Carlos Carnicero Urabayen
Master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics
Ilustración de Patrick Thomas
Consumada la debacle, el PSOE se enfrenta a una nueva etapa en la que debe redefinir sus ideas, sus proyectos y su discurso. Solamente un cambio radical de contenidos, de formas y de liderazgos puede prepararle para reencontrarse con los ciudadanos y presentarse como alternativa progresista y sólida al PP. Hay mucho que aprender de lo ocurrido con la socialdemocracia europea en los últimos años. He aquí cinco claves para la resurrección del socialismo en España.
Primera: la política doméstica es ahora europea. Los debates todavía son nacionales pero las decisiones son europeas. La crisis ha despejado cualquier duda de que nuestro destino depende de factores supranacionales, pero los políticos han optado por seguir jugando al national politics. Sirva de ejemplo que en el debate electoral ni Rajoy ni Rubal-
caba explicaron cómo conectar sus buenos deseos con las numerosas variables que operan en Bruselas.
La crisis ha dejado al descubierto la incapacidad para articular políticas progresistas para acompañar las medidas de austeridad exigidas por Europa. La mayoría de ellas (tasa Tobin, control de los mercados financieros, agencias públicas de calificación, etc.) exigen una decidida acción coordinada europea en donde los gobiernos progresistas deben actuar en bloque en el Consejo. Sin una estrategia paneuropea, las formaciones progresistas no podrán encontrar una narrativa propia y están abocadas al fracaso.
Segunda: la igualdad como prioridad. Casi todo por lo que la socialdemocracia debe luchar hoy lo dejó escrito en su libro póstumo Tony Judt. En Algo va mal, Judt hace una reflexión sobre los valores tradicionales de la izquierda que, aunque puedan parecer cada día más ajenos, la crisis ha reafirmado en su importancia. Desde los años ochenta, el individualismo ha ganado demasiado terreno. El retraimiento del Estado ha facilitado la emergencia de un lenguaje y costumbres que fomentan la autosatisfacción personal basada en el hiperconsumo y el abandono de cualquier sentimiento comunitario. La solidaridad ha caído en desuso.
Todos somos iguales pero todos nacemos en circunstancias diferentes que condicionan nuestro desarrollo vital. Los débiles lo son ahora más y el individualismo les empuja a la marginación. Y esa realidad exige impulsar políticas que faciliten a aquellos que se encuentren en circunstancias adversas “una vida que merezca la pena ser vivida y un gobierno que les sirva” –en palabras del primer ministro laborista Clement Attlee, recordadas por Judt en El refugio de la Memoria–. Además, una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa y también mejor, donde hay menos criminalidad, más armonía y más bienestar.
Tercera: una política económica progresista. Sin ella, un partido socialdemócrata está desdibujado frente a sus potenciales electores. En el tablón de anuncios de la calle Ferraz se debería leer estos días algo así como “se buscan economistas de izquierdas”. Y es que el discurso económico –anterior y durante la crisis– ha sido cuanto menos neutro y en ocasiones conservador.
Desde el Gobierno, el PSOE ha definido su progresismo sobre la base de la ampliación de derechos civiles (matrimonio homosexual, avance en los derechos de la mujer, etc.), pero no ha desarrollado una política económica progresista. Y su política fiscal, sintetizada en el mantra “bajar impuestos es de izquierdas”, ha sido conservadora y, en ocasiones, equivocadamente progresista. La ortodoxia debe dar ahora paso a una política económica propia.
Cuarta: apertura del partido a la sociedad. La sociedad española está cada vez más informada y mejor capacitada para participar. Se deben facilitar los mecanismos de participación en el PSOE. Las redes sociales (aunque no sólo) son un valioso instrumento que debe ser explotado. Si los mecanismos de permeabilidad no funcionan, los ciudadanos descontentos con las políticas del nuevo Gobierno canalizarán sus energías de otra manera, en movimientos al margen de los partidos o en partidos alternativos.
El Partido Socialista Francés, con un genuino proceso de primarias, ha logrado obtener la atención de los franceses y la participación de los ciudadanos de izquierdas. La idea de que la discrepancia y la exposición de ideas en tensión transmite debilidad debe ser desterrada. Más bien, una pretendida unanimidad discursiva en tiempos convulsos es lo que chirría en una sociedad acostumbrada a las discrepancias más cotidianas.
