Manuel Garí
Economista. Investigador del Area de Economía de la Fundación 1º de mayo
También firman este artículoDaniel Albarracín, Nacho Álvarez, Bruno Estrada y Bibiana Medialdea.
Ilustración de Gallardo
El mito de la energía nuclear se edificó sobre seis mentiras. El lobby atómico norteamericano la calificó inicialmente de panacea por ser “abundante, segura y barata”. Luego llegaron los atributos de “autóctona” –la OCDE la considera fuente nacional–, “limpia” porque no emite gases de efecto invernadero e “imprescindible” para el suministro energético actual y futuro.
La “abundancia” queda desmentida por las limitadas reservas de uranio identificadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que al ritmo actual de extracción se agotarán en un plazo de entre 50 y 80 años. De confirmarse la apuesta nuclear de China, Rusia e India, el precio del mineral aumentará y el plazo se reducirá. No hay tanto uranio.
La “seguridad”, tras la tragedia de Fukushima –sin contar con actos de guerra o terrorismo– es una creencia mítica sin fundamento. La reciente explosión de un horno de residuos nucleares en Francia ha puesto una vez más en evidencia la inmadurez de la tecnología nuclear frente al riesgo. La inconmensurabilidad monetaria de los riesgos ya se plasmó en las dramáticas cuentas de los efectos sociales y económicos de Chernobyl. Por ello, las aseguradoras excluyen el riesgo nuclear de sus coberturas en las pólizas privadas. En España, la responsabilidad civil de los titulares de las instalaciones es de 1.200 millones de euros (Ley 12/2011), monto insuficiente a la vista de la magnitud de los siniestros.
El atributo “autóctona” decae al constatar la ubicación de los recursos de uranio allende nuestras fronteras (según el informe WNA Market). La “limpieza” desaparece a la vista de la larga vida de los residuos radioactivos. Y de la “prescindibilidad” nuclear da buena cuenta el escaso y decreciente peso que tiene dicha energía en la producción eléctrica mundial y española. El sistema eléctrico español ha funcionando perfectamente con la mitad de los reactores del país parados por causas técnicas.
Antes de Fukushima, la FAES, el PP y el lobby español lanzaron el mensaje de la necesidad del “renacimiento nuclear” con la construcción de nuevas centrales. Entonces, ¿por qué no hay nuevos proyectos privados si no hay impedimento legal alguno? La respuesta es unívoca: los costes de construcción son muy altos, el periodo de obra dilatado, la amortización y el retorno se demoran y los costes financieros se disparan. Los costes de inversión del kilovatio (kW) nuclear suponen entre 3.800 y 5.800 euros (Agencia Moody’s, 2009) y el grupo Areva reconoce que, de momento, la central de Olkiluoto (Finlandia) alcanzará de partida los 4.500 euros por kW instalado. Ni el Banco Mundial ni la banca española fían a las nucleares. El objetivo real del lobby nuclear no es acometer la construcción de nuevas centrales, sino prolongar la vida de las ya existentes para que la industria siga obteniendo superganancias de unas plantas viejas, amortizadas e inseguras.
El sistema eléctrico español protege la energía nuclear y ni siquiera así es competitiva. Las ventajas para las nucleares, cuyos costes variables de funcionamiento son bajos, provienen del tipo de mercado eléctrico mayorista basado en un sistema de retribución marginalista imperfecto que les asegura la compra de toda la producción. Además, durante años, diversas decisiones políticas supusieron un regalo para las compañías eléctricas. El Gobierno socialista, con la moratoria de 1983 –y posterior aceptación de titulación de los activos–, salvó a las empresas nucleares de la quiebra con dinero público –mediante la inversión de más de 4.387 millones de euros– y de los usuarios –a través del recargo del 3,45% del recibo de la luz–. El Gobierno del PP repitió dádiva con la ley de 1997: subvencionó los costes de transición a la competencia.
Los costes de la energía nuclear no cesan de aumentar tras Fukushima, al tener que internalizar mayores gastos de seguridad: construcciones de protección, sistemas de seguridad duplicados, formación y supervisión de operarios y medidas frente a atentados. Y no todos los costes se contemplan. En los informes de rentabilidad, frecuentemente, se obvian gastos muy elevados como los de desmantelamiento de las centrales o los derivados de la gestión actual de los residuos que, sin embargo, se nos repercuten a los usuarios y contribuyentes. Menos aún se tienen en cuenta los costes colectivos legados a futuro en forma de “eternos” residuos peligrosísimos, el cementerio nuclear que se está construyendo en Onkalo (Finlandia) tiene una vida prevista de 100.000 años. En ambos casos se produce una socialización de las pérdidas.
