Tarja Halonen
Ellen Johnson-Sirleaf
Margot Wallström
Benita Ferrero-Waldner
Durante décadas, los intentos por vincular la violencia contra las mujeres a cuestiones de seguridad se solían rechazar con una sonrisa en la mayoría de los círculos diplomáticos. Por suerte, las cosas han cambiado. Hoy en día no se puede hablar de seguridad dejando al margen el análisis de los derechos de la mujer sobre el terreno. Este cambio fundamental se ha logrado gracias a las Naciones Unidas. En su resolución 1325, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce el vínculo entre la violencia contra las mujeres en los conflictos armados y el papel de la mujer en la instauración de la paz, mientras que la resolución 1820 establece formalmente que la violencia contra las mujeres puede constituir una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, queda mucho por hacer. Hasta ahora no hemos conseguido traducir todo ello en un avance suficiente sobre el terreno. En los más de diez años de conflicto en la República Democrática del Congo más de 200.000 mujeres y niños han sido violados. Se calcula que entre 20.000 y 50.000 mujeres sufrieron una violación durante la guerra de Bosnia en la década de los noventa. La violencia sexual se ha convertido en una plaga que afecta a toda la humanidad, independientemente del género. Todos estos hechos apuntan en la misma dirección: se ha trabajado mucho para poner en marcha las resoluciones 1325 y 1820, pero es el momento de lograr un verdadero avance. Nos enfrentamos aún a múltiples deficiencias, como son la falta de justicia y coordinación, y de un mecanismo que garantice la imputación de responsabilidades y la compensación de las víctimas.
Instamos a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que en la reunión de hoy, en la que deliberan sobre la violencia contra las mujeres, mejoren la situación actual. La resolución 1820 del Consejo de Seguridad sobre la Violencia Sexual en los Conflictos ya ha servido de trampolín a la protección; la resolución 1325 del Consejo de Seguridad ha sentado las bases de la asunción de responsabilidades y la participación; y la resolución 1612 del Consejo de Seguridad sobre los niños en los conflictos armados ha proporcionado todos los precedentes logísticos. Ahora es el momento de avanzar con la ayuda de estas resoluciones complementarias. También es hora de que el Consejo de Seguridad establezca una comisión de alto nivel sobre la mujer, la paz y la seguridad encargada del seguimiento y el proceso de elaboración de informes.
Además, ha de establecerse la figura de un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas con un mandato global sobre la violencia contra las mujeres y la participación de la mujer en la instauración de la paz.
Estos nuevos mecanismos deben complementar las actividades de la arquitectura de género de las Naciones Unidas, esperemos que pronto reformada, y que aborden cuestiones cruciales, tales como: Mejorar la aplicación de las resoluciones 1325 y 1820 a nivel nacional. Hasta ahora, sólo unos pocos estados miembros de las Naciones Unidas han elaborado planes de acción nacionales sobre la mujer, la paz y la seguridad. Velar por la participación de las mujeres como mediadoras en las negociaciones. Con frecuencia, el punto de vista femenino sobre las víctimas está ausente de la mesa. Por ejemplo, dado que el porcentaje de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz es de sólo entre un 10% a un 16%, su aportación personal, simplemente, no se tiene en cuenta. Hacer presión sobre los sistemas judiciales en los que la impunidad es la norma, con el fin de conceder a las mujeres la tranquilidad y la confianza de que pueden solucionar sus problemas. Establecer un observatorio para señalar y avergonzar a aquellos gobiernos y organizaciones que no protejan a sus ciudadanos y se nieguen a conseguir el bienestar de sus mujeres. Establecer las necesidades concretas de asistencia a las víctimas y la procedencia posible y obligada de la misma. Crear unidades policiales de protección a las mujeres e inclusión de mujeres policía en las fuerzas de seguridad. Prohibir como arma de guerra la violación sistemática en conflictos armados.
Tras diez años de espera, es el momento de tomar conciencia de que las mujeres no son el problema, sino la solución. En octubre de 2010, la comunidad internacional celebrará el décimo aniversario de la resolución 1325 de la ONU. El año pasado, a sugerencia nuestra, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, aceptó celebrar una conferencia de revisión ministerial de dicho organismo sobre esta resolución para señalar la ocasión. Es hora de intensificar los esfuerzos para proteger mejor a las mujeres en situaciones de conflicto y garantizar su participación en la instauración de la paz. Ya es hora de armonizar las actuaciones y establecer un paquete único de objetivos en una comisión unida de alto nivel. Trabajaremos intensamente para preparar este aniversario e instamos a las Naciones Unidas y a todos los países del mundo a situar el tema de la mujer, la paz y la seguridad en el centro de sus actividades.
Tarja Halonen es Presidenta de la República de Finlandia
Ellen Johnson-Sirleaf es Presidenta de Liberia
Margot Wallström es Vicepresidenta de la Comisión Europea
Benita Ferrero-Waldner es Comisaria de la Unión Europea
Ilustración de Mikel Casal
BENITA FERRERO-WALDNER
Cuando Rusia interrumpió el suministro de gas a Ucrania en enero, se vieron afectados muchos hogares de la Unión europea. La UE descubrió que la calidad de vida de sus ciudadanos podía verse afectada directamente no sólo por sus propios suministros de energía, sino por la situación de las relaciones políticas y comerciales entre sus vecinos del Este.
