FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
El presidente de Gobierno ha encomendado a Jesús Caldera la tarea de pilotar la empresa de “exportar pensamiento progresista”, ocupando el vacío que dejara primero la socialdemocracia alemana y luego el laborismo británico, tras el estrepitoso fracaso de la “tercera vía” de Tony Blair.
Que Jesús Caldera es un hombre de ideas progresistas, nadie lo duda. Fue impulsor de algunas de las muy buenas cosas que se hicieron en la pasada legislatura, como la Ley de Igualdad y la de Atención a la Dependencia. Indudablemente, Caldera tendrá un vasto repertorio de ideas para exportar dentro del bagaje del PSOE.
El propósito de estas líneas es contribuir a su tarea, señalando algunas de las ideas que debe tener mucho cuidado de no exportar, aunque algunos dirigentes socialistas las consideren progresistas.
Lo primero que no debe exportar es la idea del desarrollo económico basado en el tirón inmobiliario, tras el cual se esconden la especulación con el suelo, el famoso pelotazo que encandilaba al ministro Solchaga y –last but not least– la corrupción a niveles municipales y aun autonómicos.
Este sistema, que ha sido el preludio directo de la crisis actual en el sector de la construcción, ha dejado como pesada herencia a una cuarta parte de los españoles sin acceso a la vivienda y a otra cuarta parte hipotecada de por vida para pagar el precio de los inmuebles adquiridos.
Como corolario de lo anterior, resulta claro que tampoco se debe exportar el modelo de financiación municipal, que de progresista no tiene nada, aunque algunos ediles socialistas lo consideren magnífico. En la casi totalidad de los países desarrollados, los ayuntamientos se financian con los impuestos a la propiedad, que es lo más directo y lógico. En Estados Unidos, por ejemplo –aunque hay variantes según los distintos Estados de la Unión–, los impuestos a la propiedad contribuyen en líneas generales con el 50% de la financiación municipal y con el 80% de la de los condados. En otros países, los gravámenes municipales se complementan con sustanciales impuestos a las plusvalías del suelo (en Taiwán, llegan al 60% del plusvalor), que también existen en nuestro país, pero que son insignificantes.
No. Definitivamente, nuestro modelo no puede exportarse, más bien seríamos nosotros los que deberíamos importar las ideas progresistas que en esta materia existen en las grandes naciones anglosajonas (USA, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda); en algunas europeas, como Dinamarca, y en varias asiáticas (Corea, Taiwán, Singapur).
Otro modelo que debe manejarse con cuidado es el de la supervisión de la Banca. Nadie duda de que el sistema bancario español es uno de los mejores del mundo y que el Banco de España realiza una magnífica tarea de control que ha evitado para la Banca española situaciones de riesgo como la que afrontan otros países. Sin embargo hay un aspecto que quizás se ha descuidado: la protección de los usuarios. Así, ha habido pasividad frente a los abusos de ciertos bancos en la imposición de comisiones, especialmente –pero no únicamente– en lo referente a tarjetas de crédito. No todos los bancos lo hacen y la competencia es un factor de correción. Pero cuando la competencia falla, la intervención del Estado es necesaria. La idea –con mucha vigencia en España– de que la competencia por sí sola basta para defender a los usuarios no puede exportarse.
No podemos dejar de señalar como otra idea difícilmente exportable la del sistema que rige para fijar las indemnizaciones por accidente causados por vehículos automotor y que sirven de baremo en otros casos para fijar indemnizaciones por responsabilidad civil. En la época de Felipe González, se dictó una ley por la cual las compañías de seguros que no pagaran voluntariamente las indemnizaciones, si luego eran condenadas, debían abonar un 20% anual de interés sobre la suma debida. Las compañías se apuraban en pagar. Los jueces, además, comenzaron a fijar indemnizaciones sujetas al arbitrio judicial, que es lo que debe ser, como en EEUU. Pero las aseguradoras hicieron lobby en España y en Europa, y la misma legislatura, dominada por los socialistas, derogó el interés punible y aprobó una “tabla de indemnizaciones máximas”, como si los legisladores pudieran estar en el pellejo de las víctimas. Una verdadera vergüenza, que las legislaturas del PP se cuidaron de no derogar. En España, ni siquiera se reconoce el daño moral, a diferencia de otros países europeos. Por lo visto, se respeta a la Justicia, pero en cuanto a confiar en el criterio de los jueces, eso ya es harina de otro costal.
Para cerrar capítulo, no podemos dejar de señalar lo difícil que resultará exportar la idea –tan aceptada en nuestro país– respecto al sistema de registros de la propiedad Inmobiliaria. En casi todos los países desarrollados, los registros de la propiedad son públicos y los cargos por inscripciones y anotaciones, bajísimos. En España, existe una institución curiosa: los registros son instituciones públicas a cargo de registradores privados, que pagan sus costos de explotación, cobran sus honorarios y obtienen cuantiosos beneficios. El resultado es que los cargos por inscripciones registrales son, comparativamente con otros países, mucho más altos. Se trata, creemos nosotros, de una especie de residuo medieval, cuando los cobradores de impuestos solían ser personajes privados y odiados. Por supuesto nadie odia a nuestros registradores –que además suelen ser profesionales muy capaces–, pero los registros de la propiedad son, por su propia naturaleza, un monopolio donde no puede haber competencia. Nadie puede irse a otro registro y si hay una regla de oro en economía es que la actividad privada sólo puede aceptarse donde pueda haber competencia. Los monopolios deber ser públicos.
Esperemos que Jesús Caldera, hombre de buen criterio, no exporte lo que es inexportable.
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN es abogado, pte. de la International Union for Land Taxation and Free Trade y
miembro del Grupo del Fulham en Londres
Ilustración de IVÁN SOLBES
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
La popularidad del primer ministro británico se encuentra en caída libre: según recientes encuestas, el 78% de los ciudadanos cree que Gordon Brown está haciéndolo muy mal y el 59% cree que debería renunciar antes de las próximas elecciones generales. Según una reciente encuesta del Sunday Times, el apoyo a los tories es del 45% y solo del 25% para Brown. Si se celebraran elecciones ahora, los conservadores obtendrían 400 escaños, con una ventaja de 150 sobre todos los demás partidos.
¿Es Gordon Brown el único responsable de esta debacle? ¡Por supuesto que no! El primer ministro es la víctima propiciatoria –aunque no exenta de culpa, porque el participó– de esa gran estafa ideológica y práctica que fue la “tercera vía” anunciada por Tony Blair a bombo y platillo hace 10 años y que encandiló a tantos socialdemócratas europeos.
