Gustavo Duch
Coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’
Ilustración de Federico Yankelevich
El cálculo me lo hizo el periodista ambiental Jordi Bigues: un árbol de cacao produce cada año un kilogramo de cacao procesado, listo para comer. Si el consumo de este bien al año y por persona en el estado español es de 5 kilos de media, significa que en Costa de Marfil o en cualquier otro territorio tropical, tengo cinco árboles plantados a mi nombre. Si pensamos en el café, otro cultivo tropical, las personas que tomamos un par de tazas diarias tenemos en usufructo 18 cafetales. Amos de una miniplantación.
En un sistema de comercio perfecto y solidario, con los niveles de consumo equilibrados a las posibilidades de la naturaleza, quizás este uso de tierras ajenas podría ser un simple intercambio beneficiario para consumidor y productor. Pero no es así. Detrás del cacao o del café hay muchas horas de trabajo infantil y salarios de miseria, de seres expulsados de sus tierras y de tierras agotadas de tanto exigirles. Por lo que conocer este dato en el caso de bienes que sólo algunos países por su clima pueden producir es revelador. Pero ahora que sabemos que la comida que nos llega a nuestras mesas, la madera con la que se fabrican los muebles, y desde luego los agrocombustibles con los que pretenden asegurar el llenado de los depósitos de los autos vienen de muy lejos, ¿qué pasa si contabilizamos cuántas vacas, cerdos, gallinas, frutales, maizales, pinos, palmas africanas, etc. tenemos en nuestras nóminas agroalimentarias?
Bien, el cálculo ya está hecho. Partiendo del indicador conocido como huella ecológica, que representa “el espacio de Planeta que cada población usa para generar los recursos necesarios y para asimilar los residuos producidos” (es decir, una medida que enfrenta consumo y sostenibilidad) aparece ahora un nuevo indicador, la huella del uso de tierra, que se centra en calcular la superficie que requiere una persona o un país para disponer de los productos agrícolas y forestales que utiliza. Igual que la huella ecológica, esta medida nos alerta del sobreuso general al que estamos sometiendo a la tierra; visualiza la injusticia del hambre en países productores de alimentos; y añade, como veremos, un valor de dependencia: con estos cálculos podemos interpretar la actual vulnerabilidad alimentaria a la que ha llegado Europa.
El cálculo de nuestro uso de alimentos, madera o energía, es fácil si lo medimos en la cantidad de tierra necesaria para su producción. La superficie es un parámetro que nos permite sumar la tierra dedicada a los cultivos de tomates o pepinos de nuestras ensaladas foráneas –con altas probabilidades de que sean tierras propiedad del rey de Marruecos–; las hectáreas necesarias de soja para el engorde de nuestros platos carnívoros –cien por cien provenientes del latifundismo oligarca sudamericano– o las hectáreas de palma africana –seguramente plantadas en Indonesia o Colombia dejando en el camino graves episodios de violencia–, que crecen y explotan para fabricar el llamado biocombustible. Sólo quedan fuera de estos cálculos, lógicamente, los productos marinos, que mediante otras informaciones sabemos que en el caso de Europa provienen en un 70% aproximadamente de mares ajenos.
Como era de esperar, los estudios emitidos por la organización Amigos de la Tierra sobre la huella del uso de la tierra indican que EEUU se sitúa en el primer lugar de consumo, con 900 millones de hectáreas para la alimentación de su población. Europa somos los segundos, consumiendo 640 millones de hectáreas de tierra, es decir, utilizando el equivalente a 1,5 veces su propia superficie, convirtiéndonos en el continente más dependiente de la importación de tierras. Somos, de hecho, la población que más tierra tomamos prestada (a veces bajo tratados comerciales, a veces por la fuerza de las armas) de otros continentes: un 60% de la tierra consumida en Europa es importada.
Los factores que nos han llevado a esta situación son fáciles de descubrir. En primer lugar, unas medidas políticas europeas encaminadas a comprar la comida fuera despoblando nuestro medio rural; en segundo lugar, el excesivo consumo de carne que se ha ido imponiendo progresivamente desde la agroindustria a la población, que lleva a la necesidad de importar millones de toneladas de cereales y leguminosas para engordar ganado; y en tercer lugar, los criterios políticos de favorecer el agrocombustible como fuente energética.
Muchas consecuencias tiene este modelo alimentario de tierras conquistadas, aunque hoy debemos señalar dos que pueden pasar desapercibidas. Una, Europa es vulnerable alimentariamente hablando. Es decir, no somos para nada autosuficientes y una mala cosecha de soja en Argentina, por ejemplo, puede significar falta de leche, carne o huevos en nuestros supermercados. O una especulación con el valor del maíz en la Bolsa de Chicago, como le gusta hacer a Goldman Sachs, por ejemplo, representaría en nuestras balanzas comerciales un incremento en el coste de las importaciones.
Dos, detrás de este modelo de agricultura globalizada y de consumo excesivo está el acaparamiento de tierras que desde hace una década se está extendiendo como una plaga por los países más pobres. Los cálculos indican que una superficie equivalente a la mitad de la tierra fértil disponible en Europa ya ha sido adquirida (a precios de risa, si es que hay precio) por capital extranjero en los mejores lugares de países africanos o sudamericanos. Hoy, el acaparamiento de tierras fértiles en países agrícolas del Sur es seguramente el mayor responsable de la nueva población hambrienta despojada de su medio de vida. Para detener la dependencia y el hambre la ecuación es sencilla: cuidemos la agricultura local, consumamos con medida lo que los pequeños productores locales producen en cada temporada. Todo está conectado.
GUSTAVO DUCH GUILLOT
Coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’
Ilustración por Javier Olivares
Si fuera historiador y nutricionista, que no soy ni lo uno ni lo otro, escribiría un tratado sobre cómo entender el capitalismo y sus apetitos. Todos esos conceptos complicados que muchas veces se nos escapan quedarían, mejor o peor, explicados con ejemplos sencillos y tangibles.
Cuando leemos que el capitalismo se basa en la propiedad privada, empezaría la lección por el cercamiento de tierras en la Inglaterra feudal. Lo que era un bien de usufructo colectivo, la tierra cultivable, quedó vallado, protegido y mandado por y para unos pocos. El desarrollo de industrias competitivas (y que sólo se alimentaban del lucro económico, olvidándose de los derechos más básicos) se hizo patente en los millones de campesinos esclavizados y expulsados de su residencia, edificando la revolución industrial y volcando las riquezas de los países periféricos hacia los países centrales. El poder corporativo, otra de las características del capitalismo, tiene también los mejores ejemplos y mucho recorrido en el campo agrícola –quizás ahí nació– con las grandes compañías fruteras y hoy con un puñado de empresas que controlan las semillas, granos, cereales y todo lo que es comestible. Por último, el nulo respeto por el medio ambiente, que nos creemos que está bajo nuestro dominio y explotación, también queda reflejado en la intensificación de la agricultura y la ganadería.
