Ignacio Sánchez-Cuenca
Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y autor de Más democracia, menos liberalismo (Katz)
Ilustración de Diego Mir
Mariano Rajoy se equivocó escandalosamente al hablar sobre las cifras de paro en España en su discurso de investidura. Dijo que en España la tasa de paro llega al 23% y que el número de parados es de 5,4 millones. Resulta insólito, por utilizar una expresión a la que recurre con frecuencia don Mariano, que el nuevo presidente del Gobierno falle en un dato tan fundamental. Ya sabemos que su horizonte intelectual es el del diario Marca y que la única lectura que le deja impronta es la del BOE. Pero podía familiarizarse con las magnitudes básicas de la economía. También se equivocó en los cálculos sobre el servicio de la deuda. Por fuerte que sea la actitud patrimonialista de la derecha española, la ocasión merecía guardar las apariencias.
Da miedo pensar en el nivel de sus asesores, los que le preparan las fichas que Mariano, como buen opositor, aprende de memoria. Neocons y neopijos salidos de las escuelas de negocios y de los cuerpos superiores del Estado. Palmeros y pesebreros que tienen la mente puesta en las jugosas rentas que obtendrán del poder. Forman parte de esa derecha carpetovetónica cuyo patriotismo consiste en aprovecharse de España para aumentar sus privilegios. Estos son los que nos van a gobernar. Porque nadie se escandaliza de que nuestros liberales de pata negra tengan puestos de funcionario, no vaya a ser que Mariano dure un telediario.
Rajoy, un oscuro señorito de provincias, un registrador de la propiedad que ha pasado sin pena ni gloria por los múltiples cargos políticos que jalonan su dilatada carrera política, da el pego como segundón, pero en cuanto se pone al frente, su debilidad manifiesta no puede ser disimulada. El elegido por Aznar trata de suplir sus carencias con aplomo retórico, pero dicho aplomo es impostado, pues cada vez que se ve en un aprieto sus ojos comienzan a dar vueltas descontroladamente y su mandíbula se contrae. Su marca consiste en el desconcierto y la indecisión. En Europa ya enarcan las cejas y esbozan una sonrisa displicente: Mariano no va a conseguir calmar los mercados.
La victoria del PP es la victoria de una España mediocre y maleducada. El núcleo de su apoyo electoral está formado por ese grupo que antiguamente se denominaba franquismo sociológico (leían a Vizcaíno Casas y a De la Cierva, veían las películas de Mariano Ozores) y que hoy son simplemente la derechona que se educa con Pío Moa, Fernando Sánchez Dragó, Juan Manuel de Prada y Federico Jiménez Losantos. Una derecha cavernícola y nacionalista que no se avergüenza de tener a Francisco Camps, Ric Costa y el Albondiguilla entre sus filas.
Mariano Rajoy no está preparado para sacar a España de la crisis. Su plan de acción es el mismo que ha seguido durante toda su vida: esperar a que escampe, confiar en que el tiempo arregle las cosas. Recortará a los más débiles para que no le abronquen los suyos, no porque él crea que sirve de algo. Un político desacreditado en las encuestas como él no debería ser el nuevo inquilino de la Moncloa. Como líder de la oposición, recibió la peor valoración ciudadana de nuestra historia democrática. Si le queda algo de dignidad, debería renunciar a la Presidencia del Gobierno. Que se marche y deje paso a una persona capaz que sepa afrontar los tremendos retos a los que se enfrenta España. No puede gobernar el país quien no se entera del número de parados que tenemos. Que se vaya al paro él, que el país no está para bromas.
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Supongo que el tono de esta crítica les habrá parecido, como a mí, excesivo y zafio. Es un mero pimpampum destinado a denigrar y destruir al rival. Corresponde, sin grandes diferencias, al registro que ha empleado la derecha mediática durante más de siete años contra Zapatero, contra su Gobierno y contra la izquierda en general. Desde el primer día: desde el 14 de marzo de 2004. Empezaron por el atentado del 11-M (algunos aún siguen ahí), continuaron con el Estatut y el proceso de paz, la tomaron con la memoria histórica y arremetieron con saña cuando llegó la crisis económica. No dieron tregua alguna a Zapatero, quien fue objeto continuado de toda clase de ataques e insultos. Las acusaciones eran graves: los socialistas querían romper España y crear un clima guerracivilista, volaban los consensos de la Transición, destruían la familia y se sometían a los designios de los terroristas; la izquierda de Atapuerca, los de la ceja, las bibianas, el peor presidente de la historia de la democracia.
Ahora todo será distinto. Por fin hay un partido preparado en el Gobierno. Con un ministro de Economía que tuvo una alta responsabilidad en Lehman Brothers, como Dios manda. La crispación será cosa del pasado. La acusación de traicionar a los muertos quedará en el olvido; lo mismo sucederá con el voto del PP en contra de las medidas de ajuste el 10 de mayo de 2010. Aquel día el PP optó por aislar al Gobierno, aun si el país corría un riesgo muy alto de intervención de los poderes europeos. Rajoy, en su discurso de investidura, se ha atrevido a reclamar colaboración al PSOE e incluso ha anunciado solemnemente que por fin renovará las vacantes pendientes en el Tribunal Constitucional, RTVE, el Defensor del Pueblo, etc. después de haberlas bloqueado porque estaba en la oposición. El PP se puede permitir todo eso y mucho más; para eso cuenta con el apoyo de la canalla periodística habitual.
Odón Elorza
Diputado socialista por Gipuzkoa
Ilustración de Enric Jardí
Tras la larga y trabajosa victoria de la democracia sobre ETA, aunque paradójicamente y como pasara en Irlanda del Norte su final nos haya traído un doble triunfo electoral para Bildu-Amaiur, la política vasca parece caminar hacia la confrontación pura del soberanismo radical contra el Estado y “los españoles de casa”. Todo ello en expresión y según la estrategia de los dirigentes de la antigua Batasuna y de Aralar.