Veamos cuál es la herencia que ha dejado Tony Blair, según nos la resume el economista británico Fred Harrison, del grupo de Fulham. Para Blair, la tercera vía estaba destinada a revertir las injusticias en el Reino Unido, y uno de sus principales objetivos era mejorar las condiciones de vida de los niños. Sin embargo, cuando Blair dejó Downing Street después de 10 años, la posibilidad de los niños pobres de mejorar su situación era la misma que hace 40 años.
Otro objetivo era mejorar, mediante de ayudas especiales, a la tercera edad. No obstante, el 11% de los pensionistas (1,2 millones de personas) viven hoy en la extrema pobreza, mientras que el 21% (2,2 millones de personas) viven en condiciones de pobreza no extrema, pero pobreza al fin. Desde el año pasado hasta hoy las cosas han empeorado: otros 200.000 pensionistas se han precipitado a la pobreza y se calcula que otros 1,2 millones de personas no podrán ya pagar la calefacción de sus casas en 2010.
Respecto a la población trabajadora –la que está entre los niños y los ancianos–, la distancia entre pobres y ricos, desde luego, no se ha acortado bajo el Gobierno de Blair. En un extremo, el 11% de los hogares están clasificados como “nuclearmente pobres” (con ingresos bajos y privaciones materiales); el 16% de los hogares están clasificados como “pobres en la miseria” (simplemente excluidos de las normas habituales de la vida social); y, en el otro extremo, el 6% de los hogares participan de una riqueza exclusiva, lo que les permite también excluirse de la habitualidad social.
O sea, que al cabo de 10 años de Gobierno de Tony Blair ni se habían eliminado las enormes diferencias entre pobres y ricos ni estaba más cerca el Reino Unido de eliminar las causas de la pobreza. Y no sólo eso, sino que además la feroz especulación inmobiliaria y los precios estratosféricos de la vivienda han creado un foso insalvable entre los que quieren ser propietarios y los que ya lo son.
Pero, antes de finalizar su mandato, Tony Blair –en un indudable acto de contricción– quería eliminar el impuesto sobre las rentas más bajas. Gordon Brown, como canciller del Tesoro, en cambio, incrementó las tasas del impuesto a los ingresos más bajos, pasando los beneficios a los ricos. Ahora, en la desesperación, Brown anuncia medidas sociales en educación y sanidad y –no podía faltar– impulsa recortes de derechos a los inmigrantes. Es más que dudoso que esas medidas puedan modificar sustancialmente las condiciones sociales y mejorar sus negras perspectivas electorales.
De medidas estructurales que impliquen verdaderamente una tercera vía entre el capitalismo liberal monopólico y el socialismo de Estado –entre las cuales estarían sin duda una reforma fiscal que acabe con la especulación inmobiliaria, grave las altas rentas y disminuya la imposición indirecta– no hay absolutamente nada.
Los socialistas españoles deben estudiar con cuidado lo sucedido en el Reino Unido para no caer en la trampa de pensar que se hacen reformas profundas solamente dando ayuda a los necesitados. Son imprescindibles reformas estructurales, y esto hay que tenerlo en cuenta “si se desea exportar pensamiento progresista”, tarea ahora encomendada por el presidene Zapatero a Jesús Caldera.
Si el pensamiento socialdemócrata desea diferenciarse de la derecha, no puede ser sólo en el área de los derechos civiles, la igualdad y la laicidad –muy importantes sin duda–, sino que debe añadirse un objetivo económico social distinto al de la derecha. Hasta ahora, la izquierda europea no ha producido nada en este sentido. Se limita a sostener los mismos planteamientos económicos de la derecha pero “con más contenido social”. Cuando la sociedad vote a un partido de izquierdas espera más que eso y tiene derecho a obtenerlo.
Fernando Scornik Gerstein es abogado, de la International Union for Land Taxation and Free Trade
y miembro del grupo de Fulham en el Reino Unido
Ilustración de Jaime Martínez
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
El tema de la especulación inmobiliaria y de lo que subyace en el fondo del mismo –el valor del suelo en España– ha sido un tema tabú para los economistas. El que en un país vacío, con apenas 87 habitantes por Km² –uno de los índices más bajos de Europa– y abundancia de capitales, la tierra tenga valores extraordinarios que insumen entre el 50% y el 60% del costo de la vivienda nueva, no ha merecido un análisis detenido y profundo por parte de la inmensa mayoría de los economistas, tanto de izquierda como de derechas. Decimos análisis, aunque para muchos ni siquiera ha merecido una mención, ni qué decir una explicación.
Hace un par de años escuchamos por televisión a Rodrigo Rato –quizás el más preclaro expositor económico de la derecha española– resumir los problemas principales de nuestra economía. El valor especulativo del suelo no figuraba en su lista. Es más, ni siquiera mencionó el de la vivienda como un problema grave. Pero, además, ¿por qué habría de mencionarlo? Sería contradecirse, pues en los años que fue Ministro no hizo absolutamente nada por corregir la deformación evidente que implican los valores inflados de la tierra.
Pedro Solbes, cuyo talento y pericia son evidentes, tampoco ha mencionado nunca en una exposición pública el problema que plantea al país la escalada de los valores del suelo, el “espacio económico”, como habría que llamarlo con propiedad. En cuanto a hacer, en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, ni hizo, ni propuso –que nosotros sepamos– absolutamente nada, salvo modificaciones a la ley del suelo que no tuvieron mayor trascendencia.
Pero, bajando en la escala de figuras públicas, constantemente vemos aparecer en entrevistas televisadas a economistas de izquierda, de derecha, de centro y hasta los que gustan definirse como puramente técnicos, que jamás mencionan cómo un problema gravísimo, el que, en un país con tan baja densidad de población, la tierra la tierra tenga valores inaccesibles cuando, por su abundancia, debería costar prácticamente nada. Ahora se enfrentan con la crisis, con el derrumbe del mercado inmobiliario. Era totalmente previsible: después del boom, viene el crash. Sin embargo, ninguno pide disculpas al pueblo español por no haberse ocupado del problema y previsto lo que iba a suceder.
Algunos, como el ministro Pedro Solbes, cree que es bueno el “ajuste” de los valores inmobiliarios (a la tierra propiamente dicha jamás la menciona). Lo que no dice el ministro es que en la crisis se “ajustan” (es decir, caen) los valores inmobiliarios, pero también se “ajusta” (es decir, cae) el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los que no podían acceder a la vivienda (lo que implica acceder al suelo) antes de la crisis –por los valores especulativos– tampoco podrán hacerlo ahora porque ha caído su capacidad de compra.
Pero ¿a qué se debe este silencio?
