Carlos Mulas-Granados
Director de la Fundación Ideas y profesor de Economía de la Universidad Complutense
Ilustración de Mikel Casal
El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo del pasado 9 de diciembre es un paso en la buena dirección, pero serán necesarios pactos futuros para alcanzar una estructura sólida y duradera de gobernanza económica. Hasta que se den, la crisis no se superará de forma definitiva.
De momento se ha reforzado el compromiso colectivo con la austeridad y se ha dado un paso más en la soberanía fiscal compartida, ya que los estados miembros podrán vigilarse mutuamente, enmendarse los presupuestos los unos a los otros e imponerse sanciones más rápidas y contundentes en situaciones de incumplimiento.
Ahora, los mercados ya tienen una prueba más de que, a medio plazo, las deudas soberanas tienen menos riesgo de impago, porque todos se han comprometido a no gastar más de lo que recauden. Sin embargo, los operadores querrán saber si aún pueden seguir obteniendo dinero con la especulación en los mercados secundarios de deuda, y aquí el papel del BCE (al que no se menciona en el acuerdo) sigue siendo fundamental. Por las palabras de Merkel parece que la parte explícita del pacto fiscal con Francia se da por superada y la parte implícita (la mayor implicación del BCE para relajar las primas de riesgo) se debe abrir camino en cuanto regrese la volatilidad.
Hay, sin embargo, asignaturas importantes aún pendientes. En primer lugar, Europa sigue sin estrategia colectiva para impulsar el crecimiento y recuperar el empleo, por lo que los mercados seguirán inquietos. Las próximas perspectivas financieras pueden ser un buen momento para plantearse proyectos europeos de calado, pero la mayoría conservadora que domina el continente no parece entender que el sector público tiene un papel que jugar para encender la mecha de la reactivación y animar a un sector privado deprimido.
En segundo lugar, aunque Merkel y Sarkozy hayan bautizado el reciente acuerdo como un paso decisivo hacia la unión fiscal, aún queda mucho. Si la unión monetaria suponía transferir a Fráncfort la capacidad de emitir moneda, fijar los tipos de interés y los tipos de cambio, la unión fiscal (si se produce) debería suponer ceder a Bruselas la capacidad para marcar el tono de la política fiscal para toda la UE, dotarla de un presupuesto federal para grandes proyectos que aumenten la competitividad de la economía europea y refuercen la convergencia regional; también debería implicar darle capacidad para armonizar los impuestos nacionales y homogeneizar las grandes partidas de gasto de cada Estado. Y por último, la unión fiscal verdadera supondría transformar el actual Fondo de Rescate en un Tesoro Europeo con capacidad para emitir eurobonos.
En todo caso, lo más preocupante de los acuerdos no es que se estén quedando cortos, sino el modo en que se están produciendo. Son iniciativas alemanas, que Francia acomoda a sus preferencias, y que luego el eje franco-alemán coloca al resto de socios sin apenas debate. La debilidad de Italia y España, y el aislamiento de Reino Unido, impiden la existencia de un contrapeso. Al mismo tiempo, el papel de la Comisión Europea está siendo minimizado (los líderes han ignorado las propuestas que realizó Barroso para mejorar la estructura institucional del euro e introducir eurobonos). Y la posición del presidente del Consejo, Van Rompuy, está resultando confusa, porque no termina de ser el muñidor de los acuerdos intergubernamentales del Consejo y tampoco puede reemplazar a Barroso ni a la Comisión como promotores de la integración europea por encima de los intereses de los estados-nación. A todo esto se ha añadido la dolorosa irrelevancia del Parlamento europeo, lo que ahonda la sensación ciudadana de déficit democrático creciente.
Los progresistas deben situar sus propuestas también en ese terreno.
No se trata sólo de reclamar políticas de crecimiento que superen la obsesión por la austeridad. Ni de abogar sólo por nuevas instituciones europeas como el Tesoro y los eurobonos, o pedir un papel más activo del BCE. Todo eso es necesario, pero si continúan los pasos hacia la supranacionalización de las políticas fiscales, deben también darse pasos hacia la europeización de la política.
