CARMEN GALÁN BENÍTEZ
En México se ha perdido incluso la sobria costumbre del minuto de silencio con la que los gobernantes suelen, ya externalizar, ya teatralizar, el dolor compartido con el pueblo. Se ha sustituido por discursos optimistas que hablan del cercano triunfo de los buenos sobre los delincuentes, del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y Justicia en contra del narcotráfico, del buen rumbo económico. Es la indolencia del poder frente a la tragedia.
Cifras de 30.000 muertos y más de 25.000 detenidos en el marco de la “guerra contra el crimen organizado” hacen urgente preguntarse contra quién está luchando el Gobierno. ¿Contra los siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan? ¿O actúa temeroso de los 70.000 habitantes de Ciudad Juárez que han perdido su empleo? ¿Persigue a los 400.000 mexicanos que emigran anualmente a EE UU
o a los 12 millones de indigentes que vagan por las calles? ¿Se queda tranquilo Felipe Calderón engrosando la prisiones con mujeres indígenas acusadas de delitos contra la salud quienes, sin hablar español, con dificultad se enteran de qué cargo enfrentan? La cadena que cerca a los ciudadanos caídos en la marginación tiene sus orígenes en la ineficacia de las políticas sociales y en el fracaso de la política económica mexicana, no hay duda, pero más complejos y, lamentablemente, más perversos son tanto el proceso de descomposición que provoca horrores cotidianos (masacres, decapitaciones y jornadas sangrientas en buena parte del país), como la decisión de lanzar al Ejército contra la población intimidándola, pasando por encima de sus derechos, cobrando vidas cuya pérdida es definida por el propio presidente como “daños colaterales” .
En esta etapa del conflicto mexicano hablamos de comandos que pueden cerrar los accesos a Monterrey (considerada la segunda ciudad mexicana en importancia demográfica y económica) o tomar poblaciones en Michoacán; ejercen el control de extensas zonas del territorio nacional. Se trata de organizaciones con preparación paramilitar. No en vano el plan puesto en marcha en México y Centroamérica con la aprobación del Congreso norteamericano, el llamado Plan Mérida, tiene todas las características del Plan Colombia
que tanto polarizó a la sociedad de aquel país. México es un jugoso terri-
torio para la próspera industria armamentística y sólo una castigada frontera lo separa de tan potente distribuidor mundial.
De sobra sabemos que la inteligencia norteamericana ha intervenido en los procesos internos de América Latina; conocemos las sucias intenciones de las guerras de Irak o de Afganistán para hacerse con el control de petróleo y opio. Lo que sería interesante es revisar el actual papel del Gobierno mexicano en ese contexto: Felipe Calderón no goza de legitimidad. No sólo es impugnado su triunfo en las urnas, sino que, en todo caso, su “ventaja” del 0,5 % sobre López Obrador no le permite ignorar al grueso de la población que no votó por él. No obstante, el presidente ha ignorado, ofendido y hecho caso omiso de las voces que, desde muchos foros o tomando las calles, piden justicia y una revisión de la estrategia contra el narcotráfico. Corto de miras, Calderón es incapaz de tener claridad sobre el proceso histórico que provocó la “transición mexicana” a la democracia y de valorar la importancia que la movilidad social tuvo en ello. Insiste en ejercer el poder desde su aislamiento, rodeado por un gabinete sin potencial e insensible. Es inevitable cuestionar dónde tiene afianzadas sus alianzas ese grupo con la intención de sostenerse en el poder.
Entonces vienen al caso las advertencias de Naomi Klein, la contundente argumentación expuesta en La doctrina del shock y que, aplicada a México, sería: frente a los deseos de democracia y justicia social que movilizaron a la población durante décadas, ante el reclamo de fraude electoral en 2006 y la exigencia de modificar el rumbo de la política económica, es propicia una contundente situación de crisis que lleve a la gente al extremo de pelear por la vida como lo más apremiante, inmediato y único, dejando a un lado cualquier otra aspiración personal y política. Para ello, el grupo gobernante ha contado con la fidelidad, con la complicidad, de las principales televisiones, cuya línea es tratar el asunto como un problema de buenos y malos, atemorizando a la población por un lado y, por otro, banalizando una situación muy grave.
