ERIKA RODRÍGUEZ
Los negocios, incluso los ilícitos, necesitan espacio propicio para crecer. El narcotráfico lo consiguió siendo el tráfico que mejor se adapta a la globalización y se aprovecha de las ventajas competitivas: tanto las condiciones propicias para los cultivos como las ventajas políticas y legales, perversas en este caso.
Una parte de América es un espacio hecho para y por el narcotráfico, capaz de profundizar las debilidades de los estados, convirtiéndose en una amenaza más allá de un problema de salud pública, pero sin dejar de serlo. México es un referente en este sentido. Además de la guerra de carteles, desde 2003 es el tercer cultivador de opiáceos y el consumo interno se duplicó entre 2002 y 2008. De país de tránsito pasó a ser productor, consumidor y víctima.
A nivel global hay más desafíos. Según la ONU, al consumo de derivados de la coca y el opio lo sobrepasa el consumo de drogas de diseño y cannabis, producidos localmente. No hay un aumento en los precios finales, los traficantes manipulan la calidad evitando subir el precio. Finalmente destaca la importancia de nuevas rutas de tráfico por África.
No es una novedad decir que es necesario reorientar la política antidroga, pero es un debate que sigue en el tintero de los temas pendientes. Y periódicamente se vuelve a hablar sobre despenalización del consumo. Recientemente, en la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, un coro de expresidentes iberoamericanos puso el tema sobre la mesa y pidieron consenso mundial al respecto. No es sencillo; de hecho, ninguno lo planteó estando en el poder. El tema suscitó también un encendido debate durante la campaña del referéndum organizado en California para la despenalización del consumo de cannabis y que finalmente fracasó.
Despenalizar el consumo permitiría orientar el problema como un tema de salud pública. Pese a ello, el argumento del presidente colombiano ante el referendo era razonable: “Que me digan si hay una forma de explicarle a un campesino colombiano que si produce marihuana lo vamos a meter en la cárcel y ese mismo producto es legal allá” (en California). Evidentemente esto refuerza la necesidad de un debate global, pero también cala en la realidad del cultivo de narcóticos ligado a la pobreza y desigualdad que imperan en América Latina. Despenalización y corresponsabilidad se solapan.
Aunque cada vez más países productores son también consumidores, aún el grueso del consumo se concentra en Europa y EEUU. En el marco de los acuerdos de corresponsabilidad se han desarrollado estrategias de la magnitud del Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, cuyo éxito es relativo o pobre. Ni el precio de las drogas aumentó, ni estas escasean, ni los cultivadores tienen mejores niveles de vida que desincentiven la producción. De hecho, el problema de los programas es que se valoran usando indicadores como incautaciones, detenciones o cambios de precio que no garantizan que llegue menos droga al mercado ni miden la incidencia en la generación de nuevas oportunidades agrícolas para los productores.
Hasta ahora, los programas de corresponsabilidad contemplan ventajas comerciales para productos provenientes de los países productores, pero la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, en sus siglas en inglés) firmada con EEUU ha cesado sin fecha exacta de renovación. Esto se suma al recorte de fondos del Plan Colombia y el Plan Mérida que obedecen a un cambio de estrategia por parte de Washington, que intenta aplicar sus recursos en áreas prioritarias geopolíticamente, muy lejos de Latinoamérica, mientras que en esta región busca desarrollar sistemas de cooperación y respuestas coordinadas.
La propuesta de configurar una estructura de colaboración entre Colombia, México y Centroamérica, lanzada por el encargado de la lucha contra el tráfico internacional de drogas americano y que previsiblemente presentará el presidente Barack Obama en su gira por América Latina, tiene sentido: mantener estrategias aisladas es poco operativo frente a un desafío que actúa de forma coordinada en el continente. Pero por otro lado también intenta desplazar cargas económicas de la lucha de planes específicos hacia un plan regional. La lucha antinarcóticos es muy cara para EEUU, aunque de hecho lo es más para México o Colombia, donde, de cada diez dólares que se destinan a la lucha antinarcóticos, nueve son recursos propios. Sin añadir el coste ambiental, social y humano que pagan los dos países.
