ELENA VALENCIANO
Una de las consecuencias más negativas de la crisis ha sido la pérdida de credibilidad de la política democrática para resolver los problemas que hoy tenemos. Lamentablemente, se ha extendido la idea de que las soluciones a la situación financiera, al retraimiento de la economía y al problema del desempleo vendrán por el comportamiento incontrolable de los mercados y que todas las propuestas que se hagan deberán partir de la aceptación de esa realidad fatal.
Pero no es así. A pesar de los errores y del deterioro que han sufrido las instituciones, el papel que tiene nuestra democracia para garantizar la salida de la crisis y para que esta no se produzca poniendo fin a las conquistas sociales conseguidas, es y será determinante.
No será la mano invisible del mercado quien sostenga el equilibrio y la cohesión social y, mucho menos, quien defienda los servicios públicos básicos que avalan la existencia de un Estado social como el que prevé nuestra Constitución.
Será la política democrática, reforzada y ampliada, la que pueda dirigir el proceso de recuperación para que no se produzca a costa de derechos y conquistas sociales que son el bien común de nuestro Estado del bienestar y que, por tanto, son la garantía de la calidad de vida de la mayoría.
Para que la política mande nuestro modelo de democracia debe buscar nuevas formas que lo acerquen al sentir de esa misma mayoría. Nuestra democracia necesita ponerse al día y adaptarse a las nuevas realidades. Quienes reclaman cambios en la forma de hacer las cosas tienen, en gran medida, razón y razones para hacerlo. Ya no es posible un sistema político distante y ajeno a la participación que la gente busca.
Es necesario romper las barreras que aíslan a los políticos de los ciudadanos y que los partidos encuentren otras formas de integración en la sociedad que los conviertan en instrumentos eficaces para ser un buen cauce de las inquietudes, las propuestas e ideas que surgen de ella.
Para que la política recupere el protagonismo en la gestión de la crisis, desplazando a los que sólo piensan en clave economicista, hay que producir un reencuentro con la ciudadanía. Y ya no hay excusas porque hoy existen los medios para asegurar e incentivar la participación más allá del voto, sin reducir, ni mucho menos, la importancia que este tiene.
Los políticos deben rechazar la idea de constituirse en “clase política” y acercarse a la sociedad mediante los métodos que el desarrollo tecnológico ha creado y que son de uso común entre la gente. Ha de haber una “humanización” de la política a través de la gran conversación que aporta la política 2.0, pero también hace falta comunicación personal e identificación real con la manera espontánea que tiene la gente de ver y hacer las cosas. Si rompemos la inercia de unas estructuras asentadas en la realidad sociológica de la Transición y abordamos las nuevas oportunidades de diálogo y acercamiento que nos ofrece el siglo XXI, haremos de la democracia una herramienta al servicio de los ciudadanos gestionada, más que nunca, por los ciudadanos mismos.
Hay que emprender ya las transformaciones necesarias. No sólo porque lo demanden quienes se movilizan para ello, también porque es un deseo de aquellos que, aún confiando en el modelo actual, anhelan un papel más activo en los asuntos públicos. Nuestra cultura democrática debe ser ágil en el papel de mediación social entre los ciudadanos y las decisiones que les afectan: desde los derechos hasta los impuestos.
Esta nueva cultura, actual, viva y atenta a las necesidades de la sociedad, será un parachoque infalible contra el impulso que han adquirido, como consecuencia de la crisis, aquellos que sólo se mueven en función del interés y del beneficio.
Es verdad que hay grupos sociales que no creen en los valores de la política democrática porque no la necesitan para resolver sus asuntos. Incluso hay quienes no tienen pudor en degradarla mediante estrategias de crispación, deterioro y amparo de la corrupción. Así, producen un rechazo mayoritario que acaba siendo una trampa para los ciudadanos que se alejan de los asuntos públicos y abandonan toda idea de intervención en el debate y en la toma de decisiones. Por eso, quienes más necesitan la política –porque no tienen otra forma de defenderse– son quienes más deben trabajar para preservarla.