Es una falacia afirmar, como se hace, sin tino, dato o argumento alguno, que la electricidad nuclear es más barata de producir que el resto y, por tanto, más económica para el consumidor final. Al evaluar los costes comparables, el Informe Lazard (2008) estimó –a partir de datos de la Comisión Europea– los costes de producción entre 5 y 9 céntimos de euro por kilovatio por hora (kWh) para la eólica y la biomasa; de 9 a 14, para la solar de concentración; de 7 a 10, para el gas; de 7 a 13, para el carbón; y de 10 a 12, para la nuclear, pese a que la mayoría de las centrales están amortizadas.
España es un país dependiente y vulnerable en casi toda la cadena de valor de la energía nuclear: tiene que importar el mineral, sus centrales funcionan con tecnologías foráneas y paga por la fabricación de concentrados, el enriquecimiento del uranio y el almacenaje de los residuos de alta radiactividad. El declive nuclear es imparable. Si es así, ¿por qué seguir discutiendo? La nuclear, además de peligrosa, es una ruina. Una ruina radiactiva.
BIBIANA MEDIALDEA
Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid
Ilustración de Federico Yankelevich
Las turbulencias financieras que sacuden a Europa desde la semana pasada han hecho pasar desapercibido un extraordinario episodio de especulación con deuda pública en España. El episodio es particularmente ilustrativo por varias razones: evidencia lo fácil que sería poner en marcha normas que impidieran operaciones de este tipo; permite calcular cuánto nos cuesta a la ciudadanía la especulación con deuda pública; invita a cuestionarse la legitimidad de una deuda que, en parte, se alimenta de jugadas de los bancos, como la que nos ocupa.
El mercado de deuda pública se organiza en dos partes. Por un lado, cuando el Estado emite nuevos títulos de deuda, lo hace en el llamado mercado primario. Los agentes financieros (en su mayoría bancos) que compran esta deuda nueva lo hacen en este mercado. Pero no conservan los títulos de deuda en sus carteras hasta su plazo de vencimiento, sino que pueden venderlos a otros agentes en el denominado mercado secundario. El volumen de títulos que se negocia en este segundo mercado es muy importante, ya que, al margen de que haya nuevas emisiones de deuda pública en el primario, los agentes financieros reestructuran sus carteras de activos vendiendo y comprando títulos entre ellos de forma continua. Por eso, porque es mucho más dinámico, es en este mercado donde se define el precio de esos títulos de deuda (y con él su tipo de interés). Cuando el Estado emite deuda nueva en el mercado primario, el tipo de interés por el que se están intercambiando los títulos en el secundario define el que habrá que ofrecer para colocar los nuevos títulos. Hasta aquí, todo normal.
El Estado anunció que la semana pasada emitiría nuevos títulos de deuda. A lo largo de la semana, realizó cuatro subastas por un total de 7.250 millones de euros. Una operación de financiación frecuente para los estados. Pero, a río revuelto, ganancia de pescadores. En un contexto de incertidumbre como el existente, los bancos sabían que la ocasión era propicia para obtener ganancias extra con estas emisiones. Y no dejaron pasar la oportunidad.
Una vez hecho público que el Estado emitiría deuda en el mercado primario, los bancos acudieron al secundario a vender masivamente los títulos que tenían en sus carteras. Inundaron el mercado de deuda española, dando la impresión de que, si nadie la quería, sería por su mala calidad. En los mercados financieros se actúa por mimetismo, y una operación generalizada por parte de los bancos (principales participantes) arrastra a los demás y define el precio de mercado que prevalece. Como consecuencia, los tipos de interés de la deuda española subieron como la espuma poco antes de la primera subasta anunciada. Los bancos consiguieron así aumentar el dinero que el Estado tendría que pagarles por la deuda que iba a emitir.
