Emilio Silva
Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Ilustración de Miguel Ordóñez
Cuando hoy se siente en el banquillo como acusado el juez que trató de investigar los delitos más graves que se han cometido en nuestra historia reciente, este presente del siglo XXI habrá tropezado con uno de los modélicos obstáculos que la Transición dejó en medio del estrecho camino por el que regresaron las libertades. En ese mismo instante las familias de los 113.000 desaparecidos por la represión del general Franco revivirán el abandono al que les ha condenado esta democracia. Las élites que gestionaron el proceso decidieron que dejaba de haber verdugos y, en consecuencia, víctimas. A eso le llamaron reconciliación, pero es fundamentalmente impunidad.
El juicio que vamos a presenciar va a radiografiar nuestra democracia. Los principales cambios sociales que ha vivido esta sociedad en tres décadas no han alterado el estatus de las élites del régimen. La movilidad social que se ha producido en ese tiempo ha servido para camuflar una estructura socioeconómica creada a partir de la victoria de los sublevados en la guerra franquista, fruto del aprovechamiento de 40 años de corrupción política y económica.
Uno de esos obstáculos construidos en el periodo de restauración democrática es la Ley de Amnistía. La ley fue aprobada con el apoyo del PSOE y del PCE el 14 de octubre de 1977 en el Parlamento que salió de unas elecciones a las que prohibieron presentarse a partidos republicanos. La izquierda parlamentaria se empeñó en presentarla como una conquista de la oposición al régimen. Pero su promulgación apenas sacó a unas decenas de presos políticos de las cárceles; casi todos habían sido puestos en libertad con medidas anteriores. Por otra parte, ya tenían escaño responsables políticos de la II República regresados del exilio.
Su verdadero trasfondo era y es la construcción de una impunidad legitimada por ese sesgado Parlamento. No se puede llamar reconciliación a un proceso social en el que los verdugos conservaron todos sus privilegios y las víctimas todas las consecuencias del daño padecido.
Las élites de la Transición se formaron en las universidades en los años cincuenta y sesenta. Eran fundamentalmente hijos del régimen que desde diferentes fuerzas políticas nunca han visto amenazados sus privilegios de clase. Por eso, cuando Baltasar Garzón inició la causa de la memoria histórica, las presiones políticas llegaron de diferentes ámbitos. La ley de hierro de la oligarquía española comenzó a trabajar para la preservación de la impunidad.
Muchas actas de defunción de los republicanos asesinados tienen escrita como causa de muerte el auxilio a la rebelión. El franquismo convirtió en legalidad sus comportamientos criminales; no colaborar en un golpe de Estado era un delito. La causa contra Garzón refleja nuestra democracia en los espejos del callejón del gato: denunciado por un colectivo galardonado recientemente por la Fundación Francisco Franco.
En la política casi nada es casual. Tampoco lo fue que el Senado español creara a finales de 1982 una Comisión sobre la Desaparición de Súbditos Españoles en Países de América, silenciando la existencia de miles de desaparecidos en nuestro suelo. Esa política de externalizar la lucha por los derechos humanos llevó a que el departamento de nuestro Estado que se ocupa de ellos pertenezca al Ministerio de Asuntos Exteriores; el problema está fuera.
Cuando con el inicio de este siglo comenzaron a exhumarse las fosas de los asesinados por la represión franquista, sectores conservadores argumentaron que ahora venían los nietos a por la revancha. Esa generación de descendientes aportó la mirada de los derechos humanos a lo que hasta entonces habían sido muertos en la guerra. La palabra desaparecidos, asociada a los métodos represivos del franquismo, generó un nuevo significado para definir a esos asesinados que la Transición había colocado en el limbo del olvido.
La democracia española nació estrecha, frágil y tutelada, dejando en sus amplias cunetas derechos, colectivos sin representación y problemas del pasado pendientes. La impunidad se ha convertido en estos años en una cultura que deteriora la vida pública. Quienes deberían responder por graves actuaciones políticas, han construido un sistema en el que en numerosas ocasiones se van de rositas; una realidad que produce indignación.
