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Latinoamérica ante la crisis alimentaria mundial

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Etiquetas: Latinoamérica, política internacional

AUGUSTO ZAMORA

Se reunieron, el 7 de mayo en Managua, los presidentes y primeros ministros de Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Honduras, Haití, San Vicente y las Granadinas, el vicepresidente de Cuba, los cancilleres de México y Venezuela y representantes de la FAO, el BM y el BID. Querían coordinar acciones para enfrentar la crisis alimentaria que afecta a varios países del área, así como analizar el impacto de esa crisis en África y Asia y sus efectos en Latinoamérica.

Las causas de la crisis son conocidas. La producción actual de alimentos es insuficiente para atender la demanda provocada por el crecimiento económico de India y China, países que suman más de un tercio de la población mundial y cuya producción de alimentos es inferior al consumo interno que genera tal crecimiento. Cada año, estos dos países suman a decenas de millones de personas al consumo de más y mejores alimentos. Los biocombustibles son otra causa, al usar cereales vitales en la dieta humana –como el maíz– para alimentar automóviles. También el cambio climático, con sequías que destruyen los cultivos y huracanes que los arruinan. El proteccionismo de los países ricos, en fin, que arruina a millones de agricultores.

Los cálculos realizados apuntan a que, en los próximos años y décadas, la humanidad necesitará duplicar la producción de alimentos, lo que requerirá aumentar las áreas de cultivo y, muy especialmente, mejorar las técnicas de explotación agropecuaria, de forma que se cubra la demanda alimentaria sin agotar los recursos naturales.

En las circunstancias del caso, cabe meditar sobre la responsabilidad y la oportunidad que tiene una región tan vasta como Latinoamérica, para ponerse al frente de un esfuerzo mundial para resolver este problema. La región tiene, hoy, unos pocos Estados amenazados de hambre –Haití el que más–, pero este hecho es más resultado de la desigual distribución de la riqueza y de la carencia de inversiones estratégicas, que no de impedimentos naturales. Ocurre lo contrario. Latinoamérica posee en abundancia tres de los cinco factores que posibilitan la producción masiva de alimentos: clima, buenas e infinitas tierras y agua abundante. Faltan dos: uno, que los gobiernos comprendan las posibilidades que ofrece la demanda mundial de alimentos (y la aprovechen para salir de la pobreza y el atraso). Dos, que asuman el reto, pendiente desde hace casi 200 años, de realizar una revolución agraria, que permita hacer de la región un granero del mundo.

Latinoamérica tiene 20 millones de km2 y 530 millones de habitantes. China e India suman 12,8 millones de km2 y 2.400 millones de habitantes. A esta extensión territorial debe restarse la poco fértil meseta tibetana y los infértiles desiertos. Bangladesh, con 144.000 km2, tiene 150 millones de personas. Nicaragua, con 130.000 km2, posee 5,5 millones de habitantes. Japón casi no posee tierras agrícolas y Corea del Sur es montañoso en un 80%. Los recursos hídricos de esta región, además, están en su límite o lo han sobrepasado.

Latinoamérica tiene los mayores índices de agua per cápita del mundo. Suramérica está cruzada por ríos inmensos, como el Orinoco, el Amazonas y el río de la Plata. Nicaragua, en su relativa pequeñez, alberga un lago de 8.000 km2 y otro de 1.000, además de generosas corrientes que van al mar Caribe. A ello debe agregarse la interminable longitud de sus costas, que se proyectan libres sobre el océano Pacífico y, en el sur, también sobre el Atlántico.

En otras palabras, Latinoamérica posee los recursos necesarios para producir cada año centenares de miles de toneladas de alimentos con que proveer al mundo. Falta que los gobiernos entiendan la oportunidad, pues todo lo que se produzca en alimentos encontrará fácilmente mercados en América y Asia. Países como México o Venezuela son deficitarios en la producción, en tanto que China e India rozan los límites de su capacidad productiva y todos ellos poseen excedentes monetarios. Latinoamérica y Asia son, más que nunca, regiones complementarias. La superpoblada y agotada Asia necesitaría de la despoblada y rica Latinoamérica, mientras Latinoamérica necesita de inversiones y mercados asiáticos que sean motores seguros de crecimiento y desarrollo.