Por otra parte, vivimos en un mundo globalizado en el que lo que pasa más allá de nuestras fronteras es determinante para lo que hacemos dentro de ellas. Lo que ocurre en EEUU, Italia o Grecia nos afecta directa y decisivamente. Por eso necesitamos una democracia fuerte, ágil y dinámica en la que la gente se reconozca con naturalidad.
Necesitamos que la democracia tenga prestigio y fortaleza, que sea capaz de encararse con el sistema financiero ocupando el centro del escenario a la hora de afrontar los problemas. Que sea capaz de motivar y aunar en su entorno a la inmensa mayoría de la sociedad, para que esta vea y sienta en ella la utilidad que permitirá asegurar derechos, libertades e intereses sociales.
Es la hora de la política democrática que coloque en su eje a los ciudadan@s, para hacer frente a la crisis y para resolver con eficacia los problemas de la gente, escuchando, haciendo y explicando las decisiones. Esa es la democracia, la gran política, la que representa la voluntad de los pueblos.
Elena Valenciano es directora de la campaña electoral del PSOE
Ilustración de Javier Jaén
ELENA VALENCIANO
Desde que se desató esta profunda crisis económica –que nos vino de afuera–, Rajoy no ha estado, en ningún momento, en el lugar que se espera de un jefe de la oposición supuestamente preparado para asumir el relevo en el Gobierno de España si la ciudadanía le otorgara su confianza en la siguiente cita electoral.
La tormenta económica que se gestó en la banca estadounidense, y que acabó sacudiendo a las principales economías occidentales, ha sido utilizada sistemáticamente por Mariano Rajoy con el único objetivo de perjudicar, desgastar y cuestionar, sin tregua, a Zapatero. El Gobierno no ha podido contar, ni en los peores momentos de la crisis, con la más mínima “lealtad nacional” por parte de Rajoy.
Cuando los líderes europeos decidieron lanzar, en la mayor parte de los países, un programa de estímulos para sus gripadas economías, España hizo lo propio. El primer Plan E de Zapatero, abrazado por todos los ayuntamientos del país, recibió una sonora abstención del PP en el Parlamento tras una durísima intervención de Montoro –en realidad, su discurso en la tribuna era el propio de un voto negativo al que no se atrevieron, finalmente, para no enfadar a sus propios alcaldes–.
A la crisis financiera inicial y a la de la economía productiva se sumó, más tarde, la de la deuda soberana. Entonces, fue urgente lanzar un mensaje de seguridad a favor del euro. La UE puso en marcha un inédito plan de estabilización, dotado con 750.000 millones de euros, para garantizar su solvencia económica y detener el ataque de los especuladores en los mercados. En paralelo, los líderes europeos concertaron un programa de ajuste urgente de los déficits públicos de los estados. Cuando el presidente Zapatero –antes que ninguno– presentó en el Parlamento su plan de ajuste, Rajoy dijo que no, afirmó que nos habíamos convertido en un protectorado e hizo pender de un hilo la solución para España. En definitiva, cuando hubo que inyectar dinero público en la economía para que no se detuviera, Rajoy estuvo en contra. Y cuando, de acuerdo con la UE, se ha requerido un programa de ajuste fiscal, también se ha opuesto. No ha escuchado al FMI ni a la Comisión Europea, ni tampoco a la OCDE, instituciones que han señalado lo acertado de las medidas propuestas por el Gobierno.
Rajoy se ha situado fuera del consenso internacional y del acuerdo entre los 27. Pero hay algo aún peor. Los días previos al último Consejo Europeo surgieron insistentes rumores, posteriormente desmentidos por todos los responsables políticos y económicos internacionales, sobre la solvencia de la deuda soberana de España. Y Rajoy no sólo no los combatió, sino que optó por alimentarlos. Los portavoces del PP llegaron a compararnos con Grecia y con Hungría, jugando con fuego a ver si se quemaba Zapatero aunque fuera a costa de incendiar el país. Sus correligionarios en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido se quedaron perplejos ante la dosis de irresponsabilidad de la que hizo gala, en esos días tan difíciles, el PP español.
