18 de julio y consejos de guerra
Ángel Viñas
Catedrático de la UCM. Autor de ‘La conspiración del general Franco’
Ilustración por Javier Olivares
El escándalo del Diccionario Biográfico Español, publicado por la Real Academia de Historia (RAH) y el acercamiento del LXXV aniversario de la sublevación militar de 1936 han revelado, una vez más, cómo una parte de la sociedad española no se aviene a acomodarse con un pasado desfigurado. Los mitos de los vencedores siguen surtiendo efecto.
Aquí reseñaremos algunas de sus justificaciones para llevar a consejos de guerra a una masa ingente de ciudadanos, cuyo único delito fue no sumarse a la rebelión y permanecer leales al Gobierno legítimo. No hemos elegido cualquiera de los incontables consejos que los militares sublevados montaron en territorios bajo su control. Nos hemos fijado en Canarias.
1. Fue en Santa Cruz de Tenerife en donde el general Franco preparó la sublevación con un plantel de desvergonzados juristas militares que rápidamente pusieron en práctica una represión extrema.
2. No encontraron resistencia. Las islas compartieron tal característica con otras regiones como Galicia, Castilla la Vieja, León, Rioja y Navarra. Los rasgos de la represión canaria son, sin embargo, particularmente elocuentes.
3. Algunos de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que conspiraron con Franco se distinguieron por su crueldad. En ciertos casos, como por ejemplo el de Rafael Díaz-Llanos Lecuona, tuvieron una brillante carrera durante el franquismo.
Los argumentos –consultables en http://pedromedinasanabria.wordpress.com y a cuyo autor, Pedro Medina Sanabria, agradezco rendidamente la información– que se utilizaron contra un soldado de Artillería, Miguel Tejera Afonso, son suficientemente ilustrativos. Se le acusó de haber sustraído 50 pistolas para entregarlas a los “enemigos del orden y, en último término, de la Patria”. En condiciones de interrogatorio que no debieron de ser agradables, Tejera “confesó” que lo hizo durante los meses anteriores al 18 de julio. Recibió un promedio de diez pesetas por arma.
Del examen del procedimiento se desprendían, según el fiscal Pablo Hurtado, los siguientes hechos (así se afirma en la causa):
1. “A partir de la fecha en que por consecuencia de las elecciones celebradas (…) en febrero (…) de 1936 triunfó y se erigió en conductor de los destinos de nuestra Patria el funesto Frente Popular fue desarrollándose un estado de indisciplina y de subversión tal que luego, con el franco dominio en las calles del terrorismo y tendencia anarquizante de determinados elementos obreristas, dio lugar en 18 de julio a la declaración del estado de guerra que hiciera en esta Isla el entonces Comandante Militar y hoy Generalísimo y Jefe del Estado Español Excmo. Señor General Franco”.
2. Lo hizo “para oponer un dique a la labor demoledora de los que por su actuación estaban ya declarados por la conciencia nacional como enemigos de la Patria; y ello, en uso de las atribuciones que al Ejército concede su Ley constitutiva [de 1878] que le impone la obligación en todo momento de defender a la Patria contra enemigos interiores y exteriores”.
3. “En este estado las cosas, en plena euforia revolucionaria (…) el llamado Comité de Defensa revolucionario (sic), formado por personas unas huidas y otras juzgadas por anteriores Consejos de Guerra (…), se dedic[ó] a la consecución por todos los medios a su alcance (…) de elementos de guerra que en sus manos serían de destrucción”.
El soldado Miguel Tejera Afonso fue pasado por las armas. Muchos otros corrieron la misma suerte. Los sublevados “cumplían la ley”. Eran los leales quienes se habían puesto al margen de ella. El mundo al revés.
Todas estas “justificaciones”, todavía empleadas en los años sesenta, eran camelos. Su trayectoria se ha complicado. Al principio se trataba de prevenir una presunta revolución “soviética”. Es lo que los conspiradores vendieron a los británicos para convencerles de que la República era un régimen despreciable y al que no había que ayudar. Después del colapso de la URSS, la revolución “soviética” se sustituyó por otra no menos presunta revolución que habrían intentado los socialistas. Finalmente, ya en estado agónico y de
desesperación, ciertos autores han empezado a inclinarse por un argumento que sirvió de tapadera a casi todos los que esgrimieron los sublevados y que se cuidaron previamente de airear a todo trapo en las Cortes de la época: un no menos presunto “Estado de necesidad”, derivado de las alteraciones de la ley y el orden. Que las hubo, no cabe duda. Que fueron exageradísimas, está hoy suficientemente demostrado. Véanse, por ejemplo, los recientes artículos de los profesores Eduardo González Calleja y Francisco Sánchez Pérez en el corriente número de la revista de la Casa de Velázquez. El argumento fue, en gran medida, alentado por una estrategia bien meditada de provocación. Las bajas más numerosas las causaron las propias fuerzas del orden y los pistoleros falangistas.
¿Quién devolverá la vida a los ejecutados en base a aquellos argumentos? En mi opinión, hubiera debido plantearse seriamente la anulación de todos los consejos de guerra franquistas. Una medida radical que habría cortado por lo sano con ese cáncer que corroe la recuperación del pasado y que alienta la tan grotesca desfiguración de la experiencia republicana.
Mientras tanto, pongamos a Francisco Franco frente a sus responsabilidades ante la historia, oculte lo que oculte el biógrafo que más ha contribuido (aunque no es el único) a dejar a la RAH a la altura del betún.
