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Dominio público

Opinión a fondo

Euskadi y la gobernabilidad

08 may 2009
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bandera.jpgDesde ayer, el País Vasco cuenta con un nuevo lehendakari, el socialista Patxi López. Y por primera vez desde hace tres décadas se quiebra la constante de un jefe del Gobierno autonómico nacionalista y se pone fin a la hegemonía política del PNV desde que entró en vigor el sistema autonómico surgido de la Constitución. Se cumple así en Euskadi una de las virtudes de la democracia, que es la alternancia en el poder, aunque sea esta todavía una asignatura pendiente en algunas comunidades autónomas. No es el cambio, sin embargo, una ley de hierro, sino la soberana decisión de los ciudadanos, que imponen con sus votos la competencia en el ejercicio del poder.

De las pasadas elecciones autonómicas, el PNV salió como el partido más votado, pero incapaz de reunir una mayoría para formar Gobierno. Pero la circunstancia de tener más diputados que el PSE no le da base para sostener que el Gobierno de Patxi López es ilegítimo. Su reivindicación inconsciente del monopolio se estrella con la realidad de que el líder socialista obtuvo el pasado martes la mayoría entre los representantes de la soberanía popular. Olvida, además, el mayor partido de Euskadi que en España rige un sistema parlamentario y que en 1986 ganaron los socialistas pero el lehendakari fue nacionalista.

El Gobierno que preside López, aparte de la novedad, propone una nueva vía que concita muchas esperanzas, pero conviene tener en cuenta que no está exenta de peligros. En primer lugar, los socialistas van a gobernar en minoría. Su estabilidad depende ahora exclusivamente del apoyo parlamentario del PP, lo cual indica que estará sometido a condiciones. El lehendakari socialista se enfrenta a la vez a la oposición declarada de todo el arco nacionalista, lo que no es un buen principio para intentar integrar a una sociedad dividida en dos mitades. El nuevo Parlamento vasco está libre por primera vez de representantes del entorno político de ETA, pero aún está por ver si ello va a favorecer la declarada política antiterrorista y propiciar el definitivo fin de la violencia. Tampoco se puede predecir si el nuevo camino diseñado reducirá las pulsiones soberanistas que tanto ha alimentado Ibarretxe, una vez que este ha anunciado su retirada de la política activa.

Gobernar en el País Vasco es un valor irrenunciable. “Para nosotros hubiera sido más fácil una coalición con el PNV a cambio de un pacto de lesgislatura que garantizara una mayoría estable en el Congreso”, afirma un destacado miembro del Gobierno. En esa solución de libro había un escollo difícil, la insoportable continuidad de Ibarretxe, y una apuesta catastrófica para el futuro. Ese descartado pacto hubiera acarreado un castigo electoral para el PSOE no sólo en Euskadi, sino en el resto de España. El País Vasco, más que cualquier otra comunidad, vota en todo el Estado. Y la España plural que formuló José Luis Rodríguez Zapatero antes de su acceso al poder apenas existe en el mapa. Los nacionalistas han perdido el poder, con la reducida excepción de ERC en el tripartito catalán.

La decisión compartida por el presidente Zapatero y por el propio Patxi López es aprovechar el capital político de ese triunfo vasco y los posibles beneficios políticos de una buena gestión en Euskadi. Es una apuesta coherente, porque la renuncia no hubiera sido comprendida, aunque ello acarrea una dificultad añadida para el Gobierno central. Lo que en Vitoria es una boda de conveniencia del PP con los socialistas, en Madrid se convierte en asedio. Mariano Rajoy trabaja en el Congreso con el arma de una oposición dura en la tesis de que la crisis económica será tan larga que devorará al Gobierno socialista. En ningún país europeo se produce una contradicción tan dura sobre la salida de la crisis.

A ese acoso del PP se han unido PNV y CiU, víctimas del despecho, dibujando un panorama que hace prever serias dificultades para aprobar el próximo Presupuesto. Con la decisión vasca, el Gobierno de Madrid se añade otro frente de dificultades. Pero el Partido Popular debería barajar que Zapatero tiene tiempo por delante. Y las dos formaciones nacionalistas tendrían que ponderar el desgaste que se produjo en sus filas cuando prestaron su apoyo al PP en la primera legislatura de Aznar.

FÉLIX MONTEIRA, director de ‘Público’.

