Florent Marcellesi
Activista ecologista e investigador, miembro de Equo
Ilustración de Jordi Duró
Querida Real Academia Española:
En su diccionario de la lengua española, he visto que define usted la “revolución” como un “Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación”. Dado que el mundo vive una época de profunda crisis de civilización con signos persistentes de revueltas históricas e innovadoras frente al orden establecido, permítame que le sugiera algunas actualizaciones a sus definiciones.
La revolución es un sueño, una esperanza. Antes de llegar a ser cambio social o institucional, la revolución es primero un viento que recorre nuestros sueños y nuestras mentes: el de un futuro cercano o lejano, diferente y mejor, para nosotras, las generaciones futuras, los países del Sur, la naturaleza y sus seres vivos. Es una parcela de intimidad personal y colectiva que los poderes mercantiles o institucionales no nos pueden extirpar. Es una válvula de escape que potencialmente salta al mundo material como una chispa que enciende nuestros gritos de indignación y reafirma nuestra dignidad. Es el primer paso hacia la esperanza, la utopía concreta, es decir en tiempos grises una locura razonable.
La revolución es una incógnita necesaria. Seamos sinceros y reconozcámoslo, no sabemos cómo hacer la revolución. De hecho, ¿lo hemos sabido alguna vez? No hay manual ni escuela de la revolución, aún menos leyes naturales. La revolución no está escrita ni predeterminada y no responde a ninguna ciencia, aún menos en la era de la impredicibilidad causada por la crisis ecológica. Según cuáles sean las condiciones iniciales, nuestros propios actos y las reacciones hostiles, podrá cobrar una forma u otra y podrá conocer un periodo de transición tan largo como lo fue la sustitución del mundo feudal por el capitalismo. En un mundo altamente complejo e interrelacionado, su práctica es una constante búsqueda y aproximación, crítica y autocrítica, llena de errores y aprendizajes, un “caminar preguntando” como dicen los zapatistas. A menudo, ni siquiera sabremos si han sido exitosas nuestras pequeñas y grandes revoluciones. Quizás lo sepan las generaciones futuras, a la larga, cuando se den la vuelta y escruten la tortuosa senda trazada por el homo y la femina revolucionarius del siglo XXI. Sin duda, esta incertidumbre da vértigo. A su vez el vértigo nos confiere la humildad necesaria para imaginar, lejos de cualquier pureza y verdad absoluta, estrategias correctas.
La revolución es un poder-hacer. Tomemos el poder, sí, pero no cualquier poder: el poder de hacer y de ser autónomos como sujetos y comunidades. No tendría que ser un poder de control sobre alguien, ni una sustitución de una imposición por otra, ni tampoco solo una lucha por el poder institucional. Se trata más bien de un empoderamiento personal y colectivo desde abajo: del hombre que aprende a coser, de la mujer que decide parir en casa, de un grupo de amigos que ocupan y cultivan un huerto en plena ciudad, de una red que implanta una moneda social, de las personas trabajadoras que transforman su fábrica en cooperativa, de los que luchan en contra de la privatización del agua o de los indignados del 15-M que organizan sus asambleas de barrio. Es una apuesta incierta pero decidida, individual o colectiva, local o global, pacífica y ética, para tomar las riendas de nuestras vidas y del gobierno de lo común. Dentro de un proceso constituyente consciente y subversivo, es un movimiento constante para dejar de producir injusticia e insostenibilidad y una iniciativa permanente para construir ahora y aquí justicia social y ambiental. Como decía Paul Éluard, “otro mundo es posible y se encuentra en este”.
La revolución es grietas. Imagínense una capa de hielo cubriendo un lago de posibilidades y que gritemos tan fuerte que el hielo comienza a agrietarse, rápida o lentamente, de forma imperceptible o explosiva. Imagínense que todas estas grietas pequeñas o masivas lleguen a encontrarse y rompan la capa para dejar ver el lago. En estas brechas fractales, se encuentra lo que algunos socialistas minoritarios y la mayoría de los ecologistas llaman el “reformismo radical” o la “revolución lenta”, esta política de los pequeños —y a veces grandes, ¡por qué no!— pasos con objetivos radicales. Es una apuesta por una multitud de microrrupturas pero que, a diferencia de Holloway quién teoriza el agrietamiento del capitalismo, no tendría que rechazar a priori y según la realidad socio-política ninguna vía de acción como puede ser la institucional, siempre y cuando ésta esté sujeta a la estrategia del poder-hacer y de sus gentes y colectivos.