Si los mercados funcionaran, un mayor tipo de interés para los títulos de deuda (una mayor rentabilidad exigida) reflejaría el mayor riesgo que corren los compradores al adquirirlos. Como se arriesgan a que quizás no les devuelvan la cantidad adeudada, necesitan más alicientes para decidirse a comprar. Pero las subidas de tipos de interés en el mercado de deuda pública durante la semana pasada no fueron fruto de un incremento en el riesgo asociado a los títulos. Los potenciales compradores no estaban preocupados, en absoluto, por la capacidad del Estado para devolver su deuda. La deuda pública española se sitúa en torno al 60% del PIB, no sólo muy por debajo de los niveles de endeudamiento griego (143%), italiano (119%) o portugués (93%), sino también del alemán (83%) y el francés (82%). De hecho, según los últimos datos anuales disponibles, cumplimos los severos criterios de austeridad fiscal impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Una prueba irrefutable de ello es que, una vez que el Estado sacó sus títulos a la venta, por cada euro de deuda que se ofertaba había una demanda dispuesta a comprar 2,6.
Como resultado del movimiento especulativo de los días previos, los títulos subastados el jueves (bonos a 10 y a 15 años) tuvieron que colocarse a un 5,92% y un 6,22%, respectivamente. Una rentabilidad más de un 25% por encima de la que exigió el mercado la ocasión anterior en la que se subastaron títulos de este tipo. Los títulos de vencimiento a 18 meses se colocaron casi a un 4%, cuando en febrero de 2010 lo hicieron a 1,25%. Estos tipos artificialmente elevados, que los bancos prefabricaron los días anteriores con sus ventas intencionadas, han supuesto un coste adicional de 488 millones de euros para el Estado. Sólo en una semana. A esto hay que añadir que los bancos también recompraron, con esta nueva y ventajosa rentabilidad, la deuda antigua que acababan de vender en el mercado secundario. Para los bancos la operación ha sido redonda: no sólo compran deuda nueva muy rentable, sino que elevan la rentabilidad de los títulos que ya tenían. Como contrapartida, para el Estado, ha sido ruinosa: recursos públicos regalados a los especuladores. Si se contabiliza el dinero público gastado en este tipo de operaciones especulativas, el saldo en lo que va de 2011 se aproxima a los 3.500 millones de euros. Es una especie de subvención a la especulación. ¿De verdad no hay un destino mejor para nuestro dinero?
BIBIANA MEDIALDEA
La irrupción del movimiento 15-M revela cambios profundos en los cauces de expresión del conflicto social. Miles de personas indignadas han tomado en sus propias manos su futuro. Desean participar y hacer oír su voz directamente. Tras el 15-M, los cambios necesarios pueden hacerse realidad. Y no será fácil. Uno de los carteles de Sol lo expresaba con claridad: “No vamos despacio, es que vamos muy lejos”.
Ya han pasado muchas cosas. Para empezar, se han verbalizado y puesto en común los verdaderos problemas de la población. Se han organizado, desde cero, asambleas y discusiones de miles de personas. Las asambleas, así como todo lo relacionado con la logística y mística de la acampada –sin la cual, nunca lo olvidemos, nada de esto hubiera sido posible– han acaparado la mayor parte de la atención mediática. Pero, simultáneamente, se desarrolló, de una forma menos visible, una labor profunda con la vista puesta en el día después. Los grupos de trabajo y las comisiones comenzaron a construir los cimientos (las propuestas y la vertebración) del movimiento nacido el 15-M.
Desde el primer momento, la indignación que empezaba a ponerse en pie reconocía en el código genético de su irritación cuestiones que iban más allá del ámbito puramente institucional. La exigencia de “democracia real” no se ha limitado a la reforma de la Ley Electoral. La pancarta desplegada en Sol al final de la manifestación sintetizó la voluntad colectiva, su dimensión social y su talante insumiso: “Vuestra crisis no la pagamos”. El grupo de trabajo de economía dio forma a esa demanda. El resultado son unas propuestas que no constituyen un programa sistemático acabado. Pero son alternativas factibles, sensatas y fundamentadas que van al fondo de los principales problemas y que catalizarán el debate social. Pueden consultarse ya http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/06/propuestas-abiertas-de-la-comision-de-economia-sol/
La idea de que son los responsables de la crisis, y no la gente de a pie, los que han de asumir responsabilidades y pagar sus costes, es un sustrato definitorio del 15-M, que considera inaceptable que quienes se han enriquecido con el modelo económico que ha llevado al abismo estén ahora obteniendo más beneficios que nunca; nutriéndose, en una vuelta de tuerca inmoral, de una gestión de la crisis que también les beneficia. La última reforma laboral, así como la de las pensiones –que en esencia comportan precarizar las condiciones de empleo y alargar la vida laboral–, se han identificado por el 15-M como mecanismos para cargar sobre trabajadores y trabajadoras la factura de un festín ajeno. Por ello, se propone trabajar por la derogación de estas reformas y exigir a tal efecto la celebración de un referéndum vinculante sobre ellas. Con esto se generaría una nueva forma de (auto) gobierno: las decisiones fundamentales para las vidas de las personas en sociedad no deben tomarse sin consulta colectiva. Por ello, también se plantea la convocatoria de referéndum vinculante ante las opciones de un eventual rescate bancario o cualquier medida de recorte impuesta por organismos internacionales. Ejercer la democracia directa es posible: el pasado 6 de junio, los eslovenos rechazaron por referéndum alargar su vida laboral a los 65 años. ¿Por qué no aquí?
