AUGUSTO ZAMORA R.
Han empezado a celebrarse, en distintos países de Hispanoamérica, los 200 años del inicio de las guerras de independencia. Como ha sido tradición, los oropeles siguen sepultando las realidades y derechas e izquierdas celebran el episodio como epopeya. Dado el peso de los mitos creados por las oligarquías triunfantes, es tarea aún pendiente analizar con ecuanimidad los procesos independentistas que, vistos sus resultados, derivaron en una catástrofe histórica de una magnitud tal que llevará 300 años repararla.
La independencia fue resultado de factores exógenos, desatados por las guerras napoleónicas, que comenzó a gestarse con el desastre de Trafalgar, en 1803, que dejó a España sin flota de guerra y, por tanto, debilitada en sus comunicaciones con los dominios americanos. Trafalgar fue el primer acto de la tragedia que se avecinaba. El último, la invasión de España por Napoleón, que provocó la desarticulación del país.
Los que serían llamados libertadores eran un puñado de ricos hacendados, educados en Europa y unidos en su devoción hacia lo británico. Todos desfilaron por Londres, pidiendo la intervención inglesa, incluso una europea, para alcanzar su idea independentista. No debe, pues, extrañar la tradición de las oligarquías criollas de recurrir a la intervención extranjera como medio de mantenerse en el poder.
Otra funesta tradición dejaron los padres fundadores: entregar las economías nacionales a potencias extranjeras. Los gobiernos de Buenos Aires, Bogotá y Río de Janeiro (después seguirían los demás) firmaron, entre 1810 y 1815 –antes de concluir las guerras independentistas–, tratados de libre cambio (hoy libre comercio) como pago por el apoyo británico. Inglaterra pasó a controlar las economías emergentes. Los tratados de libre cambio provocaron la desaparición de las industrias locales y, con ello, cualquier germen de industrialización. Los nuevos países quedaron obligados a ser exportadores netos de materias primas –en ello siguen– e importadores de manufacturas. Inauguraron, así, el neocolonialismo. No se construyeron estados nacionales, sino estados oligárquicos, basados en el latifundismo, la exclusión de los pueblos, la dependencia extranjera y el oscurantismo. No hubo sitio para la ciencia ni lo científico.
Mito mayor es que la independencia liberó a los pueblos de la opresión. Estos siguieron tanto o más oprimidos que antes. La independencia fue formal, pues las oligarquías sólo sustituyeron Madrid por Londres. De aquel maridazgo surgió la alianza entre oligarquías e imperios, británico en el siglo XIX, estadounidense en el siglo XX. Cuando EEUU irrumpió en la región, el sometimiento a lo extranjero estaba tan arraigado en las oligarquías que aceptaron sin traumas al nuevo amo. Sólo cambiaron el bombín inglés por el sombrero tejano; Londres por Washington. El idioma era el mismo.
La suerte corrida por los indígenas es la página más negra de la independencia y, por supuesto, una de las más desvirtuadas. Las Leyes de Indias, con todas sus carencias, reconocieron derechos a los pueblos indígenas que ninguna otra potencia colonial reconocería jamás en siglos posteriores. Derecho a la lengua y a sus leyes, derecho a territorios propios y protección mínima ante los abusos de encomenderos y patrones. Todo este sistema legal fue suprimido de un plumazo por las oligarquías. Sumidos en un desamparo total, las tierras indígenas cayeron en manos de latifundistas y extranjeros, se les negaron todos sus derechos y, por último, se les masacró sin piedad.
En 1824 comenzó, en Argentina, la primera “campaña del desierto”, guerra de exterminio para expoliar de sus tierras a los indígenas. No obstante, el primer genocidio planificado de la era contemporánea ocurrió en Uruguay en 1831. Ese año, el presidente Fructuoso Rivera reunió con engaños a los charrúas en un sitio –macabramente bautizado después como “Salsipuedes”– donde 1.200 soldados exterminaron a los indígenas. Entre1860 y 1885, los mapuches sufrieron una guerra implacable del Ejército chileno. Todavía hoy, los pueblos indígenas luchan denodadamente por que se reconozcan sus derechos, y no pocos de ellos invocan –para quien quiera entender– títulos de la Corona española como prueba de sus derechos a las tierras ancestrales. Los indígenas fueron los grandes derrotados, sacrificados y olvidados de las guerras de independencia.
Los países, en fin, se vieron sumidos en cruentas, destructivas e interminables guerras civiles, cuartelazos e intervenciones extranjeras. México perdió, en 1849, la mitad de su territorio. Brasil obtuvo cerca de dos millones de kilómetros cuadrados de sus vecinos. Las guerras limítrofes, alentadas por Inglaterra, fueron una inmensa tragedia para Paraguay, en 1870, y para Bolivia, en 1883. Inglaterra se apoderó de las Malvinas, Guyana, Belice y la Mosquitia. Latinoamérica, en 1860, estaba más pobre, arruinada y postrada que nunca.
En contra de lo que se afirma, las guerras de independencia fueron todo menos revolucionarias. Al revés. Constituyeron el mayor movimiento contrarrevolucionario de la historia regional, que apartó a Latinoamérica de los poderosos cambios que se dieron en Europa y EEUU entre 1830 y 1890. Reducida a neocolonia británica, la región no supo del Estado moderno ni del capitalismo, menos aún de revoluciones industriales. De todo ello Latinoamérica fue apartada y fue, el XIX, un siglo perdido. Las raíces de su subdesarrollo, justamente, están en ese siglo. No hubo recuperación hasta finales del XIX y, en muchos casos, hasta el XX. Recuperación tardía, pues para entonces EEUU era una potencia mundial y Latinoamérica una región anclada en el siglo XVIII. Doscientos años después, buena parte de esas estructuras siguen en pie. ¿Algo, en verdad, que celebrar?
Augusto Zamora R. es autor de ‘Ensayo sobre el subdesarrollo. Latinoamérica, 200 años después’
Ilustración de Alberto Aragón
AUGUSTO ZAMORA
En 1826 se celebró en Panamá, convocado por Bolívar, un Congreso Anfictiónico entre las recién creadas repúblicas americanas. Su propósito era establecer una alianza regional, ante el temor de que cristalizara un pacto hispano-francés para reconquistar los perdidos dominios hispanos. La reunión terminó sin mayores resultados y derivó las decisiones de fondo a una nueva cita en Tacubaya (México). Si a Panamá acudieron sólo cinco estados (ninguno de la cuenca del Plata, ni Chile, ya neocolonias inglesas, sí EEUU, infiltrado allí por Santander, el más furibundo enemigo de Bolívar, e Inglaterra), a Tacubaya se presentaron sólo tres. Después de esperar casi dos años sin resultados (de 1826 a 1828), se declaró disuelto el Congreso. No hubo más. Sumidos en cuartelazos, guerras civiles y caos, aquellos remedos de estados estaban más ocupados en entregar sus riquezas a Inglaterra y en autodestruirse que en crear alianzas regionales.
Desde entonces, y hasta fecha reciente, los países latinoamericanos han movido las siempre oxidadas palancas integracionistas al socaire de amenazas externas contra alguno o varios de sus miembros, y no siempre.