La revolución pertenece a la gente común. Para crear grietas, no hace falta vanguardias, ni élites profesionalizadas que hablan en nombre del pueblo pero sin el pueblo. La gente común en su diversidad es la condición sine qua non de la revolución. Sus actos de rebeldía diarios, no mediatizados, posibilitan la hegemonía cultural que tanto alababa Gramsci. ¿No nos dice Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo? Sí, al mismo nivel y juntas —de una forma u otra— con aquellas personas y organizaciones que alientan huelgas generales, del consumo o de los cuidados. ¡Rompamos de una vez la división entre activistas y no activistas, de entre los que han visto la luz y las masas ignorantes! Todas y todos somos gente común con capacidad transformadora y con algo que enseñar a los demás. No busquemos por tanto un sujeto revolucionario único y homogéneo, mítico y inaprensible. Con empatía y modestia, ampliemos nuestra mirada al “mundo de los mundos” y, como les llama Lipietz, a todas las y los “artesanos e ingenieros de la felicidad”. Allí fuera está la multitud de actores y actrices, organizados o no, que, sin ni siquiera a veces reconocerse como tal, son las semillas del cambio y que ya practican a diario otros mundos posibles de forma ruidosa o silenciosa.
La revolución es red. Sin duda, para construir en positivo, perdurar y también superar las contra-revoluciones de todo tipo, esta multitud y estas grietas tienen que saber y poder confluir, de forma puntual y a más largo plazo. La revolución será una red de revoluciones, que teje —entre etiquetas y estructuras tradicionales muy variadas— relaciones sociales y solidarias, alianzas temáticas, espacios de diálogo y puntos de encuentro entre nodos de resistencia y de alternativas. Sin unitarismo exacerbado y hegemonías asfixiantes, es una sed de cooperación y de apoyo mutuo, combinando flexibilidad y estabilidad, llena de inteligencia colectiva y de horizontalidad. Es una red de redes que hace de la resiliencia un factor clave de su éxito para tener, desde abajo y su radicalidad democrática, capacidad de adaptarse a los probables cambios profundos y bruscos de nuestro entorno social, institucional y natural. Dicho de otro modo, un ecosistema revolucionario —descentralizado, interconectado y biomimético— basado en la promoción de lo común y respetuoso de la pluralidad y singularidad de sus componentes.
Querida compañera académica, espero que mis apuntes le sean de utilidad para la revisión de su obra lingüística. Sin más, le saluda un lector asiduo.
Florent Marcellesi, miembro de la Comisión Gestora de Equo
La ecología tiene tres erres: Reciclar, Reutilizar y Reducir. El decrecimiento le añade cinco más: Reevaluar, Reconceptualizar, Reestructurar, Redistribuir y Relocalizar. Ante la ola sin precedentes de austeridad e insostenibilidad que recorren España y Europa, es hora de activar la número nueve: Resistir.
Resistir ante la era de los bomberos pirómanos y de los tecnócratas. En Europa, lo primero ha sido la llegada atronadora de la “Goldman sachs connection”, estos hombres con corbata que, de forma más o menos directa, han participado a la mayor crisis económica desde 1930. Puros productos del mundo de la banca y de las finanzas, sin importarles los evidentes conflictos de intereses entre su actividad anterior y sus nuevas responsabilidades, han tomado las riendas de un mundo supuestamente demasiado complejo como para dejarlo en mano de la res publica.
