Francisco Delgado
Presidente de Europa Laica. Diputado en la legislatura de 1977
Ilustración por Miguel Ordóñez
El nacionalcatolicismo toma aire y sol estos días en Madrid utilizando espacios y recursos públicos. A través de los medios de comunicación, sus soberbios y ancestrales mensajes (incluidos los perdones masivos a pecados terrenales) llegan a todo el orbe católico. Al mismo tiempo, sus voceros, clérigos o seglares, atacan con el furor de una cruzada medieval a un supuesto “laicismo intolerante y radical”, confundiéndolo con la serena y creciente secularización de la sociedad, porque en su paranoia piensan que su religión única y verdadera está amenazada por los “enemigos de Dios”.
No se dan cuenta de que esos imaginarios enemigos los tienen dentro como consecuencia de: actuaciones de sus jerarcas o de sus grupos más fundamentalistas; la visibilidad de las riquezas acumuladas durante siglos (la mayoría de las veces, a sangre y fuego o con leyes que les favorecen); sus dogmas caducos y, en ocasiones peligrosos, en materia de familia, de orientación sexual y sexualidad, de igualdad de género, de vida y de forma de muerte. Estas, entre otras, son las causas de su alejamiento de una sociedad plural cada vez más racional, más libre en su conciencia.
Hace unas semanas, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ofrecí una conferencia sobre Religiones y laicidad y, una vez más, una persona dedicada a la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas amablemente me increpó sobre el hecho de que cada año se quedaba “con menos alumnos”, argumentando que era consecuencia “de una secularización creciente que amenazaba la moral de la ciudadanía”. Esta persona hablaba de la moral católica como si fuera de la Iglesia católica no hubiera otra moral. La respuesta que le di no fue muy complicada: “La causa no es la laicidad y la secularización, sino sus dogmas y el desprestigio de la institución católica oficial, de la que usted depende”.
Cada día que pasa, los medios de comunicación (en especial las televisiones) ocupan más espacio en difundir los actos y fastos del evento católico, en proporción directa con la caída de la audiencia en esos momentos. Esta semana y hasta el domingo casi todo van a ser noticias del “acontecimiento”, con el permiso de los mercados, de la pugna electoral PP-PSOE y del fútbol.
Benedicto XVI, como otras veces, llega en su interesada doble condición de “pastor” de sus fieles y como jefe de un Estado ficción: el Vaticano. Y viene a un Estado real, con una democracia formal, aunque “confesional” en lo institucional, que concede enormes privilegios de tipo simbólico, jurídico, tributario, económico y en concesión de servicios, vulnerando el principio de igualdad y de aconfesionalidad que establece nuestra Constitución.
Cientos de cargos públicos y altas autoridades del Estado van a rendir pleitesía a la jerarquía católica y a su máximo mandatario que, presumiblemente y una vez más, rodeado de una parafernalia escandalosa, hará críticas a nuestras leyes democráticas, a nuestra plural forma de convivencia y atacará otras iniciativas que se han quedado sin debatir en esta legislatura, como la ley de libertad de conciencia, la ley de muerte digna o la de igualdad de género.
Los miles de jóvenes de muchas nacionalidades que estos días visitan algunas de nuestras ciudades, además de Madrid, se llevarán la impresión de que están en “territorio católico” por la forma que les han organizado el viaje. La realidad es muy distinta. Los diferentes territorios que conforman España no se reducen a los confesionarios del Retiro, ni a los montajes de Cuatro Vientos y Cibeles. (Por cierto, en esta plaza el macroaltar tapa simbólica y calculadamente el magnífico edificio civil del ayuntamiento). España es plural, diversa, tratamos de convivir personas de cientos de convicciones, organizadas o no. Esta es la impresión que deberían de llevarse los jóvenes, pero no va ser así. Los que algún día puedan volver a visitarnos, como ciudadanos y no como siervos, lo entenderán mucho mejor.
