Cristina Narbona
Diputada del PSOE por Madrid
Ilustración de Enric Jardí
El modelo productivo de Rajoy resulta evidente tras su investidura, la estructura de su Gobierno y su primer “decretazo”. La única “sostenibilidad” que el nuevo Gobierno entiende es la de las cuentas públicas; se defiende, como un dogma irrefutable, que la recuperación de la crisis exige ante todo “no gastar lo que no se tiene”. Lástima que esta máxima se imponga tras demasiados años de estímulo al consumismo, al despilfarro y al sobreendeudamiento, así como de tolerancia excesiva con la corrupción, muy asociada a la burbuja inmobiliaria y a las grandes obras públicas.
Sin duda, al sector público (y a las empresas y a las familias) le toca ahora reducir su deuda con los bancos; o sea, con los “ mercados”. Pero la lógica de la sostenibilidad –es decir, del reconocimiento de los límites y de los equilibrios a preservar como garantía de un progreso duradero– debería extenderse de una vez por todas al ámbito de lo social y de lo ambiental. La economía española puede salir reforzada de la crisis si se apuesta por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y en la puesta en valor de todos nuestros activos. Con menores deudas con los bancos y con el planeta.
Rajoy –tras descubrir la crisis global– no mencionó la burbuja inmobiliaria como la causa específica de la gravísima destrucción de empleo en España. De hecho, se recupera la desgravación fiscal a la compra de vivienda para las familias de mayores ingresos, mientras se reduce la inversión pública en I+D, educación e infraestructuras. Un auténtico disparate, según el análisis de la OCDE o del FMI sobre las carencias de la economía española.
Rajoy evocó como vector de salida de la crisis una rancia visión bucólica del medio ambiente, bien diferente de la moderna apuesta de la economía verde, practicada en muchos países de nuestro entorno. Una visión de lo ambiental que elude cualquier planteamiento de compromiso ético global y que no parece incluir preocupación alguna respecto a los efectos de la contaminación sobre la salud.
De forma algo críptica, Rajoy afirmó también que la política sobre el cambio climático es “mucho más que participar en las cumbres internacionales…”. Pero tras esa frase no hay la mayor ambición: por ello, sobraba la secretaría de Estado de Cambio Climático. El Gobierno debería leerse los informes de Nicholas Stern o de la OCDE según los cuales las ventajas económicas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero superan con mucho sus costes, en particular para un país como España.
Rajoy no mencionó en ningún momento las energías renovables, pero aclaró lo fundamental de su paradigma energético: “utilizar todas las tecnologías, sin demagogias…”. Como bien le señaló Rubalcaba, con esa afirmación Rajoy llamaba demagoga nada menos que a Merkel, que ha optado por la eliminación de la energía nuclear en el horizonte de 2020, acelerando el avance de las energías renovables. ¿O es que Rajoy piensa que Alemania está en mejores condiciones que España para tomar dicha decisión? La realidad es la contraria: las empresas españolas de renovables compiten con las alemanas en el mercado mundial. Y la red eléctrica española tiene hoy una capacidad de integrar estas fuentes energéticas con resultados muy superiores a su homóloga germana.
Ahora ya sabemos que el Gobierno prorrogará la central de Garoña mas allá de 2013, señal inequívoca de su apuesta por la energía nuclear, anunciada antes de la campaña electoral en un informe de la FAES. Y ha querido anticipar también la decisión sobre la ubicación el cementerio nuclear antes de cualquier atisbo de debate sobre el futuro de esta energía, como si el desastre de Fukushima no exigiera un planteamiento más democrático.
Las energías renovables son las únicas cuyo combustible es al mismo tiempo seguro, limpio, gratuito y autóctono y cuyo coste de utilización disminuirá hasta igualar el de los hidrocarburos, que seguirá subiendo, según la AIE. Permiten, además, reducir la gravísima dependencia exterior de España, que importa mas del 90% de los recursos energéticos –incluido el uranio–, lo que representa casi la mitad de nuestro déficit comercial. Asimismo, generan hasta diez veces más empleos por kilovatio que las energías convencionales y contribuyen a consolidar actividades industriales de alto contenido en I+D. Pero todo ello parece irrelevante al actual Gobierno, con el pretexto de la necesaria reducción del déficit tarifario. Resulta, pues, imperioso un debate serio en esta materia, para aclarar de una vez las verdaderas causas de dicho déficit, fruto de un cúmulo de decisiones políticas y de un sistema de retribución que ha comportado beneficios extraordinarios sobre todo a la energía nuclear y a la hidroeléctrica.