Es decir, me gustaría escribir un tratado que demostraría cómo en la agricultura fue donde el capitalismo antes actuó y donde antes se conocieron sus nefastos efectos. Es por eso que para las poblaciones rurales de todo el planeta, la crisis que padecemos actualmente no es más que un accidente coyuntural, una piedra en un camino de socavones. La conocen desde hace décadas: hambre, desempleo, falta de servicios, trabajo basura, desprecio político…
Si fuera sociólogo, encontraría también una correlación clara entre quienes han sufrido los estragos del capitalismo y quienes –desde hace tiempo– están en lucha contra él. Y sabría explicarles por qué el movimiento mundial de campesinos y pequeños agricultores, La Vía Campesina, aglutina a más de 200 millones de seres humanos movilizados contra las empresas de agronegocios que se están adueñando de la agricultura, contra el acaparamiento de tierras y contra el libre comercio.
Sin ser historiador, nutricionista ni sociólogo, lo que sí puedo afirmar es que las luchas de La Vía Campesina han sido un elemento clave para frenar las políticas de libre comercio impulsadas centralmente desde la Organización Mundial de Comercio, lo que ha llevado a los defensores de este modelo capitalista y desregulado a la multiplicación de tratados de libre comercio bilaterales entre varios países o varias regiones. El más precoz, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, EEUU y México, nos ha dejado en sus más de 15 años de aplicación resultados claros: la agricultura industrializada de los poderosos ha empobrecido y desplazado a la agricultura indígena –madre y padre del maíz–. El más reciente, entre Colombia y la Unión Europea, promete darnos frutos similares.
La Política Agraria Común de la Unión Europea que favorece la ganadería industrial y sus corporaciones tiene desde hace años un problema de excedentes de leche. Este modelo de sobreproducción y concentración ha sido el causante de la ruina de miles y miles de pequeñas ganaderías y lecherías de las zonas rurales europeas, muy evidentes en el norte peninsular. Lejos de revertir la situación, la solución que se propone es más mecanismos que beneficien a estas grandes industrias, con instrumentos que favorezcan la exportación de leche a países como Colombia, donde el respectivo TLC permitirá su entrada en torrentes.
Un tratado que trata de eliminar barreras es un acuerdo que deja una lucha desigual entre industrias lácteas europeas todopoderosas, altamente subvencionas (la UE dedica 16.000 millones de euros anuales a este sector), con sistemas de producción muy intensivos y bajos costes, frente a millones de pequeñas ganaderías locales.
Colombia es autosuficiente con su producción láctea. Del total, un 43% se produce y distribuye en una cadena popular que apenas recibe el apoyo estatal y que maneja un volumen de 7,75 millones de litros diarios que van tanto a los hogares, como a millares de pequeñas y medianas industrias de derivados lácteos que producen quesos campesinos, cuajos, mantequilla casera, almojábanas, arequipes, crema de leche, kumis, postres, yogur casero, sabajón, avenas lácteas, “panelitas” y muchas otras exquisiteces. Los consumidores atendidos, que deberán hervir la leche para garantizar su higiene, llegan casi a 20 millones de personas, los “jarreadores” (transportistas de la leche) se acercan a 50.000 y, finalmente, el valor de este negocio es de más de tres billones de pesos anuales (cerca de 1.700 millones de dólares), cifra nada despreciable para apetitos voraces.
Es este 43%, estos 1.700 millones de dólares distribuidos entre mucha población, lo que un modelo capitalista no puede dejar de aprovechar. En breve, con el tratado en marcha y sin aranceles a la importación a la leche extranjera, pasará a ser parte de las multinacionales de la industria láctea. Las mismas que ya engordaron en España a base de comerse a campesinas y campesinos.
GUSTAVO DUCH
El hambre, la peor y la más extendida de las pobrezas, cruel y paradójicamente nunca tuvo nada que ver con la falta de alimentos. En los últimos años, esta afirmación se presenta con su peor cara. Las crisis alimentarias –las subidas de precio de los alimentos básicos– han sido provocadas por la avaricia de personas, organizaciones y mecanismos que se dedican a la especulación con los alimentos. Unos negocios basados en la fabricación de escenarios de malas y pocas cosechas que, mientras consiguen que sus promotores recolecten grandes beneficios, hacen que para muchas familias desayunar, comer o cenar sea algo imposible, sobre todo en los países empobrecidos del Sur que dedican el 70% de sus ingresos a la necesidad de alimentarse.
Pero aun sabiendo que no es un problema de abastecimiento, pues disponemos de alimentos suficientes para todo el planeta –más de la mitad de las cosechas de cereales se dedican a piensos para animales y agrocombustibles; los descartes de la pesca rondan el 40%; sólo en Europa en la cadena de producción, suministro y consumo de alimentos, se desperdicia hasta un 50% de los alimentos; y otros datos que señalan el mal uso y desperdicio de los alimentos–, es necesario revisar qué modelo de agricultura puede ayudar a revertir la situación.
Las características que debemos demandarle a esta agricultura son tres: que tenga capacidad productiva suficiente para la población actual y futura; que sea respetuosa con el medio ambiente y con el uso de los recursos naturales, es decir, que sea sostenible; y que genere el suficiente sustento nutritivo y económico para las personas que la producen, porque es precisamente la población campesina quien más sufre pobreza, en una crisis antigua y estructural.
Como pudimos escuchar el pasado 17 de abril, Día de la Lucha Campesina, los movimientos campesinos defienden con contundencia y perseverancia, frente a la agricultura industrial (la que imita los procesos industriales y fabriles), una agricultura inspirada en la naturaleza: la agroecología. Sus bondades más evidentes (adaptabilidad a diferentes ecosistemas, bajo uso del petróleo, poca contaminación, defensa de la biodiversidad, mejor calidad, etc.) casi nadie las discute. En cambio, siempre se la acusa de ser una agricultura bucólica, romántica e incapaz de producir lo suficiente. Un mito en el que la industria agrícola ha invertido tanto que pareciera que las plantas sólo crecen regadas con productos químicos, los árboles sólo dan frutos si se las abona con fertilizantes sintéticos y las vacas sólo dan leche si se las alimenta con soja.
