CARLOS TAIBO
No parece que Izquierda Unida, en su designio de refundarse, haya atraído de manera significativa a esos movimientos sociales que están, legítimamente, en su punto de mira. Aunque hay quien aducirá que muchos de los activistas de esos movimientos sienten un recelo biológico ante las ofertas que llegan de la coalición de izquierdas, no será bueno que en este caso nos quedemos con esa fácil explicación. No vaya a ser que esos activistas operen con IU como lo hacen tantos de nuestros dirigentes políticos ante los cambios que se registran en la izquierda abertzale…
Sin que pueda presumir de ningún conocimiento certero al respecto, creo que, sintonías cognitivas y emocionales aparte, los activistas que me ocupan –o la mayoría de ellos– aprecian como poco tres carencias en la oferta que IU plantea. La primera de ellas nos recuerda que, aunque Izquierda Unida declara ser una fuerza orgullosamente anticapitalista, la concreción programática de esa definición deja mucho, muchísimo que desear. Y es que, al fin y al cabo, lo único que IU parece reivindicar en estas horas es la preservación de nuestro maltrecho Estado del bienestar y, en paralelo, la reconstrucción de la desregulación perdida al calor de las prácticas neoliberales. El proyecto correspondiente, incapaz de abandonar el escenario que el sistema ofrece, se ajusta entonces a lo que cabe entender que es una socialdemocracia consecuente. Esta última, contenta con gestionar el capitalismo, no tomaría en serio en momento alguno, sin embargo, la posibilidad de salir de él. En tal sentido, IU no llevaría delantera alguna a nuestros sindicatos mayoritarios, lamentablemente enfangados en el mismo lodazal. Permítaseme agregar, eso sí, que no deseo ignorar en modo alguno que existen diferencias muy honrosas entre ese proyecto de socialdemocracia consecuente y el triste remedo de la letanía neoliberal que nos ofrece la socialdemocracia oficial articulada en el Partido Socialista. Pero me temo que a estas alturas muchos están ya por otras cosas y miran con desdén aquellas propuestas que se contentan, por ejemplo, con reclamar la reconstrucción del sector público de la economía sin hacer, al tiempo, llamadas claras a la socialización y la autogestión.
La segunda de las carencias invocadas no es otra que la vinculada con el papel meramente retórico que Izquierda Unida parece atribuir a un problema acuciante: el de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Cuando IU contempla ese problema en los términos en que lo hace, está acatando sin rebozo un discurso, el dominante, que nos dice que debemos aparcar cualquier consideración seria de la cuestión ecológica en provecho de la resolución, imperiosa, de los problemas económicos y sociales del momento. Crasa equivocación esta que olvida que el crecimiento económico por todas partes idolatrado, el cambio climático con sus tétricos efectos, el encarecimiento inevitable en los precios de la mayoría de las materias primas energéticas y la prosecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres tienen tanto o más relieve que la resolución, cargada de equívocos, de esa crisis que el sistema prefiere etiquetar, interesadamente, de financiera. De nuevo se hace evidente que lo que en realidad se halla en quiebra no es, pese a las apariencias de las que bebe un omnipresente y biempensante discurso, el proyecto neoliberal, sino la propia civilización capitalista.
La tercera de las carencias que explica muchos de los recelos de tantos movimientos sociales es la certificación de que en el proyecto orgánico de IU –no hablo ahora de lo que puedan hacer por su cuenta muchos de sus respetabilísimos militantes– no se aprecia ninguna voluntad de construir, desde abajo y desde ahora, un mundo nuevo. Ahí está, para testimoniarlo, el hecho de que en Izquierda Unida, que se ha inclinado por mantener sus pactos de gobierno con el Partido Socialista, tiende a confundirse sibilinamente la refundación de la organización propia –su supremacía no se somete a discusión– con la refundación de la izquierda en general. La trama principal –se presente como se presente– sigue siendo la característica de cúpulas dirigentes que concurren a las elecciones y nos ofrecen cambios que habrán de llegar a través de leyes aprobadas por los parlamentos. Si en el discurso de esas gentes aparecen muchas veces la república, la ciudadanía y la sociedad civil, rara vez se asoman, infelizmente, y por el contrario, la autogestión, la democracia directa, la contestación franca del vigente orden de propiedad y la denuncia de la explotación y de la alienación. Que el terreno en el que quieren jugar está lleno de minas y de arenas movedizas
–así, las de una propuesta de república federal que parece esquivar que antes hay que garantizar, por lógica, la plena voluntariedad de las adhesiones, y que para eso hace falta un reconocimiento expreso, y previo, del derecho de autodeterminación– lo sabe a estas alturas el más torpe. Aunque, claro, uno está llamado a entender rápidamente las cosas si el objetivo mayor de Izquierda Unida no es atraer a los movimientos sociales alternativos, sino hacer lo propio con los votantes socialistas descontentos…
Bien está que IU asuma, en fin, un discurso crítico sobre la Transición y procure emplazarnos en un escenario distinto del derivado de aquella. Tienen los activistas el derecho a preguntarse, sin embargo, si la propia coalición de izquierdas no es, en su pulsión electoralista, en su livianísima respuesta ante tantas agresiones, en su lastre burocrático y en sus opciones programáticas, una de las paradójicas secuelas de las muchas miserias que nos ha regalado esa Transición. Como tienen el derecho a preguntarse si –al exigir toda refundación, por lógica, que se modifiquen las bases de sustento– IU nos está ofreciendo algo realmente nuevo.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Alberto Aragón
CARLOS TAIBO
Que el cacareado compromiso del Gobierno español con los derechos sociales era pura retórica y que su aceptación del credo neoliberal, antes como ahora, no muestra fisuras, lo sabíamos desde tiempo atrás. Por ello hoy sobran las razones para dejar un momento el presente y volcar nuestra atención en un futuro marcado por la zozobra. Una buena guía para hacerlo la ofrecen las declaraciones que algunos presidentes autonómicos, de dispar adscripción partidaria, han realizado en los últimos tiempos. Creo que no las distorsiono cuando las resumo así: no me importa que se cancelen todas las demás inversiones, siempre y cuando no me toquen las destinadas a la alta velocidad ferroviaria.
Semejante opción tiene su miga en un momento en el que, por plantear la cuestión en sus dos grandes dimensiones, la situación social ha experimentado un visible deterioro y los derechos de las generaciones venideras –vía agresiones medioambientales y agotamiento de recursos– se hallan en peligro. Nada retrata mejor la sinrazón de nuestros gobernantes, tirios y troyanos, que esa lamentable huida hacia adelante que invita a concluir que resolveremos muchos de nuestros problemas si llegamos de Santander a Madrid en dos horas y media.
