Gaspar Llamazares
Diputado de Izquierda Unida por Asturias
El recorte adicional anunciado por el Gobierno de más de 10.000 millones en el gasto educativo y sanitario profundiza en la senda de restricción brutal del gasto público. Un camino que tras casi dos años de ser transitado, primero por el gobierno de Zapatero y ahora por el de Rajoy, sabemos lo que da de sí: más paro, más recesión, menos derechos y sensación creciente de la desesperanza ciudadana. Y todo porque Merkel se ha empeñado en hacernos pasar por las horcas caudinas a toda la ciudadanía y garantizar por encima de todo que sus banqueros sigan cobrando aún a costa de acabar con nuestros derechos y nuestro bienestar.
Porque no nos engañemos, lo cierto es que el PP aprovecha la crisis para menguar los servicios públicos pero lo hace fundamentalmente porque cree en otro modelo, un modelo en el que el Estado de todos se va sustituyendo por el negocio de unos pocos. Me temo que la gestión de nuestra sanidad y la educación públicas, auténticos frontispicios de nuestro Estado del medio estar, van a ser entregadas al sector privado para que este incremente sus márgenes de negocio. La situación económica se convierte en el pretexto perfecto, una oportunidad que el gobierno no va a dejar pasar.
Lo cierto es que los gastos en materia de educación y sanidad están muy por debajo, en términos tanto absolutos como relativos, de los países de nuestro entorno. Ahora, bajo el disfraz de la necesaria austeridad, lo que se pretende no es gestionar de manera más eficiente (hay que recordar que tenemos uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo), sino traspasar a los usuarios una parte del gasto que ahora es soportado por el Estado y financiado a través de los impuestos. Esta concepción de los servicios públicos está más cerca de entenderlos como bienes de consumo, que deben estar regidos por las leyes del mercado, que de considerarlos como un derecho básico de los ciudadanos y una obligación de los poderes públicos. La consecuencia de todo ello va a ser la extensión de una oferta sanitaria y educativa de dos velocidades: una de calidad, para quien pueda pagarla, y otra de mínimos, cada vez más precaria, para los sectores más desfavorecidos.
Pero los recortes anunciados también reflejan un ataque dudosamente constitucional a las competencias de las Comunidades Autónomas. Sin presentar un plan ante el instituciones democráticas, ni intentar consensuar los cambios con las Comunidades Autónomas, se quiere recuperar un estado centralista, en el que los gobiernos autonómicos se conviertan en meras delegaciones del gobierno, intervenidas, tuteladas y sin márgenes para elegir políticas diferentes a las dictadas por el PP. Por las buenas o por las malas, por iniciativa propia o por mandato de figuras más parecidas a los administradores concursales de las empresas en crisis que a gobernantes democráticos.
El origen de la situación en la que estamos inmersos, conviene recordarlo una y otra vez se sitúa avaricia desmedida y desregulada de nuestro sistema financiero, algo que nunca agradeceremos suficientemente al actual Gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Sin embargo las únicas medidas que se han tomado, esta vez con el consenso del PSOE y del PP en un remedo de aquel consenso de Washington que arruinó en los años 90 las economías latinoamericanas, han tenido que ver con la privatización de lo que nos quedaba de nuestro sistema financiero público, las Cajas de Ahorros, y un plan de reforma del sistema financiero que nadie se creé y que está hecha, mucho me temo, para que al final acabaremos pagando con dinero público sus desequilibrios.
Hemos tenido hace muy pocas fechas una huelga general en las que se expresó masivamente el descontento ciudadano y unos resultados en las elecciones andaluzas y asturianas muy distintas de las que el Partido Popular esperaba. Pero parece que el Gobierno no ha entendido el mensaje. Va a ser necesario que el Partido Popular, y no sólo el Partido Popular, vuelva a escuchar el clamor de la gente gritando que no es cierto que esto se solucione con más recortes a los de siempre. Que eso ya lo hizo Zapatero y fracasó estrepitosamente. Y que no va a consentir que se siga recortando su bienestar y sus esperanzas.
Gaspar Llamazares
Diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados
Ilustración de Enric Jardí
Esta semana se cumplen 35 años del brutal asesinato de algunos compañeros nuestros. 35 años después de la barbarie terrorista de aquella semana de enero que empezó con la muerte del estudiante Arturo Ruiz, siguió con el secuestro del teniente general Villaescusa, con el bote de humo que acabó con la vida de Mari Luz Nájera y, finalmente, con el asesinato de los abogados laboralistas Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Todos ellos eran militantes de CC OO y del PCE.
El particular tributo de la derecha de este país lo ha protagonizado la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, con la supresión del premio a los Derechos Humanos que, con el nombre de Abogados de Atocha, concedía anualmente el Ejecutivo autonómico.
Resulta significativa y simbólica esta decisión. Es un ejercicio de sectarismo y un deprecio que no pueden pasar desapercibidos. La amputación de la memoria de las luchas de nuestros padres y abuelos, y del sentido que los animaba (como decía Walter Benjamin), es también una amputación de la democracia.
El atentado de Atocha fue un golpe contra el corazón de la Transición. En las últimas semanas de 1976 y a lo largo de aquel mes de enero de 1977, los enemigos de la democracia asesinaron o hirieron a más de cien personas y multiplicaron los actos de violencia para condicionar el proceso democrático, para provocar la intervención del Ejército y conservar la dictadura.
Hoy que tanto se ensalza al que fue ministro de Franco y de Arias Navarro, nos vienen a la memoria Grimau, Vitoria y Montejurra. En el atentado de Atocha, detrás del Sindicato Vertical y la extrema derecha de Fuerza Nueva estaban las cabezas pensantes, los servicios secretos y la Red Gladio, la organización anticomunista promovida por la CIA y la OTAN. El mortífero objetivo de su misión no fue casual. Sabían que, golpeando salvajemente a los abogados laboralistas, golpeaban al movimiento obrero y ciudadano, que era el motor de la oposición democrática del país.
Los mejores luchadores por la libertad, los verdaderos artífices de la democracia no están, por mucho que se escarbe el transmutado mundo conservador, en las filas de la derecha, sino en la izquierda social y política de nuestro país: trabajadores, profesionales y jóvenes que pagaron su compromiso con un amplio tributo en vidas. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles meses después.
Cuando quienes todavía siguen cobijando a los nostálgicos del franquismo nos dicen que tenemos que pasar página y olvidar la historia reciente de nuestro país, debemos recordar el contexto histórico del atentado y matizar la “dulce transición” que nos quisieron vender. Porque no puede construirse la democracia sin conocer el coste humano de su conquista.