Pero tenemos fundamentos para afirmar que esto no es así. El más reciente llega del relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra su informe “La Agroecología y el Derecho a la Alimentación”, elaborado a partir de las investigaciones más relevantes en estas temáticas de los últimos cinco años, donde se ratifica que “la agroecología puede duplicar la producción alimentaria entre cinco y diez años en regiones donde reina el hambre”.
Para llegar a esta conclusión el informe presenta diferentes estudios y experiencias donde se han aplicado variadas técnicas basadas en la perspectiva agroecológica. Por ejemplo, destaca el estudio realizado por el profesor de la Universidad de Essex (Reino Unido) Jules Pretty en el que se compararon los efectos de la agroecología en 286 proyectos distribuidos en 57 países empobrecidos, englobando en total una superficie de 37 millones de hectáreas, es decir, una superficie muy significativa. Pues bien, los resultados muestran un aumento medio de la cosecha del 79%. O el estudio encargado por el Proyecto de Previsiones del Gobierno del Reino Unido sobre el Futuro de los Alimentos y la Agricultura Mundiales, que examinó otros 40 proyectos en 20 países africanos en los que se impulsó la agroecología durante la década de 2000. En ellos, el rendimiento medio de las cosechas, sólo entre tres y diez años, se duplicó holgadamente. Es decir, una familia campesina, con técnicas muy sencillas, ecológicas y autónomas (por ejemplo, incorporación de peces en los arrozales de regadío, barreras de piedra para mejorar la humedad del suelo, integración de la ganadería con la agricultura, cultivos repelentes de insectos, utilización de leguminosas para fijar nitrógeno y muchas otras) puede ver en poco tiempo más que duplicados los alimentos que puede consumir o llevar al mercado.
Con tales evidencias, y con los problemas que genera la agricultura intensiva, es preciso revisar dos planteamientos urgentemente. Por un lado, en los países más empobrecidos se ha de favorecer la propagación de esta agricultura, creando el entorno propicio –como dice el relator–. Las estrategias nacionales deben incorporar la agroecología como el motor fundamental de su producción de autoabastecimiento, y para ello se debe reorientar el gasto público en agricultura, actualmente centrado en agricultura para la exportación, y apoyar todas las estrategias participativas (por ejemplo los programas “de campesino a campesino”) que permiten la difusión más eficiente de este nuevo enfoque.
Y por otro lado, ¿no deberíamos en los países industrializados, con megagranjas de gallinas y cerdos en clausura, con monocultivos de trigo u olivares, y por lo tanto de pueblos desiertos, de huertas abandonadas, de un campesinado inexistente o envejecido… y paisajes artificiales, revisar –a vista de los resultados presentados– nuestro propio sistema agrario y alimentario?
Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’
ILuctración de Jordi Duró
GUSTAVO DUCH
Como si fuera un matrimonio –de conveniencia–, durante estas semanas la Unión Europea y Marruecos tienen prevista la renovación de sus votos, o no. En concreto, se está dilucidando en mesas separadas si se mantienen los acuerdos pesqueros y agrícolas que tantas repercusiones tienen sobre los sectores rurales de Marruecos, del Sáhara Occidental y de algunos países europeos, fundamentalmente España.
Por un lado, a finales de mes finaliza el acuerdo vigente en pesca que permite a 119 licencias de pesca de barcos europeos faenar en las aguas de Marruecos. De entre ellas, cien le corresponden a la flota española. Europa, paga –pagamos– 36,1 millones de euros para que los buques puedan pescar en esos caladeros, incluyendo las aguas territoriales del Sáhara Occidental. Las últimas informaciones explican que la Comisión Europea ha propuesto formalmente prorrogar el acuerdo de pesca por un año, tiempo necesario para evaluar y analizar sus consecuencias. Ahora queda la ratificación de los 27 estados miembros y la del Parlamento Europeo para que un convenio más que dudoso continúe o no vigente.
Y digo dudoso porque son muchas las voces que apuntan hacia su ilegalidad. De entre todas las voces que lo cuestionan destaca el informe legal del propio Parlamento Europeo que determinó hace más de un año que el acuerdo vigente no respetaba el derecho internacional, porque la población saharaui, de cuyas aguas se extraen muchas riquezas, no se beneficiaba del mismo. Lo mismo expresan, lógicamente, los representantes del Frente Polisario ante la Unión Europea. Si existen dudas que atentan contra el derecho de un pueblo, y de una población muy empobrecida y castigada, ¿no tenemos otra postura que seguir por la senda de las incógnitas? Si el Parlamento está en lo cierto, me parecería más sensato paralizar el acuerdo mientras se analizan todas sus repercusiones, y no al revés.
Lo contrario ha sucedido con la revisión del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea que, a grandes rasgos, consiste en el aumento de la liberalización del comercio para que los productos agroalimentarios puedan fluir con más facilidad entre las dos regiones. La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo decidió el pasado 8 de febrero atrasar los trámites para la ratificación de un nuevo marco, por considerar que Bruselas debe aclarar antes las dudas jurídicas que despierta el acuerdo sobre los territorios del Sáhara Occidental, si –como en el caso de la pesca– tanta liberalización comercial beneficia realmente a la población local y si esos son los intereses reales de la población del Sáhara Occidental.
En el caso de la agricultura, además del conflicto legal con las tierras saharauis –donde desde 1989 ya hay firmas extranjeras, como la francesa Azura, cultivando tomates bajo plástico que se comercializan en la Unión Europea–, los propios estudios de impacto elaborados por la Comisión Europea advierten de que más liberalización comercial en el área Euromediterránea tendrá unos grandes perdedores. En Europa, y especialmente las regiones del Sur especializadas en la producción de frutas y hortalizas, no podrán afrontar la competencia de los vecinos del Mediterráneo, y la ya mermada población agraria sufrirá un nuevo envite. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ya ha hecho sus primeras estimaciones: “Los aranceles, por ejemplo, se reducirán un 30% en cítricos y la naranja de Marruecos tendrá un precio de entrada de 0,264 euros/kg, cuando el coste de producción del catalán es de 0,514 euros/kg”.
