FÉLIX POBLACIÓN
Acabamos de saber que al arzobispo Óscar Arnulfo Romero lo mató un sicario por 114 dólares. El dato lo reveló en una entrevista el ex capitán Rafael Álvaro Saravia, única persona condenada hasta hoy por el asesinato. Saravia, prófugo de la justicia desde que un tribunal estadounidense lo condenó en 2004, desapareció ese año y comenzó a huir de sí mismo, según escribe el periodista Calos Dada en la entrevista publicada recientemente en el diario salvadoreño El Faro.
Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 durante el ofertorio de la misa que oficiaba en la iglesia de la Divina Providencia de San Salvador. Bastó un disparo en el corazón, ejecutado a poco más de 30 metros con un rifle con mira telescópica, para acabar con su vida. Desde ese día hasta la fecha, según la Organización No Gubernamental Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas –la misma que posibilitó el procesamiento de Saravia–, no se ha hecho prácticamente nada en el país centroamericano para saber la verdad. Es posible que el asesinato de Romero fuera decidido por el fallecido líder anticomunista Roberto d’Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que gobernó El Salvador desde 1989 hasta el año pasado.
Saravia no niega la participación de D’Aubuisson, pero sí que el ejecutor perteneciera a su equipo. Según el ex capitán, que huyó a California nada más cometerse el magnicidio, fue Mario Molina, otro conspirador e hijo del ex presidente Arturo Armando Molina, quien contrató al tirador, compró el arma y buscó la escolta que protegió al sicario. Sólo el chofer del vehículo que condujo al asesino hasta la iglesia pertenecía al equipo de D’Aubuisson. Confiesa Saravia que fue él quien pagó al ejecutor la cantidad de mil colones, 114 dólares al cambio actual.
Según Jesús Delgado, biógrafo de Óscar Arnulfo Romero, Roberto d’Aubuisson únicamente fue una pieza de la llamada Operación Piña, no el inductor de asesinato para la que fue programada. Por eso, mientras se desconozca la autoría de quienes idearon el magnicidio, el caso sigue abierto hasta que el Estado se decida a investigarlo y no se limite, como hizo recientemente el actual presidente salvadoreño Mauricio Funes, a pedir perdón en nombre del Estado.
Si esta es la censurable actitud de la justicia 30 años después, no menos recriminable es la de la Iglesia vaticana con relación a uno de sus pastores, cuyo compromiso con el mensaje solidario del Evangelio en pro de los más humildes fue decisivo para que acabaran con su vida.
Hay dos fechas en los últimos años de monseñor Romero que marcan la trayectoria del arzobispo antes y después de su nombramiento. En 1975, según anota Braulio Hernández en su artículo publicado en Eclesalia, Óscar Arnulfo Romero se limita a consolar a los familiares de unos campesinos asesinados por la Guardia Nacional alegando que portaban armas, cuando lo único que llevaban eran biblias. La tibieza de su reacción hizo creer al Gobierno y al estamento oligárquico que lo sustentaba que Romero podría ser un arzobispo idóneo para contrarrestar el espíritu subversivo de la Teología de la Liberación. Sin embargo, semanas después de su toma de posesión, el elegido tendría una reacción muy distinta tras el asesinato en marzo de 1977 de su amigo el jesuita Rutilio Grande y dos de sus colaboradores. El arzobispo se sumó a la gran eucaristía celebrada en la catedral de San Salvador, a la que asistieron 100.000 feligreses. Según el artículo aludido, Romero dijo ese día, comparándose con el ciego del aljibe de Siloé, que Rutilio le había abierto los ojos.
Dos veces se entrevistó el arzobispo con Juan Pablo II. En la primera le presentó un amplio informe sobre las violaciones de los derechos humanos en El Salvador, ante el que Wojtyla se limitó a objetar que tenía poco tiempo para tanta lectura, así como a recomendarle que “le convenía ir de acuerdo con el Gobierno”. Cuenta su biógrafo que monseñor Romero salió llorando de esa audiencia, celebrada en mayo de 1979, el mismo año en que se inició en su país una larga y sangrienta Guerra Civil: “El Papa no me ha entendido, no puede entender porque El Salvador no es Polonia”.
El segundo encuentro fue en enero de 1980. Juan Pablo II celebró que defendiera la justicia social pero también le advirtió de los riesgos del marxismo, a lo que el arzobispo replicó que “el anticomunismo de las derechas no defendía la religión sino el capitalismo”. El sentido de estas palabras fue similar al de las pronunciadas dos meses después con inmediatez premonitoria por monseñor Romero, segundos antes de su asesinato: “Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo”.
Dice el jesuita Jon Sobrino que la historia de la Iglesia en América Latina se divide en antes y después de monseñor Romero. La incompetencia de los tribunales para hacer justicia y la elusión del Vaticano para incluirlo en su santoral son coincidentes. Los primeros son incapaces de buscar y sentenciar a los culpables y la Iglesia echa en el olvido a uno más de sus mártires comprometidos con la Teología de la Liberación. Al fin y al cabo, Romero no hizo caso a Wojtyla: no se acomodó al Gobierno que trajo, entre tantas muertes impunes, la suya propia.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Patrick Thomas
FÉLIX POBLACIÓN
El año en que se conmemoraba el centenario del nacimiento de Pablo Neruda (1904), apareció en una publicación chilena una carta firmada en Münster (Alemania) por Isabel Lipthay en la que daba cuenta de su visita a un pequeño cementerio de la ciudad holandesa de Gouda. Allí, por indicación de su amigo chileno Antonio
Reynaldos, Lipthay descubrió la tumba de Malva Marina, la hija olvidada del poeta sobre cuya existencia Neruda guardó un largo y cerrado silencio. “Aquí descansa nuestra querida Malva Marina Reyes –se puede leer en holandés en la lápida–,
nacida en Madrid el 18 de agosto de 1934, fallecida en Gouda el 2 de marzo de 1943.
El poeta y su primera esposa, la ciudadana holandesa María Antonieta Hagenaar, se conocieron en Birmania, donde Neruda fue cónsul, y se casaron en Singapur en 1930. Malva Marina nació en la capital de la España republicana cuando su padre fue trasladado a nuestro país. Por entonces, la buena avenencia en el matrimonio estaba ya resentida. Neruda había conocido a Delia del Carril y Maruca –así llamaba el poeta a María Antonieta– había pasado de ser una mujer atractiva, rubia y elegante a convertirse en una persona distante y melancólica. La hija esperada llegó además al mundo con una enfermedad incurable: hidrocefalia. Acerca de Malva Marina y su madre, dos personajes en sombra esquivados en el currículo afectivo del poeta, se publicaron en Chile y Holanda dos libros que los enfocan y rescatan para la luz pública.