Los gobiernos europeos están tratando de afrontar la salida de la crisis coordinando sus actuaciones. Es más que evidente que la situación requiere esfuerzos concertados y determinación política. Lo más importante, ahora, es limitar los daños y sentar las bases de una nueva economía con capacidad para resolver los problemas que venimos arrastrando y que la crisis ha puesto de manifiesto de la forma más cruda. Crecimiento, competitividad, lucha contra el paro y la precariedad, protección del modelo social, mantenimiento de la inversión en educación, investigación, innovación y desarrollo, saneamiento y control de los flujos financieros… todo ello forma parte del programa de los gobiernos europeos, también del español.
Sin embargo, Rajoy no lo comparte. El líder del PP se ha apuntado a una estrategia destructiva convirtiéndose en una sorprendente y molesta excepción en la derecha europea. Sus dos últimas aportaciones confirman el peor diagnóstico: habla Rajoy de reformar la Constitución para incorporarle una limitación del déficit público (ya contemplado en el Plan de Estabilidad y Crecimiento Europeo) y se opone a un nuevo impuesto a la banca aprobado por la UE en el último Consejo. No parece razonable que un partido como el PP, que gobierna en importantes comunidades autónomas del Estado y que aspira a ser alternativa en el Gobierno de la nación, haya abrazado una hoja de ruta tan desviada del concierto europeo.
Su cálculo electoral no justifica que el PP se haya convertido en el único que no camina en la misma dirección que el conjunto de los países de nuestro entorno político. La economía española está solidamente interrelacionada con el resto de economías occidentales, particularmente la de la eurozona, por eso son imprescindibles la coordinación, el acuerdo y, antes o después, un verdadero gobierno económico en la UE. ¿Podemos, para todo ello, contar con el Partido Popular? Durante los últimos meses, el PP de Rajoy se ha erigido en el antiembajador de España, cuestionando nuestra solvencia como país y generando desconfianza en los mercados, los inversores y los ciudadanos. Su apuesta por desgastar al Gobierno, a lomos de la crisis, empieza a resultar grotesca y dañina para todos. En algún momento, Rajoy deberá decidir si quiere ser un líder serio de la derecha europea o si va a seguir yendo a contramano mientras, como en el chiste, afirma que el resto del mundo se equivoca.
Elena Valenciano es secretaria de política internacional y cooperación del PSOE
Ilustración de Miguel Ordóñez
ELENA VALENCIANO
Como en la vida misma, en las relaciones internacionales tiene mucho que ver el lugar que creemos ocupar en el mundo. Esto explica la diferente visión que el PSOE y el PP tenemos sobre la política exterior española. Antes de que Zapatero llegara al Gobierno, las relaciones con gran parte de nuestros vecinos se habían visto enturbiadas por la concepción autoritaria y muy “alineada” de la política internacional de la última legislatura de Aznar. Las cosas no habían ido nada bien con Marruecos, ni con gran parte de Latinoamérica. La actitud de Aznar con respecto a Irak no fue comprendida en el seno de la UE, particularmente por nuestros amigos tradicionales, Francia y Alemania, ni tampoco por el mundo árabe-musulmán, que siempre tuvo en España un referente querido. La estrategia de búsqueda de una relación privilegiada y exclusiva con los EEUU de Bush convirtió al Gobierno de Aznar en antipático a los ojos de gran parte de nuestros socios, amigos y aliados. Aznar quiso ser “uno de los [más] grandes”, pasando por encima de la tradicional política exterior de España que había formado parte de un consenso mayoritario desde la Transición.
Seis años después, el PP continúa anclado en ese lugar anhelado e imposible. Ante cualquier problema político o conflicto diplomático, su impulso inmediato es dar un golpe sobre la mesa, exigir la llamada a consultas de los embajadores y apuntarse a una escalada de declaraciones altisonantes, perfectamente inútil, contra todos los que no responden con obediencia a nuestras demandas. Los dirigentes del PP parecen ignorar que los cambios políticos ya no se dictan desde los despachos de Washington, Bruselas o Moscú. El mundo ha cambiado mucho, afortunadamente, y las relaciones internacionales y los equilibrios de poder son mucho más complejos, existen múltiples polos de influencia y España –incluso Europa– sólo es un actor más.