Otra cosa es que su plan de confrontación no estará acompañado de bombas y sí, en ocasiones como la intervención de su portavoz en el Congreso, Iñaki Antigüedad, de palabras de seda. El avance de las tesis independentistas lleva necesariamente al PSE-EE a defender la construcción de un modelo de sociedad vasca para la convivencia y la cohesión social, un país en el que el respeto a las reglas de la democracia sea una constante.
Por eso me ha parecido grave la arbitrariedad de la Mesa del Congreso de los Diputados al impedir que Amaiur disponga de grupo parlamentario propio. Porque, sin ninguna duda, los socialistas vascos sabemos que esa decisión refuerza el falso discurso victimista del independentismo radical. Pero no es la primera vez. Lo mismo sucedió con la legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional en la víspera del inicio de campaña de las elecciones municipales. Aquella situación de incertidumbre jurídica creó finalmente el caldo de cultivo favorable a sus candidaturas a las alcaldías.
Estamos ante una decisión de torpeza política que no se basa en un riguroso informe jurídico de legalidad, ni en la salvaguarda de principios democráticos, sino en criterios de oportunidad y conveniencia políticas para el PP. Su grave error no ayuda a reforzar la credibilidad de la democracia en el conjunto del País Vasco y beneficia la estrategia del independentismo radical dirigida a deslegitimar las instituciones españolas. Por tanto, mi crítica no es fruto de ningún complejo nacionalista, ni de ganas de favorecer a la coalición de Arnaldo Otegi.
Por lo mismo, no entiendo la posición de abstención del PSOE en la Mesa del Congreso. Me resulta difícil de explicar porque quiebra la coherencia en la defensa del sistema democrático. No se puede dejar las manos libres al PP ni en este asunto ni en todo lo pendiente para avanzar en la consolidación del proceso de paz. Mi opinión coincide con la del lehendakari a la hora de legitimar plenamente nuestras posiciones para ganar la batalla al independentismo. Alejados, además, de cualquier tentación frentista.
Escuchando las respuestas que dio Rajoy a Amaiur en el debate de investidura, tengo la impresión de que el PP apuesta por la estrategia de confrontar con el mundo radical independentista desde posiciones propias del nacionalismo español. Lo haría para contentar a cierto estado de opinión alentado por el Tea Party y los medios de la caverna. También como cortina de humo ante la lista de duros recortes que nos traerá el PP como regalo de Reyes o tras las elecciones andaluzas.
La experiencia nos dice que ambos nacionalismos, el vasco y el español, se retroalimentan y si despliegan su juego pueden acabar perjudicando la gestión del proceso de paz y la construcción de un clima de convivencia para Euskadi. En esta coyuntura se trata de elegir entre la estrategia de la convivencia o la de la confrontación. El PSE-EE ha apostado, con su lehendakari al frente, por la primera, aunque de momento no hayamos obtenido réditos electorales. No importa, deberemos perseverar aportando épica y emotividad a nuestro relato de país.
Los socialistas vascos sabemos que la consecución de una paz definitiva y con memoria (con garantías como la necesaria disolución probada de ETA), el reconocimiento efectivo del dolor causado a las víctimas del terrorismo con petición de perdón, la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos y la consecución de la concordia cívica, configuran un proceso largo y complejo en el que cada paso es importante. Y vamos a necesitar mucha inteligencia política, prudencia y acuerdos entre diferentes.
Lo anterior no debería impedir que explicáramos el papel de los socialistas en la derrota de ETA ante el sistema democrático: que la política desarrollada por Zapatero, Rubalcaba y Patxi Lopez ha jugado su papel en la dirección de las acciones policiales para su debilitamiento, en las relaciones internacionales, en los contactos y exploraciones como las de Eguiguren y en la creación de un clima de complicidad sobre el proceso con la mayoría de los partidos.
Reitero: con la negativa a Amaiur para formar grupo propio no se inicia con buen pie la segunda transición democrática en Euskadi. Así no se lucha de modo inteligente contra el creciente independentismo; es más, se le engorda el voto. Y es que los principios democráticos deben prevalecer siempre. En todo caso, el Tribunal Constitucional nos pondrá, de nuevo, rojos de vergüenza.
Ignacio Sánchez-Cuenca
Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y autor de ‘Más democracia, menos liberalismo’ (Katz)
Ilustración de Javier Olivares
Parece que la crisis de la deuda europea está entrando en su tramo final. La situación actual no es sostenible mucho más tiempo. Nadie se creería a estas alturas otra más de esas cumbres “históricas” de las que sale un complejo plan de rescate que a los tres días ya se ha olvidado. Si en las próximas semanas no se toman medidas drásticas que supongan un verdadero cambio en las reglas de funcionamiento del euro, la Unión Monetaria puede venirse abajo.
Hasta ahora han fallado todas las recetas que se han puesto en marcha. El caso de España es el más interesante, pues nuestro país ha sido, en comparación con el resto de países mediterráneos, el más aplicado, lo que nos ha librado de la intervención exterior y de la imposición de un equipo de tecnócratas al frente del Gobierno. Se ha hecho lo que pedían Alemania, el Banco Central Europeo y la Comisión: ajustes presupuestarios, reformas de las pensiones y del mercado de trabajo, reforma financiera y limitación constitucional del déficit; nada de esto ha sido suficiente para impedir que la prima de riesgo de nuestra deuda pública haya continuado aumentando con respecto a la de Alemania. El PSOE asumió la necesidad de todas estas medidas y las llevó a cabo, pero la actividad económica no sólo no se ha recuperado, sino que hoy es significativamente más baja que en el primer trimestre de 2010. Tanto es así, que la caída de ingresos causada por el bajo crecimiento económico amenaza el cumplimiento de los objetivos de déficit, prioridad máxima de los dos grandes partidos, PP y PSOE.
