SANTIAGO ALBA RICO, CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA, BELÉN GOPEGUI Y PASCUAL SERRANO
Estos son tiempos para la reflexión en economía. Tras algunas décadas de predominio neoliberal patrocinado por la escuela de Chicago, la economía mundial se encuentra frente a una crisis de consecuencias imprevisibles, pero en cualquier caso gravísimas. Lo mínimo que se podría pedir al espíritu científico es cambiar los paradigmas, invertir las evidencias, reaccionar, en suma, ante esta bancarrota intelectual que impidió diagnosticar y prever la catástrofe que se avecinaba. ¿Es eso lo que se está haciendo?
Hemos conocido distintas versiones más o menos destructivas del capitalismo, lo mismo que del socialismo. Pero, respecto a la lógica interna que distingue a uno del otro, hay algo que debería hoy interesarnos vivamente. El socialismo puede dejar de crecer, el capitalismo no. El socialismo puede ralentizar la marcha, el capitalismo no.
Pensemos en el ejemplo de Cuba. Al hundirse la URSS, Cuba perdió repentinamente el 85% de su comercio exterior. Su producto interior bruto decreció nada menos que un 33% en términos absolutos. Uno puede hacerse una idea de la catástrofe si se piensa que en Europa nos echamos a temblar ante la perspectiva de perder un punto en el crecimiento previsto. Y a ello se unió un endurecimiento del bloqueo estadounidense. Sin embargo, la gente no murió de hambre en Cuba, no perdió sus zapatos, ni su educación, ni su seguridad social, ni tampoco su dignidad. Lo pasaron muy mal, pero no se enfrentaron al fin del mundo como habría ocurrido con semejantes indicadores en los países capitalistas.
En medio de la actual sacudida, cuando el capitalismo destruye cuerpos en África y puestos de trabajo en España, cuando erosiona sin remedio las condiciones de habitabilidad del hogar humano, cuando para ello tiene al mismo tiempo que recurrir al lubricante de las mafias, al estímulo de los integrismos religiosos, a la restricción de los derechos laborales y al recorte de las libertades, en ese momento, todas las miradas se dirigen, en efecto, hacia Cuba… pero para condenarla y hostigarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? ¿El récord de muertos en un solo día? En México. ¿El de sindicalistas y periodistas asesinados? En Colombia. ¿El de pogromos racistas contra inmigrantes? En Italia. ¿Homofobia? En Polonia. ¿Xenofobia institucionalizada y leyes raciales? En Israel. ¿Fanatismo religioso y machismo criminal? En Arabia Saudí. ¿Control de las comunicaciones, suspensión del habeas corpus, tortura, secuestros, asesinatos de civiles? En EEUU. ¿Malos tratos a detenidos, periodistas e intelectuales procesados, periódicos cerrados, corrupción galopante, inmigrantes en centros de internamiento? En España.
Bien, aceptemos que, en este cuadro dantesco, Cuba es apenas un “mal menor”. El que desde Europa y desde España se preste tanta atención negativa al país con menos problemas del planeta –como ha hecho el diputado Luis Yáñez (Público,
9-1-10)– demuestra de sobra, en todo caso, que no es lo malo de Cuba lo que se censura, sino lo que en Cuba se opone a esta lógica dantesca y a sus efectos; es decir, lo que tiene precisamente de bueno.
Los economistas Jacques Bidet y Gérard Duménil recuerdan que lo que salvó al capitalismo en las primeras décadas del siglo pasado fue la organización; es decir, la misma planificación que los liberales identifican horrorizados con el socialismo. Gobiernos e instituciones planificaron sin parar, como siguen planificando ahora, aunque lo hicieron para conservar y aumentar los beneficios y no para conservar la vida y aumentar el bienestar humano. Pero la planificación es ya, como quería Marx, un hecho. Basta sólo cambiarla de signo. En los últimos 60 años, la minoría organizada que gestiona el capitalismo global se ha visto apoyada, a una escala sin precedentes, por toda una serie de instituciones internacionales (el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el G-8, el G-20 etc.) que han concebido en libertad, y aplicado contra todos los obstáculos, políticas de liberalización y privatización de la economía mundial. El resultado salta a la vista.
¿Y si planificásemos al revés? ¿Y si prestásemos un poco de atención positiva a Cuba? Esto no lo hemos probado aún, pero lo que intuimos en la actualidad es más bien esperanzador: a partir de una historia semejante de colonialismo y subdesarrollo, el socialismo ha hecho mucho más por Cuba que el capitalismo por Haití o el Congo. ¿Qué pasaría si la ONU decidiese aplicar su carta de DDHH y de Derechos Sociales? ¿Si la FAO la dirigiese un socialista cubano? ¿Si el modelo de intercambio comercial fuera el ALBA y no la OMC? ¿Si el Banco del Sur fuese tan potente como el FMI? ¿Si todas las instituciones internacionales impusiesen a los díscolos capitalistas programas de ajuste estructural orientados a aumentar el gasto público, nacionalizar los recursos básicos y proteger los derechos sociales y laborales? ¿Si seis bancos centrales de Estados poderosos interviniesen masivamente para garantizar las ventajas del socialismo, amenazadas por un huracán?
Podemos decir que la minoría organizada que gestiona el capitalismo no lo permitirá, pero no podemos decir que no funcionaría. Según una reciente encuesta de GlobeSpan, la mayoría que lo padece (hasta un 74%) apuesta ya por otra cosa.
En su artículo, el diputado Yáñez decía amar a Cuba. Por eso, le deseaba lo mejor: incorporarse al capitalismo, justo cuando este ha demostrado su fracaso y su incompatibilidad, al mismo tiempo, con el bienestar humano y con la democracia, con la dignidad material y con el derecho. Nosotros no amamos a Cuba: respetamos a sus hombres y mujeres por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. Quizás a Yáñez le tranquilice pensar en Colombia o en Arabia Saudí. A nosotros nos tranquiliza pensar en Cuba, esa isla donde incluso los límites, los problemas, los errores de la revolución señalan inflexiblemente, desde hace 51 años, la posibilidad histórica de una superación del capitalismo y de una alternativa a la barbarie.
Santiago Alba Rico es escritor
Carlos Fernández Liria es profesor de Filosofía (UCM)
Belén Gopegui es escritora
Pascual Serrano es periodista
Ilustración de Mikel Casal
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
Que el sistema de instrucción público está completamente deteriorado en el Estado español (y mucho más en la Comunidad de Madrid) es incontestable. Hace 25 años, antes de la LOGSE, los institutos y colegios públicos superaban a los privados en todos los ranking de calidad, con una ventaja masiva y apabullante. Ahora llevamos camino de invertir por completo esta situación. En muchos casos, incluso, la enseñanza pública se ha convertido en impracticable y ha dejado paso a la pura y descarnada asistencia social, de modo que la vida en los institutos se asemeja cada vez más a la de los reformatorios o los manicomios.