La mayoría de la ciudadanía no es católica practicante. Menos de un tercio declara serlo, otro tercio aproximado se declara creyente y/o cristiano no practicante; un porcentaje pequeño pertenece a otras religiones organizadas, y casi un tercio se declara ateo, indiferente, agnóstico, etc. Entre la ciudadanía menor de 30 años la situación cambia mucho: sólo el 9% se declara católico practicante y el 49% agnóstico, ateo o indiferente.
Por ello, por justicia y para construir el Estado democrático y de derecho, hay que situar toda simbología religiosa en la esfera de lo personal y privado; hay que eliminar el privilegio de exenciones tributarias, como el IBI y otros, a la Iglesia católica (ahora que en Europa se está reclamando); se ha de denunciar (o no aplicar) el Concordato (Acuerdos de 1979); hay que elaborar una ley de libertad de conciencia que clarifique situaciones frontera que generan gran confusión entre las iglesias y el Estado; la enseñanza del dogma religioso ha de salir de la escuela financiada con fondos públicos; y, por fin, se ha de adecuar a la realidad social actual la Constitución en su artículo 27 (sobre la formación religiosa y moral) y especialmente en el 16 (eliminando la mención a la Iglesia católica).
Benedicto XVI se irá con su séquito y nuevas casullas bordadas. Por fin se abrirán espacios públicos para el disfrute general. Se harán cuentas y cábalas. Mientras, la secularización de la sociedad seguirá avanzando, al mismo ritmo que aumenta el desprestigio de esta Iglesia de popes, boato, hipocresía, soberbia y riqueza. Entretanto, con otros problemas de fondo, los partidos mayoritarios, en su ceguera, permiten y fomentan privilegios caducos, de otra época.
FRANCISCO DELGADO
La Iglesia católica oficial no goza hoy de las preferencias entre la ciudadanía. Sólo uno de cada cuatro españoles cumple habitualmente con los dogmas y culto católicos; ya hay más bodas civiles que religiosas, los bautizos y comuniones descienden; más de la mitad del alumnado de la escuela pública no asiste a clase de religión; las vocaciones se reducen; incluso, una parte de la Iglesia católica, como lo son diferentes grupos de cristianos de base, califica de escandalosa la opulencia y la teatralidad de los viajes del “obispo de Roma” por el mundo y abogan por una Iglesia más abierta.
La llegada de Ratzinger a Santiago y Barcelona el próximo fin de semana –como prólogo al viaje para la Jornada Mundial de la Juventud Católica, que tendrá lugar en Madrid en agosto de 2011– va a recibir la contestación de muchos ciudadanos. Bajo el lema “Yo no te espero”, harán oír su voz, presencialmente o desde el anonimato, defendiendo la urgente necesidad de la laicidad de las instituciones del Estado y la eliminación de los enormes privilegios históricos de los que goza la Iglesia católica española en materia simbólica, jurídica, financiera y tributaria, así como en materia de medios de comunicación, enseñanza y asistencia social. Una Iglesia católica oficial, que cuando una norma civil aprobada por los poderes públicos no es de su agrado, lanza soflamas desestabilizadoras de la democracia, utilizando todo tipo de falsedades y, lo que es más llamativo, con fondos públicos.
Otros muchos ciudadanos verán de forma positiva las visitas de Ratzinger en su faceta de visita pastoral, desde la postura, respetable, de personas que forman parte de la Iglesia y que comulgan con su doctrina. En este grupo habrá quienes acepten que se le trate con honores de jefe de Estado y que, además, sean partidarios de la simbiosis entre política y religión (católica, por supuesto). Otros tratarán de aprovechar la visita para hacer negocio de mayor o menor calado, como reconoció un portavoz de la Conferencia Episcopal. Muchos responderán al acontecimiento con la más absoluta indiferencia. Por último, habrá quienes, desde el ámbito político, tratarán de situarse a la derecha “del padre”, bien porque les gusta el boato, bien porque son creyentes católicos y ponen su responsabilidad pública al servicio de sus convicciones (conducta impropia de una democracia moderna) o, incluso, para intentar ganar un puñado de votos.