Bernardo Reyes, sobrino-nieto de Neruda, es el autor de El enigma de Malva Marina, sobre cuyo argumento posiblemente haga una película el realizador chileno Fernando Valenzuela. Reyes, que trata de contextualizar las circunstancias personales en que Neruda gestó Residencia en la tierra, hace constar que, tras la separación del matrimonio en 1936, Neruda visitó a su hija en Holanda, donde su madre la dejó al cuidado de una familia hasta la fecha de su muerte. Está documentado que el poeta viaja a La Haya desde París en agosto y noviembre de 1939 para ver a Maruca y a Malva Marina, a quienes también mandaba dinero. Esos viajes coinciden con la etapa en que Neruda estaba volcado en ayudar a los casi dos mil refugiados republicanos que, desde Francia, partieron hacia Chile en el mercante Winnipeg, arrendado por el consulado de ese país en España.
En cuanto a la personalidad de Maruca, Bernardo Reyes recurre al testimonio de la escritora María Luisa Bombal, que fue amiga de María Antonieta, para calificar como de amor y odio la relación que mantuvo con el poeta, pese a la felicidad que trasuntan los testimonios escritos que Neruda aportó durante su etapa de recién casado. María Antonieta, según Bombal, era un ser complejo que fue cayendo en un proceso de deterioro, contradicciones y ambiciones truncadas.
No es esa la versión que ofrece la escritora holandesa Pauline Slot en su novela sobre Malva Marina Es tan largo el olvido, publicada recientemente en su país. Basándose sobre todo en la voluminosa, exhaustiva y documentada biografía de Pablo Neruda Las furias y las penas, de la que es autor David Schilowsky, y también en los testimonios orales de quienes la conocieron en Holanda, Slot estima que Maruca fue una mujer cultivada, amable y enamorada de Neruda, que se sintió herida por las relaciones que el poeta mantuvo con otras mujeres, pero que siempre quiso salvar su matrimonio. Certifica la escritora holandesa que el poeta enviaba dinero a su primera mujer a lo largo de la breve existencia de Malva Marina, si bien de modo muy irregular. Al telegrama en el que Maruca comunica a su ex marido que la niña ha muerto, responde el poeta concisamente, como si quisiera subrayar con su laconismo el punto final y definitivo a un pasaje de su vida marcado por el nombre y la memoria de su hija, de la que ya jamás se volverá a acordar en sus escritos. Muere Malva Marina el mismo año en que Neruda disuelve su matrimonio con Maruca en México y se casa con Delia del Carril.
Es muy probable que nunca se despeje el enigma de Malva Marina que presenta a la hija de Pablo Neruda como una criatura del silencio o una víctima de un largo olvido, después quizá de un corto amor, tal como dice el poeta en sus Veinte poemas de amor, dedicados a otra de sus mujeres, Albertina Azócar. Hay en toda esta historia un azaroso y conflictivo entorno histórico que a nadie debe pasar desapercibido. En medio de las guerras y los exilios, sobresale el apoyo generoso de Neruda a los refugiados españoles y el reencuentro del poeta con su hija enferma. Extraña que, en medio de la diáspora de quienes huyen de la barbarie represiva y todos los demás desastres de las guerras, Malva Marina se quede en Holanda, marcada su breve existencia por la huida del país en que nació, sumido en una sangrienta conflagración civil, y la ocupación nazi de Holanda, nación donde murió y donde fue hallada mucho después su sepultura. No habría sido posible esto último si el antiguo cementerio de Gouda no hubiese sido declarado monumento nacional, pues los derechos de la tumba, pagados por Maruca, habían expirado en 2003.
Malva Marina, cuyo nombre obedece sin duda a la querencia de su padre por el mar, apenas fue nombrada por el poeta en sus escritos. De las pocas palabras que la literatura dedicó a la hija del silencio de Pablo Neruda, aparte esas contadas referencias en varios poemas de Residencia en la tierra, las más elocuentes quizá pertenecen a dos poetas que pagaron con su vida dar su voz durante aquel periodo histórico de represión y muerte en que discurrió la existencia de la niña enferma. De Miguel Hernández se conoce una carta y de Federico García Lorca unos “Versos al nacimiento de la niña Malva Marina Neruda”: “Niñita de Madrid, Malva Marina, / no quiero darte flor ni caracola; / ramo de sal y amor, celeste lumbre / pongo pensando en ti sobre tu boca”.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Iker Ayestaran
FÉLIX POBLACIÓN
La noticia de que los restos de Federico García Lorca no se encuentran en Alfacar (Granada), tal y como desde hace más de 40 años sostenían algunas reputadas investigaciones históricas, vino a coincidir con la firma de unos convenios entre el Ministerio de Justicia y siete comunidades autónomas para diseñar un mapa de fosas, previsto en la Ley de Memoria Histórica. Según esos convenios, el departamento de Justicia y los gobiernos autonómicos firmantes establecerán unos parámetros comunes en todo el país para verificar ese mapa y crear una base de datos sobre la ubicación de las fosas y sus características, entre las que se consignará –si es posible– la identidad de las personas enterradas. La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo presentó en su día al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, una lista con los nombres de los 143.353 desaparecidos, de los que 42.131 corresponden a Andalucía, con el nombre de García Lorca a la cabeza de tanta masacre.
El hecho de que los restos del poeta de Granada, así como los de quienes le acompañaron en su trágico final, no hayan aparecido en el lugar donde se los ubicaba, ha venido a rescatar teorías varias acerca de su enterramiento. Ian Gibson, que con Agustín Penón se basaba en el testimonio directo de Manuel Castilla (el enterrador) para suponer que el lugar era Alfacar, se inclina ahora por otra teoría verosímil, la aportada por el ex vicepresidente de la Diputación de Granada hace un año. Según Ernesto Molina, durante la construcción del parque Federico García Lorca, en 1986, fueron hallados restos humanos. La única información aportada al respecto, según Gibson, habla de que esos huesos fueron enterrados en otro lugar del parque, sin más pormenores.
Otra alternativa que se baraja es la ampliación del ámbito de investigación a una zona próxima conocida como El Caracolar, que se encuentra a sólo medio kilómetro del lugar donde la búsqueda no tuvo éxito, y que según el ex presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el historiador González Arroyo, podría dar resultados positivos. No faltan entre las hipótesis la que se inclina por la posibilidad de que las autoridades franquistas llegaran a exhumar el cadáver del poeta en connivencia con sus familiares, que como se sabe se resistieron en un principio a que se llevaran a cabo los trabajos de búsqueda. Hay también suposiciones que sitúan los restos en el Valle de los Caídos, como los de tantas otras víctimas republicanas trasladados hasta allí por sus verdugos. Puestos a especular, hasta se ha mentado la teoría novelesca desarrollada por Fernando Marías en su libro La luz prodigiosa: García Lorca, después de haber sobrevivido a su fusilamiento, habría acabado su existencia muchos años después, de muerte natural, en el convento de monjas donde viviría enfermo de amnesia hasta 1951.
Señalaba Azaña, con motivo del traslado de los restos del escritor Ángel Ganivet –que se suicidó en Finlandia–, y sin saber que su destino post mortem también podría haber sido el mismo, el morbo histórico que caracteriza a los españoles en esa inerte materia, hasta el punto de afirmar don Manuel: “Lo primero que se hace con los hombres ilustres es desenterrarlos.