Es bastante sencillo distinguir los tres elementos fundamentales –y en absoluto contradictorios– en los que basamos nuestra acción exterior. El primero –y, por cierto, obligado– es la defensa de los intereses de España, de su ciudadanía y de sus empresas, de su imagen y de su futuro; el segundo es el mantenimiento del valor de la democracia, de la justicia, de la paz, de la solidaridad y de los derechos humanos; y, por último, la apuesta por una política exterior útil que produzca avances tangibles.
Cuba y Venezuela, muy presentes en los medios de comunicación durante las últimas semanas, son ejemplos paradigmáticos del desatino del PP y de nuestro diferente concepto de la responsabilidad política. Los socialistas creemos que es imprescindible que Cuba aborde, cuanto antes, un camino de reformas que lleve a los cubanos a la libertad y a la democracia. Somos exigentes en la defensa de los derechos humanos y lo mantenemos ante los responsables políticos del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba. Abogamos por la puesta en libertad de los presos de conciencia y trabajamos para ello. Pero también sabemos que el cambio en la isla depende de la sociedad –plural– cubana y que ninguna imposición externa ayudará en ese camino. La UE mantiene con Cuba una posición unilateral que no ha dado ningún fruto desde el 1996. La búsqueda de un instrumento de relación bilateral que obligue a una relación más estrecha, directa y comprometida es, desde nuestro punto de vista, una apuesta más realista y más eficaz. Se puede discrepar de esta idea, por supuesto, pero ello no significa que se defiendan, por ello, mejor los intereses ni de España ni de Cuba. En todo caso, hacer de la relación con La Habana un elemento de constante crítica interna en España no es ni útil ni constructivo para los ciudadanos de la isla.
Venezuela, por su parte, es un país de una enorme importancia para los intereses de España. Nuestra inversión acumulada en los últimos 15 años asciende a 3.500 millones de euros. Las empresas españolas –Repsol-Ypf, Dragados, Iberdrola, Telefónica, Banco Santander…– tienen en Venezuela un importante volumen de negocio y, allí, viven 150.000 compatriotas. El Gobierno español mantiene una relación bilateral respetuosa y razonable con el Gobierno de Venezuela, que, por cierto, ha sido votado por los ciudadanos de ese país. El último ejemplo de la irresponsabilidad del PP ha sido la utilización, en su política de hostigamiento contra Zapatero, del auto del juez Velasco que investiga las posibles relaciones entre ETA y las FARC.
Todavía estamos esperando escuchar una idea de la política exterior que desarrollaría el PP en este siglo XXI. Las del siglo pasado y anteriores no nos sirven. Los puñetazos sobre la mesa (o las botas en el rancho) han dejado de ser instrumentos útiles para el nuevo orden mundial que se abre paso y en el que España puede jugar un papel importante. Como país interlocutor que no genera hostilidad en ninguna región del mundo, respetado por los grandes y querido por los pequeños, reconocido por su compromiso con el desarrollo y con los derechos civiles, admirado por la fortaleza de su sociedad en su tránsito democrático y modernizador, España no necesita parecerse a nadie para seguir contando en los espacios de diálogo y de decisión compartida que habrán de consolidarse en los próximos años en el tablero mundial.
Elena Valenciano es portavoz de la comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados y secretaria de Política Internacional y Cooperación en el PSOE.Ilustración de Mikel Casal
ELENA VALENCIANO
Consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes que eran víctimas de los enfrentamientos con el Ejército israelí, Naciones Unidas declaró el 4 de junio el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
Esto ocurría un día como ayer de 1982. Hoy, millones de niños y niñas continúan sufriendo las múltiples manifestaciones de la violencia. En las guerras suman, junto a las mujeres, el 80% de las bajas civiles.
Según Unicef, cerca de la mitad de los casi cuatro millones de personas que han muerto en conflictos desde 1990 eran menores de edad. Y alrededor de 20 millones de niños y niñas han tenido que huir de sus hogares. Otros cuatro millones han quedado discapacitados, tullidos, han sufrido lesiones cerebrales o graves secuelas psíquicas.
