Antonio Estella
Catedrático Jean Monnet de la Universidad Carlos III de Madrid
Ilustración de Enric Jardí
El debate europeo y español sobre la necesidad de aplicar medidas de estímulo económico para salir de la crisis está indisociablemente unido al de su financiación. ¿Quién pagará un nuevo plan de estímulo para que Europa se recupere? Por sí solos, ni Estados Unidos, ni Alemania ni Francia tienen hoy en día recursos suficientes como para ayudar. Un nuevo Plan Marshall solamente podría venir de los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), y en particular del gigante amarillo, de China. Ello ha sido objeto de una especial atención en la última cumbre del G-20 celebrada en Cannes.
Según las estimaciones más recientes, los BRIC han ido acumulando a lo largo de los últimos años –pero específicamente desde que estalló la crisis económica– aproximadamente el 40% de las reservas mundiales de divisas (unos tres billones de dólares). China se lleva la parte del león: se estima que detenta un 30% de dichas reservas. La crisis económica tiene mucho que ver a la hora de explicar este fenómeno puesto que el dinero ya no llama a las puertas ni de Europa ni de Estados Unidos, y sí que lo está haciendo a las de los países emergentes. Pero otras causas explican también tal incremento del ahorro en esta parte del planeta, como la subida de los precios del petróleo y el gas natural (en general, los de las energías fósiles), la “guerra de divisas” entre el yuan y el dólar, y el extraordinario crecimiento económico que están experimentando estos países.
Algunos autores, como Griffith-
Jones y Ocampo (2008), señalan, sin embargo, que los países emergentes están acumulando más reservas internacionales de lo que sería deseable para la estabilidad del sistema financiero internacional. Por ello, estos mismos autores proponen que el excedente de ahorro que los BRIC están acumulando debería emplearse para contribuir a la recuperación de las economías del llamado mundo desarrollado. Por ejemplo, los autores antes citados estiman que con emplear simplemente el 1% de los fondos soberanos con los que cuentan estos países, se podría generar una nueva herramienta de préstamo equivalente aproximadamente a 70.000 millones de dólares anuales, que se podría destinar a fines diversos.
En realidad Griffith-Jones y Ocampo se fijan en los fondos soberanos, que son solamente una porción de las reservas que los BRIC acumulan. Por tanto, estamos hablando, en la práctica, de muchos más recursos. En cualquier caso, sobre la base del ahorro acumulado por China y el resto de los BRIC, se podría articular una Facilidad Financiera Global que sirviera para estimular el crecimiento en los países desarrollados. Esta Facilidad Financiera Global se emplearía para activar los sectores más productivos de las economías de los países desarrollados, sobre todo aquellas actividades que propiciarían un crecimiento sostenible, equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, como las energías alternativas, la investigación y el desarrollo, la educación, la sanidad, etc. La Facilidad podría articularse a través de algunas de las instituciones internacionales que ya existen, como por ejemplo el FMI, aunque probablemente, y teniendo en cuenta lo ranciamente conservadora que es esta institución, lo más apropiado sería que fuera independiente de ella. La facilidad podría ser gestionada, por ejemplo, a través de algún organismo multilateral mucho menos sesgado desde un punto de vista económico, como podría ser la ONU.
Son muchísimos los beneficios que las economías de los países desarrollados obtendrían de la aplicación de esta medida, pero sin duda alguna, las economías emergentes también se verían beneficiadas. En efecto, según los pronósticos de las instituciones que más de cerca analizan la evolución de los BRIC, estos países están actualmente sometidos, por un lado, al riesgo del
sobrecalentamiento económico, y por otro, al riesgo de una caída abrupta en la demanda proveniente de los países desarrollados. Por tanto, la colaboración de los BRIC con los países desarrollados podría tener el efecto de enfriar de alguna manera las economías de aquellos, al mismo tiempo que se sostendría la demanda de los países desarrollados. Ambas trayectorias contribuirían decididamente a que el crecimiento del planeta fuera mucho más equilibrado. Además de todo ello, los mercados financieros internacionales verían reducidas las tensiones que padecen en estos momentos, lo que nos beneficiaría a todos, pero también a los BRIC, que no tendrían que preocuparse tanto por cubrir el riesgo de un nuevo cataclismo financiero, su inquietud fundamental en estos momentos.