Es indudable la responsabilidad de los ministros de Educación en este naufragio. Aun sin voluntad premeditada de agredir a la enseñanza pública, es imposible que hayan ignorado las causas elementales del desastre. Y en ello el PSOE y el PP no han sido tan distintos. Más bien, cada uno a su manera, han cerrado la pinza sobre la instrucción pública hasta acabar por asfixiarla. En sus acusaciones recíprocas, unos y otros se cuidan muy mucho de aludir a lo que en verdad ha sido el cáncer del sistema educativo: la enseñanza concertada.
Sin duda la LOGSE marcó la tendencia hacia la calamidad actual. Pero no por lo que se suele decir (aunque también). Sus defensores siguen argumentando que se trataba de una buena ley, pero que faltaron recursos para aplicarla. Como si ignoraran que no hay nada tan destructivo como una ley inaplicable. Las malas leyes acaban por acomodarse a la realidad produciendo efectos medianos. Las leyes que no se pueden aplicar, en cambio, destruyen lo que hay sin ofrecer nada a cambio. En esto, es indudable la responsabilidad de los pedagogos propagandistas que cantaron las alabanzas de la “cultura del aprendizaje” (frente a la de “la enseñanza”) y de las “metodologías personalizadas” en régimen de “tutorías” y “clases participativas”, porque no podían ser tan idiotas (como tampoco lo son hoy con el asunto de Bolonia, en el que repiten la jugada) de ignorar que estaban construyendo con humo.
De todos modos, con el tiempo, la LOGSE habría acabado también por volverse razonable si el PSOE hubiera hecho lo que tenía que hacer: suprimir la enseñanza concertada. Esa era la premisa sine qua non para que ese tinglado de despropósitos y buenas intenciones pudiera cuajar de alguna forma. Al extenderse la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, en realidad, se daba un gran paso adelante. Pero delante había un abismo, al menos mientras se mantuviera abierta la posibilidad de que las clases acomodadas y medias optasen por la enseñanza concertada o privada. Actualmente hay no pocos profesores de instituto, incluso muy de izquierdas, que llevan a sus hijos a colegios concertados. Saben muy bien que las bolsas de población más desfavorecidas y problemáticas han acabado concentradas en la enseñanza pública y que esta no tiene ni de lejos recursos suficientes para estar a la altura. Ni los tendrá. Las políticas educativas (y más que en ningún sitio en la Comunidad de Madrid) se orientan cada vez más a proteger la enseñanza concertada del desastre social instalado en la enseñanza pública. Habría, desde luego, una posibilidad de revertir la tendencia: que la ley obligara a todo cargo público a escolarizar a sus hijos en guarderías, colegios e institutos elegidos por sorteo entre, por ejemplo, los 25 más cercanos al domicilio. Así tendrían que enfrentarse a la realidad de ver a sus hijos en clases que están llegando ya a los 40 alumnos, con tasas de inmigración y marginalidad altísimas, con profesores precarios que no imparten su especialidad y que, además, tienen que dedicar la mitad de su tiempo a complacer a los pedagogos con memorias, programaciones y controles que simulen una imposible atención personalizada de esta conflictiva multitud. Es obvio por qué no se legislará en ese sentido.
La situación actual es que los colegios concertados han encontrado mil maneras de burlar la ley y filtrar la extracción social de sus alumnos exigiendo tasas y donaciones o declarando tener cubierta la ratio de alumnos prescrita. Ello ha abierto en el mundo de la enseñanza el abismo de la clases sociales, dejando a la enseñanza pública la parte más conflictiva. Mientras tanto, estamos pagando con nuestros impuestos una plantilla de profesores nombrados a dedo por empresas y sectas privadas, como si nunca hubiera existido la Ilustración y viviéramos de nuevo en el medievo feudal. Todo en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados. Los hijos no tienen por qué cargar sin protección alguna con el peso de haber tenido unos padres talibanes o testigos de Jehová o del Opus o de ETA. Hace ya mucho que existió algo llamado revolución francesa y que se comprendió que un sistema público de enseñanza servía precisamente para eso.
Algunos artículos de Público han alertado sobre la merma brutal en la financiación de la enseñanza pública, en especial en la CAM. Es la punta de lanza de un desenlace previsible. Según se va logrando deteriorar el sistema público hasta volverlo impracticable, se encuentran más y más argumentos en favor de la gestión privada. Los votantes de Esperanza Aguirre verán cada vez más lógico desviar fondos públicos para la enseñanza privada. Una secuencia bien conocida del credo neoliberal: primero se asfixian las instituciones públicas que funcionan; luego, se argumenta que no funcionan y se emprende su privatización, pero, eso sí, sin dejar de financiarlas con dinero público. Se trata de una forma de saqueo muy elemental, imprescindible para financiar la actual revolución de los ricos contra los pobres.
Carlos Fernández Liria es Profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Gallardo
Carlos Fernández Liria
Bajo el sol de agosto, unos cuantos signos extremos anuncian nubarrones. Algunos siglos de rapiña y terrorismo colonial han desembocado en un mundo en el que la mitad de la población mundial sobrevive con menos de dos dólares diarios, al tiempo que las 84 mayores fortunas personales superan el Producto Interior Bruto de China y sus 1.200 millones de habitantes. El presidente del BBVA cobra 4,37 millones de euros (unos dos millones de pesetas diarias ) y tiene una indemnización por despido de 93,7 millones de euros; mientras tanto, la patronal ha exigido a Zapatero el despido gratis (el libre ya existe) y el PP se ha rasgado las vestiduras ante la intransigente negativa del Ejecutivo. Camps, en Valencia, va a habilitar un registro para dar identidad a los fetos y embriones; Berlusconi, en Italia, legisla para considerar delincuentes a los sin papeles y a todo el que les ayude, por ejemplo, alquilándoles una casa.
Este verano, los turistas han viajado a los hoteles de Senegal o el Caribe; mientras tanto, los senegaleses y los caribeños que visitan España pueden pasar el verano en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Sea como sea que hayamos desembocado en estas polaridades surrealistas, el hecho es que este planeta se ha convertido, para la mayor parte de su población, en una trampa mortal. Centenares de millones de refugiados y desplazados viven en campos de concentración. Y la crisis está convirtiendo el sistema económico internacional en una nueva solución final para gran parte de la población mundial. Ahora que ese concepto ya queda lejos, no se entiende cómo la población alemana pudo durante tanto tiempo mirar hacia otra parte teniendo Auschwitz delante de sus narices. Pero Auschwitz no estaba más cerca que los CIE de Aluche, en Madrid, o de Málaga. Por supuesto, es verdad que los CIE no son campos de exterminio, pero son los síntomas terribles de un mundo que para millones de personas se ha convertido en un campo de exterminio. La decisión de Berlusconi de criminalizar la existencia de los pobres es, sin duda, fascista. Pero la situación en España no es tan distinta: aquí el inmigrante ilegal tiene derecho a existir, pero no a buscarse la vida. Y el artículo 318 bis de nuestro Código Penal también castiga con prisión cualquier género de colaboración con la inmigración ilegal. Por su misma situación de ilegalidad, el inmigrante es sujeto de una infracción administrativa (prevista en la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España) que conlleva como sanción la expulsión de nuestro país. Incluso para garantizar que dicha expulsión se pueda llevar a cabo, puede ser internado durante 60 días en un CIE, aunque penalmente no exista nada contra él. En Italia son considerados criminales y se les interna, aquí se les interna aunque no lo sean. Esta es la lógica europea.