Tras los acuerdos del pasado fin de semana, no sería extraño que los ciudadanos de Italia o Grecia decidieran rechazar la autoridad de cualquier dirigente extranjero que en virtud del pacto intentara enmendarles sus cuentas públicas. Lo rechazarían porque no lo han votado y no pueden hacerles democráticamente responsables. Y si la decisión de vigilar y enmendar los presupuestos de todos se deja en manos de la Comisión Europea (como debería ser), entonces esa Comisión debería rendir cuentas ante los ciudadanos europeos por los cauces democráticos habituales. Para ello, habría que cambiar también los tratados no sólo para reforzar la austeridad, sino también la democracia. De esta forma, el Parlamento europeo que surgiera de las urnas en 2014 debería ser el resultado de una confrontación de candidaturas supranacionales a nivel europeo que terminara designando al presidente y los miembros de la próxima Comisión Europea.
Los padres fundadores de la UE ya divisaron ese camino: primero la Unión Aduanera, luego el Mercado Único, más tarde la Unión Monetaria, de ahí a la Unión Fiscal, y finalmente la Unión Política con mecanismos democráticos donde se dirimieran las cuestiones del nivel europeo de la misma forma que se deciden las locales en los parlamentos nacionales. El recorrido está marcado; atrevámonos a recorrerlo.
CARLOS MULAS-GRANADOS
Las agencias de calificación de riesgos se han convertido en el chivo expiatorio de esta crisis. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria en EEUU fueron acusadas de miopía irresponsable porque los productos financieros que consistían en empaquetar hipotecas basura recibían la calificación máxima de triple A. Esa fue la nota que dieron a Lehman Brothers justo el día en que quebró, en 2008, y antes también hicieron lo mismo con Enron & Bear Sterns. A cambio, no tuvieron piedad a la hora de degradar los bonos soberanos emitidos por los gobiernos de Grecia, Irlanda o Portugal durante el período 2010-11, incluso cuando estos países ya habían entrado en fuertes programas de consolidación fiscal que las agencias parecieron ignorar.
Las críticas que ha recibido el sistema de calificación de riesgos crediticios que permite operar a los mercados financieros de deuda desde hace un siglo se pueden resumir en tres: 1) Las tres grandes agencias norteamericanas (Fitch, Moody’s y S&P) funcionan en régimen de oligopolio y se reparten el 90% del mercado; 2) Tienen demasiada influencia en lo que pasa en los mercados financieros ya que sus calificaciones condicionan enormemente las decisiones de los inversores; 3) No califican con objetividad, debido a que sus clientes son las empresas y estados que emiten títulos de deuda, y por eso tienden a darles mejor nota de la que deberían. Comentaré brevemente las opciones que se barajan para resolver estos problemas.
En relación con el control del mercado que ejercen las tres grandes agencias estadounidenses, no hay respuestas fáciles. Esas agencias llevan en el negocio desde 1900, tienen todos los clientes y han levantado importantes barreras de entrada. Se ha barajado la posibilidad de crear una agencia europea. En caso de ser una agencia pública, tendría que limitarse a evaluar las emisiones de deuda propia que hacen los bancos y las grandes empresas, porque si evaluara también la deuda de los propios estados que la impulsasen su credibilidad sería casi nula. Mientras surge alguna opción alternativa en Europa, cada vez que las agencias norteamericanas golpeen injustamente la deuda de los países europeos en proceso de reestructuración, la Comisión Europea podría abrirles un expediente por violar el derecho de la competencia y por abuso de posición dominante en el mercado interior.