Ante estos resultados, no es de extrañar que vaya surgiendo un cierto consenso a nivel europeo de que la solución no puede limitarse a ajustes dentro de cada Estado; es preciso ir más allá, transformando las reglas que ahora incentivan las apuestas a la baja sobre la deuda pública de los países periféricos del área euro. Si no se hace así, la crisis de la deuda terminará arrollándolo todo.
Alemania, sin embargo, se ha opuesto hasta el momento a propuestas como la emisión de eurobonos o la creación de un tesoro europeo que actúe como prestamista de última instancia. Las razones son siempre morales. O bien la moral luterana: los países mediterráneos han sido como la cigarra de la fábula y ahora se merecen las penalidades que están sufriendo; esto les pasa por no haber sido ahorradores ni previsores. O bien la moral de los economistas, el “riesgo moral”: si se ayuda a los países despilfarradores ahora, en el futuro volverán a las andadas; por lo tanto, deben reformarse y realizar ajustes que impidan un nuevo endeudamiento masivo.
Alemania sólo está dispuesta a encontrar una solución si los países del área euro se comprometen a hacer la política económica que Alemania y el BCE desean. La Unión Monetaria, en cierto modo, constitucionalizó a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento un modelo económico que ata las manos de los países. Pero Alemania considera que la atadura no fue suficientemente fuerte y busca ahora unas reglas más estrictas. Unas reglas que impongan la política económica del Gobierno conservador de Merkel. La austeridad no será una opción, sino una obligación.
Para que los países acaben aceptando un acuerdo de esta naturaleza, Alemania está siguiendo la estrategia perversa de dejar que la situación se pudra. Merkel saldrá al rescate de Europa cuando la situación sea tan desesperada que los países del área euro no tengan otra opción que aceptar como contrapartida la política económica que preconiza el BCE: austeridad, austeridad, austeridad. Como ha sucedido en otras ocasiones en la UE, se está cociendo una solución en las alturas sin apenas debate público. En breve, Alemania y Francia anunciarán un plan de actuación, respiraremos aliviados al atisbar una solución al problema de la deuda y nos resignaremos ante las condiciones que nos impongan.
En estas circunstancias, resulta chocante que nuestros europeístas patrios se muestren tan entusiasmados con la posibilidad de avanzar hacia un mayor nivel de integración fiscal. Es necesario cuestionar esta actitud un poco papanatas: más Europa, quizá; según y cómo. Nos escandalizamos de las soluciones tecnocráticas en Grecia e Italia, pero la más grave amenaza es que el BCE pase a dictar la política económica de los países del euro. Eso sería la forma más acabada de tecnocracia. Si es esto lo que nos espera en la Unión Monetaria, si tenemos que perder nuestra capacidad de autogobierno en materia económica y asumir una posición subordinada con respecto a Alemania, ¿para qué queremos estar en el euro exactamente?
El panorama es bastante sombrío. La inmensa mayoría de los gobiernos europeos está en manos de partidos conservadores que apenas pondrán resistencia a los designios de Alemania y el BCE. Aunque consigan resolver el problema de la deuda, lo cual es dudoso, ¿hay alguna justificación para que nos condenen a una etapa prolongada de elevado paro y bajo crecimiento?
Ignacio Sánchez-Cuenca
Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y autor de ‘Más democracia, menos liberalismo’ (Katz)
Ilustración de Javier Olivares
Durante mucho tiempo, el poder político no fue más que un reflejo del poder económico: las instituciones se diseñaban para proteger los privilegios de las clases propietarias. El nacimiento de la democracia supuso una ruptura radical con esas prácticas.
La democracia es un sistema concebido precisamente para romper esa identidad entre el poder económico y el poder político. El ideal democrático consiste en desacoplar ambos poderes. En la esfera política democrática, todo el mundo tiene un voto con independencia de su riqueza, sus creencias, su educación o su linaje. Las decisiones colectivas se toman en función del grado de apoyo popular que cosechen las alternativas en juego y no en función de lo que quieran quienes detentan el poder económico.
Si la democracia tiene cierta capacidad para transformar la realidad, es porque el poder político adquiere cierta autonomía con respecto al poder económico. Por supuesto, dicha autonomía sólo es parcial, pues los regímenes democráticos operan en sistemas económicos capitalistas que imponen restricciones importantes a lo que el poder político pueda decidir. Así, si se tocan los derechos de propiedad más fundamentales o se amenaza gravemente la tasa de beneficio de las empresas, los inversores pueden huir del país o impulsar un golpe de Estado al estilo de lo que sucedió en Chile en 1973.
Se entiende, por ello, que los poderosos siempre hayan recelado del sistema democrático. El autogobierno, entendido como la conformación de las decisiones colectivas a partir de las preferencias mayoritarias en la sociedad, constituye un desafío al statu quo, a las diferencias de poder y a los privilegios. En la convención constitucional de Filadelfia en 1787, James Madison fue bastante explícito: “El aumento de la población incrementará, por necesidad, la proporción de aquellos que trabajan bajo toda suerte de privaciones y que suspiran secretamente por una distribución más igualitaria de la propiedad. Pueden llegar a ser más en número que quienes están situados por encima de la indigencia. ¿Cómo defenderse de ese peligro?”. Su respuesta consistió en el complejo sistema institucional de frenos y contrapesos que fragmenta el poder político y hace muy costosa la toma de decisiones.
El ideal democrático se ha debilitado enormemente en las últimas tres décadas. La globalización y las políticas neoliberales han roto el equilibrio entre democracia y mercado que tan trabajosamente se había alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial, habiéndose reducido el grado de autonomía de la política hasta extremos preocupantes. Un síntoma de que la política ha perdido margen de maniobra es el aumento sostenido de la desigualdad económica en la mayor parte de las democracias desarrolladas desde finales de los años setenta del pasado siglo.