Los detractores de medidas como las que se defienden aquí dicen que el establecimiento de una Facilidad Financiera Global financiada por los BRIC, y en particular por China, terminaría por alterar los equilibrios geo-políticos del mundo. Sin embargo, es evidente que esos equilibrios están ya alterados de manera irremediable desde hace algún tiempo. El mundo va a pasar, está pasando ya cada vez más por Beijing que por Nueva York o Bruselas. Ello nos plantea dilemas éticos y políticos de difícil solución: ¿una dictadura rescatando a algunas de las democracias más antiguas de la historia de la humanidad? Imagino que la respuesta a esa pregunta es que cuanto más impliquemos a países como China en la gobernanza mundial, más cerca estaremos de que la democracia se vaya abriendo camino en esa parte del planeta.
ANTONIO ESTELLA
Los objetivos de la reunión del Consejo Europeo del último fin de semana de marzo eran triples: primero, seguir respondiendo a los retos que plantea la crisis; segundo, preservar la estabilidad financiera de la Unión; y tercero, estimular el crecimiento de Europa. Sin duda se avanza en los dos primeros objetivos, pero los avances son bastante menores en relación con el tercero, lo que es absolutamente crucial para salir de la crisis.
Para conseguir los objetivos antes mencionados, el Consejo Europeo ha aprobado diversas medidas. En primer lugar, se pone en marcha de manera definitiva el llamado semestre europeo. Dos, se da un espaldarazo político a la mejora de la gobernanza económica europea. Tres, se adoptan nuevas medidas para restablecer la salud del sistema bancario europeo. Cuatro, se refuerza el compromiso de la Unión con el euro, incluyéndose un nuevo pacto al respecto. Y cinco, se adopta el Mecanismo Europeo de Estabilidad de carácter permanente (MEDE). Aquí es importante hacer un recordatorio de carácter legal: lo que el Consejo ha hecho en esta ocasión es dar luz verde a muchas de las iniciativas que previamente habían propuesto tanto la Comisión como la llamada Task Force de Van Rompuy; pero ello no significa que se vayan a implementar inmediatamente, puesto que necesitan todavía algo más de cocina legal para que puedan ver la luz del día.
El Consejo Europeo señala que los estados miembros habrán de hacer un ajuste adicional de alrededor del 0,5% del PIB de cara a 2012. Es decir, se piden más esfuerzos de contención del gasto. Además, el Consejo Europeo muestra su acuerdo con las seis propuestas de la Comisión europea sobre refuerzo de la gobernanza económica de la Unión, y pone un plazo tope para su aprobación: junio de 2011. De todo ello lo que más destaca es el refuerzo de la disciplina monetaria europea y la propuesta de sanciones contantes y sonantes para los estados refractarios a su cumplimiento.
La aprobación del Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente merece ser analizado en un capítulo aparte. Lo primero que hay que recordar es que la aprobación de dicho mecanismo ha requerido de una reforma de los tratados, concretamente del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Lo cierto es que, desde un punto de vista legal, la reforma de este artículo no era realmente necesaria, puesto que una interpretación sensata del Tratado permitía sin duda la adopción del MEDE (¿es que nadie se ha leído el artículo 122 del TFUE?). En realidad, lo que pasó fue que el Tribunal Constitucional alemán señaló que el establecimiento de un mecanismo de estas características carecía de base legal en los Tratados, y amenazó con tumbarlo si antes no se reformaban los mismos. Es decir, que también desde un punto de vista legal Europa sigue el diktat teutón. En cualquier caso, y a pesar de ello, el MEDE se establecerá a través de un tratado entre los estados miembros que forman parte del euro, como organización intergubernamental de “derecho internacional público”.
Cabe preguntarse si eran necesarias tales alforjas para este viaje. Más allá de ello, el MEDE
será operativo a partir de junio de 2013, tendrá un capital de 700.000 millones de euros, de los que 80.000 millones deberán ser aportados por los estados miembros (a España le corresponderá aportar el 11,904%). Lo más interesante de este mecanismo es que no se elimina la posibilidad de la “participación del sector privado” en los rescates, una forma suave de aludir a la posibilidad de defaults de carácter parcial.
