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Dominio público

Opinión a fondo

Ocupar Wall Street

14 oct 2011
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Dean Baker

Codirector del Center for Economic and Policy Research

Ilustración de Iker Ayestaran

La Gente Muy Seria en Washington está ocupada tratando de
encontrar formas creativas de recortar la Seguridad Social y el seguro médico Medicare y así obtener más beneficios de las familias de clase media e ingreso moderado. Su argumento en este caso es que ya no nos podemos permitir más tanta generosidad.
Hay dos partes en esta historia que deberían indignarnos a los demás. Y resulta difícil determinar cuál de las dos provoca más ira.
La primera es que sabemos que mucha gente en EEUU es fabulosamente rica. Y, como nos recuerda de manera hermosa Elizabeth
Warren, ninguno de ellos lo logró por sí mismo. En realidad, la profesora Warren es demasiado generosa en su relato.
Mientras que cierto número de ricos pueden haber logrado el éxito trabajando duro y siendo listos y creativos, muchos de los muy ricos consiguieron directa o indirectamente su dinero gracias a que la gran mano del Gobierno inclinó el campo de juego en su dirección. El trabajo duro de esas personas consistió en amañar las reglas para asegurarse de que terminarían en la cima.
En ningún sitio se puede ver
esto tan claro como en Wall Street, que está lleno de multimillonarios y milmillonarios que alcanzaron la cima aprovechándose de cosas como el “seguro demasiado-grande-para-caer” para sus bancos, jugando con los depósitos asegurados por el Gobierno, estafando a gobiernos estatales y locales en facturas de gestión de pensiones y, por supuesto, con el billón de dólares en rescates concedidos a tipos de interés por debajo de los niveles del mercado. Esa gente conoce muy bien el papel del Gobierno, incluso aunque se presenten como los grandes adalides del libre mercado.
Pero los bancos no son los únicos que amañan las reglas. La compañías farmacéuticas obtienen cuantiosos beneficios de los monopolios de patentes concedidos por el Gobierno. Las medicinas son generalmente baratas y por ello es posible comprar cientos de medicamentos genéricos a cinco o seis dólares en cadenas de farmacias. Las compañías farmacéuticas pueden facturar cientos o incluso miles de dólares por prescripciones porque tienen protección de patente. Como consecuencia, pagamos cerca de 300.000 millones de dólares (mil dólares por persona) al año por medicinas que costarían cerca de 30.000 millones en un mercado libre.
El Gobierno inclina la balanza hacia los ricos y poderosos también de otras maneras. Bajo el
actual modelo de aplicación de la legislación laboral, el Gobierno
reacciona con una extraordinaria dureza contra cualquier sindicato que rompa las reglas (por ejemplo, por realizar una huelga ilegal). En contraste, las compañías se van con un simple tirón de orejas
incluso por las más flagrantes violaciones de la ley laboral.
Nuestra política comercial fue diseñada para presionar a la baja los sueldos del grueso de la fuerza laboral del país, al ponerla en competencia directa con los trabajadores mal pagados del mundo en desarrollo. El efecto de esta
política es exacerbado por la sobrevaloración del dólar. Mientras tanto, aquellos que desempeñan profesiones relativamente privilegiadas, como médicos y abogados, permanecen bastante protegidos de la competencia internacional.
La lista de fórmulas mediante las cuales los ricos han estructurado las reglas para asegurar su riqueza y volverse aún más ricos es extensa. Pero el hecho de que la Gente Muy Seria pretenda recortar la Seguridad Social para los mayores y el Medicaid para los parados, en un momento en que
Angelo Mozilo, de Countrywide, y Robert Rubuin, de Citigroup, son aún inmensamente ricos, constituye sólo la primera razón por la que los ciudadanos deberían
estar furiosos contra los que están en el poder.
La segunda es la causa del
actual declive. La razón de que tengamos 26 millones de desempleados, subempleados o excluidos del mercado laboral no es que seamos pobres, sino más bien que somos ricos. El problema inmediato que afronta nuestra economía no es de escasez de bienes y recursos; es un problema de muy poca demanda. Y esto es lo que debería hacer que los Ocupantes de Wall Street y cualquier persona se enfurecieran contra nuestros dirigentes.
Si la gente tuviera más dinero en sus bolsillos, compraría más bienes y servicios. Las empresas contratarían entonces más gente para producir esos bienes y servicios y habría más empleo. El
paro y la pobreza que está
experimentando hoy EEUU es, abrumadoramente, el resultado de un fracaso de voluntad política.
Si el Gobierno federal incrementara el gasto en infraestructuras, pagara a los jóvenes por limpiar sus vecindarios, diera a los gobiernos estatales y locales fondos para mantener empleados a maestros y bomberos y animara a los empresarios a acortar las horas de trabajo en lugar de despedir a los trabajadores, podría llevar de nuevo la economía al pleno empleo. Los economistas han conocido esta historia por más de 70 años, pero de alguna manera la creación de empleo no puntúa tanto en las prioridades de Washington como recortar la Seguridad Social y Medicare.
En síntesis, tenemos un sistema económico que, incluso cuando funciona, ha sido timado en beneficio de los ricos. Y tenemos un sistema político que, en un tiempo de inmensa angustia económica, está más enfocado en socavar los medios para apoyar a las familias trabajadoras que en arreglar la economía. Resulta difícil entender cómo no están todos ocupando Wall Street.