Por otra parte, en su especialización en estos productos para la exportación, países como Marruecos irán perdiendo su propia soberanía alimentaria ante el abandono progresivo de sus propias producciones, con lo que supone de vulnerabilidad frente al vaivén de los mercados, como hemos podido comprobar en las recientes crisis de Túnez y Egipto. Y de nuevo, tampoco estos acuerdos liberalizadores beneficiarán a la población campesina local. El falso mito de la exportación como fuente de riqueza se volverá a evidenciar. Marruecos ya exporta a Europa, pero no lo hacen los pequeños campesinos sino los hacendados, inversores y exportadores –tanto magrebíes como europeos– con modelos industrializados que abaratan costes a base de reducir puestos de trabajo, disponer de mano de obra en condiciones de miseria, con sobreexplotación de los recursos hídricos y sin respetar medidas medioambientales suficientes para garantizar la sostenibilidad del suelo. El 20% de la superficie fértil marroquí ya está orientada al cultivo industrial para la exportación, y en la medida que se fomente, como ya se está haciendo a través del Plan Marruecos Verde, supondrá más beneficios para sus dueños: miembros de la familia real, empresarios locales y compañías españolas y europeas que han deslocalizado sus producciones (por ejemplo, el 80% de la exportación fresera marroquí está en manos de empresarios españoles). Esto reducirá las oportunidades del gran número de pequeños agricultores y agricultoras que han garantizado hasta la fecha la seguridad
alimentaria de la población local.
Dice Abdellatif Laâbi que “Marruecos está gestionado como una multinacional cuya finalidad es el enriquecimiento ilimitado de sus principales accionistas (…)”. Si la sociedad civil, la que no se beneficia de estos negocios, sale a la calle como sus países vecinos, ¿qué argumentos manejará el Gobierno de España, desposado con esta multinacional?
Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’.
Ilustración de Patrick Thomas
GUSTAVO DUCH GUILLOT
El cierre del año 2010 es también el final del Año Internacional a favor de la Biodiversidad declarado por Naciones Unidas, por lo que esperemos que el asunto no se arrincone ahora en el cajón de temas pendientes. Porque si algo tenemos claro, con o sin año internacional, es que el futuro de la humanidad depende de la nave en donde viajamos, la Tierra, y esta sólo continuará mientras sea biodiversa.
La comunidad científica ha señalado en numerosos informes que la situación patrimonial de la Tierra es preocupante. Entre todos, destaca el trabajo elaborado por el Centro de Monitoreo para la Conservación Mundial que, tomando diferentes indicadores (como la apropiación de recursos naturales, el número de especies amenazadas, la cobertura de áreas protegidas, la extensión de bosques tropicales y manglares y el estado de los arrecifes de coral) y su evolución desde 1970 hasta 2006, demuestra con objetividad y cifras lo que la observación cotidiana y atenta de cualquier paisaje también nos dibuja: disminución de especies y razas de distintos grupos de mamíferos y aves, reducción de la extensión de los bosques y los manglares, deterioro de las condiciones marinas y de las costas, invasión de especies exóticas compitiendo con las especies nativas, etc. El análisis le ha permitido a este centro dependiente del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) afirmar que “los gobiernos no lograrán cumplir su promesa de llegar a 2010 con una reducción significativa de la pérdida de diversidad biológica”. Ciertamente.
Cuando se habla de pérdida de biodiversidad, la primera mirada recae sobre los espacios naturales más vírgenes y las especies animales más exóticas, pero si enfocamos hacia los vegetales y animales que nos alimentan la fotografía es igual de grave, y es bajo esta óptica más fácil relacionar la biodiversidad con el futuro de la especie humana. De las 50.000 especies de aves y mamíferos contabilizadas en el planeta, únicamente encontramos 40 de animales domésticos de utilidad para la alimentación y la agricultura. Además, sólo 14 concentran el 90% de su aportación a la alimentación y la agricultura. Es decir, a pesar de su relativa escasa importancia sobre la diversidad global (40 especies sobre 50.000), las especies de animales domésticos tienen una importancia enorme: satisfacen más del 30% de las necesidades humanas en alimentación y agricultura (carne, leche, huevos, estiércol, etc.); en los países en desarrollo aún suponen más del 60% de la fuerza motriz que se utiliza en la agricultura o en el transporte; y se estima que, de forma global, unos 2.000 millones de personas viven directa o indirectamente de la ganadería.
No obstante, estas especies domésticas están también muy asediadas en su diversidad, esto es, en sus diferentes razas. En concreto la FAO (Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación), después de varios años de trabajo, presentó en 2003 la Lista de Vigilancia Mundial para los Animales Domésticos, donde reconocía la gravedad de la situación: se han perdido la mitad de las razas que había hace cien años y el ritmo de extinción es de seis razas de animales domésticos al mes, con lo cual, de mantenerse este ritmo, en los próximos 30 años se perdería el 40% de las razas a nivel mundial. Sólo en España, según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 2008, el 81% de las 177 razas locales registradas se encuentra en riesgo de extinción.
Así como todos los estudios coinciden en señalar entre las causas de la pérdida de biodiversidad general el cambio climático, el aumento de desastres naturales, el incremento de incendios… y, desde luego, el papel del ser humano, en el caso de la pérdida de diversidad de animales domésticos aptos para la ganadería, la responsabilidad la hemos de focalizar en la generalización de un modelo de alimentación único y global impuesto por una nueva especie que llegó al planeta a ritmo de desregulaciones, privatizaciones y liberalizaciones: las transnacionales de la alimentación.
Con la connivencia de las políticas públicas, estas corporaciones han impuesto una alimentación rápida, muy carnívora, de poco sabor e insana, que les permite –a ellas– expandirse y enriquecerse, y que se asienta en un modelo de industria ganadera, lógicamente, también muy homogeneizado y uniformizado. Con los argumentos de la máxima rentabilidad se ha primado una genética animal orientada a la máxima producción de huevos, leche o carne; producciones con mayor cantidad de grasa; o crecimiento más rápido de los animales, dejando de lado otros valores como la capacidad de adaptabilidad o rusticidad. Sólo se utilizan genética y animales de primera división que controlan unas pocas empresas, relegando a la desaparición a muchas estirpes que han estado siempre al acceso y bajo el control de campesinas y campesinos.
Así, me atrevo a afirmar que la velocidad a la que perdemos diversidad animal ganadera es proporcional a la velocidad en que las corporaciones de la alimentación aumentan su control en la cadena alimentaria.
Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’.
Ilustración de Mikel Casal
GUSTAVO DUCH
Ya estamos en Cancún. Después del fracaso de la Cumbre del Cambio Climático en Copenhague, las posibilidades de enfrentar debidamente esta situación pasan, en buena medida, por los resultados que se den en esta ciudad del sur de México. Hasta que finalice la cita estaremos bien informados de lo que allá suceda, aunque será común leer y escuchar términos que probablemente a muchos de nosotros y nosotras se nos escapan.