Así, la guerra imperialista de EEUU contra México en 1847 provocó pánico en la región y llevó a celebrar el Congreso de Lima, entre 1847 y 1848, para crear una confederación sudamericana “con el fin de protegerse de las agresiones foráneas”. En septiembre de 1856 se organizó una
reunión en Santiago de Chile a raíz de la invasión de Nicaragua por aventureros yanquis, financiados por esclavistas del sur de EEUU (que pretendían anexionarse Centroamérica como nuevos estados esclavistas para romper el empate que mantenían con los abolicionistas y de paso controlar la ruta interoceánica, entonces pensada para hacerse por Nicaragua). La reunión produjo el llamado Tratado Continental, del que formaron parte todos los estados hispanoamericanos, con excepción –nuevamente– de los estados rioplatenses y Brasil. Un nuevo intento de forjar una alianza regional se dio en 1864, cuando la invasión francesa de México, que, al igual que las anteriores, quedó en mucho ruido y pocas nueces. México perdió la mitad de su territorio; Centroamérica pudo, unida, librarse sola de los aventureros yanquis, y Benito Juárez puso fin al sueño de Maximiliano de Austria de crearse un imperio mexicano, fusilándolo en el Cerro de las Campanas.
No hubo más hasta que, en 1889, de la mano de EEUU (emergente poder imperial continental) se reunieron en Washington, como la gallina reúne a sus polluelos, representantes de todos –todos– los países del continente americano. Allí, guiados por el secretario de Estado estadounidense, acordaron crear una Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, nombre explicativo en sí mismo, pues a EEUU lo único que le interesaba de la reunión era promover sus intereses comerciales, en choque permanente con los británicos, entonces amos y señores de los ex dominios españoles y portugueses.
Siguieron otras conferencias americanas, mangoneadas por EEUU, que terminaron cristalizando en la creación, en 1910, en Buenos Aires, de la Unión Panamericana (UP), primera organización mundial como tal, y que funcionará hasta 1948, cuando es sustituida por la Organización de Estados Americanos (OEA). La UP será el marco dentro del cual surgirá un pujante Derecho Internacional Americano (nunca valorado en Europa), deformado y vapuleado por las políticas imperialistas de EEUU, que darán lugar a lo que se resumiría en la expresión “el Uno y los veinte”, para referir que un país –EEUU– podía más que todos los otros veinte miembros, tanto en la UP, como en la OEA (como puso de manifiesto el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, en Honduras, en 2009).
El triunfo de la revolución sandinista en 1979 y las amenazas de una invasión de Nicaragua por EEUU, que habría extendido la guerra por toda Centroamérica, llevan a cuatro países –Panamá, México, Colombia y Venezuela– a crear, en 1984, el grupo mediador de Contadora. A este grupo se unirán en 1954 cuatro países más (Brasil, Perú, Argentina y Uruguay), conformando el primer grupo regional enfrentado –hecho insólito– al poder yanqui. El grupo de ocho países decidió, en 1988, establecerse como mecanismo permanente, marcando, desde entonces, una pauta regional que fructificó en Cancún el pasado 22 de febrero con la decisión de crear, de aquí a 2012, una organización regional de Latinoamérica y Caribe.
Desde hace más de una década, con el ascenso de gobiernos de izquierda y progresistas, los procesos latinoamericanos de integración han recibido un impulso decisivo. Entre ellos destacan tres, el ya consolidado MERCOSUR, y dos de nuevo cuño: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones del Sur (UNASUR). Ambos procesos son la manifestación de una voluntad, cada vez más firme, de crear alianzas regionales sólidas que, además de servir para combatir pobreza y desigualdad, sirvan para crear foros desde los que negociar, con mayor fuerza, con otros bloques regionales. Son, también, esfuerzos dirigidos a consolidar la especificidad de América Latina y el Caribe, única región del mundo en paz (con la excepción triste de Colombia), única región sin enemigos externos (salvo el de siempre, que es parte del paisaje) y única región que ha abrazado, sin casi fisuras, el Derecho Internacional y la solución pacífica de las controversias internacionales.
La especificidad latinoamericana requiere de una organización internacional propia, desde la que pueda desarrollar sus propias políticas y estrategias y servir –en su condición de región pacífica y en paz con todo el mundo– de puente, bisagra o interlocutor en los tantos conflictos que abaten al mundo. Por demás, en un mundo en que los estados van siendo sustituidos progresivamente por grandes bloques regionales como actores en la política, la economía y la guerra, Latinoamérica no puede renunciar a poseer su propio bloque regional. No será fácil el camino, pues la OEA ha sido, para EEUU, lo que la OTAN en Europa, un medio para mantener aherrojados a los países. Pero no hay alternativa a esa vía. No, si quiere librarse de la dependencia, la dominación y el atraso.
Augusto Zamora es autor de ‘Ensayo sobre el subdesarrollo. Latinoamérica, 200 años después’
Ilustración de Juan Ossorio
Augusto Zamora
Después de la II Guerra Mundial, como parte de su estrategia de confrontación con la Unión Soviética, EEUU promovió la instauración de gobiernos fuertes, fieles y bien armados que, cada uno en su región, actuaran y sirvieran de portaaviones para la defensa y promoción de los intereses de Washington. Tal papel le correspondió, en Centroamérica, a la Nicaragua de los Somoza (desde donde se actuó contra Arbenz, en Guatemala, en 1954, y de donde salieron los barcos para invadir Cuba, en 1961). En Medio Oriente fue Estado gendarme el Irán del Sha que, con Turquía, Arabia Saudí e Israel, cerraban Oriente Medio para EEUU y sus aliados. Gendarme regional quiso ser la dictadura de generales argentina, que sobrevaloró su peso para EEUU y ese error les llevó a otro peor: invadir las Malvinas creyendo que Washington apoyaría la invasión.
Una densa red de alianzas mantenía la vasta región del Pacífico bajo control, de Corea del Sur a Australia, pasando por Japón, Taiwán, Tailandia, Filipinas e Indonesia. Estos países, además, contenían bases militares estadounidenses, a sumar a las existentes en las islas y archipiélagos de EEUU. Un anillo de hierro que preservó aquel vasto océano, hasta la irrupción de China e India, como un “mar estadounidense”.
Colombia fue un alumno avanzado –por sus circunstancias– en la formalización de su condición de Estado gendarme en Latinoamérica. Su origen se remonta a 1925, con la firma de un tratado que ponía fin al conflicto provocado por la independencia forzada de Panamá; conflicto resuelto con un tratado, un pago de 25 millones de dólares y la entrega a Colombia de dos islas nicaragüenses. Desde ese año, Colombia renunció a poseer política propia, para ser fiel ejecutante de las políticas de Washington. Así, fue el único país latinoamericano que envió, en 1951, tropas a la guerra de Corea (el Batallón Colombia) y, cuando tuvo lugar el conflicto con Cuba, la Cancillería colombiana llevó la iniciativa para la expulsión de la isla de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es larga y antigua la satelización de Colombia por sus élites y, en verdad, se remonta a los albores mismos de la independencia, con la alianza de Santander con el imperio británico, en 1812. Por eso no debe extrañar que, en las circunstancias que vive Latinoamérica –estremecida por un aluvión de cambios promovidos por gobiernos de izquierda de distinto color–, Bogotá quiera ser el portaviones de EEUU en la región, ofertando nada menos que siete bases
estadounidenses. Sólo en la desaparecida Canal Zone, en Panamá, donde poseía 14, ha tenido EEUU un
número mayor de bases en un único país americano. Tal despliegue militar estadounidense en territorio colombiano alteraría gravemente la situación militar y geopolítica en Sudamérica y el Caribe y convertiría a Colombia en un foco constante de tensiones, mayor al que es actualmente.