Creemos que hay dos tipos de razones. Una es la enseñanza deformada en nuestras universidades –algo que ya apuntaba el gran economista francés Leon Walras en 1910– impuesta a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX por los neoclásicos americanos y agravada en nuestra época por los “neoconservadores”: se identifica a la tierra con el capital. ¡Como si la tierra pudiera reproducirse como los automóviles, aviones, ordenadores y televisores! Esto se les ha enseñado machaconamente a todos los estudiantes de economía, para satisfacción de las clases dirigentes. Tierra y Capital –les dicen– son lo mismo y, si son lo mismo, las mismas reglas de competencia que abaratan los bienes de capital deben abaratar la tierra.
Por supuesto, la realidad demuestra que no es así. Pero no importa, lo importante es lo que se les ha metido en la cabeza y los buenos alumnos repiten lo que aprendieron.
Pero, además, como también señalara Leon Walras, es peligroso para las carreras profesionales apartarse de las “ideas aceptadas”. Si te apartas, dice el genial francés, todas las puertas de las academias, de las sociedades, de los medios, se cerrarán ante ti; en cambio, si las aceptas tu buena fortuna está asegurada. Por algo el tema del suelo estuvo ausente de los recientes Congresos, tanto del Partido Popular, como del PSOE.
Pero, además, hay otro tipo de razones: las plusvalías del suelo son la fuente primordial de ingresos no ganados por el trabajo. Tocarlas implica afectar intereses muy poderosos que se extienden y entrelazan en todas las fuerzas económicas y sociales y en los partidos políticos. Hay que tener coraje para enfrentarlos y esto quizás sea pedir demasiado. Porque haber soluciones, las hay. Pero en su mayoría son soluciones fiscales, e implantar impuestos sobre los valores o las plusvalías del suelo tiene un indudable coste político. El problema no se resuelve declarando urbanizable toda la tierra del país. La propiedad privada del suelo implica un monopolio, con muchos titulares, pero monopolio al fin, que en un país como España sólo puede paliarse con medidas fiscales.
Lo cierto es que el problema no se resolverá mientras el silencio de los economistas esté acompañado por el silencio de los corderos, es decir, de los ciudadanos sin acceso al suelo, víctimas inocentes de una injusticia con solución al alcance de la mano.
Son los españoles lo que deben hablar y pedir explicaciones a economistas y políticos. Ningún economista debería explayarse en público sobre la economía española sin definir su posición sobre este tema, sin aclarar lo que dijo en el pasado o pedir disculpas por su silencio. Pero lo cierto es que mientras los “corderos” –es decir, los ciudadanos– no hablen y presionen el problema seguirá. Y, mientras continúe, la única solución –para los que pueden– es seguir aquel consejo que Mark Twain, con sorna, daba a sus amigos: compren tierra, que es un bien que ha dejado de fabricarse.
Fernando Scornik Gerstein es Presidente de la International Union for Land Value Taxation and Free Trade y miembro del Grupo de Fulham en Londres
Ilustración de Patrick Thomas
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
Uno de los hechos más llamativos de la Europa contemporánea es que los Partidos Social-Demócratas -que dicen ser los representantes de los intereses de la clase trabajadora y de las grandes mayorías populares- suelen perder las elecciones a favor de las fuerzas conservadoras, para muestras lo sucedido recientemente en Francia e Italia. En España mismo el Partido Popular obtuvo un gran número de votos, no todos, por supuesto, de la burguesía.
Esto, que es sin duda una singular contradicción: los supuesto beneficiarios votan en contra de los que supuestamente los benefician debe llamar a la reflexión a los líderes social-demócratas. ¿Dónde está el fallo? ¿qué es lo que hace mal –o quizás mejor dicho, no hace– la social democracia?
La respuesta es obvia: los gobiernos socialistas –herederos de una cierta tradición anticapitalista y noveles desembarcados en el libre mercado– no aciertan a corregir los mecanismos que en la economía capitalista general exclusión, pobreza e
injusticia. Son proclives a proponer remedios “sociales”, pero nunca van a las causas.
Fred Harrison, el economista británico fundador del Grupo de Fulham, señala en su reciente libro La Bala de Plata (The Silver Bullet) las verdaderas causas a las que habría que dirigirse. “En la economía capitalista la mayor parte de los problemas sociales y económicos surgen del hecho de que el mecanismo de precios está legal e institucionalmente impedido para funcionar de una manera eficiente y justa. Específicamente, el problema está localizado en el sistema de precios públicos -los impuestos del gobierno- que es una manera oculta de redistribuir ingresos del pobre hacia el rico (o viceversa)
“Así es como sucede”, sostiene Harrison. Y añade esta sugerente conclusión: “Todos pagan impuestos al consumir bienes y servicios, cuando se llevan a cabo transacciones en los mercados de capital, o cuando se devengan sueldos y salarios. El ingreso fiscal es recaudado por el gobierno y gran parte del mismo se utiliza para financiar infraestructura y servicios que elevan la productividad de la economía. Esto debería ser una buena noticia para todo el mundo. Pero, en realidad, son malas noticias, porque las ganancias netas se cristalizan en el valor de la tierra”.
La tierra –añadiríamos nosotros– es un bien cuya oferta es inelástica. Todos los bienes producidos por el hombre bajan de precio con la competencia: los automóviles, los televisores, los teléfonos, los ordenadores. Pero la tierra en lugar de bajar con el progreso social sube. Lógicamente, hay recesiones, pero siempre son pasajeras. Lo cierto es que esa parte del valor económico, creado por el progreso social, se la quedan los dueños de la tierra, incluyendo los propietarios de viviendas. De esta manera, los impuestos de todos, incluso de aquellos que no son dueños de su vivienda u otra tierra, se utilizan para producir valor que es capturado por los relativamente ricos, que poseen tierra y en la mayor parte de las veces, sólo la que está debajo de sus viviendas. En otras palabras, el rico efectivamente recupera lo que pagó en impuestos.
En definitiva, cuanto más rica es una persona, cuantas más propiedades tiene una empresa, más dinero recuperan de los impuestos que pagan a través del incremento en valor del suelo sobre el cual están construidas sus propiedades. Lo que aumenta de valor es el suelo, no la construcción que se amortiza con el tiempo. Dos casas exactamente iguales, una ubicada en el barrio de Salamanca y otra en Parla, tiene valores muy distintos. El mayor valor de la casa en el centro de Madrid es la renta del suelo capitalizada. El ciudadano de a pie mira el precio y dice “la propiedad ha aumentado”. Por supuesto es así, pero lo que se ha incrementado es el valor del sitio, es decir de la tierra. Y cuanto más crece y progresa la sociedad, más aumenta este valor, en perjuicio de los que no tienen acceso a la propiedad y de las generaciones futuras.
Este es el círculo infernal de la economía capitalista, que permite el progreso inherente a la iniciativa privada, pero que automáticamente genera pobreza y exclusión. Los ricos son cada vez más ricos, pero el sistema es una máquina de producción de pobreza.