Quinta: evitar una huida hacia delante. El PSOE corre el riesgo de hacer los pequeños cambios necesarios para que nada cambie y esperar a que el temporal escampe. La catarsis no exige sólo una sustitución de liderazgos, sino una forma distinta de compartir el poder interno en la que los militantes actúen y se sientan protagonistas. La intermediación y nuevas formas de control del aparato son esenciales para superar la desafección de los ciudadanos hacia los partidos y de los militantes hacia sus dirigentes. Por eso, culpar solamente a la crisis de lo ocurrido es una manera de ignorar el mensaje de los electores, bajo la ingenuidad de pensar que ya se ha tocado fondo. Similar pensamiento dañino al que asegura que el euro está a salvo sólo porque los líderes europeos no serían tan irresponsables como para dejarlo caer.
Carlos Carnicero Urabayen
Máster en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics
Ilustración de Javier Jaén
Los estudiosos de las Relaciones Internacionales identifican dos posibles situaciones para explicar el orden internacional. Puede existir un equilibrio de poder cuando dos o más actores, de similar fuerza, establecen un orden en razón del equilibrio que implica su coexistencia. Por otro lado, se puede producir una situación de poder hegemónico cuando un solo actor, gracias a su fuerza incontestada, imponga al resto sus decisiones, con independencia de que sean las más adecuadas. De hecho, el actor fuerte suele encaminar sus pasos a garantizar su posición dominante.
Un vistazo a la primera década del siglo XXI da buena cuenta de los peligros asociados a una situación hegemónica: George W. Bush decidió invadir el Irak de Sadam Husein mediante una guerra
de (mala) elección, desatendió recursos en la guerra de Afganistán y consagró la vulneración de los derechos humanos (Guantánamo, Abu Ghraib, etc.). Sus políticas no fueron las más adecuadas para gestionar los retos del nuevo siglo, pero sí eran –a ojos de los halcones de Washington– las mejores para extender su visión neoconservadora.
En el orden europeo de hoy no hay guerras, pero sí una derecha hegemónica que entorpece la salida de la crisis por querer
desarrollar su agenda política conservadora. Amenazada la existencia del euro y de la UE tal y como la conocemos, sus líderes proponen recetas que se han demostrado fallidas. Las manifestaciones que recorren Europa dan buena cuenta del hartazgo social que producen; pero no ha habido desde los gobiernos de izquierda una respuesta alternativa.
La hegemonía conservadora está facilitada por la falta de
coordinación de los gobiernos progresistas en la Unión. Once podían considerase gobiernos de izquierdas en el año 2000; ahora sólo quedan cuatro. Coordinados en el Consejo podrían haber tenido cierta fuerza, pero actuando por separado su capacidad de presentar una alternativa ha sido irrisoria.
La derecha europea tampoco goza de gran coordinación, pero no le hace falta: el actual marco que rige la Unión, las reglas para hacer frente a la crisis son las heredadas de una época en la que sus principios económicos más ortodoxos fueron aceptados por la socialdemocracia, en ese idilio liberal que le ha sido tan costoso.
Tras la última cumbre “definitiva” para salvar el euro, continúan siendo pertinentes algunas preguntas: ¿alguien creía que los griegos, dadas las condiciones que les impusieron para ser rescatados, serían capaces de volver a crecer para pagar sus deudas? ¿Cuántos problemas y sufrimiento podrían haberse ahorrado si los líderes europeos, hace más de un año, hubieran tomado el asunto griego en serio? ¿No empieza a ser sospechosa la manera en que la estrategia de austeridad sin matices no solo es ignorada por los mercados, sino que además no produce crecimiento?
Como bien explicaron los economistas Jorge Fabra Utray y Juan Ignacio Bartolomé, los conservadores han presentado sus propuestas como si fueran meramente técnicas, cuando en realidad están cargadas de ideología. No es casual que haya sido un presidente demócrata norteamericano, Barack Obama, quien pida a sus aliados europeos, mayoritariamente conservadores, la inyección de estímulos. Pero se produce la paradoja de que en los países europeos donde gobierna la izquierda no se ha cuestionado la hoja de ruta de la austeridad, que ha provocado unos planes de recorte nocivos para el Estado del bienestar.