En síntesis, muchas viejas ideas, que dibujan un modelo productivo obsoleto e injusto; una apuesta equivocada por una mejora de la competitividad basada en salarios bajos y en el retorno del ladrillo como actividad dominante.
Pero la realidad es tozuda. La creciente presión a escala mundial sobre los recursos naturales, para obtener alimentos, energía y agua hará cada vez mas prósperos y más competitivos a aquellos países capaces de satisfacer mejor sus necesidades básicas utilizando menos recursos, generando menos contaminación y menor impacto sobre la trama de la vida.
La información disponible hoy permite además confiar en nuevas exigencias por parte de ciudadanos cada vez mas concienciados. Por cierto, la palabra “ciudadanos” tampoco se oyó en el discurso de Rajoy. ¿Por qué será?
CRISTINA NARBONA
Mientras escribo estas líneas, todavía se desconoce el resultado final del gravísimo accidente nuclear de Fukushima. Aunque se consiguiera interrumpir inmediatamente la fuga de radiactividad y evitar una catástrofe aún mayor, lo acaecido se considera ya, por parte de la mayoría de los expertos, de una gravedad sólo superada por Chernóbil. Y resulta intolerable el esfuerzo por minimizar las consecuencias de Fukushima por parte de quienes siguen insistiendo en la inevitabilidad del uso creciente de la energía nuclear.
Intolerable, ante todo, desde el punto de vista democrático: los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son los riesgos reales y cómo se gestionan por parte de empresas y gobiernos, así como quién asume responsabilidades y quién sufraga los costes en el caso de accidentes en las centrales nucleares. Fuku-
shima es un trágico ejemplo de riesgos no adecuadamente contemplados y de costes, sin duda incalculables, que recaerán, sobre todo, sobre los contribuyentes japoneses. La empresa Tepco ha pedido ya ayuda estatal para financiar las actuaciones que está llevando a cabo en la planta en su intento de frenar los efectos del accidente. Una manifestación más del modelo económico aún imperante –“socialización de costes/privatización de beneficios”– con escasa o nula penalización de las decisiones empresariales de alto riesgo, bien evidente tras el estallido de la crisis financiera internacional.
Obviamente, la financiación pública requerida ahora por Tepco es sólo una parte de los recursos que serán necesarios para hacer frente a problemas, aún sin cuantificar, de salud –física y mental–, de evacuaciones, de pérdida de actividad en la agricultura y en la pesca… motivados por la presencia de radiactividad en el aire, en el suelo y en el agua en una extensión geográfica de difícil delimitación. Una radiactividad que mantendrá su potencial dañino a lo largo, incluso, de miles de años en el caso de algunos componentes presentes en el combustible utilizado, lo que convierte en tarea imposible el cálculo del coste real del riesgo nuclear. Por supuesto, un accidente como el de Fukushi-
ma puede ser –ojalá sea– un acontecimiento excepcional; y bienvenido sea todo el esfuerzo para revisar las condiciones de seguridad de todas las centrales nucleares existentes en el mundo, revisión que ya ha llevado al cierre definitivo de siete centrales de Alemania. Bienvenidas sean también normas internacionales basadas en el conocimiento científico independiente y no en intereses de empresas concretas.
Pero, más allá de ese ejercicio de responsabilidad a posteriori –la mayoría de las centrales japonesas incumplían los requisitos de seguridad legalmente exigibles en el momento del accidente–, lo más importante es el planteamiento cara al inmediato futuro.