Sólo hace 35 años de aquel atentado, 35 años de que en este país la clase obrera diera su tributo en vidas humanas por la conquista de nuestros derechos y libertades. Tampoco podemos olvidar la vigencia de su trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores. Y más ahora cuando el Gobierno y la patronal quieren desmantelar la negociación colectiva, facilitar el despido o eliminar derechos laborales conquistados hace décadas. Si logran imponer sus políticas conseguirán algo histórico, por primera vez en mucho tiempo, los hijos tendrán menos derechos que sus padres.
Las medidas que adopta este Gobierno (y el anterior) confirman algo que resulta cada día más evidente: en esta crisis no se sacrifican todos, mientras la mayoría sufre los recortes, la minoría sigue disfrutando obscenamente de sus privilegios.
Los mismos que utilizan la crisis o inoculan el miedo a los ciudadanos para cuestionar la negociación colectiva, precarizan aún más el empleo, y en definitiva devalúan las rentas salariales. Se proponen convertir el Diktat de los mercados no solo en norma de rango constitucional, degradando el texto tan arduamente logrado, sino amputar el Estado Social y el pacto social implícito de la Transición, en favor de los mercados. Entonces salíamos a golpes de una dictadura, vigilados por sus poderes fácticos y heraldos de la guerra fría. Hoy asistimos a nuevos golpes a la democracia que pretenden vaciarla de contenido y convertirla en una cáscara formal de selección de élites, al margen de la representación de los ciudadanos. Unos intermediarios de los mercados.
No podemos obviar otro elemento relevante. Asistimos también a un auténtico linchamiento de al juez Garzón por atreverse con los poderes fácticos del mercado, la amnesia y la soberbia. Todo un síntoma de la precaria salud de nuestra democracia.
Los desencadenantes no son muy distintos de aquellos que estaban en el trasfondo de las resistencias al cambio en el fin de la dictadura.
El aparato del poder, a pesar del paso de los años y del avance democrático, sigue defendiendo con uñas y dientes la memoria y los intereses de los vencedores, la concepción de la Transición como una concesión a cambio de la impunidad, el poder judicial como un espacio propio pero con una aplicación conservadora de la ley, y la economía como un coto, frente a las demandas de igualdad, transparencia y democracia que aún hoy siguen pendientes.
Los asesinatos de Atocha se volvieron como un bumerán para sus autores, acelerando la legalización del PCE. Hoy espero que la codicia de los mercados y la soberbia de los jueces del Supremo contra los nietos de la República y Garzón se vuelvan también contra ellos. El 15-M, los sindicatos y la izquierda tienen la palabra.
Gaspar Llamazares
Diputado de Izquierda Unida por Asturias
Ilustración de Miguel Ordóñez
Ante el resultado electoral del 20-N, mi sensación es agridulce. Dulce porque IU, coaligada con ICV, EUiA y la CHA, entre otras fuerzas, recupera once diputados y grupo parlamentario propio. Amarga, porque la recuperación se da en un contexto de golpe de mercado y giro a la derecha, con una mayoría absoluta del PP y una dura derrota del PSOE. Dulce también porque, con la pérdida de 20 escaños y 3,6 millones de votos del tándem PP-PSOE se debilita y se agrieta el arrollador bipartidismo imperfecto con su lógica maniquea, recuperándose la representación plural de una sociedad tan diversa como la española.
El 20-N marca el fin de una década de bipolarización que ha impuesto la crispación política y el bloqueo de instituciones esenciales para el control del Estado como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o RTVE, mermando su credibilidad ante la ciudadanía y abundando en el descrédito de la política. Los resultados evidencian la crisis del bipartidismo, que pierde tres millones de votos y provoca un goteo imparable de desafección del sistema político con casi un tercio de abstenciones o votos en blanco o nulos.
Sensación amarga también porque se acentúan los efectos perversos de un sistema electoral que distorsiona la representación hasta la caricatura y la sacrifica en pro de la gobernabilidad mal entendida como estabilidad. De hecho, de hacerse las elecciones con un sistema proporcional, como señalan la Constitución y el detallado informe del Consejo de Estado, el resultado hubiera dado tan sólo una mayoría relativa al PP y 25 diputados al conjunto de IU, ICV, EUiA y CHA. Este sistema explica también que, pese a una escasa ganancia de votos, el PP crece abrumadoramente en escaños, en contraste con el fuerte incremento de votos de IU y su menor subida de diputados. El factor determinante ha sido el desplome del PSOE, que se desangra en beneficio del PP, IU, UPyD y la abstención, con una intensidad variable que merecerá análisis posteriores.
Lo más duro para la mayoría de ciudadanos es el contexto de ajuste y el golpe a la economía productiva, al pobre Estado del medioestar y a la propia democracia. Con las políticas conservadoras de ajuste presupuestario, recortes sociales y laborales, retrógradas reformas y privatizaciones, sin cumplir por ello los objetivos dogmáticos de déficit y deuda, no sólo no saldremos de la crisis sino que caeremos en el pozo de una nueva recesión con más paro, más desigualdades y menos recaudación fiscal.
Mientras la derecha pretende cortar de raíz el árbol del bienestar, el llamado centroizquierda se conforma con podar sólo las ramas sobre las que estaba mal asentado. Si ayer Zapatero obedeció sin rechistar el dictado del Banco Central Europeo para emprender recortes y darse el autogolpe del 10 de mayo de 2010, Rajoy obedecerá al diktat de Angela Merkel para acelerar drásticas “reformas” en una Blietzkrieg corta y fulminante, cual sumiso subdelegado del Gobierno alemán en Madrid.
Los ciudadanos se equivocarían si, como ocurrió con la vuelta de Fernando VII, pensaran que al grito de “¡Vivan las caenas!” El Deseado Rajoy va a hacer algo de lo que ellos desean; todo lo contrario, con la prolongación de la crisis y los ajustes provocará nuevas olas de indignación que socavarán su escaso crédito y, lo que es peor, el del conjunto del sistema político.
Para la aplicación de estos ajustes es para lo que parece destinada la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, la respuesta de los mercados no ha sido complaciente ni le ha dado un respiro, como si la estabilidad política estuviese descontada y sólo esperasen con impaciencia las medidas de ajuste, siempre vistas como insuficientes y tardías.