Podemos mirar hacia otro lado, pero la realidad sigue ahí. Los inmigrantes internados en los CIE aseguran no haber recibido la asistencia de abogados de oficios. Esto sería una negligencia del aparato de justicia que acaba con la idea misma del Estado de Derecho. En general, son detenidos sin intérprete. Muchos han sido apaleados e insultados. Hay historias terribles en las que a veces se ha detenido y repatriado a inmigrantes separándoles de su familia. Algunas mujeres han pasado semanas en un CIE teniendo que dejar a sus hijos en la guardería. En estos centros, los inmigrantes aguardan como los turistas de un vuelo chárter a ser suficiente número para llenar un avión que les repatríe. Y en no pocos casos se les repatría a un país que no es el suyo, en el que aterrizan sin dinero ni recurso vital alguno. Es como si queriendo viajar a Londres uno se encontrara que le han dejado en Kabul, desnudo y sin ninguna posibilidad de demostrar su identidad. Las condiciones higiénicas de los CIE son peores que las de las cárceles. Muchos inmigrantes tienen que hacer sus necesidades en los patios; por la noche, en el lavabo de las celdas, porque permanecen cerradas hasta las ocho de la mañana. Estamos hablando de centenares de personas apiñadas, muchas de ellas enfermas, con dolencias que van desde el sida a la gastronteritis. No se ha habilitado ninguna plantilla de asistentes sociales. Se ha denegado la entrada a las ONG, incluso a Cruz Roja (que hasta ahora había entrado hasta en los campos nazis). ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y CEAR (Comité español de ayuda al refugiado) han tenido muy difícil cumplir con su papel. El motivo es que los inmigrantes no son fácilmente clasificados como refugiados. Todos ellos son, sin duda, refugiados de este mundo que se ha convertido en un matadero, pero no siempre cumplen con el protocolo del refugiado político que maneja la Cruz Roja. Aunque la verdad salta a la vista: esa gente no hace otra cosa que huir de un campo de concentración. Esto es lo que el capitalismo y el neoliberalismo han hecho de sus países. Cuando un campo de concentración es tan grande como un país, como un continente, incluso como un hemisferio, es fácil sucumbir a ciertos espejismos.
Nuestras leyes de extranjería han convertido Europa en un Auschwitz invertido en el que los verdugos nos rodeamos de alambradas para protegernos del exterminio generalizado. Es chocante que haya filósofos que llamen a esta realidad nada menos que “patria constitucional”. Los nazis celebraron los privilegios genéticos de su raza aria. Nosotros celebramos nuestros privilegios históricos genocidas y los confundimos con obras del Derecho Constitucional. Así acabamos creyendo que tenemos derecho a ellos. El resultado, por ahora, no está siendo muy distinto. Pero puede empeorar.
Carlos Fernández Liria es Profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Iker Ayestarán
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
Con la coartada del llamado proceso de Bolonia se ha iniciado una “revolución educativa” que va a causar daños irreparables al sistema de enseñanza pública, tanto en Secundaria y Bachillerato, como en la Universidad. En los próximos meses se consumará la transformación del Certificado de Adaptación Pedagógica (CAP), que actualmente es requisito para acceder a la profesión de profesor de secundaria en un Master de Formación del Profesorado (MFP). Esta transformación había pasado intencionadamente desapercibida hasta que se publicó La profesión de Profesor, un Manifiesto firmado por 12 Juntas de Facultad, la Conferencia de Decanos de Filosofía, la Universidad de Valladolid, la Societat Catalana de Matemàtiques y 3.000 profesores y estudiantes. El Claustro de la UCM acordó pedir al Ministerio (26-5-2008) la paralización cautelar de todo el proceso. Lo mismo que el presidente de la Conferencia de Rectores, Ángel Gabilondo, que, además, se comprometió ante 500 alumnos (que todavía están esperando) a promover un debate público con Màrius Rubiralta, el secretario de Estado de Universidades. Pero todo ha sido en vano. El Máster parece que es una obsesión personal de la ministra Mercedes Cabrera que no admite discusión. Y va a salir adelante sin preguntar su opinión ni a los estudiantes universitarios ni a los profesores de Secundaria ni a las Facultades.
La Profesión de Profesor proponía que la formación del profesorado fuera (como en Francia, por ejemplo), un verdadero año de prácticas tuteladas y remuneradas tras haber aprobado la oposición y, por tanto, demostrado competencia en física, lengua, filosofía, matemáticas o música. Alertaba de que, por el contrario, el Máster que propone el Ministerio no es sino una nueva versión alargada y encarecida del CAP, un cursillo pedagógico que ha sido la vergüenza del sistema educativo español durante décadas. Lejos de proponer una verdadera formación práctica del futuro profesor, el Máster está diseñado (no hay más que consultar los “objetivos” y las “competencias que deben adquirirse” según el Anexo a la Orden ECI/3858/2007) como pura teoría psicopedagógica y didáctica (52 de sus 60 créditos). Por supuesto, se entiende que no quiera discutirse esta genial idea en público. Al menos el 95 % de los que cursaron el CAP considerarían un delirio la pretensión de convertirlo en curso anual.
El Máster, además, sustituye al quinto curso de formación que actualmente tiene que cursar un profesor en su materia, lo que supone un grave deterioro, que se suma a la devaluación general que el proceso de Bolonia impone a los grados respecto de las actuales licenciaturas. Eso implicará profesores de Secundaria y Bachillerato que cada vez sabrán menos matemáticas, filosofía, química, gramática o música. Ya no se aspira a un profesor que pueda enseñar conocimientos, sino a un asesor psicopedagógico de un material humano al que, en realidad, ya se da por perdido: el alumnado, en general, de toda la enseñanza pública. La enseñanza secundaria es, cada vez más, un asunto de asistencia social y no un asunto académico. En lugar de atajar las raíces políticas, económicas y sociales, se da por sentada la desigualdad: los niños pobres tendrán psicopedagogos y asistentes sociales; los ricos, en la enseñanza privada, seguirán teniendo profesores.
Pero, además, el MFP tendrá un efecto demoledor en el interior de la enseñanza universitaria. En todas las carreras para las que la enseñanza secundaria sea una importante salida profesional, la mayor parte de los alumnos optarán por cursar el MFP en lugar de uno de estudios avanzados en filosofía, lingüística, física o biología. A medio plazo, eso sentencia a muerte los másteres de casi todas las facultades teóricas y clásicas. Se trata de un desfalco académico inusitado que tiene su origen, por supuesto, en los intereses corporativos de los pedagogos, que ven así, de pronto, multiplicadas por diez sus salidas profesionales, aunque sea a costa de malherir los postgrados de Química, Física, Filosofía, Matemáticas, Historia, Económicas, Filología, etc.