El Gobierno español y los autonómicos de Galicia y Catalunya se muestran complacidos con la visita. Así lo comunicó el presidente Zapatero en su visita al Vaticano en junio pasado, donde se comprometió a no tocar ni uno solo de los privilegios de los que goza la Iglesia católica en España, entre ellos, el Concordato de 1953, los acuerdos de 1979 y la escandalosa financiación. También adquirió el compromiso de no acelerar la reforma de la ley de libertad religiosa, que tenía planeada y que desde entonces reposa en un cajón de Moncloa. Y todo indica que Ratzinguer va a ser tratado con honores de jefe de Estado, cuando en realidad es sólo un jefe religioso y el Vaticano es una ficción de Estado, rango que le concedió el dictador Mussolini en 1929. El Estado prevé gastar más de 200.000 euros por cada hora que va a estar en Galicia y Catalunya con su habitual boato y parafernalia.
A estas alturas de la historia no se debería otorgar a una organización religiosa un trato especial respecto a otras organizaciones civiles. Ahí radica parte del problema que afrontan muchos países del mundo. La Iglesia suplantó al poder político durante siglos en España, más recientemente durante la dictadura nacional-católica que acabó en 1976, un hecho del que no terminamos de distanciarnos.
Ratzinger, como ciudadano del mundo, puede viajar donde le apetezca. Como misionero de una determinada doctrina puede hacer lo que se le antoje, siempre que lo sufrague con sus propios medios o los de sus fieles. Como jefe de una institución que trata discriminatoriamente a las mujeres; que practica la homofobia; que ataca los avances científicos y atenta contra la salud de millones de seres humanos al condenar todas las formas de prevención en materia de anticonceptivos o en transmisión de enfermedades; que condena el sexo placentero; que no es democrática en su funcionamiento interno; que no acepta importantes principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que no ha pedido perdón cuando ha sido partícipe de crímenes contra la humanidad, etcétera. No sólo no debería ser recibido, sino que debiera ser objeto de repudio por cualquier sociedad democrática. En el caso particular de Ratzinger, obviando su pasado político, incluso debería responder a la Justicia por haber ocultado graves casos de pedofilia cuando era “prefecto de la congregación para la doctrina de la fe”.
Francisco Delgado es presidente de Europa Laica
Ilustración de Gallardo
FRANCISCO DELGADO
La construcción del Estado laico, desde el ámbito jurídico y simbólico, es una enorme deuda que tenemos con la democracia y con el Estado de Derecho: ello implica la total separación del Estado de las iglesias y la eliminación de los enormes privilegios que una determinada confesión (la católica) disfruta, herencia de un Estado teocrático y autocrático. Aunque haya discrepancias sociales y políticas, resulta necesario, dada la realidad histórica y actual, legislar en esta materia, con el fin de evitar confrontaciones y de que el “poder judicial” legisle a través de sentencias, papel que no le corresponde.
Padecemos las acciones integristas de minoritarios grupos de fanáticos católicos y de un rancio clero que, utilizando recursos del conjunto de la ciudadanía, hacen política, influyen y amenazan con la complicidad de una parte del poder político y mediático.
Pues, a pesar de ello, el Estado laico lo estamos intentando construir, con muchas dificultades, una importante parte de la sociedad civil –cada vez más secularizada– demostrando que somos capaces de convivir, de forma racional, personas de las más diversas convicciones, pero que necesitamos de un soporte jurídico clarificador.
En estos días estamos viviendo, con mayor o menor intensidad, unas fiestas que se denominan de Navidad o Pascua de tradición judeo-cristiana. Esta época “festiva” y de “convivencia” fue considerada, durante mucho tiempo, en el Estado español, como un símbolo del poder religioso excluyente, siendo obligatorio participar de rituales católicos impuestos. Incluso hoy, todavía, hay quienes, desde el ámbito público y religioso, se empeñan en orientar erróneamente esa respetable pero particular tradición católica hacia el conjunto de la ciudadanía.
Sin embargo, hay que argumentar algo sobradamente conocido: estas fiestas tienen un origen ancestral en general relacionado con los días del solsticio de invierno, que múltiples culturas en todo el planeta, desde cosmovisiones divinas o de otra naturaleza, muy anteriores al cristianismo (griegas, romanas, persas, etc. y después del cristianismo: culturas como la azteca y otras en diversos continentes) celebraban. La realidad histórica es que fue el cristianismo de los primeros siglos el que se sumó a esa celebración, con el fin de ganar adeptos en la antigua Roma, extendiéndose de forma diferente en según qué países y mayoría religiosa, sobre todo después de la Reforma protestante del siglo XVI.