¿Cómo combatir esto? Por supuesto, no es sencillo, porque en cierta forma los pequeños propietarios –que también ven aumentar el valor de sus propiedades– son aliados de los grandes propietarios. Lo primero, sin duda, es reconocer el problema, cosa que hasta ahora la social democracia no ha hecho, salvo en algunos países escandinavos (Dinamarca, Finlandia). Lo segundo, abrir el debate ante la opinión pública, para lograr así el apoyo social necesario para promover gradualmente las reformas en el sistema impositivo necesarias para que la financiación del Estado se base en parte importante en la captura del valor social de la tierra –la plusvalía– abandonando paulatinamente la imposición indirecta, verdadera loza sobre la cabeza de los menor favorecidos.
Lo más difícil es el verdadero coste político que tiene toda reforma del régimen impositivo sobre la propiedad inmobiliaria. Por ello esclarecer a la opinión pública es imprescindible, porque si no se sigue dicho camino – llegará un tiempo en el cual el precio por no hacer lo correcto también será demasiado alto.
Sería bueno que Jesús Caldera, encargado por el Presidente del Gobierno de “exportar pensamiento progresista”, meditara sobre esto.
Fernando Scornik Gerstein es Presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade y miembro del Grupo de Fulham en el Reino Unido
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
Fred Harrison, el gran economista británico, quizás el más distinguido think tank del grupo de Fulham, en Londres, nos cuenta en su último libro, La bala de Plata, una historia real e interesante que, dice, permite percibir la anatomía de la corrupción en nuestro quehacer diario. Harrison fue asesor de la Duma federal en Rusia en los tiempos de Yeltsin. Fue escuchado, pero finalmente se siguieron los dictados del Fondo Monetario Internacional y otros asesores del establishment occidental que terminaron con la entrega de los recursos naturales a los oligarcas y el hundimiento de la economía rusa.
La historia que nos cuenta comienza en la Perspectiva Nevsky, que es lo que podríamos llamar la Quinta Avenida de San Petersburgo. Allí, surgidos de las cenizas del comunismo, aparecieron comerciantes de toda Rusia deseosos de vender sus productos. Como no había tiempo –ni dinero– para instalar verdaderos establecimientos comerciales, los gobiernos municipales, incluyendo el de San Petersburgo, dieron licencias –en este último caso en la Perspectiva Nevsky– para instalar quioscos pagando unos pocos rublos de renta. Pero sucedió que unos estaban mucho mejor ubicados que otros. Los que estaban en las bocas del Metro producían un giro comercial mucho más importante que los otros. Ese exceso sobre la ganancia media, fruto de la ubicación, era lo que económicamente se denomina, renta del suelo y debería haberla cobrado el Ayuntamiento, pues no era fruto de la habilidad del comerciante, sino de la ubicación privilegiada. Pero el Ayuntamiento no cumplió con esta obligación, manteniendo los pocos rublos por el alquiler. Entonces apareció la mafia y con el argumento de la “protección” comenzó a cobrar cifras extraordinarias a los quioscos mejor ubicados y menos, como era lógico, a los más alejados. Lo cierto es que los improvisados comerciantes podían pagar y pagaron, pero no a las arcas públicas sino a las bandas de delincuentes organizadas que privatizaron la renta a su favor.
La conclusión de Harrison es obvia: si el Estado no cumple con su obligación de gravar las plusvalías del suelo –es decir, la renta– siempre habrá alguien dispuesto a apropiarse de ellas, sea como sea.
Volvamos ahora los ojos hacía nuestro país. Hay muchos casos, pero tomaremos uno notable por su magnitud: la operación Malaya, en Marbella.
Alrededor de este caso se han movido cifras de fábula. Están en todos los periódicos, no es necesario repetirlas. Sorprenden por su volumen, por el lujo en que permitía vivir a sus beneficiarios, por la impunidad con que se actuó durante muchos años.
Lo que interesa es determinar de donde salían esa sumas que percibían los “presuntos” –digo “presuntos” porque los juicios están todavía en marcha– corruptos. ¿Por qué los urbanizadores, constructores y especuladores podían pagar y pagaron cifras fabulosas por obtener licencias, permisos y cambios de destino, para parcelas originariamente no urbanizables? ¿De dónde provenía ese dinero? La respuesta es también obvia: del mismo origen que el dinero que pagaron los quiosqueros de San Petersburgo a la mafia, es decir de la renta del suelo. Cualquier cambio de destino, licencias obtenidas donde no era posible darlas, generaban para el beneficiario una plusvalía extraordinaria. Esa ganancia extra no provenía de los ladrillos sino de la ubicación, y era tanta que alcanzaba para pagar a los corruptos y embolsarse por los beneficiarios otra buena parte.
El Estado, al no cumplir con su obligación de gravar las plusvalías –es decir, devolver a la comunidad lo que la comunidad ha creado, pues la plusvalía es una creación social–, permite que los grupos de corruptos, asentados generalmente en los ayuntamientos, se apropien de ellas.
Y no es que en España no se haya previsto el problema. En los Pactos de la Moncloa –uno de los momentos de más sinceramiento de la vida política española– se dice expresamente: “La política de suelo y urbanismo propuesta se basa en tres principios: primero, en que la actuación pública debe reflejar el deseo social de ocupación y uso del suelo urbano; segundo, en que el plusvalor sobre el suelo urbano es fundamentalmente de la colectividad y, finalmente, que el sector público debe asumir un papel principal en lo referente a garantizar la entrada en uso del suelo urbano”.
En los Pactos se proponen medidas, algunas se instrumentan tibiamente. El principio de que el plusvalor del suelo urbano pertenece a la colectividad, jamás se llevó a la práctica.
La Constitución española es menos clara. En su artículo 47 dice que “La Comunidad participa en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. No dice en qué medida. La realidad es que ha participado en muy poco.
Lo notable es que el Partido Popular, que se ha cansado de batir el parche sobre la “ruptura de los acuerdos de la transición” sobre este acuerdo, el de la plusvalía, no dice nada. Lo penoso es que los economistas del PSOE tampoco mencionan los acuerdos preconstitucionales, ni siquiera el contenido del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Para la gran mayoría de nuestros economistas –educados en los postulados neoliberales– la tierra es sólo una forma más de capital y, al parecer, poco importante. Que es distinta, ya que no es producto del trabajo como el capital, la realidad cotidiana lo demuestra, pero como dijera León Walras, los intereses que defienden el privilegio territorial han deformado la enseñanza de la economía en no pocas universidades. La tierra está detrás de muchas cosas: de la especulación, de la corrupción, de la crisis de la vivienda, de las debacles que siguen matemáticamente a los booms inmobiliarios, de las economías familiares ahogadas por las hipotecas, etc… Como decían los antiguos brahamanes –según cita Henry George–: “A quien quiera que en cualquier tiempo pertenezca el suelo, le pertenecen los frutos de éste. Parasoles blancos y elefantes locos de orgullo son las flores de una concesión de tierra”.
