Ariel Jerez
Profesor de Ciencia Política de la UCM
Ilustración de Mikel Casal
El concurso de acreedores de Público amerita una reflexión en la débil izquierda española. El riesgo de que desaparezca dejaría informativa y culturalmente huérfano un campo progresista que en los últimos años empezó a tener perspectiva para cuestionar algunos de los “bien atados” que dejaron Franco y la élite política de la Transición.
El sugerente libro Sistemas Mediáticos Comparados, de Hallin y Mancini, caracteriza el modelo de pluralismo polarizado de los países mediterráneos, donde el alto grado de compenetración entre partidos políticos y grupos mediáticos instrumenta los discursos con especial estridencia ideológica en las disputas políticas, lo que dificulta el distanciamiento y la neutralidad deontológica que deberían orientar a los periodistas al valorar el interés común y la justicia en la esfera pública de una democracia. En el caso español, la información académica utilizada por estos autores les hace valorar escasamente el peso que el largo franquismo tuvo en la conformación de la esfera pública moderna, modelando cuestiones tan centrales para la reproducción cultural como las escuelas de periodismo y la fase electrónica de la comunicación (radio, cine, tv). Su interpretación asume la perspectiva acrítica de la “transición” comunicacional haciendo evidente que conocen superficialmente la historia de El País (PRISA). A este diario adjudican el lugar del periódico progresista que confronta con la derecha, equiparándolo en su esquema comparativo con cabeceras italianas como L’Unitá o La Repubblica, o las francesas Libération o L’Humanité, cuando en un mercado mucho menos plural su línea editorial en ningún momento ha defendido el control público de la economía, el gasto social y los derechos de las personas trabajadoras. Y sí, en cambio, ha demandado y saludado de manera sistemática privatizaciones, flexibilización laboral, desregulaciones y recortes, cuestiones de las que no fuimos muy conscientes hasta que en 2007 apareció Público.
El intenso accionar de esta nueva cabecera en su escaso quinquenio de existencia no está siendo del todo evaluado. No existe una clara conciencia del sutil papel que juega sobre el difuso campo progresista ni sobre públicos activos socioculturalmente que, aunque minoritarios, son clave en la promoción de causas y movimientos democráticos emancipadores. Desde que Público está todos los días en los kioscos, los planteamientos empujados por estos tejidos sociales han ganado profundidad argumentativa para el debate cotidiano (el de la barra del bar) y su reverberación informativa en televisión ha vigorizado un alicaído discurso progresista impotente ante la brunete mediática de nuestros neocons nacionales.
En sus páginas se están tratando temas hasta ahora tabú, como la República (con desafío informativo a la monarquía desconocido en Madrid en las tres décadas de democracia) y la memoria de las víctimas del franquismo (desplegada sobre los derechos humanos y la justicia aún no asumidos por una sociedad todavía traumatizada). Por primera vez un medio de tirada nacional se ha atrevido a modular información que cuestiona los costrosos prejuicios identitarios, abordando cuestiones informativamente asfixiadas por una perspectiva españolista inconsciente de su prepotencia. La inevitable interculturalidad que requiere la deseada España plural necesita voces claras para explicar desencuentros lingüísticos, la necesidad de una salida dialogada a ETA, los datos y razones que están detrás de un modelo territorial fallido y necesitado de revisión.
La dirección editorial de Público promueve una pluralidad de voces en sus columnas y espacios de opinión que sin duda está ampliando el espacio de reflexión común de izquierdas sociales y políticas. La clara consigna de Vicenç Navarro de “bienestar insuficiente” y “democracia incompleta”, vinculadas a las ventajas obtenidas por el campo conservador durante el franquismo y la “transición inmódelica”, pone de manifiesto semanalmente las tareas pendientes de la autocomplaciente socialdemocracia española. Las iniciativas de movimientos mediáticamente marginados como el laicista, estudiantil o el de conocimiento abierto en la red han ganado un generoso espacio en reportajes y artículos de opinión. Las intocadas industrias culturales y la SGAE son criticadas por su mal gobierno en una coyuntura de cambio tecnológico, lo que gana contraste con informaciones sobre otras realidades de creatividad colaborativa independiente de insoslayable valor para la cultura democrática y sostenible. Entre ellas, se podría incluir las colecciones de clásicos de la narrativa española del exilio y de la literatura política universal incluidas los fines de semana a bajo coste, que al tiempo que ponían en las manos de los lectores importantes autores para pensar nuestro tiempo pasado y presente, dejaban en evidencia el afán meramente lucrativo de los coleccionables promovidos por otros periódicos. El comunicado del colectivo editorial de Diagonal en apoyo al periódico puede que sea la primera muestra de reconocimiento de la izquierda social radical a un medio de prensa convencional.
A fines de los noventa, un libro de exitosa circulación interrogaba a las ciencias sociales latinoamericanas jugando con los términos Cultura Política y Políticas Culturales donde Álvarez, Dagnino y Escobar hacían una reflexión crítica de la noción de cultura política exportada desde Estados Unidos al mundo, normalizando como públicos democráticos al norteamericano medio, apático y centrado en el consumo y la vida privada. Por el contrario, estos autores daban claras pruebas de que las mayores aportaciones a las transformaciones democráticas las habían potenciado las prácticas culturales de los movimientos sociales y su capacidad de promover políticas culturales de nuevo cuño con los nodos más avanzados de la sociedad civil. Público juega generosamente un papel de centrocampista repartiendo juego al primer toque en la disputa ideológico-discursiva de los últimos años. Sin duda está colaborando con la esperanza del 15-M, removiendo la indignación surgida en nuestro país para el mundo. Por eso los tejidos sociales activos debemos tener el claro compromiso de apoyar las iniciativas de sus trabajadores para dar viabilidad a un diario fundamental en los años venideros.
ARIEL JEREZ
El ex dictador uruguayo Goyo Álvarez ha sido condenado recientemente a 25 años de prisión por el homicidio de 37 opositores, entendiéndolo el juez como un delito de lesa humanidad. Al tiempo, el juez Baltasar Garzón está siendo sometido a un juicio por el Tribunal Supremo debido a la acusación de una organización de extrema derecha, que exige entender como prevaricación su intento de investigar el asesinato y la desaparición de 113.000 ciudadanos que no apoyaron el golpe de Estado franquista.
Muchos países del mundo que han transitado a la democracia tras cruentas dictaduras han tomado iniciativas para hacer justicia a quienes padecieron las violaciones de derechos humanos. En nuestra ejemplar Transición, coronada con una Constitución monárquica que normaliza la institucionalidad franquista, ninguno de los responsables del régimen represor ha tenido que responder ante la Justicia.
Algunos intelectuales orgánicos del nuevo régimen niegan que haya habido pacto de olvido. Pero cuando desde los poderes del Estado se reafirma, una y otra vez, un espíritu de la Transición, no podemos dejar de interrogarnos sobre esta prolongada operación de manipulación simbólica y discursiva, orientada a contrarrestar la emergencia pública y política de los discursos de quienes cuestionan unos consensos nítidamente conservadores sobre diversos aspectos de nuestra vida en común.
Existe una nueva generación de ciudadanos que no asume este relato transicional, que convirtió a los articuladores de estos pactos elitistas en los grises héroes de nuestra democracia otorgada, y que rechaza una reconciliación presentada como la contracara del caos de los años republicanos y la condena de toda movilización de los de abajo como una irresponsabilidad para consolidar la democracia, cuando no un peligro de reabrir viejas heridas. Y este descubrimiento progresista se debe a una evidencia: pese a la crisis sistémica, nos guste o no, hoy la movilización social de contenido estratégico está en manos del bloque conservador (Iglesia, Partido Popular, empresariado e izquierdas cooptadas-silenciadas). Saben que, anticipándose a todo intento por revisar este relato, consiguen mantener una posición clave para contener cualquier iniciativa de redistribución simbólica y material considerada inaceptable para sus tan bien conservados privilegios.
La defensa de la Transición y la Constitución se ha convertido en un modus vivendi, donde los epígonos de los grises héroes institucionales lograron apartar de nuestra vida pública a los antifranquistas que en la calle lucharon por acabar con la dictadura, para ocupar ellos, en exclusiva, el panteón de los “padres” de la democracia.
En las primeras elecciones democráticas (junio de 1977), el Ministerio de la Gobernación retrasó la legalización de algunos partidos políticos para que no participasen; unos porque podían encontrar posibilidades a la izquierda del PCE-PSOE y otros porque tenían como punto fundamental en su identidad la reivindicación de una república. Así se construyó un Parlamento a la medida de las necesidades del cambio de camisa de las élites franquistas, donde nadie cuestionaría frontalmente el modelo económico y la monarquía, donde izquierdas y derechas votarían una Ley de Amnistía que ha otorgado impunidad a todos aquellos que perpetraron violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Con este pacto, la izquierda se vería obligada a desmovilizar a sus bases, pero también a recortar su imaginario social e ideológico y a renunciar a introducir vectores emancipadores en la reconstrucción de una cultura democrática tras tres generaciones socializadas en el franquismo. En este sentido, el verdadero haraquiri político fue en el campo progresista.
La ejemplaridad del relato hegemónico está basada en la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas educados tras la muerte del dictador, que no han aprendido en sus centros de enseñanza nada o casi nada acerca de las atrocidades del franquismo. Esto ha sido una política de Estado que oculta tanto la dictadura como las dejaciones de los padres de las Constitución. Como ha dejado en evidencia Amnistía Internacional, España es el segundo país en número de desaparecidos del mundo y uno de los peores en formación de derechos humanos. En realidad, vivimos en una monarquía bananera.
Lo que no nos ha impedido presentarnos como el caso de referencia para dar lecciones democráticas en las diversas olas de democratización decretadas por el sector académico funcionalista, satisfecho con homologar democracias contando votos y procedimientos, e ignorando lacerantes e insostenibles desigualdades e injusticias. Mientras tanto, en nuestras ciudades y pueblos agonizaban en silencio, sin reconocimiento público, los hombres y las mujeres que deberían ser el espejo ciudadanista en el que se mirase nuestra sociedad. Estigmatizados por el miedo del “se había significado políticamente”, caían de nuevo en las cunetas de la historia.
Sin duda, nuestra Transición fue un nuevo espejito que quisimos vender a América Latina, donde nuestras redes académicas globalizadas, con el apoyo de fundaciones y multinacionales, organizaban este nuevo relato ejemplar de la madre patria, ignorando activamente cómo muchos de los países hermanos ponían en marcha, sin bonanza económica y con escasos recursos institucionales, comisiones de la verdad, derogaban leyes de punto final y enjuiciaban criminales sin ningún “espíritu” que los iluminase.
Durante unos días, en las jornadas Memorias en transición, expertos de las dos orillas debatieron sobre transiciones, memorias y justicias necesarias, iluminando la virtud de los que luchan por los derechos humanos y la ciudadanía contra la oscuridad del fascismo (ignorancia política activa siempre al acecho).
Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Javier Olivares
HERIBERTO CAIRO, ARIEL JEREZ, DÉBORA BETRISEY, ROSA DE LA FUENTE, LORENZO FERNÁNDEZ, FERNANDO HARTO, OMAR DE LEÓN, JUAN CARLOS MONEDERO, ANTONIO PALAZUELOS, JOSÉ ÁNGEL SOTILLO Y JOSÉ ANTONIO SANHAJUJA
El nuevo golpismo tiene claros sus objetivos en América Latina: dirigentes preocupados por la injusticia social que deciden consultar a sus pueblos. Como ya no resulta creíble la acusación de comunista, hoy pueden acumularse todos los males en un nuevo marco: populista. Una vez calificado así un Gobierno, con la complicidad de los científicos sociales que se empeñan en estigmatizar los procesos democratizadores surgidos en los últimos años en el continente, se puede sembrar informativamente todo tipo de dudas sobre las que, después, justificar su derrocamiento. No otra cosa ha hecho la oligarquía hondureña (sabrán disculpar vocablo tan añejo, pero no son menos añejas las familias ahí representadas).
Ha quedado claro que el delito del presidente Zelaya no tiene que ver con la consulta sobre la reelección ni con la pretensión de un cambio constitucional. El “oligarca traidor” Zelaya cruzó dos rayas: intentar contar con la población para crear un proyecto participativo que supere la histórica depresión de Honduras e incorporar a este país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Hasta hace poco, buena parte de los expertos latinoamericanistas parecían estar de acuerdo con que la región había alejado estos fantasmas golpistas, pero de pronto empiezan a aparecer nuevas justificaciones que llevan a preguntarse: ¿qué hay detrás de esta operación?
Muy posiblemente haya una sofisticada estrategia de contención política y distorsión ideológica, cuyo principal objetivo es instalar en las diversas esferas públicas nacionales e internacionales el miedo al cambio social y político que puedan promover las mayorías populares. En la coyuntura de crisis internacional, son los gobiernos progresistas latinoamericanos los únicos que pueden liderar un bloque capaz de cuestionar la reforma global propuesta por los gobiernos del norte, quienes dejan el pretendido “cambio de modelo” (que no de sistema) en manos de los creadores y gestores de las múltiples burbujas especulativas.
Las élites del establishment global y sus aliados locales vienen dejando claro que no se puede pretender ir tan lejos. Con una nueva combinación de capitales financieros, políticos, simbólicos y mediáticos trabajando en la lógica think tanks, y contando con la gigante e infatigable capacidad de emisión de las industrias informativas, su primer paso es sembrar en sus latifundios mediáticos algunos monocultivos discursivos para monopolizar el debate público.
En este caso cabe destacar las narraciones acerca del factor de desestabilización que encarnaría Chávez y el eje bolivariano. Un articulista que firma su texto como ex guerrillero y consultor internacional para la resolución de conflictos –un ejemplo en sí mismo de la evolución ideológica deseable por el pensamiento elitista para todo revolucionario– llega a equiparar sin explicación alguna los petrodólares ideológicos del ALBA con los narcodólares criminales. Ocultando que los segundos financian tanto la violencia necesaria para asegurar sus cuotas de mercado criminal como exquisitos shopping center desde los que se sigue regando el imaginario consumista que las élites pretenden ya como un derecho humano fundamental: vivir en una depauperada ciudad del Sur con el lifestyle de Miami que nos vende la ventana catódica. E ignorando que la estrategia de venta de petróleo a precio político promovida por el ALBA –por debajo del mercado internacional y con posibilidad de pago diferido– es a cambio de activar políticas sociales redistribuidoras que sí están promoviendo la inclusión social de importantes sectores sociales antes excluidos. ¿Es ilegítimo disputar por esta vía los Tratados de Libre Comercio impulsados desde los gobiernos neoliberales de Estados Unidos e impuestos con alta corrupción por los gobiernos del continente?
Por supuesto que el “periódico global en español” o los analistas políticos de “reales institutos” no se hacen esta pregunta, por lo que no dudan en apoyar, al menos en un primer momento, los argumentos de los golpistas en Honduras. Alineados con intelectuales neocons, se apoyan las tesis constitucionalistas más reaccionarias –la ley no se puede cambiar aunque se cuente con el apoyo popular necesario–. Los que quieren el cambio son así los responsables de polarizar la vida política y romper la “unidad” de estas naciones democráticas. No se cuestionan los consensos conservadores muñidos en etapas de represión y desarticulación social, ni dinámicas institucionales abiertamente corruptas, ni las vertiginosas desigualdades que no dejan más futuro a las nuevas generaciones de origen popular que la desnuda explotación o la violenta ascensión social en el narcotráfico.
Lamentablemente, vemos cómo estas tesis neoconservadoras cuentan en nuestro país con extraños compañeros de viaje, abiertamente implicados en el entramado de la manipulación política de las transnacionales en América Latina. Su vehemente condena del populismo progresista contrasta con el silencio mantenido sobre regímenes conservadores también calificables de populistas como los de Collor de Mello, Menem, Fujimori, Uribe y también Berlusconi. Tras décadas de sufrir el sambenito de utópicos por parte de estos ejemplares reformistas que nos imponían el modelo neoliberal, toca ahora pedirles que sean realistas y pragmáticos y reconozcan que las reformas necesitan la fuerza del poder para conseguir
reacomodos sociales y políticos. ¿Es posible pensar en reformas incluyentes sin que los poderosos pierdan parte de sus estratosféricos privilegios?
El presidente Zelaya seguirá intentando retornar a su país a pecho descubierto y necesita el apoyo de todos, incluida la socialdemocracia europea, como en tiempos hiciera Olof Palme.
Profesores del máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Enric Jardí
ARIEL JEREZ, CAROLINA BESANA Y PABLO IGLESIAS
Los analistas sociales preocupados por el orden democrático, siempre conflictivo e inacabado, cada vez somos más conscientes –y estamos cada vez más preocupados– por la salud de nuestra esfera pública. Dentro de los diversos operadores que la gestionan, los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, juegan un papel políticamente conservador, más grave en el caso español, donde la reflexión sobre la independencia del llamado cuarto poder que iluminó la modernidad
occidental estuvo limitada por nuestro pasado autoritario, que va más allá del franquismo.
Los cierres y exclusiones que los medios operan en la esfera pública están en la base de la derechización de nuestras coordenadas ideológicas. Gracias a su capacidad de monopolizar agendas, en los últimos 30 años de democracia española hemos sido extenuados con millones de páginas y horas de información dedicadas al terrorismo y al nacionalismo, pero hemos contado con poca y mala información para pensar y deliberar sobre la calidad de las políticas sociales; sobre los límites de nuestra convivencia intercultural (tanto con los inmigrantes como entre las diversos sentimientos nacionales peninsulares); sobre un sistema electoral antipluralista o el modelo económico (con el que es imposible afrontar la crisis actual). Son los movimientos sociales, verdaderos publicistas de los intereses y de los actores de la sociedad organizada desde abajo, el motor que dinamiza su apertura, al tiempo que buscan vetar comportamientos ventajistas antidemocráticos.
Un interesante caso reciente lo hemos vuelto a tener con Rosa Díez (diputada de UPyD), que volvía a intentar arrancar su periplo electoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Convencida de tener garantizado el espectáculo idóneo para una organización oportunista como la suya, esta vez, sin embargo, los estudiantes le han dado una interesante lección democrática. El abucheo de febrero de 2008, instrumentalizado mediáticamente, le sirvió a Díez para ganar presencia en la esfera pública y, obvio, para conseguir un buen resultado electoral en Madrid (aparece casi como un momento fundacional en su artículo en Wikipedia). Varios profesores colaboraron en su estrategia de criminalización de la protesta –en prensa recibieron calificativos como filoterroristas, representantes del “fascismo rojo”– y se pidió mano dura con castigos ejemplares para cortar potenciales “efectos imitación”. La clave de su estrategia: conseguir la imagen bifronte de víctima de los “violentos” y heroína de la libertad
de expresión.
Curiosamente, los mayores aliados de la “progresista” Díez son Pedro J. Ramírez y F. Jiménez Losantos, que con Aznar fueron los articuladores del proyecto político neocon en España. Conviene recordar que en las coordenadas ideológicas de nuestra cultura política, estos señores logran presentarse en España como moderados y ponderados gestores del centro político. Al tiempo que actualizan, en clave españolista, la constelación de valores que desplegó el nacional catolicismo, hegemónico durante nuestra triste Historia contemporánea: unidad de España en peligro frente al separatismo; el espíritu de cruzada de un catolicismo pretendidamente mayoritario siempre amenazado por un laicismo que desafía su monopolio de interpretación del sentido de la vida española (biológica, social, cultural); la violencia autoritaria de la mano dura contra la disidencia, que tiene un trágico hilo conductor que conecta hogueras inquisitoriales, juicios sumarísimos de la Guerra Civil y del franquismo y la actual estigmatización del diálogo como mecanismo para resolver el conflicto vasco.
Sin embargo, esta vez su oportunista estrategia victimista fue desbaratada por el movimiento de estudiantes radicales, que la dejaron sin su foto para abrir portadas, telediarios y tertulias, con unos segundos de abucheos y empujones entre estudiantes, guardaespaldas y policías. Anunciaron, en cambio, una reversiva “Concentración españolista” de bienvenida a Díez –con lemas del tipo “España una grande y libre: Rosa Presidenta” “Otegui no me engaña, Vascongadas es España”, “España una y no cincuenta y una”, “más, más, más policía”, “español sí, dialectos no”–,
a la que irían disfrazados de curas, guardias civiles a lo Tejero, señoras bien y pijos engominados.
Al mismo tiempo invitaban a acudir al acto con gafas de sol al estilo Caiga quien caiga, como símbolo de rechazo pacífico (e irónico) a su estrategia oportunista, así como a formular preguntas inteligentes e incómodas durante la conferencia. Bastó que los estudiantes anunciaran esto para que UPyD diera marcha atrás y cancelara el acto, renunciando a debatir su programa.
Evidentemente el problema no es de libertad de expresión. Nuestros colegas (de pasado izquierdista casi todos ellos y que ahora se distancian de prácticas que utilizaron y justificaron en su juventud) deberían reconocerles a los estudiantes el mérito de este dispositivo simbólico de control democrático no institucional. Muchos de estos viejos profesores que “hicieron la transición” se muestran hoy incapaces de ver la democracia más allá de las cifras agregadas por las urnas, los estudios de audiencias y los sondeos de mercado, olvidando que, para que la democracia no sea un mero y frío procedimiento, tiene que asumir la radicalidad crítica del conflicto.
Esta nueva generación de estudiantes politizados se ha formado al calor de la explosión de las TIC y de las nuevas formas de protesta que los movimientos globales pusieron sobre el tapete político-mediático hace diez años en Seattle. Saben mejor que nadie que es necesario pinchar la burbuja especulativa del espectáculo político.
Ariel Jerez, Carolina Besana y Pablo Iglesias son Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
ARIEL JEREZ Y EMILIO SILVA
Juan Alberto Belloch no tiene reparos en lanzar un bochornoso crossover de imaginarios ideológicos y culturales para pescar en caladeros conservadores y postularse al Gobierno de Aragón. Utilizando la Ley de la Memoria Histórica, plantea cambiar el nombre de una calle con uno de los generales encargados de atacar Catalunya en la Guerra Civil –el general Sueiro– por el del fundador del Opus Dei, José María Escrivá, uno de los responsables de controlar las almas y las mentes durante buena parte del franquismo (por algo recibe del dictador la Gran Cruz en 1960 y 1964). Para promover la patria chica, el ex juez llega a equiparar su popularidad universal con la de Luis Buñuel y a llamar sectarios a los críticos de su partido, expresando sin tapujos que “a un hombre no se le pone por consenso una calle, sino por méritos, y un santo tiene méritos, nada menos que eso, ser santo”. Buena parte del callejero es ejemplo de falta de conciencia de cómo los marcos simbólicos y discursivos construyen realidad política e histórica todos los días.
Sin duda es difícil pensar qué puede ser la cultura progresista en el complicado y mediático mundo que nos ha tocado vivir. Ante los múltiples movimientos que acompañan una crisis de dimensiones civilizatorias, las izquierdas están desorientadas y desarmadas en todo el mundo, sin una agenda compleja de transformación. Pero en pocos sitios existe tan poca conciencia estratégica de lo que se juegan en el ámbito cultural como en las disputas de memorias, donde se están librando luchas por la hegemonía ideológica mucho más complejas que los maniqueos manifiestos de intelectuales y artistas al uso.
Los “pragmáticos” pactos de la transición bien pudieron ser necesarios dada la correlación de fuerzas de esa delicada coyuntura y además posibilitaron la modernización social y económica que hizo que a España no la reconociese “ni la madre que la parió”. Pero, pasadas tres décadas, cabe preguntarse si las fuerzas progresistas nos hemos quedado presas tanto de esos pactos como del discurso propagandístico con el que se vendió al mundo nuestra ejemplar transición. Respecto a los pactos tendremos que seguir diciendo que son pesados y que su gravitación sigue limitando las dinámicas emancipadoras. En el campo político, un sistema electoral que descompensa el cleavage izquierdas/derecha –la única unificada de toda Europa, sin ultraderecha, pero que nos hace “comulgar” con ministros autoproclamados de centro cuando pertenecen a sectas como los Legionarios de Cristo o el Opus Dei– garantiza a los conservadores un importante poder de veto político. En el social, un modelo económico planificado por la banca y el empresariado forjados en el franquismo desarrollan un aparato productivo dominado por una construcción altamente especulativa, generando el “bienestar insuficiente” y la “democracia incompleta” que uno de nuestros socialdemócratas coherentes, Viçenc Navarro, no duda en relacionar con los problemas de memoria.
¿Pensamos cómo esa propaganda de la transición pactada servía para no pensar en las consecuencias del “pacto de olvido”? Si bien posiblemente era necesario “aparcar” un tema incómodo por una cuestión de tempos políticos, claramente no era necesario en la esfera pública negarlo como han venido haciendo durante tanto tiempo la inmensa mayoría de políticos, periodistas y académicos. Son muchos los representantes de la generación del 68 que últimamente han coincidido con los argumentos de los revisionistas, aceptando el remozamiento de las tesis franquistas (equiparación de las responsabilidades, las violencias y las víctimas) y lanzando advertencias por poner en peligro lo pactado por “todos”, remover el pasado y despertar un secular odio fraticida.
Esto es una muestra del fabuloso éxito de las políticas de memoria del franquismo y del absoluto fracaso de las puestas en marcha por la democracia, que intentó bloquear la memoria y, cuando la generación de los nietos la recupera, juega a saturarla y confundirla. ¿Puede ser todavía por miedo la dificultad de abrir un debate digno de tal nombre y no empezar a tramitar la institucionalización de un trauma colectivo?
Si no se puede hablar tras tres décadas de constitución democrática de una guerra de hace 70 años, algo falla en nuestra ejemplaridad, más allá de que los analistas mainstream enfaticen nuestra tendencial “normalización” en los estudios que nos comparan con nuestro entorno europeo. El interés mostrado por el periodismo internacional sobre el particular hace evidente que en el “extranjero” consideran que estas preguntas tienen sentido “democrático” y están sin contestar en la sociedad española. Y el “morbo” informativo no sólo es porque Franco fuese del bando de Hitler y Mussolini, sino porque hay cierta conciencia de que la lucha antifascista española y el exilio republicano constituyeron un importante vector en la globalización de la cultura y el pensamiento progresistas.
Ante dirigentes socialistas que reclaman homenajes para integristas católicas en sede parlamentaria, o que pierden las formas democráticas en cacerías elitistas de evocación retrograda, parece necesaria la reconstrucción de imaginarios y debates ciudadanos con preguntas pendientes como: ¿qué significa en términos de pensamiento crítico haber tenido tres generaciones socializadas bajo el franquismo? ¿Cómo la cultura autoritaria pesa en representación simbólica de lo democrático y lo público, campo clave para balizar potencialidad de la participación y crítica democráticas? ¿Qué conciencia histórica de ciudadanía puede haber con la negación de la República y de sus defensores antifranquistas? ¿Qué significa en nuestra subjetividad colectiva el no haber reconocido el dolor de estas víctimas? Las dificultades de la identidad nacional española –banderas contestadas, himno sin letra, encaje autonómico– ¿no tienen nada que ver con todo esto?
Ariel Jerez es Profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
Emilio Silva, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Ilustración Mikel Jaso
CAROLINA BESCANSA,ÍÑIGO ERREJÓN,
PABLO IGLESIAS, ARIEL JEREZ,
JUAN CARLOS MONEDERO Y
PABLO SÁNCHEZ LEÓN
Un año más, los relatos sobre la Transición que ocupan los circuitos institucionales de difusión cultural se articulan sobre un eje tan elitista y autorreferencial como contradictorio, sobre una cadena de contrasentidos que sólo a base de machacona repetición y convenientes silencios ha terminado por convertirse en palabra merecedora de crédito y en credo.
De manera insistente y monótona, los relatores oficiales de la Transición tejen con envejecido entusiasmo una historia sin fisuras; en la que un pueblo español, valiente y prudente a partes iguales, se convierte en emancipado protagonista de su destino a través de la entrega de su voluntad política –moderada y centrista– a los grandes pilotos de una transición que, por pacífica, por su capacidad de reconciliación y de modernización, resultó tan ejemplar como para pretender ser emulada en el mundo, primero por las hermanas de América Latina y las de Europa del Este después.
Hace unos días se celebraron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense unas jornadas de reflexión sobre la Transición española bajo el mismo título que encabeza este artículo. Muchas personas, desde distintas perspectivas y experiencias, aportaron sus vivencias y reflexiones sobre la dictadura y su transición, de las que las ideas aquí presentes son deudoras. Cabe empezar destacando un lugar común en todos los debates: el acuerdo de que, en algún momento de aquel proceso, nos robaron la historia, se quedaron con ella y nos dejaron a todos desposeídos de las herramientas necesarias para entender nuestra identidad y disputas democráticas.
Las supuestas virtudes de la Transición representan un elemento incuestionado de las ciencias sociales elaboradas en nuestro país, especialmente en la ciencia política y la historiografía. No obstante, permanece el reto de pensar críticamente muchas dimensiones incómodas de nuestra realidad social y política, que se vinculan a esos acuerdos transaccionales que renunciaron a demoler el grueso de la herencia franquista. Por cuestiones de espacio, no abordamos aquí materias institucionales más o menos transitadas recientemente en la opinión pública y sin duda centrales en el encorsetamiento conservador diseñado en la Transición (sistema electoral, Monarquía, las cuestiones nacionales, clausura del derecho a la verdad, la reparación y la justicia), para atender otras cuestiones esenciales en el mantenimiento de su hegemonía social.
A fecha de hoy, una mirada rápida a la situación de la educación pública en España da cuenta de una cadena de anomalías difíciles de comprender en democracia. Un tercio de los niños y jóvenes en España cursa estudios en centros privados o concertados. El 70% de esos centros son católicos. En el año 2003, los centros católicos concertados o privados recibieron del Estado una financiación de alrededor de 2.700 millones de euros, sin contar la partida presupuestaria destinada a financiar la enseñanza de la asignatura de religión en los centros públicos. ¿Se puede entender esta realidad sin referirnos al Concordato, sin analizar quiénes suscribieron aquellos acuerdos y quiénes los han sostenido? ¿Sabemos que los fondos públicos transferidos a esta institución religiosa equivalen aproximadamente a los necesarios para poner en marcha la educación infantil pública? ¿Qué ocurrió con la iglesia católica cuando murió Franco? ¿De dónde, por ejemplo, salió la cadena Cope?
El gasto social en España alcanza hoy el 19% del PIB. Está situado 10 puntos por debajo de la media europea y 20 puntos por debajo de Suecia. En este campo el profesor Vicenç Navarro explica con desgarradora transparencia cómo la clase social pesa hoy en la esperanza media de vida: entre los cinco estratos que separan la alta burguesía financiera y los trabajadores no cualificados que han conocido el paro, hay diez años de diferencia. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto en un país que ha sido gobernado por un supuesto centro-izquierda durante 18 de los últimos 26 años? ¿Por qué, por ejemplo, la salud buco-dental no está incluida en la Seguridad Social? ¿Es posible explicar este déficit social sin denunciar el papel jugado por los sindicatos hegemónicos? ¿Cuándo y cómo unos sindicatos se hicieron mayoritarios y otros no? ¿Qué se firmó en los Pactos de la Moncloa?
La ausencia de una intervención pública profundizadora de la democracia en el campo de la industria mediática y cultural iluminó de catódicos colores nuestro salto de la premodernidad a la postmodernidad. Están aún por evaluar continuismos y simulacros en numerosas arenas culturales (universidades, investigación, políticas culturales, emporios mediáticos…). La visualización de la modernización cultural en la movida cumplió múltiples objetivos de desorientación y legitimación, pero la fiesta tuvo nefastas consecuencias: además de la generación perdida de la heroína en los ochenta, hoy somos el país del mundo con la tasa más elevada de consumo de cocaína y con otros puestos de cabeza en consumo y adicción. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Somos conscientes de cómo pesa en nuestra vida ciudadana la cultura del espectáculo aderezada de fiesta? ¿En qué medida nuestras instituciones trabajan para conseguir la cultura crítica que requiere la vida democrática?
Conforme pasa el tiempo, se van acumulando las preguntas sin respuesta sobre nuestra siempre presente historia. Podemos seguir como hasta ahora: anotamos las preguntas en un cuaderno, lo guardamos en el último cajón y volvemos a llamar a los pilotos de la Transición para que nos cuenten el relato del alunizaje democrático. O podemos dar otro paso adelante, subvertir los órdenes de nuestra historia y sus discursos y empezar a entender dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Se están abriendo los caminos: inundémoslos con los viejos y nuevos relatos y abordemos de una vez el combate de las representaciones.
Carolina Bescansa, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Ariel Jerez, Juan Carlos Monedero y Pablo Sánchez León son Profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM)
Ilustración de Mikel Jaso
ARIEL JEREZ
El 18 de julio, la dictadura franquista conmemoraba con un día festivo el golpe de Estado bautizado en sus políticas de memoria como el día del glorioso alzamiento nacional organizando recepciones con el cuerpo diplomático en el palacio de La Granja de San Ildefonso. En las imágenes del NO-DO se puede ver la evolución de estas galas desde las primeras celebraciones con pocos invitados extranjeros, muchos saludos brazo en alto y alguna presencia tenebrosa como la de Millán Astray. Se aprecia, año tras año, cómo la estética militar se mitiga y el aval americano va ampliando la representación extranjera. En las últimas conmemoraciones aparece un Caudillo cada vez más decrépito, acompañado por los príncipes de Asturias, futuros reyes de España, dando ya la engañosa imagen exculpatoria de ser un “dictador más mediocre que sanguinario” a pesar de que todavía tendría fuerza para firmar algunas condenas de muerte más.
Los primeros recuerdos que brotan entre las varias generaciones que tienen memoria en la localidad segoviana son más bien la novedad glamurosa y festiva: los cochazos cadillacs, los vestidos de las señoras, las artistas invitadas como la Flores o la Piquer, los jardines arreglados para la ocasión que podían visitar en los días siguientes y, en menor medida, el dispositivo de seguridad que tomaba el pueblo. Según con quién se hable, surgen relatos que recuerdan a represaliados encerrados en el cuartelillo o temporalmente desterrados y, con mayor dificultad, menciones al dolor por los tempranos fusilamientos y desapariciones de la guerra civil. Se cree que pudieron cometerse más de 200 asesinatos en este pueblo, republicano y de izquierdas a pesar de su dinámica cortesana, ya que sus fábricas de cristal y de maderas en Valsaín reunían uno de los núcleos proletarios más importantes de la provincia castellana.
En este pueblo, como en tantos otros, en las conversaciones con los mayores se pueden apreciar distintas situaciones de superación personal de su condición de víctimas de guerra, represión, incautaciones, destierro. La muerte, el dolor y el miedo han marcado durante años a muchas familias, que han terminando elaborando un olvido personal incómodo y culposo, muchas veces incluso vergonzante y condenatorio de sus mayores que se habían significado políticamente. Llama la atención cómo la mayoría de hijos y nietos, en buena medida, ignoran este pasado y, al menos en principio, rehúyen cualquier posibilidad de recuperación preguntando por su sentido y alertando de los riesgos de remover el pasado.
Los equilibrios políticos de la “transición democrática” obligaron a pactar, entre otras muchas cosas, el olvido del trauma colectivo. Ese pacto fue operativo hasta hace escasos años, cuando la generación de los nietos rompió el silencio haciendo exhumaciones que marcan el inicio de un reclamo creciente de políticas de memoria. La derecha se anticipó rápidamente en los medios de comunicación, alertando de los peligros de vulnerar todo lo pactado en la transición. Sus medios de propagación del revisionismo histórico reprodujeron las tesis franquistas, la igual responsabilidad de la violencia de ambos bandos, consiguiendo lastrar la postura tímidamente receptiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la elaboración de la llamada Ley de la Memoria Histórica.
Un ejemplo de esto lo sufre la concejala socialista de Pedro Bernardo (Ávila), Isabel Fernández, que ha promovido, con escaso apoyo institucional, la retirada de una placa falangista de la fachada de la iglesia local. Nieta de uno de los republicanos desaparecidos en el pueblo, se ha enfrentado a serias presiones del cura, que solivianta a algunos vecinos recalcitrantes del pueblo, y de los poderes eclesiales regionales. Será uno de los muchos ejemplos que se darán en todo el país para ver si esta ley permite avanzar a las personas y entidades que participan en muchas iniciativas: recuperar restos de familiares para enterrarlos con dignidad; retirar o transformar símbolos franquistas cuyo supuesto valor histórico difícilmente puede evitar que su carga de dominación sea para muchos una hiriente imposición; promover homenajes públicos, centros de memoria y símbolos en recuerdo de las víctimas del franquismo. Son colectivos y activistas que se esfuerzan por conseguir el encuentro asociativo de familiares, vecinos, grupos de investigadores, educadores, libros, documentales y exposiciones que sirven tanto para dignificar vidas dolidas como para generar conciencia histórica entre las generaciones más jóvenes.
No valorar el significado social, cultural y político de este campo de iniciativas para remover los residuos del imaginario franquista –hoy funcional al rescate de esencias identitatarias con las que neoconservadores, fundamentalistas religiosos y racistas convergen para esconder los problemas de la globalización–, puede debilitar todavía más la posición estratégica de los sectores progresistas. Volver a prescindir de los que ayer se “significaron políticamente” para transformar una sociedad opresora, para defender la democracia y la ciudadanía, y de los que hoy se significan social y culturalmente en estas nuevas redes participativas, sin duda debilitaría el pensamiento crítico y reafirmaría las tendencias apáticas que refuerzan el autoritarismo de nuestra cultura política. Además de necesario, parece posible revisar una política de olvido trazada hace treinta años en condiciones muy diferentes, lo que no dejaría de ser la culminación de una normalización democrática tras una transición en este aspecto muy poco ejemplar.
Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política en la UCM y colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Ilustración de Mikel Jaso
ARIEL JEREZ
En las universidades, se producen tensos abucheos de estudiantes en los actos electorales generando situaciones que la opinión pública condena de manera unánime. Tras el incidente protagonizado por Rosa Díez en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, el fragor electoral lleva a buena parte de los políticos y creadores de opinión a pedir
mano dura ejemplarizante.
Por ejemplo, una columna ha aprovechado para titular lo acaecido como “fascismo rojo” cuya “voluntad de destruir al otro es inequívoca”. En su desarrollo argumental, llega a poner en relación la acción estudiantil con el terrorismo de ETA y los atentados suicidas. En reciente Consejo de Gobierno de la universidad, algunos miembros pedían expulsiones e investigaciones policiales, exigiendo a las autoridades académicas progresistas rectificar una permisividad que, por “efecto de imitación”, conduce a una escalada de violencia.
Habría que preguntarse si estos posicionamientos no son excesivos para el normal funcionamiento democrático de nuestra esfera pública. Esta equiparación de toda expresión de confrontación política con violencia criminal puede conducir a una inhabilitación del espacio público como expresión del disenso intelectual y el conflicto social. Estos recortes dificultan una reflexión que abogue por abordar los conflictos sociales con soluciones más complejas e integradoras desde el punto de vista democrático.
La parcialidad informativa es una cuestión clave en todo este proceso. Desconsiderar que en los acontecimientos de la facultad madrileña “los radicales” no llegan a “reventar” la conferencia permite ignorar cuán violentos fueron los enfrentamientos entre los estudiantes y el sofisticado dispositivo de seguridad. La conferencia tuvo lugar sin incidentes posteriores y sin la presencia de los disidentes, gracias a la cuidada selección que hace la seguridad en la puerta del acto.
La actitud de los estudiantes bien es cierto que podría haber sido más edificante, por ejemplo, participando en el debate, demostrando la supuesta superioridad de sus argumentos; entre otras cosas, hubiesen evitado el triste titular “El campus donde no se deja hablar”. Pero, lamentablemente, este estado de cosas tiene muchos otros reflejos en una esfera pública que no se caracteriza por su apertura y su pluralismo deliberativo. En este contexto, la atención se centra en la “violencia de los antisistémicos” y el conflicto queda desvinculado de una problemática mucho más compleja: la dificultad de disentir en torno al tratamiento que recibe el conflicto vasco.
Un final dialogado y negociado de la violencia es una postura posible en una sociedad plural, legítima y con posibilidad de ser defendida por la izquierda, sin tener que convertirse en cómplices de los terroristas. Al ser considerado un tema tabú, no se dispone de información alternativa con un mínimo pluralismo de fuentes y puntos de vista diferentes en los análisis.
Pero no es un déficit sólo de la prensa. A pesar de que se afirma que la universidad es el espacio natural del diálogo y del conocimiento, no nos puede sorprender que las dinámicas consensuales imperantes se conviertan en intelectualmente asfixiantes en esta particular esfera pública. En un Seminario Internacional Complutense, Salidas a la violencia en el conflicto vasco, celebrado en la misma facultad en la primavera de 2007, entre más de una docena de ponentes, sólo dos defendieron de manera inteligible su apoyo a una solución dialogada. Debemos subrayar la ausencia de representantes de importantes posiciones en la disputa (soberanistas, abertzales, federalistas de Ezquer Batua, Elkarri). Un escenario de exclusión que fue contestado por los estudiantes radicales con un acto sobre la represión de los movimientos sociales (con el telón de fondo de las huelgas de José Ignacio de Juana Chaos), que, según denuncian los promotores, tras tensas negociaciones, no pudo celebrarse por problemas técnicos (incluyendo corte de luz en el aula programada).
A pesar de la afamada politización de esta facultad, los profesores progresistas nos mantenemos al margen de este importante debate para la democracia: la gestión del diálogo y la violencia ante los conflictos sociales. No podemos perder de vista que la lucrativa centralidad que gana su criminalización en la agenda informativa sirve para marginar discusiones clave desde el punto de vista de la distribución de la riqueza social y del bienestar cultural. Tampoco que, con escasos mimbres, estos colectivos de estudiantes intentan promover una reflexión intelectual y una acción política frente a déficits sociales y democráticos más que evidentes. En estos entramados, están los activistas desobedientes que reclaman que “otro mundo es posible” y, con las tecnologías de comunicación a su alcance, intentan reinventar ciudadanías más participativas, más comunitarias y más emancipadoras.
Los llamados radicales también hacen política y, al igual que Rosa Díez, necesitan visibilidad. Ya a nadie se le escapa que, en la sociedad mediática, la estructura de oportunidad informativa precede a la política, y la estrategia televisiva determina la posibilidad de pasar de las agendas públicas a las informativas y políticas-electorales.
Todos deberíamos lamentar que, en la mezquina lucha por la visibilidad en este cerrado contexto mediático, la deliberación queda totalmente marginada, al mismo tiempo que la violencia, informativamente enaltecida, alimenta la confusión en el no debate sobre los conflictos sociales y políticos. Sólo así se puede entender la maniquea disputa de las etiquetas de fascistas y antifascistas en un país que vivió cuarenta años de franquismo.
Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y activista social
Ilustración de Mikel Jaso