Entre ellos, y de capital importancia, se aludirá a los llamados mercados de carbono o comercio de emisiones, uno de los mecanismos para combatir el calentamiento global prioritario para muchos países y sus gobernantes, a la vez que está en el centro de las críticas para muchos movimientos sociales y campesinos presentes en la cumbre.
¿Cómo funciona este comercio? La idea, como explica Larry Lohmann en La Jornada, es simple: “Si según las leyes europeas o japonesas se tienen que reducir las emisiones de gases, y si los países industrializados no quieren pagar los costos que ello implica, ¿por qué no hacer reducciones donde es más barato, en países como China o México? Entonces las industrias de esos países pueden ganar dinero vendiendo las reducciones al norte”. Efectivamente, la idea es simple pero perversa, porque el resultado final de esta operación aritmética es, la mayoría de las veces, cero y no se deja de contaminar. Es decir, la contaminación que se ahorra en un país del sur se genera en un país industrializado. Y cuando no es cero, es peor, porque no resta emisiones sino que las suma. El hecho de poder tener acceso a cuotas de emisión (que se compran y venden baratas) hace posible que muchas industrias contaminantes amplíen sus negocios sin adoptar las transformaciones medioambientales adecuadas.
Desde que la ONU pusiera en marcha este mecanismo en 1997, muchos son los ejemplos para constatar esta realidad. Como explica Lohmann, y sin salirnos de México, entre las exportaciones más importantes de este país podemos hablar de camarones, petróleo y manufacturas textiles; o el comercio ilegal de droga que tanto daño está haciendo a las comunidades del norte de México; o los millones de migrantes que salen vendiéndose como mano de obra barata; o –y esta es la novedad– el más sutil mercado de derechos de contaminación. Empresas hidroeléctricas o cementeras de Suiza, España, Francia, Japón y Holanda han adquirido en México derechos de contaminación que las exime de la obligación legal de reducir sus emisiones de CO² que les imponen las leyes referentes al clima, pudiendo retrasar las medidas estructurales, y tan necesarias, contra el calentamiento global.
Como hemos visto, este mecanismo no parece ayudar a los objetivos para el que fue diseñado, pero como suele ser habitual, la utilización del mismo tiene unos beneficios insospechados para mentes teñidas de verde -–del tono verde billete–. Por un lado, los mercados financieros, a los que no se les escapa un solo negocio, han desembarcado vestidos con un parche en los ojos y pata de palo, especulando con la compra y venta de derechos de emisión. Como si fuera el tradicional juego del teléfono, por aquí los compro baratos, y por acá los vendo caros.
Por otro lado, y en países como México que pueden vender emisiones de carbono, aquellas empresas que de por sí son muy contaminantes han visto que vender parte de su contaminación es muy rentable. Casi más que su propia actividad. Por lo tanto –deducen–: “Si somos capaces de contaminar más o contaminar peor tendremos más mercancía para vender”. Parece muy miserable, pero –informa Lohmann–
así lo están haciendo empresas del sector porcino, como la conocida multinacional Smithfield relacionada con el brote de gripe A del año pasado. O Quimobásicos de Nuevo León, el mayor exportador mexicano de derechos de contaminación, a base de ampliar su actividad. Cuanto más trabaja, más aumenta la generación de un gas contaminante y más le pagarán por destruirlo debidamente. El costo de esta destrucción se calcula en tres pesos por tonelada equivalentes de CO² (una forma de tasar), que se vende en el mercado de carbono por encima de los 200 pesos por tonelada equivalentes de CO².
Por último, aunque me temo que la imaginación mercantilista no se agota aquí, también se da el caso de empresas europeas que han comprado terrenos a precios muy bajos a comunidades indígenas para la instalación de parques eólicos. Lo que no sospechaban los pueblos indígenas desplazados es que estas empresas ganarán con sus tierras por partida doble: por la generación de electricidad y por la venta de derechos de contaminación.
Queda claro, desde mi opinión, que este no es el buen camino para una efectiva y real lucha contra el cambio climático. Entender la alimentación como mercancía ya hemos visto que genera hambre. Entender la descontaminación como mercancía puede ampliar la emisión de gases de efecto invernadero. Que la Cumbre de Cancún sea un paso a favor de la vida futura y sostenible no depende de mecanismos parciales como el analizado, sino de potenciar decididamente la regulación e intervencionismo político para reducir la contaminación en origen y en sus focos principales. Aunque algunos de estos focos no parecen muy presentes, como denuncian desde las caravanas de La Vía Campesina en su viaje a Cancún, señalando las responsabilidades de la agroindustria alimentaria como actividad que calienta el planeta.
Gustavo Duch es editor de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’.
Ilustración de Enric Jardí
GUSTAVO DUCH GUILLOT
Recientemente, Noam Chomsky –colaborador en este periódico– publicó lo que él llamó diez estrategias de manipulación mediática. Diez formas de alejar a la población de la verdad y de adormecerla en la medida de lo posible. Quisiera, a partir de algunas ideas de este decálogo, analizar qué información nos llega, mayoritariamente, desde los medios de comunicación, la publicidad y la gobernanza en general, acerca de la agricultura, la alimentación y, en particular, del hambre.
Primero, y con el argumento de la distracción, se busca eso, alejarnos de cuestiones fundamentales para el devenir de la civilización, llevando nuestra atención a temas banales, sin ninguna importancia. Segundo, cuando llega el momento de hablar de los problemas del hambre, se suele acabar planteando un problema falso, para que estemos todos de acuerdo en aceptar una solución interesada. Suele ser habitual situar el problema del hambre en la falta de productividad: que no tendremos alimentos para tantas personas, que el aumento de la demanda en China e India obliga a más producción, etc. La solución –su solución– entonces entra en bandeja de plata y se postula que la biotecnología salvará al mundo. Si supiéramos que la escasez de alimentos es mentira, ¿aceptaríamos sus recetas rellenas de transgénicos?
Tercero, la estrategia de falsas (o muy improbables) expectativas es el método utilizado para convencernos de que, por el momento, no son necesarias medidas correctoras. Si el petróleo se acaba, ¿no deberíamos buscar otras maneras de producir alimentos menos dependientes? Si el cambio climático lo tenemos encima, ¿no deberíamos prescindir de modelos productivos contaminantes? No –contestan– ya encontraremos una fuente alternativa, una solución mágica, no hay prisa. Es el mensaje tecnoptimista de quien no quiere cambiar nada porque todo le va muy bien.