La reforma de la Constitución para limitar el déficit es el último regalo envenenado que la socialdemocracia ha aceptado. Además, parece ignorar los costes políticos que le supone este “engaño tecnócrata”: La actual dieta a la que se está sometiendo a los estados europeos para salir de la crisis facilita la continuación de un statu quo que se ha demostrado ventajoso para la presencia conservadora en el poder.
La situación hegemónica es de tal envergadura que los líderes conservadores mantienen su respetabilidad aunque coqueteen con el populismo. Merkel, ahora comandante en jefe de la Unión, es el mejor ejemplo. Lidera la gestión de la crisis del euro a golpe de impulsos electorales y, sin embargo, continúa siendo una autoridad incuestionable para sacarnos de este embrollo. Además, ni siquiera su populismo le ha funcionado en casa: de manera reiterada pierde las elecciones regionales.
Asumida la paradoja –la peor crisis del capitalismo no se ha traducido en un relanzamiento de la izquierda europea– es hora de reconsiderar la estrategia. Las recetas económicas conservadoras deben ser desnudadas y respondidas con propuestas progresistas. Entre otras, la instauración inmediata de una tasa sobre las transacciones financieras y otras medidas para un reparto justo de los costes de la crisis (empezando por limitar las obscenas retribuciones salariales en el mundo financiero), el establecimiento de eurobonos y la inyección de estímulos, como pide el Nobel Paul Krugman.
De la misma manera que la agenda neocon quedó al descubierto e inspiró a un victorioso Obama en 2008, la izquierda debe liderar una genuina transformación política europea que afirme con rotundidad el poder de los gobiernos sobre los mercados. Los ciudadanos ya han salido a la calle y han protestado frente a la ola conservadora. Ahora sólo falta que alguien canalice su malestar y presente una alternativa.
CARLOS CARNICERO URABAYEN
La Unión Europea es, desde hace tiempo, el centro de referencia sobre el que construir un futuro relevante en el mundo. Actuando por separado, somos diminutos al lado de Estados Unidos, China, India o Brasil; pero unidos somos mucho más que 27 estados. Sin embargo, la crisis ha dejado al descubierto un aumento de los liderazgos nacionalistas que, lejos de facilitar una salida reforzada de la Unión, reman en sentido contrario. El mejor ejemplo es Angela Merkel. Alemania ha estado siempre en el corazón de Europa, pero su liderazgo le conduce con paso firme hacia la periferia.
El comportamiento de Merkel al inicio de la crisis griega fue sólo un anticipo. Recordemos: retrasó la aprobación del rescate hasta que se celebraron las elecciones en Renania del Norte-Westfalia. No importó que el coste del rescate y los intereses del dinero prestado fueran más altos, lo que contaba para Merkel era contar los votos. Su tactismo valió de poco: su partido perdió las elecciones.
Los rescates de Irlanda y Portugal, además de la continua lucha griega, han puesto de manifiesto el futuro incierto del euro. La crisis ha subrayado la necesidad de adaptarse a la globalización aumentando el gobierno a nivel supranacional, que en el caso del euro debe traducirse en brindar una respuesta sistémica que tape sus vías de escape. Pues bien, la negativa alemana a aceptar los eurobonos (como primer paso para un gobierno económico europeo) y su apuesta por el pacto del euro (donde prima el elemento intergubernamental sobre el supranacional) representan más un parche que verdaderas reformas. En un año con siete procesos electorales en Alemania, los pasos decisivos para salvar el euro están secuestrados por los análisis demoscópicos de Merkel.
Lejos de aprender la lección de Westfalia, la canciller ha seguido dando bandazos según sus miopes intereses nacionales. Y es que, como ha señalado Roger
Cohen, columnista del International Herald Tribune, el atributo de la previsibilidad, que ha caracterizado a Alemania desde 1945, se encuentra desaparecido.
Las crisis japonesa y Libia cogieron a la canciller en campaña electoral, esta vez en Baden-Württemberg, la más próspera (y tradicionalmente conservadora) región alemana. Tras la fuga radiactiva en Fukushima, Merkel ordenó cerrar siete centrales nucleares, cuando meses antes había decidido alargar su vida útil. Su ministro de Economía, Rainer Brüdele, off the record, despejó las dudas: el cambio obedecía a un guiño al electorado verde. Ahora la coalición ha anunciado el cierre de todas las centrales para 2022. Todo ello sin contar con la opinión de sus vecinos europeos. Puro aislacionismo.
Mención aparte requiere el esperpento libio. En un momento histórico de concierto internacional, con la decisión de intervenir en ejercicio de la “responsabilidad de proteger” a los libios frente a Gadafi, Alemania se abstuvo en la votación de la resolución 1973 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alineándose con los emergentes (China,
Brasil, Rusia) y separándose de sus socios europeos (Francia y Reino Unido) y de Estados Unidos.
A pesar de estas piruetas, de poco le valieron a Merkel los guiños ecopacifistas: los electores de Baden-Württemberg desplazaron del poder a los democristianos, que tras más de 50 años gobernando han dado paso a una coalición de verdes y socialdemócratas. Y algo parecido ha ocurrido en las elecciones en Bremen, donde los democristianos han quedado en tercer lugar.
El último ejemplo de populismo merkeliano ha sido la crisis del pepino, cuya gestión ha causado graves daños a los agricultores españoles. Las infundadas acusaciones de las autoridades de Hamburgo –bien acompañadas por la prensa nacional– tuvieron un tufo racista por el hecho de que las verduras pudieran venir de un país del sur. Pero Merkel permaneció callada.
Los costes del liderazgo periférico de Merkel son altos tanto para Europa como para Alemania. Su nacionalismo dificulta una victoria de la política frente a los mercados, lo que juega en contra de los países del sur, pero también de la propia Alemania; conviene recordar que los bancos alemanes son uno de los principales acreedores de deuda griega. Y en fin, el verso libre alemán en la crisis libia no ha hecho sino desdibujar la respuesta política y militar europea a dicha crisis; además no habrá una creíble política de seguridad y defensa común sin contar con una Alemania comprometida en ello.
Puede parecer injusto cargar contra Merkel por esta nueva Alemania. Como sugiere Paul Kennedy, los líderes tienen una capacidad limitada para cambiar su tiempo: heredan circunstancias históricas que condicionan su timón. Merkel tiene a sus espaldas una Alemania cada vez más normalizada, cuyas actuales generaciones se han alejado del sentimiento de culpa que heredaron tras la II Guerra Mundial. Es también cierto que los alemanes creen menos en Europa, en el euro, y que coquetean con la idea de navegar en solitario por las aguas globales. Sin embargo, por propia honestidad con sus conciudadanos, haría bien Merkel en explicarles que Alemania no será por mucho tiempo la China de Europa y que, por su dimensión e intereses, su bienestar también está asociado al del resto de sus vecinos europeos, incluidos los “derrochadores del sur”.
Carlos Carnicero Urabayen es máster en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics
Ilustración de Mikel Jaso
CARLOS CARNICERO
El poder del mundo financiero se ha reafirmado con la crisis: sus líderes fueron los principales responsables de esta tragedia, pero no han visto afectado su modelo de vida. Como ha reconocido el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, “el precio de la crisis financiera está siendo pagado por personas que no fueron culpables de ella… Me sorprende lo limitado del enfado del público general”. Más bien los gobiernos no han traducido suficientemente el enfado social en medidas que repartan los costes de la crisis entre todos, incluyendo los bancos y el mundo financiero.
Los dirigentes del capitalismo actúan como si la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, seguida de la peor crisis desde la Gran Depresión, hubiera sido un capítulo de una buena novela de ficción. Bob Diamond, consejero delegado de Barclays Capital ha afirmado: “El tiempo del remordimiento y las disculpas tiene que terminar”. En la misma línea, su colega Jamie Dimon, de JP Morgan, declaró solemnemente en el foro de Davos que “el apaleamiento de los bancos debe concluir”, y que “la mejor forma de recuperar el crecimiento reside en que los bancos sean dejados libremente para financiar la recuperación económica”. Ellos se sienten maltratados, pero la sociedad les percibe como impunes.
Desde su celda en la prisión de Butner, Carolina del Norte, Bernie Madoff les observa. El estafador neoyorquino constituye una rara avis entre los jinetes del capitalismo. Primero porque pasará a la historia como el único villano que pagó con la cárcel por la crisis. Y segundo porque en realidad Madoff era un jinete de segunda, desconocido en la mayoría de circuitos financieros de EEUU. En una entrevista desde la cárcel, Madoff declaraba a The New York Times que algunos grandes bancos y hedge funds sabían de sus actividades fraudulentas; pero ninguno de ellos ha sido denunciado. Los estafados han llegado a acuerdos privados con esos bancos a cambio de evitar los tribunales. Y sin medidas ejemplarizantes es difícil pensar que “la era de la responsabilidad” en el mundo financiero de la que habló Obama pueda hacerse paso.