El mayor obstáculo para que esto suceda radica en la pésima distribución de la tierra, es decir, en un anacrónico latifundismo, que mantiene paralizadas las economías y las sociedades. Asumir el reto alimentario requiere iniciar una revolución agraria, que es algo bastante más profundo que el reparto simple de tierra. Una revolución agraria implica reformar la tenencia de la tierra, proveer recursos financieros e introducir tecnología punta para producir con máxima eficiencia. Es abrir caminos que unan las zonas productivas con las áreas de acopio y éstas con carreteras y puertos. Es educar a los productores en las bondades de la asociación cooperativa (tan exitosa en Europa), enseñándoles a organizarse solidariamente. Es introducir sistemas de racionalización en el uso del agua, para gastarla menos y aprovecharla más; es reforestar cuencas de ríos y lagos, para cuidar el precioso líquido. Se trata, en definitiva, de sacar a la región del siglo XVIII y situarla de golpe en el XXI.

No será fácil, pero tampoco imposible. Falta aunar voluntades en un enorme, necesario y urgente esfuerzo productivo, que permitiría resolver grandes males de la región y contribuir a paliar el hambre en el mundo. El factor más incierto de cualquier inversión es la existencia de mercados suficientes. Hoy hay mercados y fondos. Sólo falta poner manos a la obra y comprender que es la hora de producir.

Augusto Zamora es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua en España

Ilustración de Javier Olivares 

Lecciones de una cumbre latinoamericana

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Etiquetas: Latinoamérica

AUGUSTO ZAMORA

No fueron pocos los que, en el mundo, observaron entre perplejos y atónitos el desenlace de la XX Cumbre de Río, durante la cual los presidentes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua intercambiaron durísimas palabras, a raíz de la crisis abierta por la incursión militar colombiana en territorio de Ecuador. El panorama que precedió a la cumbre anunciaba –para quien desconociera la región– fuego y plomo. Quienes conocían la diplomacia regional sabían que, salvo una catástrofe impensable, la sangre no llegaría al río. Que la crisis podría prolongarse en el tiempo, pero, con el tiempo y aplicando los mecanismos políticos y jurídicos interamericanos, se resolvería pacíficamente y el ruido de sables quedaría en eso. En ruido.

Leyendo lo publicado sobre la crisis andina podía medirse el desconocimiento que sigue habiendo sobre Latinoamérica. Como ocurre con tantas cosas, sin conocer historia y antecedentes es imposible situar en su perspectiva la dinámica de los hechos.

Comencemos por el foro. El Grupo de Río fue creado en 1986, como hijo directo de aquel inmenso esfuerzo mediador que fue el Grupo de Contadora, nacido en 1983 para impedir una invasión de EEUU contra la Nicaragua sandinista y promover un acuerdo entre los países centroamericanos. Creado por Panamá, México, Venezuela y Colombia, en 1985 –tras el fin de las dictaduras militares– se sumaron Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. Se trataba del mayor esfuerzo político realizado por Latinoamérica desde la independencia, para enfrentarse unida a EEUU, cuya política en Centroamérica podía provocar una catástrofe que arrastraría a la región. Contadora fracasó, por el boicot de EEUU, en lo referente a lograr un acuerdo de paz, pero triunfó en cuanto a detener los planes estadounidenses. Las guerras continuaron, pero no hubo invasión.

Pese al fracaso parcial, la experiencia de Contadora marcó un hito regional. Los países latinoamericanos tomaron conciencia, tanto de su peso como región si actuaban coordinadamente, como del valor de mantener el sistema de reuniones para tratar los propios temas, sin presencias extrañas (léase EEUU). En la reunión de 1986, en Río de Janeiro, los ocho países decidieron hacer del Grupo de Contadora “un mecanismo permanente de consulta y concertación política” para, entre otros objetivos, “propiciar soluciones propias a los problemas y conflictos latinoamericanos”. Reducido, en sus inicios, a ocho, se fue ampliando con los años, hasta incluir hoy a todos los países.