Para reducir la influencia de las calificaciones de las agencias entre los operadores del mercado, lo ideal sería desarrollar otras medidas más objetivas para juzgar la capacidad de pago que tienen los emisores de deuda. Pero las alternativas técnicas que existen no son muchas. La mejor solución para reducir la enorme influencia que las calificaciones de las agencias tienen sobre los inversores sería eliminar de la regulación oficial toda referencia a la nota que deben tener los bonos que se aceptan como garantía de las operaciones. Por ejemplo, si el BCE dejara de exigir que los bancos de la eurozona tuvieran bonos triple A en sus carteras, entonces la nota de las agencias no afectaría de forma tan dramática a sus decisiones de compraventa. De hecho, en el momento en que el BCE manifestó hace unas semanas que aceptaría bonos griegos fuera cual fuera su calificación, la especulación sobre los mismos se relajó y su nota dejó de tener importancia.
Finalmente, para evitar la falta de objetividad con la que califican las agencias a sus clientes, lo mejor sería cambiarles el sistema de negocio. Actualmente, las empresas y los estados que quieren obtener una calificación de su deuda para poder vender en el mercado sus emisiones de bonos han de pagar casi un millón de euros a cada una de las tres grandes agencias. Este modelo funciona así desde 1970, cuando la cantidad y frecuencia de empresas y estados emitiendo bonos aumentó de manera sustancial, de tal forma que los reguladores del mercado exigieron que las emisiones estuvieran calificadas por alguna de esas grandes agencias con el fin de concentrar al máximo toda la información disponible. Sin embargo, hoy es posible cambiar ese esquema de funcionamiento y hacer que las agencias vivan de lo que les paguen los inversores (y no los emisores). Si las agencias hubieran dependido del dinero de los tenedores de títulos de Lehman Brothers nunca hubieran mantenido su triple A cuando estaba a punto de desplomarse.
La Comisión Dodd-Frank de Estados Unidos no tuvo el valor de legislar un cambio de modelo en esa dirección hace unos meses, cuando los directivos de las agencias comparecieron ante el Congreso norteamericano y las tertulias de las televisiones aireaban su responsabilidad en el comienzo de la crisis. Sin embargo, la Unión Europea aún tiene que legislar sobre este asunto, y estamos ante una buena oportunidad para forzar cambios entre las agencias establecidas, o mejor aún, para abrir hueco a una nueva agencia europea. Según los rumores que se extienden desde hace un mes entre los entendidos del sector financiero, a finales de 2011 veremos una agencia europea con forma de fundación, mayoría de capital privado (casi 400 millones de euros), que se establecerá en Ginebra, que reducirá sus tarifas a la mitad de las americanas y que responderá ante los inversores y no ante los emisores. Si a esa iniciativa se unieran algunos estados de la eurozona comprando participaciones minoritarias para garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo, y no hubiera ninguna injerencia política, habríamos dado un gran paso adelante para que la terrible crisis financiera que hemos sufrido no se vuelva a repetir.
Carlos Mulas-Granados es director de la Fundación Ideas y profesor de Economía de la Universidad Complutense
Ilustración de Patrick Thomas
CARLOS MULAS-GRANADOS
Mucho se ha escrito sobre las causas que provocaron el desplome del sector bancario, la posterior crisis económica y la de deuda que vivimos estas semanas. En mi opinión, la crisis tiene una raíz financiera, pero también un origen ideológico: la excesiva desregulación de los mercados y la abdicación de los estados de su papel económico fueron el resultado de una victoria del modelo neoliberal. Esa victoria ideológica no sólo estuvo detrás de una ausencia flagrante de supervisión financiera, sino que también explica el aumento creciente de la desigualdad.
Sirvan como ejemplo los datos sobre desigualdad en EEUU. Según el Internal Revenue Service, antes de la crisis de 2008, el 10% más rico del país se repartía el 48,5% de la renta total, mientras que el resto de la población se tenía que conformar con la otra mitad de la tarta. Este nivel de desigualdad no se repetía desde 1928, sólo un año antes de la Gran Depresión.
Lo que nadie parece haber asumido es que ese aumento de la desigualdad explica buena parte del endeudamiento de las familias que alimentó la burbuja. Los patrones de la sociedad de consumo inducen a los menos pudientes a pedir préstamos para mantener un estatus de prestigio. Por ello, no bastará con limitar la capacidad de los bancos para sobreendeudarse (algo en lo que apenas se ha avanzado), sino que cualquier solución exige una salida cohesionada de la crisis para que esta sea duradera. Por tanto, la austeridad y las reformas que son necesarias hoy para impulsar la nueva economía sostenible deben acompañarse de una agenda social reactivadora.