En España la manía de la exhumación sopla a ráfagas”. Manuel Azaña fue enterrado en el cementerio de Montauban (Francia), localidad donde falleció bajo las penalidades de la gran diáspora republicana, y el poeta granadino no tiene todavía lápida que identifique su sepulcro. Esas dos circunstancias reflejan respectivamente, en las figuras de dos grandes personalidades de nuestra cultura, el destino de miles de republicanos muertos en el exilio y el de tantos otros enterrados en las fosas del olvido y para los que tan dilatada y laboriosa está siendo la justa reparación de su memoria, 30 años después de la muerte del dictador.
Manuel Vicent, en su columna de contraportada en El País el pasado domingo, calificaba como una gran ingenuidad “no sospechar que el franquismo hizo todo lo necesario para evitar que el cuerpo de García Lorca fuera un día rescatado, dejándolo a un metro bajo tierra a merced de cualquiera que pudiera levantarlo como una bandera”. Esa creencia, en efecto, es muy propia del nacional-catolicismo que apoyó aquella desalmada cruzada –de la que sigue haciendo enseña la Iglesia de nuestros días con el beaterio de sus mártires–, por lo que no sería de extrañar que los verdugos la aplicasen como prevención para erradicar toda trascendencia de ese tipo sobre el cadáver desaparecido del poeta.
Federico García Lorca fue ejecutado durante aquel sangriento verano de 1936. Fueron, en total, en torno a 5.000 los granadinos que siguieron igual suerte al término de la contienda. Por tratarse de una de las figuras más sobresalientes de nuestra cultura, su asesinato tuvo una amplia repercusión como prueba fehaciente de la barbarie franquista, que ni siquiera reparó en la posibilidad de tales consecuencias. Si el de Lorca fue entonces el nombre de cabecera para simbolizar ante el mundo el carácter de una represión brutal y despiadada, cabe vincular ahora la ausencia de los restos del poeta –al menos allí donde se esperaba encontrarlos– con la de esos más de 100.000 víctimas que siguen desaparecidas en las fosas sin seña de España. Con ello, el nombre del más universal de nuestros poetas recobra, reforzada por esas circunstancias, la dimensión que a su muerte le dio el conmovedor poema de don Antonio Machado, tan perspicaz al abrazar con sus versos la necesidad de nuestra memoria histórica: “Se le vio caminar… Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga: el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!”.
Félix Población es periodista y escritor
Ilustración de Juan Ossorio
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Hasta hace un par de meses, que se lo escuché decir a Gerhard Hoffmann, sólo sobrevivían cinco de los 1.400 brigadistas internacionales austriacos que como él acudieron a combatir el fascismo en la Guerra de España junto a la II República. Casi 300 encontraron la muerte en el conflicto, según Hoffmann, que acaba de dar a conocer esas y otras vivencias en un libro presentado este mismo otoño en el Instituto Cervantes de Viena y cuyo título aproximado en español deja entrever la azarosa e intensa existencia de su protagonista: Barcelona-Gurs-Nicaragua: un tortuoso camino a través del siglo XX.
Hay dos capítulos en estas memorias –redactadas en alemán y cuya traducción al castellano quizá interese pronto a una editorial española– que resultan muy significativos para entender la trayectoria biográfica de Gerhard Hoffmann y el grado de compromiso de su ideario socialista. El primero se refiere a la ocupación de Austria por el Tercer Reich, cuando el autor –que lleva un tiempo internado en la cárcel por su temprana militancia en las Juventudes Comunistas– es liberado al tiempo que los reclusos nazis acusados de haber participado en el asalto a la cancillería y el asesinato de su titular Dolfuss en 1934.
Coincidiendo con la entrada del ejército de Hitler en su país en marzo de 1938, le llega a Gerhard una carta de su hermano mayor, combatiente de las Brigadas Internacionales, escrita desde el frente de Teruel y donde le expresaba su confianza en la victoria de la República, convencido de que con ella contribuiría a la libertad e independencia de Austria. Gerhard Hoffmann decide incorporarse a la lucha y ese mismo verano viaja a Barcelona. En su equipaje lleva un preciado manual de gramática que le regaló su padre para que estudiara en prisión la lengua en que entendería ese destino. Se titulaba Mil palabras en español y nunca olvidó la primera frase que aprendió en nuestro idioma: “Qué bonito es el trabajo visto desde lejos”.
El otro capítulo se refiere a la participación de Hoffmann en la resistencia francesa durante la ocupación nazi. A tal fin adopta un nombre falso, Alejandro Giral, y vive bajo esa identidad la liberación del país vecino, con la histórica entrada en las calles de París de los tanques con topónimos españoles, tripulados por quienes fueron sus compañeros de lucha contra Franco. Mientras estos se aprestaban para continuar combatiendo al franquismo como maquisards –visto que la liberación de Europa del fascismo no incluyó la de España–, el brigadista austriaco tuvo que hacer frente a las trágicas consecuencias que el nazismo deparó a su familia. Además de la muerte de sus padres en sendos campos de concentración, su hermano mayor pereció en el de Gross-Rosen (Polonia). Fue uno más del casi centenar de brigadistas austriacos que perdieron la vida en esos infaustos ámbitos de reclusión.
Considera Gerhard Hoffmann que su país apenas reconoció significativamente su lucha contra el nazismo. En cuanto a la que sostuvo contra el fascismo franquista, es sabido que en 1996 un real decreto, tan ridículo como tardío, reconoció a los brigadistas internacionales la posibilidad de optar a la nacionalidad española siempre que renunciasen a la propia. Sirvió de muy poco, porque la inmensa mayoría se abstuvo de ser español a costa de su propia nacionalidad. La Ley de Memoria Histórica, aprobada ahora hace dos años, derogó esa condición previa y permitió hace unos meses que siete brigadistas ingleses recibieran la nacionalidad española sin perder la propia en la embajada de nuestro país en Londres.
Como pudimos leer y presenciar entonces en los medios de comunicación, los ancianos ex combatientes republicanos fueron noticia relevante y se mostraron muy satisfechos y conmovidos por el hecho reparador de esa simbólica distinción, aunque la mayoría lamentase tan prolongado retraso en concedérsela, dado que muchos de sus compañeros habían muerto antes, en el transcurso de los casi 20 años amnésicos de nuestra democracia. “Hemos tardado, pero ahora hemos llegado a casa”, dijo Sam Lesser –uno de nuestros nuevos y nonagenarios conciudadanos, luchador en la Ciudad Universitaria de Madrid–, a lo que el embajador español respondió: “Vuestra lucha no fue en vano. Vuestros ideales forman parte de la fundación de nuestra democracia”.
Ocurre, sin embargo, que habrá otros ancianos brigadistas a los que un impedimento fundamental aparta de la nacionalidad española. La Asociación de Antiguos Brigadistas Internacionales resaltó y denunció en su día una más de las lagunas que tiene la vigente Ley de la Memoria Histórica para compensar a quienes se merecen el reconocimiento del que habla nuestro embajador en Londres. El real decreto que regula la concesión de la nacionalidad española a quienes lucharon junto a la República contra el fascismo estipula que para ello se requiere la jura o promesa de fidelidad al rey, tal como exige el artículo 23 del Código Civil.