Según las noticias, EEUU planea construir en esas bases desde amplias redes de espionaje, hasta bases aéreas para vigilar toda la región, amén de concentrar grandes cantidades de tropa y armamento. En otras palabras, Colombia sería el equivalente a lo que fue Honduras en los años 80: una plataforma para desestabilizar a los
gobiernos y movimientos revolucionarios y progresistas del área. Un retroceso evidente a épocas que se creían superadas, más sorprendente aún viniendo del Gobierno Obama. De ahí el rechazo general de los gobiernos de la región –con la excepción del neo-neoliberal Alan García– y los anuncios de una nueva carrera armamentística para enfrentar la amenaza.
En términos objetivos, no hacen falta, en forma alguna, bases militares extranjeras en Latinoamérica.
Residuos de la extinta Guerra Fría, su planteamiento debe obedecer, forzosamente, a criterios poco tranquilizadores. Esta repentina fiebre de Washington por abrir bases militares en Colombia debe vincularse a la sorprendente reorganización de la IV Flota de EEUU, en 2007, para patrullar aguas latinoamericanas, y a su más que sospechoso papel en el golpe de Estado en Honduras. ¿Una forma de ir sentando las bases de una futura recolonización con Colombia como plataforma?
Si este absurdo se mantiene, podría generarse una espiral militarista en la región más pacífica y pacificada del mundo (con la excepción de Colombia), que lleva décadas resolviendo sus litigios territoriales en tribunales judiciales y arbitrales y que está inmersa en profundos y novedosos procesos de integración. La lógica de las cosas llevaría a caminar en sentido contrario, es decir, a favorecer la desmilitarización de Latinoamérica, fortalecer los foros políticos y a darle mayor impulso al entendimiento y la cooperación entre las dos partes del continente, como Obama aseguró querer, en la recién pasada Cumbre de las Américas, aunque desde entonces los hechos le refutan.
No hay argumentos lógicos que avalen, justifiquen o sostengan esa repentina fiebre militarista que
parece afectar a los gobiernos de EEUU y Colombia. La única explicación posible es que Colombia aspire a convertirse en el gendarme de Washington en la región. Pero, ¿gendarme para qué? ¿Para invadir Ecuador, Venezuela y Brasil? ¿Hacer de Uribe el Somoza del siglo XXI? Si alguien está pensando en esos términos en Washington y Bogotá, debe ser llevado con urgencia al psiquiatra. Y si son grupos de poder, no queda más que extender la alerta y prepararse para lo que viene. Aunque no. Latinoamérica ya no es lo que era, ni volverá a serlo. Uribe, como este sorprendente Obama, parecen figuras de un Museo de Cera perdido en el tiempo y en el espacio. Ojalá no acaben figurando en uno de los Horrores.
Augusto Zamora es Embajador de Nicaragua en España y autor del libro ‘Ensayo sobre el subdesarrollo: Latinoamérica, 200 años después’.
Ilustración de Zunras
AUGUSTO ZAMORA
Hace 99 años, en 1910, nacía en Buenos Aires la Unión Panamericana (UP), primera organización internacional en la Historia del mundo. La UP aspiraba a ser el foro político continental, así como el órgano en el que crear un sistema jurídico singular para el continente. Su éxito fue desigual. Pronto estallaron las insolubles diferencias entre un EEUU en expansión imperialista y Latinoamérica. Entre 1912 y 1933, la región sufre una oleada terrible de intervenciones militares. Las Conferencias Internacionales Americanas no sirven de nada. La desigualdad de poder se resumía en la expresión “el Uno y los Veinte”, lo que significa que un único país tenía más poder que veinte. La situación se repetirá en la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 1948. En el ámbito jurídico, en cambio, el éxito fue notable. La UP creó un sistema avanzado (el Derecho Internacional Americano), que influirá positivamente en la Carta de Naciones Unidas.
Desde criterios imperialistas, EEUU acuñó teorías que justificaran su hegemonía continental. De la decimonónica Doctrina Monroe y el “América para los americanos”, a la moderna de “Hemisferio Occidental”, que definía un espacio geopolítico separado del resto del mundo y controlado por Washington, que tendrá traducción legal en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, modelo de la OTAN), de 1947.
Con el triunfo de la revolución cubana, en 1959, la guerra fría se instaló en el continente. EEUU declaró subversiva toda forma de organización de izquierda, desde movimientos sociales a la Teología de la Liberación y gobiernos democráticamente electos. El suicidio de la Unión Soviética puso fin a los pretextos, y la izquierda renació con vigor inesperado hasta ganar la casi totalidad de gobiernos en Latinoamérica. Izquierda multicolor, pero unida en el afán de defender la independencia regional, establecer sistemas económico-sociales menos injustos y enterrar para siempre todo lo que huela a patio trasero de EEUU.
Quizás nada ilustre mejor los nuevos tiempos que el empeño latinoa-
mericano en que se ponga fin al embargo contra Cuba y que la isla reingrese en la OEA. Este cierre de filas no tiene nada de gratuito. Cuba ha sido, desde 1959, símbolo, retaguardia, refugio y esperanza de la izquierda regional. En la hora de los hornos, con las dictaduras militares ensangrentando Latinoamérica, Cuba resistía y mantenía vivas las utopías de perseguidos y oprimidos. La izquierda vapuleada ayer y gobernando hoy paga su deuda con la isla que no la dejó morir. Por tal motivo, los jefes de Estado latinoamericanos de izquierda han visitado Cuba en un gesto que quiere recalcar apoyo y solidaridad.
Por demás, no es Barack Obama el primer presidente de EEUU que intenta crear un nuevo marco de relaciones con Latinoamérica. La primera iniciativa fue de Franklin D. Roosevelt, en 1933, con el mundo sumido en el crack de 1929 y Europa remecida por el nazi-fascismo. Las promesas hechas a la región, a cambio del apoyo irrestricto a EEUU durante la II Guerra Mundial, se hicieron papelillo después de 1945. Kennedy propuso una Alianza para el Progreso en 1961. Entre 1976 y 1980, James Carter quiso establecer un nuevo marco, sancionando a las dictaduras violadoras de derechos humanos, entregando el canal a Panamá y aceptando el triunfo de la revolución sandinista. Ninguna de aquellas iniciativas cambió el talante imperialista de EEUU.