La solución no es mirar para otro lado, sino atacar el problema y no esperar –como sucede ahora– que el valor de la tierra caiga no por políticas acertadas sino como consecuencia de la crisis económica o “desaceleración”, como gustan llamarla. Tierra accesible y barata significa bienestar y prosperidad, tierra cara implica, para la gran mayoría, estrechez y dificultades económicas. A muchos de nuestros economistas –no a todos, gracias a Dios– se les puede decir aquello que Winston Churchill dijera en los Comunes a un parlamentario laborista: “El honorable miembro nunca tiene suerte en que los hechos que expone coincidan con la realidad”.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la Internacional Union for Land Taxation and Free Trade
Ilustración de Mikel Jaso
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
La polémica desatada en el Partido Popular, entre Esperanza Aguirre que se proclama liberal y quiere un gran debate ideológico y Mariano Rajoy que se proclama exactamente no se sabe qué, pero al parecer ni liberal ni conservador, induce a repensar este tema del liberalismo.
Los primeros liberales fueron los fisiócratas que en el siglo XVIII proponían reemplazar el régimen fiscal francés de impuestos sobre el trabajo y la producción por un impuesto sobre la renta del suelo agrario (lo que, según Marx, equivalía a nacionalizar la tierra). No les fue muy bien, la Gran Revolución los barrió a todos.
Luego vino Adam Smith, el célebre escocés, defensor de la libertad comercial y enemigo acérrimo del mercantilismo esa escuela cuyo único afán era hacerse de oro para las arcas públicas, prohibiendo las importaciones. Smith decía que esto era la ruina. Según él el Estado debía combatir todo tipo de monopolio y dejar que el interés individual en libertad guiara la economía. Coincidía con los fisiócratas en que la tierra era una monopolio y que en consecuencia los ingresos provenientes de un impuesto sobre la renta del suelo –incluía también el suelo urbano – era la fuente ideal de recursos para el Estado.
Más tarde, en el siglo XIX, el británico John Stuart Mill sostiene que no podía haber verdadera libertad económica si se permitía que los particulares se adueñaran de las plusvalías del suelo y proponía recaudarlas para el Estado.En España, Álvaro Florez Estrada propone ya en 1839 soluciones similares para el problema social. Otros pensadores compartieron estas ideas en España.
Hacia 1879 surge en USA Henry George, un economista cuya obra “Progreso y Miseria”, habría de convertirse en el libro de economía más leído de todos los tiempos. Defensor de la libertad económica, su libro “Protección o Librecambio”, constituye quizás el más devastador ataque escrito contra el proteccionismo. George sostiene que no puede haber verdadero liberalismo si se permite el monopolio de la tierra, pero contrariamente a lo que proponían los radicales, no postula dividirla, sino simplemente tomar la renta para el Estado respetando a los propietarios y el uso privado. Surge así la teoría del “Impuesto Único” sobre el valor del suelo libre de mejoras, como método para recaudar la renta de la tierra, haciendo de ella la única fuente de recursos para el Estado y suprimiendo los demás impuestos. George ejerció notable influencia en el mundo anglosajón y hasta en China, donde sus ideas fueron tomadas al pie de la letra por Sun Yat Sen, el fundador de la República. Muchos economistas en USA lo rechazaron, otros lo trataron con respeto.
De esta corriente se nutre el Partido Liberal británico que aprueba en los Comunes en 1909 el llamado “Presupuesto del Pueblo”, estableciendo un moderado impuesto a la tierra que fue rechazado por la Cámara de los Lores. Winston Churchill, que entonces militaba en el Partido Liberal sostenía que “aunque es verdad que el monopolio de la tierra no es el único monopolio que existe, es sin duda el más grande de todos los monopolios es un monopolio perpetuo y es la madre de todas las otras formas de monopolio”.
En Francia, León Walras, considerado por muchos el más grande economista de todos los tiempos, sostenía que la libertad económica era la ley que aseguraba el progreso de las sociedades humanas, siempre y cuando se acabara con el monopolio de la tierra.
En Alemania, Franz Oppenheimer y su discípulo Ludwig Erhardt sientan las bases de la economía social de mercado, una de cuyas premisas es precisamente el acceso al suelo y la defensa de la libre competencia.Todo esto que hemos expuesto representa la cara progresista del liberalismo.
Pero hay otro al que podríamos definir como el liberalismo de la “cosa nostra”. Este liberalismo muy extendido entre ciertos círculos conservadores, es el que considera que la libertad económica por sí sola, dejando subsistente no solo el monopolio del suelo, sino también otros monopolios, basta para solucionar los problemas sociales.
Profundo error. La libertad económica cuando se asienta sobre monopolios generará progreso, pero también miseria y exclusión. La libertad funciona, cuando puede haber competencia. Cuando no puede haberla, la intervención del Estado es imprescindible.
Basta con observar los niveles de pobreza y exclusión que existen en los Estados Unidos para caer en la cuenta de lo muy imperfectamente que funciona esta pretendida libertad.
Este liberalismo es el de los “neo-con” americanos, el que ha permitido a los oligarcas rusos adueñarse de los recursos naturales, el que amontona en los suburbios de las ciudades francesas a masas sin futuro, el que explota a África y Latinoamérica, el que crea el caldo de cultivo donde se nutre el terrorismo.
¿Cuál es el “liberalismo” del que presume Esperanza Aguirre? Quizás pronto lo sabremos, pero los indicios no son buenos. En la Comunidad de Madrid no se ha hecho nada serio por acabar con la especulación del suelo. Cierto es que no se ha lanzado a una carrera de privatizaciones, pero se ve que no le disgustan.
En cuanto a Rajoy, ha dicho poco. Su postura ha quedado en la penumbra. ¿Sabrá salir de ella? España necesita sin duda un pensamiento liberal y progresista, que puede ser conservador pero que no mire la realidad a hurtadillas, para no ver las injusticias que emanan del sistema vigente.
Fernando Scornik es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade
Ilustración de Javier Olivares
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
Para tratar de entender lo que está pasando en Argentina y las dificultades que enfrenta la señora Kirchner, debemos penetrar, aunque sea superficialmente, en algunos aspectos del peculiar –e injusto– sistema tributario argentino.
El 11 de Marzo de 2008 mediante una simple resolución (la Nº 125) del Ministerio de Economía se incrementaron las retenciones a las exportaciones estableciendo un sistema de “retenciones móviles” según los distintos precios que se fueran obteniendo para las exportaciones de productos agropecuarios. ¿Qué son las retenciones? Pues un arancel al revés: en vez de gravar los productos que se importan (arancel que por supuesto también existe en Argentina) este arancel –la “retención”– grava a los productos que se exportan.