La propuesta norteamericana cae en la misma trampa que sus antecesoras: los debates pendientes. Tanto los relativos al consumo como los que deberían tratar el desgaste en la lucha y en el sistema de corresponsabilidad y la culpabilidad de los estados (productores y consumidores) cuyas instituciones han sido permeadas por la corrupción. Además evita enfrentar el tema de las drogas de diseño que se fabrican en los mismos países consumidores. A pesar de conseguir coordinación, seguirá siendo una lucha llena de ambigüedades e incapaz de adaptarse a los desafíos que se le presentan, mientras el narco sigue haciendo eficazmente su trabajo.
Erika Rodríguez es Coordinadora del Panel América Latina OPEX de la Fundación Alternativas
Ilustración de Javier Olivares
ERIKA RODRÍGUEZ
Mientras los europeos se han asomado a 2011 con más temores que certezas en materia económica, una gran parte de los latinoamericanos verá 2010 y 2011 como dos de sus mejores años. América Latina no sólo no sufrió lo peor de la crisis, sino que en 2010 ya consiguió recuperar el crecimiento anterior a la misma, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) estima en el 6%, el más alto desde 2004. Para 2011, por su parte, el organismo es más austero y proyecta que el crecimiento de la región disminuirá al 4,2%. Aun así, en el marco de la desvencijada economía global, las proyecciones son halagüeñas.
La resistencia de América Latina a la crisis se explica en que esta vez la región siguió una actitud macroeconómica previsora y contracíclica que se sumó al aumento continuado de la demanda de materias primas en los últimos años y a la subida de los precios del petróleo y los minerales.
El aumento en la participación de las materias primas en las exportaciones en América del Sur, México, República Dominicana y los países de la Comunidad del Caribe
(CARICOM) ha hecho que el primer decenio del siglo XXI sea el de la “reprimarización”, una vuelta a la explotación de los recursos naturales en una región que cuenta con el 15% de las reservas de petróleo, gran cantidad de minerales, un cuarto de la tierra cultivable y el 30% del total del agua dulce del planeta.
De hecho, lo extraño es que a finales de los noventa, los productos primarios representaran únicamente el 26% de las exportaciones, cuando en los años sesenta y setenta fueron casi el 70% de las mismas y hoy en día son más del 55%. Esta caída y recuperación se explican en el aumento de los precios de los principales productos: petróleo, cobre, soja, café, banano, hierro y acero, directamente relacionado con el crecimiento de la economía china, que se ha convertido en el primer destino para las exportaciones de Brasil y Chile y en el segundo para las de Argentina, Costa Rica, Cuba y Perú. Para valorar la importancia de los recursos naturales, baste decir que el 90% de los latinoamericanos vive en países que son exportadores netos de bienes primarios. Pero como no todo lo que brilla es oro, la región ya ha perdido varias veces la oportunidad de aprovechar sus recursos para alcanzar el desarrollo. Pese a su riqueza natural y crecimiento económico, sigue siendo la más desigual del mundo.
Aunque los presidentes parezcan confiados en la tasa de crecimiento y en que el producto de las exportaciones soporte el grueso del gasto social, hay muchos motivos para la cautela. Hace falta obrar con prudencia, basándose tanto en la experiencia de otros periodos de auge –cuya oportunidad terminó desvaneciéndose– como en las debilidades de un modelo productivo tan susceptible a las variaciones de la economía internacional.
El marcado dinamismo de las exportaciones de materias primas no se ha visto acompañado por un crecimiento igualmente dinámico de los servicios asociados en materia de logística, mercadeo y biotecnología, entre otros. Además, los sectores primarios son de escaso valor agregado y con remuneraciones al trabajo muy bajas e inestables, por lo que no necesariamente repercuten en mejoras en el consumo interno y la calidad de vida de los trabajadores. Estos sectores también sufren más fuertemente la volatilidad de los precios y el deterioro de los términos de intercambio, lo cual los hace altamente susceptibles en un mundo que se debate en lo que se ha denominado la “guerra de divisas”.