Ante el acoso bancario por impago de las hipotecas, la dación en pago aparece como una respuesta inmediata, aunque queda por solventar cómo vincular esta opción con la creación de un parque de vivienda público a partir del cual pueda generalizarse el alquiler social. Parece evidente que, tras la pérdida de la casa, el banco no puede seguir haciendo valer una deuda, que en buena lógica debería quedar saldada con la entrega del bien que se adquirió con la cantidad adeudada. Pero en ningún caso es aceptable que una familia con dificultades económicas como resultado de optar por la dación en pago se quede en la calle, por lo que es necesario un sistema público que asegure un alquiler social.
El empleo está en el centro de preocupaciones del 15-M. El reparto del empleo existente, tanto mediante la reducción generalizada de la jornada como de la vida laboral, aparece como la alternativa más razonable. Además de un mejor reparto de la riqueza y del empleo, esta medida abre la posibilidad real de distribuir entre hombres y mujeres de forma más equitativa todo el trabajo que se realiza en el ámbito privado (trabajo doméstico y de cuidados). También es necesario reparar en los repetidos casos de empresas que despiden a parte de su plantilla a pesar de estar obteniendo beneficios; por lo que, en primer lugar, debe prohibirse que tal maniobra se subvencione con dinero público. Con las informaciones sobre Telefónica en la prensa, lo lógico es abogar por la prohibición de Expedientes de Regulación de Empleo en empresas con beneficios.
Buena parte de las propuestas precisan de buenas dosis de dinero. Por ello es necesario, frente al dogma privatizador, volver a poner en el centro de las soluciones la necesidad de una banca pública. Y frente al principio neoliberal de la minimización de los ingresos fiscales, poner en evidencia la necesidad que el Estado recaude recursos suficientes mediante un sistema impositivo basado en la progresividad, a la vez que se emprende una lucha decidida y eficaz contra el fraude y los paraísos fiscales.
Desde el 15-M han pasado muchas cosas. Y seguirán pasando.
Bibiana Medialdea es miembro de la Comisión de Economía de la Acampada de Sol. Profesora de Economía Aplicada (UVA)
Ilustración de Iker Ayestaran
BIBIANA MEDIALDEA GARCÍA
Por fin nos hemos dado cuenta de que con la vivienda tenemos un problema. Y por fin hemos logrado que el Gobierno asuma públicamente que tiene la obligación de resolverlo. Ahora sólo nos falta que lo haga.
Nos hemos cansado de decirlo, de gritarlo. Al final hemos conseguido que los políticos también lo digan: tenemos derecho a una vivienda digna. Eso quiere decir que, pase lo que pase, tenemos que tener la garantía de que podremos habitar dignamente. De la misma forma que sabemos que nuestros hijos pueden ir al colegio o que seremos asistidos en caso de enfermedad. Pase lo que pase. En nuestra sociedad, ese ‘pase lo que pase’ siempre suele referirse a la misma contingencia: puedas o no puedas pagarlo. Es por ello que para garantizarnos un derecho, para asegurarnos que, pase lo que pase, podremos acceder a ciertos bienes y servicios que consideramos básicos, el Estado los saca del mercado. Como la educación o la sanidad. Es la única garantía posible. “Uff, los tipos de interés no dejan de subir, a este ritmo habrá que sacar a la cría del colegio”. “Vaya, la insulina se ha convertido en el negocio de moda; pobres diabéticos”. Nos parecería pura barbarie. Y es que con estas cosas, con los derechos, no se juega. No nos parece sensato dejar que el mercado juegue con ellos.
