Josep María Antentas y Esther Vivas
Hace 10 años, las protestas en Seattle durante el encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sacudían al mundo y marcaban la abrupta irrupción de lo que se conocería como movimiento antiglobalización. La crítica a la globalización, aunque poco visible para el gran público, venía sin embargo de lejos, teniendo su inicio simbólico con el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994.
El décimo aniversario de Seattle llega en vísperas de la Cumbre Mundial del Clima en Copenhague. La movilización para ambas citas tiene una lógica diferente. En la primera se buscaba bloquear las políticas de una institución cuya legitimidad era contestada. En la segunda se intenta forzar la adopción de medidas reales frente al cambio climático. Pero detrás subyace la misma preocupación: la imperiosa necesidad de un cambio de modelo.
Con la irrupción de la ola antiglobalizadora, miles de personas se identificaron con las protestas emergentes y tuvieron la sensación de formar parte de un mismo movimiento y compartir unos objetivos comunes. Parecía que cada vez más sectores empezaban a ver sus problemas concretos desde una óptica global y a percibirlos, difusamente, como parte de un proceso más general.
El lanzamiento del Foro Social Mundial permitió la afirmación de un espacio simbólico de convergencia de las solidaridades y de un referente de las luchas sociales. Su eslogan Otro mundo es posible se convirtió en el símbolo del renacer del cuestionamiento del orden existente y de las expectativas de cambio social. Atrás quedaban las tesis del “fin de la historia” y la codificación del neoliberalismo como la única política y visión del mundo posibles.
Las protestas antiglobalización significaron el retorno de la movilización social, pero remontando desde niveles muy bajos, después del apogeo neoliberal a comienzos de los noventa. Consiguieron canalizar el malestar frente al neoliberalismo y contribuir a su erosión en el terreno simbólico e ideológico. El movimiento desgastó la legitimidad de las instituciones internacionales, pero apenas obtuvo victorias significativas. Forzó cambios de discurso, medidas retóricas y poco más, pero no transformaciones de fondo, ni la parálisis de la lógica imperante, debido a la muy desfavorable correlación de fuerzas existente a escala global.
Después de un primer gran periodo marcado por la centralidad y visibilidad de las protestas antiglobalización, primero, y antiguerra, después, las luchas sociales tendieron hacia una mayor dispersión y fragmentación. La imagen de un movimiento internacional coordinado, que actuaba como polo de atracción y de referencia, desapareció. Éste afrontó una fuerte crisis de perspectivas y crecientes dilemas estratégicos, a medida que el impulso inicial se agotaba.
El proceso del Foro Social Mundial perdió impacto, influencia y utilidad concreta aparente. Una vez pasado el efecto novedad, el interés por él decreció y experimentó tendencias a la rutinización y al alejamiento respecto a las luchas sociales, debido a la pérdida de empuje del movimiento por abajo. Sigue siendo, sin embargo, el espacio de confluencia internacional más amplio reconocido y una palanca de referencia que puede permitir nuevos saltos en el futuro.
La pérdida de visibilidad del movimiento no significó un retroceso de las luchas sociales, pero sí el fin de un cierto optimismo antiglobalizador nacido tras Seattle. En términos generales, las luchas sociales en estos últimos años han tenido una lógica globalmente defensiva y no han conseguido victorias que permitieran acumular sólidamente fuerzas y romper su carácter discontinuo e inestable. La excepción ha sido América Latina, donde la crisis del modelo neoliberal ha sido profunda y el ascenso de los movimientos populares significativo, aunque la situación en el continente permanece incierta.
Cambiar el mundo se ha revelado en estos 10 años como una tarea mucho más difícil de lo que imaginaron la mayoría de los manifestantes de Seattle. El movimiento se ha ido enfrentando a nuevas pruebas y retos. Si al comienzo dominaba la sensación de que el movimiento social se bastaba por sí sólo, progresivamente han ido emergiendo, de forma débil y no siempre coherente, los límites del movimentismo y la necesidad de avanzar también en la articulación de una referencia política ligada a las luchas. Las visiones respecto al Estado y al poder político se han ido haciendo más complejas a medida que se constataban las dificultades de las luchas sociales, se hacía frente a una derecha a la ofensiva desde el poder en muchos países, y entraban en escena las experiencias latinoamericanas, con sus límites y contradicciones.
Una década después de Seattle, la situación es muy paradójica. Ante el fracaso del actual sistema, sintetizado en la gran crisis que estalló el año pasado, las razones del movimiento antiglobalización se han mostrado plenamente pertinentes. Posible o no, otro mundo se antoja más necesario que nunca. Pero la distancia entre fines y medios es abrumadora. Y la capacidad para traducir malestar en organización y acción colectiva se ha mostrado débil y discontinua.
