Cayo Lara
Coordinador federal de Izquierda Unida
Ilustración de Mikel Casal
Frente al mayor ataque de la historia, es esencial la defensa de los trabajadores públicos y, por tanto, de los derechos de los ciudadanos. He manifestado esta declaración de principios en no pocas ocasiones, pero una de ellas tenía una justificación añadida. Y es que, muy pocas horas después del terremoto de Lorca, que asoló vidas y enseres, pudimos comprobar de manera fehaciente de qué hablamos cuando hablamos de lo público. Allí estaban el Ejército, los bomberos, personal médico, las distintas policías, técnicos evaluando los daños, etc.
Los elogios que, justamente, mereció este despliegue de recursos, contrastaban con las críticas que, durante el verano de 2005, mereció la administración Bush por su aptitud incompetente frente a los efectos provocados por el huracán Katrina en Misisipi y Luisiana. A los que no vimos, ni en EEUU ni en Lorca, fue a los mercados, ni tampoco los esperaba nadie. Viene este recordatorio a propósito del muy interesado empeño que, desde diversos sectores, se está desplegando para acabar con lo público.
¿Es más eficaz lo privado que lo público? En primer lugar hay que desmontar el mito de que la administración española está muy sobrecargada. En una comparativa rápida con su entorno los datos son elocuentes, mientras que los empleados del conjunto de la Administración suponían en 2008 el 12,3% del total de trabajadores, en Italia era el 14,3%; en Reino Unido el 17,4%; y en EEUU el 14,6%; y en Dinamarca y Noruega superaba el 25%, según la OCDE, que cita datos de 2008. Estos son los datos, más allá de manipulaciones interesadas.
A quienes se empeñan en satanizar el papel del Estado y de lo público, habría que recordarles que las dificultades de los estados han llegado como consecuencia del esfuerzo realizado ante el volumen de los problemas de los bancos. Todo ello nos sitúa ante una gran paradoja cargada de cinismo: tras haber salvado estos a los grandes bancos de una quiebra segura, para lo que han tenido que endeudarse gastando enormes cantidades de dinero, los estados son acusados ahora de despilfarradores. Las agencias de calificación de riesgos, esas empresas privadas que actúan a su conveniencia y antojo sin regulación alguna, obviaron los tejemanejes utilizados por otros entes también privados (como Enron, Lehman Brothers, etc.), pero se empecinan en reducir a la categoría de fallidas las posibilidades y expectativas de países.
Hoy en día, conceptos como el de evaluación de políticas públicas, calidad democrática o eficiencia social están siendo borrados de nuestro acervo colectivo. Los mercados y las políticas de derechas han dejado aparcada la necesidad de fortalecer el sistema democrático y mejorar la eficacia de sus administraciones, ¿para qué si lo que se pretende es reducirlas a su mínima expresión? Leo en un estupendo monográfico de la revista TEMAS de noviembre de 2010: “La evaluación de políticas públicas trata de conectar criterios de democracia y mecanismos de control y eficiencia, entendiendo que esta última, en el sector público, no puede concebirse simplemente a partir de los criterios de mercado, que deben equilibrarse con otros elementos de valor propios de este ámbito: como las ideas de equidad, cohesión social, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación institucional…”.
Qué cerca y qué lejos queda ya esa fecha. El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló recientemente con ocasión de los malos datos del paro y de afiliación, como elementos que ponen “en cuestión la sostenibilidad del Estado del bienestar”. De Guindos, que antes que ministro fue banquero a sueldo de los hermanos Lehman, parece no conceder importancia al hecho de que, como consecuencia de la enorme sangría sufrida por las arcas del Estado para salvar a los suyos de sus propios fiascos, se ha inutilizado una enorme cantidad de recursos económicos que serían muy necesarios para el relanzamiento de la economía productiva y el empleo desde lo público. Por tanto, las “dificultades de financiación” que esgrimen los informes de la CEOE como principal problema al que se enfrentan las empresas españolas tienen nombre y apellidos.
A finales de la década de los setenta empezó a ser cuestionado el consenso social y político en el que se fundamentó el Estado del bienestar. Al merme fueron eliminando coberturas hasta recrear en una buena parte del imaginario colectivo un perfil borroso acerca de su eficacia y razón de ser. Así y todo, el último barómetro del CIS nos confirma que sobre las vías para mejorar la situación económica del país, la mayoría de encuestados declara preferir las políticas de inversión en obras públicas y servicios sociales, aunque haya que subir los impuestos, frente a las políticas de reducción del déficit y deuda pública. Otra cuestión no menos relevante es que para la gran mayoría, los principales responsables de la crisis son los bancos.
Sostenía Grover Norquist, asesor económico de Bush en 2004: “No quiero acabar con el Estado; sólo quiero hacerlo tan pequeño que pueda ahogarlo en una bañera”. Cristóbal Montoro, orientador y nutricionista económico de Rajoy, encamina ya sus pasos hacia el “adelgazamiento” del sector público. Un nuevo expolio está servido. Pero eso sí, con la garantía de que los “eventuales procesos de privatización” de empresas públicas que presten “servicios cuya naturaleza sea compatible con una prestación más eficiente para el ciudadano por parte del sector privado” se harían “con total transparencia y evaluación independiente” Son palabras como terremotos, ideología pura.
CAYO LARA
El acuerdo sobre la reforma de las pensiones es el mayor ataque económico a las personas asalariadas producido por una sola medida legal en la historia de la democracia. Izquierda Unida presentará una enmienda a la totalidad cuando se concrete como proyecto de ley. Creo que lo democrático sería que cada partido proponga en su programa electoral su modelo de reforma de pensiones y que los ciudadanos puedan debatir y votar en las próximas elecciones generales en función de ello.