Ese pasado explica las desconfianzas y también las expectativas levantadas por una Cumbre que, finalmente, concluyó con muchas promesas y ningún resultado concreto, como las cumbres pasadas. No hubo, siquiera, acuerdo en la declaración final. Pese a ello, se han sentado bases –quizás por vez primera realistas– para establecer un marco nuevo de relaciones beneficiosas, respetuosas e igualitarias entre Latinoamérica y EEUU; pero Obama debe lidiar con intereses poderosos dentro de su propio país, para concretar el “nuevo marco de relaciones” anunciado en Puerto España. Las reticencias a adquirir compromisos concretos respecto a Cuba evidencian esas limitaciones. Pese a todo, Obama parece ir en serio y merece un margen amplio de confianza.
Sin restar relevancia a la V Cumbre de las Américas, lo cierto es que la agenda de Latinoamérica, si mantiene las pautas actuales, apunta a una reducción progresiva del peso de EEUU. Las crecientes relaciones con China y otras áreas del mundo (India, Rusia, Unión Europea), la profundización de la integración regional (que incluye jubilar al dólar) y el fortalecimiento del papel del Estado, así permiten suponerlo. EEUU, a su vez, tiene gravísimos y urgentes problemas que resolver, desde las guerras en Irak y Afganistán, hasta su endeudamiento y la bancarrota de sus empresas estrella. Inmigración y narcotráfico seguirán ocupando el temario birregional.
En la V Cumbre de las Américas destacaron dos hechos inéditos. Uno, el abrumador acuerdo latinoamericano y caribeño en hacer saber a EEUU que la Doctrina Monroe, criterios “hemisféricos”, intervencionismo y hegemonismo han pasado a la historia. Dos, que si Obama desea tener influencia en la región con un EEUU en declive, debe crearse un nuevo marco de relaciones que sólo puede prosperar aceptando como irreversible la independencia regional y los cambios en marcha. Porque, en el presente, la ecuación se ha invertido. No están ya el “Uno y los Veinte”. Hay un Uno, aislado y embarrancado en políticas apolilladas, frente a 20 países (que son ya 34) que, sin esperar ni pedir permiso, construyen su propio camino y futuro, con o sin cumbres.
Augusto Zamora es Embajador de Nicaragua en España y autor del libro ‘Ensayo sobre el subdesarrollo: Latinoamérica, 200 años después’
AUGUSTO ZAMORA
Anchas y caudalosas expectativas circundan al ya presidente demócrata Barack Obama. En EEUU, su toma de posesión adquirió carácter ritual, como si un nuevo mundo fuera a surgir de la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Pero no ocurrirá tal. El propio Obama ha indicado la perspectiva adecuada, al designar un gabinete de color “clintoniano”, empezando por su secretaria de Estado, Hillary Clinton. Por demás, no ha sido Obama el único presidente en despertar expectativas enormes con su elección. La historia ayuda a atemperar ánimos y poner hielo a las expectativas.
En 1913, tras varios gobiernos republicanos, ganó la presidencia el demócrata Woodrow Wilson quien, durante su campaña electoral, había criticado duramente la violenta política exterior de sus predecesores, esto es, el gran garrote de Teddy Roosevelt y la diplomacia del dólar de Howard Taft. No obstante los discursos, Wilson fue el presidente más intervencionista de EEUU. Envió tropas a México e invadió Nicaragua, Haití, República Dominicana y Cuba, intervino en China y participó en la coalición que invadió la Rusia soviética, donde soldados estadounidenses combatieron de 1918 a 1920. Wilson llevó –tardíamente, es cierto– a EEUU a la Primera Guerra Mundial, pero fue el republicano Calvin Coolidge quien auspició el pacto de renuncia a la guerra de 1928, primero que condenaba el recurso a la violencia.
El sucesor de Franklin D. Roosevelt, el también demócrata Harry Truman, posee el dudoso honor de ser el único presidente que ha ordenado el uso del arma atómica, contra Hiroshima y Nagasaki, en 1945. Truman intervino en la guerra civil griega, en 1947, y llevó a EEUU a la guerra en Corea en 1950. Bajo su mando se inició la Guerra Fría y se creó el cinturón de fuego que rodeó a la Unión Soviética, con una serie de tratados militares del que sólo sobreviven la OTAN y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aunque el TIAR está, hoy, enterrado de facto.
Hay quienes quieren ver en Obama un nuevo John F. Kennedy. Kennedy ha sido, sin duda, el presidente más popular desde Franklin D. Roosevelt; pero Kennedy inició la intervención estadounidense en Vietnam, en 1961, aprobó la Doctrina de la Seguridad Nacional (que llenó América Latina de dictaduras fascistas, exiliados y cadáveres), ordenó la invasión de Bahía de Cochinos (o Playa Girón) en 1963 e impuso el bloqueo contra Cuba, elevado desde entonces a dogma de política exterior en EEUU. Con Lyndon Johnson, también demócrata, la cifra de soldados estadounidenses en Vietnam alcanzó, en 1966, el millón y medio de hombres, y la guerra adquirió su mayor extensión. Johnson ordenó también invadir República Dominicana en 1965.
El republicano Richard Nixon llenó Latinoamérica de dictaduras atroces, pero firmó la paz en Vietnam y retiró sus soldados de Indochina. El demócrata Bill Clinton, ordenó invadir Haití en 1994 y atacar Yugoslavia en 1999. Dispuso, además, bombardeos contra Sudán y Afganistán y los mayores sobre Irak. Suya fue la decisión de convertir en ocupación la misión humanitaria en Somalia, en 1993, que terminó en desastre.
Por otra parte, el complejo militar-industrial (sobre el que advirtió el presidente Dwight Eisenhower), mueve unos 950.000 millones de dólares anuales. Demasiados millones para que su manejo pueda ser puestos en solfa por una persona, por muy presidente que sea. Creer que Obama terminará las guerras en Irak y Afganistán, pondrá fin al “escudo antimisiles”, reducirá el inmenso gasto militar y hará renacer a la ONU es conocer poco los entresijos del poder en ese país. Los intereses del complejo militar-industrial son casi sagrados y en ello concuerdan demócratas y republicanos. Distinto menester es la política interior. En el ámbito doméstico las diferencias pueden ser muy notables, sobre todo en campos como seguridad social, trabajo o impuestos.
Obama, como Kennedy en 1960, recibe un país en crisis. La diferencia es de grado. Kennedy enfrentó una recesión que solventó sin problemas. En 1960 EEUU era el 45% de la economía mundial y su hegemonía económica era casi total. Obama recibe un poder imperial en franco declive. La economía estadounidense es apenas el 19% de la economía global y su crack financiero es colosal. EEUU necesita del mundo para salvar su economía y el mundo debe auxiliarlo para evitar que la actual crisis termine en catástrofe. Kennedy tenía como único rival a la URSS. A Obama le sobran, como China (sin cuyas reservas se asfixiaría), India y Rusia. La UE y Japón son, a la vez, aliados estratégicos y rivales económicos, comerciales y tecnológicos. Latinoamérica no es la obediente de Kennedy, sino una región gobernada por una mayoría abrumadora de gobiernos progresistas y de izquierda, más lejos de EEUU y más cerca de China. Kennedy, en fin, iniciaba con muchos recursos económicos una guerra en Vietnam; Obama recibe dos, en Irak y Afganistán, con el país en virtual bancarrota.
