias víctimas de estos casos mediáticamente explotados como asesores en materia penal; existe un clamor entre ciertas capas sociales por el endurecimiento de las penas en general y, en particular, hay propuestas como la de la castración química de los pederastas que nos hacen concluir que en poco tiempo se ha producido un cambio dramático en las formas de comprender el delito, sus causas y las consecuencias de determinadas medidas punitivas.
Muchas investigaciones académicas y algunas reflexiones, como las del sociólogo David Garland en La cultura del control, apuntan a que existe cierta relación entre cómo vemos la desigualdad social y de qué modo reaccionamos ante determinadas violaciones de las leyes. Durante el período 1945-1980, el espíritu de reconstrucción occidental y, en general, el deseo de romper con las décadas de pobreza y turbulencias que culminaron en la Segunda Guerra Mundial llevaron a la sociedad a ejercer una mirada atenta y preocupada sobre el fenómeno de la disparidad de rentas y la estratificación: la desigualdad no constituía un fenómeno deseable; la economía marcharía mejor cuanta más gente se encontrara consumiendo, por lo que el propio sistema generó las herramientas necesarias para incluir a todo el mundo en el nuevo patrón de crecimiento.
Al modelo económico inclusivo –pleno empleo, servicios públicos de bienestar y transferencias– se añadía una tradición cultural que concebía al individuo como el centro de la civilización. De ahí que, al reflexionar sobre la delincuencia, muchos quisieran estudiar en su origen una conducta desviada, probablemente generada a raíz de situaciones de privación material, problemas psicológicos o de otro tipo. La reinserción representaba un objetivo crucial, igual que la integración de los colectivos marginales en la sociedad. De algún modo, las instituciones penitenciarias pasaron a representar un servicio más del Estado del bienestar, que consistió en el tratamiento de esta variante extrema de exclusión social: aquel tipo de ciudadanos cuyas malas condiciones los habían llevado a delinquir.
Pero el modelo garantista entró en crisis a finales de los años setenta: por entonces, los poderes dominantes llegaron a la conclusión de que la preservación del sistema no podía ya coexistir con la mencionada tendencia a contar con el bienestar de todos los ciudadanos. Como muestra destaca la creación de la NAIRU –Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment–, o tasa de desempleo necesaria para mantener la inflación bajo niveles controlados, una señal de que el pleno empleo ya no sólo se había convertido en un objetivo difícil de alcanzar, sino que además había dejado de ser conveniente.
En paralelo al incremento de las desigualdades y del número de delitos, los juristas y criminólogos progresistas se vieron arrinconados por nuevas formas de contemplar el acto delictivo. Triunfaban teorías que afirmaban que todos constituíamos delincuentes en potencia y que violaríamos la ley en la medida en que los beneficios de realizar esta acción superaran a sus costes. Se trataba de un reflejo del individualismo consumista que, no obstante, hizo cundir la noción de que las propiedades debían ser protegidas mediante sistemas de seguridad que, la mayoría de las veces, vendrían suministrados por empresas privadas.
Esta no fue la única visión del infractor que comenzó a proliferar. Las tendencias más conservadoras en materia penal insistían en que muchos de los delincuentes eran, simplemente, diferentes a los demás ciudadanos y, por tanto, contaban con muy pocas posibilidades de reinserción. Esta visión de “el otro” como extraño se acrecentó con la fiebre neoconservadora surgida a raíz de los atentados del
11-S en EEUU, que en la actualidad retiene en prisión a más de dos millones de personas, una forma más de mantener el índice de desempleo por debajo del 10%.
La tendencia a demonizar a los autores de determinados comportamientos se mantiene. Cuando más noticias escabrosas se necesitan para disimular el problema del empleo y la deuda, no sería extraño que un nuevo caso conmoviera a los espectadores y los hiciera más proclives a cambios legislativos que vayan en estas mismas líneas. Entretanto, el fatal delito del fraude fiscal o la especulación financiera contra los países sigue contando con enormes recompensas. Un cambio real debería llevarnos a contemplar este último tipo de desviaciones como merecedoras de las más severas sanciones. Seguiremos esperando.
Ilustración de Javier Olivares
ANDRÉS VILLENA
Conforme los recortes sociales se hacen sentir en España, y en la medida en que vamos sabiendo que el agujero de la banca es bastante mayor de lo públicamente revelado –lo que supondrá nuevas reformas–, comienzan a aparecer opiniones que reivindican el libre mercado como un valor o incluso una “conquista de la izquierda”. Según este tipo de argumentaciones, una de las cuales fue expuesta hace unos días por el profesor Daniel Innerarity en el diario El País (22-04-11), la libre competencia bien entendida (sin monopolios) representaría un motor fundamental, no sólo para la eficiencia, sino también para la eliminación de privilegios y para “la lucha contra las desigualdades”.