Las pensiones son salario diferido, que no se cobra de forma inmediata sino en el momento en el que se deja de trabajar por retiro o por incapacidad laboral. Por tanto, todas las cotizaciones (también las llamadas empresariales) que fundamentan las pensiones son retribuciones de los trabajadores. Son costes laborales.
En el documento del Gobierno titulado “Actualización del Programa de Estabilidad. España.
2009-2013”, se cuantifican con claridad los recortes previstos en las pensiones públicas: “Cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales”(pág. 41 del documento). El cálculo es fácil: en total cuatro puntos menos de PIB de gasto en pensiones y, como se trata de salarios diferidos, una pérdida equivalente de participación de las rentas salariales en la renta nacional. Con las estimaciones del propio Gobierno sobre crecimiento del PIB, eso puede representar unos 100.000 millones de euros en 2040 (cuando casi todos los pensionistas estarían sujetos a la reforma).
La cosa no queda ahí. El documento que he citado no hablaba explícitamente de aumento en los años de cotización para obtener el 100% de la pensión. Pero el documento anunciado por el Gobierno sí, y los eleva legalmente de 35 años a 37 o 38 y 6 meses, según los casos. El objetivo es pasar de una edad media real de jubilación de 63,5 años a 65,5. Junto a ello, la combinación del aumento del período de cómputo (que reducirá las bases reguladoras un 8% de media) y de la elevación del tiempo de cotizaciones necesario para cobrar el 100% de la base reguladora (cada pensionista con menos años cotizados que los exigidos descenderá tantos escalones de su base reguladora como meses le falten para ese máximo –a un precio entre 0,21% y 0,18% cada mes–) es demoledora.
La reforma afectará a casi todos los trabajadores actuales, desde quienes cumplan 63 años en 2011, pero el impacto fundamental se dará entre jóvenes y mujeres, los más perjudicados por un sistema productivo de bajas retribuciones y largos períodos de desempleo. Todo ello sin olvidar que los pensionistas actuales tienen congeladas sus pensiones.
Que la negociación haya limitado los daños en algunos colectivos (becarios hasta dos años de cotización, mujeres con dos hijos, profesiones penosas, etc., todo ello pendiente de cómo se concrete) es algo a valorar porque, de otra forma, resultarían aún más perjudicados, pero lo fundamental es que el Gobierno logra su objetivo real: recortar cuatro puntos de PIB el coste de las pensiones. Como el número de pensionistas se habrá duplicado (según las estimaciones del Gobierno) en 2040, la pérdida media de cada pensión será estremecedora.
Los fines de esta reforma están claros y no tienen nada que ver con la crisis ni con la creación de empleo. El primero, favorecer la implantación de planes privados de pensiones, a cuya rápida implementación ha invitado Rodríguez Zapatero. Son un excelente negocio para los bancos y las aseguradoras y su introducción como fondos complementarios en nuestro sistema público de pensiones significa la desnaturalización del mismo y su transformación en un modelo insolidario de dos velocidades: una, la de la mayoría, con salarios bajos y períodos de desempleo frecuentes, que tendrá pensiones bajas y no podrá contratar ni pagar fondos complementarios, y otra, la de aquellos con altos salarios que sí podrán hacer frente a las cuotas de esos fondos y lograr pensiones suficientes.
El segundo, y aquí viene la alegría de Merkel, Sarkozy y Botín, garantizar que el Estado podrá respaldar la renegociación de la deuda de la banca privada. Los bancos alemanes y franceses podrán cobrar y Botín podrá recapitalizarse. Además, Zapatero ha dejado claro que está dispuesto a llegar hasta donde le exijan. El BOE podrá pasar a llamarse Boletín Oficial del Mercado y llevar como subtítulo “Todo por la Banca”.
La vida media de los pensionistas es sólo de 75 años (datos de la Seguridad Social), aunque la esperanza de vida de toda la población sea, a los 65 años, de 20 años más. No todas las pensiones contributivas tienen que ver con el aumento demográfico (sólo el 59,6% de ellas, según previsiones de la Seguridad Social para 2011). Un ejecutivo de Banca vive diez años más, de media, que la trabajadora que limpia su oficina. Ninguna previsión demográfica es solvente si se hace a más de 10 años.
Sin duda las pensiones públicas pueden ser mejoradas y el sistema reforzado, creando empleo estable y de calidad, favoreciendo la incorporación de la mujer al trabajo asalariado con igualdad de retribución, combatiendo la economía sumergida y el fraude y elevando los salarios, entre otras cosas. IU no comprará los argumentos del Gobierno, que reconducen a aceptar las recetas neoliberales.
Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida.
Ilustración de Iker Ayestarán
CAYO LARA
Marcelino Camacho, el histórico sindicalista fundador y primer secretario general de las Comisiones Obreras (CCOO), ha fallecido. Marcelino fue también diputado comunista por Madrid entre 1977 y 1981, así como un destacado miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida.
Lo primero que me viene a la mente al recordar a Marcelino es la emoción y el dolor que, estoy seguro, siente la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Con la desaparición física de Marcelino perdemos a una figura clave para el movimiento obrero y para la propia historia de este país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. No en vano, los trabajadores tenían en él un referente claro, alguien que nunca les falló.