Las cosas han empeorado mucho en la presente crisis europea. Los estados de la UE han tejido una tela de araña supranacional que les impide moverse y reaccionar ante las dificultades económicas. La solución está en manos del Banco Central Europeo, una institución no electa y que no responde ante nadie por sus decisiones. ¿Qué sentido tiene que el destino de la eurozona no pueda decidirse democráticamente?
Todo esto ha resultado en una degradación enorme de la democracia en la Unión Europea. También, por cierto, en Estados Unidos, aunque por otros motivos. Allí el dinero ha desvirtuado la práctica democrática. Los candidatos son rehenes de los intereses económicos. Sin las donaciones de las grandes empresas, que financian a ambos partidos para minimizar riesgos, los políticos no pueden funcionar.
En estas circunstancias tan deprimentes, resulta legítimo y comprensible que mucha gente se pregunte si tiene algún sentido votar. ¿Votar para qué? Si los gobiernos que salen de las urnas no se comportan como alumnos aplicados ante las exigencias de los inversores, las instituciones supranacionales y el Banco Central Europeo, la solución parece ser sustituirlos por equipos de “técnicos” bien conectados con el mundo financiero. No es entonces de extrañar que algunos se acuerden en estos momentos de aquel viejo apotegma que decía que el Estado era el consejo de administración del capitalismo.
Es lógico que cunda el desánimo. Pero para analizar correctamente el problema es preciso invertir la perspectiva. Precisamente porque la democracia está asediada, es más necesario que nunca defenderla ejerciendo el derecho de participación política de forma razonable. Los ciudadanos debemos resistir la tentación de desentendernos de la situación en la que nos encontramos, por mucho que esta nos desagrade. Si hay una salida al embrollo en el que nos hemos visto metidos, sólo puede ser la democrática. La ciudadanía debe recuperar el control político de la situación y mostrar claramente que el curso que están tomando los acontecimientos en Europa no es aceptable.
Algunos podrían buscar alternativas al compromiso democrático en las ensoñaciones populista y autoritaria. Es difícil, con todo, imaginar que las naciones europeas caigan en los mismos errores que ya cometieron en el periodo de entreguerras. En realidad, lo más preocupante de la situación actual es que aquellos que se sienten profundamente decepcionados abdiquen de su responsabilidad civil y se retiren a su vida privada, perdiendo todo interés por una posible solución colectiva. La defensa de la práctica democrática es el último recurso que queda para frenar a unos poderes económicos que amenazan con convertir la política en un mero trámite contable.
Ignacio Sánchez Cuenca
Profesor de Sociología de la Universidad Complutense y autor de ‘Más democracia, menos liberalismo’ (Katz)
Ilustración de Javier Olivares
Uno de los fenómenos más extraños que se han vivido en la política española consiste en que el debilitamiento de ETA haya ido acompañado por un endurecimiento en las actitudes de buena parte de la sociedad española ante el terrorismo. A medida que ETA fue entrando en un proceso irreversible de decadencia, cada vez más acosada, ha habido mucha gente que ha radicalizado sus posturas; hasta el punto de que las actuales encuestas de opinión pública muestran que hay una mayoría de la población que se opone no sólo a posibles beneficios penitenciarios, sino incluso al acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco.
Este fenómeno no ha afectado sólo a la ciudadanía: los medios de comunicación han dedicado más espacio a la ETA terminal de los últimos tiempos que a la ETA que asesinaba a decenas de personas al año. Los jueces también han pasado por una transformación similar: hasta bien entrados los años noventa, no se les ocurrió establecer la identidad entre ETA y su brazo político. En tiempos recientes, con una ETA ya débil, han aprovechado todos los resquicios para aumentar la severidad de sus actuaciones antiterroristas: doctrina Parot, condena a Otegi por participar en el homenaje a un etarra asesinado por un comando terrorista de ultraderecha, condena de 99 años a De Juana Chaos por escribir unos artículos de tono amenazante (luego rebajados por el Supremo a tres años), caso Egunkaria, etcétera.
Como consecuencia de este proceso de endurecimiento, se han elevado los niveles de exigencia. Primero se le dijo a Batasuna que para ser legal tenía que condenar el terrorismo. Pero cuando la izquierda abertzale apostó por rechazar la violencia, muchos subieron el listón: Batasuna sólo podría participar en las elecciones si se disolvía ETA. Así se dijo, por ejemplo, ante la ilegalización de Sortu. Dirigentes del PP llegaron a sugerir la aplicación de un periodo de cuarentena política. En el caso de ETA, durante muchísimo tiempo se consideró que un cese definitivo y unilateral de la violencia era un ideal lejano y casi inalcanzable. Pero cuando ETA, finalmente, ha cumplido este trámite, vemos que muchos se muestran decepcionados y ponen, como condición mínima para empezar a hablar de presos, la disolución y la entrega de armas. Y si esto llegara a suceder, es muy posible que no se dieran por satisfechos, a menos que hubiera además un arrepentimiento personal de todos y cada uno de los etarras. Y así sucesivamente.
Las caras largas y mohínas de tantos ante el comunicado de abandono de la violencia obedecen en muchos casos al hecho de que no pueden soportar que el terrorismo haya acabado bajo el Gobierno de Zapatero. Reconocerlo les supondría una úlcera de estómago. Pero sería una simplificación atribuir esa reacción solamente a la mezquindad política. Viendo el desgarro de algunas víctimas en la situación actual, debe reconocerse que hay un problema más de fondo.