El mecanismo es sencillo; por cada dólar que percibe –o mejor dicho, debiera percibir– el exportador, el Estado Argentino se queda con una parte al ser convertido en pesos. Estas retenciones eran ya muy importantes antes del 11 de Marzo: 35% para la soja, 32% para el girasol, 28% para el trigo, 24% para el maíz. También había retenciones, aunque menores para las exportaciones de carnes y productos lácteos.
El exportador, a su vez, para cubrirse paga precios más bajos a los productores en el mercado interno cuando adquiere los productos. En definitiva, la retención recae sobre productores, que reciben menos dinero. En realidad se trata pura y simplemente de un impuesto.
El Gobierno argentino, sin consultar al Parlamento, sin siquiera una discusión a nivel político, eleva en el mes de Marzo las retenciones a promedios (ya que son móviles) de 44,1% (que pueden llegar hasta el 49%) para la soja, 39,1% para el girasol, 27,1% para el trigo y 24,2% para el maíz. También se incrementaron las “retenciones” a la exportación de carne vacuna (del 5% al 15%) y se rebaja la que afectaba a los productos lácteos (del 15% al 10%).
La piedra del escándalo fue la soja, en efecto los altísimos precios que se pagan en el mercado internacional han convertido a la soja en el producto estrella del campo argentino y muchísimas explotaciones agrarias se han volcado al cultivo de esta leguminosa. Este cultivo –que además crea una cadena de actividades conexas– ha traído al campo argentino y a los alicaídos pueblos del interior un bienestar y un progreso como no se conocían desde hacía décadas… y mucho dinero para los grandes productores, muy especialmente para los terratenientes y para el Estado, a través de las retenciones.
En efecto se comenzaron a cobrar precios extraordinarios por los arrendamientos de campos y los terratenientes argentinos comenzaron a soñar quizás con volver a las épocas en que las banderas argentinas ondeaban en los Campos Elíseos –en París– para las fiestas patrias.
Pero estaba el Estado y las retenciones, que eran –para la soja– de un 25% en 2002 comenzaron a aumentarse, hasta llegar al nivel explosivo del 44,1% (promedio) con la resolución del 11 de Marzo de 2008.
Es decir que por cada 1.000 pesos que debía percibir el productor, el Estado se queda con 440 y con el saldo el productor debe pagar todos sus insumos (fletes, labores, semillas, fertilizantes, etc…) en medio de una significativa inflación de costos. Además, por supuesto debe pagar el Impuesto a las ganancias y a los demás gravámenes nacionales, provinciales y municipales. Si el productor es propietario de la tierra, todavía genera un margen de beneficio respetable, pero si es arrendatario y debe pagar la renta del suelo al terrateniente, su margen se ve drásticamente reducido, se ve proletarizado, para decirlo de alguna manera. Cuando se incrementan las retenciones, el estallido era previsible. Los terratenientes también se oponen a las retenciones –quieren ganar más– pero para los arrendatarios –sobre todo para los pequeños– es casi una cuestión de supervivencia y a su protesta se unen miles de argentinos en el interior del país, que ven como el Estado confisca su fuente de bienestar, además, sin consultar a nadie y sin coparticipar a las provincias, pues a diferencia del impuesto a las ganancias, las retenciones se las queda íntegramente el Gobierno nacional.
La filosofía de las retenciones se basa en algunas semi verdades y en unas cuantas falacias. La primera semi verdad es que los costos internos son menores que los internacionales. Esto fue así cuando la gran crisis del año 2001, pero las cosas han cambiado y la inflación de costos desde entonces hasta ahora es notable. No existe justificación para que el Estado retenga el 44,1% de cada dólar, con el argumento de que los costos del productor “son bajos”. Eran bajos, que es muy distinto.
Hay también varias falacias: una, que con esto se combate a la oligarquía terrateniente. Por supuesto, las retenciones afectan a la renta fundiaria. Ello es evidente, aunque en realidad los terratenientes se limitan a ganar menos, que nunca es agradable, pero las verdaderas víctimas de las retenciones son los arrendatarios, que no perciben renta fundiaria, sino que la pagan.
Otra falacia es que hay que “deprimir el cultivo de soja” porque si no Argentina se dirigirá hacía el monocultivo. Primero que hay muchos campos en los que no se puede cultivar soja, segundo que la diversidad en la producción agraria ha sido una constante en la historia argentina: el lino, por ejemplo, que era un cultivo esencial, ha desaparecido. En tercer lugar –last but not least– que si exportar soja es el gran negocio, lo que hay que hacer es –con su producido– comprar otros productos que falten y no atacar el cultivo de la misma.
¿Qué es lo que hará el Gobierno argentino? Es difícil decirlo. Nosotros podemos decir lo que debería hacer: en primer lugar, suprimir las retenciones. Pero si se limitara a hacer esto, el espacio económico que dejaría libre el Estado, sería inmediatamente ocupado por los terratenientes: se incrementaría aún más el precio de los arrendamientos. Por ello, paralelamente a la supresión de las retenciones, debe gestionar el incremento de los impuestos a la tierra a nivel comunal e implementar un gravamen federal a la renta del suelo libre de mejoras, en régimen de coparticipación con las provincias. Un impuesto cuyo sujeto imponible debería ser el propietario de tierras.
Ello produciría una caída en los valores del suelo y facilitaría el acceso de los productores a la tierra. Este y no otro es el cambio que Argentina necesita y que podría volver a convertirla en el granero del mundo, como lo fue en los años veinte del siglo pasado, cuando todavía había tierra barata y tierra libre y cuando su Producto Interior Bruto (promedio) era casi igual al del Reino Unido. Lo indudable es que la soja ha sido un puntal del resurgimiento argentino: si se exportan los 50 millones de toneladas que se esperan de la actual cosecha ingresarían al país 21.400 millones de dólares. Hay muchas cosas – no solo dinero– en juego y hay que proceder con tacto y prudencia.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade.
Ilustración de Patrick Thomas
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
La solución a la crisis de la vivienda consiste en transformar todas las viviendas de España en “viviendas protegidas”. Para ser claro: hay que lograr que el precio de la vivienda baje en todas partes y no sólo en los islotes de viviendas protegidas, que nunca, por sí solos, podrán resolver el problema, ya que son como una gota de agua en el mar.
Cómo lograrlo es algo extremadamente complejo, especialmente por los intereses que se verán necesariamente afectados.
Ha dicho el Partido Popular que la Comunidad de Madrid es la que más viviendas protegidas ha construido en España. Sin duda, ha construido bastante más que otras Comunidades.