Su figura se agranda hoy en medio de estos tiempos tenebrosos, tiempos en los que, como dice el tango Cambalache, “es lo mismo ser derecho que traidor”. Son, podríamos calificarlos, tiempos al revés. Los culpables, los golfos, los corruptos, se pasean por las primeras páginas de los medios de comunicación rodeados de hábiles abogados y sutiles maniobras de distracción, mientras que algunos jueces dignos y valientes son desterrados al banquillo de los acusados o el movimiento sindical es denostado, vejado y apaleado por ejercer aquellas funciones que la legislación le confiere. El artículo 28 de la Constitución Española, en su punto 1, señala: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente”. Asimismo, en el punto 2, se explicita: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. Fue el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht –comunista también– quien exclamó: “¡Qué tiempos estos en los que hay que demostrar lo evidente!”…
Estos son los tiempos en los que nos ha tocado vivir, los tiempos con los que nos toca lidiar. Esta es nuestra crisis, este es nuestro combate frente a la tiranía y la desvergüenza de los especuladores y su séquito de voceros que se han adueñado del mundo y de sus valores. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de recordar la peripecia vital de personas como Marcelino Camacho, también hemos de sacar conclusiones provechosas. A fin de cuentas, al recordarle nos estamos manejando con un material histórico, sí, pero con un material histórico “sólido y próximo, concreto y con la línea del horizonte en su mirada”, como le describió el también sindicalista Agustín Moreno. Esa capacidad de mirar, y ver, que tenía Marcelino hizo posible que sacara conclusiones finas: sociopolíticas, culturales… Esa facultad le permitía observar el cambio y establecer objetivos frente a las nuevas realidades.
Hoy, cuando vemos cómo algunos ponen en almoneda la vigencia de sus ideas; hoy, cuando vemos cómo algunos se han convertido en meros cultivadores del culto a la personalidad de su propia figura; hoy, cuando algunos se significan y trabajan para el divide y vencerás; es hoy, entonces, cuando el valor de la coherencia, el valor de la solidaridad y el valor plural de los proyectos compartidos adquiere su mayor relevancia. Algo de esto recuerda otro maestro del sindicalismo, José Luis López Bulla, ex secretario general de CCOO de Catalunya, en su aportación al libro coral Marcelino Camacho. Historia de un compromiso (Fundación 1º de Mayo): “Aquel movimiento de trabajadores [se refiere a los inicios de CCOO], en principio gelatinoso, debía ser abierto (esto es, no clandestino ni clandestinizante), unitario, porque los trabajadores tienen un vínculo común de naturaleza social y, desde ahí, muy pegado a los problemas que sienten las personas de carne y hueso. Y un mandamiento a los dirigentes, de sabia socarronería, tomado de prestado de Maurice Thorez [histórico dirigente del Partido Comunista francés]: hay que ir delante de la gente, pero no muy delante, porque entonces los perdemos de vista”.
¡Qué podemos decir que no se haya dicho ya de Marcelino Camacho! ¡Cómo añadir alguna perspectiva nueva sobre la trayectoria y el ejemplo de Marcelino! ¡Cómo no usar palabras ya dichas para describir los sentimientos renovados que siempre nos acerca su presencia y su legado, siempre presentes! “Sencillez y firmeza, larga trayectoria sin transfuguismos –escribió el propio Marcelino, refiriéndose a Dolores Ibárruri, en palabras que hoy también sirven para él–. Humanismo, libertad, democracia, socialismo, toda una vida, y un ejemplo que los asalariados y asalariadas, los marginados y marginadas, los parados y paradas no olvidaremos jamás”.
Quizá todo está dicho ya con nuestro respeto y emoción. Respeto, ese es un tesoro que algunos no aprecian, que otros olvidaron por el camino, y que algunos otros, prisioneros de su espejo y su hechizo ególatra, no son capaces siquiera de otear. Marcelino debiéramos ser todos, ante el fascismo de manos blancas, ante los corruptos de corbata color pastel, ante la indignidad de los explotadores. Marcelino debiéramos ser todos, y entonces la correlación de fuerzas no sería tan desproporcionada y, en todo caso, la batalla sería dada. Porque las batallas siempre han de darse. Marcelino las dio, armado de un coraje sin límite y de una voluntad de hierro. Se enfrentó a ellas con inteligencia, valentía y realismo. Un maestro, Marcelino, un maestro. ¡Qué bonito poder recordarte tal y como eras, siempre vital, siempre honesto, siempre tú, siempre uno de los nuestros!
Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida
Ilustración de Mikel Casal
CAYO LARA
Nuestro eurodiputado Willy Meyer (Grupo de la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica) ha promovido una iniciativa dentro del marco de la Comisión Europea instándola a reabrir la investigación del asesinato de Olof Palme, el gran político socialdemócrata sueco. Meyer recuerda en su escrito que “el primer ministro de Suecia, Olof Palme, fue asesinado el 28 de febrero de 1986 sin que hasta la fecha, y a pesar de todas las líneas de investigación exploradas, se hayan conseguido resultados esclarecedores”.
Hasta hace unas semanas semanas, lo más concluyente que sabíamos al respecto de la investigación del asesinato de Palme era su prescripción al cumplirse 25 años del magnicidio, es decir, en febrero de 2011. No obstante, se ha producido una reciente decisión del Parlamento de Suecia por la que se han introducido cambios en su legislación para que determinados crímenes sin resolver no prescriban. Es en este contexto en el que hay que enmarcar la iniciativa del eurodiputado de Izquierda Unida, y por ello su escrito a la Comisión Europea para que, “junto a las autoridades suecas”, reanude las investigaciones sobre la muerte de Palme.
Al margen de esta cuestión puntual, confieso que mi conocimiento sobre la figura de Olof Palme era, hasta hace bien pocas fechas, bastante superficial. Sabía, eso sí, que fue máximo responsable del Partido Socialdemócrata de Suecia, primer ministro de su país, uno de los políticos más controvertidos, coherentes y solidarios que dio el siglo XX y, conocía, también, que fue asesinado por un desconocido mientras paseaba en compañía de su esposa a la salida de un cine, en Estocolmo. Un asesinato que, después de casi 25 años, aún está sin aclarar.
He leído recientemente algunos materiales del primer ministro, y sobre él y me ha interesado de forma especial una biografía (¿Pero quién mató a Olof Palme?, de Ramón Miravitllas). El personaje se me ha revelado extraordinario. Sólo un político merecedor de ese calificativo es capaz de trascender las fronteras de un país con nueve millones de habitantes y erigirse en una figura de referencia internacional. Alguien a quien, en vida de Palme, molestó mucho el papel jugado por este; un asesor de Reagan que tras el magnicidio declaró: “Al fin Suecia ha vuelto a lo que tenía que ser, un país pequeño que no tiene por qué andar metiéndose en los líos de los grandes”.