El Consejo Europeo incluye, además, un pacto que ha denominado “euro plus”. Aquí se incluyen referencias a la competitividad y al empleo, aunque algunos aspectos son más tranquilizadores que otros. Por ejemplo, se hace alusión de manera directa a la apuesta por la flexi-seguridad. Se dice, además, que los salarios deberán vincularse de forma más clara a la productividad y a la competitividad. Se vuelve a insistir en que, de acuerdo con la evolución demográfica, habrá que hacer nuevos ajustes en los sistemas de pensiones de los estados miembros. La buena noticia (una de las pocas en este sector) es que se hace una declaración muy clara sobre la necesidad de reducir la presión impositiva de las rentas del trabajo, al mismo tiempo que se insta al establecimiento de un impuesto de transacciones financieras de carácter global.
Por último, en lo que se refiere al crecimiento, se hace una nueva apelación a la necesidad de fortalecer el mercado único, reducir la carga regulatoria “en general” y fomentar el comercio con terceros estados, cuestiones que, en el contexto actual, parecen más una broma pesada que cualquier otra cosa.
Para acabar de cerrar el círculo del Gobierno económico europeo, es necesario llegar a un equilibrio entre austeridad y estímulo. En la reunión del pasado 24 y 25 de marzo, vemos mucho de lo primero y casi nada de lo segundo. Sin verdaderos estímulos al crecimiento económico productivo, Europa resolverá sus problemas de déficit y deuda, pero caerá en el estancamiento económico y en la irrelevancia internacional, con un grave coste para las generaciones presentes y futuras.
Antonio Estella es responsable de relaciones internacionales y cooperación de la Fundación IDEAS
Ilustración de Gallardo
ANTONIO ESTELLA
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, tuvo el mérito de revitalizar en 2008 una antigua discusión, promovida originalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre las nuevas bases para medir el progreso de nuestras sociedades. En efecto, Sarkozy convocó, en febrero de aquel año, a un grupo de sabios liderados por el profesor Joseph Stiglitz para hacer un ejercicio aparentemente técnico pero de un calado normativo y prospectivo de la mayor intensidad. Sarkozy les pidió a los sabios la elaboración de un informe en el que se propusiera una nueva forma de medir el desarrollo económico y el progreso social. Es decir, en lugar de solicitar un informe sobre las nuevas concepciones de desarrollo económico y progreso social en el mundo, se solicitó un informe sobre una nueva forma de medir el progreso económico y social.
Sin embargo, bien es cierto que una cosa lleva, de forma completamente natural, a la otra: si decimos que hay que adoptar nuevas mediciones sobre el crecimiento económico, porque las que hay no capturan con suficiente intensidad determinadas variables, lo que estamos diciendo, en realidad, es que debemos cambiar no solamente la métrica, sino también nuestra propia concepción de lo que es la prosperidad.
La estrategia de poner el énfasis en la métrica, antes que en el concepto de prosperidad, parece, por tanto, una forma bastante inteligente de abordar el problema de fondo, que es el del cambio de nuestro modelo económico. Los propios miembros del panel así lo reconocen cuando dicen: “Este informe es sobre mediciones y no sobre políticas, y por tanto no discute cómo nuestras sociedades podrían avanzar a través de la acción colectiva hacia la consecución de determinados objetivos. Sin embargo, como lo que se mide de manera inevitable conforma lo que se pretende conseguir (…), el informe y su implementación puede tener un impacto significativo en la forma en la que nuestras sociedades se miren a sí mismas y, por tanto, en la forma en la que las políticas [económicas] se diseñen, implementen y valoren”.