Mientras, la situación económica empeora y la sociedad se radicaliza en su desconfianza al poder político. El Movimiento 15-M y las movilizaciones contra los recortes sociales continúan y se acentúan. Una primera consecuencia de la impugnación política del 15-M ha sido la quiebra del hasta ahora sólido régimen del bipartidismo.
Es en este contexto que la subida de IU y su grupo resultan estratégicos para resistir a los golpes de Estado financieros, como los que han colocado al frente de Grecia e Italia a dos ex altos cargos del gigante bancario estadounidense Goldman Sachs, y para representar la movilización de la ciudadanía. Porque, por apabullantes que parezcan, las mayorías absolutas no son inexpugnables y siempre es útil un Caballo de Troya en la ciudadela amurallada.
Llegarán los tiempos en que el desarrollo de la economía real, con un modelo sostenible, nos saque de la crisis, y en que un nuevo proceso constituyente recupere la democracia y la participación ciudadana en toda su plenitud. Entre tanto, resistencia a los recortes, representación de la movilización ciudadana y pedagogía de la rebeldía.
Otra tarea ineludible es contribuir a la reconstrucción de la izquierda española y europea. Si algo hemos aprendido en esta crisis es que la refundación de la izquierda es imprescindible para plantar cara al asalto de los mercados. No basta con “más Europa”. Es necesaria “otra Europa”, con un nuevo diseño institucional, económico y social, que avance hacia un federalismo político, presupuestario y fiscal, donde el BCE sirva para crear empleo, hacer que el crédito fluya y respaldar a las economías nacionales.
Para organizar una resistencia eficaz y la rebelión desde la calle, y para ofrecer cuanto antes una verdadera alternativa de izquierdas, se debe construir un amplio frente social, sindical, ecologista, federal y político de fuerzas antineoliberales, pero también establecer alianzas con sectores y grupos democráticos de la producción, el trabajo, la comunicación y la cultura, marginados hoy por el modelo de especulación parasitaria. El grupo parlamentario debe ir más allá de IU, ICV-EUiA y CHA para convertirse en un polo de atracción de la izquierda federalista.
Ni la izquierda estaba muerta, ni ha resucitado. La izquierda es débil y sus modelos organizativos y simbólicos necesitan una revolución. Porque siguiendo a Camus en Combat, la revolución empieza por la propia izquierda.
Gaspar Llamazares
Portavoz parlamentario de Izquierda Unida
Ilustración por Javier Jaén
El Debate sobre el Estado de la Nación ha escenificado el agotamiento de un fracaso y también el fracaso de un agotamiento. Zapatero se va, y con él el respaldo de muchos que confiaron en que, tras las mentiras de Aznar sobre la guerra y sus trágicas consecuencias, la llegada del PSOE al poder significaría un cambio de rumbo, no de rumba. Pero tras la nefasta gestión de la crisis, ha llegado la factura en las elecciones de mayo.
Como revulsivo, desde el PSOE se ha formalizado la candidatura de Rubalcaba con un aparente discurso de izquierdas, pero con la credibilidad de la derecha. El deseo de cambio del candidato no se impone a la realidad de haber compartido un Gobierno y unas recetas que tanto daño han hecho a la izquierda y a los posibles votantes que ahora quiere recuperar. Tras la frustración de Zapatero –que comenzó su legislatura con este tipo de propuestas y las ha acabado con la medicina de los mercados– no creemos que en esta ocasión el cartero de la izquierda llame dos veces a las urnas del PSOE. La experiencia nos demuestra que sólo con una izquierda transformadora, fuerte, plural y unida podemos convertir los discursos en obligaciones y así determinar el futuro de la política.
Ahora es el momento del diálogo y del esfuerzo compartido. Sería un error forzar las puestas de largo de las candidaturas sin antes comprometer el consenso común que sume voluntades y proyectos que tienen un mismo horizonte, aunque difieran en los ángulos de visión del mismo, ya sea desde opciones ideológicas o territoriales. En las próximas elecciones no se trata de saber quién es la mejor y la mayor izquierda. Se trata de ofrecer, de construir una alternativa a la derecha más dura del PP y a los discursos de arrepentimiento del PSOE que acaba sometiéndose a los dictados del mercado en cuanto llega al poder.
Debemos reconocer que las izquierdas comprometidas, plurales y transformadoras hemos llegado demasiado debilitadas a este momento de la historia. En primer lugar porque también nos afecta la frustración de votantes progresistas con el PSOE. Por otra parte, los elementos del propio sistema que queremos cambiar siguen dificultando, con sus reglas políticas, electorales y mediáticas, la mera supervivencia en el mundo que deseamos transformar. No podemos ni debemos ocultar errores propios que arrastramos en el ADN de las izquierdas. Pero sin duda somos el auténtico adversario, y también el enemigo, de quienes de verdad ostentan el control social a través de los mercados y sus mecanismos de especulación financiera e insostenible.
Una aplicación de políticas progresistas y progresivas en materia fiscal, control de la evasión de capitales, blanqueo y fraude evitarían, por sí solas, los recortes sociales del Estado del bienestar que tanto esfuerzo les ha costado conseguir a los trabajadores y a sus sindicatos representativos. Pero no basta con eso. Es imprescindible acometer un nuevo modelo, no ya de crecimiento sino de “sostenimiento” para que la calidad de vida sea compatible con el respeto a nuestro entorno natural y sus recursos. La voracidad de los mercados no lo es sólo contra los derechos de las personas. Lo es también contra el futuro de nuestro medio ambiente. Lo ocurrido en el accidente nuclear de Fukushima es la evidencia de que la realidad se impone a la voracidad de la especulación medioambiental. Hablamos de nuestra seguridad, de nuestro futuro y el de nuestros hijos. Y no es de recibo que Alemania, con un Gobierno conservador, tome medidas sensatas, que no sólo ecologistas, apostando por el apagón nuclear mientras en España tiemblan los cimientos de la economía y los intereses de las eléctricas cada vez que hemos demandado el cierre paulatino de las nucleares.
Para hacer frente a este estado de frustración sólo caben la movilización y la unidad. Muchas de las demandas en torno al 15-M ya han conseguido cambiar más cosas que muchas horas de debate parlamentario. No se trata de suplantarlo, pero sí de influir e interactuar socialmente para que podamos caminar hacia un sistema realmente participativo y no meramente consultivo cada cuatro años. Ya no es suficiente con escuchar lo que dicen, sino construir juntos un nuevo discurso desde la política y la participación en la calle y en las instituciones. También nos han pedido a las organizaciones políticas no sólo que cambiemos, sino que nos cambiemos. No sirven ya las viejas estructuras de los partidos. Hay que romper la barrera entre el partido y la sociedad facilitando una participación interactiva y una codecisión común entre representantes y representados. Las consultas y referendos deben enfocarse no sólo a la militancia sino también, y sobre todo, a las y los votantes. Para eso tenemos que adaptar y renovar lo que hoy existe de hecho y de derecho. El uso participativo y decisorio de la red es fundamental para transformar la forma y el fondo de la participación democrática.
