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Dominio público

Opinión a fondo

Por un Tíbet libre y… olímpico

08 ago 2008
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ANTONIO RODRÍGUEZ CARMONA

08-08.jpgSe buscan atletas con coraje. El anuncio salió publicado el pasado 29 de julio en New York Times, e iba dirigido a los más de 11.000 atletas que competirán en Pekín en las Olimpiadas: “Te recordamos que seis millones de tibetanos dirigen hacia ti sus esperanzas por una sencilla razón. Tú puedes representar al Tíbet, ellos no pueden. Tú puedes alzar la voz en su nombre, ellos no. Los tibetanos te pasan la antorcha. ¿La llevarás por ellos en Pekín?” (www.athletewanted.org).

La campaña busca una imagen simbólica que dé la vuelta al mundo, como aquella de Tommie Smith y John Carlos, los atletas negros que saludaron con el puño en alto desde el podio olímpico al son del himno estadounidense en los Juegos de México de 1968. “Los atletas gozan de una plataforma y de poder para inspirar al mundo”, asegura el director de Estudiantes por un Tíbet Libre, organización que impulsa esta campaña político-deportiva. Y es que el escenario del deporte encaja muy bien con los principios de no violencia que han caracterizado siempre la lucha tibetana.

Las cifras de la ocupación china del Tíbet son brutales. Propias de un holocausto. Desde que Mao Tse Tung iniciara la invasión ilegal en 1949, han muerto más de 1,2 millones de tibetanos. Las fuerzas de ocupación chinas violaron sistemáticamente los derechos humanos, practicando detenciones ilegales y torturas, así como un completo genocidio cultural. Casi el 90% de los 6.000 monasterios tibetanos fueron destruidos y las imágenes de Buda profanadas en nombre de la Revolución Cultural. Alrededor de 130.000 tibetanos viven hoy día en el exilio, y más de 650 languidecen en las cárceles chinas por razones políticas.

El propio Dalai Lama, máxima autoridad del país, es un refugiado político. En 1959, a la edad de 16 años, se vio obligado a huir de Lhasa para eludir las crecientes amenazas chinas. Acompañado por 80.000 jóvenes tibetanos, atravesó la cordillera del Himalaya en una dramática marcha hacia el norte de la India. Desde entonces, estableció su residencia oficial en Dharamsala. Hoy en día las calles lluviosas de esta ciudad son un hervidero de monjes ataviados con sus ropas burdeos y amarillas. Una mezcla de ambientes, músicas, olores indios y comercios que ofrecen una variopinta oferta turística. Reiki, yoga, meditación, tai-chi, shiatsu, tarot… Un contexto globalizado donde han crecido más de dos generaciones de tibetanos en el exilio, cuyas raíces culturales se han ido disolviendo.

La política del Dalai Lama ha sido el diálogo y la negociación permanente con las autoridades chinas. Hace 30 años renunció a la independencia para reclamar sólo autonomía y libertad religiosa dentro de China. Pero las conversaciones oficiales han estado plagadas de maniobras dilatorias, y no han evitado que continúe la violación de derechos humanos ni la represión religiosa y cultural en el Tíbet. El secuestro de Gendun Chokyi Nyima, el preso político más joven del mundo, constituye tan sólo un ejemplo. El 14 de mayo de 1995, este niño de seis años fue reconocido por el actual Dalai Lama como la reencarnación del décimo Panchen Lama. Tres días después fue detenido junto a su familia. No existen desde entonces noticias de su paradero.

Fiel a los principios budistas, el Dalai Lama hace gala de una paciencia infinita: “Debemos considerar al enemigo como a nuestro mejor maestro. El mejor camino para practicar la compasión”. Su defensa de la no violencia le valió el Premio Nobel de la Paz en 1989. Y un enorme reconocimiento mundial. Ninguno de sus predecesores habría imaginado ser recibido en las principales cancillerías mundiales o ser ovacionado por un Congreso de Estados Unidos puesto en pie. Sin embargo, las décadas de esfuerzos diplomáticos no han variado la determinación china, y las jóvenes generaciones de tibetanos parecen haber perdido la paciencia. La organización Tibetan Youth Congress reclama la independencia total de China y métodos más activos de lucha.

