DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN
La cuestión nuclear, con ser importante, no consiste tanto en si se cierra ahora la central nuclear de Garoña o no, sino en cuál es la opción energética de futuro para la sociedad española que además debe y puede ser parte de la salida de la crisis.
Es difícil imaginar otro futuro posible y sostenible para España que el de la España solar en la escala de tiempos a considerar –tres o cuatro décadas– y con las tecnologías disponibles.
De las tres fuentes de energía que pueden significar una aportación masiva en este tiempo, el carbón, la nuclear y las energías de fuentes renovables (EFR), sólo esta última puede ser denominada sostenible. Las tecnologías para EFR representan ya un gran mercado global, con más de 155.000 millones de dólares en 2008 y un total estimado para las dos próximas décadas de unos 8 billones de euros. Y España está bien posicionada por su desarrollo a nivel nacional y su participación en el mercado global.
El carbón, aun con el carbón limpio y el sistema de Captura y Almacenamiento de Carbono –en fase experimental y que supone en sí un incremento en el consumo energético de más del 30%–, implica mantener altas emisiones de gases e impactos ambientales y es mayoritariamente importado.
La energía nuclear, en el estado actual de la tecnología de fisión, es insostenible porque traslada a las generaciones venideras la responsabilidad de los residuos radiactivos; intrínsecamente insegura (necesita sofisticados sistemas de seguridad redundantes y es muy vulnerable); susceptible de contribuir a la proliferación nuclear; y no accesible para muchos países en desarrollo. Además, supone altos costes de inversión (más de 4.000 euros por Kw, y subiendo) muy superiores ya a la eólica (sobre 3.000 euros por Kw efectivo y bajando) y de financiación, para la que dependemos del exterior.
Conseguir en estas cuatro décadas un sistema avanzado de fisión (como los reactores rápidos, que siguen experimentándose, aunque ya se abandonaron en Europa tras los experimentos de Rapsodie, Phoenix y SuperPhoenix francoalemanes), o la soñada fusión, parece una quimera, lo que no evita que ciertos países, como Francia, estén casi abocados a ella por su compromiso con la tecnología nuclear nacional e internacionalmente como suministradores casi en exclusiva de tecnologías, de reactores y centrales llave en mano.
En este contexto, la cuestión nuclear para España es por qué escenario apostamos que sea el más sostenible, considerando las potencialidades españolas y en un escenario global cambiante que apunta decidida y universalmente hacia las energías renovables. El Gobierno debe hacer frente a su compromiso de alumbrar la reflexión sobre el escenario energético 2030 y responder al del presidente ante el Congreso de incluir en ella el plan del cierre ordenado de las centrales existentes. Obviando el hecho de que muchos creemos que Garoña no es imprescindible, la respuesta adecuada a su grado de prescindibilidad sólo la tendrá usted, Sr. presidente, y la sociedad española, integrándola en la respuesta general al desafío energético. Esta reflexión debería trasladarse urgentemente a la reciente Subcomisión de Energía del Congreso y a toda la sociedad.
Si no hacemos esta reflexión, nos la darán hecha y perderemos también esta tercera revolución industrial –basada esta vez en el abandono de los combustibles fósiles– y que parecíamos destinados incluso a liderar. El margen de maniobra es cada vez más escaso, como muestran los escenarios ya precocinados existentes, incluyendo los que nos tienen que llevar a 2050 que, con reducciones obligadas de gases de efecto invernadero de más del 80% y sin la opción nuclear sostenible previsible, significa España solar, sí o sí.
El escenario 2030 es el más estudiado, por implicar reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero para no superar los 2ºC de incremento de temperatura media global. Sea el de la AIE o el propiciado por Greenpeace, coinciden en una reducción del incremento en la demanda tendencial a menos del 0,8% anual y en que más del 50% de toda la demanda eléctrica debería ser no fósil. Y los costes globales de estos escenarios más sostenibles (13,6 billones de dólares hasta 2030) serían como mucho del orden de un 6-8% superiores al tendencial o insostenible. En este escenario, España no debería crecer en demanda en más del 0,6-0,8% anual y estabilizar antes de 2030 el consumo de energía, con más del 60% de la electricidad de EFR, para posicionarse entre los líderes globales.
Y el escenario 2020 de mínimos está ya fijado a nivel comunitario por el paquete 20-20-20 de la propuesta de la Comisión de 2008, que se articula como obligación en la nueva Directiva de EFR que España debería trasponer en una Ley. España debería distinguirse superando las exigencias comunitarias, incrementando la demanda anual en menos de 0,8% y con objetivos para las EFR del 40-45% de la generación eléctrica.
Los cálculos para los escenarios 2020 y 2030 señalados cifran las inversiones españolas anuales necesarias durante los próximos 20 años en EFR entre el 1% y el 2% del PIB, o similares a los 22.500 millones de euros invertidos en 2008 en EFR.
Sí, podemos. Y nos lo debemos a nosotros mismos y a las generaciones venideras.
Es en estos escenarios donde hay que plantear la hoja de ruta para el abandono progresivo y cierre de las centrales nucleares existentes, que claramente no forman parte de un escenario sostenible, oportuno y deseable con la construcción de la España solar como marca de futuro para el país.
Si no hay el coraje político para alumbrar ya esta reflexión habrá que tenerlo al menos para cerrar ordenadamente Garoña como jalón del cambio a una nueva energía para la anunciada nueva economía.