Cuarto, el mal uso de las imágenes de personas sufriendo hambre o pobreza es un recurso clásico y desafortunado de presentarnos una realidad sin duda existente pero con otras muchas aristas y enfoques. Los impactos emocionales suelen desviarnos del sentido y la reflexión crítica que debemos agudizar en esos momentos. Será por eso que, en general, es más fácil encontrar opiniones de “pobres personas, cuanta ayuda necesitan”, que preguntarse: “¿Qué hace que estas personas estén en esta situación?”.
Quinto, el pacto entre el poder y la ciencia oficial. Es común que muchos posicionamientos se escudan en la infalibilidad de la ciencia, ese ser alejado, intocable, capaz de hacernos sentir ignorantes absolutos. Son muchos los casos, por ejemplo, de campesinos que, teniendo con la experiencia propia (una forma de ciencia desautorizada) buenos resultados de sus cultivos, cambian a otras prácticas menos apropiadas porque “lo dicen los servicios técnicos” (añadan: de las empresas que se beneficiarán). El extremo se alcanza cuando se defienden los argumentos científicos por encima de los políticos y sociales.
Sexto, reforzar la autoculpabilidad de todos nosotros como consumidores. Acaban haciéndonos sentir culpables porque no somos del todo coherentes en nuestro consumo y no cumplimos con los estándares del consumidor responsable. Sólo una táctica más para alejarnos de una actitud de rebeldía contra el sistema económico, el verdadero responsable.
Y lo mismo podíamos decir, para acabar, cuando se nos aleja mucho de las posibles soluciones. Es aquello de “no podemos cambiar nada”, “las decisiones se toman muy lejos de nuestras esferas”, “las fuerzas contrarias son muy poderosas”, etc.
Para que vean que lo que les digo no son imaginaciones mías, les informo sobre dos declaraciones llegadas de Naciones Unidas, que no han encontrado eco mediático y que contrastan enormemente con lo que nos explican cuando hablamos de agricultura y hambre en el mundo: por un lado, según Oliver De Schutter, relator especial para la alimentación de la ONU, “en lo que a la seguridad alimentaria mundial se refiere, el rendimiento de la agroecología o agricultura ecológica supera ya al de la agricultura industrial de gran escala”. Por consiguiente, frente al discurso oficialista, lo que propone De Schutter es que “los Gobiernos y las agencias internacionales deben promover urgentemente las técnicas de cultivo ecológicas para aumentar la producción de alimentos y salvar el clima”. Por otro, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “si se adoptan mayoritariamente los sistemas agroecológicos, que han demostrado su eficacia en la reducción de las emisiones, el sector de la agricultura podría neutralizar la mayor parte de sus emisiones de carbono antes de 2030 y producir alimento suficiente para una población que probablemente alcance los 9.000 millones en 2050”.
Dos declaraciones muy similares, fuera de los moldes habituales, que contrastan con la última operación de la Fundación Gates que, ahora aliada y con participaciones en el gigante Monsanto (jefe de la agricultura industrial), propone replicar en África el modelo de agricultura intensiva y dependiente de semillas y agrotóxicos. Monsanto lo llama, con la boca bien grande, la Nueva Revolución Verde. Gates lo llama la Revolución Verde 2.0.
Aviso: nos distraerán, nos mentirán, nos venderán sueños imposibles, coquetearán con nuestro corazón, nos harán sentir malas personas y nos presentarán todos los datos a su favor para que creamos, apoyemos y confiemos en su buen saber y su buen hacer.
Gustavo Duch Guillot es Autor de ‘Lo que hay que tragar’ y coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’
Ilustración de Mikel Casal
GUSTAVO DUCH
Son muchas las conjeturas que se hacen respecto a cuándo nuestra civilización alcanzará el cénit del petróleo, es decir, cuánto tiempo nos queda hasta llegar al punto en el cual la extracción de petróleo alcanza un máximo y empieza su descenso definitivo. Algunas opiniones exponen que ya hemos alcanzado esa fecha, que ya hemos superado el techo. Otras son más optimistas y sitúan este momento en el cercano año 2030.
La polémica al respecto aparece y reaparece a la espera de disponer de datos suficientemente claros, fiables y libres de intereses, que en este campo son demasiados. Por ejemplo, estos días –explica el diario británico The Guardian–, al averiguarse que los ministros del Gobierno han estado intercambiando puntos de vista con la industria y la comunidad científica sobre el cénit del petróleo, se han disparado las especulaciones sobre una posible crisis de oferta. O cuando el pasado mes de mayo el investigador Lionel Badal, en comparecencia ante la Comisión Europea, presentó sus dudas acerca de la fiabilidad de las previsiones de la disponibilidad mundial de petróleo realizadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Pero, como dice Manuel Casal Lodeiro, activista y fundador de la asociación Véspera de Nada, en estos temas “la fecha exacta en realidad no tiene demasiada relevancia: la cuestión realmente crítica es que es un hecho irreversible”. El petróleo no es infinito. La extracción de petróleo –después de superar el cénit– será cada vez menor, de peor calidad y con costes energéticos cada vez mayores. Hoy en día gastamos un barril de petróleo para extraer 10 barriles, pero –y aquí los expertos coinciden– esta tasa continuará disminuyendo progresivamente.
Entonces, más allá de la discusión del cuándo, convendría concentrar nuestras energías (que de eso estamos hablando) en cómo afrontar una realidad pos petrolera. ¿Tendremos más dificultades para nuestra movilidad? ¿En qué estado de desarrollo se encontrarán las energías alternativas? Y, sobre todo, ¿tendremos capacidad para alimentarnos todos en el planeta? Porque, aunque la mayoría no veamos la relación directa, si no cambiamos nada, una de las repercusiones más graves del agotamiento del petróleo la sufrirá nuestro modelo de agricultura y alimentación. Existen dos factores para hacer dicha afirmación.
Primero, nos hemos dotado de un modelo mayoritario de producción de alimentos dependiente del petróleo. En aras de supuestos rendimientos se instalan regadíos (con sistemas de bombeo) en tierras de secano y bajo cielos de plástico, que también es petróleo. Tenemos granjas de animales en Europa a las que la totalidad de su alimentación les llega por barco o avión desde el Cono Sur Latinoamericano. Se practica una agricultura torpedeada por pesticidas, herbicidas y fertilizantes, todos ellos derivados de combustibles fósiles. El uso de la maquinaria (tractores, segadoras, etc.), que han sido un alivio para el trabajo en el medio rural, se ha sobredimensionado, lo que representa también un alto coste de combustible. Sumando estos y otros gastos energéticos resulta que hoy en día para producir una caloría de alimento, se consumen 10 calorías de energía fósil.