Algunos pedagogos se han quejado de que en las protestas contra Bolonia se les atribuye una capacidad de destrucción y una influencia política que no tienen. Claro que no la tienen. Pero el MFP es la consecuencia directa de la manera en la que en España se ha presentado en sociedad el llamado proceso de Bolonia para la reforma de los estudios universitarios. Bolonia se ha vendido como una revolución pedagógica que pretende sustituir la “cultura de la enseñanza” por la “cultura del aprendizaje”. Este y otros tópicos sin sustancia no son más que la tapadera de lo que verdaderamente se ha estado jugando en la transformación neoliberal de la Universidad europea, algo que se decidió, no en Bolonia, sino en el seno de la OMC, en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS), en la Estrategia de Lisboa y, más recientemente, en la Estrategia Universidad 2015. Nos encontramos ante un proceso que pretende, lisa y llanamente, poner el dinero estatal de la universidad pública al servicio de los proyectos empresariales privados. Es lo que se llama la mercantilización de la enseñanza. A medio plazo, no tendrá financiación pública ningún proyecto académico que previamente no haya demostrado su interés para fines empresariales. Eso es tanto como decir que si una empresa invierte 10 en la Universidad, el Estado invertirá 100 en ese proyecto. Lo que se esconde bajo Bolonia no es más que un inmenso aspirador de dinero público para el sector privado.
Todo esto no tiene nada que ver con los pedagogos, por supuesto. Pero, oficialmente, ellos han aceptado sin rechistar que todo este proceso mercantilizador se vista con los ropajes de una revolución educativa. Han prestado sus servicios propagandísticos a la reconversión empresarial de la universidad pública. Y el Máster es, quizás, una recompensa o una tentación corporativista demasiado jugosa como para desdeñarla. Todavía están a tiempo de decir la verdad, destapar esta estafa y denunciar la utilización de la pedagogía en el actual naufragio académico.
Carlos Fernández Liria es Profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
PASCUAL SERRANO, SANTIAGO ALBA RICO, BELÉN GOPEGUI, CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA, ROSA REGÁS, ISAAC ROSA, TERESA ARANGUREN Y CONSTANTINO BÉRTOLO
El presidente del Gobierno español recurrió al título de la película Buenas noches y buena suerte para dirigirse a los telespectadores en el debate previo a las elecciones. La película trata de un periodista que, durante el macartismo, comprendió que lo que se presentaba como una actividad para proteger al Estado era en realidad un proceso de destrucción de los derechos civiles. Quizá el presidente quería transmitir la idea de que vivimos en tiempos oscuros pero que existe la voluntad política de afrontarlos con dignidad. Pero quizá solo estaba diciendo buenas noches y allá cada uno con lo que le caiga encima, porque tenemos miedo y es mejor estar callados.
En estos últimos días, las presiones del Gobierno colombiano han llevado en nuestro país a la detención de un ciudadano español y a su linchamiento mediático. Conviene recordar que, según el CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús, “del total de 1.670 violaciones del Derecho Internacional Humanitario reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 176 a las FARC, 8 al ELN y 4 a ‘guerrilla’ sin especificar”. Por lo cual, “se verifica que con mucho el mayor violador del Derecho Internacional Humanitario en Colombia es el propio Estado”. Hay en este momento en Colombia más de 30 senadores y diputados presos o imputados por vínculos con el paramilitarismo.
¿De qué acusa la prensa a Remedios García Albert? De haber solicitado visados para los hijos de un miembro destacado de las FARC? ¿Se heredan los delitos? ¿Debe ser abolida, en estos tiempos oscuros, la labor humanitaria? Si un niño o un joven es aplastado por una viga, ¿deberemos asegurarnos de que ni sus padres ni –tal vez– sus abuelos han tenido jamás vínculos con el terrorismo antes de levantar la viga? La prensa ha acusado además a García Albert de haber entregado 6.000 dólares a una persona en Suiza. Ni siquiera se ha preocupado de averiguar a quién se le entregaba el dinero y para qué. No era un “representante de las FARC en Suiza” –dato desmentido por el Gobierno suizo– sino un refugiado gravemente enfermo que debía costear una operación quirúrgica. Dice el abogado de García Albert que ella “actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hizo llegar a un enfermo la cantidad necesaria para hacer frente a la intervención sin imaginar que eso podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada”. ¿Queremos construir una sociedad donde nadie se atreva a ayudar a un enfermo por lo que pudiera pasar? ¿Queremos un macartismo a la española?
La prensa no solo ha publicado correos electrónicos atribuidos a García Albert, incurriendo en un delito de violación de correspondencia, sino que también ha rozado la ignominia del amarillismo con artículos en donde se habla de las relaciones afectivas de García Albert, se lanzan insinuaciones insidiosas o se habla despectivamente de que la acusada se habría “pillado” una infección.
Para obtener las pruebas de que Remedios García tramitó visados y trasladó dinero para una intervención médica, el ejército colombiano violó el espacio aéreo y terrestre ecuatoriano en una acción en la que murieron 17 miembros de las FARC, pero también cuatro estudiantes universitarios de México y un ciudadano ecuatoriano. Debe aún investigarse si se produjo violación de los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Deben investigarse las posibles violaciones del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra llevadas a cabo para incautarse los soportes informáticos donde se encontraban esos correos electrónicos.
Por lo demás, incluso la Interpol ha reconocido que “entre la fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”. Se rompió la cadena de custodia durante más de 48 horas y en ese plazo “las autoridades accedieron a las pruebas sin haber creado y/o utilizado los mecanismos de salvaguarda necesarios para que el mero acceso no las alterase”.
Por otro lado, como explica el abogado de García Albert, si bien las FARC están incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde 2002, esa consideración no es seguida unánimemente por los distintos países miembros. Así, las FARC no figuran en la lista del Reino Unido, ni en la de las Naciones Unidas. El Gobierno noruego manifestó en 2006 que no asumía la lista de la UE. Poco más de un año antes de su inclusión en dicha lista, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En España, en el año 2000, se reunieron públicamente con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el presidente del Congreso.
¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué resulta necesario recurrir a artículos de opinión para paliar la falta de información, cuando no la más burda intoxicación, de la prensa llamada seria? ¿Es normal que nuestras instituciones operen a requerimiento de un gobierno extranjero, campeón mundial de todas las violaciones y atropellos? ¿Es normal que nuestros medios de comunicación se limiten a reproducir la información policial y a atizar la criminalización de la detenida sin la más mínima investigación ni el más leve indicio de inquietud? ¿Es normal que una noticia así no provoque la menor “alarma ciudadana”? ¿Quién será el próximo? La compasión, la mediación, la solidaridad, el humanitarismo, ¿los dejaremos a un lado por miedo? En tiempos de oscuridad, solo se conservan los derechos que se defienden.
Ilustración de Jaime Martínez
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
“Un poco fuerte lo que está usted diciendo, ¿no?”, me interrumpió la presentadora de la Cadena Ser poco antes de invitarme a terminar de una vez y expulsarme del programa. Al contrario, muchos comentarios de Internet se muestran perplejos ante tan agria reacción, pues lo que se estaba mencionando no era nada del otro mundo: el apoyo de los medios de comunicación venezolanos y españoles al golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.
