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Dominio público

Opinión a fondo

Las negaciones de Tony Blair

28 oct 2009
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CAMILO NOGUEIRA

dominio-28-10.jpgDespués de cinco años, salvado en Irlanda el último escollo para la puesta en marcha del Tratado de Lisboa y mientras callan los Gobiernos estatales, los medios de comunicación recogen la noticia de que el único candidato expreso para la Presidencia del Consejo Europeo es Tony Blair. Un semanario londinense, en nada favorable a la Unión política, adelanta su apoyo al ex premier británico y rechaza, escandalizado, toda pretensión de elegir a uno de los habituales “Europygmees”. Alega que, a pesar de todos sus defectos, Blair es una figura con influencia y renombre, cualidades que les niega a otros que solamente son conocidos en Bruselas.

Tony Blair aparece de nuevo. Ya había ocurrido después del referéndum francés, cuando suspendió la ratificación del proyecto de Constitución que había firmado. Entonces careció de la determinación y la autoridad del laborista Harold Wilson que, después de la adhesión de Reino Unido en 1973 –negociada por el conservador Edward Heath y aprobada por una gran mayoría en la Cámara de los Comunes contra parte de los laboristas–, presentó el acuerdo en 1975, tal como había prometido, para ser aprobado en consulta popular, siendo ratificado con el 67,2% de los votos.

Tras el triunfo del no en Francia, fueron innumerables los que jalearon a Blair como la nueva cabeza de la UE, el modernizador, el que haría nacer la Europa atlantista, lejos del arcaísmo de la Europa social. Voceros de un mundo unipolar lo publicitaron como el deseado para renovarnos. Echaron las campanas al vuelo anunciando el descarrilamiento de la UE y su reorientación meramente económica bajo un sistema neoliberal. Dando la presa por cazada, pusieron en cuestión no sólo el Tratado, que juzgaban comatoso y moribundo, sino también el euro, que osara adelantar al dólar. Sólo la confusión reinante podía explicar que se mirase hacia quien, habiendo participado en la decisión de la guerra de Irak, no quería una Unión que contase con una política social propia y dispusiese de un papel internacional común e independiente. Después de los referendos positivos del Estado español y de Luxemburgo, tuvo que ser Jean-Claude Juncker quien se enfrentase desde su pequeño Estado al premier británico, en aquel momento crecido. En junio de 2005, en el Consejo Europeo de Bruselas, a Tony Blair se le calentó la boca con la tópica idea de que Francia y Alemania no eran ya los motores de la Unión, redundando en la diferencia despreciativa del estadounidense Donald Rumsfeld entre la vieja y la nueva Europa. Y poniendo en cuestión el papel de dos Estados centrales sin los cuales no se habrían creado las Comunidades Europeas medio siglo antes ni sería concebible la UE del futuro.

Más adelante, en su primer debate en el Parlamento Europeo como presidente del Consejo, el dirigente británico –que se había negado a que la política de empleo fuera común y había contribuido a reducir el Presupuesto comunitario– habló de la modernización de la economía de la UE, asegurando que no quería abandonar el modelo social europeo y que pretendía solucionar los problemas de empleo, productividad e investigación. Para ilustrar sus ideas, procuró aquí y allá, en EEUU o en la India, comparaciones siempre desfavorables para la UE. Pretendía aparecer como el salvador de una crisis cuyas causas no le eran ajenas. Las propias limitaciones del Tratado Constitucional en la política social y fiscal que habían sido aducidas en Francia como justificación del voto negativo habían sido impuestas por Reino Unido en el momento de la Convención, en contradicción con posiciones defendidas por la mayoría del Parlamento Europeo. Tony Blair era, como relata Zigmunt Bauman, el que vendía a Reino Unido como un país de baja protección de los trabajadores, de bajos salarios, con empleados acostumbrados a trabajar duro para sus patrones. Aquella Presidencia británica del Consejo no dio una respuesta al problema de la no ratificación del proyecto constitucional ni tampoco fue capaz de presentar una alternativa, tan esperada por los estados del Este, a las Perspectivas Financieras para el período 2007-2013.