No está de más recordar una vez más que Mario Draghi, hoy presidente del Banco Central Europeo fue vicepresidente de Goldman Sachs para Europa entre 2002 y 2005, mientras que Mario Monti, el nuevo mandatario al frente del Gobierno italiano, había sido desde 2005 asesor internacional de Goldman Sachs. Por su parte, Lukas Papadimos, hoy primer ministro de Grecia, nunca fue empleado directo de la multinacional financiera: ‘solo’ fue gobernador del Banco Central de Grecia entre 1994 y 2002 cuando el Gobierno griego, ayudado por Goldman Sachs, manipuló sus cuentas públicas para poder entrar en la zona euro. Afortunadamente en España, como somos diferentes, hemos preferido otra guinda para el pastel: la de Lehman Brothers. De Guindos, el flamante ministro de economía, llevaba en España y Portugal la entidad financiera cuando, en 2008, quebró arrasada por las hipotecas subprime. Desde luego, todos estos tecnócratas conocen los entresijos que hoy llevan a cada vez más gente -los numerosos desahuciados lo saben bien- a escoger el banco más famoso de España: el del parque. Hoy nos gobiernan los responsables de la crisis; sin embargo son ellos quienes por sus deudas económicas y ecológicas tendrían que sentarse en otro banquillo, el del juzgado.
Resistir ante las políticas que atentan contra la justicia social y ambiental. Estas líneas se quedan cortas para resumir el atropello contra la democracia, la solidaridad y la naturaleza que la mayoría de los gobiernos europeos están cometiendo. Como dijo Cohn-Bendit, en calidad de copresidente del Grupo Verde en el Parlamento europeo refiriéndose a Grecia: “No pueden reformar a un pueblo contra su voluntad y con humillación”. En España de forma muy similar, nos ha tocado una reforma-rodillo laboral, sin ningún tipo de diálogo social en la era de los trabajadores-kleenex, así como propuestas de “mal ambiente”: la reintroducción del ladrillo-rey en las costas, el fin de las primas a las energías renovables o la prórroga de la vida de la central de Garoña (hermana tecnológica de la de Fukushima). Además de hipotecar el futuro de las generaciones venideras, esta dinámica tiene unos costes y riesgos inconmensurables: por un lado, aumenta la violencia como válvula de escape ante la indignación y, por otro lado, aumenta la represión como válvula de control e imposición. Con un claro ganador, como después del gran crisis de 1930: la extrema-derecha bajo todas sus formas, que recoge el odio sembrado y se nutre del repliegue identitario. Si le sumamos a este círculo vicioso la profunda crisis ecológica que subyace bajo la crisis económica y productiva, se acerca peligrosamente lo que André Gorz denominaba el ‘ecofascismo’ como salida posible -pero en ningún caso deseable- al callejón de la injusticia social y del despilfarro ecológico.
Resistir, construyendo y enredando alternativas. No existe fatalidad en el devenir de las sociedades humanas y tenemos en nuestras manos la capacidad de proponer otras vías ante esta regresión civilizatoria. Es cierto que no será fácil alcanzar una transformación social, ecológica y democrática de la sociedad pero la meta es imperiosa: garantizar nuestra supervivencia civilizada y pacífica. De hecho, al igual que el capitalismo convivió siglos y de forma minoritaria en las brechas del mundo feudal, ya convivimos dentro del sistema capitalista -y a menudo sin darnos cuenta- con las semillas de la sociedad justa y sostenible de mañana. Ya sea en Islandia o aquí en las redes de decrecimiento, ciudades en transición, cooperativa integral, grupos de consumo, economía social, solidaria y del cuidado, crianza con apego, autogestión, monedas alternativas, bancos del tiempo, huertos urbanos, software libre, ecoaldeas, 15-M, educación horizontal, acción no violenta, banca ética, etc, existen miles de colectivos y personas que de forma propositiva y creativa ya imaginan y ponen en práctica el futuro. Por esta razón, va a ser necesaria la resistencia constructiva sin anteojeras: ningún movimiento social, sindical o político, ni ninguna de sus ideologías subyacentes, posee por sí solo la verdad absoluta y total. Necesitamos enredarnos como neuronas complementarias dentro de una sociedad que pugna por la “democracia de lo común” es decir que favorece los bienes comunes, la lógica cooperativa y la capacidad de compartir. Cogiendo fuerzas rebeldes de la novena erre, la inteligencia común es la herramienta idónea para repensar y reciclar un mundo donde seamos capaces de ser felices como seres humanos autónomos, de forma democrática y solidaria, y dentro de los límites físicos del Planeta.