Gerhard Hoffmann, que combatió a Franco y a Hitler en su mocedad, que perdió a toda su familia en los campos de exterminio nazis, acaba de vivir, a sus 92 años, una dolorosa paradoja. Por un lado presentó en el Instituto Cervantes de Viena las memorias donde describe lo que él llama sus “jóvenes sueños de libertad y solidaridad”, los mismos que en cierto modo comparten ahora sus dos hijas como integrantes de organizaciones humanitarias. Por otro, hace apenas seis semanas entregó a nuestro embajador en aquella capital una carta de renuncia a la nacionalidad española por no aceptar la declaración de fidelidad al rey, aunque se le haya sugerido –según me contó– “una solución escape” que no le pareció digna de su pasado republicano. “No puedo aceptar el hecho de que para que este mundo avance haya que renunciar a la justicia”, escribe Hoffmann en su libro. La voz de su memoria.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Iker Ayestaran
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Supe de la vigencia del antiguo Partido Comunista de Palestina, hoy Partido Comunista de Israel, gracias al filme de Eran Torbiner Madrid before Hanita, presentado hace un par de años en España por la Fundación Sindical de Estudios. El documental es una crónica de la lucha contra el fascismo de 300 judíos comunistas, provenientes de Palestina e integrados en las Brigadas Internacionales (BI) que apoyaron a la República durante la Guerra Civil. La película incluye entrevistas con los últimos supervivientes, así como extractos de sus cartas y diarios durante el conflicto. También, las polémicas que a la hora de alistarse tuvieron con los líderes sionistas y los camaradas de su propio partido, incapaces de comprender la incumbencia de intervenir en una contienda tan lejana.
En conjunto fueron entre 6.000 y 8.000 los judíos de diversas nacionalidades los que participaron en la lucha contra el alzamiento militar de Franco. Dado el contingente de integrantes, uno de los mayores registrados en las BI, me sorprendió hasta cierto punto que el director Torbiner expusiera como razón fundamental para rodar la película el desconocimiento que había en su país de ese capítulo de su memoria histórica, común en este caso con la nuestra. Quizá, pensé entonces, tal indiferencia u olvido para rescatar ese pasado testimonial, que tan premonitorio fue en la necesidad de combatir al fascismo, se debiera a la insignificancia social del vigente Partido Comunista de Israel, pero no es así del todo.
Ocurre con el viejo PC de Palestina –como con otras entidades y asociaciones cívicas comprometidas con una solución pacífica y justa al largo y sangriento conflicto que se vive en aquella región, y de las que sólo excepcionalmente tenemos noticia como no sea a través de los medios alternativos– que no es objetivo de interés informativo convencional, como la materia histórica de la que Torbiner se ha hecho por fin mensajero. Ni siquiera cuando se cumple en 2009 el nonagésimo aniversario de su fundación.
Más que por ese motivo, sin embargo, los comunistas judíos podrían haber sido noticia por hechos de más viva e infausta actualidad, como los derivados de la masacre de Gaza, de la que ahora se va a cumplir un año. El PC de Israel y su frente Hadash, según su secretario general, el escritor Mujammad Nafa’h, son las únicas fuerzas políticas del país que se enfrentaron a la invasión. Ni eso, ni varias manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en Sajnin y Tel-Aviv contra la criminal ofensiva dispusieron de una mínima cobertura en la gran prensa. Como no la tiene la postura sustentada por el Partido Comunista de Israel desde 1947, basada en la existencia de dos Estados para dos pueblos y el apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, con soberanía estatal sobre los territorios ocupados por Israel en 1967 y teniendo a Jerusalén oriental como capital.
Fundamenta Mujammad Nafa’h el alto nivel de apoyo (70%) que la sociedad israelí dispensó a la invasión de Gaza en dos razones. Por un lado, la ciudadanía se dejó engañar por la propaganda falaz de las instancias oficiales, que definieron la ofensiva como acción de autodefensa, sustrayendo por medio de la censura la información más cruenta del ataque. Por otro, las acciones aisladas de Hamás contra la población civil del sur de Israel, la más pobre de la nación, contribuyeron a reforzar ese apoyo. El PCI condena los ataques de ese carácter, provengan de donde provengan, aunque apoye la lucha política y de masas del pueblo palestino.
El PCI tiene tres diputados en el Parlamento israelí y cuenta con varios alcaldes, entre ellos el de la capital árabe de Israel, Nazareth, donde gobierna desde hace más de 30 años. En las últimas elecciones municipales celebradas en noviembre pasado, el candidato comunista a la alcaldía de Tel-Aviv obtuvo el 36% de los votos, frente al 51% de los logrados por el candidato laborista. El PCI es el único partido del país en el que militan indiscriminadamente árabes y judíos.
Como también pocas veces tenemos oportunidad de recibir información acerca de aquellos estados de opinión de la sociedad judía que no comparten la política sionista del Estado israelí, es de significar a criterio de los comunistas que los espacios democráticos del país están en claro retroceso. Tanto desde el Gobierno como desde los grupos de extrema-derecha, oficialmente descontrolados, se está dando un creciente hostigamiento del que son víctimas la minoría nacional árabe-palestina y los sectores de la izquierda consecuente. El secretario general del PCI no tiene reparo en afirmar que bajo la dirección del partido chauvinista de Yvette Liberman Israel Beiteinu (Israel es nuestra Casa) se ha desatado una campaña racista contra la población árabe y que existe un riesgo verdadero de avance fascista en la sociedad israelí.
Es de recordar, en relación con denuncias de este carácter que tan ingratas han de ser para quienes pretenden esconder la realidad política y sociológica de aquel país bajo las pautas codificadas que determinan los canales mediáticos convencionales, que hace seis años el anterior secretario general del Partido Comunista de Israel, Issam Majul, salió milagrosamente ileso de un atentado que pretendió acabar con su vida mediante una bomba colocada en los bajos de su coche.
Además del documental de Torbiner sobre los judíos comunistas de Palestina que contendieron en la Guerra Civil, dos realizadores argentinos estaban preparando hace meses otro sobre el Batallón Palafox de la Brigada Dombrowski, la conocida como Compañía Botwin, que combatió en la Batalla del Ebro. Son páginas relevantes de una lucha memorable y necesaria contra el fascismo de ayer. Recuperarlas es avivar la conciencia de esa lucha allí donde el fascismo pueda
reverdecer hoy.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Iker Ayestaran
FÉLIX POBLACIÓN
El sábado pasado fueron rehabilitados en un acto oficial Juan Negrín y 35 militantes históricos del Partido Socialista Obrero Español, según lo acordado en el Congreso Federal celebrado a primeros de julio de 2008. Acusados de una presunta sumisión a Moscú durante la Guerra Civil, fueron expulsados del partido en 1946. Historiadores como Gabriel Jackson, Santos Juliá, Ángel Viñas o Enrique Moradiellos han coincidido en señalar que la postura de Negrín como jefe del Gobierno republicano, y la de quienes fueron sus colaboradores, se basó estrictamente en organizar una política de resistencia para la que era necesario contar con el apoyo de la URSS y el Partido Comunista.