¿Qué tipo de mediciones proponen estos expertos, y qué desarrollo ha tenido esta cuestión? En esencia, lo que este panel de expertos propone es que no se insista tanto en medir el crecimiento económico, entendido en términos de producción, y se pase a un tipo de medición que nos hable del bienes-
tar de la gente. Además, añaden que la medición del bienestar de la gente debe situarse en un contexto de “sostenibilidad”. Bienestar y sostenibilidad, pues, como grandes ejes de nuestras nuevas mediciones (léase: como grandes ejes de nuestro nuevo modelo económico). El mensaje es, por tanto, claro: si conseguimos sociedades con más bienestar y más sostenibles, tendremos un mundo más próspero. Si por el contrario fracasamos, tendremos más de lo mismo: crecimiento medido en términos, simplemente, de lo que somos capaces de producir, y no de cómo repercute ese crecimiento en nuestro bienestar y en el de las siguientes generaciones.
Más concretamente, cuando hablan de bienestar, los expertos a los que me refiero señalan que se trata de un concepto multidimensional, que incluye variables como el estándar de vida de la gente (aspectos materiales como la renta, el consumo, o la riqueza) pero también otros aspectos como la salud, la educación, las actividades personales, la participación política y la gobernanza, el capital social, el medio ambiente, la seguridad…Por otro lado, cuando hablan de sostenibilidad, no solamente hablan de cuestiones medioambientales, sino, además, de la necesidad de crear un stock suficientemente amplio de capital humano, social y físico. Es decir, cuando hablan de sostenibilidad, de lo que en realidad están hablando es, ni más ni menos, que de recuperar el compromiso ético y moral que las generaciones presentes deberíamos tener y mantener con las futuras.
Los trabajos de la comisión liderada por Stiglitz han revitalizado, como decía antes, la discusión que se llevaba produciendo sobre esta cuestión en el seno de la OCDE desde hace tiempo. De esta manera, la Comisión Stiglitz se ha vinculado al Foro Mundial que la OCDE
ha promovido sobre la materia. Por su parte, en nuestro país ya se ha iniciado el trabajo para disponer de un informe como el de la Comisión Stiglitz, dirigido por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, el Instituto Nacional de Estadística y el Club de Roma. Este proceso cuenta, además, con el apoyo de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Pero, por ahora, lo cierto es que el debate es un debate de expertos que ha tenido poca relevancia en el ámbito político, no digamos ya entre la opinión pública.
Demos por buena la estrategia de la Comisión Stiglitz y pongamos, esta vez al menos, los bueyes delante del carro. Hablemos de una nueva métrica de la prosperidad como forma de hablar de las nuevas bases sobre las que se asiente el nuevo modelo económico que emerja tras esta crisis que padecemos. Si al final conseguimos crear sociedades que produzcan bienestar duradero para todos y cada uno de nosotros, y no simplemente sociedades cuyos ciudadanos sean piezas más o menos permutables de una gran maquinaria orientada a producir por producir, podremos empezar a decir, ahora sí, aquello ya tan manido de que nada será igual tras esta crisis económica.
Antonio Estella es reponsable del Área de Internacional de la Fundación IDEAS
Ilustracion de Federico Yankelevich
ANTONIO ESTELLA
La Comisión Europea presentará hoy sus propuestas sobre la Estrategia 2020, que sustituirá a la Estrategia de Lisboa. Lo primero que hay que decir es que la Estrategia de Lisboa no ha sido la panacea que muchos esperaban que fuera. Pero tampoco ha sido, como algunos de sus detractores señalan, completamente ineficaz. Una evaluación científica de los resultados que la misma arroja nos permite señalar que Europa había conseguido, antes de la crisis económica, alcanzar varios de los objetivos propuestos (por ejemplo, en materia de empleo femenino). Sin embargo, es cierto que, en muchos otros sentidos, la Estrategia de Lisboa no ha dado buenos resultados. En particular, no ha sido eficaz a la hora de intentar solucionar uno de los problemas más importantes que padece Europa (y España con ella), que es el de la productividad.
Por tanto, la reflexión que nos permiten hacer estos datos es que un ejercicio de coordinación de políticas económicas como el que encarna la Estrategia de Lisboa merece ser retenido, si bien, precisamente por los defectos que presenta en algunas áreas, es necesario reorientar la Estrategia. ¿Hacia dónde, exactamente?