La tarea esencial del presidente Obama no será tanto la imposible de restablecer un poder imperial que ya no existe, sino administrar, de la mejor manera posible, la decadencia de EEUU, de forma que le permita a su país conservar un máximo de poder, desde la dura realidad de que será un poder disputado por aliados y no aliados. Obama pasará a la historia no sólo por ser el primer presidente “negro” de EEUU. Lo hará por haber sido el presidente que inaugure oficialmente el mundo multipolar y entierre el sueño de un siglo XXI estadounidense. Un siglo nacido con el sello made in China.
Augusto Zamora es Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Gallardo
AUGUSTO ZAMORA
Hace escasos días, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, declaró que Rusia “es cada vez más autoritaria en su propia casa y más agresiva en el exterior”, conducta que la llevaría al “aislamiento internacional” y a la “irrelevancia política”. Si estas declaraciones las hubiera hecho el representante de algún país periférico serían una anécdota. Si la señora Rice se hubiera referido a un Estado suburbial podrían entenderse. Pero que lo diga la ministra de Exteriores de EEUU refiriéndose a Rusia genera heterogéneos sentimientos y pensamientos, por razones que saltan a la vista.
Respecto a políticas agresivas, desde el fin de la mal llamada Guerra Fría, EEUU ha agredido a tres países: la reducida Yugoslavia de Serbia y Montenegro en 1999, Afganistán desde 2001 e Irak desde 2005. En 1993 invadió Somalia. En 1994, con Bill Clinton, ocupó Haití y, en 1998, bombardeó una supuesta fábrica de armas químicas en Sudán, que resultó ser una empresa farmacéutica. Su presupuesto militar significa el 50% del gasto militar mundial, destinado a mantener, además de dos guerras, las 737 bases militares que EEUU tiene distribuidas en 130 países, con 250.000 soldados y funcionarios. Con esas cifras no hay base moral y política para hablar de pacifismo, menos todavía para afirmar que las conductas agresivas llevan al aislamiento y a la irrelevancia internacional. Si así fuera, EEUU debería estar aislado y excluido de todo.
Sobre modos autoritarios y derechos humanos, baste recordar que EEUU mantiene cárceles secretas en decenas de países, incluyendo europeos, que ha institucionalizado la tortura y que un preso en Guantánamo puede ser condenado a muerte por un tribunal militar, sin derecho a apelación y sin conocer el expediente. No es, por tanto, el país más indicado para dar lecciones morales al resto del planeta.
En lo que al aislamiento se refiere, Rusia no es Malawi o Nicaragua. Posee 17 millones de kilómetros cuadrados, que se extienden desde Polonia y Finlandia a las islas Aleutianas, en Alaska. Sus aguas van del Báltico a Japón y puede terminar siendo dueña de la mayor parte del tristemente en deshielo continente ártico. Es el país más extenso del mundo, poseedor, además, de riquezas naturales y energéticas casi infinitas, con más de 200 millones de habitantes (dentro y fuera de Rusia) y el mayor arsenal nuclear del mundo. Su desarrollo científico-técnico es notorio en la producción de sistemas bélicos y su capacidad aeroespacial es competitiva y poderosa. Su recuperación como gran potencia es evidente y recursos no le faltarán para mantenerla y fortalecerla. Pretender que un Estado de esas características caerá en la “irrelevancia política” es mostrar un atroz desconocimiento de las realidades de nuestro planeta.
Pero Condoleezza Rice pasa por mujer instruida y conocedora de esas realidades. Sus palabras, por tanto, no habrían obedecido al hecho de demostrar menosprecio hacia las potencialidades de Rusia, como gran Estado, sino a otras razones. Más parecerían responder a un sentimiento creciente de impotencia, provocado por el convencimiento íntimo (dejemos las amenazas de la candidata republicana Sara Palin, de guerra con Rusia, como anécdota) de que EEUU poco puede hacer, hoy por hoy, para enfrentar a Moscú. O que lo que puede hacer sería infinitamente peor que renunciar a hacer algo.
Ha expresado recientemente John Gray, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, que EEUU “con las instituciones hipotecarias en bancarrota y nacionalizadas, y la inmensa maquina de guerra financiada, en la práctica, mediante préstamos exteriores está en un profundo declive”. Cualquier observador neutral se da cuenta de esta realidad. Conoce, así mismo, que Rusia, China, India y otro puñado de países han creado o están volviendo a crear su propia zona de influencia e intereses, ocupando los espacios que EEUU (y también Occidente) se ve obligado a abandonar. Por tal motivo, el mundo de hoy poco tiene que ver con el que se cerró con la caída del muro de Berlín. La única región del planeta donde siguen considerando a EEUU como potencia total mundial es Europa, como si sus gobiernos y politólogos –con las excepciones de rigor– hubieran quedado en estado político catatónico y fueran incapaces de superar los reflejos condicionados generados durante la Guerra Fría.
Este es el punto central que llama la atención y que debería preocupar. ¿A qué razones, intereses o compromisos obedece el casi ciego seguimiento europeo de las políticas mundiales de una potencia en franco declive, cuando ese declive aconseja, por el contrario, marcar distancia? ¿Qué mecanismos psicológicos operan de forma tan aguda que le impiden a Europa adaptarse a los nuevos tiempos y elaborar su propia política, hacia Rusia y otras zonas, sin la tutela de EEUU? ¿Por qué empeñarse, no sólo en mantener a un fósil de la Guerra Fría como la OTAN, sino en insistir en su expansión hasta las costillas profundas de Rusia? ¿Piensa alguien en Europa, con dos dedos de frente, que Rusia permanecerá impávida, mientras EEUU le coloca misiles y ejércitos hostiles en el borde mismo de sus fronteras?
¿O se trata de algo más profundo, subterráneo, que ancla sus orígenes en las guerras entre occidentales y eslavos? Esclavo es un término que proviene de eslavo, porque eslavos fueron mayoritariamente los esclavos de godos y latinos. A pesar de su creciente poder, Rusia era vista, en los siglos XVII y XVIII, como un país bárbaro. Napoleón quiso acabar con ella y Churchill hizo cuanto estuvo de su mano para que la Alemania de Hitler descargara contra la URSS, no contra Francia, toda su furia militar. Ambos fracasaron estrepitosamente y el país agredido emergió más poderoso y fuerte.
El suicidio de la Unión Soviética fue visto como una ocasión de oro para poner a Rusia definitivamente de rodillas. EEUU avanzó sobre Asia Central y, como OTAN, sobre el Báltico y los Balcanes. Ahora quiere el Cáucaso y Ucrania. Como carreta tirada por caballos ciegos, Europa, de la mano de EEUU, está sentando las bases de nuevas guerras. ¿Hay alguien por ahí que se dé cuenta de eso? ¿Compensará EEUU su declive mundial absorbiendo a Europa y usándola como gallo de pelea? ¿Vamos hacia la batalla final entre los civilizados occidentales y los bárbaros eslavos del norte que rehúsan someterse a EEUU como han hecho los eslavos del sur (salvo Serbia y así le ha ido)?
Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional y RRII en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración sw Javier Olivares
AUGUSTO ZAMORA R.