El ejemplo más brutal de esta realidad lo encontramos en Sierra Leona, que registra las tasas absolutas de mortalidad de menores más elevadas del mundo. Tras diez años de guerra civil, 284 niños y niñas de cada 1.000 no llegan a cumplir los cinco años.
Los conflictos aumentan el riesgo de sufrir malos tratos, explotación y agresiones sexuales. 300.000 niños en el mundo son utilizados como soldados y la violación como arma de guerra es una práctica habitual contra mujeres y niñas.
Pero los menores no sólo son agredidos en las guerras. Se calcula que alrededor de 40 millones de entre 0 y 14 años sufren algún tipo de abuso en sus familias. Más de 30 millones (algunas ONG multiplican esta cifra) son víctimas del tráfico infantil, de los cuales 2 millones están atrapados en las redes del comercio sexual, y el destino del resto es la explotación laboral, las adopciones ilegales o el trasplante de órganos.
Debemos considerar también la dureza de los matrimonios infantiles. La muerte asociada con el embarazo es la principal causa de mortalidad entre las muchachas de 15 a 19 años de todo el mundo. Sus hijos e hijas tienen un 60% menos de posibilidades de sobrevivir que los nacidos de una madre mayor de 19 años.
Las principales víctimas de la crisis alimentaria que amenaza con provocar 100 millones de pobres en el mundo serán, de nuevo, los menores. En la actualidad, 9.000 niños y niñas que no han cumplido cinco años mueren cada día por causas relacionadas con la hambruna.
El Informe de Acción Humanitaria 2007 de Unicef recoge más de 33 situaciones de emergencia en todo el mundo que afectan a niños y niñas. Cuando finalice este año, el informe 2008 hablará del ciclón Nargis que ha azotado Myanmar, donde las continuas trabas puestas por los militares birmanos para que la ayuda humanitaria llegue a la población ha condenado a la enfermedad, la hambruna y la muerte a cientos de miles de personas, la mayoría menores.
Cuando las guerras, los desastres naturales o la extrema pobreza castigan a la población y obligan a mucha gente a abandonar sus hogares y sus países, las mujeres y los menores son los que corren un mayor peligro de sufrir actos de violencia y abusos. Muchas veces, son las mismas personas que deben protegerlos quienes cometen esos actos criminales.
Los niños y niñas refugiados, así como los que pertenecen a grupos indígenas o de minorías étnicas, tienen menos posibilidad de acceder a servicios básicos educativos y sanitarios, entre otros motivos, porque muchos ni siquiera son inscritos al nacer. En la región amazónica del Ecuador, sólo un 21% de los menores de cinco años tienen un certificado de nacimiento, frente al 89% de la media nacional.
Pero no tenemos que irnos muy lejos para encontrar esa realidad. Según el Banco Mundial, en Europa hay una población de entre siete y nueve millones de gitanos, de los que alrededor de dos viven en Rumania.
Son parte de esta minoría sin patria que en estos días ha vuelto a sentir, en pleno corazón de Europa, el rechazo, el racismo y los prejuicios de quienes los consideran peligrosos, diferentes.
Semanas atrás hemos contemplado la brutal imagen de campamentos de gitanos rumanos salvajemente atacados e incendiados por grupos de exaltados. Entre esos 500 gitanos que han tenido que huir de sus infraviviendas había muchos niños y niñas que, sin entender, corrían de la mano de sus padres y madres llenos de miedo.
Ellos y ellas son especialmente sensibles a su entorno y necesitan vivir con seguridad para crecer en plenitud. El reconocimiento del derecho que tienen a ser protegidos es básico para evitar los actos de violencia contra ellos; un derecho que ha de venir acompañado de la legislación adecuada y de su cumplimiento.
Cuando las familias no pueden proteger a sus hijos e hijas, por el motivo que sea, los Estados están obligados por los artículos 20 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño a proporcionarles cuidados y asistencia especiales.
La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la Infancia ha vinculado el desarrollo económico a la creación de un mundo apropiado para la infancia.