Los gobiernos dejaron tomar a la banca riesgos excesivos en su pretensión de que la menor regulación era la mejor receta para el crecimiento. Es verdad que se han introducido nuevas regulaciones a nivel supranacional para aumentar los fondos de reserva del sistema bancario, y algunas limitaciones sobre los productos que pueden comercializar. Pero su obsceno sistema de retribución continúa intacto. Desde la Gran Depresión y hasta 1975 se produjo un descenso de la remuneración en el mundo financiero –en comparación con la remuneración de otras profesiones– pero se volvió a disparar de nuevo a partir de los años ochenta, al calor del capitalismo desregulador patrocinado por Thatcher y Reagan. A pesar de la grave crisis, los excesos salariales continúan intactos.
En Reino Unido el actual Gobierno conservador-liberal ha tratado de calmar el enfado social mediante el Acuerdo Merlín, suscrito con cinco de los grandes bancos. El texto les compromete a prestar más a los pequeños negocios y a publicar algunos datos sobre la remuneración de sus altos directivos, pero poco más. Lo limitado del acuerdo ha causado enfado en el país, donde los recortes de gasto público están siendo especialmente severos. En realidad, la tibieza del acuerdo es un buen reflejo de las dificultades que tienen los gobiernos a la hora de meter en cintura a este poderoso lobby: el 50% de la financiación del partido conservador proviene de la City.
Los ejecutivos de banca no quieren recortes en su estilo de vida y tampoco quieren ni oír hablar de nuevos impuestos. Cuando el pasado 8 de enero se dio un importante paso para el establecimiento de una tasa tipo Tobin al aprobarse en el Parlamento Europeo el Informe Podimata, los voceros de la City de Londres alertaron de que la tasa causaría un gran éxodo de las compañías hacia fuera de Europa.
En España la necesidad de recuperar el crecimiento y crear empleo no debería dejar en un segundo plano la obligación moral del Gobierno de reintroducir la ética en el sistema financiero. Hace unas semanas, el Consejo de Caja Madrid decidió anular unos bonus que iban a repartirse varios exdirectivos de la entidad. El precedente es importante. Se dan las condiciones para que, en pleno proceso de fusión y privatización de cajas, el dinero público que reciban prestado tenga como contraprestación algunas cláusulas sobre remuneración, acceso de la mujer a los consejos de Administración o un compromiso de prestar a la pequeña y mediana empresa.
La adopción de algunas de estas medidas no constituye la solución a los problemas macroeconómicos –señalan los economistas ortodoxos–; dicen que no son las medidas esenciales para salir de la crisis. Sin embargo, su adopción facilitaría la legitimación de los gobiernos para tomar medidas que impliquen en algunos casos impopulares recortes sociales. Se lanzaría así la idea de que hay un cierto reparto de las cargas que la crisis impone en nuestro modelo de vida. De lo contrario, nos situaremos en un terreno pintoresco en donde hay crudo capitalismo para los ciudadanos que sufren los recortes y caritativo socialismo para los bancos que estén en apuros.
Carlos Carnicero tiene un Master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics
Ilustración de Javier Olivares
CARLOS CARNICERO URABAYEN Y ANTONIO ROLDÁN MONÉS
Durante la noche nevada del pasado 8 de febrero, los capos de los principales hedge funds del planeta, con George Soros a la cabeza, se reunían en una discreta cena en el corazón de Manhattan con el objetivo de diseñar un ataque especulativo coordinado contra el euro. Aprovechando la debilidad griega y tomando como referente el ataque a la libra esterlina de 1992, pensaban apostar 8.000 millones de dólares en una suculenta “operación a la baja”, ante el pronóstico de que a final de este año el euro alcanzaría la paridad con el dólar. Mientras, a lo largo y ancho de Europa comenzaban las primeras manifestaciones de trabajadores y desempleados para exigir a sus respectivos gobiernos que no reduzcan el gasto público a costa de los más débiles. ¿Qué tienen en común estos acontecimientos, en apariencia tan dispares? Ciudadanos y mercados libran un pulso soterrado que definirá quién mandará en el sistema que comienza a emerger tras la crisis. Si los gobiernos democráticos no se ponen del lado de los ciudadanos –del lado de la gobernanza democrática de los mercados– estos les darán la espalda.