En idioma Eton, en Camerún, la palabra “desarrollo” se traduce por “el sueño del blanco”. Desde luego, este sueño occidental se ha convertido en pesadilla. Con los ojos abiertos y conscientes de nuestro poder de transformación, resistamos pues y construyamos una nueva esperanza.
FLORENT MARCELLESI
Miembro de la Comisión Gestora de Equo
Ilustración de Iker Ayestaran
Hoy día existe una norma profundamente arraigada en nuestras mentes y hábitos: trabajar de forma remunerada a tiempo completo. Por qué negarlo, la jornada completa, agitada frenéticamente como señuelo aún más en tiempos de crisis y de desempleo brutal, supondría para las masas trabajadoras la plena integración social así como un poder adquisitivo a la altura de sus hipotecas bancarias y de la avidez promocionada por la obsolescencia programada y la publicidad. De hecho, según la Encuesta de Población Activa, la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial afirma que su situación laboral de media jornada no se debe a su propia elección, sino a las necesidades de la empresa o a la situación laboral general del país.
Es cierto que el discurso dominante de las élites políticas y económicas ha allanado el camino. A la conquista del poder en 2007, el presidente francés Nicolás Sarkozy proclamaba que era prioritario “trabajar más para ganar más”. Mientras tanto, Mariano Rajoy no quiso parecer menos en su carrera a la Moncloa y, en una entrevista en marzo pasado al periódico El Correo, inauguró un desacomplejado “trabajar más y ganar menos”. La crisis económica terminó de asentar esta idea: Portugal, una de las dianas favoritas de los mercados y de las políticas de austeridad, ha decidido aumentar en media hora al día la jornada laboral en su sector privado. Para alimentar el crecimiento económico continuo y la promesa del pleno empleo, no quedan dudas ni alternativas ante la recesión: trabajar más (y consumir más) es un deber patriótico de la ciudadanía moderna.
Sin embargo, ¿saben los exegetas de la economía del crecimiento infinito que para mantener el nivel de producción y consumo anual tan solo se requiere que las personas activas dediquen al trabajo remunerado en torno a 25 horas de media a la semana? ¿Les importan las desigualdades ante el empleo que hacen que en España más de un 21% de personas estén
desempleadas, un 13% trabaje a tiempo parcial y un 66% a tiempo completo (sin hablar de las millones de personas trabajadoras pobres y precarias)? ¿Saben que, sumando su trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres trabajan diariamente casi una hora más que los hombres? ¿Saben que España agotó su capital ecológico del año apenas llegado el 19 de abril (es decir, que este día su huella ecológica ya superaba su biocapacidad)? ¿Han pensado que si el 100% de la población activa trabajara a jornada completa en el modelo socio-económico actual, nuestro país produciría un 33% más, lo cual ni nos dejaría empezar el año siguiente con algún superávit ecológico?
Sean o no conscientes de ello, es indignante comprobar que están promoviendo políticas exactamente opuestas a los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía y del planeta. En todo caso, no nos quedemos en la indignación: transformémosla en un compromiso positivo hacia una política laboral global y ambiciosa que sepa combinar justicia social y ambiental.
Primero, apostemos todos los sectores de esta sociedad por el reparto del trabajo. Es una de las soluciones más simples para mantener el empleo sin aumentar la producción, si se quiere ir hacia una economía próspera sin crecimiento. Dicho de otra manera, trabajar menos horas para trabajar más personas, a la vez que respetamos los ecosistemas y cumplimos con nuestras obligaciones climáticas internacionales. En esta senda, hablemos a través del diálogo social de una ley de 35 horas semanales y luego avancemos progresivamente hacia una mayor reducción de jornada para favorecer la compatibilidad entre vida personal, laboral y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, y la plena inclusión laboral de la mayoría de la ciudadanía.
En paralelo, incentivemos –y hago especial hincapié en los sindicatos– acuerdos voluntarios de reducción de horarios en las entidades privadas y públicas, racionalizando los horarios de trabajo tal y como propone la Comisión Española de Expertos. Tras años de constante aumento del trabajo remunerado tanto para mujeres como para hombres, la reducción de la jornada laboral es asimismo una apuesta por transformar los aumentos de productividad en tiempo libre no consumista (lo que implica en paralelo políticas sociales y educativas para salir de las lógicas de consumo de masas). Es hora también de favorecer el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, siempre y cuando vayan acompañados de condiciones de trabajo dignas y salarios justos y suficientes, para evitar en cualquier momento la trampa de la pobreza.
Asimismo, si trabajamos menos tiempo y más personas desde condiciones laborales decentes, supone reducir las horas extraordinarias, combatir la precariedad laboral, la flexibilidad no deseada, los contratos basura, el estrés, la intensidad y los accidentes laborales, así como reforzar los derechos de las personas trabajadoras inmigrantes. Trabajar mejor es trabajar con criterios de calidad y el orgullo de ser útil a la sociedad. Esto significa también una transformación ecológica de la economía para desarrollar sectores ricos en empleo verde y poco intensivos en energía (agricultura ecológica, cuidados a las personas, economía social, energías renovables, etc.) y, al revés, una contracción para los que exigen mucha energía fósil y/o especulación financiera (industria manufacturera, sector automovilístico, pesca industrial, bancos y seguros, etc.). Lo que supone a su vez la reconversión laboral pactada y planificada de las personas trabajadoras –y de sus valiosos conocimientos– desde los sectores en contracción hacia los emergentes.
Ante la crisis y el desempleo de masas, nuestra generación necesita un cambio urgente de normas laborales: para vivir mejor hoy y para que las generaciones futuras puedan simplemente vivir. Una política laboral eficiente y compatible con la ecología y la equidad es por tanto un ejercicio de realidad a la altura de los retos sociales y ambientales del siglo XXI.
Florent Marcellesi
Miembro de la Comisión Promotora de Equo
Ilustración por Javier Jaén
Cuánto podría crecer la economía para cumplir con los objetivos internacionales en la lucha contra el cambio climático? Agárrense bien: para evitar un aumento de temperatura de más de dos grados (lo acordado en la cumbre de Copenhague en 2009), y teniendo en cuenta una continua mejora de la eficiencia energética, el PIB mundial tendría que bajar más de un 3% cada año, es decir hasta un 77% entre hoy y 2050. De hecho, sólo con un ligero aumento del PIB de un 1% anual –que ni siquiera permitiría reducir la tasa del paro en España– y una hipótesis de mejoras tecnológicas muy optimista, ya superaríamos en 2050 en un 25% la meta climática institucional.
Este cálculo, realizado por el economista francés Michel Husson en ¿Crecimiento sin CO²?, nos pone ante una encrucijada: o seguimos pensando que el crecimiento es posible y deseable, y en este caso nos enfrentamos a consecuencias climáticas desastrosas, o aceptamos una reducción del PIB, lo cual significa, en el marco de una economía basada en el crecimiento, una recesión y muy duras consecuencias sociales. Por si fuera poco, la primera opción tampoco garantiza un mayor bienestar. Asimismo, es bien sabido que una vez superado el umbral de los 15.000 dólares de renta per capita, el nivel de satisfacción no reacciona, incluso ante aumentos importantes del PIB. Dicho de otro modo, el aumento continuo de nuestras rentas y la opulencia material, principalmente en el Norte, no nos hacen más felices. Más bien al contrario: mientras las tasas del paro y de la pobreza superan y rondan respectivamente el 20% en España, el hiperconsumismo favorece la frustración, la ansiedad o la obesidad, repartiendo desigualdad Norte-Sur y destruyendo las condiciones de vida básicas en la Tierra.
Como en una tragedia griega, nos estamos topando con lo que el británico Tim Jackson llama “el dilema del crecimiento”: el crecimiento no es sostenible –por lo menos en su forma actual– y el decrecimiento es inestable –por lo menos en las condiciones actuales–. Hilando la metáfora helénica, podríamos decir que estamos entre Escila y Caribdis: o bien nos desgarra el colapso ecológico o bien nos devora el colapso económico. Y para las sirenas del crecimiento verde, basado en desacoplar el crecimiento de los flujos de materiales y energía, nuestro modesto cálculo inicial nos hace pensar más bien en otro término griego: el mito. Hoy en día, la eficiencia tecnológica ni siquiera ha compensado el crecimiento de la población y queda muy lejos de compensar además el aumento del volumen total de abundancia material.
Sin embargo, igual que Ulises consiguió salir de la encrucijada –y también del canto de las sirenas–, pienso como objetor del crecimiento que existe una ventana de sostenibilidad, sin duda estrecha pero real y deseable, para iniciar la transición socioecológica fuera de este dilema del crecimiento. El objetivo está claro: otro modelo de producción y consumo donde reconciliemos nuestra aspiración individual y colectiva a la buena vida con los límites ecológicos de un planeta finito. Lo que Jackson ha denominado, de forma llamativa, la “prosperidad sin crecimiento”.
Retomando este potente concepto y cruzándolo con otros, planteo diez prioridades para la transformación ecológica, social, democrática y ética de la sociedad. Primero: establecer los límites y fijar umbrales de recursos y emisiones per capita, así como objetivos de reducción del consumo diferenciando entre países del Norte (contracción) y del Sur (convergencia). Segundo: construir una macroeconomía ecológica que integre las variables ecológicas donde la estabilidad no dependa del crecimiento, donde la productividad del trabajo no sea el factor determinante y que supere definitivamente el PIB como indicador principal de riqueza. Tercero: relocalizar la economía en torno a actividades poco intensivas en energía pero sí en mano de obra y que creen utilidad socioecológica. Cuarto: invertir masivamente en tecnologías y energías limpias, en la mejora de los ecosistemas y en los sectores sostenibles (véase el New Deal Verde). Quinto: hacer un uso masivo de la reducción de la jornada laboral y del reparto del trabajo, incluyendo el de los cuidados. Sexto: redistribuir la riqueza a través de una renta máxima, una renta básica de ciudadanía y una fiscalidad sobre los capitales y los recursos naturales. Séptimo: convertir la “banca ética” en norma para el sector financiero y retomar el control democrático de la moneda. Octavo: desmantelar la lógica social del consumismo educando para “vivir mejor con menos” regulando la publicidad comercial (reducción de su presencia en los espacios y medios públicos y creación de un órgano de control independiente). Noveno: reestructurar nuestras ciudades y territorios hacia la autosuficiencia energética y la soberanía alimentaria. Décimo: poner en marcha una democracia participativa como instrumento vertebrador de una transición exitosa.
Esa democracia del siglo XXI deberá ser también ecológica, capaz de integrar en la agenda política y en los procesos deliberativos la urgencia de la crisis ambiental, los intereses de las poblaciones del Sur con quienes compartimos un mismo espacio ecológico y, a largo plazo, los de la naturaleza y de las generaciones futuras.
A diferencia de la tragedia griega, no existe la fatalidad en el porvenir de la especie humana. Como escribe Jared Diamond, ante la crisis socioecológica, las civilizaciones pueden decidir colapsar o perdurar. En estos tiempos grises, es el momento de construir la segunda vía, la de la esperanza.
DANIEL COHN-BENDIT, PASCAL CANFIN, SVEN GIEGOL Y FLORENT MARCELLESI
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos la semana pasada por su nuevo presidente, Herman Van Rompuy, han intentado responder a las especulaciones de los mercados sobre la solidez de la zona euro y, en particular, de Grecia. Más allá de las medidas de solidaridad imprescindibles a corto plazo, el futuro de la zona euro pasa por una revisión profunda de las políticas económicas de la UE.
De hecho, la gestión de la crisis financiera ha mostrado las pocas ganas que tienen los estados de coordinar sus políticas de estímulo. Sin embargo, mejorar el modelo social europeo pasa por una mayor cooperación entre los estados miembros en el plano fiscal y tributario y por la reforma del pacto de estabilidad y crecimiento.
El presupuesto de la Unión no supera el 1% del PIB europeo, cuando el presupuesto federal de EEUU está en torno al 20% de su PIB. Esto refleja, por supuesto, historias diferentes, pero también muestra que la UE es un enano presupuestario, lo que no permite a la Comisión Europea estimular una verdadera política industrial, de investigación y de
infraestructuras.