Olof Palme personificó a la avanzada socialdemocracia sueca y completó la construcción de un modelo de desarrollo con fuerte protección social. Fue un activo defensor de la causa del Tercer Mundo, proclamó el desarme y la neutralidad, y no fueron pocos los que vieron en él un peligro debido a su activismo en defensa de una Europa desnuclearizada, autónoma, pacífica y progresista. En los años setenta, denunció sin miedo la política belicista de Estados Unidos, fue un referente internacional contra la dictadura franquista, no se escondió tras ningún parapeto en su frontal lucha contra la política del apartheid en Sudáfrica, apoyó a la OLP y fue amigo de Fidel Castro y, siempre, batalló al lado de los hombres y mujeres que defendían los derechos del Sur frente a los abusos del Norte. Conocida es su acción protectora de los desertores de Vietnam, su acogida a los exiliados chilenos, a los desterrados uruguayos, a los torturados argentinos… Olof Palme era un amigo sincero de la revolución nicaragüense y habló con claridad a los comandantes, a quienes apoyaba, sí, pero también recriminaba sus errores. Y todo ello lo hacía abiertamente; para Olof Palme era muy importante la pedagogía política.
La desaparición de este socialdemócrata, que creía en la transformación de la sociedad por la vía democrática y que nunca renunció a la responsabilidad internacional de la izquierda, ha resultado ser una pérdida irreemplazable. Después de él se nos tornó raro hasta el lenguaje, engañoso. Y hoy utilizamos a veces el término “socialdemócrata” para designar una especie de “socialismo descafeinado”, cuando no una suerte de alteración genética que calificamos de “social liberal”. En el contexto de la actual crisis económica, ¿qué condiciones les habría puesto Olof Palme a los banqueros antes de socorrerlos viendo las consecuencias de sus propios fiascos? ¡Lástima no poder comprobarlo! Cuando vemos estupefactos cómo los estados se desmoronan ante un capitalismo especulador e insaciable, uno analiza la trayectoria de socialdemócratas como Olof Palme y desearía contar con muchos de ellos para afrontar los retos que, sin duda, nos esperan. Sí sabemos, y escrito está, que en la propuesta de programa común para los partidos socialdemócratas europeos –que Olof Palme expuso en su intercambio epistolar con Willy Brandt y Bruno Kreisky allá por 1974– se recogía el derecho “de todos los estados a disponer de sus propias riquezas naturales. También apoyamos la creación de un sistema de comercio internacional más justo…”.
El 15 de marzo de 1986, Ingvar Carlsson, sucesor y gran amigo del primer ministro asesinado, pronunció un discurso en la Comuna de Estocolmo. Fue una pieza cargada de sentimentalidad y un elogio político muy ajustado al perfil del personaje. Carlsson recordó, y ello puede resumir la tarea de toda una vida: “Olof Palme hizo del mundo nuestra área de responsabilidad”.
Quienes consideramos interesante las posiciones políticas de Olof Palme, aunque como es mi caso, estemos alejados ideológicamente de sus planteamientos, no podemos dejar caer en el olvido esa visión global que atesoraba: del mundo, de nuestra realidad más próxima, y también de nuestras propias competencias individuales.
Cayo Lara es coordinador Federal de IU
Ilustración de Federico Yankelevich
CAYO LARA
Los que hoy se niegan a condenar los crímenes del franquismo están a favor de los que ayer apretaron los gatillos”. Esta frase se me quedó grabada, hace años, en el cementerio de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, mientras se homenajeaba a los combatientes republicanos fusilados por la dictadura. La sentencia, valiente y justa, salía de los apretados labios del que hoy es un parlamentario europeo por el PSOE. Quién me iba a decir entonces que, 30 años después, esa sentencia tendría aún vigencia.
España no fue liberada por las tropas aliadas de la dictadura militar nacional-católica, tras la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas y EEUU, ante el temor de una España progresista, vanguardia en la transformación social y cultural, miraron hacia otro lado, abandonando al pueblo español a su suerte. Esta vergonzosa actitud permitió la pervivencia del franquismo, casi 40 años de represión, mentiras y miedo, que ha desembocado en actitudes –no precisamente minoritarias– que, todavía hoy, en 2010, justifican desde diferentes tribunas el cruel levantamiento militar contra el Gobierno de la República de 1931. Estas ideas siguen grabadas a golpe de fuego y crucifijo en muchos españoles, dirigentes políticos de la derecha incluidos y, lo que es más grave, están presentes, como vemos, en una parte de la judicatura. El silencio cómplice de la Transición sobre estos asuntos, con su manto de interesado olvido, ha favorecido (y alimentado) estas actitudes antidemocráticas.
No pido venganza: reclamo dignidad. Estoy entre quienes desean que se haga justicia, aflore la verdad y se repare, hasta donde sea posible, a las víctimas del franquismo. Es imposible construir una España democrática con estos lastres en la memoria de varias generaciones. Es vergonzoso que sigamos, a estas alturas de la evolución democrática, discutiendo estos asuntos. Si no fuera trágico, sería ridículo. Somos hijos de la República, de su generosidad y esfuerzo, y renegamos de la herencia que el franquismo ha dejado en la mentalidad (sumisa e interesada) de muchos.