En estos momentos en los que la economía es uno de los puntos calientes de la agenda política, los Estados deberían incorporar la estrategia de Naciones Unidas para que algún día sea posible que los niños y niñas dejen de ser víctimas inocentes de agresiones.
Elena Valenciano es secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE y diputada
Ilustración de Enric Jardí
ELENA VALENCIANO
Casi 60 años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión Europea ha proclamado, ante la Eurocámara, la Carta de los Derechos Fundamentales. A partir de ahora, el 12 de diciembre de 2007 ha de ser señalado como una de las fechas decisivas del proceso de integración de Europa, que ha construido a partir de las ruinas y cenizas de la II Guerra Mundial la sociedad más avanzada y justa del mundo.
La importancia de la Carta radica en su enorme contenido político y en su peso simbólico, representando la esencia misma de la Europa de los valores, un espacio público comprometido con la dignidad de las personas, con la paz y con la democracia.
Los ciudadanos y ciudadanas de la Unión contamos desde este momento con la compilación de derechos –no sólo políticos, sino también sociales y económicos– más avanzada y completa del mundo. Al limitar el poder de los Estados y de las instituciones europeas en nombre de los intereses de las personas, nos hacemos más fuertes como sociedad, poniendo a la ciudadanía en el centro de la Unión.
Con la adopción de la Carta, la UE ha demostrado su intención de reforzar la protección de los derechos fundamentales –dotándolos de mayor presencia– y de adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades de sus ciudadanos. Ante los avances científicos y tecnológicos, la Carta proclama en su artículo 13 que “la investigación científica es libre”. A tenor de los cambios en los modelos sociales, en el artículo 31 recoge que “toda persona debe poder conciliar la vida familiar y la profesional, lo que conlleva en particular el derecho a la protección frente a todo despido por maternidad, así como el derecho a licencia por maternidad y a licencia parental con motivo del nacimiento o la adopción de un niño”. Ante la urgencia de luchar contra el cambio climático, en su artículo 37 establece que “todas las políticas de la Unión garantizarán la protección y conservación de un entorno con la calidad de vida adecuada, así como la mejora de la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible”.
Merece una mención especial el capítulo que se dedica a los niños y niñas, donde se reconoce su derecho “a la protección y cuidados necesarios, así como a expresar su opinión libremente, que será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez”.
También se recoge el derecho de las personas con discapacidad “a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”.
Pero no solo la Carta avanza en derechos ciudadanos, también lo hace el Tratado de Lisboa, que a iniciativa española, introduce la tarea de la UE de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres: “La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño”.
A las aportaciones españolas al Tratado hay que sumar la inclusión de una declaración que aborda específicamente la necesidad de adoptar medidas para “prevenir y castigar” la violencia doméstica, y “prestar apoyo y protección a las víctimas”, tarea ineludible de las democracias más avanzadas en los próximos años.
España ha jugado un papel clave en la búsqueda del consenso necesario para poner fin a la incertidumbre que reinaba en la UE y hacer posible el Tratado de Lisboa, que, definitivamente, otorga carácter jurídico vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales. Nuestro país, que se encuentra entre los más europeístas, se ha vuelto a situar con aquéllos que lideran el proceso de integración, convirtiéndose en un referente de la provisión y expansión de derechos de ciudadanía.
Optar por unos derechos a la carta debilita la posición de la UE respecto a los elementos esenciales de su propia identidad. Por ello, hay que lamentar que Reino Unido y Polonia no hayan querido sumarse a la Carta de los Derechos Fundamentales, aunque esperamos que el Gobierno polaco modifique pronto esa decisión.
Ante el periodo de ratificación del Tratado que ahora se abre, todos y cada uno de los Estados miembros están llamados a mostrar la máxima lealtad con el compromiso que han plasmado firmando en Belem. Cuando entre en vigor, comenzará una etapa, si cabe, más importante, la de vigilar día a día el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales. No deberíamos escatimar esfuerzos a la hora de defender los valores y la esencia sobre la que hemos decidido construir nuestro futuro común, porque ése será el mejor de los legados.
Elena Valenciano es eurodiputada y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE
