ARIANE ARPA
La agricultura es probablemente la actividad humana que más depende del clima. Nuestros abuelos miraban al cielo para calcular el momento de la siembra. Hoy, en Bangladesh, Mohammad Iliasuddin trata de seguir la enseñanza de sus antepasados pero se queja de que “desde hace varios años el clima ya no coincide con lo que esperábamos tradicionalmente”. Un problema similar sufre Florence Madamu, en Uganda, que asegura que “ahora la estación seca es más larga y dura hasta finales de septiembre, y cuando llueve lo hace tan torrencialmente que el agua destruye nuestros cultivos”. La evidencia científica se ha visto confirmada con los testimonios recogidos por Intermón Oxfam en los países donde trabajamos. Y el mensaje es siempre el mismo: con cambios de estación cada vez más impredecibles, lluvias erráticas y torrenciales, sequías más frecuentes y temperaturas extremas, cada vez es más difícil decidir cuándo sembrar o cosechar.
Y es que 150 años enviando gases a la atmósfera han alterado el ritmo de las estaciones y la temperatura del planeta. La ciencia nos dice que será muy difícil evitar un calentamiento de más de dos grados: el umbral hacia un cambio climático catastrófico e irreversible. La opulencia de una minoría tiene un precio demasiado alto e injustamente repartido. En las zonas templadas –donde están la mayoría de países industrializados– los inviernos más suaves y las lluvias más abundantes podrían incluso resultar favorables a la agricultura, al menos por un tiempo. Pero, cuanto más cerca del Ecuador, más acusado y dañino será el impacto.
En las regiones más castigadas las cosechas disminuyen, las plagas y enfermedades se extienden y la falta de agua mata de sed al ganado. Tres de cada cuatro personas que sufren la pobreza viven en estas latitudes y dependen de la agricultura y ganadería para su subsistencia. Los riesgos que enfrentan son demasiado altos, y su capacidad de adaptación, limitada. La producción de cereales en el África Subsahariana, casi carente de sistemas de riego, podría caer a la mitad de aquí a 2080 a causa de la sequía. Mientras, los temporales, cada vez más frecuentes en el sudeste asiático, inundarán muchos arrozales. Según un reciente estudio del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI), los cultivos de regadío serán los más afectados, entre ellos el arroz, el alimento del que dependen más personas en el mundo. El dato más alarmante es que 25 millones de niños más sufrirán malnutrición en 2050.
La combinación de peores cosechas y más población conducirá a nuevas subidas abruptas de precios en el futuro. ¿Cómo alimentar al mundo en el año 2050? Con más de 9.000 millones de personas, la mayoría en zonas muy castigadas por los cambios en el clima, el reto parece inmenso. Aunque contamos con los medios para hacerle frente sin necesidad de esperar que se produzcan avances científicos milagrosos. Es el momento de impulsar la agricultura familiar, las semillas locales y los métodos tradicionales de producción, más resistentes a los cambios. También se necesitan nuevas tecnologías, pero que respondan a las verdaderas necesidades de los campesinos y campesinas. Una de las claves consistirá en desarrollar variedades que produzcan razonablemente bien en un amplio rango de condiciones climáticas, en lugar de concentrarse en variedades altamente productivas pero que sólo funcionan en condiciones óptimas. Con métodos agrícolas más sostenibles, además, se reducirán significativamente las emisiones provenientes del cambio de uso del suelo o por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados.
Nuestros países ya se están preparando. Desde hace tiempo contamos con extensas redes meteorológicas y sofisticados modelos que reproducen el crecimiento de los cultivos en diferentes escenarios climáticos. Mientras, para el mundo en desarrollo, los 7.000 millones de dólares anuales que se necesitarían para adaptar la producción al clima están fuera de su alcance. Por eso necesitan apoyo. Por eso y porque además es lo justo. No son los causantes del problema –las tres cuartas partes de los gases en la atmósfera proceden de los países ricos–, pero están siendo los primeros en sufrirlo.