Efectivamente, la vida diaria está plagada de ejemplos: en nuestra sociedad la única opción eficaz para garantizar un derecho es asegurar que se puede acceder a él al margen del mercado. De los colegios a los bomberos, de las ambulancias a los abogados de oficio. No hay otra fórmula. Y el derecho a una vivienda digna no es una excepción. Un análisis de las medidas que recientemente ha anunciado el Gobierno no hace más que ratificar esta afirmación.
La primera limitación de las medidas anunciadas, la más clamorosa, es su ámbito de aplicación. ¿Cómo puede considerarse que se garantiza un derecho mediante medidas que afectan a grupos de población particulares? Las ayudas a grupos específicos sirven para regular excepcionalidades, no para asegurar condiciones que han de ser generalizables. De hecho, si el Gobierno pretende garantizar el acceso a una vivienda digna (y aun suponiendo que el mecanismo de la ayuda fuera el indicado para ello), tendría que ir ampliando sucesivamente las ayudas a los diferentes colectivos: además de a los jóvenes de menos de 30 años, a los de entre 30 y 35, a las familias monoparentales, a las numerosas, a los desempleados, a los mileuristas… La misma necesidad de ir sumando ayudas específicas evidencia la obviedad: los derechos no se protegen con reglas particulares, sino con leyes que, como los derechos mismos, han de tener cobertura universal.
Además, y aun suponiendo que el Gobierno ampliara la cobertura de las ayudas a toda la población, la noción misma de ayuda encierra en sí una carencia fundamental. En síntesis, lo que el Gobierno nos propone es darnos una bonificación, una especie de balón de oxígeno de 210 euros mensuales con el cual podremos acudir al mercado de la vivienda en mejores condiciones. Evidentemente, es un avance. Pero es sólo eso, un flotador para la tormenta, y seguramente efímero. Nada nos garantiza que el precio de la vivienda no vaya a seguir subiendo. Nada nos blinda frente al hecho de que el precio que tenemos que pagar por vivir en nuestro barrio siga dependiendo de lo que pase cada mañana en Wall Street (los pisos y solares de nuestras ciudades no son más que espléndidos objetos de negocio para los fondos de inversión extranjeros). Nada nos asegura que esos 210 euros sean una proporción relevante de los alquileres que estemos pagando dentro de un año. ¿Tendremos que pedir entonces un incremento de las ayudas? ¿Tendremos que confiar en la sensibilidad social del gobierno de turno? ¿Estaríamos dispuestos a correr ese riesgo con los servicios sanitarios (tenga usted un cheque de 100 euros y ojalá que las intervenciones quirúrgicas no suban demasiado
de precio)?
Si nos paramos a pensarlo, las medidas del Gobierno no son un avance sustancial, dado que no impiden que el precio de la vivienda siga dependiendo de la lógica especulativa. De hecho, destinaremos dinero público a pagar alquileres sobrevalorados y, por tanto, a seguir alimentando esa misma lógica. Es como si la insulina se hubiera convertido en objeto de especulación, hasta el punto de que los precios sobrevalorados impidieran a la población diabética obtener su medicación. Pretenderíamos que el Gobierno prohibiera la especulación con la insulina, no que extendiera cheques para que los diabéticos adquirieran sus medicinas a precios inflados. En vez de proteger el negocio de quienes están especulando con bienes de primera necesidad, lo que necesitamos, precisamente, es que el Estado nos defienda de los especuladores. Que nos garantice que podremos vivir en casas dignas a cambio de lo que sensatamente debería costar vivir en una casa. Que no es, ni más ni menos, que lo que valdría si no fuera por el negocio al que las viviendas están dando lugar.
En definitiva, en cuanto se le dan tres vueltas al tema de la vivienda no es posible concluir algo diferente a lo que en el caso de otros derechos nos resulta tan evidente: si es un negocio, jamás podrá garantizarse el derecho. Y es que la solución del problema de la vivienda no precisa de mucha imaginación. Simplemente, trátese el derecho a la vivienda como un derecho más. Por eso, las medidas recientemente anunciadas por el gobierno no sólo son insuficientes, sino que ni siquiera caminan en la dirección adecuada. Por eso, el 6 de octubre, en múltiples ciudades del Estado, ‘V de vivienda’ vuelve a convocar una manifestación. Ahora que sabemos que nos están escuchando es cuando más alto tenemos que gritar: nuestras vidas son más importantes que sus beneficios. El 6 de octubre, a las 18:00.
Bibiana Medialdea García es economista y miembro de la Asamblea por la Vivienda de Latina (V de vivienda).