La Fundación IDEAS ha querido participar en este fundamental debate para el futuro de Europa elaborando un Informe en el que se hacen toda una serie de recomendaciones y propuestas sobre la dirección hacia la que la nueva Estrategia 2020 debería quedar encaminada. Pensamos que, fundamentalmente, habría que reorientar la Estrategia tanto en lo que se refiere a su contenido como, sobre todo, en lo relativo a su gobernanza. En relación con lo primero, lo que proponemos es que la Estrategia 2020 se reoriente hacia una gran finalidad, la prosperidad, a través de tres objetivos específicos, la sostenibilidad económica, social y medioambiental, introduciendo para ello nuevos y menos indicadores (concretamente nueve indicadores). En efecto, Europa tiene que cambiar de modelo económico. Tiene que pasar del crecimiento y la creación sin más de puestos de trabajo, a un crecimiento y una creación de puestos de trabajo de calidad. Así, por ejemplo, esta crisis está poniendo de manifiesto que, a pesar de la intensa destrucción de empleo que está dejando por el camino, los empleos de calidad son los que menos se destruyen, los que mejor parapetados están frente a la crisis. Europa debe profundizar en esta vía.
Además, es muy importante que reordenemos la Estrategia de Lisboa en lo que se refiere a sus instrumentos de gobernanza. Para empezar, hay que plantearse un sistema sensato de incentivos positivos y negativos dirigidos a fomentar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, que acabe con el exceso de flexibilidad del Método Abierto de Coordinación (que, por cierto, ha tenido mucho más de apertura que de coordinación). Proponemos un esquema en el que el sistema de incentivos se articule, fundamentalmente, a través de la creación de lo que denominamos el “Fondo Lisboa”, que supondría una ampliación del techo del presupuesto comunitario del 1,05% de la Renta Nacional Bruta (RNB) al 1,27%.
Esta ampliación se financiaría a través de nuevos impuestos sobre transacciones financieras y emisiones contaminantes a la atmósfera. Así constituido, lo que proponemos es que, por un lado, las 2/3 partes del Fondo Lisboa se dediquen específicamente a que los estados miembros cumplan con los nuevos objetivos de la Estrategia 2020. El tercio restante constituiría lo que hemos denominado el “premio Lisboa”: es decir, serían fondos adicionales que se repartirían entre los estados miembros que fueran cumpliendo objetivos. En este sentido, los estados no serían elegibles para cobrar el premio Lisboa cuando, a propuesta de la Comisión europea, se produjera una decisión del Consejo de la UE cerrando el paso a ese premio. La Comisión europea no solamente penalizaría el incumplimiento de objetivos Lisboa, sino más bien los incumplimientos que fueran consecuencia del desarrollo de políticas manifiestamente contrarias al cumplimiento de dichos objetivos, o irracionales. Por tanto, el cobro del premio sería automático, y solamente se suspendería cuando la Comisión, de manera activa, promoviera una decisión en este sentido.
Además, la gobernanza de la Estrategia de Lisboa debería transformarse para que esta pivotara de manera más clara en torno a la Comisión. Proponemos a este respecto la creación de un Mr. (o Miss) Lisboa comunitario, que debería ser, bajo nuestro punto de vista, el presidente de la Comisión. Este vería reforzados sus poderes de coordinación y control de las carteras fundamentalmente conectadas con la Estrategia 2020 (la económica, la social y la medioambiental). Pero, al mismo tiempo, se le debería exigir responsabilidad por los éxitos o fracasos relativos a la implementación del programa de reformas. Es decir, la Estrategia 2020 sería un punto fundamental en el programa de gobierno de cada Comisión entrante. Completarían ese incipiente gobierno económico europeo el presidente del Consejo Europeo, el del Eurogrupo y el del Banco Central Europeo, quienes tendrían asignada la misión de fijar las orientaciones generales de la política económica comunitaria.
En definitiva, Europa necesita una Estrategia 2020 con nuevos objetivos y una nueva forma de gobernanza económica no solamente para salir de la crisis y recuperarse, sino también para seguir siendo relevante económicamente en los próximos decenios.
Antonio Estella es responsable del Área Internacional y de Cooperación de la Fundación IDEAS
Ilustración de Mikel Casal