Así las cosas, lo suyo es que examinemos qué es lo que, en ámbitos varios, acarrea la alta velocidad ferroviaria, una cabal metáfora de las miserias que tenemos entre manos. Bueno será que empecemos con el recordatorio del destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca tomado en consideración, por cierto, en los cálculos de coste y beneficio que se nos ofrecen por doquier. En un terreno próximo, no está de más agregar que la irrupción de las nuevas líneas de alta velocidad no se ha saldado en el retroceso augurado en los transportes aéreo y por carretera, capaces de ofrecer a menudo tarifas más baratas. Aunque la alta velocidad ferroviaria reclama un consumo de energía menor que el que exige el avión, se impone recordar que un tren que se mueve a 300 km por hora consume nueve veces más energía que otro que lo hace a 100. No nos encontramos, pues, ante ninguna bicoca energética –tanto más cuanto que no es la que nos ocupa la mejor fórmula para lidiar con el transporte de mercancías– y sí ante un medio de transporte visiblemente dilapidador de recursos cada vez más escasos.
Hora es esta de subrayar, en paralelo, algo fácil de comprobar: entre nosotros, la construcción de nuevas líneas de alta velocidad se ha solapado en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Semejante cierre se ha justificado sobre la base del presunto carácter no rentable de estas últimas. Tiene uno la obligación de preguntarse, sin embargo, qué habría ocurrido si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las líneas de alta velocidad –y los destinados a perfilar prescindibles autovías en una lamentable apuesta por el transporte privado– se hubiesen destinado a modernizar el tren convencional. ¿Podríamos afirmar entonces que este último no sería rentable?
Demos un paso más y recordemos que la alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso beneficia también a algunas localidades que se hallan a mitad de camino. Todo ello a costa, claro es, de propiciar un deterioro en la situación de todos los demás, en virtud de un estricto proyecto de desertización ferroviaria. Recuerde el lector, y paso a proponer un ejemplo, que en Galicia se está construyendo una línea de alta velocidad que debe comunicar A Coruña y Vigo. A poco que uno examine el trazado, descubre que inequívocamente el AVE va a provocar la desaparición del ferrocarril convencional, dejando sin un servicio público de tren a un sinfín de localidades que desde varios decenios atrás disfrutaban de este último. Dicho sea de paso: ardo en deseos de comprobar cómo el tren de alta velocidad acelera en su salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra, ¡a 25 km de distancia!
Dejo para el final lo que parece más importante. En las páginas de este periódico, ya hice eco en su momento de una frase que escuché hace años en labios de un colega andaluz. Mal que bien decía así: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alborozo que con los impuestos que pagan se perfilen líneas y trenes que sólo van a ser utilizados por los integrantes de las clases pudientes. Y es que, al fin y al cabo, ¿quién precisa llegar de Valencia a Madrid en menos de dos horas? La respuesta parece sencilla: los ejecutivos de las grandes empresas, cuyo tiempo es oro, y en general todos aquellos que no tienen que pagarse el viaje correspondiente.
En una metáfora que lo dice todo, estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los singularísimos intereses de una escueta minoría de la población, mientras facilitamos el deterioro de las posibilidades de transporte de la mayoría o, en su caso, obligamos a esta a rascarse el bolsillo en busca de unos euros que precisamente no sobran. Hablamos, con toda evidencia, de la misma miseria que ha conducido a nuestros gobernantes a rescatar con dinero público a un puñado de instituciones financieras que jugaron abiertamente las cartas de la especulación, la burbuja inmobiliaria y la contabilidad creativa. Lo único que hay que reconocer a esos gobernantes es, eso sí, consecuencia: en todos los ámbitos obran igual. Felicidades a los presidentes autonómicos por su fina percepción de lo que el futuro nos reclama.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Javier Olivares
CARLOS TAIBO
Se ha dicho de todo sobre la respuesta que el Gobierno español ha asumido ante la crisis. Se ha hablado, así, de su responsabilidad, no precisamente menor, en la gestación de aquella, de impresentables acatamientos del credo neoliberal y de políticas tan erráticas como complacientes con los poderosos. Es muy escasa, sin embargo, la atención que hemos dispensado a la percepción de la crisis y de sus remedios que alienta el grueso de los partidos y de los sindicatos que, conforme a la descripción más común, están a la izquierda del PSOE. No hay, pese a ello, mejor prueba de la zozobra en la que nos encontramos que el escaso empaque, la sumisión al orden establecido y la llamativa ausencia de algo que huela a prospección crítica del futuro que muestran diputados, consejeros y concejales de fuerzas políticas, liberados sindicales y, en su caso, intelectuales y artistas afectos a firmar manifiestos.
Cifremos el sinsentido de esas percepciones en dos hechos. El primero nos recuerda que el horizonte mayor que parecen contemplar las propuestas progresistas –en mal momento reaparece este hueco adjetivo– es el que proporciona la defensa de los estados del bienestar, en un intento de devolver el reloj a dos o tres años atrás y en abierto olvido, por cierto, de la inanidad histórica de los derechos sociales entre nosotros. Pareciera, en otras palabras, como si debiéramos sentirnos orgullosos de lo alcanzado en los últimos decenios en una suerte de remedo, muy común en los dirigentes sindicales biempensantes, del “España va bien” aznariano. Al abrigo de unas demandas que, ajustadas al discurso alicaído y cortoplacista de los sindicatos mayoritarios, parecen entender que saldremos adelante si acrecentamos, o al menos mantenemos, los salarios –o si conseguimos para todos un trabajo por cuenta ajena, que para el caso tanto vale–, ha quedado dramáticamente en el olvido cualquier horizonte de transformación de la sociedad. A duras penas sorprenderá que, en este caldo, y no sin que falten llamativas invocaciones a la solidaridad con la pequeña y mediana empresa, todo lo que está lejos de nuestros reductos de prosperidad, y en singular el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, quede relegado a un discretísimo segundo plano.
No deja de sorprender, por lo demás, que la propuesta progresista asumida por el grueso de las formaciones que dicen ser de izquierda, luego de criticar la inanidad de la reacción gubernamental ante la crisis, asuma con frecuencia, sin embargo, todo tipo de miramientos ante unos sindicatos, los mayoritarios, que nadan en la misma miseria (cómo estará de subida la patronal, por cierto, para que, con los sindicatos que tiene a su merced, se permita rechazar acuerdos claramente ventajosos para los empresarios). Lejos de tirar de esas fuerzas sindicales hacia posiciones de mayor entereza y confrontación –no hay ningún camino que recorrer en sentido contrario–, lo que se intuye es, sin más, un acatamiento de la podredumbre que aquellas, burocratizadas y coartadas por su dependencia económica de la teta estatal, difunden.