Se trataba de un debate (25/07/2008) con William Cárdenas, presidente de una organización que quiere llevar a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional. Es asombroso. La Cadena Ser, en representación al parecer del pueblo venezolano, invita a un señor que, seis años después de los hechos, sigue repitiendo por radio y televisión que Chávez ordenó disparar contra una indefensa manifestación opositora, provocando una matanza, y que eso fue lo que originó su derrocamiento.
Esta fue, en efecto, la noticia que en su momento airearon a los cuatro vientos los periódicos venezolanos y también los españoles, incluido, desde luego, El País. Lo sorprendente es que, seis años después, en la Ser se siga aceptando esa versión sin rechistar, y que, en cambio, se ponga el grito en el cielo al escuchar la cruda realidad: que esa versión de los hechos fue la coartada principal para dar un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional de Chávez, y que, desde el principio, se contaba con la colaboración de los medios para propagarla. No hay más que recordar las palabras del vicealmirante golpista Ramírez Pérez, el propio día 11 de abril: “Tuvimos un arma fundamental: los medios de comunicación. ¡Gracias!”.
Por supuesto, si el golpe de 2002 hubiera triunfado –provocando un río de sangre que sin duda todavía seguiría corriendo a día de hoy–, los medios habrían podido oficializar esa versión sin problemas. El apoyo de la prensa española al pinochetazo contra Chávez fue bochornoso y también la forma en la que esgrimieron su coartada. El editorial del 13 de abril de 2002 de El País aseguraba que “la gota que había colmado el vaso” fue “la represión protagonizada por la policía y francotiradores adictos a Chávez”. El día 14 se afirmaba que “los tiroteos de grupos chavistas causaron hasta 24 muertos” y se hablaba de “mártires de la democracia muertos a balazos por manifestarse en la calle contra el ex presidente Hugo Chávez”. El día 13, un titular de El País se refería al presidente golpista Pedro Carmona como “El hombre tranquilo” (“Nacido para el diálogo”, lo consideraba El Mundo), y lo erigía (¡en tanto que jefe de la Patronal!) en “representante de casi el 80% de los 10 millones de trabajadores venezolanos”. A los manifestantes que pidieron la restitución del orden constitucional se les denominó “muchedumbre desquiciada”, mientras que a los que asaltaron la embajada de Cuba y agredieron a los diputados se les llamó “resistencia civil”. A los militares que se mantuvieron leales al orden constitucional, El País del día 14 los llamó “focos aislados de insurrección castrense”. El editorial del día 13 instaba a la Unión Europea a contribuir a “un régimen democrático normal y estable en Venezuela” (¡aprovechando el golpe de Estado!), y se pedía que Chávez diera “cuenta de sus desmanes ante los tribunales”.
Como es sabido, centenares de miles de personas que salieron a la calle en defensa de la Constitución, lograron –contra todas las previsiones– abortar el golpe de Estado. Los medios venezolanos siguieron mintiendo y llamando al magnicidio como si tal cosa (en ningún país del mundo ha habido jamás tanta libertad de expresión como en Venezuela); para los medios de comunicación españoles, sin embargo, la situación era muy delicada, pues habían apoyado abiertamente un golpe de Estado y no iba a ser fácil disimularlo.
La decisión fue seguir mintiendo y, a día de hoy, siguen haciéndolo. Ahora bien, sólo un activista como William Cárdenas tiene ya la osadía de seguir con el cuento de la masacre. Eso sí, resulta insólito que la Ser se lo trague como si nada, a estas alturas, al tiempo que se escandaliza porque se cuente lo que ya nadie puede honestamente poner en duda. La mayor parte de los muertos fueron chavistas. Los francotiradores y la policía metropolitana que dispararon contra la población estaban a las órdenes del alcalde Alfredo Peña, el máximo opositor de Chávez en aquel momento. La matanza había sido planeada por los golpistas. Se trataba de utilizar a la población civil para que “pusiera los cadáveres necesarios sobre la mesa”, tal y como decía el telegrama que el embajador español envió al Gobierno de Aznar ese mismo día (y que Moratinos –se recordará– leyó en el Congreso). La prueba fundamental de la matanza, el vídeo que se utilizó para jalear el golpe de Estado, en el que se veía a unos chavistas disparando contra la “manifestación indefensa”, estaba trucado. Así lo reconoció su mismísimo autor, Luis Alfonso Fernández, que, por cierto, había sido ya galardonado con el Premio Periodismo Rey de España. Durante el juicio contra los chavistas (que resultaron absueltos) reconoció que estos jamás dispararon contra ninguna manifestación, sino contra la policía metropolitana que los estaba cosiendo a balazos. Y reconoció que la voz en off que gritaba que estaban disparando contra la manifestación había sido superpuesta en los estudios de Venevisión (el canal del Grupo Cisneros, que mantiene intereses compartidos con Prisa en América Latina).
No habría hecho falta esperar tanto para saber la verdad: pocos días después de los acontecimientos, Le Monde Diplomatique había ya demostrado que todo era una burda patraña. Pero seguir mintiendo seis años después es grotesco. ¡Basta ya! Lean el Latinobarómetro de 2008. Es la encuesta independiente más prestigiosa sobre temas latinoamericanos. Venezuela saca 22 puntos en grado de confianza en la democracia a la medida de Latinoamérica; 16 puntos en confianza en los partidos políticos; 31 puntos en satisfacción con la situación económica. Que comenten estos datos y dejen de mentir.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Mikel Jaso
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
Es una noticia muy importante que dos centenares de estudiantes llevan un mes encerrados en la Facultad de Filosofía de la UCM para resistir contra la mercantilización de la enseñanza (el llamado proceso de Bolonia)? Sí lo es. No desde luego por sus efectos históricos espectaculares, pero sí por su significado. Su ejemplo es muy clarificador respecto a lo que aún nos es legítimo esperar de este mundo en que vivimos, respecto a lo que no debemos renunciar a respetar y sobre lo que debemos defender a cualquier precio por encima de todas las
ofertas del mercado.
El hecho no tiene nada de habitual. No se trata de una protesta estudiantil entre otras sino de algo excepcional, podría decirse que casi por definición. Pues la filosofía no es más que la permanente reflexión sobre una excepción: “algo que hace a los hombres negarse a perder, por amor a la vida, aquello que hace a la vida digna de ser vivida”. La filosofía es el intento de sacar las consecuencias de lo que se expresa en esta frase de Kant. Esta excepción comenzó en Grecia con una constatación esencial: lo interesante que era lo desinteresado. Saber por saber, desinteresadamente, resultó ser interesantísimo. De esa experiencia surgieron las matemáticas, la física, la filosofía, la ética y el derecho. De la perplejidad ante lo desinteresado surgieron las cosas que más nos interesan: el mundo entero de la razón y de la libertad. Y así fue como se inició para la humanidad la aventura más inquietante: la de convertir esa excepción en norma de la vida humana, que sólo entonces puede llamarse digna. Y también en norma de una ciudad en “estado de razón”, o lo que es lo mismo, en “estado de derecho”.