Uno de los hombres que iba a testificar en el juicio, Jesús Pueyo, falleció el pasado 4 de enero a los 89 años. Ansiaba que su frágil salud le permitiera dar por fin testimonio ante la Justicia de la desaparición de su padre y de otros seis familiares directos en la localidad aragonesa de Uncastillo. Pueyo llevaba tres décadas pidiendo a las instituciones una ayuda que nunca recibió. Su labor, el fin del silencio para miles de víctimas y la dedicación de cientos de activistas que se empeñan en la recuperación de la memoria histórica, ha desatado lo que durante muchos años estuvo bien atado.
La investigación de los crímenes del franquismo es una gran oportunidad para ensanchar nuestra democracia y terminar con esta cultura de que quien la hace no la paga. La justicia debe tener algunos límites inflexibles. Condenar a un juez por haber tratado de investigar el asesinato y la desaparición de los cadáveres de más de 100.000 personas sería un salto atrás. Mucho más grave cuando esos delitos son permanentes y no prescriben, y el sistema judicial español no hace nada por garantizar los derechos a las víctimas. Las familias de esos miles de hombres y mujeres tuvieron que soportar vivir bajo el poder de quienes organizaron y premiaron a los asesinos. Y ahora tendrán que ver que la defensa de sus derechos puede terminar siendo un delito; como si el juez hubiera auxiliado una rebelión.
EMILIO SILVA
El 19 de noviembre de 1933, los colegios electorales abrieron sus puertas para celebrar unos comicios con una
novedad trascendental: las mujeres participaban con su voto en unas elecciones generales. Antes que Francia, Bélgica o Italia, la II República española reguló su derecho al voto como dictaba la Constitución de 1931 en su artículo 52: “El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto”.
El debate parlamentario, liderado por Clara Campoamor, sobre la participación de las mujeres como electoras en igualdad de condiciones con los hombres, hizo difícil el trámite. La oposición al voto femenino utilizó desde distintas posiciones políticas todo tipo de argumentos; desde el puro machismo, el miedo a la manipulación del voto femenino por parte de los sacerdotes católicos o la concepción de una España que todavía no estaba preparada para ese cambio.
Independientemente de aquel debate, de la victoria de la CEDA y de lo injustos que fueron ciertos sectores progresistas con Clara Campoamor; aquel 19 de noviembre se celebraron unas elecciones totalmente democráticas. Pero ¿por qué esa fecha no es conmemorada por las instituciones?
Con la muerte del dictador Francisco Franco se abrió la posibilidad de recuperar la democracia, algo por lo que habían luchado durante la dictadura muchos hombres y mujeres que no tienen fotografía en ningún libro de historia. Quienes pilotaron el proceso, o bien debían cambiar de chaqueta y de camisa, o bien, desde la oposición al franquismo y después de 40 años de dictadura, sólo tenían en mente conseguir la democracia. A costa de muchas renuncias o con objetivos de promoción personal borraron conscientemente el pasado democrático.
De ese modo construyeron en tiempo real el mito de la Transición; muy alto y muy frondoso para que cuando la sociedad mirase hacia atrás no pudiera ver que la Transición española a la democracia ocurrió en los años treinta. Así la paternidad y la maternidad de esas libertades políticas podía ser ocupada por representantes de luchadores antifranquistas y usurpada por antidemócratas disfrazados de constructores de libertades.
La ocultación de ese proceso, la negación de su existencia, ha tenido diversos efectos perversos, entre ellos el de convertir la dictadura franquista en “la transición a la Transición”, con todo lo que tiene de edulcorante esconder el aplastamiento de aquella primera democracia. Borrando ese pasado, ocultando ese precedente, resultaba natural que no se depurasen los principales aparatos del Estado, porque eran ellos los que habían propiciado las condiciones que convirtieron el franquismo, de la noche a la mañana, en una democracia ejemplar.
Así tenemos hoy a eminentes franquistas formando parte de la vida pública, capitaneados por Manuel Fraga, capaz de afirmar hace unos años que el siglo XX había comenzado en España en 1936. El asesinato de miles de civiles y toda la represión generada por el franquismo era lo que había modernizado este país. ¿Qué ocurriría en Alemania si alguien sostuviera que en 1933, con el ascenso de Hitler al poder, llegó la modernidad? Los casos son numerosos y algunos igual de relevantes, como el de Rodolfo Martín Villa, que de la camisa azul y el brazo en alto pasó a ejercer tras la muerte del dictador una forma de guerra sucia y aún hoy mantiene el discurso de que en el franquismo todos fuimos víctimas.