La crisis actual tiene distintas salidas posibles y su desenlace permanece abierto. En palabras del filósofo Daniel Bensaïd, “la cuestión es saber a qué precio, y a costa de quién, puede ser resuelta. La respuesta no pertenece a la crítica de la economía política, sino a la lucha de clases y a sus actores políticos y sociales”. Ahí es donde entran los retos presentes y futuros de los movimientos sociales.
JOSÉ BORREL FONTELLES
Ya no es hora de pedir el voto para tal o cual partido, pero todavía lo es para evitar que la abstención sea la ganadora de las elecciones europeas.
Habiendo presidido el Parlamento Europeo (PE) durante la mitad de la pasada legislatura, sé muy bien cuan importantes son las decisiones que allí se toman, tanto para las pequeñas cosas de la vida como para las grandes cuestiones del mundo globalizado.
Y sin embargo parece que muchos ciudadanos se preguntan para qué votar o qué, a fin de cuentas, les va en ello.
En estas elecciones no se elige al presidente de un Gobierno. Y nuestras elecciones nacionales, que llamamos legislativas, en realidad son “ejecutivas” porque todo el mundo sabe que con su voto elige a la persona que va a gobernar. Los diputados, o los concejales, son intermediarios en esa elección.
Eso no ocurre en Europa, porque no existe un Gobierno resultado del juego de mayorías y minorías. Y el PE no funciona sobre el enfrentamiento Gobierno-oposición. En las elecciones al PE se eligen diputados que van a hacer leyes europeas compartiendo poder legislativo con los gobiernos reunidos en el Consejo en un complejo proceso de “codecisión”.
Eso suena más distante y, desde luego, es menos mediático que el duelo entre candidatos, de carne y hueso, a gobernar. Pero esas leyes europeas son de una extraordinaria importancia y los ciudadanos deberían preocuparse muy mucho en elegir a los que van a votarlas. Si no lo hacen ahora no podrán quejarse después de que Europa está dominada por una burocracia que escapa al control democrático.
Las razones para ir a votar en las europeas son tanto o más importantes que en las nacionales. Pero como son menos evidentes, la campaña electoral debería servir para evitar que la no percepción de diferencias entre la Europa que proponen unos y otros genere la indiferencia que conduce a la abstención.
No siempre es así. En todos los países es difícil despegarse de la política nacional. En Reino Unido serán más importantes los gastos de los parlamentarios y en Italia la vida privada de Berlusconi. Alemania ya tiene en mente sus elecciones de septiembre donde la canciller Merkel se enfrentará con su ministro de Exteriores.
En Bélgica coinciden con las regionales donde se decide la supervivencia del país en medio de graves problemas de corrupción. Y también en España la campaña se ha visto afectada por cuestiones que nada tenían que ver con Europa.
Y, sin embargo, la construcción europea es un asunto muy serio en el que nos jugamos el futuro. Es el gran éxito político de los europeos, que pronto solo seremos el 5 % de la población mundial, y a los que sólo la unidad permitirá influir, o simplemente sobrevivir, en un mundo de gigantes.
Ni más ni menos, de eso se trata. Y en ese proceso, el papel del PE, que al principio era un órgano consultivo pero que ya lleva 30 años elegido por sufragio universal, es cada vez más importante.
Hoy es la institución clave de la Unión Europea. Frente a un Consejo más dividido que nunca, frente a una Comisión indecisa que parece haber renunciado a ejercer su poder de iniciativa, el PE ha resuelto los problemas planteados por las legislaciones mas controvertidas.
Entre ellas la famosa directiva sobre la liberalización de servicios, llamada Bolkenstein por el comisario que la propuso, que era una bomba en los cimientos del sistema social europeo al permitir que los trabajadores emigrantes pudiesen trabajar en el país de destino bajo la legislación laboral de su país de origen. O la duración de la jornada laboral, evitando que pudiese llegar hasta 65 horas. O los difíciles equilibrios entre los productos químicos y la protección del medio ambiente. O el funcionamiento de los mercados energéticos, el desarrollo de las energías renovables, el transporte, la inmigración, la protección del consumidor, lucha contra el cambio climático, reducción de precios en la telefonía móvil y un largo etc.
Sobre estas cuestiones, el PE aprobó durante la pasada legislatura 142 directivas y 145 regulaciones, de forma que más del 60 % de la legislación que nos afecta se elabora en el PE y las normas nacionales no son muchas veces más que la transposición de normas europeas.