El segundo hecho relevante bebe de un sonoro silencio: el que se dispensa a una cuestión vital como es la de los límites medioambientales y de recursos del planeta. No se busque en los pronunciamientos progresistas ninguna mención que no sea sibilina y retórica al crecimiento imparable de la huella ecológica, a un cambio climático que empieza a ser una realidad omnipresente o al inevitable encarecimiento que, en el medio y el largo plazo, afectará a la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. El hecho de que todo esto quede, también, en segundo plano, en provecho de nuevo de una visiblemente abusiva sacralización de salarios y derechos sociales –para qué preguntarnos qué producimos, con qué lo hacemos y al servicio de quién–, acerca una vez más el discurso progresista a las miserias de las propuestas oficiales que padecemos, incapaces de abandonar el terreno de juego que perfila un oxímoron, el del crecimiento sostenible, que retrata bien a las claras lo que tenemos entre manos: pan para hoy y hambre para mañana.
Si las posiciones que ahora me atraen se hallan claramente a la defensiva y se ajustan, mal que bien, al “virgencita, que me quede como estaba”, nada retrata mejor su sentido de fondo que la exultante crítica del neoliberalismo que nos rodea por todas partes. Aunque en una primera y superficial lectura pueda sonar a contestación radical del orden establecido, haríamos mal en olvidar que esconde a menudo –no me atreveré a afirmar que siempre– el designio de no ir más allá y de esquivar cualquier discusión que afecte, no ya al neoliberalismo, sino al propio capitalismo. Y es que una de las trampas mayores que se nos tienden en los últimos tiempos es la que nace de la afirmación, mil veces repetida, de que lo que está en crisis es el capitalismo desregulado, con el consiguiente corolario, a menudo orgullosamente verbalizado, de que el capitalismo regulado no arrastra ningún problema de relieve.
En la trastienda es fácil adivinar lo que se nos vende: la aceptación callada y vergonzante de que no hay vida fuera del capitalismo y, con ella, la inevitable negativa a examinar la hondura de la crisis que afecta al paraíso fiscal de escala planetaria y a una crisis ecológica imparable que aquel, regulado o desregulado, ha contribuido a crear. El mero retorno a un estado de cosas que está en el origen de lo que hoy padecemos, al amparo de un procedimiento que invita, franca o subterráneamente, a darle otra oportunidad al capitalismo, mal escudo parece para hacer frente a los duros tiempos que se avecinan.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Miguel Ordóñez
CARLOS TAIBO
En recuerdo de Joaquín Herrera Flores
Ahora que, tras la concesión a Río de los Juegos Olímpicos de 2016, las aguas bajan, por fuerza, más tranquilas entre nosotros, se impone una reflexión sobre lo que ha supuesto la candidatura de Madrid. Una manera de iniciarla consiste en rescatar un hecho palpable: como quiera que de un tiempo a esta parte faltan los acuerdos entre las principales fuerzas políticas, muchas mentes bienpensantes echan de menos los consensos que cobraron cuerpo en unos u otros momentos del pasado. Aunque semejante manera de razonar es muy respetable, no está de más que por una vez sigamos el camino contrario y escarbemos en lo que significa el raro –y lamentable, agrego yo– acuerdo que acabó por suscitar la candidatura de Madrid para celebrar unos Juegos. Tiene uno derecho a pensar que ese consenso, acompañado de un férreo acallamiento mediático de las posiciones disidentes, dice mucho de las miserias que acosan a una sociedad como la nuestra.
Aunque el apoyo a los Juegos madrileños ha sido general en los últimos años, sobran las razones, numerosas y relevantes, para plantar cara a semejante desatino. La primera nos recuerda que, con toda evidencia, los Juegos Olímpicos debían servir –este ha sido, a buen seguro, un designio firme entre sus promotores– para imprimir una nueva vuelta de tuerca al consabido negocio inmobiliario en un escenario de visible crisis. Al respecto ya conocemos la experiencia de otras ciudades en forma de barrios populares arrasados por la más desbocada y clasista especulación. Sobran los motivos para afirmar que, en un marco de insostenibilidad galopante, unos Juegos Olímpicos en Madrid tendrían por fuerza que traducirse en un repunte, y no precisamente menor, en los precios de la vivienda.
No era más halagüeño lo que se nos prometía en el ámbito de los transportes, aun cuando en este caso hay que reconocer que los males mayores son ya una realidad que no puede atribuirse a los Juegos. Por mucho que en la retórica oficial se diga lo contrario, se impone por doquier la cultura del automóvil –la cultura del transporte privado– y la de un ferrocarril que se mueve a gran velocidad y sólo puede ser pagado por los miembros de las clases pudientes. Meses atrás escuché en labios de un colega andaluz un comentario sagaz al respecto: la alta velocidad ferroviaria es –dijo– un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alborozo que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de las que se van a servir en exclusiva los miembros de las clases adineradas. Así las cosas, no es fácil adivinar lo que los Juegos Olímpicos traerían de bueno para los primeros, como no es sencillo intuir –digámoslo una vez más– cuáles son los efectos saludables de un crecimiento económico de siempre agresivo con la naturaleza, dilapidador de recursos y a duras penas relacionado con el bienestar y la cohesión social.
A la manifiesta ignorancia que gobernantes y opositores muestran en lo que hace a las consecuencias que el encarecimiento inevitable en los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos tendrá sobre unas infraestructuras de transporte inutilizables, se sumaba, de la mano de los Juegos, un proyecto que ratificaba atávicas tendencias centralizadoras. Como si Madrid no se beneficiase ya de un sinfín de privilegios, que alcanzan también, es cierto, bien que en menor grado, a otras ciudades. ¿Alguien se preguntará algún día cuáles son las dramáticas secuelas de un proceso de general desertización del territorio que tiene su mejor botón de muestra en el abandono de tantos pueblos? ¿Qué hermoso mensaje transmite al respecto una parafernalia olímpica llamada a acrecentar, vía una masiva desviación de recursos, la macrocefalia de una ciudad cada vez menos vivible?
Para que nada falte, por todas partes se nos ha presentado como un evento social igualitario lo que en los hechos responde a un proyecto elitista y mercantilizado en grado extremo. Si desde tiempo atrás sabemos que el empleo oficial del deporte atiende a una ingeniosa operación de ocultamiento de un sinfín de marginaciones, explotaciones y exclusiones, nada mejor que los Juegos Olímpicos para recordárnoslo. La misma ciudad, Madrid, que se propone como organizadora de aquellos sobre la base de su presunta riqueza y prosperidad, es el escenario en el que despuntan dramáticas desigualdades sociales, poblaciones inmigrantes en situación a menudo extrema, los efectos desoladores de la especulación más descarnada, sistemas públicos de sanidad y educación en franco deterioro, y, en suma, afilados instrumentos represivos. Quien desee conocer lo que nos oculta el manipulador discurso oficial del que hablamos bien hará en echar una ojeada a un librito de reciente publicación –Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano–, que, publicado por la librería asociativa Traficantes de Sueños, retrata cabal y pedagógicamente muchas de esas miserias.