Con motivo del 49 aniversario del levantamiento de 1959, el 10 de marzo estalló una protesta en Lhasa que se extendió por todo el altiplano tibetano. La represión china fue de tal magnitud que más de 150 manifestantes murieron en los disturbios y varios miles fueron detenidos, según Free Tibet, un grupo activista con sede en Londres (según Amnistía Internacional, los incidentes se saldaron con más de 200 muertos). A la brutal acción policial siguió la clausura de monasterios budistas y la deportación de mil monjes al noreste del país. Zhang Qingli, Secretario del Partido Comunista en el Tíbet, ha amenazado con aplicar una segunda revolución cultural a la región tras las Olimpiadas.
En este contexto, los Juegos de Pekín constituyen un campo privilegiado de protesta no violenta. La sombra del boicoteo internacional que planeaba sobre la ceremonia inaugural se diluyó en los últimos meses. Sin embargo, miles de protestas ciudadanas rodearon el recorrido de la antorcha olímpica por el mundo. Desde su misma salida en Grecia hasta su paso por Londres, París o Delhi. Las acciones de denuncia realizadas en el campamento base del Everest, la Gran Muralla China o el Golden Gate Bridge de San Francisco han salido en los telediarios, pero se trata de la lucha de David contra Goliath. Los chinos siguen ejerciendo un control férreo de los medios de comunicación y censuran el acceso a las páginas tibetanas en Internet.

Los últimos días han visto multiplicarse los acontecimientos. La Audiencia Nacional española ha tramitado una querella contra las autoridades chinas por crímenes de lesa humanidad en relación a la represión de marzo. Pese a las advertencias para no “politizar” los Juegos, 127 atletas han firmado un manifiesto a favor una solución pacífica para el Tíbet. Lo publica un sitio alemán en Internet (www.sportforpeace.de). ¿Se atreverá algún atleta a ondear la bandera multicolor tibetana durante los Juegos? El lema de las Olimpiadas reza altius, citius, fortius. Más alto, más rápido, más fuerte… También más respeto a los derechos humanos. Más justicia. Más libertad en el Tíbet. Ojalá veamos una imagen que nos ayude a recordarlo.

Antonio Rodríguez Carmona es consultor independiente en cooperación al desarrollo para la Comisión Europea y diversas ONG

Ilustración de Javier Olivares

¿Por qué nacionalizó Evo Morales el gas?

01 jul 2008
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ANTONIO RODRÍGUEZ-CARMONA

07-01.jpg“Es un líder populista. Lo maneja Chávez. Viene del mundo sindical y cree todavía en la estatización de la economía. No entiende la importancia de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones… Bolivia va camino de convertirse en un Estado Petrolero. El Movimiento al Socialismo (MAS) utiliza los recursos del petróleo para mantenerse en el poder…”. Opiniones como ésta sirven a menudo para explicar los cambios sucedidos en Bolivia en los últimos años, pero ¿son verdad? La pregunta cobra actualidad en el marco del XIX Congreso Mundial del Petróleo, que se celebra en Madrid del 29 de junio al 3 de julio. Un espacio que reúne a los magnates del lobby petrolero, directivos de transnacionales que conocen de sobra los motivos de Evo Morales para nacionalizar.

Las reservas de gas natural de Bolivia alcanzan 54,9 trillones de pies cúbicos, las segundas mayores de la región. En la última década, se convirtió en exportador de gas natural a Argentina y Brasil. Sin embargo, sufre crisis recurrentes de desabastecimiento de diésel y gas licuado, derivados del petróleo que debe importar de sus vecinos. En 1996, Sánchez de Lozada privatizó Yacimientos Petrolíferos de Bolivia (YPFB) y redujo la tributación del sector hasta niveles desconocidamente bajos en la región. Troceó y vendió la empresa pública a precio de gallina muerta con el argumento de incentivar a la inversión extranjera y dinamizar la economía del país.

Pero la privatización estuvo llena de trampas. Las petroleras extranjeras afloraron reservas multimillonarias de gas no computadas, evadieron el pago de impuestos, abandonaron la inversión en refino y se centraron en el área más rentable a corto plazo: la exportación de gas natural. El descenso de la renta petrolera (los ingresos recaudados por el fisco al sector de hidrocarburos) contribuyó a debilitar aún más al Estado, que perdió capacidad de control. ¿Cuál fue el resultado? La profundización del patrón primario-exportador de la economía y la institucionalización de la corrupción. Una historia repetida una y mil veces.