La financiación va a ser uno de los principales escollos a salvar en las negociaciones sobre el clima. Además de reducir primero y de manera profunda sus propias emisiones, los países ricos deben ayudar a los países en desarrollo para que crezcan de forma menos contaminante que nosotros. Y también a adaptarse a los cambios ya inevitables. El 0,1% de la riqueza del mundo industrializado sería suficiente para proteger a los países en desarrollo de las consecuencias futuras del cambio climático y asegurar un mañana más próspero, estable y seguro para todos. Pero hasta ahora el compromiso es mínimo, y los pocos pasos que se están dando pretenden obtener estos recursos de los fondos ya comprometidos para ayuda al desarrollo.
La semana pasada asistimos en Roma a una deslucida cumbre mundial sobre la alimentación. Mientras el contador de personas hambrientas supera por primera vez los mil millones –una de cada seis personas en el mundo ve violado su derecho a la alimentación–, la ausencia de los líderes de los países ricos ha demostrado una total falta de compromiso y ambición. El Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad para 2015 parece cada vez más lejano, y se hace urgente ya definir un plan de rescate si queremos evitar el fracaso.
En diciembre, en Copenhague, tenemos la oportunidad de alcanzar las bases para un nuevo acuerdo mundial sobre el clima que sea justo y seguro. Pero el tiempo apremia. Una parte del éxito de este acuerdo se medirá en los compromisos de reducción de emisiones y en los fondos a disposición de los países en desarrollo. Pero el verdadero éxito o fracaso se contará en vidas humanas.
Por todo ello exigimos a nuestros gobernantes que actúen ya.
Ariane Arpa es directora general de Intermón Oxfam
Ilustración de Enric Jardí
Ariane Arpa
Los Convenios de Ginebra, que cumplen esta semana 60 años, son el instrumento legal más ratificado y reconocido del mundo, sin embargo, los conflictos actuales las han convertido en palabras vacías, ya que estos tratados internacionales se violan constantemente.De Afganistán a la República Democrática del Congo o la selva de Colombia, somos testigos de graves violaciones de los principios establecidos, con población civil situada en medio de los campos de batalla y convertida en blanco para los contendientes. A todo ello se suman los millones de personas que se encuentran en una situación de total vulnerabilidad y privados de la ayuda humanitaria que les podría salvar la vida, debido básicamente a tres factores: la obstrucción deliberada de la ayuda de emergencia, la violencia contra los trabajadores humanitarios y la intensidad de los conflictos.
En Colombia, el lugar con más desplazados del mundo –cerca de tres millones y medio–, la violencia sexual contra las mujeres, considerada un crimen contra la humanidad, goza de impunidad generalizada. Se calcula que dos de cada diez mujeres desplazadas han sufrido algún tipo de violencia sexual perpetrada por los diversos grupos armados del conflicto. Sin embargo, esta sigue siendo una realidad invisible dentro y fuera del país. En Afganistán, el numero de víctimas civiles en 2008 ha sido el más alto de los últimos siete años. En el primer semestre de este año han muerto por el conflicto más de 800 civiles, lo que supone un incremento del 24% en relación al mismo periodo del año pasado. Además, hay que añadir las trabas y problemas que ha tenido la ayuda humanitaria. Más de 30 trabajadores humanitarios han sido asesinados, 78 raptados, y se han registrado ataques en 176 zonas en las que operaban ONG en terreno, forzando a muchas a parar sus actividades. En la Franja de Gaza el bloqueo económico, unido a la reciente operación militar plomo Fundido lanzada por el Gobierno israelí, ha tenido un impacto devastador en las vidas y en los medios de subsistencia de un millón y medio de habitantes. En el barrio de Zaytoun, en la ciudad de Gaza, el Ejército israelí ha arrasado granjas enteras. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se estima que entre el 35 y el 60% de la tierra agrícola de Gaza ha sido dañada por la acción militar que culminó la política de cierre que conllevó 19 meses de bloqueo. El continuado cierre de fronteras y las operaciones militares afectan a la población civil de Gaza de forma indiscriminada, y constituyen un castigo colectivo contra hombres, mujeres y niños, lo que contraviene el Derecho Internacional Humanitario. En la República Democrática del Congo, a principios de año, una operación militar apoyada por la ONU desencadenó una espiral de violencia que afectó directamente a la población civil y que provocó una ola de 250.000 nuevos desplazados, que todavía no han podido volver a sus hogares y dependen únicamente de la ayuda humanitaria. La lista de casos es interminable. Ante esta situación lo más fácil sería afirmar que las Convenciones han fallado, pero esta actitud revelaría pereza intelectual y sería totalmente contraproducente. Nuestro deber es reaccionar contra estas violaciones sistemáticas con rabia y determinación, nunca con resignación. La responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles puede incluso ser apoyada por argumentos realistas, o sea, razones que convenzan a los combatientes de que deben respetar las Convenciones de Ginebra, en beneficio de ellos y de todos.