Pero ¿ha resuelto ello el problema de la vivienda en Madrid? De ninguna manera, sigue exactamente igual. Cuando Gallardón intentó hacer algo sensato que era gravar las viviendas desocupadas –aunque el sistema que propiciaba no era ciertamente el más indicado– fue parado en seco por su propio partido.
Desgraciadamente hay demasiados en el PP comprometidos con la especulación inmobiliaria como para que sus propuestas sean creíbles. También, por supuesto, los hay en el PSOE y en otros partidos.
Los seres humanos son lo que son y si se pone el fruto del árbol prohibido al alcance de la mano, lo tomarán.
En realidad, el sistema nos transforma a todos en especuladores.
Todos –los que son propietarios– miran con placer cómo se incrementa el precio de su vivienda, sin pensar que ello dificulta al acceso a sus hijos y grava a las generaciones futuras.
Por supuesto lo que se incrementa no es lo construido, no es la vivienda en sí, que se deprecia con el tiempo. Lo que se incrementa es el valor del suelo, por el constante aumento de la demanda y el progreso económico.
Sostiene el Partido Popular que hay que lograr un acuerdo entre el Estado Nacional y las Comunidades Autónomas para liberalizar el suelo. Sin embargo, como los permisos de construcción –si queremos preservar el medio ambiente– no pueden concederse indefinida e indiscriminadamente, por más que se liberalice el suelo éste se volverá a monopolizar, a menos que, conjuntamente, se apliquen otras medidas.
Toda América Latina, con inmensos territorios, escasa población y graves problemas de vivienda es un ejemplo de que la oferta de suelo, por sí sola, no resuelve el problema.
Hay que liberalizar el suelo, pero al mismo tiempo hay que gravar las plusvalías inmobiliarias en forma drástica, con tasas sensiblemente más altas que las actuales, amén de otras medidas complementarias.
La gravación radical de las plusvalías originadas en los procesos de urbanización se hizo reiteradamente en el Reino Unido –los “beeterment tax”– bajo los gobiernos laboristas, cuando los laboristas eran socialistas. Los gobiernos laboristas –a partir de 1945– implantaban la imposición a las plusvalías en las tierras urbanizables –en algunos casos hasta del 100%– y los gobiernos conservadores se apresuraban en derogarla. Finalmente llegó la imperturbable Mrs. Thatcher, derogó todo y además vendió las viviendas comunales. El resultado fue una terrible crisis de vivienda que Tony Blair no hizo más que continuar con su inexistente “Tercera Vía”.
En realidad el sistema de gravar drásticamente las plusvalías inmobiliarias tropieza con dos inconvenientes: primero, puede desalentar a los promotores que se ven reducidos a la cuota de ganancia media del capital productivo –generalmente muy inferior a la que proporciona la renta del suelo– y segundo, que los propietarios suelen retraer la oferta esperando que caiga el gobierno y se derogue la ley.
Para resolver el primero, lo recomendable es que la tasa del impuesto nunca llegue al 100%, sino que se fije como máximo en el 60% o el 70%, como en Taiwán, por ejemplo. Para atacar el segundo inconveniente se han propiciado en la legislación comparada, dos soluciones, una, la implementada en la República de Corea en los años 1980/1990, que consistió en aplicar un impuesto del 50% sobre el incremento del valor de los terrenos –calculado este incremento sobre la media nacional–, impuesto que se cobraba cada 3 años y que podía ser anual si en cierto distrito el incremento excedía en 1,5 la media nacional, pero con la singularidad única de que este impuesto se cobraba por el solo hecho del incremento del valor de los terrenos, aunque no hubiese venta ni urbanización del mismo. Ni que decir que la especulación quedo fulminada, pero se produjeron situaciones injustas, pues muchos propietarios debían vender sus propiedades para pagar el impuesto.
Otra solución, más acorde con la tradición occidental es, además de liberalizar el suelo y gravar adecuadamente las plusvalías, aplicar el impuesto inmobiliario directo pero sobre el valor del suelo libre de mejoras (nuestro IBI, pero mejorado) con tasas suficientemente altas para desalentar la tenencia especulativa. Las tasas del IBI en España son 3 o 4 veces inferiores a la media de los países anglosajones, por ejemplo.
En España habría que hacer del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles la fuente principal de financiación de los Ayuntamientos, como sucede en casi toda Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Habría por supuesto que suprimir o rebajar otros gravámenes.
Pero para hacer estas cosas, y dar solución al problema de la vivienda abaratando el suelo en todo el país, sí que se necesita un acuerdo, pero no entre el Estado nacional y los ayuntamientos, sino un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas que quieran acabar con el cáncer de la especulación del suelo.
Mientras no se logre este acuerdo, la construcción a gran escala de viviendas protegidas –como propone el PSOE– puede ser un paliativo, pero nada más.
Sin ese acuerdo, que daría permanencia a las reformas, será muy difícil acabar con un problema cuya solución necesariamente pasa por afectar los patrimonios individuales actuales en bien de las generaciones futuras.
Un problema a cuya solución se oponen los más poderosos y vigilantes intereses. Enfrentarlos es un gran reto para el nuevo gobierno, destruyendo el absurdo de que en un país vacío como España –con solo 87 habitantes por km2, una de las tasas más bajas de Europa– el suelo –y por lo tanto la vivienda– sea un bien casi inaccesible para una parte importante de la población.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade.
Ilustración de José Luis Merino
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
En una entrevista con el diario El Economista, Manuel Pizarro hizo el pasado martes día 26 de febrero algunas afirmaciones inteligentes, pero lamentablemente van unidas a otras inexactas que revelan una confusión bastante usual, pero injustificable en un candidato al Ministerio de Economía y ya no digamos en un crack como lo presentó ayer Mariano Rajoy en Zaragoza.
En efecto, declaró Pizarro: “Estoy convencido de que la crisis actual no es inmobiliaria, sino de modelo financiero”. Se trata ésta de una afirmación superficial, típica de alguien que, como dijera Sherlock Holmes, ve… pero no observa. No hace falta ser un especialista para darse cuenta de que todo el sistema financiero español está basado en los valores inmobiliarios. Ninguna entidad bancaria concede créditos ni financiaciones si no están respaldadas por sólidos valores inmobiliarios. Vale con ir a un banco a pedir un crédito para ver lo que le piden como garantía.