Sin embargo, ante retos como el del cambio climático, hay que organizar la puesta en común de nuestros esfuerzos de investigación para desarrollar las técnicas que necesitaremos para reducir drásticamente el contenido en carbono de nuestros patrones de producción y consumo. Las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para el período 2014-2020 empiezan en 2010: los estados europeos deben proponer un aumento gradual del presupuesto del 1% al 5% del PIB de la UE en 2020, financiado al menos en parte por los impuestos directos recaudados por la Unión.
Para financiar este presupuesto y encontrar el margen de maniobra financiero que les permita reducir su déficit y su deuda pública, los Gobiernos deben actuar juntos sobre la fiscalidad. La absurda competencia fiscal entre ellos lleva a una continua bajada del impuesto de sociedades en la UE. La reconquista de una mayor soberanía fiscal pasa, como fue el caso en el ámbito monetario, por una mejor coordinación europea.
Este importante proyecto se basa en cuatro prioridades: 1. La adopción de la directiva sobre una base imponible consolidada para las multinacionales europeas para limitar las deslocalizaciones fiscales; 2. La puesta en marcha del intercambio automático de información entre los estados europeos, por un lado, y entre la UE y terceros países por otro, para luchar contra el fraude y la evasión fiscal en los paraísos fiscales; 3. El desarrollo de una fiscalidad en el ámbito de la energía que permitirá, si se realiza directamente a nivel europeo, favorecer los modos de producción más ecológicos y a la vez evitar distorsiones de la competencia entre los países del mercado único; y 4. La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras.
Es imposible defender, sin caer en la demagogia, una moneda única sin criterios de gestión financiera común y, por lo tanto, compromisos comunes en términos de déficit presupuestario y de gestión de la deuda pública.
El pacto de estabilidad, por su parte, ha quedado obsoleto: la mayoría de los estados en la zona euro no lo cumple y se han puesto de relieve sus “ángulos muertos”. Antes de la crisis, España tenía cifras de déficit y de deuda pública acordes con el pacto de estabilidad pero dejaba escapar la deuda privada que alimentó una burbuja especulativa. Resultado: al estallar la burbuja, la recesión es peor que en otros lugares (¡19% de paro!) y las cuentas públicas entran en números rojos. La zona euro debe dotarse de un instrumento adicional de gestión económica que permita a la Comisión y al Banco Central Europeo presionar a los estados que dejan que se constituyan burbujas especulativas. Otro ángulo muerto del pacto de estabilidad son los déficits y superávits de la cuenta corriente, es decir, principalmente el saldo del comercio de bienes y servicios.
En una economía tan integrada como la de la zona euro, algunos de los déficits son los excedentes de los demás. Alemania, con su política agresiva de reducción de los costes laborales, está limitando el consumo interno y tomando cuotas de mercado de sus competidores europeos, en lugar de desempeñar su papel de locomotora de la zona euro. La deflación salarial puede ser una estrategia ganadora para un país aislado, pero se torna contraproducente si todos los países de la zona hacen igual.
Sin embargo, al no poder llevar a cabo una devaluación de su moneda, los países miembros de la zona euro más afectados por la crisis –España, Irlanda, Grecia, etc.– ya se adentran por este camino como consecuencia de la aplicación del Pacto de estabilidad. Si es cierto que el Estado griego debe hacer esfuerzos para reducir la economía informal y mejorar la eficiencia del gasto público, una solución sostenible va mucho más allá de la visión castigadora de la actual Comisión.
Los estados miembros, y en particular los de la zona del euro, están en una encrucijada: o bien siguen practicando la no cooperación y corren el riesgo de reventar el acervo europeo –en primer lugar el euro–, o bien salen de la crisis por la puerta grande mediante la puesta en marcha de nuevas cooperaciones. Esto implica transferencias de soberanía nacional. Pero, a su vez, permitirá más soberanía europea para garantizar nuestros modelos sociales. Este año será un año crucial. ¡Buena suerte, señor Van Rompuy!
Daniel Cohn-Bendit es copresidente del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo
Pascal Canfin es eurodiputado de Europe Écologie
Sven Giegol es eurodiputado de Die Grünen
Florent Marcellesi es coportavoz de la Coordinadora Verde
Ilustración de Juan Ossorio