El segundo y más patente tiene que ver con el modelo de distribución y comercialización que la globalización ha ido conformando: se incrementa el kilometraje de nuestra comida, por un lado, y por otro se centraliza en cadenas de distribución, de forma que la dependencia del transporte, la congelación, empaquetado, refrigeración, etc. (todo, gastos energéticos) se convierten en subyugación.
Deberíamos interiorizar de alguna manera la fragilidad del sistema alimentario. Nuestra alimentación ha sido diseñada en base a la suposición de disponibilidad energética ilimitada y barata, hasta el punto de que los costes energéticos (la otra cara de la moneda de los costes ecológicos) nunca han representando un porcentaje significativo en el precio final al consumidor. ¿Cómo podemos comprar una piña de Costa Rica por un euro? La energía, hasta ahora, ha costado muy poco, igual que poco o nada habrán recibido las personas que han cultivado y cosechado estos alimentos.
Después del cénit, con menos petróleo y más caro, podríamos optar por reducir nuestros viajes low cost, pero seguro que querremos seguir alimentándonos. Para ello, o bien aguardamos paciente e inconscientemente un milagro tecnológico, o exigimos que se adopten ya medidas de reconversión de nuestra alimentación en torno a la autosuficiencia de las fincas agroganaderas (modernizadas con tecnologías apoyadas en saberes y experiencias tradicionales y agroecológicos) fuertemente relacionadas con las comunidades más cercanas para favorecer el consumo de proximidad. Algunos países ya apostando por esta vuelta a la comida local, como Escocia, cuyo Parlamento aprobó en 2008 una resolución en apoyo a las cadenas de suministro local para asegurar la alimentación de su población. De momento en nuestro país, vamos por detrás: desde el pasado 24 de junio, el Gobierno tiene pendiente responder a una pregunta presentada por Izquierda Unida sobre el cénit del petróleo y las posibles manipulaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Para los productores, dice Manuel Casal, “una reconversión puede que se vea como una reducción de los ingresos, pero si lo hacemos con buen criterio la reducción de los costes compensará esos menores ingresos”. Como consumidores tendremos que modificar algunos hábitos, pero la ganancia es clara: mantener la despensa llena y con buenos alimentos.
Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’
Ilustración de Javier Olivares
GUSTAVO DUCH GUILLOT
Dice Susan George en su último libro, Sus crisis, nuestras soluciones, que “todas estas crisis proceden de las mismas políticas neoliberales establecidas por los mismos actores (…). Podríamos gozar de un mundo limpio, verde, rico y justo, donde todos y todas pudiéramos vivir dignamente. A su lógica, debemos oponer la nuestra. No es tan complicado si comenzamos por invertir los términos”. Por ejemplo, y ya se ha presentado en estas páginas, frente al paradigma del crecimiento permanente como supuesto motor de desarrollo, hagamos de esta crisis la oportunidad para retroceder unos pasos del camino andado y reprogramar un decrecimiento (no forzado, como el actual) saludable para un planeta caliente.
Bajo esa misma lógica nuestra, ¿qué pasaría si volteáramos –al menos en parte– el esquema dominante que ha llevado al sector primario de la economía de encabezar hasta los años sesenta y setenta las cifras del empleo y de contribución al Producto Interior Bruto a un papel casi residual en las llamadas economías modernas? ¿Qué pasaría si se promoviera ruralizar la economía? O, tomando una propuesta concreta, ¿qué sucedería con el empleo si cuestionáramos las políticas clásicas a favor de la agricultura intensiva en petróleo, por una agricultura ecológica intensiva en mano de obra?
Para ofrecer un pequeño análisis de lo que esta propuesta significaría, tengamos en cuenta unas cifras y unos indicadores.
Cifras. Como sabemos, la población en paro está ascendiendo hasta superar el temido 20%. Mientras, la población activa agraria está en sus niveles más bajos, sin llegar al 5% en el Estado, lo que genera un vacío de pueblos y territorio muy visible por todos nosotros. En los últimos 40 años la población de los municipios de menos de 10.000 habitantes ha pasado de ser el 57% de la población española a tan solo un 23%.
Indicadores. Según datos de la organización Amigos de la Tierra, el Gobierno nos demuestra qué modelo de agricultura está diseñando para el futuro: en el año 2008, en España, se dedicaron 54,3 millones de euros a la investigación en biotecnología agraria y alimentaria (por ejemplo, la de cultivos transgénicos) y 60 veces menos a la investigación en agricultura ecológica, con tan solo 0,9 millones.
Más allá de los demostrados inconvenientes que tiene el modelo de agricultura tecnológica e industrializada (contaminación ambiental, riesgos sanitarios, competencia desleal con los países empobrecidos del Sur, etc.) veamos bajo la lógica
–como dice Susan George– de generación de puestos de trabajo y de producción de alimentos los resultados de cada una de estas agriculturas. Si la comparación la hacemos entre la agricultura ecológica y la convencional (industrializada pero no transgénica) la primera demuestra –según diversos estudios internacionales– un 32% más de capacidad para generar empleo. Por ejemplo, algunos estudios han estimado que la transformación de la producción agraria de Inglaterra y Gales a ecológico supondría un 70% más de empleo en el medio rural. Los datos demuestran que la agricultura campesina y ecológica todavía genera más empleo y tejido económico si se compara con la transgénica. Mientras la agricultura transgénica en España –después de 12 años de fuertes inversiones en el único país europeo donde se permite el cultivo de transgénicos a gran escala– ha generado en torno a 1.950 puestos de trabajo (sumando los generados en las empresas biotecnológicas más los de los agricultores que utilizan maíz transgénico), la agricultura estrictamente ecológica ha generado 14.310 empleos en las empresas del sector más 35.407 productores que nos proveen de alimentos bajo este modelo respetuoso con el medio ambiente.
Es decir, el Gobierno invierte 60 veces más en un modelo de agricultura que genera 25 veces menos empleo que el que demuestra generar la agricultura a pequeña escala y ecológica. Como sabemos, además, el modelo ecológico atrae a gente emprendedora y joven hacia un medio rural despoblado, envejecido y masculinizado.