El reconocimiento por Rusia de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia ha provocado una vehemente reacción en Occidente. De Londres a Washington, pasando por Berlín y París, los gobiernos han condenado la decisión rusa, acusando a Moscú de violar el Derecho Internacional y diversas resoluciones de Naciones Unidas, que mandaban respetar la integridad territorial de la República de Georgia. No fue distinta la reacción ni distintos los argumentos de Belgrado ante la imposición, manu militari, por un puñado de países europeos, de la independencia de la provincia serbia de Kosovo.
En su sentencia en el caso del Canal de Corfú, de 1949, la Corte Internacional de Justicia señaló que el respeto a la soberanía territorial de los Estados era una de las bases esenciales de las relaciones internacionales. Por tal motivo, la extensa resolución 1244 sobre Kosovo, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 1999, imponía una serie exhaustiva de medidas dirigidas a restablecer la paz y los derechos humanos en esa provincia, desde “la adhesión de todos los Estados al principio de la soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia”.
Aunque mandaba el retiro de las tropas yugoslavas, establecía que, en un tiempo prudencial, podrían volver a Kosovo autoridades civiles y militares yugoslavas, así como todos los refugiados que habían huido de la guerra. La misión de la ONU, en fin, debía procurar “una autonomía y un autogobierno sustanciales en Kosovo”, teniendo plenamente en cuenta “la integridad territorial de Yugoslavia”.
Nada de eso fue cumplido por la OTAN. Ni las autoridades yugoslavas ni los refugiados y desplazados serbios pudieron volver, ni se movió un dedo para establecer el régimen de autonomía. Todo lo contrario. Las acciones de las fuerzas ocupantes apuntaron a forzar la independencia de Kosovo, violando flagrantemente la resolución 1244. Finalmente, impusieron el nacimiento de un Estado sobre criterios étnicos, devolviendo a Europa al siglo XIX y otorgando legalidad a un arcaico y nocivo nacionalismo, origen de tantos males.
Un fatal precedente
Kosovo venía a establecer un fatal precedente en un continente aquejado, desde hace siglos, por movimientos ultranacionalistas, separatistas y racistas. Dado el hecho de que no existen Estados étnicamente puros y de que, en el mundo, se hablan más de 6.000 lenguas por un número similar de etnias, la forma en que se imponía a Serbia la independencia de su provincia venía a abrir la caja de los truenos.
Si se creaba un nuevo mini-Estado sobre la limpieza étnica y un criterio racial, en contra de lo decidido por la ONU y ley internacional ¿qué podría impedir que, en el futuro, otros grupos étnicos que se declarasen oprimidos dentro de un Estado nacional reclamaran su propio Estado? Flamencos y valones en Bélgica, escoceses en el Reino Unido, corsos en Francia, húngaros en Rumanía y, claro, rusos en Letonia, Estonia o Ucrania.
Osetios y abjasios, por más que grite Occidente y se critique a Rusia, no han hecho otra cosa que imitar el modelo de Kosovo, impuesto por la OTAN a la agredida y, entonces, aislada Serbia. Por eso mismo, resulta, cuando menos, patético ver a los gobiernos de los países que promovieron, valiéndose de su superioridad militar, la independencia de Kosovo, acusar a Rusia de violar resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional. Una forma, por indirecta no menos clara,
de reconocer que lo actuado en Kosovo constituye una gravísima violación del orden jurídico mundial.
Como no hay dos derechos internacionales, uno para la OTAN y otro para Rusia, si lo actuado por Rusia en Osetia del Sur y Abjasia es ilegal, nulo y no puede ser admitido por la sociedad internacional, lo actuado por la OTAN en Kosovo es igualmente ilegal y nulo, y Kosovo debe ser reintegrado a la República de Serbia. Si la medida vale para el ganso, debe valer para la gansa. Otra concepción o percepción es imperialismo puro y duro.
La espiral delirante en la que ha entrado un puñado de países, encabezados por EEUU, de pretender atajar la decisión rusa con medidas de fuerza, lleva a otro callejón sin salida. No hay opción posible de fuerza contra Moscú. La OTAN, atrapada en Afganistán, necesita perentoriamente el apoyo ruso para evitar un naufragio mayor en el país centroasiático. El gas y el petróleo ruso son vitales para Europa (no para EEUU, dato a tener en cuenta). Rusia es el único país con capacidad real de influencia en Irán. Rusia, por último, comparte con EEUU el extraño privilegio de poseer el mayor poder nuclear del mundo. ¿Adónde llevaría una agudización de la confrontación, sino a nuevos y mayores ámbitos de conflicto, que podrían desestabilizar al planeta entero?
Violencia y guerra
El problema de romper la legalidad internacional para sustituirla por políticas de fuerza (como viene haciendo la OTAN de forma sistemática desde 1999) es que, rota dicha legalidad, el campo queda abierto para la violencia y la guerra. Fue eso
lo que advirtió la CIJ en su sentencia de 1949.
Las políticas de fuerza, señaló la Corte, están reservadas, por la naturaleza de las cosas, a los Estados más poderosos y dan lugar a los mayores abusos; por esa razón no pueden tener cabida en el Derecho Internacional. Kosovo abrió una puerta a un sinfín de incertidumbres. El reto que hoy enfrenta Europa no es tanto cómo responder a Rusia sino cómo retornar al camino del Derecho, cuyo foro central no es la OTAN, sino la ONU. De lo que se decida dependerá buena parte del futuro
de este continente, que ha regalado al mundo dos guerras mundiales.
AUGUSTO ZAMORA es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua en España
AUGUSTO ZAMORA
La reciente captura de Radovan Karadzic –el perseguido y denostado dirigente de los serbo-bosnios en las atroces guerras étnicas que destruyeron la Yugoslavia de Tito– y su fulminante remisión al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia trae a la memoria el tema de la justicia universal y sus más connotados brazos ejecutores: los tribunales internacionales creados por Naciones Unidas, de 1993 a la fecha.
El más importante de ellos es el Tribunal Penal Internacional (TPI) que, aunque aprobado en 1998, no nació jurídicamente hasta 2002. Su trascendencia no ha impedido que tenga escaso desempeño, a lo que debe agregarse un dato singular, como que el TPI ha concentrado sus acciones en África. Los tres únicos expedientes que tiene abiertos son africanos: Congo, Uganda y el genocidio de Darfur, con el problema de que Sudán –igual que EEUU– no ha reconocido al TPI. Desde su creación, este tribunal sólo ha conocido un caso, el abierto contra Thomas Lubanga, líder de la Unión Patriótica Congolesa, una guerrilla de niños-soldado acusada de haber reclutado, matado o incitado a matar a jóvenes menores de 15 años en la provincia de Ituri, entre 1998 y 2003. Detenido en marzo de 2005, fue entregado pocos meses después al TPI. Pero no es Lubanga el único responsable de crímenes en África. En la Segunda Guerra del Congo murieron casi 4 millones de personas, la mayoría refugiados. De los demás jefes poco se sabe. Algunos son jerarcas de multinacionales, que financiaban las guerras étnicas para obtener, a precios irrisorios, metales preciosos como el tantalio, o los casi siempre ensangrentados diamantes africanos, cuyo uso debería prohibirse por ética.