Por otro lado, aunque se ha desplazado el esquema de producción Norte-Sur por uno Sur-Sur es posible volver a caer en modelos económicos tipo centro-periferia, esta vez con China en el eje, lo cual no representaría más que un retroceso en el posicionamiento económico global de la región. Finalmente, con la reprimarización, América Latina está colocando mayor presión sobre su base de recursos naturales, intensificando sus costes ecológicos y ambientales.
Convertir el auge de las materias primas en una oportunidad o caer en la “maldición de los recursos” está, ahora más que nunca, en manos de los gobiernos latinoamericanos. Es indispensable aprovechar el aumento de los recursos para afianzar un gasto social que fundamente transformaciones estructurales, evitando quedarse en políticas de subsidios masivos y asistencialismos que, a la larga, no traen más que
desestabilización una vez que se terminan los recursos para sostener los subsidios. Una fiscalidad sana y progresiva es una de las metas más importantes. Hace falta enlazar la producción primaria con el desarrollo de servicios asociados y con la innovación necesaria para aprovechar plenamente las ventajas comparativas y evitar el coste medioambiental.
Es también importante consolidar el comercio regional –en el que tienen un peso del 80% las exportaciones de manufacturas provenientes de pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo de calidad– y, finalmente, manteniendo las políticas macroeconómicas austeras y previsoras. América Latina no puede olvidar ni la tendencia cíclica de la economía ni la fragilidad del sistema económico global, tanto por las variaciones en el mercado de divisas como por la posibilidad de una nueva crisis financiera.
Para 2011, los gobiernos latinoamericanos deberían hacer una larga lista de buenos propósitos, y aprovechar que se han roto los paradigmas y que esta vez pueden ser los protagonistas de un giro en la larga historia de oportunidades perdidas de la región, para, de una vez por todas, transformar los indicadores económicos en verdaderas mejoras sociales.
Erika Rodríguez es Coordinadora del Panel América Latina OPEX de la Fundación Alternativas.
Ilustración de Iker Ayestarán
ERIKA M. RODRÍGUEZ
En los últimos meses Colombia ha conseguido ocupar numerosos titulares de prensa en el mundo. Los golpes militares contra la guerrilla de las FARC han hecho que se vislumbre el posible fin del conflicto armado en el país.
En el marco de la mejora de las condiciones de seguridad, el presidente Santos estableció como una de sus prioridades la ley de reparación de víctimas y la ley de restitución de tierras. Los dos proyectos legislativos buscan reparar a las víctimas del conflicto armado, tanto por las lesiones y crímenes contra las personas como por la sustracción de tierras y pertenencias.
Se estima que entre dos y seis millones de hectáreas de tierra fueron tomadas ilegalmente en los últimos 15 años por los actores armados, lo que ha dejado más de tres millones de desplazados en el país. Se estima también que en los últimos 20 años han muerto a causa del enfrentamiento entre Gobierno, guerrillas y paramilitares unas 120.000 personas, 50.000 han sido víctimas de desapariciones forzadas y unas 8.000 sufren minusvalías permanentes por minas antipersonas. Estas cifras son apenas un esbozo de la gravedad de las heridas que ha dejado el conflicto.
Ante un coste humano y social tan alto, la noticia de una ley de reparación de víctimas es alentadora. A la inédita voluntad política, se suma el reconocimiento de la existencia de víctimas de agentes del Estado y un esquema de reparación integral y no sólo de indemnización. Además de los avances en los proyectos de ley, hay que resaltar la adhesión de Colombia a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas.
Pero, a pesar de las buenas intenciones, la paz y la reparación efectiva de las víctimas en Colombia entrañan más incertidumbres que certezas.
En primer lugar por el espíritu mismo del proceso de reparación: se intenta poner en marcha un proceso de justicia transicional en el marco de un conflicto armado activo, por lo que el carácter “transicional” del mismo no es muy claro.