Fue Angela Merkel quien procuró una solución, durante la Presidencia alemana de 2007. Lo hizo demostrando su gran personalidad política, apoyada en la fuerza europeísta de su país y en la voluntad manifestada por la mayoría de los estados miembros. Con la propuesta del Tratado Reformador, después Tratado de Lisboa, la canciller recogió lo sustancial del Proyecto de Tratado Constitucional. Triunfaron así las posiciones básicas de la mayoría, a pesar de las concesiones obligadas debidas, principalmente, a las presiones de Tony Blair y de los dirigentes polacos y checos en cuestiones simbólicas como la bandera y el himno, que se mantienen de facto, y la Carta de Derechos Fundamentales, que permanece al ser reconocida en el Tratado Reformador. En abril de aquel año, durante la Presidencia alemana, Tony Blair había renegado por tercera vez del carácter constitucional del Tratado, argumentando que, para el pueblo británico, lo importante no eran las cosas abstractas que le resultaban lejanas, sino “los problemas del pan y la mantequilla, del empleo, la inmigración, el crimen y la energía, absolutamente vitales para nuestros ciudadanos”. Ocultaba todas las conquistas sociales logradas durante los 50 años de vida de la Unión.

La posición de Reino Unido no cambió al convertirse Gordon Brown en premier. La actitud de su posible sucesor, David Cameron, es aún más desastrosa, llegando a formar un grupo de derecha euroescéptica en el Parlamento Europeo.

En este contexto, no tendría sentido darle a Blair la ocasión de una cuarta negativa. Si es nombrado presidente, la responsabilidad ya recaería sobre los 27 jefes de Estado y de Gobierno. No puede ser posible.

Camilo Nogueira es ex diputado del Parlamento Europeo. Autor de Europa. O continente pensado

Ilustración de César Vignau

Los apoyos de Durão Barroso

19 jun 2009
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 CAMILO NOGUEIRA