Europa fue en un principio obra de sus gobiernos. Pero si hoy celebramos elecciones al PE es porque hemos querido que Europa funcione bajo el principio de una doble legitimidad: la de los gobiernos, reunidos en el Consejo y la de los ciudadanos representados por el PE.
El eurodiputado es la voz del ciudadano en Europa. Sus opiniones no tienen por qué coincidir con la de los gobiernos y, de hecho, el PE ha modificado el 71% de las directivas aprobadas por el Consejo.
Y en la próxima legislatura el PE será más importante todavía porque con el Tratado de Lisboa la codecisión se extiende a muchos más campos. Los representantes de los ciudadanos estarán en pie de igualdad con el Consejo. Los eurodiputados elegidos hoy deberán reformar la política agraria común y regular tanto la inmigración legal como la ilegal, cuestiones esenciales que merecerían que los ciudadanos los escogieran con tanto interés como a sus diputados nacionales.
Del resultado de estas elecciones dependerán las respuestas europeas a los retos sociales y económicos derivados de la crisis. La energía, el transporte y la sanidad son ejemplos de servicios públicos esenciales que se van a prestar de formas diferentes en función de la composición del PE.
Estoy seguro de que si los ciudadanos fuesen conscientes de la importancia que para su vida tienen las decisiones del PE no dejarían de votar para influir en su composición. Esperemos que su participación dé nueva fuerza y mayor legitimidad a un proceso que corre el riesgo de morir de su propio éxito.
José Borrel es ex presidente del Parlamento Europeo.
JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA Y PEDRO RAMIRO
Les propongo que ustedes, los líderes empresariales reunidos en Davos, y nosotros, las Naciones Unidas, iniciemos un pacto mundial de principios y valores compartidos, que darán una cara humana al mercado global”. El 31 de enero de 1999, Kofi Annan se presentaba en el Foro Económico Mundial de Davos y, con estas palabras, anunciaba el lanzamiento de una nueva iniciativa internacional: el Global Compact (o Pacto Mundial). Aquella propuesta, cuyo objetivo era tejer una “alianza creativa entre Naciones Unidas y el sector privado”, fue adoptada oficialmente un año y medio después en la sede general de la ONU en Nueva York, con la participación de 44 empresas transnacionales –como BP, Nike, Shell y Novartis, entre otras– y algunos sindicatos y ONG. Desde entonces, el Pacto Mundial se ha convertido en la principal referencia para la vigilancia y el seguimiento de las compañías multinacionales y, ahora que se cumplen diez años de su puesta en marcha, parece necesario analizar de forma crítica los resultados obtenidos.
No está de más recordar que la discusión sobre la firma de unas normas internacionales que regulen las operaciones de las empresas transnacionales viene de lejos: desde la década de los setenta. A finales de 1972, ante la Asamblea General de la ONU, Salvador Allende pronunció un discurso que hoy, cuatro décadas después, conserva toda su vigencia: “Estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que no están fiscalizadas por ningún parlamento”. En aquellos años ya se intentó aprobar en el seno de Naciones Unidas sin resultado un código externo vinculante para estas compañías. Pero, a lo largo de los años ochenta y, sobre todo, de los noventa, este debate se fue desactivando a la vez que iba ganando importancia el discurso de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), impulsado por las escuelas de negocios y las propias multinacionales. Y la creación del Global Compact sirvió para dar por buena toda esta evolución desde la lógica de la obligatoriedad hacia la filosofía de la voluntariedad.
Porque una de las cuestiones centrales del Global Compact es que se trata de un acuerdo voluntario. Las empresas que se adhieren a él han de suscribir diez principios genéricos
–sobre derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales y corrupción– y su única obligación es tener al día el llamado informe de progreso, con el que se considera que rinden cuentas a la sociedad. Sin embargo, destacan la notable indefinición de los contenidos del Pacto y la ausencia de cualquier mecanismo mínimo de supervisión: la información que se comunica es voluntaria, unilateral y sin controles de ninguna clase; pero, eso sí, permite disponer del aval de la ONU para definirse como una compañía responsable. “Tal vez, dentro de los informes de progreso de una empresa no todo lo que se cuenta es cierto”, reconoce Jeff Senne, miembro de la oficina del Pacto Mundial, pero “no tenemos ninguna manera de verificar esto, y tampoco es nuestra intención hacerlo”.