Copyright: Truthout

Hablemos de pensiones

29 ago 2010
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DEAN BAKER

En las últimas semanas ha habido un gran esfuerzo por parte de los conservadores –e incluso por parte de muchos centristas– para alentar el odio contra los trabajadores del sector público por cuenta de sus pensiones. La historia sería que los trabajadores públicos tienen mejores pensiones que sus colegas del sector privado. Al mismo tiempo, la mayoría de los fondos de pensiones estatales y locales sufren un gran déficit, lo que implica que serán necesarios ingresos gubernamentales adicionales para mantenerlos solventes.
La fábrica de ruido de la derecha ha estando instigando la hostilidad contra los empleados públicos. Un columnista de The New York Times incluso apeló a los empleados de la administración pública jubilados a que devolvieran las pensiones por las que habían trabajado y que estaban en todo su derecho de reclamar.
Debemos tomarnos el ataque a los trabajadores públicos como lo que es: un sórdido caso de chivo expiatorio que lo único que pretende es desviar la atención de los verdaderos villanos en esta economía, los chicos de Wall Street y los ineptos estrategas de la política económica que han llevado a la economía a la ruina y que parecen empeñados en dejarla ahí.
Los hechos están claros. Si se consideran la formación académica y la experiencia, los trabajadores públicos cobran un poco menos de media que sus homólogos del sector privado. Tal vez este sueldo más bajo esté compensado por un mejor paquete de beneficios y prestaciones, pero la diferencia de los paquetes de beneficios y prestaciones entre el sector público y el privado quizá no sea tan grande como parece.
En primer lugar, resulta importante tener en cuenta que la probabilidad de que los trabajadores públicos tengan un título universitario es muchísimo más alta que si se considera la sociedad en su conjunto. Mientras que la mayoría de trabajadores cuenta con poco en términos de beneficios o contribuciones vinculadas a sus pensiones, la mayoría de los trabajadores con un título universitario puede disponer de, al menos, una modesta pensión cuando se retira.
Segundo, muchos trabajadores públicos no están cubiertos por la Seguridad Social. Esto significa que lo que reciban como pensión del Gobierno supondrá el grueso de sus ingresos por jubilación; no será un mero suplemento a sus prestaciones de la Seguridad Social. De este modo, la pensión de 22.000 dólares que de media recibía un funcionario jubilado en 2007 difícilmente parece excesiva.
Esto no significa que no existan algunos trabajadores públicos que jueguen con el sistema, ni tampoco que no haya categorías de trabajadores que no reciban demasiado (bomberos y policías tienden a ganar más; por supuesto, esta gente se juega la vida con regularidad en su trabajo a lo largo de su vida laboral). En conclusión, la idea de que tenemos una clase compacta de trabajadores disfrutando de jubilaciones de lujo es un sinsentido que puede ser fácilmente refutado con un vistazo rápido a los datos.
Pero prestemos atención al verdadero problema. Si hay 15 millones de desempleados, no es por las generosas pensiones de los trabajadores públicos. Tampoco esta es la razón por la que millones de dueños de vivienda estén con el agua al cuello por sus hipotecas y afronten la pérdida de sus casas. De hecho, si mañana redujésemos las pensiones de los trabajadores públicos a la mitad, esta medida no crearía ni un solo puesto de trabajo y tampoco salvaría la casa de nadie.
La razón por la que millones de personas están sufriendo es la combinación de la avaricia de
Wall Street y una gestión económica increíblemente mala. Como sabemos, los chicos de Wall Street han salido a flote, con beneficios y bonus de nuevo en cifras récord, gracias a los billones de dólares de rescate que el Gobierno les dio en el otoño de 2008. Si la gente quiere enfadarse con alguien, los bonus multimillonarios que van a parar a importantes hombres de negocios de Goldman Sachs y JP Morgan pueden ser mejor blanco que un maestro de escuela jubilado con una pensión de 3.000 dólares al mes.
El otro blanco apropiado para la ira del público deberían ser quienes aplican las políticas económicas, que han fallado en prevenir este desastre absolutamente previsible. Hay mucha gente que debería estar en el paro por este fracaso colosal y no lo está, empezando por el culpable principal, Alan Greenspan (anterior presidente de la Reserva Federal), que podría ser considerado el peor banquero de la historia. Fue él quien insistió en que todo estaba bien, incluso mientras la burbuja inmobiliaria se expandía hasta un volumen de más de 8 billones de dólares en su apogeo. ¿Pensaba que la burbuja simplemente se seguiría expandiendo para siempre o realmente creía que la economía podía perder 8 billones de dólares en riqueza sin provocar ningún descalabro?
Es aquí donde debemos hablar de pensiones públicas. Greenspan, que se ha jubilado como presidente de la Reserva Federal y, por tanto, no puede ser despedido, recibe según mis cálculos 160.000 dólares al año como pensión del Gobierno. Probablemente no haya nadie que se merezca menos esa pensión que Greenspan. Si hay algún trabajador público jubilado en el país que debería devolver su pensión, ese es Greenspan.

Dean Baker es Codirector del Center for Economic and Policy Research.

Traducción de Borja Novoa

Ilustración de José Luis Merino