Mientras, la tragedia tiene rostros y avanza. Defensores de derechos humanos y periodistas son abatidos en prácticas que recuerdan los tiempos de la guerra sucia y que ahora se extienden al resto de la población: asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. Tácticas que la opinión pública de los años setenta ignoró y permitió, que no quiso ver porque se trataba de atropellos contra campesinos y estudiantes “revoltosos”, ahora le tocan en carne propia también a empresarios o políticos. Situaciones caóticas como fugas masivas de los centros penitenciarios; familias de clase media de vacaciones en Acapulco al tiempo que aparecen ahí mismo 15 decapitados frente a un centro comercial; poblaciones desplazadas. Impunidad por doquier. Y un Gobierno que, cínico e incapaz de tener un gesto de humildad, una mirada frontal hacia los ciudadanos, el valor de escucharlos y la solvencia para poner en marcha soluciones, pide a sus embajadores que “limpien” el nombre de México en el extranjero para ofrecerlo como un buen negocio.
Carmen Galán Benítez es escritora
Ilustración de Patrick Thomas
Carmen Galán Benítez
El resultado de las recientes elecciones en México para renovar la Cámara de Diputados y elegir gobernadores de varios estados de la República, así como jefes delegacionales del Distrito Federal y representantes para su Asamblea Legislativa, ofrece un panorama de la compleja situación en la que se encuentra el país. A nadie sorprendió el reciente y desmesurado triunfo del partido que por 70 años estuvo en el poder y que aceptó haber perdido la presidencia de la República por primera vez en el año 2000.
Entender lo que significa el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es entender una buena parte de México, pues no se trata de un dictadorzuelo surgido de la nada ni de un régimen aislado de la sociedad. Tras la revolución mexicana de 1910, trascendental en el marco de la historia del siglo XX, el PRI surge como el núcleo capaz de agrupar institucionalmente a la sociedad. Sindicatos en confederaciones de obreros y campesinos, maestros e incluso intelectuales mimados serían la estructura de un Estado corporativista. México se construyó y se constituyó como una nación con programas de educación y de salud, con convicción laica heredada de las luchas entre liberales y conservadores del siglo XIX, y con principios, establecidos en la Constitución, de soberanía sobre los recursos naturales, petróleo incluido. Sin embargo, no es necesario que Buñuel nos recuerde que siempre estuvieron ahí los olvidados, o tal vez sí sea necesario y se requiera no perder el tiempo para decir que el régimen surgido de la revolución mexicana se convertiría, década tras década, en un Estado autoritario controlado por una oligarquía cada vez más ambiciosa y mezquina. El movimiento social, sin embargo, ha estado ahí y, no hay duda, vinculado con las corrientes de izquierda –diversas y en eternos conflictos internos, desconfiadas y rupturistas, pero inmersas en el complejo proceso de la transición democrática en México–.
Con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, a través del Frente Democrático Nacional, se demostró que el dique se podía romper. La sociedad reclamó fraude electoral, pero Carlos Salinas de Gortari (candidato del PRI) se sentó en la silla presidencial con la complicidad del hoy gobernante Partido Acción Nacional (PAN). Desde entonces, PRI y PAN han construido pactos para gobernar.
Tras las elecciones de 1988 muchas cosas se moverían en México. Se fundaría el Partido de la Revolución Democrática, agrupando a buena parte de las fuerzas de izquierda. Surgiría el movimiento zapatista, haciendo visible el reclamo de los pueblos indios nunca incluidos en el proyecto de nación. Y el proyecto neoliberal haría más dramática la injusta distribución de la riqueza generando descontento social. Pero sería el PAN, a través de su carismático candidato Vicente Fox, quien ganaría las elecciones de 2000 robándose argumentos y votos de la izquierda, en lo que se consideró “el voto útil”. El PRI salía de la presidencia de la República, pero la izquierda no podía festejarlo como un triunfo.