Hoy la diversidad y pluralidad que disfrutamos hace que estas fiestas cada cual las viva libremente, ya sea de forma religiosa (o no) o incluso no participe de ellas, según sus convicciones propias o la realidad social en la que está inmerso. Aunque, a decir verdad, es el dios mercado quien trata de imponer su ley de consumo, por encima de otras formas de celebración, cuestión que satisface al propio clero, por supervivencia.
Y no es sólo la Navidad: un determinado modelo religioso y de convivencia impuesto por la Iglesia durante siglos se ha ido apropiado también de innumerables celebraciones festivas y ferias que en miles de pueblos y ciudades del Estado español ya existían y que después se relacionaron con el santoral o la mitología religiosa católica en cada caso, con la complicidad del
poder político en ocasiones muy complaciente con el boato y el poder religioso a costa de ocultar derecho a la libertad de conciencia y de convicciones.
Entre otras causas, por ello las confesiones y sus cómplices políticos utilizan el término “libertad religiosa” como trampa corporativa con el fin de poner trabas al avance de una cultura racional en donde la persona sea la única titular de la libertad de conciencia en base a sus propias convicciones. Las entidades colectivas carecen de conciencia propia y no son, por lo tanto, sujetos de derecho en materia de libertad de conciencia; sí lo es la persona como individuo, pertenezca o no a un colectivo religioso, político o filosófico. En un Estado democrático, ninguna asociación religiosa o de otra naturaleza ideológica debería recibir privilegios, excepciones o estatutos diferentes de las normas del derecho común. También ningún miembro de su colectividad religiosa debería ser privado de derechos cívicos universales, como sucede con frecuencia, mientras el Estado, vergonzantemente, se inhibe.
Por ello la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 –hijos de la ideología del concordato franquista de 1953– no responden a la realidad social, política y constitucional de un estado democrático y, por lo tanto, es necesaria su derogación. De esta situación anacrónica e injusta, impuesta por la fuerza a lo largo de la historia, se derivan innumerables normas y leyes educativas, tributarias, patrimoniales, societarias, jurídicas, sanitarias y asistenciales, así como prácticas políticas que conceden innumerables privilegios a la Iglesia católica, convirtiendo al Estado español, de hecho, en un Estado neo-confesional. Tenemos que erradicar estos atavismos para situarnos en el disfrute de una ciudadanía plenamente racional e ilustrada.
Para hacer justicia y acabar con la Transición en esta materia, urge una ley orgánica de libertad de conciencia y de convicciones en donde se clarifique el concepto de Estado laico, los derechos individuales, los derechos y deberes colectivos y de las administraciones públicas.
Francisco Delgado es presidente de Europa Laica. Diputado en la legislatura de 1977
Ilustración de Jordi Duró
FRANCISCO DELGADO
Ayer se cumplieron tres décadas desde que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Estado español diera su respaldo a una Constitución, la de 1978, producto de un consenso difícil y no tan ejemplar como algunos tratan de mantener. Si tomamos como base ideológica y política el conjunto del texto constitucional, a pesar de las contradicciones, muchos de los que vivimos aquel hecho esperábamos caminar hacia la separación de la Iglesia del Estado. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: más que caminar hacia un Estado laico, los poderes públicos han mantenido el Estado confesional (últimamente con una cierta pluralidad religiosa), con dos soportes principales: Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.
La Ley de Libertad Religiosa de 1980 hace desaparecer la libertad ideológica: las creencias y convicciones de carácter no religioso son privadas del reconocimiento de cualquier contenido moral o ético, aludiendo a las mismas como “ausencia de convicciones”, lo que supone que, desde el punto de vista político y jurídico, no puede haber un mayor y más brutal atentado al pensamiento humanista y a la libertad de conciencia. Es urgente derogar esta ley para, en su caso, crear una ley de Libertad de Conciencia.