La partida de nacimiento de nuestra democracia sufrió numerosos tachones en la segunda mitad de los setenta, con el objeto de asignar el honor de su origen a quienes no hicieron nada por favorecer el regreso de las libertades hasta asegurar su impunidad y la continuidad de sus privilegios.
Se trata de una ocultación que continúa. En 2008 mi hija estudiaba cuarto de primaria. En su libro de Conocimiento del Medio había un capítulo dedicado a las instituciones. En el apartado relativo al Congreso de los Diputados se decía que las primeras elecciones democráticas con voto masculino y femenino se habían celebrado hacía “más o menos 75 años”. ¿Para averiguarlo era necesaria una prueba de carbono 14 o bastaba con ir a una hemeroteca o a algún libro de historia y localizar la fecha exacta? Entonces, ¿por qué esa imprecisión a la hora de enseñar esa fecha tan importante? ¿Por qué no decir que esos comicios se celebraron durante la Segunda República?
Según los franquistas iban creando las condiciones para su ingreso impune en la democracia, los paladines de las ciencias sociales dieron continuidad a los trabajos de Juan José Linz, que bautizó la dictadura del general Franco como “régimen autoritario”; es decir, casi democrático. Politólogos, sociólogos y periodistas comenzaron a construir una historia a la medida de los padres e hijos del franquismo y de una monarquía que debía inventar una imagen democrática después de que Juan Carlos de Borbón hubiera ido de la mano del dictador durante años.
En este contexto, el proceso de recuperación de la memoria iniciado hace unos años tiene entre sus objetivos reconocer que el origen de nuestra democracia está en el año 1933, momento en el que de verdad entró nuestro país en el siglo XX. Eso hace que al ver los crímenes del franquismo se exija justicia o, al conocer el abandono y el desprecio que han padecido por los padres y las madres de nuestro primer periodo democrático, se sienta que se ha llevado a cabo una usurpación de sus logros y sus luchas.
Sólo falta esperar a que las instituciones liberen la historia, dejen de utilizarla para el embellecimiento de dudosas biografías y conmemoren una fecha que fue un paso para la humanidad y un gran salto para nuestra sociedad.
Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Ilustración de Iker Ayestarán.
EMILIO SILVA BARRERA
En los últimos años han proliferado las publicaciones que justifican el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El ataque del general Franco al orden Constitucional, dicen, era necesario para detener el caos republicano. Y el precio del orden, decenas de miles de asesinatos cometidos por los generales sublevados. En un Estado que ilegaliza formaciones políticas que no condenan actos de violencia, quienes justifican el genocidio cometido por los franquistas son consentidos, incluso con la existencia de una fundación que tiene por objetivo principal el enaltecimiento de la figura del dictador.
Sin embargo, el propio general Franco contradijo esas teorías con la aprobación de una Ley de Amnistía que él mismo firmó, el 23 de septiembre de 1939. En ella declaraba amnistiables: “delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, cometidos desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936 por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional”.
De ese modo el generalísimo catalogó los tipos de agresiones ejercidas por quienes no aceptaron los cambios democráticos ocurridos con el advenimiento de la Segunda República. Haciendo un paralelismo revisionista podría decirse que la guerra comenzó el 14 de abril de 1931. Así lo explica el dictador que orquestó un terrible genocidio para erradicar la democracia y la cultura política que estaba generando la práctica de los derechos civiles. Lo que ocurrió el 18 de julio fue el inicio de una acción militar para alcanzar el objetivo que los fascistas no habían conseguido tras cinco años de violencia civil.
La lista de delitos que el general Franco amnistió en 1939 coincide con muchos de los que cometió: homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones. El franquismo nunca desactivó su violencia porque, como dijo el caudillo al inaugurar el Valle de los Caídos, “la antiespaña fue vencida y derrotada, pero no está muerta”.
