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Dominio público

Opinión a fondo

La religión es política

27 dic 2010
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GUILLERMO FOUCE

Dice la Real Academia de la Lengua Española que la política es cualquier actividad que el ciudadano desarrolle para intervenir en los asuntos públicos; política es también la lucha por determinar qué es un asunto público y qué no, como bien nos demostró el movimiento feminista con su lema “lo privado es política” o como nos demuestran muchos movimientos sociales de hoy cuando intentar introducir en la agenda pública sus reivindicaciones. Política es establecer marcos de lenguaje, campos de juego donde discutir.
Política significa controversia, crítica y discusión. Aunque opinión y política sean hoy términos denostados y mal vistos, significan la ordenación de lo común. Por esta y otras razones, ciertas tendencias económicas que pretenden ser dominantes hoy se nos presentan como apolíticas, como científicas, como espacios pseudo religiosos, libres de toda controversia; y ciertas interpretaciones de la religión se presentan, a sí mismas, como únicas, doctrinales y apolíticas.

Pero ni la ciencia está libre de política, ni la economía puede entenderse sin la política que se juega en su interior y en su interacción con el espacio de lo público, con el terreno de lo político. Tampoco la religión, cuando trata de influir en el terreno de lo común está libre de política, ni puede, ni debe estarlo, y haríamos bien en reconocerlo. Tampoco están fuera de este campo de juego las formas en que se organizan las propias religiones –las iglesias– que, por sólo dar algún ejemplo, pese a compartir el cristianismo no comparten el mismo rol para la mujer en su seno o el papel del celibato, ni ahora ni en tiempos pasados.

Las creencias religiosas son individuales y respetables; no puede discutirse con ellas desde la razón. Pero, cuando la religión se utiliza para tratar de influir en las reglas comunes, se está haciendo política y hay, por tanto, que someterse a las reglas de la política que hoy nos damos en sociedades democráticas. Hay que someterse al debate, a la crítica, y no se pueden hacer trampas, como lamentablemente se hace con demasiada frecuencia planteando por ejemplo que, quien no comparte su opinión, su interpretación parcial del hecho religioso, está destruyendo la religión, la familia y persiguiendo el hecho religioso. Se pretende hacer política sin decirlo, sin reconocerlo, sin parecerlo, desde principios adulterados, con trampa, introduciendo principios morales, de autoridad, para tratar de imponer la propia opinión, la propia interpretación de la realidad y de cómo regularla.

Hay leyes sobre las que se puede opinar, por supuesto, pero en igualdad de trato que cualquier agente de la arena pública. Se deben respetar los principios básicos de la política en democracia, someterse a la crítica, estar bajo el paraguas de la ley sin esconder delitos tan deleznables o condenables como la pederastia en conductas meramente amorales o, como en tiempos pasados, desfalcos y desmanes económicos de la banca católica como meros pecados.
No es lo mismo, sin duda, la interpretación y aportación que hacen a la vida pública las comunidades religiosas de base o la teología de la liberación que la curia romana. No viven, además, con la misma coherencia y en las mismas condiciones. Unos están más cerca de los mercaderes del templo a los que echó Jesús en su momento como falsos adoradores y especuladores; los otros se comprometen con la pobreza y luchan por construir otro mundo posible y necesario. Que la alta jerarquía católica desde su boato y riqueza haga valoraciones y aportaciones fuera de lugar en estos momentos –como la condena del uso del preservativo– o retrógradas –como el intento de defender un único modelo de familia válido y real (y, al tiempo, según los datos, casi inexistente en nuestras sociedades de múltiples y muy ricos modelos familiares)– no puede servir para plantear supuestas persecuciones.
Nadie es independiente de la política, nadie es apolítico. Incluso el que pretende definirse como tal, no está más que dejando que otros decidan por él, es un idiotes en términos griegos. No se puede, por ejemplo, decir que uno pertenece a una organización apolítica si esta organización es religiosa. Este es un falso debate tremendamente maniqueo y erróneo, porque la religión, y sobre todo su interpretación mediada por las iglesias, trata de defender en el terreno público su modelo de sociedad, su forma de ordenar la vida pública, sus propuestas, todas respetables, todas discutibles, todas, como otras que vienen de otros terrenos, necesariamente debatidas y elegidas o no bajo el principio único y supremo de que cada hombre valga un voto.

Tratar de cuestionar leyes y principios legítimos como las del aborto, el matrimonio, la igualdad o la libertad sexual desde parámetros que pretenden escapar a la lógica política, presentándose como superiores, como apolíticos, como supremos, no es más que tratar de ejercer un gobierno de lo público dictatorial, autoritario, adulterado en sus términos, tramposo en sus principios. Tratar de defender por encima de cualquier evidencia científica que el aborto es, por ejemplo, un asesinato, o defender el creacionismo supone intentar imponer nuevamente criterios desde ópticas diferentes. La religión es política, lo fue siempre en la historia, la usaron los políticos y se posicionó políticamente con unos o con otros, las iglesias hicieron política y la hacen hoy, pero, con frecuencia, tratan de hacernos creer que lo suyo es otra cosa, otro terreno, otra temática. Ni siquiera en una misma religión, en una misma Iglesia, las interpretaciones de algo tan respetable y tan individualmente incontrovertible como la fe, como la creencia, son iguales, ni se llega a las mismas conclusiones para la gestión de lo público.