La conjunción de fuerzas plurales con objetivos de cambio y transformación debería ser una prioridad para encarar un verdadero cambio de ciclo y no de ciclón. Es necesario que un nuevo frente avance en nuestra península. Un frente, una plataforma, una propuesta, en definitiva, de impulso común de la izquierda que pueda ser compartida por una inmensa mayoría de los progresistas, que quieren un nuevo proyecto alejado de la frustración y de las presiones del mercado.
GASPAR LLAMAZARES
En un artículo anterior, denominado “La estrategia Tarantino”, hablé sobre el papel de la socialdemocracia en los gobiernos europeos como cirujano social frente a la crisis económica –al dictado del golpe de mercado– y sus efectos favorables para la derecha, que no sólo socializa las pérdidas sino que, además, recoge los frutos del descrédito y la desafección electoral de la izquierda en forma de amplias y hasta absolutas mayorías electorales, como acaba de suceder en España con la marea azul del PP.
Esta estrategia Tarantino del “tú recorta y amputa, que nosotros recogemos los votos” ha funcionado a la perfección en las elecciones del 22-M y, una semana después, en las elecciones generales portuguesas.
Las recientes elecciones municipales y autonómicas han sido la primera vuelta de las elecciones generales. Su carácter político explica tanto el desplome sin precedentes del PSOE como consecuencia de la desmovilización y desconfianza de sus votantes, como la movilización del voto crítico en favor del PP, de una parte, y a favor de IU y otros, por la izquierda. Además, determinados votos han acabado en nuevas formaciones políticas que oscilan del populismo al localismo e, incluso, la extrema derecha.
En otro plano cabe situar el voto en blanco o nulo y la abstención como expresión de la desafección generada por ese golpe de mercado y sus consecuencias devastadoras sobre la credibilidad del sistema político. El descrédito del bipartidismo y la respuesta neoliberal a la crisis han sido la espoleta del Movimiento de los Indignados del 15-M que, aunque no se autoidentifique necesariamente de izquierdas por ahora, ha roto la campaña bipartidista, ha recuperado las plazas como espacio público y ha puesto en valor su programa alternativo de regeneración y participación democráticas a la par que sus anhelos de cambio social.
El PSOE ha reaccionado ante los efectos electorales de su política de recortes soltando el lastre de la figura gastada del cirujano jefe, en primer lugar, y luego cerrando filas para contener la hemorragia, renunciando a las primarias como un estorbo en el camino proclamando a Rubalcaba y, con ello, revalidando la política conservadora de renuncia al programa de salida social a la crisis y de abducción por los dogmas del ajuste de mercado.
Con este giro sobre sí mismo, el PSOE renuncia de hecho a movilizar al electorado perdido y se resigna a la victoria por amplia mayoría del PP en las generales.
La izquierda transformadora y ecologista de la que IU forma una parte mayoritaria ha salido de estas elecciones en primera vuelta con un resultado modesto. Aunque ha aumentado sus votos no ha recogido del todo el desgaste o desplome del PSOE, ni ha sido capaz de representar la indignación de los precarios y la juventud frente al golpe de mercado y la patética sumisión de la política a la economía.
Pero, sobre todo, las izquierdas realmente operantes o existentes no han logrado por el desplome del PSOE, por su atomización y por el sistema electoral mantener su influencia política en los gobiernos de las comunidades autónomas y las capitales. En el peor momento del PSOE la izquierda sube modestamente, pero pierde poder político para enfrentarse a la derecha y a la involución del mercado.
No hay que menospreciar el resultado positivo, pero modesto por su dispersión; sería estúpido cuando el éxito no abunda. Pero tampoco debería la izquierda equivocarse durmiéndose en los laureles, pensando que las elecciones generales traerán mecánicamente un grupo parlamentario sólido para la izquierda y, mucho menos, que cierre el paso a la mayoría absoluta del PP. Muy al contrario, se prefigura un grupo mixto muy numeroso y variopinto.
Las izquierdas e IU en particular nos equivocaríamos si pensáramos que, como hace el PSOE, para avanzar basta con enrocarse y esperar.
“En tiempo de cambio no hacer mudanza”, reza la máxima ignaciana. Pero no sólo es tiempo de cambio, es tiempo de involución y golpe de mercado contra el Estado social y la democracia política. Y ante situaciones así nuestra tradición social y política sabe mucho de alianzas de apertura, de generosidad y de inteligencia. Fue en estos tiempos difíciles cuando alumbramos al sindicalismo de las Comisiones Obreras, al Pacto por la Libertad o a la propia Izquierda Unida.
En estos crueles tiempos de cirujanos de hierro, nuestro mito ha de ser el de Penélope. Se trata de tejer en base a principios, valores y propuestas básicas de regeneración, cambio social y de género, sostenibilidad y diplomacia de paz, un frente amplio de izquierdas que movilice la ilusión perdida para frenar el avance de la derecha y configurar un contrapoder de pensamiento y acción frente al golpe de mercado. Este frente debe ir más allá de una mera coalición política, debe considerar importantes las sinergias y la suma entre espacios políticos complementarios, y articular también a movimientos sociales y sectores culturales críticos y alternativos.
Con ello se trata no sólo de contribuir a poner un dique a la marea azul del PP y evitar lo que algunos aceptan como inevitable, su mayoría absoluta, sino de establecer un polo de referencia para la oposición de izquierdas en la sociedad y en las instituciones. Desde una perspectiva de futuro, y en relación a las movilizaciones del 15-M, debe ayudar a reconstruir mediante el diálogo y el mestizaje la izquierda necesaria que reconcilie a la sociedad civil y la política en España y en Europa. Todos estamos convocados a participar en la formación de un frente amplio de izquierdas.
Gaspar Llamazares es portavoz parlamentario de Izquierda Unida
Ilustración de Patrick Thomas
GASPAR LLAMAZARES
La Política, con mayúsculas, llora la pérdida de Enrique Curiel, que se fue prematuramente. Su desaparición a los 63 años supone una marcha muy temprana, como temprana fue su incorporación a la lucha por la libertad en unos años donde quien lo hacía se la jugaba de verdad, más allá de retóricas, luchas a toro pasado o reivindicaciones de un manido “yo estuve allí” que en otros nadie recuerda.