En este sentido, una adecuada política de izquierdas debería tener la finalidad de reformar el mercado para que este funcionara al servicio de los intereses públicos. El razonamiento de Innerarity –claro, ordenado y respetuoso– sitúa a los defensores del Estado del bienestar (tal y como lo hemos conocido) como obstáculos para que la economía española consiga sortear el “riesgo sistémico”, objetivo que pasaría a ser prioritario para todo gobernante responsable en medio de una crisis como esta y en un mundo globalizado.
Estas ideas no son precisamente nuevas, pero quizá no se habían expuesto antes con tanta crudeza desde las filas progresistas. Hace unos diez años, Zygmunt Bauman claudicaba con cierta ironía en La posmodernidad y sus descontentos: “No sólo es que no nos podamos permitir el Estado del bienestar debido a que el número de desempleados inempleables ha aumentado considerablemente, es que no tenemos razón moral para hacerlo”. En Un nuevo mundo feliz, otro referente intelectual de la izquierda, Ulrich Beck, proponía dejar de “financiar el desempleo” y utilizar el dinero de los subsidios para hacer posible que todo el mundo ejerciese un “trabajo cívico”, creativo, familiar o doméstico, que se remuneraría a base de bonos o pensiones. Ambos creían totalmente desfasado el objetivo de volver a una economía con pleno empleo y, por tanto, con una importante redistribución de los ingresos.
Lo que ni Beck ni Bauman nos cuentan profundamente son las principales razones por las que hemos llegado a una situación como la actual, en la que pensar en un Estado social más generoso se ha convertido en una especie de blasfemia, y en la cual intelectuales como Daniel Innerarity pretenden hacer virtud de lo que en realidad representa una terrible debilidad: el retroceso forzado, durante más de tres décadas, de las políticas progresistas basadas en los servicios públicos y en el reparto de la riqueza. Una involución social que resumía hace poco el multimillonario Warren Buffet con una frase lapidaria: “Hay una lucha de clases, por supuesto, pero es mi clase la que la dirige”.
La recuperación del mercado como uno de los valores centrales de nuestra civilización se produce a finales de los años setenta y no precisamente tras un debate entre expertos progresistas sobre lo más conveniente para nuestras sociedades. Los gobiernos socialdemócratas que hicieron frente por la izquierda a la crisis del keynesianismo –laboristas en el Reino Unido, socialistas y comunistas en Francia, etc.– tuvieron finalmente que recular y aplicar una serie de medidas muy parecidas a las actuales: políticas deflacionistas, privatizaciones, recortes sociales… Es importante partir del hecho de que no fue la izquierda la que escogió el mercado a finales del siglo pasado, sino que los cada vez menos regulados flujos financieros tuvieron un enorme peso en el perfil de la nueva socialdemocracia: los Demócratas liderados por Clinton, la Tercera Vía de Blair, el Nuevo Centro de Schroeder o Nueva Vía, para el caso español, todavía en el Ejecutivo.
No representa una casualidad, por tanto, que, en el momento en el que la economía real es la que está suministrando fondos a los negocios financieros privados
–rescate a la banca vía pensiones públicas y fondos de los contribuyentes, rebaja de salarios y protección social, etc.– aparezcan pensadores de izquierdas que realzan las virtudes del laissez faire. ¿Cómo puede ser progresista la defensa del mercado si ha sido su descomunal protagonismo estos 30 años lo que ha multiplicado las desigualdades y la generación de crisis económicas recurrentes?
Parece difícil ignorar la relación existente entre desigualdad, financiarización de la economía y crisis sistémicas. En este sentido, las mencionadas reflexiones nos sugieren aceptar estos fenómenos como inevitables y adaptar las siglas al escaso margen que nos queda. ¿Saldremos del neoliberalismo cambiándole simplemente el nombre, o tenemos alternativas reales para que no sean las finanzas las que dicten las prioridades de cada sociedad?
El viento no sopla precisamente a favor. En Francia, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, parece tenerlo relativamente fácil para pilotar al principal partido progresista: se trata del dirigente que mejor ha gestionado mundialmente los intereses de los mercados financieros. El debate interno ha llegado, con las primarias del PSOE, a España. Los socialistas se juegan mucho más que elegir al candidato con mayor carisma o mejor posición en las encuestas. El vencedor deberá explicar a los ciudadanos que somos nosotros los que decidimos lo que nos conviene, y no unos intereses que no rinden cuentas ante nadie. En esta encrucijada ideológica debe quedar claro que la democracia no es un medio subordinado a los intereses de la libre concurrencia empresarial. No nos merecemos un Gobierno que se crea esta patraña.
Andrés Villena es economista e investigador
en Ciencias Sociales
por la Universidad de Málaga
Ilustración de Mikel Casal