Esta alianza entre los grandes bancos y los terratenientes urbanos y rurales, y la especulación inmobiliaria no es, por supuesto, exclusiva de España. Se da también en gran parte del mundo capitalista con algunas excepciones y, en algunos casos, como el de Japón, con consecuencias trágicas para los bancos, arrastrados durante más de una década por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Sin embargo, la alianza mencionada persiste y lo hace precisamente porque gran parte del mundo capitalista permite que los valores inmobiliarios se inflen. Esto no sucede en sitios como Singapur o Hong Kong (incluso cuando era colonia británica), simplemente porque la propiedad romana del suelo no existe (toda la tierra es del Estado – y siempre lo fue – en Hong Kong y también lo es el 90% en Singapur) o en otras naciones como Taiwán, Australia o Nueva Zelanda, donde las plusvalías están fuertemente gravadas. Tampoco, por supuesto, en China, donde, a pesar de los tópicos, la propiedad de la tierra sigue en manos del Estado.
Pizarro hace una observación razonable: “Hay que jugar sobre la oferta y, en particular, sobre la variable esencial del suelo, favoreciendo los trámites de puesta en el mercado para invertir la tendencia negativa y dar aliento al mercado inmobiliario”. La observación es incompleta, porque el suelo no es una variable esencial: simplemente es la única variable que importa. Lo que aumenta de precio en la burbuja no son los ladrillos, como se puede comprobar en la evolución de las
estadísticas, sino el suelo.
No solo hay que lograr que el suelo entre al mercado, sino que lo haga a precios razonables. ¿Cómo lograrlo? Sobre esto Pizarro no nos dice nada. Se limita a dar el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde, dice, se han construido muchas viviendas protegidas. Pero no nos equivoquemos: se trata de una gota de agua en un océano de necesidad. En materia de suelo, nada se ha hecho y si caen los valores, es porque la burbuja se está desinflando.
Lo aconsejable no es esperar a que la crisis hunda los valores del suelo, como sucedió en Japón. Hay que adoptar medidas antes de que llegue una crisis. Y es difícil que hombres como Pizarro se atrevan a plantear estas medidas. Estas medidas son fiscales: entre otras, se trata de gravar las plusvalías inmobiliarias y poner al día las valuaciones fiscales para las contribuciones inmobiliarias.
Este tipo de medidas no caben en el planteamiento político del Partido Popular, obsesionado con las rebajas fiscales, sin caer en la cuenta de que aquí no se trata de aumentar la presión fiscal, sino de variar el objeto imponible.
Mason Gaffney, que a sus 84 años quizás el más prestigioso experto en fiscalidad del suelo en Estados Unidos, identifica 15 formas de gravar la renta de la tierra e impedir la especulación. Alguna se le podría haber ocurrido a Pizarro. Y también, dicho sea de paso, a los socialistas que aspiran a la reelección.
La oferta del suelo jamás resolverá por sí sola el problema, pues la tendencia al monopolio en la propiedad del espacio económico es imparable. Si la sola oferta fuera la solución, países con bajísima densidad de población, como Argentina (13 habitantes por km2) no tendrían problema de vivienda y, sin embargo, lo tienen. Otros, casi sin suelo, como Singapur (6.245 habitantes por km2) o Hong Kong (6.688 habitantes por km2), sufrirían un caos habitacional y, con todo, el problema de la vivienda no existe en estos países. España tiene solo 87,2 habitantes por km2. No tiene por qué haber un problema de vivienda. Si lo hay, es porque quienes deberían ofrecer las soluciones, en vez de decir la verdad, se dedican a ocultarla.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y Presidente de la Internacional Union for Land Taxation and Free Trade
Ilustración de Luciano Lozano
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
Decía Adam Smith, el genial fundador de la Ciencia de la Economía Política y padre del liberalismo económico, que la clase menos indicada para gobernar un país era la de los empresarios (él hablaba –en el siglo XVIII– básicamente de los comerciantes, que eran los empresarios de entonces). Según Smith los comerciantes se preocupan sólo de maximizar sus ganancias y eliminar la competencia, todo lo contrario de lo que necesita un país, que es ampliar sus mercados basándose, precisamente, en la libre competencia.
Si algo ha quedado demostrado en el debate entre Solbes y Pizarro es que, más allá de sus cualidades como hombre de empresa, Pizarro tiene muy escasa solvencia para dirigir la economía de un país desarrollado –como lo es España– y ninguna para afrontar una crisis, si llega a haberla.
Hasta el más lego sabe que las tensiones económicas actuales –que afectan en mayor o menor grado a todas las naciones europeas– tienen su origen en un factor externo a España (y a Europa): la crisis del sector inmobiliario norteamericano que, en una economía globalizada, se ha extendido como un reguero de pólvora a todos los mercados. Pretender culpar de nuestra desaceleración al Gobierno de Rodríguez Zapatero, como repite machaconamente el Partido Popular es, simplemente, falsear la realidad, y decirlo en un debate televisivo –como claramente lo sugirió Pizarro– no es solo falso, es además poco serio.
Un pretendiente al Ministerio de Economía debe cuidar sus palabras, ya que por ellas será juzgado. Si llega al ministerio será juzgado por lo que haga, por ahora solamente lo es por lo que dice o por lo que omite.
Decir por ejemplo que el ahorro fiscal –para justificar la rebaja de impuestos– debe basarse en la supresión del Ministerio de Vivienda, de los sueldos de los diputados de la izquierda abertzale o en no hacer reformas como las de la vivienda del ministro de Justicia –entre otras cosas igualmente insignificantes en el presupuesto del Estado– es ofender la inteligencia del público que aunque no sea experto en economía, sí sabe sumar y restar.
Sobre el problema de la vivienda -el que más afecta a la economía familiar y al futuro de la juventud española, ya sea por los precios abusivos que inciden sobre las hipotecas o simplemente por no poder acceder a ella– ninguno de los dos contendientes estuvo brillante. Ambos ignoraron el factor central que incide en el precio de la vivienda: el valor especulativo del suelo. Solbes, si se quiere, estuvo más cauto. Pizarro se dedicó a hablar reiteradamente de las viviendas protegidas construidas por la Comunidad de Madrid (se olvidó de las otras comunidades gobernadas por el Partido Popular) que, como todos los madrileños saben, no han resuelto el problema, que sigue exactamente igual que antes. Frente a la necesidad de vivienda, las protegidas son como una gota de agua en el océano: un paliativo, nunca por sí solas una solución.
Solbes reclamó seriedad a su contrincante y estaba en lo cierto. Pizarro no tuvo más remedio que inclinarse frente a la seriedad del ministro.
Los consejeros de Rajoy evidentemente no habían leído las sabias palabras de Adam Smith, sino quizás se habrían abstenido de recomendar el fichaje. El haberlo aceptado arroja dudas sobre la capacidad de discernimiento del propio Rajoy. El haberlo puesto en segundo lugar en la lista por Madrid –a un hombre sin experiencia política– puede interpretarse en términos freudianos como el fruto de tendencias autodestructivas. Quizás las mismas que llevaron al candidato del PP a negar acceso a Gallardón, uno de los hombres con más tirón popular de la derecha española.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade
Ilustración de Patrick Thomas