No se trata hoy de encausar y encarcelar a los autores intelectuales del levantamiento militar ni a quienes lo apoyaron con armas y capitales. Tampoco a quienes juzgaron, encarcelaron y asesinaron a miles de personas. Lejos de mi intención cargar las tintas democráticas contra los ejecutores materiales, ya que muchos actuaron por obediencia debida o, por mejor decir, “por temor impuesto”. No se trata de abrir la caja de la revancha, ya que no hay posible reinserción penitenciaria para los culpables ni pena de muerte posible. Los verdugos han fallecido y, aunque no fuera así, les ampararía nuestro texto constitucional y la opinión de quienes estamos en contra de la pena de muerte. Defender la memoria de los republicanos debería ser una obligación de los poderes públicos. No se puede levantar un país sobre los huesos olvidados de sus muertos. Y máxime cuando fueron asesinados por defender la legalidad democrática.
Los herederos de los golpistas y quienes con ellos se identifican no quieren que se analice el pasado, ni mucho menos que se siente en el banquillo esa parte negra de su historia: sus rincones oscuros. Sin embargo, una democracia no puede crecer manchada de sangre. Los franquistas descansan en los cementerios. Los vencidos siguen enterrados en las cunetas. “¿Por qué tenéis a mi abuelo enterrado en una cuneta?” es la pregunta popular que refleja la deuda que esta sociedad tiene con su pasado.
Los rebeldes, santificados por la Iglesia católica, crearon tribunales que condenaron a los que defendieron la democracia republicana. Miles de penas de muerte por el mismo delito que los franquistas cometieron: adhesión a la rebelión. Esta gran falacia sólo puede ser equiparada a la invasión militar de un país por tener armas de destrucción masiva, que luego resultaron inexistentes. Los argumentos de la derecha reaccionaria y de la Iglesia católica se repiten, como una farsa, a lo largo de la historia.
Los funcionarios públicos –miembros de la carrera judicial– que quieren condenar y apartar a un magistrado que ha defendido su independencia en causas de terrorismo, terrorismo de Estado, crímenes contra la humanidad y que ha investigado la corrupción de altos vuelos, se sitúan en el mismo lugar que aquellos que se levantaron contra el Gobierno de la República. Es hora de defender una democracia de calidad, no una democracia de superficie, maniatada por sustratos franquistas. Sin revanchismos, sin odio y sin rencor colectivo. Urge defender la actuación del magistrado Baltasar Garzón –con independencia de la opinión que sus actitudes políticas del pasado nos parezcan– de los sucios y viles ataques de los que siguen sin creer en la democracia y en la justicia. No es posible vivir en una democracia teñida de franquismo.
Una timorata Ley de Memoria Histórica, patrocinada por el PSOE, no debe de ser la excusa para dejar impunes los desmanes cometidos por la dictadura nacional-católica. Nada tenemos contra los descendientes de los asesinos. Incluso es comprensible que duela una condena a la memoria de sus antepasados. Cada persona, cada individuo, es responsable de sus actos. Los criminales del pasado no pueden quedar como héroes. Levantando la voz contra quienes persiguen a Baltasar Garzón no defendemos sólo al juez. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos de los residuos franquistas. Unos residuos contaminantes que esperemos no se conviertan, por desidia colectiva, en una nueva mayoría natural.
Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida
Ilustración de Alberto Aragón
CAYO LARA
Hace unos días, el mundo global celebró un acontecimiento planetario: una nueva fiesta de la libertad. Esta vez, el pretexto para la reunión (y las imágenes que construirán la Historia) era el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín y el triunfo de la democracia. El segundo objetivo, adornado por una conmemoración junto a la Puerta de Brandemburgo, era insistir –agitando la espada de la libertad– en la imposibilidad del socialismo democrático del siglo XXI: el Fin de la Historia del proyecto comunista.
La acusación es tópica y recurrente: todos aquellos que, de un modo u otro, defendemos en la actualidad un discurso emancipador, sea cual sea la forma práctica que adopte, somos fósiles rencorosos, vivimos anclados en el pasado –de ahí deducen que viene nuestra insistencia con la memoria histórica–, nos mostramos reacios a la aparente modernidad del mundo desarrollado, lo que nos hace ser merecedores de ser juzgados, moralmente, por responsables directos del gulag y, por extensión, por ser cómplices de la dictadura cubana. Vamos, como si al líder del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se le hiciera responsable directo de los desmanes del felipismo al permanecer en su partido cuando se enteró de los crímenes del GAL y la corrupción; a Fraga Iribarne, ministro franquista de Información y Turismo (1962-1969), cómplice de la tortura y ejecución de Julián Grimau (1963) por parte de los aparatos de represión del régimen, o al reciente Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, responsable, por heredero, de la Administración de EEUU que lanzó bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Sospecho que, pese a mi intención pedagógica, no he elegido bien los ejemplos.
No se trata aquí, a estas alturas, de alejarse del enterrado comunismo soviético y sus errores, del socialismo real. Se trata de reconocer y recordar, ya que se olvida con demasiada frecuencia, que la tradición antifascista y republicana de la izquierda transformadora española y, en concreto, la lucha del PCE contra la dictadura militar nacional-católica, hace que ningún comunista español ni ningún miembro de Izquierda Unida sienta como propios esos cascotes. Son unos falsos escombros quenos han arrojado, desde los años cuarenta, como pedradas ideológicas.
“Comunistas a Moscú”, se decía. El PCE ya denunció en su día, junto con otros partidos comunistas europeos, la deriva del proceder soviético. El Eurocomunismo es la prueba fehaciente. Por tanto, no necesita justificación alguna: la historia ya le ha absuelto. La derecha española, fiel a su tradición, sigue siendo anticomunista. Y una parte amplia de la socialdemocracia, también. Es bueno que piensen, pese a nuestro actual porcentaje electoral, que somos una alternativa, y su empeño en
sepultarnos bajo cascotes legendarios lo demuestra.