El sentido e improvisado homenaje que se le rindió en un abarrotado tanatorio de La Paz, donde sus seres queridos le velaban antes de devolverle a su amada Galicia, fue una clara demostración, quizá un poco tardía, del respeto que muchos mantenían tanto a su persona como a sus ideas y, sobre todo, a una integridad y cordialidad a prueba de problemas, deslealtades, olvidos e, incluso, de la enfermedad.
Se pudo ver a mucha gente. Sin duda no estaban todos los que son, pero los que se aventuraron a llegar al tanatorio por la carretera de Colmenar en una tarde especialmente gris y triste estaban allí de corazón, mirando no sólo al pasado sino al futuro que nos aguarda y que a él le hubiera gustado saber, sin duda, qué cambios nos depara, para bien o para mal.
Tengo pocas dudas de que pensamientos muy similares debían pasar por la cabeza de los representantes de las instituciones del Estado allí presentes, de los ministros y del amplio abanico de políticos, universitarios, docentes y sindicalistas, entre ellos destacados militantes de aquella generación del PCE y de Izquierda Unida que fueron sus compañeros de lucha.
De entre las muchas cosas que he oído de él en las últimas horas me quedo sin dudarlo con la definición de su compañera Carmen, para quien Enrique fue “un buen hombre, un buen amigo, inocente a veces y muy sensible, que quería mucho a su país y que por este luchó toda su vida”.
Para muchos puede que fuera una sorpresa, pero para los que le conocían mejor está claro que no. Resulta que en la hora de la verdad, cuando un simple gesto puede ayudar a resumir una vida, su militancia en el PCE marcó para siempre su trayectoria vital. Por su expreso deseo su féretro permaneció cubierto con la bandera de “el Partido”, como lo seguimos llamando aquellos que saben de lo que hablo.
Espero que no sea tarde para decirlo, pero a Enrique Curiel no le hemos hecho justicia. Fue un político muy desaprovechado, al que nadie más allá de su familia ayudó a superar las contradicciones que le impuso la propia Transición. Está muy claro que no fue un iluminado, pero sí fue un hombre valiente que, en momentos clave, cuando hay que hacerlo, demostró tener un firme ideario político, para unos acertado y para otros fallido, pero que era el suyo y al que fue fiel hasta el final.
José Bono, presidente del Congreso y compañero de filas en el PSOE, consideró en ese homenaje que a Enrique se le negó el amparo en el último partido donde refugió sus soledades. El tiempo, sin duda, coloca las cosas en su sitio, pero en estos momentos puede decirse ya que con su hacer y con sus ideas representó tanto desde Izquierda Unida, como luego desde el PSOE, la pulsión de unión de la izquierda, de su necesaria apertura y renovación, y siempre desde el diálogo y la amabilidad.
Tengo muy presente que en su intensa y fulgurante trayectoria política, Enrique Curiel pudo combatir desde distintos frentes, pero nunca cambió de trinchera.
Fue hijo del catedrático de Lengua Francesa Luis Curiel, un intelectual de izquierdas perseguido por el franquismo. A este propósito, en su homenaje se recordó la carta que le remitió Enrique a Bono en 2008 para responder a quienes desde la ultraderecha le criticaron por buscar el cadáver de su tío Eugenio, un sacerdote fusilado en julio de 1936 cuando se presentó ante los franquistas para solicitar que no mataran a su hermano Luis, apresado por sus ideas progresistas. La misiva era toda una declaración de principios y decía que la reconciliación “no puede ser de sólo una parte” y que “la indignidad, cuando desenfunda, no tiene límites”.
El 23-F, cuando Tejero ocupó el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles con las intenciones que todos ya sabemos, Curiel era secretario del Grupo Parlamentario Comunista. Logró escapar del golpe saltando por una ventana y esa noche participó en la red que se tejió entre los partidos para salvar a la democracia en peligro. Como tantos otros, no tuvo ninguna duda de lo que había que hacer, para bien o para mal, tampoco en ese momento. Y no esperaba que nadie se lo agradeciera ni reconociera, creía que había que hacerlo y punto.
En medio de muchas dificultades, fue honrado hasta el final. Ha muerto lúcido y pobre, con escasos recursos económicos, negando con su vida la perversa asociación entre política y corrupción. Al final, seguía siendo el mismo de cuando, junto a Pilar Bravo, lideró la organización universitaria del PCE y fue detenido, torturado y desterrado; el mismo que fue compañero del estudiante Enrique Ruano, asesinado por la Policía de la dictadura, e igual que cuando la Política –de nuevo con mayúsculas– le dejó varias muescas por ejercerla con dignidad, como el tiro que recibió de la Brigada Político-Social por manifestarse a favor de la liberación de Santiago Carrillo, en 1976, tras su retorno clandestino de Francia.
Enrique, al otro lado de la izquierda, fue siempre uno de los nuestros.
Gaspar Llamazares es portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso
Ilustración de Mikel Casal
GASPAR LLAMAZARES
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya ha resultado, tras cuatro años de espera, una sentencia política que se inscribe en el giro a la derecha que experimenta la política en esta segunda legislatura restauradora de Rodríguez Zapatero. Restauradora como lo fuera la borbónica del bipartidismo, del prejuicio centralista y del conservadurismo económico.
No es casual la coincidencia en el tiempo de una nueva Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y del giro conservador del Gobierno ante la crisis económica que ha provocado el rechazo de la izquierda social y política. Tampoco lo es el portazo de la Comisión Constitucional del Congreso a nuestra reivindicación de reforma de la Ley Electoral basada en el principio democrático de una persona, un voto.
Si la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se corresponde con el cambio frente a la involución y la voluntad de régimen del PP de Aznar en mayoría absoluta en materias globales como el modelo laboral, la recentralización del Estado, la gestión nefasta del Prestige o la Guerra de Irak, ahora no estamos sólo frente a la legislatura de la crisis económica sino, sobre todo, en la de la renuncia al cambio, la crisis política y el desplome de la credibilidad del líder socialista.
Rodríguez Zapatero renunció al desarrollo federal y plurinacional del Título VIII de la Constitución, que avanzó con el Estatut catalán y se consolidó al aprobarse el Estatuto andaluz, frente a la beligerancia política y mediática de la derecha, primero en las instituciones y en la calle, para luego trasladarla a un Constitucional convertido por el PP en una tercera Cámara donde tratar de ganar lo que pierde en el Parlamento.