Hace días, la Fundación Ideas hacía público un documento donde abordamos la nueva agenda social que debe permitirnos alcanzar un doble objetivo: que la crisis no suponga un aumento de la desigualdad y orientar a los desempleados hacia los nuevos sectores sobre los que asentar el crecimiento sostenible. Para cumplir con ambos, es crucial transformar de arriba a abajo nuestras políticas de empleo.
El sistema español de políticas de empleo, incluyendo las activas (formación a parados, bonificaciones a la creación de empleo y convocatoria de plazas públicas) y pasivas (subsidios a los desempleados), es muy amplio, pero tiene problemas. El primero es precisamente la fuerte desproporción entre políticas activas y pasivas. En 2011, el Estado gastará cerca de 40.000 millones en políticas de empleo, de los que más de 30.000 se destinarán a pagar prestaciones y subsidios, mientras que sólo 7.500 son para políticas activas. En porcentaje del PIB, España gasta en políticas activas la mitad que Dinamarca.
La segunda deficiencia es el escaso volumen de recursos para la formación de trabajadores. Del total de gasto en políticas activas, en 2011se destinarán a formación 2.500 millones, tres veces menos que Austria en este ámbito. Y de esos 2.500 millones, sólo 1.000 serán destinados específicamente a formación para parados. En resumen, en 2011 vamos a destinar el 4% del PIB a políticas de empleo, pero sólo el 0,1% irá a aumentar la cualificación de los que hoy están desempleados.
La nueva agenda social debe transitar progresivamente de una lógica de protección a otra de reactivación, para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás, atrapado en la descualificación y en bolsas de paro de larga duración.
Para ello hay que perseguir tres objetivos: que los servicios de empleo sean agentes de oportunidades y no meros tramitadores de subsidios; duplicar los recursos para las políticas activas; y elevar el número de desempleados que reciben cursos de formación, para que al menos un 50% de los parados lleven a cabo acciones formativas. Quiero aclarar que no se trata de borrar parados de las listas, (como algunos han interpretado con mezquindad), sino de facilitar nuevas oportunidades.
Concretamos 16 iniciativas que pretenden dar respuesta a los objetivos. Destacaré tres. Primero, dar un papel a las empresas privadas de colocación, que en España sólo intermedian el 5% de los nuevos trabajos y generalmente los de peor calidad. Segundo, crear la figura del “desempleado-trabajador”, de forma que algunos parados puedan realizar actividades a tiempo parcial o de baja remuneración percibiendo parte del subsidio. Y tercero, promover la aparición de “empresas en prácticas” por parte de desempleados que deseen montar su negocio. Como incentivo, sugerimos modificar el actual sistema de capitalización de la prestación, que sólo adelanta un 60% de la misma para crear una empresa. Proponemos, para solicitudes simultáneas de más de cuatro trabajadores ligadas a un proyecto propio, adelantar el 100% de la prestación y sumar un porcentaje adicional como incentivo suplementario durante seis meses.
Abrimos un debate al que convocamos al resto de la sociedad, porque creemos que el Estado del bienestar no sólo está para socorrernos, sino que también puede y debe ser un Estado dinamizador de las personas en sus diferentes momentos vitales. Nuestras propuestas son un ejemplo de ese tipo de políticas que, como decía el premio Nobel Muhammad Yunus, “reducen costes, favorecen la identificación emocional del trabajador con su empresa (…y sobre todo) producen riqueza material para todos y sociedades decentes”. Somos conscientes de que una transformación de tal magnitud precisa del concurso de la mayoría, y por ello invitamos a todos los progresistas a liderar estos primeros pasos de forma decidida.
Carlos Mulas-Granados es director de la Fundación Ideas y Profesor de Economía de la UCM.