Otras incertidumbres han sido formuladas por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, que teme que el texto legal confunda la reparación con ayuda humanitaria o social. Esta confusión podría hacer que la Corte Constitucional la declare inexequible, pues ha sido enfática en que la ayuda humanitaria es eso, humanitaria, y no una reparación a las víctimas del conflicto. Otro de los temores en este sentido es que la ley no se ha consultado con las comunidades indígenas y afroamericanas, tal como lo dispone la Constitución Colombiana.
La Organización de Naciones Unidas, por su parte, expresó sus preocupaciones por la protección a las víctimas, las garantías de no repetición y la asistencia tecnológica y económica a los despojados, a quienes se les pretende restituir sus tierras. El Estado no puede garantizar la seguridad de las víctimas a que se les restituyan las tierras, porque el conflicto aún está activo. Asimismo, la ONU resalta que no basta con devolver la titularidad de los predios a los campesinos, necesitan hacerlas productivas y eficientes por lo cual la ley de restitución debe acompañarse con otras de apoyo integral a la producción agrícola minifundista.
Además de las inquietudes expresadas, la puesta en marcha de los mecanismos de reparación tiene grandes desafíos en su aplicación. Por un lado están las dificultades técnicas para evaluar la posesión original de las tierras y los procesos de despojo. Por otro lado, en el plano financiero, la finalización de la guerra va a ser tan costosa como ha sido la guerra misma.
El vicepresidente de Colombia calculaba recientemente el coste de la reparación de las víctimas en 27.000 millones de dólares. La ley se ha redactado primando para su cumplimiento la sostenibilidad fiscal, pero se necesita mucho más que voluntad para conseguir tal cantidad de dinero, ni con reforma fiscal, ni pidiendo ayuda a la comunidad internacional –tan dada a prometer pero tan austera en cumplir– parece que esta cifra tenga alguna viabilidad, más aún en los tiempos de crisis que corren.
Si lo que se busca es la paz, a la reparación de las víctimas y la restitución de tierras habrá que sumarle además los costes del final de la guerra, tales como los procesos judiciales contra los victimarios, los cargos que tenga que pagar el Estado por su posible responsabilidad y la reintegración a la vida civil de los antiguos combatientes, dado que la magnitud del conflicto hace que se prevea imposible que todos sean encarcelados.
Un proceso de paz verdadero implicaría no sólo dinero para restituir a las víctimas sino una población dispuesta a asumir el coste económico y social de reintegrar a víctimas y victimarios en la economía formal y de asumir la verdad de las atrocidades de la historia reciente del país. La única superación efectiva y viable de la guerra está en la verdad histórica. Es indispensable que el país entero haga los sacrificios necesarios para conseguir sacar a la luz la verdad de la historia colombiana.
La comunidad internacional, por su parte, tendrá que jugar un papel preponderante, no ya en cubrir las expectativas económicas del Gobierno para conseguir recursos para la restitución, sino en apoyar políticas de cooperación que permitan reforzar una verdadera “transición” y apoyen al Gobierno en la solución de los déficits estructurales que han alimentado la confrontación, especialmente la desigualdad social.
La paz aún es lejana, pero es menester aunar voluntades dentro y fuera del país para seguir una senda que no será ni fácil, ni barata, ni corta, pero de la cual se están recorriendo los primeros pasos.
Erika M. Rodríguez es coordinadora del panel América Latina OPEX de la Fundación Alternativas
Ilustración de Mikel Casal
ERIKA M. RODRÍGUEZ PINZÓN
Antes de tomar posesión de su cargo, el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, está esforzándose por demostrar que va a imponer un modelo de gobierno propio, distanciándose del saliente Álvaro Uribe. Una de las áreas en las que es más clara la intención de imponer patrones propios es en materia de relaciones internacionales.
Santos intenta que su legitimidad electoral esté acompañada de apoyo internacional. Con ese objetivo viajó por Europa, entrevistándose con los dignatarios de Reino Unido, Alemania, Francia y España y otras personalidades. En la gira reveló también su intención de solicitar la entrada de Colombia en la OCDE y se aplicó en reunir apoyos a la candidatura.