Vicente Fox (2000-2006) decepcionó como gobernante al ser incapaz de ejercer el liderazgo en la construcción de un impostergable pacto social que permitiera desahogar la presión social de una población en creciente empobrecimiento. Fox significó la continuidad del programa económico neoliberal impulsado por los últimos gobiernos priístas. La corrupción y la impunidad no menguaron. Poco preparado y pusilánime, Fox fue acusado de ineptitud y la gente percibía que el país andaba en muletas.
En 2006, Felipe Calderón, candidato del PAN, fue declarado presidente de la República a pesar de que los resultados de la votación, que le daban un 5% (unos 244.000 de los 41.791.000 votos contabilizados) de ventaja sobre el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron impugnados. Un multitudinario movimiento pacífico protestó durante meses. La opinión pública internacional le dio la espalda, pues los intereses del gran aparato legitimador de democracias en el mundo están a salvo en México con el entramado PRI-PAN. La demanda de un recuento de todos los votos, dadas las múltiples irregularidades registradas, no fue aceptada, con la consecuente frustración para millones. La sociedad se polarizó.
Las elecciones de este 2009 encontraron a México en la situación más vulnerable de los últimos tiempos. El daño es estructural porque hay una fractura entre el Estado y la sociedad. Están rebasadas las reglas del juego y no existen objetivos comunes. El acto de confianza que significa ir a votar está seriamente lesionado. Hoy México es un país en el que miles de personas toman las calles y no pasa nada, los movimientos simplemente se desgastan y eso desgasta a toda la sociedad.
Como corolario, durante los últimos tres años la lucha por el control del partido ha fracturado al PRD, constituyendo el show preferido de los medios de comunicación. Pero algo más grave explica el regreso del PRI: el país está sumido en graves conflictos que el Gobierno de Felipe Calderón es incapaz de enfrentar y la gente, que no encontró una alternativa democrática, tuvo que resignarse a regresar al pasado, escarmentada de que “más vale malo por conocido…”. Muchos otros decidieron anular su voto motivados por redes de diversos orígenes –como voto nulo, voto en blanco, tache a todos– y representan casi el 6% del resultado electoral. El rechazo al PAN, sin embargo, quedó claro.
El retorno del PRI, derrota moral para un largo proceso, no es más que la continuidad de un proyecto político y económico que no ha dejado de estar en el poder. La sociedad deberá encontrar nuevos rumbos que le permitan construir acuerdos de convivencia.
Carmen Galán Benítez es escritora
Ilustración de Mikel Casal
CARMEN GALÁN BENÍTEZ
Volvió a ocurrir: sobre México recibimos visiones limitadas, fragmentadas o sesgadas. ¿Qué pasa?
Dos temas han llamado la atención pública internacional en los últimos años (movimiento zapatista aparte): las elecciones presidenciales de 2006 y el terror derivado del narcotráfico. En todo caso, no son temas aislados, sino que forman parte de una realidad que no se llega a percibir en la información difundida en España. Si bien es tristemente famosa la hospitalidad de la que gozan los corresponsales internacionales que se mantienen bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación, eso no lo explica todo.
Durante décadas, los gobiernos mexicanos se han distinguido por su hábil y efectiva política exterior, capaz de dar una imagen solidaria y progresista: se recibió al exilio chileno, al argentino; se ha abogado en foros internacionales por los derechos humanos, ha habido solidaridad con la Revolución cubana…
Pero lo cierto es que la represión de los movimientos populares ha sido una constante. Los líderes del movimiento ferrocarrilero de los años cincuenta acabaron presos y, tras la violencia ejercida contra los estudiantes en el 68, el Estado actuó con descaro durante los setenta: desapariciones forzadas, tortura, muerte, clandestinidad para muchos. En tiempos más recientes han perdido la vida militantes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos o campesinos en el marco de la lucha por la democracia o en la defensa de sus tierras.