Anota Jackson en su biografía de Negrín que don Juan tuvo la sensación al final de su existencia de haber fallado. La derrota en la guerra y haber sido denostado en su propio partido motivaron sin duda ese pesar. Por eso, según el historiador, no quiso estatuas, ni que escribieran su nombre en su tumba. Tampoco flores, aunque, según su nieta Carmen, todavía sin la ciudadanía española y depositaria de su archivo, todos los años hay un ramo con la enseña tricolor sobre las tres iniciales que identifican su lápida en el cementerio parisino de Père-Lachaise.
Muchos años después de la muerte de Juan Negrín en París (1956), falleció Amaro del Rosal Díaz (1991), secretario adjunto de la UGT y director general de la Caja de Reparaciones durante la Guerra Civil. Como le ocurriera a don Juan en su exilio, sólo tres personas estuvieron a su lado cuando ingresó y murió en un hospital madrileño, con la agravante de que Amaro no falleció en la diáspora, sino en la España democrática que él había defendido frente al fascismo. Su visión crítica de la Transición, así como su disconformidad con la gestión de los primeros gobiernos socialistas, le apartaron de los honores y lisonjas que se mercan en la feria de las vanidades. El único homenaje se lo rindió la UGT y fue póstumo.
Aparte de diversas obras sobre la historia del sindicato socialista, los congresos obreros internacionales y la revolución de Asturias de 1934, dejó inédita Amaro del Rosal una monografía, centrada en los avatares que le procuraron sus archivos personales y otros que hubo de preservar y custodiar con diversa suerte hacia y en el exilio. Entre estos figuraban los de la UGT, el de la federación de banca del mismo sindicato y el de la Dirección General de la Caja de Reparaciones. Es de resaltar la magnitud del legado documental que Amaro donó a diversas entidades, sobre todo a la Fundación Pablo Iglesias, pese a las substanciosas ofertas económicas que recibió por sus archivos.
Ese comportamiento no sorprende en quien tuvo a su cargo, durante uno de los periodos no sólo más crueles sino más azarosos de la historia de España, la Caja de Reparaciones del Ministerio de Hacienda desde que fuera nombrado en septiembre de 1936. Su obligación, según sus propias palabras, era “la recuperación de todos los bienes de los sublevados para poder responder en parte, con ese patrimonio, a los daños y perjuicios ocasionados por la guerra”. Ese mismo mes, Juan Negrín le encomienda la evacuación de los valores y existencias en oro, plata amonedada y lingotes del Banco de España, tal como detalla Nieves García Ordóñez en su biografía de Amaro de Rosal Memoria de la historia silenciada.
Mucho se ha escrito sobre la historia del oro del Banco de España y el llamado tesoro del Vita, el yate que con el nombre de Giralda perteneciera a Alfonso XIII y que el Gobierno de la República adquirió para el transporte de obras de arte y demás objetos de valor entregados por la Caja de Reparaciones, los depósitos del Banco de España y otras entidades con objeto de habilitar fondos para el exilio. Sobre las enconadas disputas entre las facciones socialistas de Indalecio Prieto y Juan Negrín a propósito del Vita, apunta Amaro de Rosal en un libro sobre tal materia que es “el hecho más lamentable de la emigración y tuvo graves consecuencias para la causa de la República. En él naufragó –añade– el esfuerzo realizado por la Caja de Reparaciones durante cerca de tres años de ímproba labor. Las responsabilidades que entrañan estos hechos están pendientes de juicio y esclarecimiento, ante la Historia y el pueblo español”.
También reseña Amaro, en ese opúsculo inédito al que aludo (En torno a mis archivos: Vivencias históricas, 1924-1988), que algunas de las dependencias donde las delegaciones de la Caja General de Reparaciones habían almacenado sus depósitos fueron asaltados por las tropas franquistas al ocupar las ciudades, con el consiguiente reparto de bienes por parte de los jefes militares. “En los domicilios de los vencedores –puntualiza– estaban y están objetos de valor que no les pertenecían ni les pertenecen, empezando por el Pazo de Meirás”.
Amaro del Rosal regresó a España en 1975, después de un exilio de casi 40 años. Siempre se honró de haber vivido de su trabajo. Su sueldo de pensionista como empleado del Banco Urquijo le permitió pasar los últimos años de su vida en Madrid con modesta dignidad. “Mi pequeño patrimonio en México –dejó escrito–, fruto de mi labor profesional y la de mi compañera, profesora de francés, se lo comió el brutal proceso de devaluación de la moneda mexicana, que dejó en la más absoluta quiebra el pequeño ahorro. Mi única propiedad es una tumba a perpetuidad de dos plazas en el cementerio de Bages (Francia) en la que reposa mi compañera, con este epitafio: “Una piedra al sol”.
El Partido Socialista Obrero Español se presentó a las urnas en 1979 con los rostros de Pablo Iglesias y Felipe González y este eslogan en los carteles de su campaña electoral: “Cien años de honradez”. Amaro del Rosal, ahora y tan tarde rehabilitado, hizo verdad ese lema con su vida.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Patrick Thomas
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El 31 de mayo de 1906, el anarquista Mateo Morral lanzó una bomba desde un balcón de la calle Mayor de Madrid al paso del cortejo real, que regresaba a palacio una vez celebrada la boda de Alfonso XIII
y Victoria Eugenia de Battenberg en la iglesia de los Jerónimos. El atentado no consiguió su objetivo, al tropezar el artefacto con el tendido del tranvía, y los reyes salieron ilesos de la potente deflagración, pero murieron 23 personas, entre militares y civiles, y más de un centenar resultaron heridas como consecuencia de aquel regicidio frustrado. Pocos días más tarde, el autor del atentado se suicidaba cerca de Torrejón de Ardoz después de matar a quien lo había detenido.
La anómala muerte de Morral acabaría por dejarlo ante la historia como único ejecutor y responsable del hecho, sin trama o complot que lo respaldara en su proyecto y realización. Sí figuró como presunto instigador en un principio, entre los varios encausados que fueron condenados como encubridores, Francesc Ferrer i Guàrdia, el pedagogo racionalista fundador de la Escuela Moderna, centro en el que Mateo Morral había sido bibliotecario. Absuelto Ferrer, la sentencia que lo dejó en libertad bajo fianza hizo constar “las ideas disolventes y anarquistas del procesado, sin que fueran motivo legal suficiente para entender que tuvo que ser partícipe en el delito cometido por su amigo y cooperador Mateo Morral”. Una gran campaña mediática europea defendió entonces la inocencia del maestro anarquista, defensor de una enseñanza libre y racional frente a la España autoritaria y dogmática, sin que esa campaña pudiera erradicar la creencia entre buena parte de la ciudadanía, tal como sostienen hoy muchos historiadores, de que Ferrer i Guàrdia pudo haber intervenido de alguna forma en aquel atentado.