Debe uno agregar, en fin, que sobran las razones para repudiar la llamativa movilización de muchos de nuestros políticos, con el rey Juan Carlos en cabeza, al servicio de lo que poco más son que obscenos intereses privados. Hasta dónde habrá llegado nuestra estulticia que alguno de esos políticos, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, sorprendentemente adulado por todos, se nos presenta como el adalid de la derecha civilizada y respetuosa. Aunque, claro, el sino de estos tiempos en los que, por detrás de la aparente confrontación que los partidos escenifican, se manifiestan tantos consensos subterráneos, lo desvelan bien a las claras esos cursos de conducción ecológica que imparte, por lo que me cuentan, Fernando Alonso…
Carlos Taibo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Miguel Ordóñez
Carlos Taibo
Transcurrido un mes y medio desde las elecciones al Parlamento de la UE, no parece amainar la discusión que, en lo que a la izquierda resistente se refiere, afecta a los resultados de aquellas. Al calor de esa discusión se olvida –parece– un hecho importante: dados los porcentajes, muy altos, de abstención, es obligado concluir que las elecciones configuran un termómetro poco adecuado para evaluar lo que ocurre en el mundo que ahora nos ocupa.
La abstención electoral, en cualquier caso, tiene mala prensa. De siempre se ha dicho que quienes se inclinan por no votar ofrecen un mal ejemplo y de siempre se ha dado por supuesto que no hay razones que justifiquen su conducta. Desde bastante tiempo atrás sabemos, aun así, que existe una bolsa, importante, de abstencionistas de izquierda. Parece servida la conclusión de que los partidos o listas emplazados a la izquierda del PSOE no han sido capaces de seducir a muchas de estas gentes, que se abstienen, claro, por algo. Digámoslo de otra manera: aunque antes de las elecciones del 7 de junio se apuntó, con un argumento respetable, que no era saludable que a aquellas concurriese media docena de listas diferentes en el terreno que nos interesa, mayor peso corresponde, sin duda, al hecho de que ninguna de esas listas acababa de convencer a la mayoría de las gentes de las que hablo.
Procuremos alguna explicación para lo anterior y anotemos, por lo pronto, que a menudo las opciones que concurren a las elecciones lo hacen, en franca renuncia de muchas de las convicciones que dicen ser suyas, de tal manera que acaban templando su discurso para no dañar eventuales expectativas. Se ha dicho, y vaya un ejemplo sonoro, que el gran fracaso de Izquierda Unida en esas elecciones fue su incapacidad para arrebatar votos que tradicionalmente han ido al PSOE. Sospecho que el análisis yerra y que, pese las apariencias, IU sí arañó votos socialistas. Ojo que la conclusión es delicada: Izquierda Unida sigue perdiendo apoyos entre su electorado leal y ello de resultas, en buena medida, de la anómala condición que la coalición exhibe. Receptora de votos socialdemócratas desencantados con la inanidad de las políticas del Gobierno central, IU pretende estar a todas, y unas veces lanza señales a ese electorado –ahí está su lamentable negativa a entrar en confrontación con las cúpulas de los sindicatos mayoritarios– y otras asume proyectos que, emplazados inequívocamente en la contestación del desorden existente, siguen yendo por detrás de lo que reclaman las redes sociales más activas.
Al final, dentro de IU como fuera de ella, las componendas no faltan. Si unos rehuyen promover lo que muchos entendemos que es una exigencia en el momento presente –el decrecimiento–, acaso por temor a una lapidación electoral que al final se produce igual, otros –ahí están algunos de los nacionalismos de izquierda– no dudan en mostrar su arrobo por la alta velocidad ferroviaria y el plan Bolonia. Claro que en algún caso el remedio es tan malo como la enfermedad, en la forma entonces de apuestas por cosmovisiones ideológicas –la centralidad abusiva de la cuestión nacional, el trotskismo o una suerte de tardoestalinismo– que al parecer el elector tiene que aceptar como normales y saludables.
Otro de los lastres que provocan el recelo ante partidos y listas es la frecuente presencia, en unos y otras, de liberados, burócratas y profesionales de la política, casi siempre alejados, desde los despachos de las sedes, desde los ayuntamientos o desde los parlamentos, de las luchas reales. Semejante separación, dramática, obliga a concluir que muchas de esas gentes sólo se representan a sí mismas, al tiempo que, no sin paradoja, mueven el carro de un singularísimo voto útil: reciben votos no porque quienes entregan el suyo, con la nariz tapada, se sientan representados, sino, simplemente, porque, emplazados ante el pecado de la abstención, muchos ciudadanos interpretan que no hay otra alternativa. En la trastienda salta a la vista que las opciones que se nos ofrecen siguen a menudo apegadas a los profesionales de la política, y con ellos, al control abrumador de los partidos, en detrimento de activistas y movimientos que, plurales y omnipresentes, son permanentemente ignorados.
No está de más agregar que una queja frecuente en la izquierda que concurre a las elecciones es la que subraya el maltrato que las opciones correspondientes reciben de los medios de incomunicación del sistema. Aunque no hay motivo mayor para negar que ello es así, lo hay en cambio para preguntarse si la queja no es, sibilinamente, un reconocimiento dramático de carencias propias: cuando una opción que se precia de su condición emancipadora y transformadora depende de otros para llegar a los ciudadanos, algo nos está diciendo en lo que respecta a su presencia, liviana y alicaída, en la realidad cotidiana de las gentes. Por cierto que, para que nada falte, la asunción de las reglas del juego imperantes es tan sólida en las iniciativas que me ocupan que, a manera de lo que hacen los grandes partidos, no hay lugar para autocrítica alguna. Todos han hecho lo que debían al calor de las elecciones –nadie ha encarado estas, como se merecen, con una irónica distancia– y todos han obtenido resultados más que aceptables…
Con mimbres como los descritos, parece claro por qué tantas personas –abstencionistas por respetable convicción o por coyuntural decepción– que mantienen una actitud de digna repulsa ante el orden existente, y a menudo una venturosa vocación de rebeldía, se quedaron en casa el 7 de junio. Las disonancias cognitivas y emocionales entre la izquierda social y la izquierda política siguen siendo, en otras palabras, muy grandes. Y eso que –antes de que alguien me lo reproche– en la primera de esas izquierdas tampoco hay motivo para lanzar cohetes.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Mikel Casal
CARLOS TAIBO
En los últimos meses han pasado por los estudios de televisión y de radio, y se han pronunciado en las páginas de los periódicos, decenas de dirigentes políticos, de economistas, de sindicalistas y de periodistas, próximos al Gobierno o cercanos a la oposición. Aunque a menudo disientan en lo que respecta a las medidas precisas que conviene arbitrar, todos parecen estar de acuerdo en algo importante: para dejar atrás la crisis en curso hay que recuperar la senda del crecimiento económico y conseguir que despierte de una vez por todas el consumo.