Ilustración de Miguel Ordoñez
Carlos Mulas-Granados y Gustavo Nombela
En estos días estamos asistiendo en todo el mundo a un interesante debate sobre los sueldos de los ejecutivos. Las noticias sobre las elevadas retribuciones que siguen pagando algunas instituciones financieras que han evitado su quiebra con dinero público, y las indemnizaciones millonarias que reciben por su salida los mismos ejecutivos que provocaron los problemas que iniciaron la crisis económica global, escandalizan periódicamente a la opinión pública. Aunque en el caso de España nuestros bancos estén resistiendo mejor la crisis que en otros países, también está abierto el debate y esta misma semana hemos oído las críticas generalizadas que ha desatado la jubilación anticipada (con 55 años), y bien remunerada (3 millones de euros anuales), del consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri.
¿Por qué se debería limitar desde el sector público las remuneraciones de ejecutivos del sector privado? En este artículo, presentamos de forma resumida los principales argumentos que desarrollamos en mayor extensión en un trabajo que puede consultarse en www.fundacionideas.es, y que se ha discutido los días 1 y 2 de octubre, en la conferencia sobre Progreso Global organizada por la Fundación Ideas y el Center for American Progress.
La evidencia empírica sobre las retribuciones a los ejecutivos muestra dos resultados interesantes: un aumento exponencial de los sueldos en las últimas dos décadas y el hecho de que hasta un 90% del sueldo de los principales ejecutivos se obtenga en forma de bonus anuales y con opciones de compra sobre acciones (stock options). Utilizando datos de Estados Unidos, se puede comprobar cómo la retribución total de los ejecutivos de las mayores empresas multiplica hoy por más de 250 el sueldo de un trabajador medio (mientras que sólo era 25 veces más alta en 1970). En cuanto a las rentas obtenidas con opciones, en 1988 suponían un 35% de la retribución total de un alto ejecutivo, mientras que hoy ese porcentaje supera el 75%.
La utilización de sistemas de retribución variable para los directivos de grandes empresas está justificada desde un punto de vista económico. La teoría señala las ventajas de utilizar mecanismos basados en incentivos, que consigan alinear los objetivos de directivos y accionistas, y mejorar la toma de decisiones en el seno de la empresa.
El problema de los sistemas de retribución variable ligados al valor de la empresa es que también pueden introducir incentivos perversos en la toma de decisiones de aquellos directivos que trabajan en sectores fuertemente apalancados. ¿Por qué al ejecutivo de un banco puede interesarle cerrar una operación altamente arriesgada para la estabilidad financiera de su entidad? La respuesta es que, con una retribución ligada a stock options, al ejecutivo le interesa a nivel individual incluso una operación financiera con valor esperado negativo (ruinosa en principio para el banco). Si el negocio va bien, el valor de la empresa sube y el ejecutivo gana dinero con sus opciones de compra de acciones, mientras que si el negocio sale mal, las pérdidas se trasladan a los accionistas, a quienes tienen bonos de la entidad financiera, y a los depositantes o al Gobierno que establezca una garantía sobre los depósitos.
Por ello, en aquellos sectores clave como es el sector financiero, u otros sectores que por su peso en el PIB y el empleo pueden desestabilizar una economía en caso de quiebras en cadena, está justificado que el sector público tenga un papel en el control de los sistemas de retribución de los ejecutivos. No se pretende aquí afirmar que los gobiernos deban limitar cuánto puede una empresa pagar a sus ejecutivos, pero sí que en situaciones en las cuales la quiebra de una compañía pueda tener un impacto sistémico en la economía, los métodos de remuneración deberían estar sometidos a un cierto grado de control. Así, por ejemplo, si la quiebra de grandes bancos puede colapsar una economía –lo que requeriría ex post una intervención pública aportando recursos para sostener el sistema– está justificado que también ex ante el sector público tenga algo que decir sobre las fórmulas de remuneración.