Debemos conocer la realidad que nos ocultan. Debemos luchar contra la desinformación general que propugna el modelo. El Muro de Berlín fue una de las consecuencias –una equivocación, sin duda– de la Guerra Fría. Una guerra que empezó el día que el Ejército Rojo entró en Berlín, el 30 de abril de 1945, tras derrotar a la Werhmacht en Stalingrado y terminó con la barbarie del Tercer Reich. Los aliados occidentales, anglosajones unidos, mientras tanto, recorrían la distancia que separa las atlánticas playas de Normandía de la capital alemana. Digamos también de soslayo que una parte, quizá esencial, de la Resistencia francesa eran comunistas y republicanos españoles.
Pero dejemos el pasado, por importante que sea, y alcemos nuestra voz crítica (silenciada, en muchos casos, por la contaminación acústica y la Ley Electoral) contra los muros reales: contra todas las empalizadas y alambradas que delimitan y configuran el presente. Contra la gigante pared de Cisjordania; contra la barrera armada que separa México de EEUU; contra las espinas y el hormigón que cercenan los derechos del pueblo saharaui; contra ese atroz desierto de agua, el paso del Estrecho, con sus miles de cadáveres en el fondo, y por resumir, contra la muralla invisible que separa, ante nuestros ojos cegados por el individualismo, los que tienen trabajo de los parados.
Existen muros contra los condenados de la tierra: los hambrientos del mundo. Vivimos rodeados de parapetos erigidos por el neoliberalismo. Se conmemoró, 20 años no es nada, la caída del Muro de Berlín, pero se sigue conmemorando de paso el triunfo de la democracia social de mercado o democracia de superficie. Esa que en España se plasma en una crisis financiero-inmobiliaria profunda y sin alternativa económica, con millones de personas sin trabajo y el aumento de los derechos individuales que afianzan, esa es su intención, el valor de la subjetividad –el egoísmo, en segunda instancia– frente a cualquier intento de reflexión y acción colectivas.
En Izquierda Unida esperamos ver fastos parecidos cuando esas empalizadas de la ignominia caigan. En ese campo para dar la batalla por la libertad, la igualdad y la fraternidad –reaparecen las palabras–, por un mundo donde la explotación desaparezca y sus restos arqueológicos sean los verdaderos escombros del capitalismo, estará siempre la izquierda transformadora. Que no nos busquen bajo cascotes ajenos. Que nos busquen en las vanguardias –otra antigualla, dirán– del socialismo democrático del siglo XXI: el único espacio político posible para una sociedad libre. Quizá ese día también cante, si su agenda lo permite, el tenor Plácido Domingo. O su digno sucesor.
Cayo Lara es coordinador generald de Izquierda Unida
Ilustración de Mandrake
CAYO LARA MOYA
El denominado cohecho pasivo impropio es una técnica fina que los corruptores, que pretenden algún tipo de privilegio irregular de los cargos públicos, utilizan para condicionar la decisión política o administrativa de los gestores de la cosa pública.
El delito de cohecho, sin más calificativos, es la forma más burda de obtener el privilegio deseado, porque se compra directamente al cargo público o funcionario para obtener el fin previsto. El artículo 426 del Código Penal lo tipifica de la siguiente manera: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”.
La alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, cuando dice que hay que despenalizar el cohecho, lo que está haciendo en la práctica es introducir el pensamiento real de la derecha, explícito en La escopeta nacional de Berlanga y que, en sentido más moderno, podríamos llamar la berlusconización de la política española. Todo vale en la concepción de los principios de esta alcaldesa: comprar los favores del funcionario o cargo público no quedaría penalizado y se abriría la puerta a un mercado de prostitución de favores, cuyo precio estaría directamente relacionado con el valor del privilegio a obtener. La acción de ejercitarlo quedaría únicamente en manos del concepto ético que tuviera el cargo público o funcionario.
Pero como parece que en esta democracia amputada de valores la corrupción en la derecha da votos
–a más corrupción, más votos– tenemos a estas joyas ilustradas defendiendo este tipo de posiciones. La teoría de que cuantos más trajes les regalen a los presidentes más votos obtendrán en las siguientes elecciones nos puede llevar a pensar que la corrupción es un valor positivo electoral y a aquello de “tonto el último en corromperse”.
Pero lo más grave de toda esta situación es que una parte de nuestra sociedad se acostumbre a ver como normal lo que es un despropósito. Igual que ha pasado con los crímenes en Irak por los ejércitos invasores, con los asesinatos de palestinos en la franja de Gaza o con los miles de enterrados en el mar por los cayucos, los primeros casos desatan un horror general, pero, a medida que avanza la masacre, los seres humanos nos vamos haciendo más insensibles al dolor que nos provoca y terminamos conviviendo, hasta con indiferencia ,con lo que inicialmente nos horrorizaba. La corrupción no debe ser tolerada por la sociedad, la haga quien la haga y tenga la cuantificación que tenga, porque termina corrompiendo la convivencia.
Parece que en los casos de corrupción ya no resulta suficiente la cortina de humo permanente que se suele poner para taparlos, sino que para algunos también se trata ahora de legalizarla. Los que defienden estas posiciones, ¿qué valores pretenden trasladar a la sociedad?, ¿o es que realmente lo que se pretende es perpetuar, legalizar y popularizar las miserias de esta democracia amputada de principios, seguir pudriendo los valores de lo público, los de todos y todas, para seguir justificando en el fondo la privatización y la mercantilización de los servicios públicos como la salud, el bienestar social o la educación para beneficio de unos cuantos amigos que, por supuesto, directa o indirectamente regalan trajes y más cosas?
Fortalecer la democracia es fortalecer principios éticos y hacer de la honestidad de los cargos públicos un valor a prueba de bombas. El desprestigio de actitudes que estamos viviendo sólo ayuda a generar hastío en la población. Debilita la participación democrática, al tiempo que sólo favorece los intereses de los poderosos que consiguen sus inconfesables objetivos con mucha facilidad a través de la connivencia, el cohecho o, simplemente, la corrupción directa.
Hay muchas personas que se dedican de forma honesta a representar en las instituciones los intereses de su electorado, a los que no les regalan bribones ni trajes sencillamente porque tienen principios que les impiden aceptarlos y que no se merecen el dicho popular de “todos son iguales”. No se puede tolerar que la defensa de lo público se vaya deteriorando cada vez más por la existencia de gente sin escrúpulos que ha hecho de la política una ciénaga de defensa de intereses bastardos contrapuestos a los de la mayoría de los ciudadanos decentes que quieren verse representados con eficacia pero, sobre todo, con honestidad.
Apostar por ello es condenar sin paliativos actitudes públicas indecorosas e inmorales, pero también cualquier declaración de apoyo que directamente defienda la corrupción. El presidente Camps, con un salario más que digno para desempeñar su función, no necesitaba de ese tipo de regalos, por eso hay que preguntar: ¿por qué los aceptó? En la respuesta tal vez encontremos el fondo real del problema.
En cualquier caso, independientemente de que se pruebe la existencia o no de cohecho, Francisco Camps debería haber puesto su cargo a disposición de los ciudadanos del País Valenciano por una simple cuestión de ética política. Pero, naturalmente, eso sería tanto como decir que se tiene esa ética como principio de acción en la vida pública.
CAYO LARA MOYA
Aunque la polémica sobre el Proceso de Bolonia ha saltado a la luz este curso, hace años que la comunidad universitaria se está movilizando, en las aulas y en las calles, para frenar su aplicación. Esto ha sido provocado en gran medida por la ausencia de un debate participativo y en profundidad sobre las reformas universitarias en marcha que condicionarán el futuro de la universidad y tendrán importantes repercusiones sociales.
Hay que denunciar la escasa información que proporciona el Gobierno y su renuncia a organizar un amplio debate. Espero que el nuevo ministro de Educación y Universidades, Ángel Gabilondo, abra cuanto antes el diálogo con la comunidad universitaria y, especialmente, con los estudiantes. Sin renunciar a cuanto pueda contribuir a la mejora de la docencia y la investigación universitarias, así como a la eliminación de las barreras clasistas para acceder y completar estos estudios, la situación actual nos lleva a reclamar que se detenga la implantación de nuevos planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública entre todos los componentes de la universidad permita esclarecer su sentido general y su contenido preciso en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
La puesta en marcha de titulaciones adaptadas a dicho espacio se presenta como un requisito para facilitar la movilidad de los distintos sectores universitarios (estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios) y la de los futuros titulados en el marco del libre mercado europeo. Pero el proceso se realiza sin dotación presupuestaria adecuada y en condiciones de recorte del gasto público. Supone una amenaza para la calidad de las titulaciones, una insuficiencia clara de becas y peores condiciones de los préstamos para financiar unos másteres carísimos. Esta precariedad financiera abrirá las puertas a la financiación privada del sistema público universitario, como se plantea explícitamente en la Estrategia Universidad 2015, presentada a bombo y platillo por el anterior equipo ministerial como su gran apuesta para lograr la “modernización” de nuestras universidades en aras de una mayor competitividad de la economía. Eso pone en peligro la esencia de la institución universitaria, que ha de ser concebida como servicio público y no como un negocio más para banqueros y
empresarios.
En IU creemos que ha llegado la hora de plantearse decididamente qué hacer frente a Bolonia. Proponemos que se tomen medidas como las siguientes: póngase en práctica lo que acordaron en Praga, en 2001, los mismísimos ministros de Educación europeos al declarar que “los estudiantes deberían participar e influenciar en la organización y contenido de la educación en las universidades”. Sólo con la participación y un amplio debate entre estudiantes, profesorado y el conjunto de la sociedad a través de sus representantes podrá hacerse una reforma democrática de la universidad. Y, para hacerlo viable, es imprescindible paralizar la reforma de los planes de estudio y suspender la fecha límite de 2010 como inicio de la extinción de los planes preBolonia.
En segundo lugar, hágase realidad lo que también acordaron los ministros de Educación en Bergen, en 2005, sobre la llamada “dimensión social del Proceso de Bolonia”, entendida como “la necesidad de establecer las condiciones para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico”. Esto exige llegar al 2% del PIB para la financiación universitaria, luchar contra el fracaso escolar como un objetivo central, trabajar por la gratuidad de todos los estudios superiores y generalizar un sistema de becas-salario. A su vez, esto implica descartar la subida de tasas, impedir que los másteres tengan elevados precios y rechazar los falsos préstamos-renta que hipotecan al estudiantado.
En tercer lugar, para hacer efectiva “una educación superior centrada en los estudiantes”, como promulgaron en Londres, en 2007, los susodichos ministros, póngase en marcha una auténtica renovación pedagógica que propicie un aprendizaje más activo, una relación más cercana estudiante-profesor, con grupos más pequeños y una docencia más
tutorizada.
En cuarto lugar, hay que abandonar el objetivo de “incrementar la competitividad del Sistema Europeo de Educación Superior”, declarado en Bolonia, en 1999, dando pie a un proceso de mercantilización y privatización de la universidad, no a su reforma democrática. Los servicios educativos no deben tratarse como una mercancía y la mejora de su calidad no pasa por la competitividad entre las universidades de España, de Europa o del resto de mundo, sino por la cooperación entre ellas. Ha sido un mérito del movimiento estudiantil forzar a diversos actores a pronunciarse en contra de la mercantilización de la universidad pública, alertando de mil maneras de la subordinación al mercado que está implícita en el objetivo de la competitividad.
Por último, la necesidad de una formación universitaria que también prepare para el ejercicio profesional no debe servir de excusa para supeditarla a las necesidades del mercado en nombre de la llamada “empleabilidad”, sino que debe orientarse a formar personas críticas y altamente cualificadas, con capacidad investigadora e innovadora, que contribuyan a la creación cultural y a un desarrollo social y ecológicamente sostenible.
Hay que dar un giro de 180 grados a la política universitaria de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, plasmada en su Estrategia Universidad 2015, y trabajar de forma efectiva por una universidad pública de calidad, gratuita, democrática y al servicio de la
sociedad.
Cayo Lara Moya es Coordinador General de Izquierda Unida.
Ilustración de Mandrake
CAYO LARA
Las coincidencias temporales resultan en ocasiones muy caprichosas. El mismo fin de semana de noviembre pasado en que Izquierda Unida acordaba en su IX Asamblea Federal las bases para el fortalecimiento de su futuro político –con una línea claramente anticapitalista y en el que la centralidad se situaba en la contradicción capital-trabajo y en la apuesta seria por un modelo de desarrollo sostenible ante la crisis multidimensional que sufre la economía–, los miembros del G-20 se reunían en Washington para “refundar el capitalismo”. Se referían a ese capitalismo que, obsesionado por el beneficio inmediato, nos ha arrastrado a la situación actual de crisis mundial de un modelo productivo que ha revelado la imposibilidad de ese mismo sistema para organizar el mundo de forma estable, justa y democrática.
La paradoja radica en que, desde las mismas tribunas que detestaban el papel legítimo de los Estados para intervenir y regular, ahora se solicitan multimillonarias ayudas públicas para salvar a las empresas que han originado este desaguisado, creando un shock en la economía real, provocando el cierre de miles de empresas y la expulsión del mercado laboral de millones de trabajadores en todo el mundo. Los gobiernos sí encuentran dinero para ayudar a los culpables, pero no ocurre lo mismo con las víctimas. Eso no es más que la burda reedición de la vieja práctica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
Ante esta situación, es el tiempo de plantear alternativas. Izquierda Unida se ha puesto a ello de forma decidida. Pero construir la alternativa no es un camino fácil cuando, además de nuestras propias debilidades internas, llevamos más de 30 años enfrentándonos a un sistema electoral maquiavélico que trata de imponer un bipartidismo excluyente, fomenta la polarización y hace casi imposible el desarrollo normal de un tercer partido de ámbito estatal.
No nos vamos a cansar de repetir que la Ley Electoral vigente fue concebida para castigar, primero al PCE y, luego, a IU. Un sistema electoral que con la complicidad de los dos grandes partidos trata de empujarnos al limbo de la marginalidad, como han reconocido públicamente personalidades de la vida política nada sospechosos de comulgar con nuestras ideas, como Calvo-Sotelo o Rodríguez de Miñón. Es el mismo sistema injusto que recorta su voz en el Parlamento a una parte importante de electores y que hace que cada escaño nos cueste siete veces más que a populares o socialistas.
Con una ley verdaderamente proporcional que garantizara no sólo la libertad del elector, sino también la justicia del resultado y la igualdad del voto, IU tendría hoy 14 escaños. Los beneficiarios directos de este sistema preconstitucional –PP y PSOE– siguen prefiriendo gobernar con partidos nacionalistas conservadores en lugar de profundizar en la democracia. Es precisa una reforma de la Ley Electoral para que los distintos partidos, y en concreto IU, tengan en el Parlamento la representación real y el peso específico que los ciudadanos nos otorgan elección tras elección.
Pero estas cuestiones, por importantes que sean, no distraen nuestras prioridades. Ante la gravedad de la crisis en nuestro país, IU apuesta sin rodeos por un modelo de desarrollo distinto. En primer lugar, consideramos que el objetivo fundamental de toda política económica debe ser la defensa del empleo existente y la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ello aprobamos en febrero pasado, en la primera reunión de nuestro Consejo Político Federal, un plan contra la crisis y por la creación de empleo. Contiene medidas realistas y pegadas al terreno con las que se podrían generar 1.900.000 empleos en tres años y en las que se presta una detallada atención a quienes se han convertido –más rápido y en más cantidad que en los países de nuestro entorno– en los grandes sacrificados de una crisis que no han contribuido a generar: los parados y, en especial, ese 1,1 millones de desempleados que han agotado ya cualquier prestación pública y las familias que tienen a todos sus miembros sin trabajo y no perciben ingreso alguno.
En segundo lugar, precisamos un modelo que priorice el interés social sobre el beneficio privado. Lo basamos en un desarrollo social y ecológicamente sostenible –dada la existencia de recursos limitados–,
en el control público y social de la economía, la planificación democrática de la misma y la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo y el control del excedente económico.
Es un modelo que impulsa una fiscalidad que hace efectivo el principio de progresividad de los impuestos, lo que no significa que paguen más los que menos tienen, sino al contrario, y potencie la equidad combatiendo el fraude fiscal. Queremos un sector público fuerte que incluya desde una banca pública, pasando por el resto de sectores estratégicos, hasta la decidida defensa de la propiedad y la gestión pública de los servicios públicos. Queremos un reconocimiento de los derechos sociales básicos que establece la Constitución (trabajo, vivienda, salud, educación, atención a la dependencia…) como derechos subjetivos y exigibles.
En tercer lugar, debemos encontrar las alianzas necesarias para poder superar al neoliberalismo y que los más débiles no sigan pagando la crisis. Los sindicatos son una fuerza decisiva. Más allá de sus contradicciones, son indispensables. Y sería iluso pensar que esta nueva realidad no tendrá repercusión en la vida interna de los mismos y en su papel.
Nos unen los documentos aprobados en nuestra IX Asamblea, la profunda crisis del sistema capitalista y la voluntad decidida de trabajar para la construcción de la alternativa que hemos definido como el socialismo del siglo XXI. Es nuestra alternativa al neoliberalismo de la derecha política y de la socialdemocracia, que han renunciado a sus principios ideológicos en muchas materias y, especialmente, en la política económica.
Cayo Lara es coordinador general de Izquierda Unida
Ilustración de Patrick Thomas