Los hechos de la Facultad de Filosofía son una angustiosa llamada de atención respecto a esa excepción. Y por eso –como la prensa no ha parado de repetir–, han tenido algo de excepcionales. ¿Una huelga a la japonesa? ¿De filósofos? Algo, cuando menos, poco habitual. Doscientos muchachos de entre 18 y 25 años, estudiantes de filosofía (y algunos también de filología, física, historia o psicología) se encierran en su facultad con la intención de pasarse las noches estudiando la legislación y la documentación oficial implicada en el proceso de Bolonia que está actualmente revolucionando la universidad europea: lo que ellos identifican como una mercantilización del conocimiento que amenaza, no ya la autonomía universitaria, sino, mucho más radicalmente, a esa autonomía de la razón a la que no puede llamarse en el fondo más que Libertad. Habilitan una especie de universidad nocturna, se reparten los textos legales por grupos, los leen, los estudian, los discuten durante la noche, acostándose luego a dormir en el suelo, tan solo unas horas, para poder asistir inmediatamente, a partir de las ocho y media, a las clases de la mañana. Porque, desde el principio, en efecto, se han comprometido a no faltar a las clases. Mientras tanto, deciden no fumar en el interior del edificio, limpian los baños, friegan los suelos. “Se comportan como angelitos”, declararon a El País los guardias de seguridad. Las mujeres de la limpieza se han solidarizado con el encierro e incluso han colaborado económicamente en su caja de resistencia, perplejas ante la belleza de doscientos muchachos que creen en algo tan insólito como su derecho a estudiar, con tanto sacrifico y entusiasmo. Los profesores los hemos visto quedarse dormidos en las clases, extenuados de cansancio. Los hemos visto adelgazar, llenarse de ojeras, marearse, aunque sobre todo los hemos visto llenos de esa alegría que da estar convencido de tener razón.
Todo esto –se reconocerá– es poco corriente en una protesta estudiantil. El resultado es también inesperado: estos estudiantes han logrado sentar al rector de la UCM, Carlos Berzosa, frente a un auditorio en el que había apiñados casi 1.500 estudiantes y profesores. Han discutido con él y con su equipo rectoral durante más de cuatro horas ininterrumpidas. Han abierto una carpa para el debate público sobre la mercantilización de la Universidad en la que han trabajado sin descanso informando a los que salían del metro para acudir a sus facultades. Ahí han sentado a debatir al presidente de la Conferencia de Rectores, Ángel Gabilondo, en una sesión de cinco horas que acabó de madrugada. También ahí discutieron durante cuatro horas seguidas con Rafael Llavori, representante de la ANECA. Para quien no lo sepa, la ANECA es la Agencia de Evaluación que se ha convertido en la espada de Damocles de todo este proceso de reconversión. Sus primeros efectos se notan en que, cada vez más, los nuevos profesores que llegan a la Universidad ya no se caracterizan tanto por haber estudiado mucha física, filosofía o lingüística, sino por haber estudiado muy bien el marketing de un currículum de diseño. Sus objetivos últimos consisten en flexibilizar la universidad para adaptarla a la flexibilidad profesional demandada por un mundo empresarial para el que, en cuestiones laborales, todo es demasiado rígido, excepto la basura.
Sobre estas y muchas cosas más, la “huelga de filosofía” ha logrado montar un debate público real respecto de un proceso en el que hasta ahora no había habido más que consensos prefabricados por autoproclamados expertos en política universitaria (Francisco Michavila, por ejemplo, que ha inundado el Ministerio de informes delirantes que insultan
a la inteligencia).
¿Tenemos que estar muy agradecidos a esos estudiantes? Mucho. Porque con su ejemplo nos han ayudado a recordar que hay evidencias que sin embargo son falsas y verdades que parecen excepciones, pero que son imprescindibles. Se repite mil y una veces que la universidad debe estar al servicio de la sociedad. Y sin embargo, no es así: la universidad debe estar al servicio de la verdad; sólo así estará en condiciones de rendir un buen servicio a la sociedad. ¿Acaso no es muy evidente que el derecho debe estar al servicio de la sociedad? Pero es todo lo contrario: de lo que se trata no es de poner al derecho en estado de sociedad, sino a la sociedad en Estado de derecho.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Iván Solbes
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
Lo que se ha llamado la Convergencia Europea en Educación Superior viene vendiéndose como una radical revolución educativa para poner la Universidad al servicio de las nuevas demandas sociales. En verdad, se trata del equivalente a una reconversión industrial en el mundo académico. Su objetivo es poner la Universidad pública al servicio de las empresas. La receta es extremadamente simple: la financiación pública se subordina a la previa obtención de “fuentes de financiación externa”, es decir, privadas. En la práctica ello significa que, en adelante, toda la geografía del mundo académico (disciplinas, cátedras, departamentos, facultades, planes de estudios, proyectos de investigación, etc.) se ve forzada a amoldarse a los intereses profesionales y las prioridades de investigación empresarial. Se abre así un abismo entre un edificio que se ha levantado sobre sí mismo con la lentitud propia de la Historia de la Ciencia (26 siglos de diálogos, polémicas y esfuerzos incansables de millones de investigadores) y el imprevisible mundo de las demandas empresariales, cada vez más anárquicas y cada vez más dependientes de capitales que se mueven en la Bolsa a la velocidad de la luz.
Las universidades públicas tendrían que poder ser financiadas con criterios académicos autónomos, que se conformen a los intereses de la razón y no a los del mercado. En muchas ocasiones hay que garantizar la financiación pública precisamente porque no existe financiación privada. Pero hace ya tiempo (Bolonia 1999, Lisboa 2000, AGCS, Doha 2001, OMC 2005, etc.) que las autoridades europeas decidieron saltar al otro lado del abismo. No es que se pretenda privatizar la Universidad; es mucho más rentable ponerla al servicio de los intereses privados. Al volcar la financiación pública en proyectos académicos que ya gozan de “fuentes externas” de financiación lo que se hace lisa y llanamente es subvencionar con dinero público actividades empresariales privadas (al tiempo que se ahoga la financiación pública de actividades de interés ciudadano que no sean rentables). Al mismo tiempo, las empresas se apropian de un ejército de becarios pagados con los impuestos y que trabajarán para ellas y sus propios intereses mercantiles. En una vuelta de tuerca más de lo que Galbraith llamó “la revolución de los ricos contra los pobres”, las empresas no se conforman con pagar cada vez menos impuestos: ahora quieren también el dinero de los contribuyentes. Y a esto se le ha llamado “poner a la Universidad al servicio de la sociedad”.
Para la presentación en sociedad de esta descarnada reconversión mercantil de la Universidad se ha contado con la inestimable ayuda de los pedagogos. Estos eran imprescindibles para disfrazar la mercantilización con los ropajes de una revolución educativa progresista y liberal contra la supuesta rigidez de las estructuras académicas. Lo que necesitaban las empresas era, como siempre, “flexibilidad” y la jerga de los pedagogos era la única que podía teñir esta temible palabra con tintes progresistas e incluso izquierdistas y antiautoritarios. Había que perder el respeto a las rigurosas distinciones del edificio científico y abogar por la “formación continua”, “flexible”, “transversal” y “psicoafectiva” de un profesional todo terreno, capaz de estar en todo momento a la altura y al tanto de las necesidades ingobernables de un mercado laboral cada vez más imprevisible y demente. Para formar este tipo de profesional no hacen falta científicos, sino entrenadores: pedagogos y psicopedagogos capaces de adiestrar personal para la Olimpiada de un mercado laboral vertiginoso.