Parece claro cuando Naomi Klein explica en su libro La doctrina del shock (Paidós, 2007) la necesaria asociación del aparato represivo de las dictaduras militares de Chile o Argentina con la implantación de una política económica sugerida desde Chicago y con la implicación de la CIA de por medio. En México, sin shock, también se ha padecido la imposición del neoliberalismo que
–con paso firme y constante– ha desmantelado a la sociedad.
La implantación forzada de las políticas de libre mercado en sociedades latinoamericanas cuyo proceso y voluntad social se dirigían en otro sentido han acarreado marginación y pobreza para las clases medias y, por supuesto, para los sectores más desprotegidos. Ha implicado también represión contra las voces disidentes. El aparato para acallar esas voces ha sido exagerado. Ya lo establece con toda claridad el investigador mexicano Sergio Aguayo en su brillante trabajo La charola (Grijalbo, 2001): explica que el crecimiento de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, bajo el pretexto de la lucha contrainsurgente en los años setenta para salvaguardar “la seguridad nacional”, no sólo fue desproporcionado y trágico, sino que, ocioso y corrupto, se convirtió en el aparato que articuló la red operativa del narcotráfico, ese sí actual problema de seguridad nacional. No en vano, las prácticas de los narcotraficantes se parecen tanto a las ejercidas en la lucha contrainsurgente: tortura, desaparición, intención de atemorizar a la población. Que le pregunten a doña Rosario Ibarra de Piedra, eterna luchadora, quién es el culpable de la desaparición de su hijo, estudiante, en los años setenta. Señalará al aparato represor coordinado por el ex presidente Luis Echeverría (el mismo que fue generosísimo recibiendo a los chilenos tras el golpe de 73) y que operaba con impunidad mientras empresarios y gente bien apartaban la vista.
En México se ha desgastado la sociedad, la credibilidad de las instituciones, el soporte financiero. El proceso neoliberal ha sido devastador: importación de alimentos, el campo desactivado, industria maquiladora cuyos beneficios no se quedan en el país; campesinos y desempleados en general convertidos en recursos humanos para el crimen organizado; medios de comunicación al servicio de oscuros intereses privados. En ese contexto de orfandad moral se es muy vulnerable.
Ni Felipe Calderón ni quienes lo rodean representan a la sociedad que ha luchado contra el régimen autoritario cómplice de la degradación de la sociedad. No pueden enfrentar problemas como el narcotráfico porque son la continuidad de una política dispuesta a acabar con el dinamismo de una sociedad para lograr su mezquino proyecto económico. Además –¿por qué cuesta tanto escucharlo?– una buena parte de la población considera ilegítimo al presidente Calderón al no haberse despejado las dudas sobre la articulación de un fraude electoral en 2006. Pero la voz de la izquierda mexicana ha estado siempre aislada mediante las habilidades diplomáticas del Estado… y aún más: por la conveniencia de quienes ven México como el destino de buenos negocios en el terreno energético, editorial o de la construcción; de los bancos, ni hablar.
La sociedad mexicana, sin embargo, debate en los medios independientes, en la calle, en los recintos culturales y educativos, en el Congreso. Haciendo caso omiso, el Gobierno actual, sin pudor, lanza campañas internacionales que ignoran la polémica interna tanto sobre el proceso de privatización de los recursos energéticos como en torno al llamado plan Mérida, que implica la llegada de millones de dólares para articular un combate contra el narcotráfico coordinado, entre otros organismos, por la CIA. Comprar armas no es la solución, guerra habrá, y cruenta, pero la pobreza y la injusticia seguirán siendo los proveedores de carne fresca. Colombianizar México tiene que ver con enfrentar de esa forma el problema.
Es lamentable, entonces, ver por televisión reportajes superficiales y amarillistas. Sorprende la ingenuidad, en todo caso. Molesta la autocomplacencia en trabajos que se dicen de fondo y reducen todo a una lucha entre buenos y malos.
Carmen Galán Benítez es Escritora mexicana
Ilustración de Patrick Thomas