Fallecido el dictador, quienes violaron derechos humanos dentro del régimen fascista quisieron obtener una amnistía que les blindara ante la justicia. Para ello dosificaron estratégicamente la liberación de presos políticos; esa sería su moneda de cambio. El goteo controlado de “suelta” de políticos contribuyó a crear la demanda de una Ley de Amnistía, cuando en una democracia bastaba con la decisión política de que salieran esos presos a la calle.
Desde opciones progresistas hay quien defiende esa amnistía como una conquista de las víctimas y acostumbran a utilizar la frase de Manuel Azaña: “Paz, piedad, perdón”. Precisamente, el partido político de Azaña, Izquierda Republicana, no fue legalizado hasta después de las elecciones de junio de 1977, para que no estuviera presente en el Parlamento que elaboró la Ley de Amnistía y la Constitución monárquica. Como él, ninguna formación política que en sus siglas llevara como seña de identidad el republicanismo pudo presentarse a esos comicios, según el Ministerio de Gobernación: “por ser contrarios a la forma de Estado”. ¿Qué forma de Estado si todavía no estaba aprobada la Constitución?
El trabajo de buena parte de las élites de distintas ideologías que pilotaron ese proceso de recuperación de las libertades fue esconder que la transición a la democracia había ocurrido antes del 18 de julio de 1936. Nuestra Transición fue la Segunda República y lo que ocurrió en los años setenta fue la recuperación de ese proceso democrático. Si durante la dictadura la versión oficial fue que los culpables fueron “los rojos”, el avance conquistado con la recuperación de las libertades fue que los dos habían cometido errores. Así se equiparaba a quienes atacaban al Gobierno legal y a quienes que lo defendían. Además, se abonó la impunidad con un sistema educativo que no ha enseñado a millones de ciudadanas y ciudadanos lo que fue la represión franquista.
Difrazada de “vamos a tratar a todos por igual”, la Ley de Amnistía selló la impunidad para los sublevados, como hizo Franco en 1939. ¿Alguien ha oído que en Nuremberg fueran amnistiados los aliados que liberaron a Europa del nazismo a pesar de que causaron miles de víctimas?
Pero, por si la ley no era suficiente, las élites franquistas obtuvieron la permanencia de un poder judicial adepto que hoy ha puesto contra las cuerdas al juez Garzón. Mientras tanto, miles de familiares de desaparecidos subsisten sin poder ejercer sus derechos fundamentales. Ocurre en un Estado cuyo representante en la Audiencia Nacional, el fiscal Javier Zaragoza, llamó crímenes comunes a los asesinatos de 113.000 hombres y mujeres, orquestados y cometidos principalmente en los tres meses posteriores al golpe del 18 de julio.
El problema de la impunidad no es sólo que agrede a las víctimas, niega el derecho y daña a la justicia. Se acaba convirtiendo en una cultura política que intoxica la vida pública. Lo que pudo parecer que allanaba el camino tras la muerte del dictador ha terminado siendo un enorme obstáculo para que mejore nuestra democracia.
Emilio Silva Barrera es Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
EMILIO SILVA
El 16 de julio de 1938 el Boletín Oficial del Estado franquista publicaba una orden firmada por Ramón Serrano Suñer: “Al cumplirse dos años de la lucha trémula y gloriosa que el pueblo español sostiene para salvarse de su muerte como Nación”. Así declara que la conmemoración del glorioso alzamiento debe llevarse a cabo el día 17 de julio, que será el Día de África en agradecimiento a las tropas de Marruecos; el día 18, que será feriado a efectos mercantiles y de trabajo; y el día 19, que se proclama “Día de la revolución nacional contra la supresión de las servidumbres a que la decadencia y el liberalismo habían sometido a España”.
Terminada la guerra en 1939, la maquinaria de la dictadura inició su ajuste de cuentas. Se aprobaron numerosas medidas reparadoras para quienes habían padecido el “terror rojo” o luchado junto a los militares sublevados: puestos en la administración pública para toda la vida (Ley sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados ex combatientes y ex cautivos, BOE 01/09/1939), pensiones para los que habían muerto apoyando al general Sanjurjo, en su golpe de Estado de agosto de 1932 (BOE 24/07/1939) o una amnistía para quienes habían cometido delitos contra la Segunda República que pudieran considerarse afines al movimiento (la violencia de la extrema derecha) desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936 (BOE 30/09/1939). Además, se llevaron a cabo exhumaciones de fosas comunes con el dinero de todos pero sólo de “víctimas de la barbarie roja” (BOE 17/05/1939).