Considerar otro modelo agrario favorece también las capacidades de nuestro país de suficiencia alimentaria, disminuyendo las dependencias de alimentos importados (la Unión Europea es importadora neta de productos básicos, importa alimentos por un valor de 173.000 millones de euros, mientras que exporta alimentos por 127.000 millones de euros, según datos de la Organización Mundial del Comercio), pues como ha sido demostrado por muchos investigadores la capacidad productiva de la agricultura ecológica no es inferior a la de la agricultura química.
Añadamos pues a las bondades de la agricultura a pequeña escala y ecológica la enorme capacidad de generar empleo sostenible y necesario.
Se podrá argumentar que propuestas que vuelvan la mirada al campo, al tejido económico rural y agrario, son tan solo idealizaciones. Exacto, lo decía John Berger en el epílogo de su novela Puerca Tierra: “Sin embargo, despachar la experiencia campesina como algo que pertenece al pasado y es irrelevante para la vida moderna; imaginar que los miles de años de cultura campesina no dejan una herencia para el futuro…; todo ello es negar el valor de demasiada historia y de demasiadas vidas…”. Y un poco más allá, es despachar la posibilidad de generar una economía ruralizada, más justa, más dinámica.
Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’
Ilustración de Iker Ayestaran
MIQUEL ORTEGA CERDÀ Y gUSTAVO DUCH GUILLOT
Poco más o menos como indica el título se ha quedado la Comisión Europea tras evaluar los resultados de la Política Pesquera Común (PPC) aplicada desde 1983 y revisada en 2002: más del 85% de los bancos de peces evaluados en las aguas comunitarias se consideran sobreexplotados, y la industria pesquera –especialmente la más pequeña– encadena una crisis tras otra. No está mal para una política que, entre sus objetivos, se planteaba conservar los recursos marinos y apoyar al sector pesquero. Peor aún es el resultado si tenemos en cuenta que no se trata de una política a la que no se le han dedicado recursos: 4.897 millones en el periodo 2000-2006, y una previsión de 4.304 millones más para el periodo 2007-2013. En varios estados miembros se ha calculado que el coste de la pesca para los presupuestos públicos es superior al valor total de las capturas. Dicho con otras palabras, prácticamente pagamos dos veces el pescado: una en la pescadería y otra a través de nuestros
impuestos.
Algo se ha hecho muy mal y, por ello, como plantea la propia Comisión Europea, “debe llevarse a cabo un cambio radical en la PPC, no debe tratarse de otra reforma fragmentaria gradual, sino de un maremoto cuyo alcance afecte a los factores fundamentales que se esconden en los fracasos anteriores”. La revolución se ha puesto en marcha y tendremos una nueva PPC en 2012. Pero ¿en qué debe basarse este cambio radical?
En primer lugar, se impone priorizar la recuperación del ecosistema marino: sin peces no hay pesca ni pescadores. La situación en la actualidad es grave: por ejemplo, en varias cuencas europeas dominadas por las flotas españolas, determinados tipos de merluza, rape o atún no sólo están sobreexplotados, sino que se mantiene una peligrosa tendencia negativa. Más que nunca, ahora es necesaria la aplicación del principio de precaución y un enfoque basado en el ecosistema (dónde se analizan las interacciones de las diferentes especies marinas) para la gestión de los caladeros. Técnicamente es posible; políticamente, está aún por ver.
En segundo lugar, hay que poner fin a la ineficiente estructura de toma de decisiones de la PPC. Mientras las decisiones estratégicas y los objetivos a largo plazo deben establecerse en el Consejo de Ministros o el Parlamento Europeo, las decisiones operativas deben tomarse a una escala inferior, con la participación plena del sector y ajustándose a la diversidad europea y de sus mares. No como sucede en la actualidad, donde la toma de decisiones está excesivamente centralizada. Los tipos de embarcaciones, el conocimiento de la situación ecológica de los diversos caladeros europeos, la estructura organizativa de los pescadores, etc., son demasiado diferentes entre los países, e incluso entre diferentes partes de un mismo país, para una visión centralizada efectiva.
Hay que establecer normas claras en la asignación al recurso y estas deben basarse en un conjunto de criterios transparentes que favorezcan las prácticas y artes de pesca menos destructivas y más selectivas, el menor consumo de combustible, el mayor empleo, las buenas condiciones de trabajo, la obtención de productos de calidad y el nivel de cumplimiento histórico de las normativas comunitarias. Esta propuesta está muy lejos de la situación actual, en la que ni tan siquiera se penaliza el incumplimiento de la legislación vigente. Es suficiente saber que más de 20 embarcaciones españolas han sido condenadas en los últimos años por incumplir la legislación de pesca y al mismo tiempo han recibido subvenciones públicas derivadas de la política pesquera común. Ni tan siquiera existen los mecanismos que les obliguen a devolver los recursos públicos utilizados. Por contra, tenemos decenas de ejemplos en todo el mundo que nos muestran que criterios sociales y ambientales pueden combinarse exitosamente para conseguir una mejor gestión pesquera y asignación de los recursos. Algunos de ellos son muy cercanos, como la gestión pesquera que se está llevando a cabo en la reserva marina española Lira-Carnota “Os Miñarzos”, gracias al excelente trabajo de la Cofraría de Lira y la Fundación Lonxanet.
Finalmente, no se puede olvidar la dimensión exterior de la PPC. Debe exigirse un respeto a la soberanía alimentaria de los terceros países (ya conocemos nuestra polémica presencia en el Sáhara Occidental); evitar la externalización de impactos negativos asociados a la sobrepesca y a modelos productivos basados en la sobreexplotación laboral o social (pensemos, por ejemplo, en las condiciones de maquila de algunas plantas de tratamiento de pescado en América Latina o África); o el dumping a los países no europeos. De una vez por todas se han de eliminar las subvenciones a las flotas que incumplan la legalidad en el exterior o que producen un dumping en terceros países, con un mayor control de los productos que llegan a Europa (como la perca del Nilo) y la mejor información para el consumidor, así como la desvinculación de las políticas de cooperación de las políticas de promoción de acceso a los recursos marinos en terceros países.
Se presenta una oportunidad única para diseñar una nueva PPC y hacer de esta un motor de cambio para el ecosistema marino y el sector pesquero europeo. Falta ver si la Comisión es capaz de guiar adecuadamente esta transformación y, finalmente, del maremoto no nos quedamos en marejadilla. El reto es grande, pero la necesidad de cambio es aún mayor.
Miquel Ortega Cerdà es coordinador del área de medio ambiente y sociedad de ENT, medio ambiente y gestión
Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’
Ilustración de Iker Ayestaran