La otra gran coartada son los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979 que mantiene vigente el ideario del Concordato que Franco firmó en 1953. Dichos acuerdos configuran un cuerpo jurídico y político opuesto a los artículos 10.2, 14 y 16 de la Constitución y vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama “la libertad de pensamiento de conciencia y de religión (…) sin que ningún credo o convicción pueda prevalecer o imponerse al conjunto de ciudadanas y ciudadanos”.
Que vivimos en un Estado neo-confesional se evidencia porque, incluso, se ha aumentado la financiación estatal del culto religioso (ampliamente católico); continúa la donación de bienes y patrimonio público a la Iglesia católica y, ahora, muy tímidamente a otras confesiones; se permite a la Iglesia católica que, con dinero público, financie proselitismo religioso a gran escala; se les exonera de impuestos tan importantes para los ayuntamientos como el IBI; y además se le financia la enseñanza del catecismo en la escuela pública en horario lectivo, así como toda la enseñanza en los centros educativos de “ideario católico” que han crecido, cuantitativamente, en los años de democracia.
Además, se siguen organizando actos religiosos de Estado que deberían de tener una finalidad exclusivamente civil, como funerales, apertura de años judiciales y otros eventos. Se mantienen capellanes-funcionarios católicos en el Ejército, cárceles y hospitales, así como simbología y actos religiosos en estos y en algunos lugares públicos, como centros educativos. Los ministros y otros cargos representativos siguen prometiendo o jurando su lealtad al Estado delante de simbología católica. En el código civil y penal existen conceptos del dogma católico y confiere al matrimonio canónico católico efectos civiles (ahora también a otras confesiones en virtud de acuerdos suscritos con el Estado). Los poderes públicos permiten (y protegen) la objeción a profesionales de la sanidad, la judicatura o la educación por cuestiones religiosas, sin tener alternativas que garantice la libertad de conciencia individual de cada persona. Se le permite a la Iglesia católica un supuesto estatus jurídico autónomo para denegar el derecho a cancelación de datos a los ciudadanos que deciden apostatar y en otras materias.
Curiosamente, y a pesar de ello, la jerarquía católica y sus fundamentalistas grupos aliados lanzan, con frecuencia, soflamas y acciones incendiarias sin razón alguna, con el fin no sólo de defender su histórico estatus, sino de aumentarlo (consiguiéndolo en algún ámbito, como es el de la enseñanza). Y todo ello con la pasividad de los poderes públicos.
La democracia ha de defender de forma clara y precisa el concepto de ciudadanía y la libertad de conciencia, con el fin de evitar que los derechos ideológicos y de pensamiento de cada persona sean ocupados o transgredidos por unos supuestos derechos y fines de una comunidad o grupo que los impone al conjunto (históricamente a la fuerza). Sin la recuperación de la libertad y de la igualdad, sin la recuperación de la conciencia libre como condición irrenunciable del ser humano no podemos hablar de verdadera democracia y, por ello, de haber terminado la denominada “transición política”.
La sociedad española, en cuanto a convicciones y costumbres, ha evolucionado muchísimo en estas tres décadas. El seguimiento práctico a la doctrina que marca la jerarquía católica es cada vez más débil. Crecen otras religiones muy diversas y, sobre todo, aumenta el interés por el humanismo ateo, agnóstico y por otras identidades y convicciones éticas y morales, ajenas a lo religioso. Ello nos hace soñar que, a pesar de la cerrazón integrista e interesada de la jerarquía católica, a medio plazo, podremos ir construyendo un Estado verdaderamente laico, ajeno a dogmatismos y fundamentalismos de cualquier signo, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de nuestras convicciones, creencias o no creencias, nos sintamos cómodos y seamos tratados por igual. Y eso es lo que nos proponemos desde Europa Laica y otras organizaciones sociales y laicistas: seguir trabajando por la verdadera emancipación laica, dentro de los cauces democráticos y con la razón como aliada.
Francisco Delgado es Presidente de Europa Laica. Diputado en la legislatura de 1977
Ilustración de Iván Solbes