Antes que el TPI, se crearon varios tribunales ad hoc, cuyos objetivos son muy expresivos. En 1993 se creó el Tribunal para la Ex Yugoslavia y en 1994 el Tribunal para Ruanda. En agosto del año 2000, el Consejo de Seguridad (CS) estableció un Tribunal Especial por acuerdo con Sierra Leona. En 2001, Camboya y la ONU crearon un tribunal para los crímenes del Jemer Rojo. En marzo de 2005, el CS remitió la crisis de Darfur al TPI, siendo la primera vez que el CS remitía un caso a dicho tribunal. En 2007, el CS creó un Tribunal Especial para Líbano, que juzgaría a los responsables del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri y otras 22 personas, cometidos en 2005.
En el ínterin, se han sucedido episodios singulares (como el intento de enjuiciar en España a Pinochet) y otros terribles, de venganza pura y dura, disfrazada de justicia, como los juicios –y posteriores ejecuciones– en Irak, del derrocado presidente Sadam Hussein y miembros de su gobierno. El caso de Sadam puso en evidencia el doble rasero moral y legal con que se vienen aplicando los sagrados principios de la justicia y la moral internacionales. Sadam Hussein fue ejecutado en 2006, tras una parodia de juicio, por la muerte de 148 iraquíes. Israel, desde el año 2000 y hasta julio de 2006, había matado a 783 niños palestinos. En su última agresión contra Líbano, en 2006, Israel dejó más de 1.500 muertos y daños materiales incalculables.
Los magnicidios en Líbano, como señaló un informe del Secretario General de la ONU, significaron la muerte de tres personalidades políticas y de otras 22 personas. En Darfur se habla de unos 300.000 muertos. Charles Taylor está acusado de provocar, directa o indirectamente, unas 200.000 muertes en Liberia. Pero éstas y otras cifras resultan exiguas comparadas con el holocausto iraquí, donde los muertos, desde la invasión de EEUU, oscilan, según contabilidades, entre los 650.000 y los 3 millones de personas. Se trata de la mayor matanza de civiles desde los bombardeos masivos contra Vietnam del Norte en los años 70. Para ninguno de estos crímenes existen tribunales, ni ningún gobierno ha planteado siquiera la obligación moral y legal de constituirlos.
Si de números se trata y tomamos Líbano como punto de partida, ¿no sería más justo y perentorio investigar los crímenes de la OTAN en Afganistán? Según la Cruz Roja Internacional, solamente desde el pasado 4 de julio han muerto más de 250 civiles a causa de los bombardeos de la OTAN, unos 700 desde el inicio de 2008. Diversos estudios cifran los muertos entre 2001 y 2008 en unos 25.000 civiles, a manos de la ISAF ¿Y qué decir de los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, condenado, encerrado en ese inmenso campo de concentración llamado Gaza? ¿O los crímenes de Rusia en Chechenia, que han quedado enterrados bajo un manto de petróleo?
Los tribunales especiales y el TPI enjuician a ciudadanos del Tercer Mundo, sin más excepción que el caso de la ex Yugoslavia, un país de la Europa periférica que osó enfrentar en el peor momento a la maquinaria militar de la OTAN. Salvo grupos de Derechos Humanos o expertos en Derecho, nadie plantea el enjuiciamiento de ningún gobernante o ex gobernante del Primer Mundo, aunque sus crímenes estén probados, la lista de ellos sea extensa y las víctimas se cuenten por millones, de Serbia a Afganistán.
Peor que una justicia internacional incompleta es una justicia internacional desfigurada, selectiva y sometida a intereses políticos. Con el juicio a Karadzic se quiere cerrar el capítulo yugoslavo, dejando a los países de la OTAN –culpables del crimen de agresión y otros más– limpios como patena y puros como ángeles. A Karadzic hay que juzgarlo, pero al tiempo que se sientan con él otros no menos culpables.
El Tribunal Especial para Sierra Leona lo financian, en un 75%, cuatro países (EEUU, Holanda, Gran Bretaña y Canadá). España aporta 300.000 euros. El Tribunal para la ex Yugoslavia lo forman 16 jueces, 10 de los cuales son europeos o de la OTAN. El de Ruanda lo forman otros 16. Tres son africanos, por cinco de la OTAN. El TPI lo forman también 16 jueces, 9 de ellos provenientes de países de la OTAN. Las sedes de estos tribunales están todas en Holanda. La justicia universal la paga y juzga Occidente desde Occidente. Es más justicia occidental, que no universal. Así pasa lo que pasa.
Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional en la UAM y embajador de Nicaragua en España
Ilustración de Iván Solbes
AUGUSTO ZAMORA
La lectura de las veinte páginas que contienen la Directiva P6_TA-PROV(200) 0293, Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, aprobada el pasado 18 de junio de 2008 por el Parlamento Europeo, produce una profunda perplejidad. No tanto por el uso y abuso de tecnicismos jurídicos para darle apariencia de legalidad, como por las graves violaciones que contiene del Derecho Internacional Público, tanto positivo (tratados), como consuetudinario (costumbre internacional) e imperativo (normas de ius cogens).
Del Derecho Internacional imperativo –que, como su nombre indica, se impone obligatoriamente sobre cualquier otro Derecho–, se saltan la norma que subordina los derechos internos o regionales al Derecho Internacional. Aunque la directiva hace escuálidas referencias a este Derecho, el contenido material de la misma no duda en tumbar todas las normas internacionales que no concuerdan con ella. La línea que sigue es que los Estados miembros de la UE deben aplicar la directiva “de conformidad con los principios generales del Derecho comunitario”, lo que cabe hacer únicamente cuando tal Derecho comunitario no viola una norma internacional. Puede coexistir con el Derecho Internacional, pero no puede ir contra él. Si lo hace, los Estados que violen la norma incurrirían en responsabilidad internacional, que los Estados afectados tendrían derecho de reclamar. Como recoge el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969, un Estado parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Del Derecho Positivo, la directiva entra en colisión directa con dos grandes convenciones de Naciones Unidas: la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, en vigor desde el 19 de marzo de 1967. Todos los miembros de la UE son parte de estas dos convenciones.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el gran tratado protector de la infancia, que se extiende hasta los 18 años, según dispone su artículo 1. El artículo 2, por su parte, estipula que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. Pocas dudas puede producir este texto.
El artículo 2,1 establece la obligación de tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. La situación de no documentado no es delito, sino falta administrativa, y su uso como causa de detención o de expulsión es una violación evidente de la Convención de la ONU. Esta Convención, además, dispone el derecho del niño a una nacionalidad, a su protección por el Estado donde se encuentre, el derecho a que se le priorice como refugiado y a gozar de atención legal, sanitaria y educativa y a no ser privado arbitrariamente de su libertad.
