Horror en la cárcel más poblada
ESTEBAN BELTRÁN
El 27 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, siete estudiantes palestinos acababan de salir de una escuela dirigida por Naciones Unidas en Gaza y se dirigían a sus casas. Una bomba del Ejército de Israel los sepultó para siempre entre cascotes y escombros. Ese mismo día y a la misma hora, Muhammad al-Awadi estaba contento porque le había salido bastante bien el examen. Salía también de la escuela Carmel, situada en el centro de Gaza, cerca del edificio de la policía de Al-Abbas. Como cada día, regresaba al orfanato donde vivía con su hermano cuando cayó herido de extrema gravedad en el bombardeo de la comisaría por parte de Israel. El 30 de diciembre moría en el hospital.
Estos ocho niños vivían probablemente de la ayuda internacional, como la mayor parte del millón y medio de los habitantes de Gaza: la cárcel informal mas grande del mundo, especialmente desde junio del año 2007.
En realidad, en los últimos diez años parece imparable el deterioro de las condiciones de vida de la población civil que se hacina en esta franja de tierra, convertida por el bloqueo israelí en un establecimiento penitenciario no oficial. Valga como ejemplo que, a finales del siglo pasado, sólo el 10% de la población vivía de la ayuda internacional. Hoy, el 80% de la población de Gaza se ve obligada a sobrevivir mediante ayuda externa. Además, aproximadamente el 90% de la industria que existía entonces –incapaz de importar materias primas, de exportar productos y sin combustible para que funcione la maquinaria– ya ha cerrado. Las pocas fábricas que siguen abiertas funcionan a una mínima parte de su capacidad.
Pero sí, en junio de 2007, el Gobierno de Israel intensificó todavía más el bloqueo a Gaza castigando colectivamente a su población, como si toda ella tuviera que pagar por los aproximadamente 25 israelíes muertos por los cohetes lanzados por grupos armados palestinos a ciudades y pueblos del sur de Israel. Este bombardeo debe terminar, es ilegítimo y ocasiona sufrimiento y zozobra a los israelíes que lo padecen, pero en ningún caso puede justificar el encarcelamiento de facto de cientos de miles de inocentes. Un ejemplo de este castigo colectivo es la restricción a la franja de entrada de combustibles que ha provocado, desde abril del año pasado, la clausura de al menos 15 pozos que utilizaban generadores diésel para bombear el agua. La consecuencia es que 150.000 personas no tienen acceso regular a agua potable en la ciudad de Gaza y en el centro de la franja.
En ese mismo mes de abril, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) tuvo que suspender la distribución de alimentos a 650.000 personas durante cuatro días, también debido a la falta de combustible.
El Ejército de Israel, que tiene la llave de la cárcel, también restringe la libertad de movimiento de los habitantes de Gaza fuera de su territorio, y desde aquel junio del año 2007 más de 50 personas han muerto porque se les impidió salir de la franja cuando necesitaban recibir tratamiento y atención médica de urgencia no disponible en los hospitales locales.
El bloqueo afecta a la vida diaria
de cientos de miles de personas y hay algunos testimonios de los últimos de la fila que, como el de la Sociedad Atfalouna para Niños Sordos, ilustran al detalle la vida miserable en esta cárcel de tierra en que se ha convertido Gaza. Esta es la única escuela para personas sordas en la franja. Presta servicio a 275 alumnos y alumnas de entre 4 y 17 años. Su directora dijo a Amnistía Internacional: “Proporcionamos audífonos y baterías al alumnado, pero desde hace más de seis meses no podemos conseguir baterías; a la última remesa se le impidió la entrada en Gaza… Y, desde mediados de abril, nos hemos visto obligados a cerrar la escuela porque no hay combustible para los autobuses que traen a los niños y niñas de toda la franja.”
El 27 de diciembre, a las 11:30 horas, en el preciso momento de salida de las escuelas y de forma inesperada, comenzó el bombardeo por parte de Israel a la gran prisión de Gaza sin, además, dejar entrar en ella a testigos independientes, como periodistas y trabajadores humanitarios, que puedan documentar lo que está ocurriendo.
Únicamente se sabe que, en los últimos nueve días, casi de 500 palestinos han muerto –al menos una cuarta parte de ellos civiles desarmados– y otros 2.000 han resultado heridos en los bombardeos.
Debemos dejar claro que la supuesta seguridad nacional de Israel no justifica lo injustificable. El bombardeo de viviendas y edificios civiles supone un ataque indiscriminado y desproporcionado y, por tanto, ilegítimo, contra la población civil palestina y debe cesar. Hamás debe terminar también con el lanzamiento de cohetes a ciudades de Israel; nada justifica esta violación de las leyes de la guerra.
Del mismo modo, es absolutamente inaceptable que Israel continúe privando deliberadamente de alimentos y otros productos indispensables a 1,5 millones de personas. Se debe permitir a los heridos el acceso a los hospitales israelíes y a los hospitales palestinos de Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania. Y las autoridades egipcias también deben recibir en los hospitales de su país a quienes necesiten atención médica.
La comunidad internacional, en especial los integrantes del Cuarteto (Naciones Unidas, la UE, Rusia y EEUU) y los países de la Liga de Estados Árabes, deben ir más allá de las meras palabras y tomar medidas concretas para presionar a ambos bandos en el conflicto, con objeto de que pongan fin a los abusos que están cometiendo contra el derecho internacional. Ahora, con la invasión terrestre del Ejercito israelí, los civiles no pueden ser dejados en la ratonera.
La cárcel está siendo bombardeada por quien tiene las llaves, sin testigos incómodos, sin permitir huir a la población y sabiendo que, si se produce la invasión de Gaza por tierra del ejército de Israel, no habrá un lugar seguro donde puedan esconderse los civiles.
Esteban Beltrán es Director de Amnistía Internacional en España
Ilustración de Diego Bianchi
Hace exactamente tres años, el 21 de febrero de 2005, ocho personas fueron asesinadas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, Colombia. Entre ellos, había tres niños: dos fueron degollados y el otro, decapitado. Para esta comunidad, tachada de subversiva por intentar permanecer al margen del conflicto armado que asola el país desde hace décadas, esta matanza era algo casi habitual. Desde su creación en 1997, más de 160 miembros de la Comunidad han sido víctimas de homicidio o desaparición forzada. Los responsables: las fuerzas de seguridad, sus aliados paramilitares y los grupos guerrilleros.