Con la consolidación del Global Compact y de otras iniciativas voluntarias similares, ha ganado la batalla de las ideas ese concepto del que tanto se ha oído hablar en los últimos años: la Responsabilidad Social Corporativa. Este nuevo paradigma en el que las empresas transnacionales afirman basar su comportamiento ha servido para generar una extensa bibliografía, pero en torno al mismo sigue habiendo una cierta ambigüedad conceptual que resulta preocupante. De hecho, la RSC se ha convertido en una especie de cajón de sastre en el que tienen cabida desde el marketing solidario hasta los códigos de conducta, pasando por los informes de sostenibilidad, las actividades sociales y culturales, y la puesta en marcha de proyectos educativos y de cooperación al desarrollo en países empobrecidos, entre otras muchas actividades.
Uno de los argumentos más citados para cuestionar la RSC es que es una herramienta de marketing: sirve para evitar la erosión de la imagen corporativa y funciona como un buen mecanismo para el lavado de cara empresarial. Y, efectivamente, se trata de una adaptación de las grandes corporaciones al medio, como resultado de haber aprendido cómo se deben afrontar las críticas que se les hacen desde la sociedad civil por los efectos de sus operaciones. Pero, además, es muy rentable económica y socialmente, porque es muy útil para potenciar al mismo tiempo el valor de la marca, la fidelización de los clientes y, por lo tanto, los beneficios de la empresa.
Jurídicamente, la extensión de la RSC y de los códigos de conducta impide, de facto, que haya sistemas normativos capaces de neutralizar la fortaleza de la lex mercatoria. Y es que no tiene sentido que, por una parte, los derechos de las empresas transnacionales se protejan mediante los múltiples acuerdos que forman el Derecho Comercial Global
–una complicada arquitectura jurídica fundamentada en las normas vinculantes de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el FMI, los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Protección de Inversiones, entre otras– mientras que, por otra, sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social se dejan en manos de la ética.
En nuestra opinión, para paliar esta asimetría, sería necesario poner en marcha un código internacional que no parta del principio de voluntariedad y que posea un carácter imperativo, coercitivo, sancionador y exigible ante los tribunales competentes. En esa misma línea, habrían de crearse tanto un Centro de Estudios y Análisis sobre empresas transnacionales –en el seno de Naciones Unidas– como un Tribunal Internacional para las multinacionales. Finalmente, con todo ello, nos encontraríamos en disposición de empezar a afrontar uno de los grandes desafíos en la era de la globalización: medir los verdaderos efectos sociales, económicos, laborales, ambientales y culturales de las actividades de las empresas transnacionales por todo el planeta.
Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco
Pedro Ramiro pertenece al Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad
ÁNGEL GABILONDO
Al menos estamos de acuerdo en que la universidad necesita una profunda transformación. También es cierto que no somos pocos los que trabajamos en ello. Y no deja de ser verdad que hay modelos diferentes de entender en qué ha de consistir ese cambio radical y cuál ha de ser su alcance. Coincidiremos también en que la universidad ha sido un factor determinante en la inclusión social, si bien sigue siendo indispensable insistir en esa dirección.
Empecemos por no satanizar ni descalificar los argumentos de quienes no piensan en este asunto como nosotros. Y, sobre todo, no caigamos en el maniqueísmo de considerar que los intereses de la universidad son angélicos y nosotros, sus miembros, seráficos, mientras que “la sociedad”, de la que se habla con una distancia que estremece, es mercantilista. Sin duda, la sociedad en gran medida lo es, y nosotros formamos parte de ella y, sin duda, también muchos compartimos valores y convicciones para perseguir y luchar por que el mundo sea más justo y solidario. Puede extrañar que esto tenga algo que ver con el proceso y el debate sobre el espacio europeo de educación superior, pero es que se viene hablando de estas cosas, aunque no sólo de ellas.
Ciertamente, en ocasiones el debate más parece tener que ver con las formas de participación y de representación, con la legitimidad de los órganos de decisión e incluso sobre el sentido y alcance de la democracia, hasta acabar por deliberar sobre la globalización y, en definitiva, sobre el mundo. Y no es que el asunto esté al margen. Quizá se trata de eso, en última instancia, siempre que hablamos del conocimiento, de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la universidad. Pongamos entonces las cosas en su sitio y, si ese es el debate, centrémonos en él, pero en ocasiones es desconcertante comprobar las derivas argumentativas que, por ejemplo, conducen a algunos a considerar la elaboración de los nuevos planes de estudio como una muestra de la mercantilización de la educación superior. Hacemos bien en cuidarnos de que no sea así y, de hecho, las universidades trabajamos para que no sea así. Y no es así, hasta donde sé.