En un planeta en el que sobran los argumentos para afirmar que el crecimiento no genera cohesión social, provoca agresiones medioambientales muchas veces irreversibles y propicia el agotamiento de recursos que no estarán a disposición de las generaciones venideras, cada vez es más urgente que busquemos, por ello, otros horizontes. Sorprende, sin embargo, que muchos de quienes han hecho de la sostenibilidad su bandera de enganche prefieran esquivar la conclusión de que en los países ricos tenemos que asumir cuanto antes reducciones drásticas en la producción y en el consumo, de la misma suerte que tenemos que repartir el trabajo en provecho de modelos que hagan de la redistribución de la riqueza, de la vida social, del ámbito local y del ocio creativo sus cimientos.
Nada de esto último se aprecia, ni de lejos, en las posiciones que abrazan hoy nuestros gobernantes, empeñados en sacar adelante diagnósticos de lo que sucede tan errados como interesados. Recuérdese que hace algo más de un año el presidente Rodríguez Zapatero eludía mencionar, en sus discursos, la palabra crisis. Después se inclinó por arrojar todas las culpas de lo que ocurría sobre los desmanes que ha dado en exportar la economía norteamericana –ninguna correspondía, en cambio, a un modelo, el español, al parecer en modo alguno lastrado por flujos especulativos de diversa índole–, para, en los últimos tiempos, descargar sus iras contra una burbuja inmobiliaria que, según una singularísima visión, nada habría tenido que ver con las políticas alentadas por el Partido Socialista desde las más diversas instancias. ¿Cuánto tiempo tardará Rodríguez Zapatero en percatarse de las contradicciones flagrantes de lo que defiende ahora?
No hay manera de casar el omnipresente discurso de la sostenibilidad con medidas como las que el Gobierno español ha decidido alentar en respuesta a la crisis. Una de ellas es esa enloquecida apuesta por la alta velocidad ferroviaria que tanto gusta –dicen– al presidente norteamericano de estas horas. A su amparo está claro qué es lo que se nos viene encima: una forma de transporte que reclama salvajes agresiones contra el medio, propicia la desertización ferroviaria del grueso del territorio, es extremadamente onerosa en términos energéticos y se traduce en precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.
Otra de esas medidas la aporta la frenética construcción de nuevas autovías sin que nadie explique convincentemente quién las va a poder utilizar en el futuro, cuando se disparen los precios de las materias primas energéticas que empleamos. Qué no decir, en fin, de la impresentable, y discriminatoria, decisión de subvencionar con recursos públicos la compra de automóviles. ¿No sería más razonable que, lejos de pensar en los intereses de las grandes empresas, nuestros gobernantes ayudasen, antes bien, a quienes han decidido prescindir de un instrumento, el coche, que retrata cabalmente muchos de los elementos de insostenibilidad que atenazan a nuestras sociedades? Mientras se apoyan con descaro olímpicas parafernalias, por momentos despunta, en fin, la lamentable retahíla que da cuenta del liderazgo español en tecnologías verdes, casi siempre adobada, por añadidura, con la triste defensa, también en este ámbito, de la competición más feroz.
Bien es cierto que los desafueros transcienden el terreno de la sostenibilidad. Para cerrar el círculo, nuestros gobernantes repiten incansables que no van a aceptar rebajas, en provecho de los empresarios, en lo que atañe a las reglas del juego del mercado laboral. Empiezan a menudear las noticias, sin embargo, que sugieren que el Partido Socialista sopesa introducir algunas de esas rebajas en un escenario en el que los empresarios a los que acabo de referirme no tienen mucho de qué quejarse: al amparo de una precariedad que se impone por doquier, las normas imperantes han permitido –no se olvide– un crecimiento espectacular de la cifra de desempleados, en muchos casos sin cobertura alguna.
Para que nada falte, entre nosotros se ha optado por importar un modelo, el norteamericano, que defiende medidas de socorro tan generosas como urgentes cuando las entidades financieras están al borde de la quiebra, pero no actúa con la misma benevolencia y energía cuando son las economías de los trabajadores –recuérdese a las decenas de miles de inmigrantes que contrajeron hipotecas en condiciones próximas a la usura– las que se hallan con el agua al cuello.
Y es que quienes nos dirigen, de siempre remisos a poner el dedo en la llaga de lo que supone un capitalismo depredador e injusto –hoy, por cierto, a la deriva–, defienden, sí, el bien común… siempre y cuando no choque con los intereses particulares de las grandes empresas. Que se lo digan, si no, a Microsoft, que a buen seguro se apresta a sacar tajada de ese ambicioso programa que, de hacerse realidad, pondrá en manos de nuestros niños un magnífico ordenador llamado a resolver mágicamente las carencias del sistema educativo que
arrastramos.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política.
Ilustración de Iker Ayestarán.
CARLOS TAIBO
Que la OTAN precise celebrar a bombo y platillo el sexagésimo aniversario de su fundación parece, por sí solo, señal de mala salud. Y eso que, y al menos entre nosotros, las disputas que antaño provocó la Alianza Atlántica han bajado, injustificadamente, muchos enteros. Así lo testimonia, sin ir más lejos, la apreciación que hizo suya, semanas atrás, una de las tertulianas de turno, firmemente convencida de que la presencia de militares españoles en Afganistán quedaba suficientemente fundamentada por el paraguas que ofrecía la OTAN, una instancia al parecer impoluta y de siempre entregada al respeto de la legalidad internacional y de los derechos humanos…
Es urgente, sin embargo, reabrir la discusión sobre lo que hoy significa la Alianza Atlántica. Lo primero que conviene recordar al respecto es que la OTAN configura la principal de las avanzadas militares perfilada por los países ricos. Como tal, y si así se quiere, constituye el brazo armado de un proceso nada edificante –la globalización capitalista–, y contribuye poderosamente a asentar en el Norte opulento una genuina y orgullosa fortaleza. Por su singularidad guerrera –carece de competidores–, la Alianza tiene tanto peso como el que corresponde en conjunto al Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Por cierto que, si todas estas instancias han escapado llamativamente al control de la ONU, obligado parece subrayar que la OTAN ha desempeñado papeles decisivos a la hora de desacreditar, también, a la máxima organización planetaria: en 1999, al cumplir medio siglo, la Alianza dejó claro que en adelante sus acciones no tendrían por qué depender de una resolución específica del Consejo de Seguridad, en lo que se antojaba un torpedo en la línea de flotación de un Derecho Internacional laboriosamente gestado durante decenios.
En un sentido próximo, la OTAN es una organización claramente supeditada al dictado que impone la Casa Blanca. Aun siendo cierto que algunos miembros de la Alianza han contestado en momentos precisos unas u otras políticas norteamericanas –así lo hicieron, por ejemplo, Francia y Alemania con ocasión de la agresión que EEUU preparaba en Irak en 2003–, la OTAN como tal a duras penas ha servido de cauce para la expresión de tales disensiones. Antes bien, la Alianza ha refrendado puntillo- samente todos los criterios defendidos por Estados Unidos, lo cual no ha sido óbice para que este se sirviese de ella a capricho según las circunstancias. Washington rehuyó la colaboración de la OTAN en el mentado Irak, pero bien que la recabó, en cambio, en Afganistán. Es evidente, de cualquier modo, y en paralelo, que la Alianza ha sido un elemento decisivo a la hora de cancelar cualquier proyecto de independencia del lado de la Unión Europea.