A mi juicio, a finales de los años noventa se produjo un cambio profundo en las actitudes dominantes en la sociedad con respecto al terrorismo. Este cambio cristalizó en la reacción al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. A partir de aquel momento, el problema de ETA comenzó a plantearse en términos más morales que políticos. Se trataba de un combate entre el bien y el mal ante el que nadie podía ser ajeno. Algunos empezaron a verse a sí mismos como resistentes ejemplares (¡cuánto se ha abusado de analogías impropias con el holocausto y la Alemania nazi!), encendiendo una chispa en muchos otros que nunca se habían interesado especialmente por el terrorismo.
Para hablar de terrorismo era preciso iniciar la conversación con un lenguaje taxativo, lleno de términos de condena, en el que fuera palpable una indignación íntima muy profunda. Políticos, periodistas, ciudadanos de toda condición, comenzaron a referirse a ETA en un registro a veces puramente visceral o emocional. El Partido Popular, entonces en el poder, aprovechó la situación admirablemente: se apropió del asunto, presentándose como garante último de la dignidad frente al terrorismo, y lanzó una opa nada hostil sobre intelectuales que habían defendido tesis progresistas en el pasado y que se derechizaron sin complejos a cuenta de la lucha contra ETA.
Aunque la moral y la política no constituyen perspectivas enfrentadas, es evidente que tampoco se solapan por entero y que hay problemas políticos que se enquistan a causa de actitudes morales puristas e intransigentes. La política es el arte de lo posible. Lo posible, sin embargo, suele quedar muy por debajo de los imperativos de la moral.
No hay duda de que la moralización de la política antiterrorista tuvo consecuencias positivas. Sirvió para hacer palpable el sufrimiento que produce el terrorismo y, sobre todo, para que las víctimas obtuvieran un reconocimiento público que se les había hurtado durante muchos años de oscuridad e indiferencia.
Ahora bien, esa moralización ha generado asimismo actitudes cerriles que se manifestaron primero ante el proceso de paz que inició el Gobierno en 2006 y que resurgen ahora a propósito del cese definitivo de la violencia de ETA. Es precisamente esa actitud moralista la que impide a muchos reconocer el mérito de gente como Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi en la consecución de la paz. En el caso de Otegi, es comprensible, pues procede de donde procede. Pero en el caso de Eguiguren resulta tremendo repasar las cosas que se han dicho sobre él cuando se tiene en cuenta su contribución decisiva al fin de la violencia: no le perdonan que su enfoque fuera político y no moral.
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
Profesor de Sociología
de la Universidad Complutense y autor de ‘Más democracia, menos liberalismo’ (Katz)
Ilustración de Javier Olivares
Un género literario no menos aburrido que el de la muerte de la novela es el de la muerte de la socialdemocracia (aderezado con muchas citas de Tony Judt). Los lamentos que se entonan parten todos del supuesto de que la socialdemocracia, tal como la conocemos, está acabada y necesita refundarse, repensarse, renovarse, revisarse y re… no sé cuántas cosas más. Pero igual que la novela no acaba de morir por muchos funerales que oficien los teóricos de la literatura, tampoco la vieja socialdemocracia será enterrada en el corto plazo a pesar de los negros augurios de tantos analistas.
Resulta extraño que la derecha nunca padezca esa angustia existencial. Los liberales no se rasgan las vestiduras por el fracaso estrepitoso de sus recetas económicas ni reclaman una nueva elaboración de sus principios. Esta curiosa asimetría quizá se deba al hecho de que mientras la derecha, con mejor o peor fortuna, es siempre capaz de llevar a cabo sus políticas, la socialdemocracia se ha encontrado, sobre todo durante la crisis, con que las circunstancias le impedían desarrollar su programa. La frustración resultante propicia ese ánimo introspectivo y melancólico que ya es marca de la izquierda.
A mi juicio, el problema de la socialdemocracia no deriva de que sus políticas estén mal diseñadas o anticuadas, ni de que carezca de propuestas para enfrentarse a los desafíos actuales. Algo de eso habrá, sin duda, al igual que lo hay también en la derecha, pero no radica ahí la dificultad principal. Tampoco creo que se trate de que la modernización haya diluido las clases sociales que conforman el tradicional electorado socialdemócrata. Aunque hoy pueda ser más complicado construir coaliciones de apoyo, la socialdemocracia ha logrado sobrevivir a los enormes cambios económicos y sociales que se han producido en el último siglo. La clave está, en mi opinión, en que los partidos socialdemócratas se han olvidado de la cuestión del poder y de las barreras que este opone a la realización de ciertos proyectos políticos. Las resistencias al proyecto socialdemócrata, que se han agudizado enormemente durante la crisis, son de tres tipos.
El poder financiero es sin duda el que impone mayores restricciones. En las últimas dos décadas, el crecimiento de los países desarrollados se ha logrado a partir de una expansión insólita del crédito, que ha hipertrofiado el sector financiero. Puesto que, además, el capital tiene total movilidad, los gobiernos evitan medidas que puedan hacer huir a los inversores. Este tipo de crecimiento basado en el crédito no sólo genera desigualdad, sino que otorga un poder enorme a un pequeño grupo formado por las grandes fortunas.
En segundo lugar, el medio institucional es muy adverso. Los gobiernos europeos han aceptado de forma acrítica la pérdida de poder discrecional en beneficio de instituciones no representativas. Bancos centrales independientes, las reglas del pacto de estabilidad del euro, tribunales constitucionales y agencias reguladoras configuran una tupida red institucional que impide que los gobiernos gobiernen como lo hacían en el pasado. La Unión Monetaria fue diseñada por los gobernadores de los bancos centrales con la aquiescencia, y a veces el entusiasmo, de gobiernos socialdemócratas. Así se creó un Banco Central Europeo con máxima independencia, cuya actuación irresponsable está poniendo ahora en peligro los logros del modelo social europeo.