En otro ámbito, los países centroamericanos envueltos en conflictos armados de distinto tipo pusieron fin a los mismos, en los años noventa. Nicaragua, en 1990; El Salvador, en 1992 y Guatemala, en 1996. El único país que se ha sustraído a la dinámica de paz ha sido Colombia, que sigue arrastrando una guerra civil centenaria como Sísifo su piedra.

Desde su fundación, varias han sido las situaciones que el Grupo de Río ha desactivado. La X Cumbre, celebrada en Cochabamba, en 1996, permitió la primera visita de un presidente chileno a Bolivia en 43 años, países enfrentados desde la Guerra del Pacífico de 1879, que privó a Bolivia de su salida al mar. La XI Cumbre de 1997 resolvió la contradicción entre Brasil y Argentina por el puesto de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad, acordando demandar dos puestos
para la región.

La crisis más grave que ha sufrido la región ha sido el conflicto territorial conocido como Guerra del Cenepa, que enfrentó a Ecuador y Perú entre el 28 de enero y el 2 de marzo de 1995. Como había ocurrido en anteriores ocasiones, el inicio de los combates fue seguido, de inmediato, por una intensa movilización de la diplomacia regional, que logró poner fin al conflicto. Decididos a no permitir nuevos choques, los países latinoamericanos lograron el compromiso de Ecuador y Perú para delimitar, de una vez y para siempre, la frontera, lo que quedó resuelto en 1998. Era la mejor manera de asentar que la guerra no tenía ya sitio en el ámbito latinoamericano.

Los conflictos de diversa índole, políticos y también territoriales, han seguido presentes en las relaciones regionales. Lo relevante no es eso, sino el hecho de que Latinoamérica viene gozando, desde hace casi dos décadas, de un periodo de paz inédito en su historia, merced, entre otras cosas, al fortalecimiento de los sistemas democráticos y al ascenso irresistible de las fuerzas de izquierda. Los conflictos políticos se resuelven políticamente y los contenciosos territoriales se someten a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por vez primera en la historia, ocho Estados de la región se encuentran litigando en el tribunal mundial. Nicaragua y Colombia, por las áreas marinas y submarinas en el mar Caribe; Argentina y Uruguay, por las papeleras en la ribera del fronterizo río Uruguay; Costa Rica y Nicaragua, por los derechos de navegación en el río San Juan; Perú y Chile, por la línea divisoria marítima en el océano Pacífico.

Latinoamérica respira paz y la voluntad de cooperación e integración regional, con todas las dificultades que puedan existir, rebasa las expectativas más optimistas. De ahí el shock que provocara la inesperada e ilegal acción militar de Colombia en Ecuador. Por eso el rechazo general de los Estados de la región y la reacción de Venezuela y Nicaragua, países que mantienen controversias políticas y territoriales con Colombia. No era en absoluto admisible que un país se arrogara el derecho de atacar el territorio soberano de otro, en contra de las normas más sagradas del Derecho Internacional. Más cuando ese ataque armado a territorio ecuatoriano era derivación de un conflicto interno anacrónico, que se arrastra desde hace casi 200 años.

En Santo Domingo el presidente Álvaro Uribe debía escoger entre el aislamiento regional o la rectificación. Que optara por la segunda vía fue obra del conjunto de presidentes latinoamericanos. Porque en la región, de la misma manera que han quedado desterradas las dictaduras militares, debía quedar claro que también está desterrada la amenaza y el uso de la fuerza. Colombia vive una anomalía regional, pero toca a los colombianos salir de su laberinto. Les queda, ahora, seguir el ejemplo centroamericano y abrir las puertas a la paz. Puede que, en algún momento, Colombia necesite su propia versión del Grupo de Contadora.

Augusto Zamora es embajador de Nicaragua y profesor de Derecho Internacional Público en la UAM

Ilustración de Iván Solbes