El derrotero reciente de la OTAN se ha visto marcado, en otro terreno, por tres procesos de interés. El primero es una generosa expansión del área de sus acciones militares, no sometida hoy a restricción alguna, y ello por mucho que pueda apreciarse una concentración de intereses en una región, el Oriente Próximo, geoestratégica y geoeconómicamente vital. El segundo lo aporta una activa presión sobre Rusia, encaminada a obstaculizar el renacimiento, en el oriente europeo, de un gigante contestatario; en este sentido, y de nuevo, ningún dato permite afirmar que la Alianza Atlántica ha servido de freno a una creciente agresividad norteamericana plasmada, por ejemplo, en escudos antimisiles y bases militares que apuntalan un proyecto orientado a disputarle a Moscú una atávica zona de influencia. Agreguemos, en suma, que las presiones de la OTAN mucho tienen que ver con el crecimiento del gasto militar en todo el planeta; quienes, hace tres lustros, se atrevían a sugerir que la Alianza era un venturoso estímulo para las conversaciones de control de armamentos han tenido que plegar velas.
No puede faltar en nuestras consideraciones, en fin, el recordatorio de que, rematada la Guerra Fría y necesitada la OTAN de nuevas fuentes de legitimación, al cabo encontró la mayor de estas en el intervencionismo autodenominado humanitario. No hay que ser muy sagaz para concluir que este último responde las más de las veces a la defensa de los intereses de siempre, realizada ahora, bien es cierto, de la mano de procedimientos aparentemente más benignos y notablemente más eficaces. Quien piense, de cualquier modo, que la OTAN siente alguna preocupación por los derechos humanos en algún lugar del planeta haría bien en preguntarse por qué sus soldados no se han desplegado en Gaza y Cisjordania –para exigir la retirada del Ejército israelí–, en el Kurdistán –para reclamar de los militares turcos el respeto de las normas más elementales– o en el Sáhara Occidental –para hacer otro tanto con las fuerzas armadas marroquíes–. El intervencionismo humanitario ha servido para ocultar, por añadidura, lo que ocurría en la trastienda en la forma de un doble y delicado proceso: mientras la OTAN se ha lanzado con denuedo a la identificación –en su caso a la creación– de nuevas amenazas como las que supondrían el terrorismo internacional o las migraciones, por el otro –ya lo señalamos antes– bien que ha procurado, incansable, reflotar algunas de las viejas, y en singular la que acarrearía el gigante ruso.
Chesterton, el escritor inglés, tuvo a bien señalar que el matrimonio es una institución ideal para resolver un sinfín de problemas que no existirían de no existir el propio matrimonio. Si sobran las razones para endosarle a la Alianza Atlántica la frase chestertoniana –tradúzcala el lector–, también sobran para desear que el de estos días sea el último aniversario que la OTAN celebre.
Carlos Taibo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Iker Ayestaran
CARLOS TAIBO
Hace un par de años le pedí a un dirigente del BNG que evaluase la gestión del bipartito gallego. La respuesta me dejó perplejo: todo iba bien -me dijo–, en la medida en que las dos fuerzas coaligadas habían demostrado que podían convivir y en la medida en que, en paralelo, la Administración pública no se había venido abajo. Eso, al parecer, era suficiente para muchos de los responsables de un Gobierno que se aprestaba a tirar por la borda una oportunidad de oro de cambiar, en serio, la vida de Galicia. La apreciación, muy extendida, que sugiere que el principal problema de ese Gobierno ha sido su impericia a la hora de vender lo que hacía –en su caso, y también, la labor de zapa ejercida por tantos funcionarios– no acierta a ocultar el problema de fondo. Ello es así por mucho que algo tenga de verdad, como lo testimonia, por ejemplo, la dificultad que el bipartito ha tenido para defender una honrosa normativa que restringe indeseables prácticas inmobiliarias en la costa del país.
Y es que con el paso del tiempo se ha instalado la impresión de que el único dato sólido, y permanente, que el bipartito podía aportar en su provecho era el recordatorio de lo que hicieron sus predecesores populares. El resultado ha sido un Gobierno frío, sin alma, tecnocratizante y siempre esquivo de la confrontación con Madrid. Sus pobres registros han tenido poco que ver, por añadidura, con las trifulcas entre los dos socios participantes –suenan un tanto patéticas las acusaciones de deslealtad que contra el BNG se vierten hoy desde las filas socialistas– y mucho con su condición acomplejada. Nada ilustra mejor esta última que una política lingüística timorata –pareciera como si los responsables del bipartito estuviesen siempre pidiendo perdón– en virtud de la cual el Gobierno gallego hizo a menudo dejación de su derecho, y de su deber, a defender una lengua en situación dramática. ¿Es tolerable, por cierto, que el presidente de la Xunta, el de ahora como el de mañana, no se exprese con fluidez y gracia en la lengua de su país?
A todo lo anterior no es ajena, claro, la condición de las dos fuerzas que han articulado el gobierno en los últimos años. Hoy más que nunca sobran las razones para afirmar que el PSdeG es cualquier cosa menos un partido vivo y ejerciente. A merced de los vaivenes de lo que ocurre en el resto del Estado, y apenas imbricado en la vida gallega, no ha dejado atrás el lastre de su condición funcionarial, profesoral y urbana. Si Pérez Touriño se antoja retrato fidedigno de estas carencias, hora es esta de subrayar que no resulta fácil dirimir qué ha hecho el PSdeG, en general el bipartito, con las redes caciquiles orquestadas por el PP. Si es evidente que no acabó con ellas, también lo parece que antes apostó por crear sus propias redes, a la vista está que con escaso éxito, que por cortar de raíz con una lacra que marca indeleblemente la vida local.
Más grave es, con todo, lo del BNG, una fuerza visiblemente desnaturalizada en el sórdido ejercicio del poder. Aunque los cenáculos periodísticos en Madrid no den crédito a lo ocurrido, la dirección del BNG, luego de deshacerse de toda querencia soberanista, ha asumido un impecable viaje hacia el centro, las más de las veces justificado sobre la base de la presunta necesidad de adaptarse al país real y en franco olvido de que los mejores resultados de siempre los obtuvo el Bloque cuando defendió un programa y una estética de combate. Huellas de ese viaje se aprecian en dos terrenos: si uno es el coqueteo con que determinados sectores del Bloque, bien es verdad que minoritarios, han obsequiado a un posible pacto con el PP que permitiese salvaguardar la condición de muchos funcionarios de última hora, otro lo aporta el hecho, palpable, de que el 1 de marzo el BNG ni siquiera ha rebañado, como se anunciaba, los votos de izquierda descontentos con el PSdeG. El nuevo retroceso electoral del Bloque obliga a reabrir un debate cercenado en 2005, cuando el anterior de esos varapalos se medio tapó con la incorporación al Gobierno gallego.