Se trata de un ejemplo único para demostrar que los intereses de la UE –de todos y cada uno de sus Estados miembros por igual– están estrechamente vinculados a lo que sucede en los países del otro lado de su frontera oriental.
A partir de este lunes, los Estados miembros debatirán por primera vez la propuesta de la Comisión de un ambicioso y novedoso proyecto de Asociación Oriental con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. A través de esta Asociación se prestará un apoyo concreto sin precedentes para impulsar reformas fundamentales a favor de la paz, la prosperidad y la seguridad que redundarán en nuestro mutuo beneficio.
La Asociación Oriental operará a varios niveles y a través de todo el espectro político. Tan sólo en el sector de la energía, ofrece, en primer lugar, un apoyo bilateral específico para reforzar la propia seguridad energética de cada país, teniendo plenamente presente que las necesidades de los países que dependen del gas ruso –como Armenia y Moldova–, de los países de tránsito –como Ucrania y Georgia– y de los países proveedores –como Azerbaiyán– son diferentes. En segundo lugar, prevé una cooperación multilateral para mejorar la alerta precoz y la preparación para situaciones de crisis. En tercer lugar, se proponen iniciativas emblemáticas que ayuden a diversificar las fuentes de abastecimiento y las vías de tránsito para el suministro de energía en la UE y a fomentar las energías limpias.
Ciertamente, la crisis del gas puso de manifiesto el grado de dependencia de algunos Estados miembros del suministro de gas ruso a través de un solo país de tránsito. Se trata de un problema específico que es preciso abordar. Pero también hizo patente lo importante que es contar con socios cuyo nivel de gobernanza permita garantizar el respeto de los contratos y la transparencia en la gestión de sectores clave; en resumen, el respeto del Estado de Derecho.
Esta es la razón por la que la Asociación Oriental incluye propuestas para el más ambicioso programa de desarrollo institucional hasta la fecha, que refuerzan la Política Europea de Vecindad y que superan todo lo ofrecido hasta ahora a los países en transición, salvo el ofrecimiento de una promesa específica de adhesión. Al ofrecer el asesoramiento de un amplio panel de expertos a los gobiernos de los países del Este de Europa y del Cáucaso no sólo estamos invirtiendo en la estabilidad política y económica de esos países, sino también en nuestro propio bienestar.
En nuestro flanco oriental subsisten varios conflictos sin resolver. El conflicto entre Rusia y Georgia de agosto del año pasado ha dejado una herida abierta en el Cáucaso, con las dos entidades separatistas de Georgia fuera del control del Gobierno de Tiflis. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para favorecer un acuerdo allí, así como en Trans-Dniéster y Nagorno Karabaj, y evitar nuevos puntos de conflicto. Un factor que puede contribuir a disminuir el riesgo es la reducción de las disparidades económicas y sociales que alimentan los enfrentamientos. La Asociación Oriental tratará de reducir las diferencias que existan entre las regiones, tal y como se ha intentado hacer dentro de la UE. Cuesta dinero, pero el precio vale la pena.
Para que la relación con un socio funcione, ambas partes tienen que hacer un esfuerzo, y este caso no es una excepción. Los socios orientales desean un comercio más libre y mayores facilidades para la circulación de personas. La UE desea impulsar la reforma. Sólo podemos incrementar los acuerdos de libre comercio con economías verdaderamente dispuestas a abrirse a la competencia. Y sólo podemos simplificar los trámites de visado a los países que cuentan con unos documentos de viaje seguros, unas fronteras adecuadamente gestionadas y acuerdos para la readmisión de repatriados. Pero si deseamos proteger nuestra seguridad debemos estar dispuestos a atender estos deseos fundamentales de nuestros vecinos. Pedimos mucho, y es preciso dar algo a cambio.
Siempre estarán quienes –tan pronto se desvanezcan los ecos de la última crisis– preferirían un planteamiento menos ambicioso de las relaciones con países cuyo desarrollo es en algunos casos muy distinto del nuestro y cuya vocación europea es frágil. Se trata de una visión cortoplacista. Debemos ser ambiciosos hoy para evitar crisis en el futuro. Esto significa abrir nuestros mercados a los productos de nuevos competidores. Significa permitir, siempre mediante acuerdos controlados de circulación, un mayor acceso a los trabajadores de estos países que puedan aportar cualificaciones necesarias en nuestros mercados de trabajo. Y también significa destinar dinero de los contribuyentes europeos a esta iniciativa.
Todo lo que la Comisión propondrá a los Estados miembros la próxima semana va en interés de nuestros ciudadanos. No se trata de un gesto filantrópico, se trata de la política exterior europea del siglo XXI. Aprovechando la singular gama de instrumentos de la UE, nuestro objetivo es lograr un nuevo e innovador estilo de asociación con países que todavía están saliendo de un pasado comunista. Si no cedemos en nuestras expectativas tanto con respecto a lo que pedimos como a lo que ofrecemos, estoy convencida de que las futuras generaciones de europeos se beneficiarán de los dividendos de la Asociación Oriental en estabilidad y prosperidad. Con la ayuda y el apoyo decidido de la presidencia checa a esta ambiciosa propuesta, así como los de mis homólogas polaca y sueca, haré todo lo que esté en mis manos para recabar el respaldo de los demás Estados miembros la semana próxima.
Benita Ferrero-Waldner es Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad
Ilustración Miguel Ordóñez