Esta renuncia no sólo queda en evidencia en la hegemonía de la posición conservadora en el TC con la pasividad del Gobierno, sino también en la parálisis de las iniciativas legislativas de acompañamiento (salvo la reforma del sistema de financiación). Se ha frenado la descentralización de la gestión y del Poder Judicial o la del estudio de impacto autonómico de la legislación general. En todas se han dejado desguarnecidos aspectos esenciales que luego el Constitucional ha cuestionado tanto por razones de fondo como de mera forma.
Previamente, el Gobierno había cedido ya en la elección de los magistrados constitucionales y en un funcionamiento que primó las posiciones conservadoras y centralizadoras más alejadas de la mayoría parlamentaria y de la voluntad popular.
Por todo ello, no resulta extraño que el Constitucional adoptara una sentencia política que rechaza los artículos sobre la realidad plurinacional y plurilingüe del Estado con concepciones anacrónicas sobre la “unidad indivisible de la nación española”. Tampoco lo es que niegue la descentralización de las instituciones y, en particular, del Poder Judicial (primando un caduco corporativismo), ni que dificulte la clarificación, la cooperación competencial y financiera y el reconocimiento a los derechos sociales frente a la tentación expansiva de la legislación estatal, todo ello, es cierto, sin dar la razón a la enmienda a la totalidad del PP que pretendía su práctica derogación.
La sentencia es una nueva LOAPA constitucional, no ya como la aprobada en 1982 –inspirada en el ruido de sables y el terrorismo–, sino en el ruido de togas y el bipartidismo como correctivo de la fiebre federalista, frente a la voluntad de cambio de los catalanes y los españoles representada en un Congreso que giró a la izquierda y al federalismo.
El TC se ha convertido con la acción del PP y la omisión del PSOE en el órgano bipartidista garante de la interpretación conservadora de la Constitución, aunque para ello haya pagado el alto precio de perder buena parte de su legitimidad de ejercicio como órgano independiente, técnico y respetuoso de la voluntad popular y políticamente prudente con el Estado de Derecho.
El fallo no es sólo un correctivo a Catalunya del nacionalismo español, sino también a la voluntad popular y al Parlamento español y su concepción abierta del texto constitucional como modelo federalizante, donde caben la plurinacionalidad al mismo tiempo que el desarrollo de competencias, la financiación y las instituciones federales.
No se trata, como algunos argumentan, de contraponer la voluntad democrática del legislador a la del constituyente, porque nada había en el Estatut de Catalunya de ruptura constitucional. Consiste en saber si es posible una interpretación dinámica de la Constitución o si esta es una norma grabada en piedra que –en esta materia y no en otras, como nuestra cesión de soberanía a la UE– requeriría una reforma dura para dar cabida a la realidad de un Estado del siglo XXI. No se trata de volver a Ortega y Gasset para conllevar el problema de Catalunya, sino de convivir en un Estado federal, plurinacional y solidario.
El futuro no se presenta fácil. La derecha, aunque insatisfecha, ha trazado las líneas rojas del Estado autonómico, alimentando así la incomprensión, cuando no el desapego del nacionalismo catalán y del resto, reforzando a quienes piensan que la solución es la independencia. Por el contrario, a los defensores del Estatut catalán como desarrollo federalizante de la Constitución nos queda un largo camino para completar, primero, las aspiraciones de la segunda transición autonómica mediante nuevas iniciativas (Ley del Poder Judicial). Segundo, promoviendo la renovación y reforma federalizante de la composición, elección y funcionamiento del Constitucional. Y tercero, articulando un movimiento que impulse en un futuro la reforma federalista de la Constitución hoy vetada por los sectores conservadores.
Gaspar Llamazares es portavoz parlamentario de IU en el Congreso
Ilustración de Patrick Thomas
GASPAR LLAMAZARES
Portavoz parlamentario de Izquierda Unida
La actual fase de la crisis económica del neoliberalismo especulativo ha puesto en evidencia su carácter político. Ha quedado al desnudo la asimetría entre el nuevo macropoder económico y mediático sin control y la cada vez mayor impotencia de la política, primero en el ámbito de la economía (discurso neoliberal único), luego en el Estado del bienestar sometido a los embates del mercado y, más recientemente, en las propias instituciones democráticas.
El neoliberalismo prescinde ya de estas instituciones para legitimarse. Esta realidad, que corre el peligro de pasar de excepción a norma, es aún más evidente y dramática en la UE. Aquí, a falta de políticas económicas y fiscales comunes, el choque asimétrico de la crisis y los ataques especulativos se resuelven con la devaluación de las rentas de los de abajo y del Estado del bienestar.
Se ha apuntado deliberadamente a la línea de flotación de la cohesión social y territorial europea, a la ya precaria legitimidad de sus instituciones democráticas comunes y, lo que no es menos grave, a las democracias de los estados miembros más afectados por la crisis.
Es llamativa la ingenuidad de Joaquín Almunia, quien, después de avalar la política de ajuste impuesta por los mercados, el
Ecofin y el FMI, se extraña de que las agencias de calificación castiguen a España por la negativa incidencia de ese ajuste en su potencial de crecimiento. ¡Como si no supiera que los mercados son insaciables y seguirán su ataque mientras no se adopten medidas contra la especulación financiera!
Estamos atrapados entre el pánico del Gobierno, su síndrome de Estocolmo con el Diktat de los mercados y el encarnizamiento de una derecha que con más o menos inteligencia apuesta por lo que, haciendo un paralelismo entre lo que está pasando y el contundente guión de Pulp Fiction, podríamos denominar estrategia Tarantino:
1. Se frotan las manos viendo al Gobierno adoptar una política de ajuste antisocial –muy similar a la que harían ellos– con el consiguiente desafecto de las clases populares. Lo adornan con demagogia sobre las pensiones y la falta de sensibilidad social de las izquierdas.
2. Al tiempo (como ya adelantó el portavoz de CiU en el Congreso), jalean al Gobierno a continuar con el trabajo sucio de las amputaciones de la reforma laboral impuesta y la reforma privatizadora de las cajas de ahorros, pese a que nunca les parecerá ni suficiente, ni oportuna. El bisturí sobre las pensiones queda blandido en el aire.
3. Cuando todo esté atado, la derecha, los mercados y los medios de comunicación afines acusarán a los sindicatos y a la izquierda política de pasar de colaboradores necesarios con el Gobierno a ser unos privilegiados iluminados antisistema por promover movilizaciones cada vez más intensas.