La colisión con la Convención sobre Relaciones Consulares, específicamente contra la protección consular, es aún mayor. El artículo 36 de esta Convención establece el derecho de los funcionarios consulares de “comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos”. En caso de detención o arresto, las autoridades del país están obligadas a informar sin dilación al detenido de sus derechos y al Consulado más próximo del hecho de la detención. Este es un derecho fundamental que ningún Estado o grupo de Estados puede limitar. Así lo ha indicado la Corte Internacional de Justicia en los casos LaGrand (Alemania contra EEUU), fallado en 2001, y Avena (México contra EEUU), fallado en 2004. Que la directiva de la UE atropelle la Convención de 1963 y pase por encima de dos sentencia de la CIJ son hechos de la mayor gravedad.
Pero el artículo 13,3 de dicha directiva afirma que “El nacional de un tercer país afectado podrá tener asesoramiento jurídico, representación y, en su caso, asistencia lingüística”. Esta formulación convierte en dubitativo un derecho esencial, pues el detenido debe tener tal tipo de asesoramiento, sobre todo por parte de su consulado. El artículo 16,2 de la directiva va más allá en la violación de las normas consulares, al disponer que “Previa petición, se autorizará los nacionales de terceros países en régimen de internamiento a que entren en contacto en el momento oportuno con sus representantes legales, los miembros de su familia y las autoridades consulares competentes”. La CIJ, en sus sentencias de 2001 y 2004, condenó a EEUU por “no notificar sin retraso al puesto consular más próximo” la detención de ciudadanos de Alemania y México, con lo cual había violado el artículo 36 de la Convención de 1963.
Por su parte, el artículo 16, 4 de la directiva establece que “Las organizaciones y los organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales pertinentes y competentes podrán visitar los centros de internamiento… en la medida en que se utilicen para el internamiento de nacionales de terceros países”, pero que dicha visitas “podrán estar sujetas a autorización previa”. En otras palabras, que no habrá libre acceso a los centros de internamiento. ¿No impuso EEUU una regla similar para los detenidos en Guantánamo, donde los centros de detención sólo pueden ser visitados previa autorización de las autoridades estadounidenses?
Cuestiones quedan, pero exceden el sitio y el espacio. En su pulsión anti-inmigratoria, la directiva europea contempla deportaciones masivas, que disfraza, en su artículo 18, como “situaciones de emergencia”. Una absoluta barbaridad, que rompe el sistema universal de derechos humanos. ¿Hasta dónde quiere llegar la Unión Europea?
Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua en España
Ilustración de Gallardo
AUGUSTO ZAMORA
El 18 de diciembre de 1990 se firmó en la ONU, en Nueva York, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Entre los motivos que su Preámbulo recoge para fundamentar la necesidad de esta Convención está “la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados”, así como “la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares”.
Tiene presente “que los problemas humanos que plantea la migración son aún más graves en el caso de la migración irregular”. Afirma dicho Preámbulo que “la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios”. Éstas, y otras razones, llevaron a la ONU al convencimiento “de la necesidad de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”. La Convención de 93 artículos entró en vigor el 1 de julio de 1993. Abarca a los todos los emigrantes, que clasifica en documentados y no documentados. En el ámbito jurídico internacional no existe la figura del “ilegal”. Sean de una u otra categoría, todos los emigrantes gozan de derechos esenciales que ningún Estado puede violar.
Hasta ahí todo normal. No obstante, lo que hace muy singular a esta Convención es que ningún país miembro de la Unión Europea la haya firmado o sea parte de ella. Este dato puede verificarse en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La Convención codifica los derechos humanos de los emigrantes y fue firmada por la escuálida cifra de 28 países (de 192 que integran la ONU), aunque son ya 37 los Estados parte. Por el continente europeo sólo la firmaron Albania, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, pero la ratificaron únicamente Montenegro y Bosnia-Herzegovina. No hay más presencia europea y nadie de la UE. Los Estados parte son, casi todos, de Latinoamérica, África y Asia. Nunca un tratado internacional ha marcado tan claramente la división del mundo en pobres y ricos.
No parece accidental esta inexplicable ausencia de la UE que, hasta la Convención de 1990, ha tenido una notoria presencia en temas de derechos humanos. Respecto a esta Convención, en cambio, parecería que sus miembros hubieran respondido, con disciplina militar, a una secreta directiva comunitaria de no firmarla, para evitar comprometerse en cuanto a proteger los derechos de los emigrantes. Habría cabido esperar la actitud contraria, pues, diciéndose los europeos los más preocupados por los derechos humanos en el mundo, debían haber acogido con beneplácito una convención internacional que llena un vacío legal y fortalece el sistema internacional de protección de los derechos humanos, al ocuparse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los millones de inmigrantes repartidos por nuestro planeta.
Entre las medidas que adopta la Convención está la de que todos los emigrantes tendrán derecho a la asistencia diplomática y consular; derecho a estar separados de los condenados y derecho a incoar procedimientos judiciales para que un tribunal determine si es legal su detención. Tampoco podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva.
Si se parte de esta Convención para examinar si las medidas que se han adoptado, o están por adoptarse dentro de la UE, hacia los emigrantes no documentados, son o no legales, resultaría que tales medidas son, en su mayor parte, ilegales y violatorias de derechos humanos fundamentales de ese colectivo. Los emigrantes, aunque sean no documentados, son seres humanos y, en tal condición, depositarios de derechos que ninguna razón de Estado puede negar. Entre ellos, que ser emigrante no documentado no puede nunca ser tipificado como delito, pues tal medida constituiría –según la Convención de 1990– una violación flagrante del Derecho Internacional y un drástico y lamentable retroceso en el esfuerzo de décadas por hacer valer los derechos humanos.
Sería también ilegal la detención de un emigrante no documentado por periodos de tiempo excesivos, como el periodo de año y medio aprobado recientemente por la Comisión Europea, y vigente ya en algunos países. El artículo 16,4 de la Convención de 1990 dispone que “los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias”. Puede afirmarse que, si se hace la detención en virtud de ley, no habría arbitrariedad; pero, si vamos al Código penal español, veremos que la pena de 18 meses se aplica en delitos como la tortura con atentado leve (de 1 a 3 años); abuso sexual (misma pena); reclamar públicamente la comisión de delitos por bandas armadas o grupos terroristas (de 6 meses a 2 años); robo con fuerza (de 1 a 3 años) o estafa (de 6 meses a 3 años). En otras palabras, los emigrantes no documentados podrían pasar detenidos, sin proceso legal ni condena judicial, un periodo de tiempo igual que si hubieran perpetrado uno cualquiera de los delitos señalados. Si eso no es detención o prisión arbitrarias hay que redefinir el verbo.
No es cuestión menor el tema. Se trata del destino de ocho millones de personas, que es la cifra de emigrantes no documentados que maneja la UE. Puede que estas hayan sido las razones que llevaron a los países de la UE a esfumarse de la Convención de 1990. Firmarla y ratificarla los habría obligado a someterse a un marco jurídico que no están dispuestos a admitir. Un hecho lamentable que da cuenta de la magnitud del divorcio entre, al menos, un puñado de países de la UE y el Sistema de la ONU de Derechos Humanos. ¿Sería igual la actitud si emigrantes europeos fueran tratados en Asia, África o Latinoamérica como lo están siendo en Europa? ¿Tanto es el retroceso?
Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua
Ilustración de Javier Olivares