Por último, se encuentra el poder que procede de las ideas; en concreto, la hegemonía del pensamiento macroeconómico liberal. Es muy común que, cuando los socialdemócratas llegan al gobierno, se rodeen de economistas liberales que se resisten a considerar políticas económicas alternativas a las dominantes en la profesión. A esto hay que sumar la influencia ambiental de los economistas a través de think-tanks, universidades, lobbies, instituciones supranacionales y prensa. Son los guardianes de una ortodoxia que los gobiernos socialdemócratas no se atreven a romper por su excesiva dependencia del saber técnico.
Es verdad que es muy difícil luchar contra las restricciones que impone el capital financiero en estos momentos. Desde luego, no se puede hacer nacionalmente. Las soluciones (reglas más estrictas y tasa a las transacciones financieras) sólo pueden ser acordadas globalmente. En la actualidad, no parece haber consenso suficiente entre los países para avanzar en esa dirección. Ahora bien, los partidos socialdemócratas siguen teniendo algún margen para modificar las resistencias institucionales e ideológicas a sus políticas. Dichas resistencias no son parámetros inmutables. Pueden llegar a vencerse, pero eso requiere una reflexión profunda, no sobre cómo llegar al poder político, sino sobre cómo crear las condiciones para que desde el poder político se puedan hacer políticas progresistas.
Sin esa modificación de la estructura de poder, los partidos socialdemócratas no podrán materializar sus políticas. Y eso acabará teniendo consecuencias sobre las posibilidades mismas de llegar al poder y de mantenerlo. Cuando los gobiernos progresistas no pueden hacer su política, el electorado fiel se desanima y se refugia en la abstención o en partidos minoritarios que no tienen que tomar decisiones incómodas. Por su parte, los electores más volátiles y menos ideologizados optan no por el partido que mejor propuestas pueda hacer, sino por aquel que creen que tiene mayor capacidad para resolver los problemas económicos. Y ahí la derecha lleva ventaja.
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
Profesor de Sociología de la Universidad Complutense
Ilustración por Enric Jardí
El 10 de mayo de 2010, cuando el Gobierno de España, presionado por sus socios comunitarios y por instituciones supranacionales, decidió dar un brusco bandazo a su política económica, la prima de riesgo de la deuda pública española con respecto a la alemana era ligeramente superior a los 150 puntos. El aumento de la prima de riesgo encendió todas las alarmas y sirvió de justificación para el recorte salarial de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la reducción de la inversión pública y la supresión de algunas prestaciones sociales. Después se procedió a la reforma de las pensiones, del mercado de trabajo y de la negociación colectiva.
Quizá el ajuste presupuestario y las reformas estructurales hayan permitido ganar algo de tiempo, pero desde luego no han servido para eliminar las presiones sobre nuestra deuda pública, cuya prima de riesgo ha continuado aumentando peligrosamente hasta rondar los 400 puntos este verano.
El Gobierno tiene buenos motivos para temer que las tensiones aparezcan de nuevo en septiembre, empujando la prima de riesgo hacia niveles que forzarían un rescate europeo. Por ello, Zapatero ha optado, sin consultar con su partido, por cerrar un pacto con el PP para aprobar una reforma de la Constitución que establezca un límite al déficit público estructural. Pero es probable que, al igual que todas las medidas anteriores, esta tampoco sirva para acabar con las tensiones.
No está de más recordar que España no tuvo un comportamiento fiscal irresponsable en los años anteriores a la crisis. Durante la prolongada etapa de crecimiento, la deuda pública española se redujo desde el 67% del PIB en 1996 hasta 36% en 2007, uno de los niveles más bajos de Europa. Y el Gobierno de Zapatero consiguió que entre 2005 y 2007 hubiera superávit presupuestario. No es evidente, pues, que necesitemos atarnos las manos mediante una reforma constitucional para evitar comportamientos fiscales irresponsables.
España supo aprovechar el periodo de bonanza para sanear sus cuentas públicas. El problema actual no estriba, por tanto, en un gasto descontrolado. Es verdad que la gran recesión iniciada en 2008 produjo una brutal disminución de los ingresos del Estado. El abultado déficit público que todavía tenemos hoy es consecuencia sobre todo de dicha caída de ingresos y de la aplicación de los estabilizadores automáticos. Pero fueron sin duda circunstancias extraordinarias las que produjeron ese enorme agujero. Con todo, la deuda pública española sigue estando considerablemente por debajo de la media de la UE, gracias precisamente a que España, frente a lo que se dice habitualmente, había hecho sus “deberes” en materia fiscal.
Así pues, ni el mal comportamiento fiscal produjo la crisis ni los problemas que está sufriendo nuestra prima de riesgo son consecuencia de un endeudamiento insostenible de España. El Gobierno, muy presionado por Alemania, la Comisión Europea, el BCE, el FMI y la ortodoxia ideológica imperante entre los economistas, ha ido cumpliendo con extraordinario celo todas las reformas que le han pedido, incluyendo la reforma constitucional sobre el déficit. Pero, por desgracia, hay razones para pensar que todas estas reformas, que tienen un enorme coste social y político para el país, no van a solucionar el problema por ser este de naturaleza supranacional.
Como ha señalado Paul de Grauwe, uno de los mayores expertos en el funcionamiento del euro, la causa de esos ataques no tiene que ver ni con un endeudamiento excesivo ni con las reformas estructurales de las que tanto se habla. En realidad, los ataques se deben a un diseño institucional inadecuado de la Unión Monetaria que Alemania se resiste a modificar.
A diferencia de lo que sucede en los países que conservan su soberanía monetaria, los países del área euro tienen su deuda en una moneda para la que no cuentan con un prestamista de última instancia que garantice el pago de la deuda mediante la impresión de dinero. El BCE no tiene encomendado ese papel de prestamista de última instancia. Por eso, los tenedores de bonos albergan mayores recelos hacia los gobiernos que han renunciado a su soberanía monetaria. Cuando las condiciones económicas empeoran, los temores de los inversores aumentan y el dinero se refugia en los países más estables del área euro, como Alemania. Si los miedos de los inversores se realimentan positivamente, se origina una profecía autocumplida que desemboca en una crisis de liquidez como la que estamos padeciendo.