Lo que entendíamos como Estado del bienestar sirve de cadáver propiciatorio, al que se trocea adecuadamente y luego se llama a un buen equipo para limpiar la sangre y no dejar rastro. Pese al atrevido símil cinematográfico, es una estrategia muy real de la que las derechas –la económica y la política– sólo sacan beneficios: no aportan nada frente a la crisis, debilitan al Gobierno y tratan de hacerlo con la izquierda, al tiempo que aprovechan las contradicciones para embrutecer la política y desmovilizar a los trabajadores.
Es falso lo que proclaman los mercados y lo que propone la derecha menos hipócrita; a nuestro país no le sobran ni el sector público ni las políticas sociales; al contrario, le faltan. Seguimos muy lejos del Estado del bienestar europeo. Por tanto, no es tiempo de cirujanos del déficit ni de la política tecnócrata o plutocrática. Es la hora de recuperar la política y lo público frente al demostrado fracaso de los dictados del mercado. Es el tiempo de la medicina social, porque el causante de la crisis no fue el despilfarro público sino esa economía neoliberal de la especulación financiera y urbanística que engordó a conciencia el déficit público.
Todo este proceso contó en nuestro país con la provocación de la derecha económica que ha utilizado el despido improcedente, el fraude fiscal y la economía sumergida como armas de destrucción masiva; eso sí, con la pasividad y la renuncia del Gobierno a denunciar dichas prácticas y adoptar medidas para frenarlas. El Ejecutivo socialista, lejos de hacer frente a la ofensiva buscando un programa de crisis y unas alianzas sociales y políticas consecuentes, ha preferido contemporizar mediante el ajuste compasivo y la restauración de la política neoliberal con alianzas de geometría variable cada vez más orientadas hacia la derecha, esa misma derecha insaciable a la que sólo ha interesado la confrontación.
Dentro del Gobierno, los halcones neoliberales –en particular el Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina Económica de la Moncloa– se han hecho con las riendas no sólo de la política económica, sino del conjunto de la agenda política y la política de alianzas. La geometría variable, en sus manos, se ha tornado en aritmética conservadora que prescinde primero de la izquierda parlamentaria y, más tarde, de los sindicatos y la izquierda social al grito de “¡Precipitemos el ajuste sin hipotecas sociales ni sindicales!”.
Además de pedagogía, se torna imprescindible una alianza política y social que haga frente a estos cirujanos del déficit y que defienda la viabilidad de una salida justa y sostenible a la crisis. No sólo es posible, sino muy necesario.
Ilustración de Miguel Ordóñez
GASPAR LLAMAZARES
La burbuja ha estallado. La onda expansiva está siendo, y lo será aún más, mayor de lo previsto por los gurús de la globalización. No hablamos de burbujas inmobiliarias, ni del empleo o las hipotecas basura, ni siquiera del crecimiento insostenible y depredador con el medio ambiente. Hablamos de la madre de todas las burbujas, la del capitalismo.
Decía Ralph Nader que su padre se preguntaba durante la cena cómo se mantiene el capitalismo. Tras una breve reflexión, se respondía a sí mismo diciendo que “Al final, le salva el socialismo”. Ha llegado el momento de poner pie en pared. Apostamos por una iniciativa netamente de izquierdas frente a la crisis, la política y la económica. Pero con lo que no estaremos nunca de acuerdo es que esa iniciativa sirva únicamente como hospital del capitalismo.
Estamos ante un momento histórico. Las prioridades están claras. A nivel nacional, lo primero es aplicar las recetas urgentes para cortar de raíz la sangría de destrucción de empleo que nos hará empezar 2009 con más de 3 millones de parados y cerca de un 14% de desempleo. Se hace necesario que los trabajadores y trabajadoras –esos mismos que han contribuido a la última década de vacas gordas de bancos, grandes empresas e inmobiliarias con la contención de sus salarios y sin beneficiarse de la bonanza económica– dispongan de un amplio colchón para amortiguar un golpe que va directamente dirigido a ellos. Igual pasa con las pequeñas y medianas empresas, y con aquellos colectivos a los que se atornilla aún más en sus dificultades, como son las mujeres, los jóvenes o los inmigrantes.
Pero esto no significa que pretendemos, como sí parecen querer otros, repartir la deuda del capitalismo. Para socializar las pérdidas del sistema ya están aquellos que, dentro y fuera de nuestro país, aprueban fondos de miles de millones de euros para dar liquidez, entre otros, a bancos que siguen repartiendo dividendos de escándalo entre sus accionistas y preparan jubilaciones anticipadas para sus empleados a pagar con fondos públicos sólo para que no se tuerza su curva de beneficios.
Deseamos aprovechar esta oportunidad no para refundar el capitalismo, sino hacerlo con el socialismo en torno, en primer lugar, a propuestas concretas para paliar la crisis y, en segundo, a aquellas de fondo que cambien el sistema financiero internacional, nuestro propio sistema económico y la forma de entender la política transformadora. Estamos no sólo ante una crisis financiera, sino ante la crisis del modelo productivo y de la economía real, la que afecta al bolsillo de todos.
¿Y con qué nos encontramos? Para empezar, vemos cómo el Gobierno socialista no responde a la grave situación desde la perspectiva de un socialismo de futuro. No es hora de medias tintas. Es momento de abrir el debate de lo que debe ser el Socialismo –con mayúsculas– del siglo XXI. Ya no vale con sacar a Keynes de procesión y ponerle de trinchera frente a la voracidad de los neocon de uno y otro lado del Atlántico. Ya no vale con vender la idea de unos presupuestos con un pretendido carácter social y seguir en el vagón de cola de la UE en inversiones para la familia, la educación o de I+D. Los eslóganes que maneja el Gobierno duran lo que tarda en salir el siguiente dato del paro, de la producción industrial o la última encuesta del CIS con los problemas que más nos afectan.
Está bien haber querido una silla en la reunión del G-20 y codearse con lo más selecto de la economía mundial, pero estaremos muy atentos para ver quién permanece quieto sobre ella y quién la usa para tener voz propia en las mesas de debate que seguirán. No queremos que Rodríguez Zapatero se convierta en un turista accidental, ni mucho menos emule al americano impasible.