En junio de este año, el nuevo comandante estadounidense en Afganistán, Stanley McChrystal, parecía defender esta posición cuando dijo: “Nuestra determinación en conducir las operaciones minimizando el numero de víctimas, incluso cuando este hecho puede dificultar nuestras actividades, es esencial.” A parte de las razones de interés propio, tiene que haber una “presión para que se proteja a la población civil”. Los gobiernos deben convertir en un imperativo político la responsabilidad moral y legal de hacer todo lo posible para proteger a los ciudadanos. Esta es su responsabilidad, y en especial la de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
En ocasiones hemos visto que la voluntad política, la acción oportuna y las sanciones dirigidas a los responsables han contribuido a reducir esas violaciones. Sin embargo, han sido muchos más los casos en que el Consejo de Seguridad no se ha puesto de acuerdo sobre la aplicación de medidas urgentes para proteger a los civiles, ni se ha hecho una implementación efectiva de las Convenciones. Hay que impedir que maquinaciones geopolíticas generen estas situaciones. La disponibilidad del Consejo de Seguridad para imponer sanciones a Irán y a Corea del Norte por sus programas nucleares no tiene parangón con las sanciones a gobiernos que niegan la asistencia humanitaria a sus propios ciudadanos. Hay que poner un fin a esta política de doble rasero. Los casos atroces del Congo, Darfur y Somalia suelen ser mediáticos, sin embargo, los trabajadores de Oxfam Internacional escuchan a diario historias similares de asesinatos, violaciones y desplazamientos de mujeres y hombres en Colombia y Sri Lanka. La impunidad que se vive en las zonas de conflicto ha alcanzado un
nivel crítico. Es urgente que nuestros líderes demuestren un compromiso irrevocable con el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Este es un reto también para el Gobierno español. En su camino para asumir un rol más decisivo en la escena mundial es fundamental que España –aprovechando su presidencia de la UE a partir de enero de 2010– vaya más allá de los compromisos formales y se convierta en una voz activa y determinante en favor de la responsabilidad de proteger a la población civil.
Ariane Arpa es Directora general de Intermon Oxfam
Ilustración de Juan Pablo
ARIENE ARPA
Qué tienen en común una chica madrileña estudiando en una universidad alemana con una beca Erasmus y una profesora nicaragüense que da clase a 40 alumnos y alumnas de secundaria en una escuela en Ocotal? En ambos casos, es el Parlamento Europeo quien ha decidido apoyar a ambas a través de la aprobación de partidas destinadas a estos objetivos en el presupuesto europeo.
Estos dos casos son sólo un ejemplo del tipo de decisiones que dependerán de la configuración del próximo Parlamento. El resultado de las elecciones del 7 de junio no es, por tanto, trivial ni para el futuro de los europeos ni para el de millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por las decisiones que adopte la cámara comunitaria.
A pesar del impacto de sus decisiones fuera de nuestras fronteras, las campañas de los partidos políticos en las elecciones europeas se centran casi exclusivamente en propuestas internas con planteamientos cortoplacistas que dejan de lado el carácter solidario y comprometido que ha caracterizado siempre a la Unión Europea.