Hace ya casi un año y medio de la histórica reunión del G-20 celebrada en Washington, donde, ante la catástrofe causada por el desgobierno de la globalización económica y financiera desde los años ochenta, los líderes del mundo se comprometieron a establecer las bases de un nuevo orden mundial en el que la política debía recuperar su lugar perdido. Las prioridades de reforma del sistema financiero eran claras: forzar a los bancos a aumentar sus reservas de capital; reducir su apalancamiento; fortalecer y homogeneizar los estándares contables; extender el control supervisor a todas las entidades que actúan como bancos (compañías de seguros, etc.); regular las actividades de mercados de futuros y los fondos alternativos de alto riesgo (hedge funds y private equities); y reformar las políticas de bonificación y primas.
Desde entonces, la hecatombe económica y financiera se ha llevado consigo más de siete millones de empleos en la UE. Sin embargo, los gobiernos europeos no terminan de consolidar ninguna de las reformas prometidas; incapaces de imponerse a las presiones de los grandes lobbies financieros, están poniendo en riesgo la oportunidad histórica que la crisis ha puesto en bandeja.
Es especialmente preocupante la eliminación de la agenda del Ecofin de la directiva de la Comisión Europea para regular los hedge funds. El apalancamiento excesivo y el carácter procíclico de los hedge funds han contribuido a generar el caldo de cultivo de la crisis y a agravar sus consecuencias. Madoffs
aparte, los hedge funds aprovecharon el vacío de regulación para tomar riesgos excesivos a través del uso irresponsable de la “ingeniería financiera”, poniendo en peligro al conjunto de nuestras economías.
Sin embargo, las presiones de los poderosos lobbies financieros anglosajones han podido con la voluntad común europea. Una carta del secretario del Tesoro de EEUU a su homólogo europeo y una llamada de teléfono de Gordon Brown a Zapatero, presidente de turno de la UE, fueron suficientes para que la directiva se cayera de la agenda. Para Brown, con el 80% de los hedge funds registrados en su territorio y las elecciones a la vuelta de la esquina, fue un verdadero alivio. Para los ciudadanos europeos, una derrota en su pulso contra los causantes de la crisis.
En lo referente a las exorbitantes –y persistentes– retribuciones variables de los altos directivos financieros, que incentivaron la toma de riesgos excesiva y contribuyeron a inflar más la burbuja, sucede algo parecido. Hasta la fecha, los planes para regular los bonus no han sido más que una recomendación comunitaria. Y nadie duda de que, en cuanto las economías vuelvan a crecer, cualquier pretensión de regularlos será en vano.
Finalmente, resulta paradójica la enésima implicación de la crisis griega. Mientras que en 2008 los líderes europeos llegaron a un acuerdo rápido y sin fisuras para salvar a la banca de la catástrofe, la solidaridad con Grecia, después de que anunciara hasta tres paquetes de reformas –que representan el mayor plan de ajuste desde la Segunda Guerra Mundial– ha llegado tarde y mal. Un compromiso claro desde el principio hubiera podido evitar un rescate que hoy ya parece inevitable. Tomando en cuenta las reticencias para regular los hedge funds, puede parecer que los gobiernos se preocupan más de no enfadar a los lobbies financieros que de ayudar a sus ciudadanos cuando lo necesitan.
Mientras los gobiernos europeos titubean a la hora de hacer reformas o deciden aplazarlas sine díe, amplios sectores de la población perciben que la crisis ha tenido unas consecuencias muy duras para todos menos para los que la causaron. Dar dinero a los bancos en dificultades fue probablemente necesario, pero mediante ello también se ha fortalecido a quienes ahora ejercen fuertes presiones para evitar las reformas.
Los líderes europeos están poniendo en marcha planes de reajuste y urgen a los ciudadanos a que se preparen para hacer sacrificios. He aquí el principal riesgo que esconde el pulso entre ciudadanos y mercados: si los gobiernos no logran poner en marcha las reformas prometidas que les permitan mandar sobre los mercados, ¿qué autoridad tendrán sobre los ciudadanos para pedirles que hagan esfuerzos y se adapten a los nuevos tiempos?
Carlos Carnicero Urabayen es master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics
Antonio Roldán Monés es asesor económico en el Parlamento Europeo
Ilustración de Jordi Duró