Aunque, y en otro terreno, la crisis no ha ayudado, con certeza, al bipartito, que desechó alegremente un adelanto electoral que quizá le hubiera permitido salvar los muebles, no nos engañemos: por mucho que sea cierto que Núñez Feijóo no tiene ninguna respuesta ante esa crisis, salta a la vista la liviandad del discurso de Pérez Touriño, quien se ha hartado de emplear los manidos conceptos de modernización y competitividad como presuntas soluciones mágicas que, claro, a duras penas dibujaban diferencias apreciables con la oposición popular. Porque, y permítasenos una pregunta ingenua, ¿qué elemento socialista había de por medio que permitiese desmarcarse con claridad de las letanías al uso?
Habida cuenta de que la abstención no ha sido precisamente alta, el bipartito ni siquiera puede acogerse a un argumento vertido en muchos análisis: la posibilidad de que los numerosos casos de corrupción que atenazan al PP generasen, no sin paradoja, una general desafección hacia la clase política traducida en bajos niveles de participación que acabasen por perjudicar al PSdeG y al propio BNG. Sin desdeñar en modo alguno las secuelas del juego sucio al que se ha entregado con descaro el PP, conviene repetir que el retroceso de esas dos fuerzas, mucho más relevante que el livianísimo crecimiento popular, resulta tanto más doloroso cuanto que el reclamo del rival electoral era escaso. Además de reflexionar sobre esto, lo suyo es preguntarse por qué tantas gentes emplazadas en la izquierda y declaradamente nacionalistas se han sentido legítimamente defraudadas con un PSdeG alicaído y un BNG desnaturalizado.
A Núñez Feijóo le tocará, enseguida, lidiar con una situación muy delicada, y contentar, al tiempo, al sector más ultramontano de su partido. Además de un triunfo electoral que no esperaba, el 1 de marzo le regala, al menos a título provisional, una oposición muy blandita. Sobran las razones para afirmar que, por mucho olor a derecha civilizada que el candidato popular expida, en la cabeza de muchos está, para retratar lo que se viene encima, el título –Atila en Galiza– de uno de los álbumes más celebrados de Castelao.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política
Ilustración de Sr. García
CARLOS TAIBO
Los últimos días de enero son, desde un tiempo atrás, el momento en que se enfrentan dos visiones del mundo y de sus problemas: si la primera se revela en un cónclave paraoficial, en Davos, la segunda, el Foro Social Mundial, ha aterrizado este año en la ciudad brasileña de Belém.
Era inevitable que, como van las cosas, las dos reuniones se hiciesen eco de una crisis que está en todos los labios. En Davos, por lo pronto, hemos podido escuchar qué es lo que nos cuentan –luego de pagar los 40.000 euros por cabeza preceptivos para asistir a la reunión, una suma muy superior a la que ingresa a lo largo de toda su vida la mitad de la población del planeta– los adalides del capitalismo, repartidos, si así se quiere, en dos bandos. El primero bebe de la odre neoliberal y en los hechos se contenta con sugerir que hay que cancelar algunos abusos que han despuntado en los últimos tiempos. A estas alturas distinguir el neoliberalismo de los abusos acompañantes se antoja, sin embargo, tarea propia de necios, tanto más cuanto que el capitalismo realmente existente, incapaz de resolver sus problemas, promueve con descaro impresentables operaciones de reflotamiento de empresas realizadas con el dinero de todos.
Pese a las apariencias, a la segunda percepción, la keynesiana, no le va mucho mejor. Recuérdese que los socialdemócratas de estas horas, tras acatar durante decenios la vulgata neoliberal, están pagando los platos rotos de la mano de restricciones presupuestarias sin cuento. No es eso, con todo, lo importante: los keynesianos de las últimas hornadas ignoran palmariamente que el planeta arrastra inapelables límites medioambientales y de recursos. Cuando apuestan a la desesperada por tirar del consumo, cuando se inclinan por acometer la construcción de faraónicas infraestructuras que nadie sabe quién podrá emplear dentro de unos pocos años –tras la subida inevitable, antes o después, los precios de la energía–, retratan bien a las claras los vicios del cortoplacismo que nos inunda. Sólo los más ingenuos creen, entre tanto, que semejante huida hacia adelante encontrará su freno al amparo de un keynesianismo verde que, hablando en serio, no se vislumbra en lugar alguno.
Pero olvidemos el hastío que produce Davos y evaluemos lo que nos llega de Belém. El momento para los movimientos que contestan la globalización capitalista es, a la vez, estimulante y delicado. Si, por un lado, sus mensajes encuentran hoy un caldo de cultivo más amplio, por el otro, deben encarar una tramada estrategia de amedrentamiento que invita, desde las instancias oficiales, a renunciar a la protesta en provecho de la preservación de la relativa condición de privilegio de la que una parte de la población planetaria disfruta. Es verdad, por lo demás, que en los movimientos perviven diferencias importantes. Hay quienes piensan, por ejemplo, que la prioridad mayor sigue siendo engordar las redes de contestación y convertir estas en fermento de una sociedad distinta, como hay quienes estiman que lo que se impone es ejercer influencia sobre otros y, en particular, sobre gobiernos más o menos receptivos.
Más allá de esas disputas, los movimientos han asumido en los últimos meses una inequívoca radicalización que tiene su principal botón de muestra en el designio de trascender la contestación, a menudo demasiado cómoda, del neoliberalismo para acometer una crítica en toda regla de un capitalismo que se considera, por una parte, generador de explotación e injusticia y, por la otra, promotor de salvajes agresiones contra el medio. En relación con la primera de estas dimensiones, nada se aleja más de la verdad que la afirmación de que el universo antiglobalizador está desafortunadamente lejos del movimiento obrero. Mientras en muchos países del Sur el sindicalismo resistente se halla, claramente, del lado de ese universo, en el Norte tenemos que preguntarnos si no son muy a menudo las cúpulas sindicales tradicionales las que, en una deriva lamentable, y tras aceptar lo inaceptable, han obligado a las redes antiglobalización a asumir un creciente protagonismo en las luchas contra las privatizaciones, el desempleo o el trabajo precario.
Las cosas como fueren, la mayoría de las gentes que se han hecho presentes en Davos –por cierto que no hay motivos para concluir que entre ellas menudean los admiradores tontorrones de Obama– son conscientes de que, junto a la crisis que hemos etiquetado de financiera, se aprecian otras tres singularmente preocupantes: se llaman cambio climático, encarecimiento de los combustibles fósiles y, en fin, sobrepoblación. La urgencia de colocar en primer plano los problemas correspondientes ha estimulado, en los movimientos radicados en el Norte opulento, una activa discusión en lo que hace al crecimiento económico y sus presuntas bondades. La defensa de proyectos de franco decrecimiento va ganando terreno por momentos en un escenario en el que la propuesta en cuestión se hace acompañar de un puñado de aditamentos: la defensa de la vida social frente a la lógica de la propiedad y el consumo, la postulación del reparto del trabajo –una vieja práctica sindical que ha caído en el olvido–, la reducción del tamaño de muchas infraestructuras, la primacía de lo local sobre lo global y, en fin, la simplicidad y la sobriedad voluntarias.