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Zapatero y Rajoy coinciden en proponer a Durão Barroso para la Presidencia de la Comisión Europea. Apoyan a un aspirante que no se distingue por impulsar decisiones comunitarias frente a la crisis económica, como tampoco lo hizo para superar la parálisis del proyecto de Constitución tras los referendos de Francia y Holanda y el desentendimiento del Reino Unido. En aquel momento crucial, Barroso no hizo otra cosa más que hacerse eco de la idea escapista de Tony Blair sobre “la UE de los proyectos concretos”, cuando el avance de la Unión política constituía la condición necesaria para impulsar su acción interna e internacional.
Coinciden Zapatero y Rajoy en prolongar la Presidencia de Barroso olvidando que su anterior nombramiento no fue independiente de su participación como anfitrión en las Azores, donde se tomaron decisiones de guerra que provocaron un desastre humanitario, agravaron los problemas mundiales y contribuyeron a la división interna, aún no cicatrizada, de la UE. Después de la reciente campaña en la que se maltrataron los problemas españoles y se menospreciaron los europeos, el apoyo conjunto de socialistas y conservadores españoles a ese candidato contribuye a probar que la abstención en las elecciones europeas no responde a posiciones genéricas, como el desinterés ciudadano por algo lejano, ni siquiera posiblemente a la crisis económica, sino al reiterado uso instrumental y al ocultamiento de la UE por parte de las instituciones de los estados.
No quiere ser esto una crítica a la coincidencia de formaciones de signo diferente en decisiones de transcendencia. Sin olvidar la excepcional unión de voluntades del momento fundacional, resulta paradigmático el impulso dado a los Fondos Estruturales, la Unión Económica y Monetaria, la reunificación de Alemania o la apertura al Este por Helmut
Kohl, François Miterrand, Felipe González y, también, Mario Soares, apoyando las propuestas de Jacques
Delors, con la confianza del Parlamento Europeo (PE). Tuvieron también un sentido constructivo las posiciones de Jacques Santer y Romano Prodi, uno poniendo en circulación el euro frente a la dura ofensiva de poderes contrarios a la integración europea y el otro defendiendo al igual que el PE propuestas avanzadas durante la Convención, cuando Giscard d’Estaing se columpiaba en exceso hacia dirigentes estatales nada entusiastas con la aventura constitucional.
El apoyo conjunto del PSOE y el PP a la elección de Barroso no viene exigido por el resultado del 7 de junio. Aunque el Grupo Popular cuente con más fuerza que el Grupo Socialista, no se puede ignorar que el primero no dispone más que de 264 diputados -el 35,9% de los 736 de la Cámara– ni desdeñar una posible mayoría alternativa. El Grupo socialista conserva 161 diputados. El Grupo Verdes-Alianza Libre Europea, con 53, tuvo su mejor resultado. Resisten con 32 los partidos de la Izquierda Unitaria Europea. Si con todo ello la izquierda suma 246 deputados, una cifra próxima a la de los populares, con el Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales, de 80 diputados, podría formarse una mayoría que no puede ser negada a priori (en ella estarían diputados de PSOE, CIU, PNV, IU-IC y, rotatoriamente, de ERC, BNG, Aralar y EA). De hecho, no es raro que esta mayoría se configure en la vida del PE. Es preciso señalar que la izquierda superó en diputados a la derecha democrática tanto en Francia, donde los Verdes-ALE igualaron a los socialistas, como en el Estado español, con 24 frente a 23, quedando en Alemania a poca distancia, 38,8% frente al 39,2%, de la mayoría de Angela Merkel, teniendo presente además el 11,1% de los liberales, integrados en el Grupo
homónimo del PE.
Esta posible mayoría democrática y progresista podría determinar la elección del presidente de la Comisión y, en el supuesto de la aprobación del Tratado de Lisboa, la del presidente de la UE. Si bien en la Cámara estarán presentes grupos de extrema derecha o euroescépticos irrecuperables, por lo relativamente reducido de su presencia y por su significado político no deberían condicionar la elección de los presidentes de esas instituciones, ni tampoco el del PE.
Si esa mayoría no se instrumenta, no será sólo por los resultados de estas elecciones, sino a causa de la conjunción de los conservadores y de gobiernos socialistas como el británico, respondiendo el premier Brown a la política olvidable de su predecesor, y el español que, inseguro Zapatero en el espacio de la UE, pretende tener de su lado a Barroso durante su próxima Presidencia, cuando lo decisivo ya no es la Presidencia semestral, sino la aplicación de las reformas del Tratado de Lisboa para contribuir mejor a la superación de la crisis política, que dura ya cuatro años, y de la económica, que nos sigue amenazando.
Apenas terminada la campaña electoral, las posiciones reveladas sobre la elección del presidente de la Comisión no serán las únicas que alimenten la tendencia de los estados, comprendidas en ellos a las instituciones civiles, a obscurecer la realidad de la UE en un clima dominado por el hábito patológico de atribuir a la Unión las decisiones problemáticas, que en última instancia son determinadas por los gobiernos estatales en el Consejo Europeo. Constituye un síntoma de esta realidad el hecho de que el Gobierno español presente ahora como su principal baza frente a la crisis el proyecto de ley que, adaptando la Directiva de Servicios de la UE, modifica 47 leyes estatales. Cuando esa norma se debatía en el Parlamento Europeo, de ella no nos llegó más que un elemento parcial referente a las condiciones salariales y de trabajo, que se identificaban negativamente con las del país de origen. La denostada Directiva
Bolkenstein, pues de esta se trata, presentada ahora como taumatúrgica, fue usada en la campaña como uno de los arietes preferidos contra la Unión.

Camilo Nogueira es fue diputado del Parlamento Europeo y autor de ‘Europa, O continente pensado’.

Ilustración de Jordi Duró