Dos años después, esa misma España a la que el librepensamiento
europeo había tildado de inquisitorial e intransigente iba a tener oportunidad de procesar nuevamente a Francesc Ferrer i Guàrdia (grado 31 de la masonería) como consecuencia de la huelga convocada en Barcelona el 26 de julio de 1909 en protesta por la movilización de tropas de reemplazo para proteger las minas del Rif, algo que para los soldados españoles sin medios para pagar la cuota que les eximiera de la milicia suponía riesgos de masacres muy similares a las sufridas en Cuba y Filipinas. La huelga derivó en una revuelta popular espontánea que se prolongó durante siete días y es conocida como Semana Trágica, sin que, a pesar de su en verdad trágico balance (en torno a un centenar de muertos, de los que sólo tres eran militares), sufrieran merma los intereses de los bancos, las empresas o las fábricas. También murieron tres religiosos, uno de ellos de infarto, y recientemente hemos conocido, por la documentación inédita extraída del Archivo Secreto del Vaticano, el testimonio de una de las monjas francesas del convento de la Asunción de Poble Sec: los huelguistas llamaron a la puerta para advertir a la hermana tornera de que iban a saquear el lugar.
Como resultado de los incidentes, magnificados como un movimiento revolucionario y separatista por parte del Gobierno que tan duramente los reprimió, hubo dos millares de detenidos, 739 procesamientos y 17 condenas a muerte, aunque sólo se llegaron a ejecutar 5. Entre estas últimas, la de Francesc Ferrer i Guàrdia, que fue acusado como autor y jefe de la rebelión. Sin embargo, la revisión objetiva de los más de 600 folios de la causa abierta contra el pedagogo catalán permite afirmar que su fusilamiento en el castillo de Montjuic, hace ahora un siglo, fue un crimen judicial. Como tal lo conceptúa Francisco Bergasa, que este mismo año, con motivo del centenario de la Semana Trágica y de aquella ejecución, ha puesto en la calle su libro ¿Quién mató a Ferrer i Guàrdia?, una pormenorizada y diáfana crónica periodística de la causa procesal que llevó al maestro anarquista ante el pelotón de fusilamiento.
Además de ser un pedagogo muy avanzado para su tiempo, propulsor de la educación libre, racional y laica, integral e igualitaria, es reconocido el carácter que como revolucionario conspirador, anticlerical y antimonárquico distinguió al maestro de Alella. En respuesta al título que puso a su libro, Bergasa estima que su muerte fue en buena parte obra de todos. Molestaba al rey, obviamente, pues aparte de su supuesta y no probada intervención o instigación en el atentado de Madrid contra Alfonso XIII,no faltan indicios que lo podrían relacionar con el que tuvo lugar en la calle Rohan de París un año antes. Tanto al Gobierno como a la Iglesia les afectaba en su intereses la proyección y competencia que la nueva escuela de Ferrer i Guàrdia comportaba en el ámbito de una enseñanza confesionalmente católica. La derecha lo odiaba, pero tampoco era grato a la izquierda, y así lo demuestran las declaraciones de sus compañeros republicanos y sindicalistas en la denominada Causa contra Ferrer i Guàrdia instruida por la jurisdicción de Guerra. Los primeros pretendieron evadirse de sus responsabilidades en los hechos y los socialistas y anarquistas nunca lo apreciaron como uno de los suyos, pues lo consideraban, según Francisco Bergasa, un burgués enriquecido de costumbres libertinas.
Contra Ferrer i Guàrdia se orquestó un proceso judicial falto de toda garantía y saturado de irregularidades, fruto de las filtraciones a la prensa interesada, que fomentó una intensa campaña para culpabilizarlo a base de declaraciones falaces y juicios paralelos. Si los periódicos librepensadores europeos presionaron al Gobierno español para que la justicia lo dejara en libertad en 1907 por falta de pruebas, la prensa española más reaccionaria lo quiso reo de muerte en 1909, también sin pruebas, y así fue como mediática, política y efectivamente fue ajusticiado.
Félix Población es escritor y periodista.
Ilustración de César Vignau
FÉLIX POBLACIÓN

En Salamanca se declaró el estado de guerra el 19 de julio de 1936. Como apenas hubo resistencia en la capital, sorprende hasta cierto punto –dado el calificativo de salvaje pesadilla con el que Miguel de Unamuno denominó aquella incivil contienda– que en el corazón de la que hoy es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, su Plaza Mayor, fueran siete las víctimas mortales ocasionadas por el Ejército golpista y diez los heridos en aquella infausta jornada.
Las diligencias judiciales cuentan que en la plaza “se encontraban fuerzas del Ejército, en actitud de ocupación militar, y que las referidas fuerzas habían disparado contra las personas que se encontraban en el aludido lugar, como reacción a determinadas actitudes”. Sólo por su actitud perdieron la vida: Heliodoro Benito López, Abel Sánchez Delgado, Francisco Coca y Coca, Modesto Varas Gabriel, Celestina Sierra Polo, Andrés Lorenzo Candelario y Francisco Iglesias Fraile. Fue el principio de una represión que alcanzaría después, por su actitud ideológica, al alcalde republicano de Salamanca, Casto Prieto Carrasco, al diputado socialista José Andrés y Manso y a los concejales Manuel de Alba Rate, Luis Maldonado Bonatti y Casimiro Paredes Mier, fusilados extrajudicialmente por las tropas franquistas.
En septiembre de 1936, la llamada Junta de Defensa Nacional se reúne en las afueras de la ciudad y consagra a Francisco Franco como Generalísimo de los ejércitos y jefe del Gobierno del Estado, ganándose Salamanca la referencia histórica de ser la primera capital del país en territorio rebelde donde se ubica el cuartel general del extinto caudillo. El poso de tal efeméride se ha venido resistiendo hasta tal punto con el paso de los años que, transcurridos más de 30 desde la promulgación de la Constitución democrática y casi dos desde la aprobación de la ley de la Memoria Histórica , la capital sede del Centro Documental de la Memoria Histórica sigue soportando la pródiga rémora de su memoria franquista.
Lo único que se le anuló a Franco en Salamanca, y eso hace bien poco, fue el título de doctor honoris causa concedido por la universidad civil, si bien lo mantiene en la universidad pontificia, no en vano fue caudillo por la gracia de Dios. El dictador sigue siendo además alcalde de honor perpetuo y medalla de oro de la ciudad, distinciones que, junto al medallón con su efigie que se exhibe sobre una de las arcadas barrocas de la Plaza Mayor, rechaza revocar y suprimir el Partido Popular que gobierna el Ayuntamiento, pese a las dos mociones planteadas con ese fin por el PSOE.
Hace ya 18 meses que el Partido Comunista de Salamanca presentó en la Subdelegación del Gobierno de la capital una solicitud para la retirada de los símbolos franquista presentes en la ciudad, que según sus estimaciones se cifran en 24.