Ni los organismos públicos y privados, entidades, administraciones, empresas… son clara expresión de la perversidad del mundo, ni atender las demandas de la sociedad es signo de la claudicación a los intereses del mercado. No siempre resulta fácil conocer cuál es esa demanda, ni quién la transmite. Tampoco es sencillo saber quién habla en nombre de la justicia y la solidaridad y se erige en su portavoz. Aun siendo difícil, tendremos que esforzarnos colectivamente por escuchar, por escucharnos y por no ceder ante planteamientos que sólo persiguen la rentabilidad económica y el beneficio. La universidad es determinante socialmente, con sus procesos de formación, de investigación, de generación y transmisión del conocimiento, con su espíritu crítico y con su responsabilidad, que es también capacidad de responder. Y responder no es rendirse. No somos adiestradores profesionales, ni nuestro único objetivo es capacitar para producir, pero estimamos que formar para poder desarrollar una actividad, una profesión, y procurar un oficio no es incompatible con ser dignos ciudadanos, ciudadanos dignos. Ni hemos nacido para ser empleados, ni para que otros lo sean por nosotros, mientras calificamos desde nuestra atalaya. Así que no considero inapropiado pensar que es compatible el conocimiento con que con él puede desempeñarse honestamente un oficio y ser un buen profesional.
Desde estos presupuestos, el debate ha de centrarse en los aspectos relativos a las acciones más específicas en la que ahora nos ocupamos: modificar las formas convencionales de aprender y elaborar nuevos planes de estudios. Algunos insistimos en la necesidad de estudiar y de enseñar, pues no se trata de quedarnos en aspectos formales. Es tiempo ya de ser menos convencionales. Están llenas de sentido nuestras precauciones para que la formación no suponga una pérdida de conocimientos a favor de un amaneramiento de las habilidades, pero también es cierto que determinadas competencias son también conocimiento. Y hemos de hacer valer en las memorias para la verificación de los planes de estudio una concepción rigurosa, científica y social de las materias, y tales memorias no han de ser simplemente una combinación burocrática de ingredientes para satisfacer los requisitos solicitados. Está en nuestra mano hacerlo y es nuestra obligación reclamarlo de las agencias de evaluación. En este aspecto hemos de ser extremadamente exigentes. Pero tampoco hemos de considerar que una distribución razonable de los recursos es una perversión del conocimiento. Podemos y debemos proceder adecuadamente.
Al respecto, resulta clave la igualdad de oportunidades para que mediante, entre otras medidas, una política rigurosa, clara y extensa de becas se garantice la efectiva movilidad entre las regiones y países, para propiciar el acceso a los estudios y para que sean reales sus proclamadas ventajas. Sin ella, el espacio de educación superior no es realmente común. Hemos de reclamar y reclamamos que sea así. Sin duda, es imprescindible un debate sobre el modelo de financiación del sistema universitario, con objetivos, con indicadores, con rendición de cuentas, desde una concepción social que no considere a las personas como mercancía y que no olvide que una institución pública no es propiedad de quienes trabajamos en ella. Ser servidores públicos supone reconocer que lo público es patrimonio social. Efectivamente, y hasta el extremo de que es indispensable un mayor esfuerzo y compromiso de toda la sociedad en la financiación de las universidades, garantizándose públicamente la misma, pero requiriendo el concurso de todos mediante fórmulas mixtas. Ello no supone renunciar al criterio propio ni a la libertad de investigación.
Comparto la posición de quienes estiman que la formación de profesores no puede reducirse a una implementación de aspectos pedagógicos y psicológicos, ni ha de ser monopolio de la didáctica. Sin renunciar a estos aspectos, cualquier máster que busque esa competencia ha de suponer una mejoría de conocimientos específicos. Y es cierto que ello plantea un problema serio en relación con otros másteres. Ha de combinarse el rigor académico con aquellas estrategias que faciliten el aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles obtener buenos resultados académicos, que eviten tanto abandono y fracaso escolar.
En todo caso, lejos de toda voluntad de mercantilización, es indispensable la vinculación de la universidad con la sociedad de la que forma parte. Hemos de retornar el esfuerzo de los ciudadanos procurando bienestar mediante el conocimiento. Ello no significa rendición ante el mercado sino responsabilidad ante la necesidad de que la universidad sea determinante en la creación de condiciones de nuevos modelos económicos y sociales, basados en el conocimiento, en la investigación, en la innovación y en el desarrollo, lo que en modo alguno se logrará aislándonos, autosuficientes, de nuestros entornos sociales, económicos y políticos. Ni siquiera aunque para explicarlo hagamos discursos sobre la claudicación de la universidad, lo que en absoluto sucede.
Ángel Gabilondo es Presidente de la CRUE y rector de la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Iker Ayestaran