Con esta base conceptual, proponemos una serie de medidas para mejorar el sistema actual de remuneración de ejecutivos en España. De forma resumida, hay cinco áreas donde existe margen de maniobra para hacer cambios: aumentar la transparencia sobre los pagos a ejecutivos (por ejemplo, con la creación de comisiones de retribución que informen a la Junta General); alinear las remuneraciones de los directivos con los riesgos y la calidad de las inversiones, mediante mecanismos que introduzcan penalizaciones en caso de pérdidas significativas de valor en las empresas; desincentivar los blindajes empresariales desorbitados, por ejemplo obligando a las empresas a dotar cantidades similares a un fondo de formación para los trabajadores que permanecen en la empresa; reducir el excesivo peso de las stock options dentro de la remuneración a ejecutivos, lo cual puede inducirse fácilmente con medidas fiscales; y extender sistemas racionales de sueldos con incentivos a todos los trabajadores de la empresa, y no exclusivamente a los altos directivos.
En resumen, parece evidente –y así lo han señalado los líderes del G-20 en Pittsburgh– que una de las causas de la crisis financiera internacional se halla en los actuales sistemas de retribución a los ejecutivos del sector y los incentivos perversos que introducen en relación con el riesgo. España debería iniciar ya reformas para corregir este problema (y no sólo en el sector financiero), y promover durante su etapa al frente de la UE que las reformas sobre retribución a ejecutivos estén coordinadas entre países, para evitar cambios de localización de instituciones financieras buscando aquellos países menos intervencionistas en materia de retribuciones.
Carlos Mulas-Granados es Director General de la Fundación IDEAS
Gustavo Nombela es Senior Fellow del Área de Economía de la Fundación IDEAS
Ilustración de Mandrake
CARLOS MULAS-GRANADOS
Al cierre de la Conferencia Política del PSOE celebrada el pasado domingo, el Presidente Zapatero anunció una rebaja fiscal de 400 euros para todos los trabajadores y pensionistas.
Desde entonces se han sucedido las preguntas y las críticas desde todos los frentes. Estas reacciones son las normales en período preelectoral y contribuyen poco a aclarar las dudas de los ciudadanos, que asisten al espectáculo un poco desconcertados. Este artículo pretende responder algunas preguntas para contribuir a un debate sereno.
Lo que sabemos hasta ahora es que la propuesta consiste en la reducción del tipo impositivo medio del impuesto sobre la renta, concretada a través de una devolución de 400 euros. La medida beneficiará a más de 13 millones de ciudadanos y 8 millones de hogares (para la mitad de los cuales la medida supondrá 800 euros).
Primera pregunta: ¿por qué 400 euros y no 500 o 300? La cantidad de la reducción se ha asociado al incremento de los precios por la subida del petróleo y al aumento anual de la hipoteca media, que ha sido de 480 euros. Dado que España está en la Unión Monetaria, no dispone de la capacidad de manejar los tipos de interés, y sólo puede recurrir a la política fiscal como herramienta de política económica. En este sentido, el Gobierno ha querido ayudar a financiar esos costes crecientes para las familias con una ayuda que costará 5.000 millones de los 20.000 de superávit de este año. Por supuesto, la cantidad a devolver podría haber sido de 300 o de 500 euros, pero el Gobierno habrá querido limitar su extensión para no afectar a sus planes futuros de inversión productiva y gasto social.
Segunda pregunta: ¿cómo es posible que el PSOE prometa una rebaja igual para todos? ¿Ha olvidado su compromiso con la progresividad? Lo primero que hay que aclarar es que la propuesta es perfectamente progresiva: como recibirán lo mismo los que hayan pagado mucho y los que hayan pagado poco (porque tienen menos nivel de renta), la medida favorecerá más a estos últimos. Así, a una persona a la que le salga la declaración a pagar 400 euros, se le reducirá el 100% de lo que debía pagar. Y a una persona a la que le salga a pagar 2.000 euros, la reducción de los 400 sólo le supondrá el 20%. La medida es claramente progresiva y lo es mucho más que las propuestas del PP.