A principios del siglo XXI, la crisis económica disparó los índices de pobreza. El país se sumió en una oleada de conflictos sociales en torno a la tierra, la coca, el agua, los servicios básicos y los planes de libre comercio. Durante la crisis, las petroleras extranjeras no dejaron un día de rentabilizar sus inversiones. A costa de provocar graves impactos sociales y ambientales, que afectaron especialmente a los pueblos indígenas. Repsol, Petrobrás, Total, y el resto de petroleras, fueron objeto de una larga lista de denuncias: vertidos tóxicos, bombeo ilegal de agua, alteración de acuíferos, tala de cursos fluviales y explosión por venteo ilegal de gas. Se produjeron incluso accidentes mortales. La creciente presión motivó que las transnacionales tuvieran que pagar compensaciones por sus daños.

Una consigna se extendió entre los movimientos sociales: “No a la venta del gas”. Tras el expolio de la plata, el caucho o el estaño, el gas aparecía ahora como el último recurso, el último vagón de la historia para salir de la pobreza. El recuerdo de las nacionalizaciones de 1937 y 1969 se convirtió en referente de movilización. Un clamor popular se apoderó de las calles con miles de pintadas: “Nacionalización ¡Ya!”. Ajeno a la dimensión de la protesta, Sánchez de Lozada reprimió los bloqueos y marchas con violencia. Militarizó El Alto. En octubre de 2003, la denominada Guerra del Gas se cobró 65 muertes y más de 200 heridos. Los movimientos sociales no cedieron. “Sin gas no hay paz”. El gobernante tuvo que renunciar y huir del país en un vuelo de American Airlines.

En las elecciones de 2005, el MAS presentó un programa muy simple: nacionalización del gas y Asamblea Constituyente. Ganó con un 54% de los votos. El 1 de mayo de 2006 el Ejército ocupó simbólicamente el pozo de San Alberto, y Evo Morales decretó con megáfono la creación del Impuesto de Hidrocarburos (IDH), que elevaba la tributación del sector del 18% al 50%. La imagen dio la vuelta al mundo. El Gobierno boliviano explicó que su voluntad no era confiscar, sino dialogar y renegociar los contratos con las transnacionales: “Socios y no patrones”. Pese al endurecimiento fiscal, diez petroleras alcanzaron un acuerdo. No se fueron del país.

Los resultados económicos de la nacionalización han sido positivos. La renta petrolera se multiplicó por tres en dos años, al pasar de 539 millones de dólares en 2004 a 1.634 en 2006 (nada menos que del 6,1% al 14,7% del PIB). Y el país rompió su dependencia de la cooperación internacional. ¿Pero en qué se ha invertido la renta petrolera? En infraestructuras rurales, pensiones no contributivas, ampliación del seguro de salud… “El Bono Juancito Pinto viene de la Madre Tierra”. Con estas palabras pronunciadas en un colegio, Morales ligó el bono educativo para combatir la deserción escolar al cobro del IDH. Una ayuda de 25 dólares para todos los alumnos de primaria en escuelas públicas.

Los organizadores del Congreso Mundial del Petróleo eligieron un lema para reconciliarse con la opinión pública. Un mundo en transición: suministrando energía para un crecimiento sostenible. Además, incluyeron un espacio expositivo de Responsabilidad Social, una carpa donde se muestran proyectos que promueven la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el desarrollo comunitario… ¿pero es eso posible? ¿Pueden las petroleras responsabilizarse de la exclusión social y económica? Al menos en Bolivia, el negocio del petróleo, puesto en manos de las transnacionales, ha sido causante de pobreza y concentración de la riqueza. Los movimientos sociales han articulado un Encuentro Social Alternativo al Petróleo, con el fin de denunciar el laberinto de problemas sociales, políticos y ambientales que genera el lobby petrolero en el mundo.

www.NoMasSangrePorPetroleo.org

Antonio Rodríguez-Carmona es miembro del Espacio Social Alternativo al Petróleo (ESAP)

Ilustración de Mikel Jaso