Tales símbolos están repartidos entre las administraciones central, autonómica y local, así como en edificios pertenecientes a la Iglesia, con placas en este caso que llaman a imitar el ejemplo de los sublevados. Esa reclamación se atiene a lo prescrito en el artículo 15 de la llamada Ley de la Memoria Histórica (52/2007), según el cual es obligación de las administraciones públicas tomar las medias oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.
El pasado mes de marzo se publicaba en este periódico una carta muy explícita suscrita por Luis Calvo, presidente de honor de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, en la que deploraba la pasividad del Gobierno en la aplicación de la citada ley con relación a la recuperación de los restos de las víctimas de la represión franquista: “Seguiremos trabajando con ilusión en recuperar y dignificar la memoria de muchos, de incontables e inolvidables compañeros. Que el Gobierno español se entere de una vez por todas del compromiso que adquirió con los miles de familiares que estamos pendientes de todas sus determinaciones. Somos muchos los españoles que confiamos en la continuación de nuestro trabajo. Nuestras rosas y claveles rojos de los homenajes pueden transformarse en los abrojos y espinas de la desdichada maldición histórica”.
Luis Calvo, que perdió a su padre a los seis años, fusilado por los golpistas una madrugada otoñal de 1937 junto a otros tres compañeros ante las tapias del cementerio de la ciudad,
no sólo tiene que soportar la frustración que comporta esa pasividad gubernamental para con la memoria y dignidad de los vencidos, sino la permanencia de los símbolos y distinciones que se siguen manteniendo en contra de la ley en su ciudad y bajo cuya imperial prosopopeya se cometió tanto crimen y tanta ignominia en contra de la libertad, la humanidad y la democracia.
En la relación de las siete víctimas mortales de aquel 19 de julio de 1936 en la Plaza Mayor salmantina hay un solo nombre de mujer. Celestina Sierra Polo fue otra rosa tronchada sin culpa, cuya muerte aún más joven es también más alevosa que la de las muchachas menores de edad fusiladas en Madrid hace ahora 70 años.
Pese a que los datos aportados por las diligencias policiales son escasos y nada nos dicen de su “actitud” para que las fuerzas del Ejército acabasen con su vida, basta saber que “tenía aspecto modesto, pelo castaño, dos trenzas largas, sandalias de piso de goma y una cadena rota con dos medallas”. Su imagen debería haber sustituido hace tiempo en el medallón la efigie de su verdugo. Celestina Sierra Polo tenía 14 años, unos cuantos más que Luis Calvo cuando mataron a su padre y pretendieron enterrar su memoria bajo la propaganda de los símbolos fascistas que todavía hoy subsisten en la ciudad del crimen.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de César Vignau
FÉLIX POBLACIÓN

Si es raro que un poeta sea premiado cumplidos los 100 años, más lo es que un periodista, rebasada esa edad, haya mantenido su cita cotidiana como columnista de un diario hasta el punto final de su existencia. En el caso de Victoriano Crémer (1907-2009) han concurrido esas dos singulares circunstancias, pues su libro de versos (El último jinete) obtuvo en 2008 el premio Gil de Biedma y su artículo al pie de la actualidad estuvo hasta ayer, día de su fallecimiento, en las páginas del Diario de León, como ha venido ocurriendo en éste o en otros periódicos de aquella capital a lo largo de casi setenta años, excusado algún tiempo de forzado silencio.
Aunque tiene además libros en prosa de varia condición, es la poesía de Crémer y su copiosa fidelidad al artículo periodístico, en el que se mostró siempre con unas dotes de agudeza y concisa precisión tan amenas como elocuentes, lo más destacable en la obra del fallecido escritor. Autor de más de 15.000 artículos en la prensa local y de unos 6.000 comentarios en Radio León, era tanta la expectación de la audiencia ante su voz en esa emisora que se la reconoció por decenios como la Radio de Crémer. Tanta prosa periodística sería suficiente, según el propio autor, para cubrir por entero la Tierra de Campos.
Su primer reconocimiento exitoso como escritor le va a deparar a Victoriano un serio disgusto. Proclive al ideario libertario –acaso por influencia de su convecino Buenaventura Durruti–, se publica en agosto de 1933 en el diario madrileño La Tierra un texto suyo titulado Vía Crucis (Romance proletario), que glosa la brutal represión desatada por el Gobierno republicano para sofocar la revuelta anarcosindicalista de Casas Viejas. Se trata de un escrito breve en prosa poética, de contextura firme, fraseo corto y muy inspirado, con el que se presentó a un premio literario al que concurrieron casi 700 originales y del que resultó vencedor. Crémer gana con el primer premio una generosa dotación de algo más de 300 pesetas, pero también la apertura de un expediente militar.
Trabajaba entonces don Victoriano como tipógrafo en la imprenta del diario La Mañana, fundado en 1928 por Isidoro García, un emigrante que había retornado de América con los suficientes caudales como para financiar el rotativo. Era cuñado el indiano del militar del Estado Mayor Juan Rodríguez Lozano, que por su condición de letrado vino a desempeñar la función de asesor jurídico de la nueva empresa periodística. Según recoge Crémer en uno de sus libros, el capitán Lozano se hará cargo de su defensa ante el tribunal militar, habida cuenta la amistosa relación entre ambos mientras el primero faenaba en los chibaletes de La Mañana: “Don Juan –rememora Crémer– era hombre ponderado, generoso y fundamentalmente bueno y honorable, y me llamó a capítulo para estimularme en mis ensayos literarios, a los que tuvo acceso, y puedo decirlo sin mengua de recelo, que estoy dispuesto a proclamar que si conseguí algún adelanto en mis pretensiones literarias se lo debo a la influencia del capitán Lozano, el cual, no solamente me tuteló sino que me aconsejó con seriedad y espíritu cuasi paternal”.
Cuenta asimismo el escritor, según se recoge en el libro de Félix Pacho Reyero Victoriano Crémer: el periodista, que tan acertadamente llevó el pleito Rodríguez Lozano, y tan resueltos fueron sus argumentos, que los miembros del tribunal, que le amenazaban “con hierros y rejas”, decretaron la nulidad de los expedientes incoados. Esa defensa coincide en el tiempo (1933) con el ingreso del capitán Lozano en la masonería, en la logia Emilio Menéndez Pallarés de León, con el nombre simbólico de Rousseau, donde llegaría al grado segundo de compañero y no sólo al primero de aprendiz, como sostiene Óscar Campillo, el biógrafo del nieto del militar y actual presidente del Gobierno. Se puede comprobar en el expediente abierto contra el capitán por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Los datos acerca de su
adscripción a la masonería los facilita Rodríguez Lozano luego de prestar declaración en el aeródromo militar de León el 17 de noviembre de 1934, como consecuencia de haberse ofrecido en una carta, fechada el 14 de febrero de ese mismo año, a Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, para colaborar en este periódico por “pensar en socialista”.