El resultado ha sido una suicida animadversión hacia los contenidos académicos y científicos, que viene a sumarse a la brutal mutilación de contenidos específicos que ya venía exigida por la mercantilización. La reducción de la duración y la profundidad científica de muchas Licenciaturas ha supuesto un verdadero naufragio académico. Para suplir el déficit de especialización, el alumno puede pagarse –si se lo permite su bolsillo– un master de formación avanzada.
Ahora bien, es en este punto en el que la maniobra de los pedagogos ha supuesto un verdadero golpe de Estado en las relaciones Academia-Profesión que afecta a todas las carreras de corte teórico (Física, Matemáticas, Filosofía, Historia, etc.) que tienen como salida profesional mayoritaria las enseñanzas medias. Un Anexo a la Orden ECI/3858/2007 (27/12/2007) instituye como requisito para presentarse a las oposiciones para profesor de secundaria haber cursado un Master de Formación del Profesorado (MFP) destinado a formar competencias de psicología, pedagogía, psicopedagogía y didáctica aplicada. Se trata, por supuesto, de ampliar a un año (y a precio de master) el actual “Certificado de Aptitud Pedagógica” (CAP). Este cursillo pedagógico nunca ha sido evaluado objetivamente, pese a que no hay nadie con un mínimo de vergüenza que se atreva a dudar de sus nefastos resultados.
Las consecuencias son muy graves para la Universidad y también para la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato. La mayor parte de los alumnos universitarios que piensen en su profesión optarán por cursar el MFP y no uno de estudios avanzados en filosofía, lingüística, física o biología. A medio plazo, eso sentencia de muerte los master de casi todas las facultades teóricas y clásicas. Pero lo peor es el perfil del profesor de secundaria al que se aspira. No ya un profesor que sepa filosofía, física o gramática, sino un asesor psicopedagógico de un material humano al que, en realidad, ya se da por perdido: el alumnado en general de toda la enseñanza pública. Pero esto no es una solución sino un agravamiento de un problema cuyas raíces son de carácter social, económico y político, no académicas.
En respuesta al MFP, algunas Juntas de Facultad han comenzado a firmar un manifiesto acordado en la Facultad de Filosofía de la UCM (La Profesión de Profesor, http://fs-morente.filos.ucm.es/). Sus argumentos son muy moderados, pero merecen escucharse.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Enric Jardí
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
Si nuestros sistemas políticos fueran lo que dicen ser, en todos los parlamentos se estaría discutiendo ahora una gráfica elaborada por Mathis Wackernagel, investigador del Global Footprint Network (California). Pero no parece que el asunto haya llamado demasiado la atención. Y sin embargo, la gráfica resulta demoledora para las más firmes certezas de nuestra clase política y, por supuesto, para los criterios más evidentes de los votantes. Sobre todo, en un mundo político en el que izquierda y derecha se llenan la boca con los objetivos del “desarrollo sostenible”.
La cosa es bien sencilla. El eje vertical representa el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por Naciones Unidas para medir las condiciones de vida de los ciudadanos tomando como indicadores la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el PIB per cápita. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera el IDH “alto” cuando es igual o superior a 0’8, estableciendo que, en caso contrario, los países no están “suficientemente desarrollados”. En el eje horizontal se mide la cantidad de planetas Tierra que sería preciso utilizar en el caso de que se generalizara a todo el mundo el nivel de consumo de un país dado. Wackernagel y su equipo hicieron los cálculos para 93 países entre 1975 y 2003. Los resultados son estremecedores y sorprendentes. Si, por ejemplo, se llegara a generalizar el estilo de vida de Burundi, nos sobraría aún más de la mitad del planeta. Pero Burundi está muy por debajo del nivel satisfactorio de desarrollo (0’3 de IDH). En cambio, Reino Unido, por ejemplo, tiene un excelente IDH. El problema es que, para conseguirlo, necesita consumir tantos recursos que, si su estilo de vida se generalizase, nos harían falta tres planetas Tierra. EEUU tiene también buena nota en desarrollo humano; pero su “huella ecológica” es tal que harían falta más de cinco planetas para generalizar su estilo de vida.
Repasando el resto de los 93 países, se comprende que hay motivos para que el trabajo de Wackernagel se titule El mundo suspende en desarrollo sostenible. Como no hay más que un planeta Tierra, es obvio que sólo los países que se sitúen en el área coloreada de la gráfica (por encima de un 0’8 en IDH, sin sobrepasar el número 1 de planetas disponibles) tienen un desarrollo sostenible. Sólo los países comprendidos en esa área serían un modelo político a imitar, al menos para aquellos políticos que quieran conservar el mundo a medio plazo o que no estén dispuestos a defender su derecho (¿quizás racial, divino o histórico?) a vivir indefinidamente muy por encima del resto del mundo.
Ahora bien, ocurre que el área en cuestión está prácticamente vacía. Hay un solo país en el mundo que –por ahora al menos– tiene un desarrollo aceptable y sostenible a la vez: Cuba.
La cosa, por supuesto, da mucho que pensar. Para empezar porque es fácil advertir que la mayor parte de los balseros cubanos huyeron y huyen del país buscando ese otro nivel de consumo que no puede ser generalizado sin destruir el planeta, es decir, reivindicando su derecho a ser tan globalmente irresponsables, criminales y suicidas como lo somos los consumidores estadounidenses o europeos. Tendríamos muy poca vergüenza, desde luego, si condenásemos la pretensión de los demás de imitar el modo como devoramos impunemente el planeta. Pero se reconocerá que la imagen mediática del asunto cambia de forma radical: de lo que realmente huyen es del consumo responsable en busca del Paraíso del consumo suicida y, por intereses estratégicos de acoso a Cuba, se les recibe como héroes de la Libertad en vez de cerrarles las puertas como se hace con quienes huyen de la miseria, por ejemplo, de Burundi (a quienes se trata como una plaga de la que hay que protegerse).
A nivel general, la cosa es mucho más interesante. Es muy significativo que el único país sostenible del mundo sea un país socialista. Suele ser un lugar común entre los economistas que el socialismo resultó ruinoso e ineficaz desde un punto de vista económico. Sorprende que, en un mundo como éste, la falta de competitividad pueda aún considerarse una acusación de peso. En términos de desarrollo sostenible, la economía socialista cubana parece ser máximamente competitiva. En términos de desarrollo suicida, no cabe duda, el capitalismo lo es mucho más.