Sobre ese espíritu se edifica un apartheid que divide la sociedad; miles de familias son obligadas a despojarse de su identidad, de su pasado, de sus ideas, de sus sueños, para tratar de esquivar la mirada del vigía.
El 18 de julio se celebró de manera oficial, por última vez, en el año 1977, después de celebradas las elecciones, pero los privilegios que adquirieron los golpistas y sus colaboradores a la sombra de ese espíritu sembrado de terror han alcanzado nuestro presente.
Hace unos meses, en una reunión de familiares de desaparecidos por la represión franquista, una mujer pide la palabra, se levanta, despliega un papel con nerviosismo y habla: “En mi pueblo hay una fosa”. Uno por uno lee los nombres de los enterrados en ella. Después, con la voz entrecortada, añade: “Ahora me callo porque me ha dicho mi madre que los lea, pero que no me signifique”. Entonces se sienta en silencio porque su madre le ha pedido que no opine ni se muestre cercana a esos muertos; en fin, que se comporte como si fuera insignificante. Esa fue y es aún la historia de miles de familias de desaparecidos, presos, exiliados, depurados y todo tipo de represaliados. Lo fue durante 40 años de dictadura y lo está siendo a lo largo de más de tres décadas de democracia.
El látigo franquista no se detuvo, con la colaboración de muchos miles de ciudadanos recompensados. El 1 de abril de 1959, al inaugurar el Valle de los Caídos, el dictador Francisco Franco alerta sobre una posible debilidad en el ejercicio de la represión: “No es época en que se puedan desmovilizar los espíritus después de la batalla, ya que el enemigo no descansa y gasta sumas ingentes para minar y destruir nuestros objetivos”.
Termina la dictadura y los violadores de derechos humanos evitan las consecuencias penales. Los gestores de la transición acuerdan además que la ignorancia sobre el pasado reciente sea una política de Estado, por lo que millones de ciudadanos no estudian nada que tenga que ver con la dictadura, quiénes formaron parte de su aparato de control y tortura o lograron importantes fortunas y sobresalientes carreras aprovechando su corrupción política, económica e ideológica.
Tras las elecciones municipales de 1979 llegan al poder local partidos que habían sido clandestinos. En La Rioja o Navarra se abren fosas comunes. Se trata de un movimiento creciente, sin apoyo institucional y apenas político, truncado el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero grita en el hemiciclo del Congreso, pistola en mano: “¡Quieto todo el mundo!”. Miles de familiares que habían iniciado el camino hacia la rehabilitación pública de sus seres queridos regresan a la insignificancia, por miedo a que despierte con fuerza el espíritu del 18 de julio. De ese modo, los franquistas añadieron a la impunidad política y jurídica que habían conquistado con la Ley de Amnistía de 1977 otra impunidad imprescindible: la social.
Tuvieron que pasar dos décadas para que la generación de los nietos, que no aprendieron en los colegios su historia reciente, buscara a sus abuelos, exhumara sus fosas, los reconociera públicamente e iniciara un cambio en la patológica relación que ha mantenido nuestra sociedad con el pasado de la dictadura. Desgraciadamente, miles de hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia y la defendieron de un golpe militar han muerto ignorados por las instituciones.
Lo que ha ocurrido en los últimos años: los homenajes, la apertura de fosas, la posibilidad de completar el duelo después de 70 años, las personas que por fin han perdido el miedo, el intento de apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, los miles de nietos que buscan expedientes, que entrevistan ancianos, que se emocionan al escucharlos, que devoran libros y documentales para saber, que han llenado Internet de preguntas y respuestas, la ayuda que cientos de voluntarios están prestando a miles de familias, todo eso es el camino que hemos comenzado a recorrer para llegar al final de la insignificancia.
Emilio Silva pertenece a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Ilustración de Mikel Jaso