Esta vez no parece que sea diferente. Hasta la fecha, toda la actividad de los candidatos está centrada en la crisis económica actual y sus repercusiones para los españoles y europeos, obviando los efectos de la crisis en las personas más pobres. Seguramente ningún candidato propondrá acciones destinadas a mejorar la vida de los mil millones de personas que todavía viven en condiciones de pobreza extrema, o de los diez millones de niños y niñas –cifra equivalente a todos los menores de edad en España– que mueren anualmente antes de cumplir los 5 años de edad.
Sin embargo, estará en manos de aquellos que salgan elegidos en las urnas el próximo mes de junio el que desde Europa se siga o no luchando por cambiar esos datos estremecedores. El periodo de mandato de los próximos europarlamentarios será definitivo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por la comunidad internacional para el año 2015. Hoy, a poco menos de seis años de su cumplimiento, el riesgo de un estrepitoso fracaso es, lamentablemente, muy alto.
En la cuenta atrás para alcanzar estos objetivos contra la pobreza mundial, la cantidad y calidad de ayuda al desarrollo prevista por la UE representa uno de los factores más
relevantes, y todos los partidos deben comprometerse con el objetivo del 0,7%, así como con la gestión eficaz de la ayuda.
La ayuda es elemento fundamental pero sin duda no suficiente. Si la UE quiere contribuir a paliar el hambre y proteger la seguridad alimentaria global, debe abogar por profundizar la reforma de la Política Agraria Común, política que ha contribuido durante años a inundar de productos agrarios europeos fuertemente subsidiados los mercados de países en desarrollo. La PAC supone un coste de 55.000 millones de euros al año, más de cinco veces el total de lo destinado por la Comisión Europea a favorecer el desarrollo en los países empobrecidos. Además, es una política que favorece principalmente a las grandes explotaciones, y no a los pequeños agricultores. Según datos publicados hace unos días por Farmsubsidy en base a información de la Comisión Europea, de los 896.190 agricultores que perciben subvenciones en España el 75% obtienen menos de 5.000 euros (el 18% del gasto total). Por el contrario, los siete principales receptores –que incluyen, entre otros, varias empresas de grandes terratenientes– reciben el 22% de las ayudas totales en España.
La UE debería avanzar en la reforma de la PAC para construir una verdadera política rural común que apoye eficazmente a la agricultura familiar europea, que remunere los beneficios ambientales y culturales que proporciona el mundo rural al conjunto de la sociedad y que no perjudique de manera injusta a la agricultura de los países en desarrollo. Perder el impulso para el cambio creado en los últimos años representaría un serio revés para los esfuerzos por lograr un sistema comercial más justo y significaría otro duro golpe en la credibilidad de la UE.
Actuar frente al cambio climático es igualmente fundamental y urgente para evitar un fracaso estrepitoso en la lucha contra la pobreza. Para ello, es necesaria una doble respuesta: que la UE reduzca de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que apoya a los países en desarrollo
para que hagan frente a los efectos del cambio climático presentes y futuros.
Finalmente, la UE debe seguir trabajando para jugar un papel cada vez más relevante como garante de la paz y la seguridad en el mundo. Los conflictos son una de las causas de la pobreza, un impedimento al crecimiento económico y el desencadenante de múltiples violaciones de los derechos humanos, con efectos particularmente dañinos sobre las mujeres. Se estima que los conflictos han supuesto un coste para África de hasta 300.000 millones de dólares en la última década, y que, debido a los conflictos existentes en la actualidad, diez millones de personas ven denegado el acceso a la ayuda humanitaria. En este sentido, es esencial que la UE mejore su respuesta a dos de los principales retos para garantizar la paz y la seguridad humana: la protección de la población civil en los conflictos, aplicando de forma efectiva la doctrina de la responsabilidad de proteger y el control internacional del comercio de armas.
Sólo así el nuevo Parlamento Europeo podrá honrar el compromiso de la Unión Europea con el desarrollo
y la lucha contra la pobreza en el planeta, más necesario que nunca en estos tiempos difíciles para los más pobres.
Ariene Arpa es directora general de Intermón Oxfam.
Ilustración de Patrick Thomas.