Jueces y política

26 sep 2008
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ÁNGEL LÓPEZ

09-26.jpgEl viejo maestro de escuela anarquista nos dice con sorna, ante una de las primeras botellas de cola que llegan a la mesa: “El imperio exporta todo, incluida la zarzaparrilla, aunque sea añadiendo gas”. Me asalta este recuerdo, como en tantas ocasiones, cuando constato que lo que sucede en EEUU es precedente de alguna historia o historieta patria. La última, la reciente elección de los vocales del CGPJ, órgano que no es Poder Judicial, pero que gobierna a este. Uno de los grandes retos del CGPJ consiste en no trasladar su dinámica política –siempre ineludible– a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta tarea corresponde a los jueces y tribunales y, según se dice, no debe ser política. Pero vamos por partes.
El rechazo del juez político –o la reivindicación del apolítico– es una postura farisaica. Hace años, y como consecuencia del incremento de la acción del Estado y el progreso de los derechos fundamentales, ilustres juristas de todas las tendencias pusieron de manifiesto la inexorable politicidad de la interpretación judicial.

El juez es inevitablemente político. Lo importante es dilucidar de qué manera lo manifiesta, pues, con bastante frecuencia, la ley deja margen para que su interpretación judicial envuelva una cierta politicidad. En este debate, hay que abandonar el reproche hipócrita de que el Poder Legislativo o el Gobierno dominan e incluso atropellan a los jueces. El problema es bien distinto: ¿quién custodia a los custodios judiciales? Como la respuesta es “los custodios mismos”, hace falta que suceda un caso dramático, como el de la niña Mari Luz, para que veamos los inconvenientes de este modelo. Cabe recordar al respecto la frase de John Marshall, que fuera presidente de la Corte Suprema de EEUU: “Nosotros no hablamos los últimos porque tengamos razón, sino que tenemos razón porque hablamos los últimos”.

Nuestro Estado de Derecho está fundado sobre la imposibilidad del control a posteriori de las decisiones judiciales, salvo los recursos ante otros órganos también judiciales. Por ello se hace necesario incidir a priori sobre la estructura del Poder Judicial, y no solo desde el punto de vista técnico.

A poco que se piense, la forma de hacerlo remite siempre al Legislativo. No solo por su potestad para aprobar leyes, sino también porque es en sede parlamentaria donde habría que instaurar un verdadero control político (sí, político) de la idoneidad de los vocales del CGPJ, magistrados del TC y de altos cargos judiciales. De ello deriva una primera consecuencia: solo una regeneración de la vida política garantizaría algún éxito en las reformas. No sé si esto es utópico o no; lo que sé es que cualquier otro programa lleva a más de lo mismo. Basta ver lo sucedido con la reciente elección de los vocales del CGPJ. Si reprobable ha sido el método de la negociación, más aún ha sido la comparecencia parlamentaria de los propuestos, donde todo fueron flores, con un nivel de trivialidad general. Mal hecho: la opinión pública tiene derecho a saber lo que piensan quienes han de gobernar el Poder Judicial en los temas donde su postura pueda incidir –sobre todo a través de los nombramientos– en los propios jueces.

Traigo ahora a cuento lo de la zarzaparrilla con gas. La elección de jueces de la Corte Suprema en EEUU, que también hace de Tribunal Constitucional, se realiza a propuesta del presidente del país y debe ser ratificada por el Senado; lo que ha ennoblecido el sistema es que la comparecencia del designado ante la Cámara era todo un juicio a sus ideas jurídico-políticas. El sistema ha sido totalmente deteriorado por la revolución conservadora, ya que la ideología neocon ha entendido que esa magistratura vitalicia resulta esencial para que su pensamiento se consolide más allá de los azares electorales. Pues bien, con una indagación adecuada no sería tan fácil, ni allí ni aquí, el consenso partidario.

En el trance de elegir magistrados constitucionales, propongo un modesto interrogatorio, a contestar sin elusiones: qué piensan los propuestos de las políticas de inmersión lingüística; de la afirmación de que “Franco no era tan malo”; del suicidio asistido; de si los acuerdos con la Santa Sede son constitucionales; de la Educación para la Ciudadanía; de una ley de plazos en el aborto; de si el Gobierno puede intervenir o expropiar una empresa o un sector productivo mediante Decreto-Ley; de la autoridad reguladora en defensa de la competencia o medios de comunicación; de si se debe suprimir la Audiencia Nacional; de cómo entienden el delito de apología del terrorismo y el de prevaricación. La enumeración no es exhaustiva.

A continuación, sus señorías decidirían sobre la idoneidad de los candidatos, pero los ciudadanos podríamos juzgar a los que toman la decisión. Frente a la inevitable politicidad del juez, la política recobraría su primado, que no es sino el de los ciudadanos. Sin preguntas banales, contestaciones elusivas, silencios y botafumeiros vergonzantes, sabríamos si nuestros parlamentarios están importando por lo menos zarzaparrilla con gas y no agua sucia.

Ángel López es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla y ex presidente del Parlamento Andaluz

Ilustración de Enric Jardí