Sabemos ya que, si se establecen nuevos requisitos (sobre la ubicación, el diseño de las plantas, los sistemas de alerta…), el coste de las nuevas centrales será significativamente más elevado. ¿Cómo se financiarán, en tiempos de restricción del gasto público? La importancia de los recursos públicos en el desarrollo de esta actividad industrial ha sido ya muy notable –solamente en los países de la Unión Europea ha supuesto la cifra de 160.000 millones de euros desde 1950–. Pero parece inevitable, si se siguen construyendo centrales, la necesidad de un mayor apoyo con cargo a los bolsillos de los contribuyentes. Por tanto, está plenamente justificado el debate público sobre la opción nuclear –ese debate que nunca se ha cerrado– y, en general, sobre el modelo energético deseable.
Con motivo de la preparación del encuentro en 2012 Río+20, participo en un panel de Naciones Unidas sobre Sostenibilidad Global. En dicho panel existe un amplio consenso en cuanto a la exigencia de garantizar el acceso de todos los ciudadanos del planeta
–los que viven hoy y los que vivirán mañana– a suficiente energía limpia y segura. Por ello, el panel analiza los mejores ejemplos ya existentes para promover el acceso a energías renovables en países menos desarrollados, y previsiblemente emitirá alguna recomendación en cuanto a iniciativas concretas de carácter global. La energía nuclear no es una opción sostenible: no es barata, no es segura y requiere instituciones muy potentes para garantizar control e información, algo que ha fallado incluso en un país tan avanzado como Japón.
Hay que recordar que, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE 2010), la nuclear podría suponer como máximo sólo un 6% de la producción mundial de energía en 2030, y ello sólo si se llevasen adelante los numerosos proyectos previstos antes del accidente de Fukushima –muchos de ellos actualmente paralizados tras el incidente–. Ese porcentaje resulta muy inferior a la contribución de la eficiencia energética prevista por la AIE (más del 40%), a la reducción del consumo total de energía y por tanto a la lucha contra el cambio climático.
Hoy día, la energía nuclear tiene un peso significativo sólo en algunos países desarrollados, lo que ha condicionado negativamente el avance de las energías renovables y ha favorecido un análisis sesgado y a corto plazo sobre su coste. Creo que ha llegado el momento de abordar un debate estratégico que contemple todos los elementos: costes y beneficios efectivos de cada fuente de energía –de acuerdo con el ciclo de vida íntegro de cada una de ellas y de los riesgos asociados–; relación entre consumo de energía y satisfacción de necesidades; potencial para un mayor ahorro y una mayor eficiencia en la producción, el transporte y el consumo de energía; gasto público asociado a la I+D+i de cada opción; cooperación al desarrollo sostenible a nivel global… Una ciudadanía bien informada, con posibilidad de participar en el debate sobre decisiones políticas de tanto impacto tanto para la generación actual como para las generaciones futuras, es un requisito imprescindible para mejorar la calidad de la democracia. Y para decidir, colectivamente, entre otras cosas, sobre cuán aceptable es el verdadero coste de la energía nuclear, que poco tiene que ver con el coste del kw/h de centrales ampliamente amortizadas.
Cristina Narbona es embajadora de España ante la OCDE
Ilustración de Javier Olivares
CRISTINA NARBONA
El tratamiento de los paraísos fiscales ha sido uno de los aspectos más interesantes –y polémicos– de la reciente cumbre del G-20. Es la primera vez que se acuerdan, en este ámbito, las sanciones a adoptar contra aquellos países que no cooperen en materia fiscal, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y adoptados en 2004 por el propio G-20.
La existencia de agujeros negros en la economía global constituye uno de los elementos más perversos desde el punto de vista social, ya que da cobertura a flujos de capital ligados a la evasión fiscal, a la corrupción y a actividades ilícitas, y reduce las posibilidades de desarrollo de los países de origen de tales flujos. Ello resulta especialmente dramático en el caso de los países menos desarrollados, donde los recursos evadidos hacia los paraísos fiscales superan ampliamente la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Los paraísos fiscales han contribuido a agravar las profundas
desigualdades sociales que muchos analistas sitúan en el origen de la actual crisis , acentuando además la falta de credibilidad de las instituciones –públicas y privadas– formalmente garantes del buen gobierno.
Los paraísos fiscales tienen también importantes efectos económicos al reducir los ingresos potenciales de los países de origen de las actividades que se acogen a sus condiciones ventajosas y al impedir el adecuado control por parte de los organismos de supervisión, contribuyendo así al fracaso masivo en la gestión de los riesgos financieros.
La crisis económica genera una intensa demanda de fondos públicos, así como de mayor regulación y supervisión de la actividad financiera. Ello explica la atención prestada durante los últimos meses a los paraísos fiscales en el contexto de un clamor social creciente contra los excesos de la globalización. Resulta urgente realizar cambios profundos en el funcionamiento de la economía mediante nuevas reglas globales de gobernanza basadas en la transparencia y en la rendición de cuentas; reglas que deberían garantizar los derechos fundamentales –entre otros, el derecho a un trabajo decente– de todos los ciudadanos del planeta. Los acuerdos del G-20 suponen un primer paso hacia una gobernanza global, para cuya consolidación es necesario –aunque no suficiente– acabar con los paraísos fiscales.
Conviene situar en este análisis más amplio la lucha contra los paraísos fiscales frente a quienes minusvaloran los avances registrados en este campo, debidos, en gran medida, al esfuerzo de la OCDE. La OCDE, creada hace 50 años para impulsar el crecimiento económico y el comercio internacional, se encuentra hoy comprometida en la construcción de una economía “más fuerte, más justa y más limpia”. Ese es el enfoque actual conforme a la voluntad expresada por su Secretario General, Angel Gurría, de combatir “el lado oscuro de la globalización” mediante el establecimiento de códigos de conducta que mejoren la gobernanza pública y privada.
La OCDE inició en 1996 su trabajo sobre las prácticas fiscales perjudiciales, cuyo seguimiento es objeto de un informe anual. En 1998, la OCDE fijó los criterios a tener en cuenta para definir un paraíso fiscal: Baja o nula tributación; ausencia de información adecuada sobre los beneficiarios de su sistema fiscal ausencia de transparencia en la aplicación de las normas fiscales y no exigencia de actividad empresarial relevante como requisito para las ventajas fiscales a empresas allí constituidas.
En 2002, la OCDE aprobó también el Modelo de Acuerdo sobre Intercambio de Información Fiscal sobre transparencia fiscal, principal referencia a escala internacional –adoptada por Naciones Unidas– y a la que se han adherido un número creciente de países a través de más de 2.000 convenios. Desde 2006, la OCDE publica anualmente un informe sobre el cumplimiento por parte de más de 80 países de las exigencias del citado modelo, a efectos de evaluar los avances, en el ámbito de un foro global especializado. Esto significa que unos cien países quedan aún fuera de este análisis, al no participar en este foro y no suministrar a la OCDE la información necesaria. Es el caso, por ejemplo, de la India, donde, sin embargo, la eliminación de los paraísos fiscales ya se ha convertido en un tema de debate político.
En los últimos tiempos, al calor de la propia crisis económica y de las mayores exigencias de transparencia sobre los flujos financieros, se han multiplicado los compromisos explícitos de adhesión a las exigencias internacionales por parte de numerosas jurisdicciones consideradas por la OCDE como paraísos fiscales. Ello ha comportado su paso desde la conocida como “lista negra” –jurisdicciones que no aceptaban dichas exigencias– a la “lista gris” –jurisdicciones que no cumplen, pero que se han comprometido a modificar su legislación para adecuarse a las mismas, y siguen siendo consideradas paraísos fiscales, aunque aparecen en una categoría que refleja sus compromisos actuales. En esa categoría se encuentran, entre otros, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Austria, que hasta ahora se habían negado a aceptar el artículo 26 del modelo de Acuerdo de la OCDE pero que acaban de comprometerse a revisar sus convenios para adecuarlos a dichas exigencias.
La OCDE realizará una nueva evaluación el próximo mes de junio.
Queda, sin duda, mucho camino por delante. Sin embargo, se multiplican iniciativas impensables hace no mucho tiempo. Sarkozy ha instado a las empresas francesas a que verifiquen –por su propio interés– que los paraísos fiscales donde mantienen sucursales avanzan hacia el levantamiento efectivo del secreto bancario y en EEUU se tramita una legislación muy exigente en la materia.
Cristina Narbona es Embajadora de España ante la OCDE