Guillermo Fouce es Doctor en psicología. Profesor en la Universidad Carlos III

Ilustración de Enric Jardí

La memoria histórica cierra heridas

18 sep 2008
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GUILLERMO FOUCE

memoria.jpgCon reiterada frecuencia, aquellos que pretenden recetar el olvido para no recordar a las víctimas de la violencia, suelen utilizar supuestos argumentos de carácter psicológico, como la necesidad de no reabrir heridas como recomendación terapéutica del olvido como tratamiento: “Hay que pasar página, mirar al futuro”, aconsejan algunos. Unos argumentos que no son nuevos, y que los represores y sus cómplices repiten constantemente en nuestro país y fuera del mismo para evitar asumir responsabilidades.

También suele decirse que todo se hace desde el rencor, el odio, la ira y la búsqueda de venganza.
Pues bien, ni desde la experiencia práctica en procesos de acompañamiento psicosocial a víctimas de emergencia o de la violencia política (como el 11 M, Kosovo, el reciente accidente de Spanair, Argentina o las exhumaciones en España), ni desde la literatura especializada pueden sostenerse estas posiciones. No hay, por ejemplo, ni una entrevista o proceso de acompañamiento que nos indique que los familiares están motivados por el odio o el rencor; no hay ninguna evidencia de ello.

Quedan, eso sí, deseos de justicia, de recordar, y la necesidad como derecho humanitario de primer orden; de encontrar al familiar desaparecido y enterrarlo adecuadamente; de cerrar el largo, y silenciado durante años, ciclo de sufrimiento; devolver al deudo un merecido homenaje y recuerdo, enterrán-
dolo y honrándolo como merece.

Ni las entrevistas y acompañamientos desarrollados con los familiares, ni los conocimientos teóricos sobre este ámbito corroboran o apoyan que las víctimas deban guardar silencio para cerrar sus heridas. La legislación internacional y los derechos humanos marcan los tres pilares básicos de actuación consensuada en este ámbito: verdad (conocer lo
que ocurrió, “hacer memoria”), justicia y reparación.

Desde una concepción rehabilitadora psicosocial, sabemos que no puede haber elaboración de lo vivido hasta que se reconozca lo perdido y se hable de lo ocurrido. Sólo así se cerrarán heridas mal cicatrizadas, en este caso, por la imposibilidad de narrar lo ocurrido o por la presencia del terror social inoculado por la dictadura. Únicamente las víctimas directas y sus familiares son dueños de su memoria, y sólo ellos pueden determinar cuándo olvidar y cuándo recordar.

El olvido, además, será siempre relativo, los hechos traumáticos estarán siempre de algún modo presentes en la memoria, ya que forman parte de la identidad de las personas. Antes de poder mirar al futuro y olvidar, es necesario haber asimilado lo ocurrido, recordando, contándolo.

El dolor por la pérdida cura a largo plazo y es necesario para encajar lo ocurrido para encauzarlo y para hacer el proceso de duelo; el dolor social lo es también para no repetir errores.

Los dos instrumentos psicosociales básicos con los que contamos para afrontar situaciones como la represión, son: la posibilidad de hablar de lo acontecido para poder recolocar el transcurrir de la vida rota por los acontecimientos, por una parte, y el reconocimiento social a la persona perdida y la reparación, por otra. La represión masiva fue un instrumento para castigar a las víctimas directas y a sus familias, tratando de eliminar su identidad, su recuerdo y la posibilidad de manifestar dolor. Se trataba de establecer un castigo más allá de la propia muerte, extendido a la familia, borrar a la persona perdida, que no merece ni ser enterrada como un ser humano. Por eso, la sociedad debe apoyar a las víctimas, partiendo del reconocimiento social e histórico de su condición de tales, posibilitando la expresión de emociones y recuerdos, dando espacio para elaborar lo ocurrido y homenajear y recordar lo perdido.

Tiene poco sentido y resulta maniqueo, hipócrita, malintencionado y sin ninguna base o fundamento científico señalar la necesidad de recordar a las propias víctimas (mediante, por ejemplo, placas en las iglesias o beatificaciones), recetando el olvido para las otras víctimas para no reabrir sus heridas. El abismo moral existente entre el tratamiento a unas y otras víctimas resulta increíble y, al tiempo, inaceptable en nuestro país y en cualquier otra parte del mundo.
También podemos usar el sentido común: ¿Y si fuese una de su víctimas, de sus seres queridos a quien le recetasen el olvido? Entonces, seguramente, el debate terminaría demostrando lo superfluo que resulta. Por eso, hay que reivindicar
el desarrollo de medidas de recuperación de la memoria desde la óptica de los derechos humanos. Hay que acompañar al que sufre, ponerse en su lugar y, tras escucharle, reivindicar con él justicia.

Todas las víctimas son iguales, sí, pero no todas han sido recordadas y tratadas por igual; no todas obtuvieron reparación y reconocimiento, así que resulta grotesco recetar el olvido. Las víctimas de la represión sistemática y genocida franquista no son diferentes a las víctimas del 11-M, del 11-S, de Barajas o de ETA, y tampoco de otras víctimas en Argentina o Chile. Todas demandan, legítimamente, ser reconocidas como tales, que se conozca lo que ocurrió y que se les trate con justicia.
Los procesos de recuperación de la memoria histórica cierran heridas, cierran procesos y contribuyen a una mejora en las condiciones de vida de los familiares.

No se abren traumas, más bien se normaliza la convivencia, se rompen tabúes sociales y políticos y, con ello, las personas atenúan sus propias pesadillas.

GUILLERMO FOUCE es profesor en la Universidad Carlos III y coordinador de Psicólogos sin Fronteras

Ilustración de DANIEL ROLDÁN