Parafraseando al Nobel de Economía Paul Krugman, los gobiernos, cuando dan fondos sin contrapartida alguna a los bancos y al conjunto del sistema financiero –como ha pasado en EEUU con la Iniciativa Paulson o aquí con el fondo impulsado por Rodríguez Zapatero– echan el agua en una cesta. Y no están los tiempos para desperdiciar ni una gota.
No negamos la necesidad de las ayudas, pero deben ser a cambio de tomar posiciones en el sector financiero. ¿Qué garantiza la compra de acciones en vez de la compra de activos aprobada? Pues, entre otras cosas, la propiedad, para no socializar sólo las pérdidas, sino también los beneficios. Garantiza el control y las contrapartidas que acarrea, de lo que no se ha preocupado el Gobierno del PSOE. ¿Cómo va a controlar si no el Ejecutivo la reducción de los pagos abusivos de los directivos?¿Cómo va a garantizar la vinculación entre dividendos e inversión, o que no se repartan dividendos mientras se recibe dinero público? De ninguna manera. De la otra forma sí hay transparencia para recuperar lo invertido.
Este es un ejemplo concreto de por qué apostamos por la participación pública en el sistema financiero, pero también lo hemos hecho siempre de forma radical en la Sanidad, la Educación o la Vivienda. Es la forma de que la Constitución no se quede en papel mojado. Somos de izquierdas, somos republicanos. Algunos de quienes nos acusaban de no tener los pies en el suelo son los mismos que ahora preconizan un intervencionismo gratis total, tras años de sacralizar el superávit público. Son los que se sientan sobre los salvavidas del dinero público y cuelgan sus piernas mientras ven pasar la crisis y cómo se acerca la recesión. Esa misma crisis que no han reconocido hasta hace bien poco y cuya sola mención nos convertía a los demás en antipatriotas.
Gaspar Llamazares es portavoz de IU en el Congreso de los Diputados
Ilustración de Iván Solbes
GASPAR LLAMAZARES
El indescriptible gacetillero y difamador profesional Federico Jiménez Losantos ha puesto en la picota al rey con unas declaraciones [lo acusó de corrupto por recibir al presidente de Venezuela Hugo Chávez] acordes con su estatura moral y política. En este caso no es nuestro disgusto que se critique al monarca. Pero una vez más se hace hoguera de lo accesorio y se orilla lo sustancial. Si fuera por comentar las novedades del personaje antes citado, no vale la pena la molestia, el sujeto se explica por sí mismo.
Sí merecen comentarios que los insultos recurrentes a no importa quién se sufraguen con dinero público a través de la Conferencia Episcopal. Dice mucho de la jerarquía eclesiástica en nuestro país y de sus no-límites. Ha sido parte esencial de la estrategia de la crispación y, conociendo la molicie institucional de la Iglesia, le costará tiempo cambiarla. Hay aquí un problema más de los que constan en el debe de la Transición española. Pero ese es asunto de otro artículo.
Importa también que la relevancia pública que se da a los insultos tenga que ver con la ubicación del personaje que los padece: no constan preocupaciones ni perplejidades significativas cuando su columnilla diaria ha destripado a personas de la izquierda, seamos líderes democráticos, presidentes del Gobierno, jefes de Estado… En este caso, va de suyo que un neofascista tenga como oficio denigrar a la izquierda. Pero, cuando las palabras tocan a prohombres de la patria, entonces la cosa cambia. Las sentencias judiciales en su contra seguirán y pondrán en evidencia que la derecha extrema ha abusado (y lo seguirá haciendo) de sus plataformas públicas para subvertir la democracia deshumanizando al adversario. Es lo que hizo el fascismo en su momento. Bauman lo llama adiaforización. Cuando el otro es menos que un ser humano se le puede tratar peor que a un animal. Es lo que ha venido haciendo la derecha contra nosotros con la complacencia, a menudo, de sectores pretendidamente de izquierdas.
Ahora le toca al rey. Sus comentarios se han dirigido contra aspectos personales en un tono insultante. Suponemos que la justicia obrará con parecida rotundidad que en el caso de esos chavales que quemaron las fotografías del rey. ¿Alguien se acuerda de lo que dijo entonces la derecha? ¿Esto es menos o más importante? Será una prueba para saber si existen o no dos varas de medir en relación con el tratamiento a la monarquía, según de qué mano venga el comentario o la acción.
Pero ni lo de las fotografías tenía sentido alguno, ni estos comentarios traspasan el umbral del anecdotario. Losantos deberá demostrar las graves acusaciones que se desprenden de la entrevista, en cualquier caso. Pero, a la derecha extrema que Losantos representa, lo que le molesta no es la monarquía, sino no tener la monarquía que a ellos les gustaría.
A nosotros nos molesta la institución. No la persona. En realidad no es una molestia. Es una posición de principios: queremos y postulamos que todas las instituciones del Estado estén sujetas al principio democrático. Es decir, que la polis esté en condiciones de decidir sobre su viabilidad y validez. Lo que nos parece fuera de lugar es el mantenimiento de una institución al margen del control público, fuera de la capacidad de deliberar y decidir sobre sus actuaciones. La monarquía no sólo no tiene encaje democrático en nuestros tiempos, sino que tiene, además, difícil justificación desde cualquier punto de vista. No es verdad que nos represente a todos y todas quien no ha sido elegido por nadie.
Tiene gracia en estos días comprobar la probidad democrática de algunos ilustres periodistas renegando de la condición democrática de Evo Morales por haberse sometido al escrutinio popular mediante un referendo revocatorio. Que lo haga el rey, nosotros le aplaudiremos. Son estos tiempos interesantes, al fin y a la postre, en los que algunos, atrapados por sus palabras de antaño, enseñan sus vergüenzas autoritarias en el escenario democrático de estos días. Cuando en Bolivia o Venezuela dirigentes populares y democráticos piden a la gente que se pronuncie democráticamente sobre su continuidad, algunos se ponen puntillosos y se escudan en la no constitucionalidad de la medida para no tener que explicar su posición real, sus afinidades y su aversión a procesos que, simplemente, desprecian.
El problema no consiste, a nuestro juicio, en si el rey está suficientemente o demasiado protegido. Si la consecuencia de ese debate es hacer amarillismo con las figuras de la Casa Real, el empuje democrático que el debate pueda tener se habrá vertido inútilmente en la alcantarilla de la política-espectáculo. A nosotros nos importa si se abren canales y opciones para que podamos preguntar y preguntarnos como comunidad política: ¿de verdad necesitamos en el siglo XXI una monarquía en nuestro país?
Gaspar Llamazares es coordinador general de Izquierda Unida
Ilustración de Iván Solbes