La solución a este complejo problema no pasa necesariamente por forzar políticas de austeridad en los países del área euro. Esas políticas, hasta el momento, no han conseguido reactivar la economía ni superar las tensiones sobre la deuda. La única solución efectiva consiste en modificar el sistema de gobierno del euro. La emisión de eurobonos o la transformación del BCE en un verdadero prestamista de última instancia son las recetas que tienen más posibilidades de acabar con los actuales problemas. Por mucho que los países hagan las políticas que Alemania demanda, las tensiones no desaparecerán.
El debate está en el plano europeo, sin que haya apenas margen para soluciones nacionales. De ahí que resulte tan cuestionable una medida radical como la reforma constitucional, que es una enorme concesión ideológica a la derecha y que sitúa la política económica más allá del control democrático.
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
Zapatero dijo la noche electoral que el PSOE sabe ganar y sabe perder. El partido no lo ha demostrado a lo largo de esta semana horrible. Saber perder no es sucumbir a maniobras, zancadillas y conspiraciones. Felipe González, Patxi López, Fernández Vara y otros muchos han defendido la tesis de que la confrontación entre candidatos en unas primarias genera división interna y es un “lío” (palabra que Rajoy utiliza a menudo para descalificar propuestas progresistas). Como si forzar la retirada de una candidata no transmitiera una grave imagen de descomposición y un miedo profundo a los procedimientos democráticos.
Hasta el momento, nadie en ese partido ha ofrecido una explicación de la derrota. Alguno ha salido con la peregrina propuesta de realizar un “giro” a la derecha (¿?). Pero la reacción ante la derrota no puede consistir ahora en dar “giros”, en la dirección que sea, pues los ciudadanos lo entenderán como una respuesta desesperada, oportunista y electoralista.
El conflicto interno del PSOE muestra que la gran mayoría de sus dirigentes no han entendido por qué han perdido las elecciones. Aunque haya influido mucho, la derrota no se explica únicamente por los malos resultados económicos. Es verdad que con tasas de crecimiento raquíticas, un paro del 20%, las cajas en serios apuros, un abultado endeudamiento y el sector de la construcción colapsado, la gente tiene que canalizar de alguna forma su frustración y su ira castigando al Gobierno.
Pero hay algo más. Algo que se ha quebrado en estos últimos dos años. Son muchos quienes tienen la percepción de que la crisis no se está resolviendo adecuadamente, puesto que los actores principales no han rendido cuentas. Ni los bancos centrales, con sus políticas monetarias favorables a las burbujas; ni los grandes inversores, que especularon alocadamente y que siguen recibiendo compensaciones monetarias escandalosas; ni las agencias de calificación, que evaluaron los bonos basura como productos de alta calidad y que ahora castigan con severidad la deuda pública de algunos países; ninguno de ellos, digo, ha visto mermado significativamente su poder. Hay aquí una impunidad generalizada que buena parte de la ciudadanía no entiende.
Los gobiernos no han sido capaces, a pesar de las demandas populares, de romper esa impunidad. Tampoco han sabido resistirse a las presiones dirigidas a hacer de la reducción del déficit la prioridad absoluta. En el caso de España, Zapatero se ha tenido que
reinventar a sí mismo como un presidente reformista que realiza políticas impopulares. Es lógico preguntarse por qué, si tales reformas son tan necesarias, el Gobierno no hizo cambios sustantivos en el mercado de trabajo, en las pensiones y en la negociación colectiva durante sus primeros seis años de mandato. Y si el déficit es tan perjudicial, ¿por qué se permitió entonces que llegara al 11%?
Las reformas se presentan como imprescindibles para acabar con los ataques especulativos contra nuestra deuda, pero el origen de esos ataques no está sólo en nuestro endeudamiento (que en otros países es superior y no provoca tensiones), sino en el diseño institucional de la Unión Monetaria, que genera incentivos perversos para que se den esos ataques, como ha mostrado Paul de Grauwe, el más lúcido analista del euro. La Unión Monetaria ata las manos de los gobiernos y les deja sin otra salida que no sean los ajustes fiscales que estamos contemplando y que, hasta el momento, no han conseguido sanar la economía. El euro se ha transformado en un corsé que amenaza con asfixiar a quien lo use.
El PSOE no tiene que inventar nuevos ideales ni nuevas políticas. Sus objetivos pueden seguir siendo reducir las desigualdades, hacer efectivos los derechos básicos y extenderlos, asegurar a los ciudadanos ante los vaivenes económicos y estimular el empleo mediante inversiones productivas. Sigue siendo necesario construir una red de guarderías públicas, mejorar la ayuda en dependencia e invertir en conocimiento.
El problema no radica en esos objetivos, que por lo demás comparte la gran mayoría de la sociedad española. El problema, en realidad, es que los socialdemócratas se han quedado paralizados en la tela de araña que el euro ha construido en Europa y no pueden llevar a cabo sus políticas. Un gobierno progresista debe impugnar el actual diseño de la Unión Monetaria, no necesariamente para destruirla, pero sí para transformarla y democratizarla.
La única salida, por tanto, consiste en tomarse en serio la necesidad de que las instituciones representativas vuelvan a tener el control sobre las decisiones colectivas. Que los políticos recuperen el mando y hagan políticas de derechas cuando gobierne la derecha y políticas de izquierda cuando gobierne la izquierda. Eso exige revisar en profundidad las limitaciones existentes del poder político, así como regular el poder económico, que desde hace tres décadas, con la complicidad y colaboración de los socialdemócratas, ha ido ganando influencia sobre la política.