El 20 de julio de 1936, el golpe de Estado franquista triunfa en León con la detención del gobernador civil, el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación y otros cargos representativos. Entre ellos se encuentra el capitán de infantería Rodríguez Lozano. Todos son recluidos en el penal de San Marcos, en donde más tarde acabará también Victoriano Crémer, que confiesa que se le “saltaron las lágrimas” cuando contempló a don Juan sometido al régimen de procesado. Va a ser su último encuentro, porque menos de un mes más tarde, el 18 de agosto de aquel verano sangriento, Rodríguez Lozano fue fusilado por el ejército golpista, según consta en el acta de defunción que figura en el mencionado expediente del TERMC.
Dijo Crémer de su oficio: “Escribo para vivir, y después para ayudar a los demás a que vivan. (…) Yo creo que un pueblo, sobre todo como el nuestro, tan propenso al desánimo y a la pereza, si no habla se muere, si no escribe, rabia, porque se traga las palabras y se le pudren dentro y acaba por morir asfixiado de silencio”. Por salvaguardar el derecho a resistirse a esa asfixia fue fusilado el capitán Lozano el mismo día en que otros sicarios del bando fascista asesinaron en Granada a Federico García Lorca, uno de los poetas más universales en lengua castellana. No hay nada más inútil que pretender acabar con la voz de los poetas. Ahí están Crémer y Lorca para demostrarlo.
Félix Población es escritor y periodista en el Centro Documental de la Memoria Histórica.
Ilustración de Enric Jardí.
FÉLIX POBLACIÓN

El lector recordará quizá la noticia por lo fortuito de las circunstancias que la estamparon en los periódicos. Un memorioso ciudadano residente en Barcelona se reencontró con su imagen de adolescente en una de las 3.000 fotografías inéditas de Robert Capa que sobre la Guerra de España se descubrieron en México en enero de 2008. Sólo tenía Xavier Camps 15 años cuando se encaramó a la carlinga de un avión alemán abatido en los Jardinets de Gràcia. Le acompañan en la foto sus amigos de aquel mes de enero de 1939, cuando la capital catalana vivía los dramáticos estertores del conflicto.
El rescate de esa imagen perdida en la que se identificó su protagonista me recordó la imposibilidad de rememoración que tuvieron los abuelos y padres republicanos durante el franquismo. Entonces sólo cabía la versión única del bando vencedor y con esa falsa perspectiva histórica crecieron y fueron adoctrinadas varias generaciones de españoles, hasta que, con la agonía de la dictadura primero y durante la transición democrática después, pudimos elegir otras interpretaciones, unas más objetivas que otras, que permitieron un mayor y mejor conocimiento del conflicto, así como de la Segunda República y el régimen de Franco.
Es sabido que la llamada Guerra Civil española configura uno de los episodios que más bibliografía ha reportado como materia de estudio de cuantos se han sucedido a lo largo de la Historia. En los últimos años, además de una permanente continuidad en la elaboración de libros por parte de nuevos y meritorios autores, hemos asistido en nuestro país a una floración de seudo-historiadores revisionistas, apegados a una derecha mediática revanchista, que pretenden rescatar y hacer valer las razones del Movimiento Nacional para auspiciar el Golpe de Estado fascista que acabó con la Segunda República, llegando al punto de sostener como la más delirante impostura que aquel periodo histórico fue justo y necesario para desembocar en la actual monarquía constitucional y democrática.
Sin embargo, por profusa y creciente que sea la bibliografía en torno a nuestros años treinta del pasado siglo, su calado didáctico efectivo en nuestros planes de enseñanza es precario, con todo lo que implica eso de inconsciencia e irresponsabilidad, pues al pasar por alto ese pasado se corre más riesgo de que sus trágicas y traumáticas consecuencias puedan repetirse en el futuro. Es muy revelador en sentido contrario lo que comentaba en un artículo el escritor Jordi Soler a propósito de una gira por los liceos franceses para hablar de alguna de sus novelas sobre el exilio republicano en México. En lugar de un desconocimiento distante por parte de los escolares, propio del que se da en el país que fue escenario del conflicto, a Soler le sorprendieron el avisado discernimiento e interés de los alumnos, fruto sin duda de la dedicación que sus profesores han concedido a un hecho histórico clave para el entendimiento histórico del siglo XX en Europa.
Desde que fue aprobada nuestra Constitución, hace más de 30 años, hemos dejado morir a cualificados protagonistas de esa convulsa historia, cuya aportación directa como cronistas de lo vivido, a la par que la bibliografía existente, podrían haber sustentado una base consistente de memoria en contra del olvido o la ignorancia en la que hoy discurren las más jóvenes generaciones. Hablando de esto con un par de adolescentes, y luego de que les diera unas superficiales nociones de lo que significó la Segunda República y el Golpe de Estado del general Franco, ambos coincidieron en afirmar que esa información, de la que apenas tenían referencia, debería formar parte de la teoría que se les imparte en la asignatura Educación para la Ciudadanía. Puede que no les faltara razón, sobre todo al tratarse de una materia que promueve su formación democrática, en la que tanto hincapié se hizo durante el periodo republicano. “Algo no funciona cuando un alumno de lycée en Francia estudia la Guerra Civil, y un alumno español no”, apuntaba Jordi Soler en su artículo; “tampoco anima la perspectiva de que el tema de la Guerra, a fuerza de no enseñarlo, se vaya diluyendo, porque se trata de un conocimiento imprescindible para la construcción del porvenir de España; no puede proyectarse con tino sin saber con precisión lo que ha pasado y, por otra parte, saber los detalles de este episodio capital puede ayudarnos a evitar caer en viejos y catastróficos errores”.
Gracias a la nítida capacidad de recordación de Camps, ese anciano barcelonés de 84 años ha sabido reconocerse en una de las fotografías de Capa recuperadas en unos maletines arrumbados en un trastero de la ciudad de México. España no se puede permitir el olvido de lo que se dirimía en la contienda de 1936. Debe reconocerlo con sus antecedentes y consecuencias. Si durante casi 40 años la dictadura impuso una versión interesada y falsa de ese periodo histórico –siguiendo el diseño tergiversador adelantado por el cuartel general de Franco al duque de Alba en Londres entre 1936 y 1940 (“Las mentiras de Mister Franco”, Público, 6 y 7-3-09)–, resulta obvio que en nuestro vigente régimen democrático las nuevas generaciones deberían tener un conocimiento objetivo de los hechos que interrumpieron y postergaron la democracia en España.
Sólo así, a través de fuentes de investigación y estudio privadas de revisionismos o resentimientos sectarios, se puede aspirar a un porvenir que no repita aquella incivil masacre, ni la inclemente dictadura que la siguió. “Al final –concluía el artículo de Soler– lo que no podemos permitir es que, más allá de quién ganó y quién ha perdido, nos acabe derrotando a todos la ignorancia”. Repárese en que, como dijo Benedetti, el olvido está lleno de memoria.
Félix Población es escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica.
Ilustración de Iker Ayestarán