Si las discusiones en torno al decrecimiento –un proyecto que acarrea una radical contestación de los catecismos neoliberal y keynesiano– parecen llamadas a ganar terreno, bueno es que dejemos constancia de una percepción que, en lo que respecta a las sociedades del Sur, despunta en muchos movimientos. Esa percepción sugiere, con inevitable cautela, que ha llegado el momento de sopesar si dejar a esas sociedades en paz, lejos de las aparentes bondades que procuramos endosarles, no será nuestra mejor contribución a su bienestar. Y es que sobran los datos que señalan que muchos de esos pueblos que calificamos de primitivos y atrasados guardan, como un arcano tesoro, algunas de las llaves que nos permitirán abandonar este triste edificio que habitamos, construido con materiales tan lamentables como el consumo desaforado, la explotación, la exclusión y, claro, el desprecio por lo que la naturaleza tuvo a bien regalarnos.
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Miguel Ordóñez
CARLOS TAIBO
Fue Cornelius Castoriadis quien, hace años, llamó la atención sobre una circunstancia penosa: quienes preconizan un cambio radical en las estructuras políticas y sociales pasan por ser –dijo– incorregibles utopistas, mientras que quienes no son capaces de considerar lo que va a ocurrir a dos años vista se nos antojan, en cambio, personas impregnadas de afortunado realismo. No sé si, aplicada la segunda parte de la afirmación a los políticos de hoy, no resulta al cabo en exceso optimista –por lo de los dos años– en un escenario en el que el cortoplacismo más aberrante se ha instalado en plenitud entre nosotros.
En semejante teatro no puede sorprender que haya ganado terreno un puñado de inquietantes supersticiones. La primera, y la más común, señala impenitentemente que las cosas no son tan graves, de tal suerte que, y en lo que hace, por ejemplo, a la recesión en la que nos adentramos a marchas forzadas, en unos meses la situación recuperará, sin más, la normalidad. Así las cosas, los especuladores de ayer, ahora respaldados con el dinero de todos y sin que nadie los imagine en la cárcel, podrán volver a las suyas. A los ojos de los sustentadores de esta opinión, pareciera como si nada singularmente preocupante se hiciera valer al calor de un capitalismo global que nos arroja sin remisión a un caos planetario, del cambio climático y de la carestía de las materias primas energéticas. Hay quien no ha tomado nota, por decirlo de otra manera, de que la crisis del momento, en un escenario indeleblemente lastrado por la escasez y los límites del planeta, remite a fenómenos que, a diferencia de lo ocurrido en 1929 o en 1973, no permiten un retorno a la
posición de origen.
Otra extendida superstición sugiere que nuestros gobernantes saben perfectamente lo que han de hacer, de tal forma que cuando proceda adoptarán las medidas necesarias. Sobran los argumentos para recelar de tan ingenua intuición: si, por un lado, esos mismos gobernantes prefieren sortear los problemas de fondo –no hablo ahora, claro es, de la burbuja inmobiliaria, de la evaporación del superávit público o de los niveles del Euribor–, por el otro no faltan entre los dirigentes políticos y los intereses empresariales poderosísimos vínculos que aconsejan concluir que los primeros bien que evitarán colocar en primer plano los derechos de los marginados de siempre y, con ellos, los de las generaciones venideras.
Un escenario viciado
Una tercera superstición, esta en franco progreso, viene a decirnos que hay ya venturosas soluciones para los problemas principales. Curioso es, por cierto, que en las últimas semanas entre nuestros tertulianos hayan proliferado sesudos y sorprendentemente lúcidos análisis sobre el infierno energético que se avecina. No se engañe el lector: ese repentino efluvio de pensamiento aparentemente crítico no obedece a otro designio que el de colocar en primer plano la miseria que propone la industria nuclear, de siempre olvidadiza ante el inevitable agotamiento del uranio, la imposibilidad de deshacerse de peligrosos desechos, los costes ingentes que acarrea y sus efectos, no precisamente menores, sobre el cambio climático. En un terreno próximo, la socorrida afirmación de que acabarán por descubrirse tecnologías que permitirán salir rápidamente del atolladero no puede producir sino perplejidad. Muchas veces se ha recordado que la inferencia de que es más que probable que el ser humano supere la ley de la gravedad no aconseja concluir –parece– que es razonable construir rascacielos sin ascensores ni escaleras.
Algunos de los elementos que acabamos de manejar hunden sus raíces en un escenario viciado cuyo mejor botón de muestra es lo que ocurre al amparo de las elecciones. Gobernantes y ciudadanos somos responsables por igual de un delicado desafuero: el que aconseja concluir que es preferible construir el enésimo puente o la enésima autopista al lado de casa antes que pelear por vivificar nuestra relación con el medio o por mejorar el nivel de vida de los más de tres mil millones de seres humanos que disponen de menos de dos dólares diarios para salir adelante. La secuela mayor de ese malentendido no es otra que un dramático vacío: en los países ricos no se barrunta ninguna conciencia de que hay que reducir, significativamente, el consumo y optar por fórmulas de franco decrecimiento. Y es que hemos dejado atrás –aunque no queramos tomar nota de ello– todos los equilibrios elementales, como lo testimonia el progreso, sin frenos, de la huella ecológica. Hora es esta de subrayar, eso sí, que lo del decrecimiento no implica en modo alguno hacer lo mismo pero en menor cantidad: reclama, antes bien, construir un mundo diferente asentado en el triunfo de la vida social frente a la propiedad y el consumo ilimitado, en la reducción de las dimensiones de infraestructuras y organizaciones, en la primacía de lo local sobre lo global, en el altruismo frente a la lógica de la competición y, en suma, en la sobriedad y la simplicidad voluntaria.
Nada de lo anterior se aprecia, sin embargo, en lo que nos dicen nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes. Ahí está, sin ir más lejos, esa patética reconvención con la que Rodríguez Zapatero cerró, acaso sin pensarlo dos veces, su intervención en el último congreso del Partido Socialista y que nos invitaba, obscenamente, ¡a consumir!… Frente a ello, y tal y como lo recuerda Jorge Riechmann, una de las personas que más ha trabajado entre nosotros para desvelar estas miserias, lo justo es oponer las palabras que Terry Eagleton dedicó a Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot: “Comprendió que el realismo sobrio y cargado de pesadumbre sirve a la causa de la emancipación humana más lealmente que la utopía cargada de ilusión”.
Carlos Taibo es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de José Luis Merino