Poca esperanza, sin embargo, puede tenerse en un partido que ni siquiera es capaz de afrontar un proceso de primarias entre dos candidatos. ¿Alguien cree que un partido así podrá hacer un diagnóstico acertado de la actual situación que estamos viviendo y conectar con las aspiraciones de tantos ciudadanos insatisfechos con la forma en que se desarrolla la política en nuestro país?
Ignacio Sánchez Cuenca es profesor de Sociología de la Universidad Complutense
Ilustración de Miguel Ordóñez
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
No conozco personalmente a Jesús Egiguren. Pero he seguido su trayectoria con cierto detalle desde que contribuyó de manera decisiva a lanzar el proceso de paz impulsado en la primera legislatura de Zapatero para acelerar el final de ETA. El papel que ha desempeñado Egiguren en todo este tiempo ha sido sin duda incómodo, pues ha tenido que aproximarse al mundo etarra buscando vías de salida a un problema que lleva enquistado varias décadas y a propósito del cual el diagnóstico oficial establece que no hay más alternativa que una política represiva dentro de los límites marcados por el Estado de derecho.
Sus esfuerzos le han valido toda clase de ataques y vilipendios por parte de la prensa reaccionaria. Egiguren, sin embargo, es una de las personas que más han hecho para acabar con el terrorismo en España, al margen de que, como cualquier otra persona, haya podido cometer errores en un contexto tan endiabladamente complejo.
Quienes minimizan su tarea repiten machaconamente que el proceso de paz fue un fracaso y significó un retroceso en el combate contra ETA. Curiosa apreciación. El proceso de paz, ciertamente, no acabó con el terrorismo. Sería absurdo afirmar lo contrario. Era una apuesta de indudable riesgo, cargada de incertidumbre. Diversos elementos impidieron que se llegara a un acuerdo: fundamentalmente, las divisiones en el seno de ETA y la cobarde subordinación de la izquierda abertzale a los terroristas. Hubo otros factores que tampoco ayudaron, como el exagerado activismo judicial contra Batasuna o la división que se produjo en la opinión pública española como consecuencia de una politización insólita de este asunto por parte de la derecha.
Reconozcamos, pues, que fue un proceso fallido o fracasado. Ahora bien, si admitimos este diagnóstico, si consideramos que el único criterio para juzgar el proceso de paz consiste en determinar si acabó definitivamente con el terrorismo, no nos queda más remedio que concluir asimismo que la política represiva basada en el acoso policial y judicial a ETA ha sido todavía un fracaso mayor, incomparablemente mayor, pues llevamos más de 40 años tratando de acabar con ETA por esa vía y no lo hemos conseguido. ETA ha logrado el triste record de ser la organización terrorista más longeva en activo de Europa. Cuando se opone el proceso de paz a la vía policial y se dice que aquel fue un fracaso y esta un éxito, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Visto con algo de perspectiva y con categorías menos esquemáticas que las que suelen utilizarse, debe reconocerse que el proceso de paz tuvo algunas consecuencias no enteramente negativas. En primer lugar, el proceso de paz trajo el periodo más largo de nuestra historia democrática sin víctimas mortales. Aquello, extrañamente, puso al país en un estado de máxima agitación, mientras que las aguas volvieron a su cauce en cuanto ETA volvió a asesinar y el Gobierno recuperó el discurso habitual de la firmeza.
Además, el proceso mismo contribuyó de forma crucial a transmitir la impresión entre las bases de la izquierda abertzale de que el tiempo de las armas había tocado a su fin. Tras más de tres años sin víctimas mortales, estaba claro que ETA no iba a lograr mucho mediante la actividad terrorista. De hecho, la violencia de ETA tras el proceso ha sido considerablemente menor que aquella otra que sufrimos tras la tregua de 1998-99. Desde que ETA rompió el alto el fuego en diciembre de 2006, ha asesinado a 12 personas. Tras el final de la tregua del pacto de Lizarra, ETA causó 47 víctimas mortales. En este sentido, el alto el fuego de 2006 no parece que fuera una tregua trampa ni sirvió para que ETA
se rearmara y se reorganizara.
Por último, las disensiones internas en el seno de ETA como consecuencia del proceso de paz son bien conocidas a estas alturas y han contribuido decisivamente al debilitamiento de la organización terrorista. Y, más importante todavía, el hecho de que el Estado se mostrara dispuesto a negociar con los terroristas posibilitó que se abriera una brecha entre la rama política y la rama armada del movimiento. Esa brecha ha ido ahondándose desde entonces, según se ha puesto de manifiesto en la evolución de Batasuna en los últimos tiempos.
Estos logros no habrían sido tales sin la apuesta valiente y decidida de Egiguren. Egiguren considera ahora que pueden darse algunos pasos a fin de que Batasuna introduzca la máxima presión sobre ETA para que esta pare de una vez y, si eso no es factible, para que Batasuna rompa el cordón umbilical con ETA. Su postura consiste en utilizar la política de forma inteligente, mediante el palo y la zanahoria. Está de acuerdo en que la Justicia y la policía apliquen toda la fuerza posible contra ETA, pero también cree que se pueden ofrecer incentivos positivos para que Batasuna evolucione en la dirección que todos deseamos. Se trata, en suma, de mantener un fuerte acoso al terrorismo a la vez que se facilita la opción de desenganche de Batasuna.
Algunos piensan que es mejor no correr riesgos y esperar a que la situación madure por sí misma gracias a la tarea de las fuerzas de seguridad y a la aplicación de la Ley de Partidos. Es una postura razonable. Pero también es razonable y merece la pena discutir la postura de Egiguren, orientada a acelerar lo que de todas formas parece previsible que acabe sucediendo. Con todo, el clima sofocante que se ha impuesto en el debate sobre el terrorismo, en el que sólo resultan aceptables mensajes simplistas y contundentes, hace parecer escandaloso este tipo de propuestas.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología de la Universidad Complutense
Ilustración de Mikel Casal