Aunque el interés por estrechar relaciones con Europa no puede interpretarse como una desvinculación de Estados Unidos –que sigue jugando el papel central en las relaciones exteriores colombianas–, su política apunta en positivo en varios sentidos. En primer lugar, al nombrar Canciller a María Ángela Holguín, por su alto nivel técnico y experiencia en la carrera diplomática. En segundo lugar, con la apertura de las relaciones hacia otras latitudes, la pretensión de mejorar las tensas relaciones con los países vecinos y el interés en incluir nuevos temas en la agenda internacional.
Sin embargo, algunas de sus declaraciones parecen dar dos pasos atrás hacia el discurso exterior errático y alejado de la realidad nacional que caracterizó al anterior Gobierno.
Santos se refirió a los problemas como el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo como “historia pasada”. Exaltó su idea de que Colombia se convierta en asesora de otros países en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pese a que Santos insiste en mostrar los problemas de inseguridad como un fenómeno superado en Colombia, en todas las ruedas de prensa los periodistas continuaron acusando preguntas sobre los derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. Asimismo, Amnistía Internacional se dirigió previamente al presidente español para pedirle que reclamara apoyo para las y los defensores de derechos humanos y el fin de la justicia militar para enjuiciar violaciones de derechos humanos en el país.
Ni las organizaciones de derechos humanos ni los periodistas se basan en una idea difusa de la realidad del país, como siempre lo sugirió Uribe. Se basan en que Colombia vive una grave situación de inseguridad que genera cuantiosas pérdidas humanas y económicas y que está ligada no sólo a la existencia del narcotráfico, sino a un profundo déficit social e institucional.
Es cierto que es necesario incluir temas nuevos en la agenda internacional, el medio ambiente es de hecho uno de los más importantes. Es asimismo necesaria una desnarcotización de la política exterior e incluso es viable que, dadas las expectativas de crecimiento económico del país, se le incluya en la OCDE. Pero ante todo hace falta reconocer que en Colombia la historia del conflicto no se ha cerrado, el narcotráfico, la guerrilla, el neoparamilitarismo y sobre todo las violaciones de los derechos humanos son pan de cada día. Lo saben bien los interlocutores europeos. Si Uribe no pudo acabar con la existencia del conflicto sólo negando su existencia, Santos tendría que saber que tampoco él puede borrar la imagen negativa de Colombia y de su Gobierno cambiando de tema de conversación o dándolo por superado.
La seguridad sigue siendo prioritaria, no ya la militarización, pero sí las políticas para la consecución de una seguridad de carácter humano. Contar con la experiencia del juez Garzón es una idea notable, pero hay que ir más allá. Hace falta una política de Estado de transparencia absoluta en esta materia, hace falta voluntad política y hace falta una superación social del conflicto y sus causas, incluida la reparación a las víctimas.
Santos debe mostrar respeto por las reglas de juego a todo nivel. No puede ser más el Juan Manuel Santos, ministro de Defensa que autorizó un ataque a la guerrilla en territorio ecuatoriano. Tiene que ser el presidente que debe convencer a los demócratas del Congreso estadounidense y a los parlamentarios europeos de la ratificación de los tratados de libre comercio, mostrando que Colombia mejora “sustancialmente” su situación de derechos humanos y que el Gobierno será el primer defensor del Estado de derecho.
Colombia no puede desviar las acusaciones internacionales jugando al papel de víctima, ni caer en el síndrome de la negación, ni mucho menos vender los éxitos de una política de seguridad que todavía no ha conseguido cumplir su cometido.
Europa debe aprovechar y estrechar la relación con Colombia reconociendo su vitalidad económica y su papel como puerta de entrada a América del Sur, pero también debe mostrarle a Santos que la transparencia de su Gobierno será su más valiosa carta de presentación. Por encima de cualquier vía ideológica o diplomática serán los hechos y los indicadores sociales los que hablen para demostrar si Santos es capaz de desmarcarse de Uribe y superar las graves deficiencias del anterior Gobierno.
Erika M. Rodríguez Pinzón es socióloga, coordinadora del Panel América Latina de la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordóñez.