Domingo Jiménez Beltrán es ingeniero Industrial y ex Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente
Ilustración de Mikel Casal
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI, DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN Y JOAQUÍN NIETO
Describir la crisis en la que estamos inmersos –de la que las recientes y notorias suspensiones de pagos y el déficit presupuestario del primer semestre no son más que las manifestaciones más evidentes– es hacer la crónica de un proceso anunciado. El modelo de crecimiento económico que ha conocido nuestro país en los 12 últimos años ha demostrado tener los pies de barro ¿O alguien pensaba que se podía prolongar indefinidamente un modelo basado en la construcción y venta de casi un millón de viviendas nuevas al año en un país con tres millones de viviendas vacías y otras tantas de muy baja ocupación? Asistimos a un vendaval económico en el que confluyen factores como la crisis del sector inmobiliario y otros de carácter financiero. Tal situación –esperable– que genera graves problemas –en particular el creciente desempleo– es también una oportunidad para cambiar a un modelo más sostenible, con menos impactos en el territorio, que ponga el acento en la habitabilidad y eficiencia energética de nuestras ciudades y nuestros hogares y que genere empleos sostenibles. El panorama actual es confuso por la incertidumbre sobre las alternativas de salida a la crisis, empezando porque nuestros gobernantes parecen no querer reconocerla, pero existen alternativas que, desde una decidida acción pública, orienten la economía hacia un modelo productivo sostenible. Algunas de esas alternativas están en el mismo sector que ha sido causa de la crisis y que está pagando más agudamente sus consecuencias.
Estamos, al comienzo de legislatura, en una coyuntura que no permite vacilaciones ni dilaciones. Las propuestas de solución han de lanzarse ya mismo si no queremos tener un otoño con mayores problemas. Toca ahora convertir las dificultades en oportunidades, haciendo de la necesidad virtud, ofreciendo soluciones prácticas, acometiendo el triple desafío de mejorar la habitabilidad y el acceso a la vivienda, inducir la eficiencia energética y crear empleo, tres pilares básicos para la reorientación inaplazable del modelo económico español que, repetimos, ha sido demasiado dependiente de la construcción de nueva vivienda.
Existe un consenso generalizado entre profesionales del sector y agentes sociales acerca de que, en una situación como esta, la rehabilitación, el alquiler y la puesta en valor del parque inmobiliario existente son el mejor camino para afrontar la crisis y construir un espacio social de calidad sin producir despilfarro, contribuyendo a su vez a la generación de empleo y a la lucha efectiva contra el cambio climático. Algunos agentes sociales, como Comisiones Obreras, incluso han hecho propuestas concretas en esa dirección. Ese consenso para emprender un programa de rehabilitación masiva parece abarcar también a agentes económicos públicos y privados, a gobiernos autonómicos y al gobierno español. Pero falta la decisión de ponerlo en marcha de inmediato.
La propuesta concreta es emprender un Plan de Rehabilitación 2009-2012 con el objetivo de rehabilitar un 10% de las viviendas y edificios comerciales e industriales existentes, en coherencia con la Directiva 2002/91/CE, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de 2007, y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.
El plan supone 2.400.000 actuaciones –2.250.000 viviendas y 150.000 edificios–, para el aislamiento térmico y acústico, la instalación de energías renovables y la mejora de la accesibilidad. Se trata de aplicar las condiciones que fija el Código Técnico de la Edificación al extendido parque de viviendas existente, desvalorizado, desocupado u obsoleto. La referencia es la obligatoriedad de certificación energética de los edificios a rehabilitar fijada en el Decreto 47/2007 y del futuro decreto de certificación energética de edificios existentes, en fase de borrador y que obligaría a la certificación de las viviendas en caso de venta, alquiler o transmisión.
Los beneficios esperables serían: favorecer el acceso a la vivienda y su habitabilidad, reduciendo el consumo y la factura energética de hogares y empresas, reduciendo también las emisiones de CO² en 18 millones de toneladas y la dependencia energética española, creando a la vez 390.000 empleos anuales, con los correspondientes ahorros en desempleo e ingresos en cotizaciones sociales. Sólo la mencionada reducción de emisiones y los 30 millones de barriles de petróleo que se dejarían de consumir, suman no menos de 3.000 millones de euros en el período 2009-2013 y 1.300 millones de euros de ahorro cada año posterior.
Para financiar un plan así, bastaría con una inversión pública de 25.000 millones de euros en cuatro años, un tercio de los cuales mediante subvenciones directas –principalmente del Estado, pero también de las CCAA– y dos tercios a través de créditos ICO, con una ejecución gradual: las inversiones del Estado serían 800 millones el primer año, aumentando progresivamente a 1.200, 1.600 y 2.000 millones en los años sucesivos.
Un plan de estas características es viable. El proyecto implicaría un esfuerzo sostenido de los ministerios de Industria y de Vivienda, en colaboración con todas las administraciones implicadas y entidades financieras y una mesa de seguimiento de los agentes sociales. Mejorar la habitabilidad, la eficiencia energética e implantación de energías renovables, creando empleo, es un primer paso para producir un cambio real en las políticas urbanas, con medidas innovadoras, que habría de ser visible en la presidencia española de la Unión Europea en 2010.
Existen derechos constitucionales al pleno empleo, a la protección del medio ambiente y al acceso a la vivienda que no pueden quedarse en mera declaración de intenciones, sino que deben garantizarse plenamente. Defenderlos en el presente, preservando el medio ambiente, es nuestra obligación, ya que, en tanto que transmisores y responsables de una herencia frágil, debemos asegurarnos de que también puedan disfrutarlos las generaciones futuras.
Carlos Hernández Pezzi es presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Domingo Jiménez Beltrán fue el primer Director de la agencia Europea de Medio Ambiente
Joaquín Nieto es Presidente de Honor de SUSTAINLABOUR
Ilustración de Patrick Thomas