El mayor reproche que se puede hacer al sistema capitalista es, precisamente, que es incapaz de detenerse e incapaz incluso de ralentizar la marcha. El capitalismo es un sistema preso de su propio impulso. El economista J. K. Galbraith decía que “entre los muchos modelos de lo que debería ser una buena sociedad, nadie ha propuesto jamás la rueda de la ardilla”. Sin embargo, nos encontramos con que, aunque nadie lo haya propuesto, este absurdo parece haberse impuesto de hecho: en el capitalismo cada uno trata de imponerse a la competencia aumentando su productividad para no perder mercado pero, al encontrarse todos en la misma carrera, no llega nunca el momento en que pueda detenerse este aumento ininterrumpidamente creciente del ritmo y la consiguiente dilapidación de recursos.
Ante esta dinámica absurda, debemos exigir el derecho a pararnos. No podemos permitir que nuestros ministros de Economía nos sigan convenciendo de que “crecer” por debajo del 2 ó 3% es catastrófico, y no podemos permitir que nuestros políticos sigan proponiendo como solución a los países pobres que imiten a los ricos. Es materialmente imposible. El planeta no da para tanto. Cuando proponen ese modelo saben que, en realidad, están defendiendo algo muy distinto: que nos encerremos en fortalezas, protegidos por vallas cada vez más altas, donde poder literalmente devorar el planeta sin que nadie nos moleste ni nos imite. Es nuestra solución final, un nuevo Auschwitz invertido en el que en lugar de encerrar a las víctimas, nos encerramos nosotros a salvo del arma de destrucción masiva más potente de la historia: el sistema económico internacional.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
En una ocasión, un periodista le pidió a Einstein que explicara en pocas palabras lo que era la teoría de la relatividad. “¿Sabría usted explicarme antes lo que es un huevo frito?”, respondió éste. El periodista asintió desconcertado. “Muy bien”, dijo Einstein, “pues entonces, explíqueme lo que es un huevo frito pero suponiendo que yo no tengo ni idea de lo que es un huevo, que en mi vida he visto una gallina y que no sé ni lo que es una sartén ni lo que es el aceite”.
Sobre Venezuela se ha mentido tanto en los medios de comunicación –y se ha mentido de una manera tan unánime y orquestada– que se ha vuelto casi imposible explicarse al respecto. Es imposible argumentar nada cuando hay demasiadas mentiras de por medio. Los que hemos intentado balbucear algo en algún debate de televisión, o los que, sencillamente, nos hemos enredado a discutir alguna vez con cualquier lector de El País o de El Mundo o con un espectador medio del telediario, hemos tenido la sensación de encontrarnos en una situación infinitamente más apurada que la de ese periodista interrogado por Einstein. Es como intentar explicar lo que es un huevo frito a alguien que sabe perfectamente que
un huevo es una castaña, que considera demostrado que las gallinas son canguros, que cuando dices “sartén” entiende de inmediato “trompeta” y que por aceite hirviendo entiende helado de vainilla.
Para decir una sola palabra sobre el no a la Reforma Constitucional, ¿por dónde debo comenzar? ¿Por intentar que se respete el hecho democrático de que Chávez ganó las elecciones? ¿Por demostrar que en Venezuela hay división de poderes, libertad de prensa y libertad de expresión hasta el punto de que una cadena como RCTV, que participó activamente en un golpe de Estado y que se hizo famosa por sus llamadas al magnicidio, no sólo no ha sido prohibida ni su director encarcelado sino que está emitiendo por cable sin problema legal alguno? ¿Que el sistema de conteo de votos que los medios no han parado de denunciar como “sospechoso” ha sido legitimado por todos los observadores internacionales, incluido Jimmy Carter? ¿O intento explicar a los oyentes de la Cope que los 3.000 muertos del caracazo fueron en 1989 y que por tanto no pudieron ser, como suele decir Jiménez Losantos, consecuencia de la intentona golpista de Chávez (en 1992)?
El intento de explicar las cosas es más difícil aún. Uno lo da todo por perdido cuando se trata de hablar con gente que no sólo está completamente convencida de que un huevo es una castaña, sino que, encima, no ve ningún problema en que, al mismo tiempo, sea un huevo. Sobre Venezuela, es cierto, hace tiempo que se perdió no sólo la vergüenza sino también el principio de no contradicción. Hace ya siete años una persona culta y enterada (y que parecía, además, sincera), un ejecutivo de un banco español que hacía transacciones con Venezuela, me explicó que estaban muy preo-cupados porque Chávez era un dictador. Le pregunté que por qué estaba tan seguro de ello, habida cuenta de que había ganado limpiamente las elecciones. Dudó un momento y me espetó que “sí”, pero que era “evidente que no tenía intención de volver a convocarlas”. Eso lo convertía en dictador desde ya mismo. Si no me fallan las cuentas, en los siete años que nos separan de esta conversación Chávez ha convocado seis consultas electorales, incluyendo ésta que acaba de perder. El otro día, estuve hablando con dos colegas en la Universidad. Entre los dos sumaban tres carreras, un grado de doctor y dos oposiciones ganadas, o sea, un nivel bastante más culto que la media. Eran, por otra parte, espectadores y lectores normales y corrientes de nuestros telediarios y de nuestros periódicos. Los dos estaban sinceramente convencidos de que si ganaba el sí a la Reforma, Chávez quedaba elegido de forma vitalicia, sin necesidad de volverse a presentar nunca más a las elecciones. Es lo que habían entendido en los medios.
Ahora, el “caudillo” Chávez, el “dictador” que ha concentrado en sus manos un “poder absoluto” (El País, 3-12-2007), ha afrontado la derrota de la Reforma con estas palabras: “Ahora los venezolanos y venezolanas debemos confiar en nuestras instituciones. A quienes votaron por mi propuesta y a quienes votaron contra mi propuesta, les agradezco y les felicito porque han comprobado que este es el camino. Sepan administrar su victoria, mírenla bien matemáticamente. No es que se la doy, ustedes se la han ganado. Ojalá se olviden para siempre de los saltos al vacío, de los caminos de la violencia, de la desestabilización”.
Así pues, no parece que la pregunta sea si Chávez aceptará el resultado de la consulta. La pregunta es, por ejemplo, si los medios de comunicación españoles aceptarán que Chávez la haya aceptado. Si reconocerán que todas las mentiras y más mentiras que durante años han soltado respecto de la ausencia de democracia en Venezuela no tenían fundamento. Si reconocerán ahora, cuando menos, que el sistema electrónico de contar votos era legítimo. Si aceptarán y respetarán de una vez por todas ahora –nunca es demasiado tarde– el resultado de las anteriores consultas electorales, en las que Chávez obtuvo la victoria y si, por lo tanto, dejarán de alentar desde Europa a la oposición golpista venezolana.
Desde luego, no hay motivos para ser nada optimista. La oposición venezolana no se resignará ni mucho menos a obtener de las urnas lo que las urnas le han dado. De ninguna manera se resignarán a los cinco años de mandato constitucional que todavía le quedan a Chávez. Clamarán contra la democracia que no habrá democracia en Venezuela hasta que Chávez renuncie. Y los medios de comunicación españoles seguirán jaleando. Todo el entusiasmo mediático que dio cobertura al golpe de estado de 2002 se concentrará ahora en una nueva receta: la revolución naranja.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de José Luis Merino