Algunos lectores objetarán, en todo caso, que la propuesta del PSOE habría sido más progresiva si la rebaja no hubiera sido lineal (igual para todos). Algunos propondrían por ejemplo, devolver 1.000 a los que ganan menos y 100 a los que ganan más. Y llevan razón; esa medida sería aún más progresiva, lo que no significa que la del PSOE no sea progresiva también. Sin embargo, lo malo de establecer saltos por tramos de renta es que complica extraordinariamente el impuesto y genera injusticias en los puntos de corte. Imagínese el lector que la devolución hubiera sido de 1.000 euros para los que ganan menos de 15.000 euros al año, y de 100 euros para los que ganan por encima. Estoy seguro de que todos nos quejaríamos de la tremenda injusticia de tal medida habría tenido para los que ganasen 15.001 euros (que por sólo un euro, habrían perdido de golpe 900 euros de devolución).
Por tanto, la devolución es igual para todos porque es la forma más rápida y sencilla de introducir una medida fiscal progresiva. Además, la medida parece coherente con la el igualitarismo republicano que inspira a Zapatero, según el cuál todos los ciudadanos deben participar por igual del bien común al que todos contribuyen.
Tercera pregunta: ¿por qué sólo se devuelven 400 euros a contribuyentes cuya declaración les sale a pagar? La medida no pretende regalar 400 euros a todos, sino aplicar una reducción del impuesto a los que lo pagan. Por tanto, no tendría ningún sentido reducir la cuantía del impuesto a los que ya directamente no lo pagan.
Cuarta pregunta: ¿Por qué la medida sólo afectará a los asalariados y pensionistas? La razón fundamental es que éstos son los ciudadanos con menores rentas y quienes más han sufrido las subidas de precios y de hipotecas. Sin embargo, es cierto que la medida podría haberse extendido a los autónomos. Aunque ellos tributan con un sistema distinto, sería bueno que el Gobierno considerara incluirlos de alguna forma en la rebaja fiscal, porque tienen rentas medias, han sufrido el alza de precios como los demás, y además son un importante conjunto de votantes.
Quinta y última pregunta: ¿Qué efectos económicos tendrá la medida? La devolución permanente de 400 euros implicará un aumento inmediato en la renta disponible de los hogares españoles. Aún no sabemos el detalle de cómo se aprobará la medida si el PSOE gana las elecciones. Puede ser que los contribuyentes reciban 400 euros de golpe en junio, o que reciban 200 euros en junio (por las retenciones no devueltas durante los meses en que el Gobierno está en funciones), y luego vean caer sus retenciones mes a mes hasta diciembre. Probablemente la opción de devolución gradual sería mejor para que no hubiera un aumento repentino del consumo en junio que pudiera crear un shock al alza en los precios.
Sea cual sea la fórmula elegida, la mayor parte de los 400 euros devueltos se destinará a consumo o inversión. Esto aumentará la demanda agregada de nuestra economía. Para que las empresas españolas puedan hacer frente a esta mayor demanda tendrán que ampliar su capacidad productiva, contratando a más trabajadores. Se estima que podrían crearse 100.000 nuevos empleos y la contribución al crecimiento del PIB podría ser de dos décimas, que también generaría algunos ingresos fiscales nuevos.
La realidad es que un impulso fiscal de estas características, poniendo 400 euros en el bolsillo de cada contribuyente, será bueno para animar la economía, ahora que sigue creciendo pero a menor ritmo. El ahorro generado en tiempos de bonanza está para utilizarlo en tiempos de desaceleración. En eso consiste el concepto de equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. Hoy, tanto el PP como IU dicen que no apoyarán la medida cuando se tramite en junio, porque el superávit debería utilizarse para otras cosas: para hacer mayores recortes impositivos (en el caso del PP) o para mejorar los programas sociales (en el caso de IU).
Como hemos visto, el Gobierno sólo se gastará un cuarto del ahorro público acumulado, así que se dejará mucho margen para hacer cualquiera de las dos cosas, si así lo decidiera. En todo caso, antes deberá ganar las elecciones. Sólo queda
un mes para saberlo.
Carlos Mulas-Granados es profesor titular de Economía aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Miguel Gallardo
