Ignacio Urquizu
Profesor de Sociología en la UCM y colaborador de la Fundación Alternativas
Ilustración de Enric Jardí
Desde hace unos años, la izquierda está huérfana de ideas fuerza. La renovación ideológica que introdujeron la Tercera Vía de Tony Blair o el Nuevo Centro de Gerard Schröeder, era una revisión muy edulcorada de la socialdemocracia. Afortunadamente, en España no hemos asistido a una versión similar de la izquierda. El proyecto de Rodríguez Zapatero ha sido, en muchos aspectos, una continuación del socialismo español de los ochenta: ha reforzado el Estado del bienestar con nuevos servicios sociales, especialmente los de dependencia, y ha seguido desarrollando la idea de ciudadanía con nuevos derechos.
No obstante, la crisis económica ha mostrado que no todos los argumentos que venía defendiendo la socialdemocracia en los últimos años eran realmente ciertos. Por ejemplo, ha sido clamorosa la ausencia de un debate mucho más racional y razonable sobre la política fiscal. Toda la discusión se centró en la reducción de impuestos.
Además, la sociedad ha cambiado profundamente en los últimos años. Afortunadamente, vivimos más años, son muchas más las mujeres que trabajan y los modelos familiares son muy distintos. Los cambios sociodemográficos implican retos nuevos y, por lo tanto, cambios en las políticas de bienestar.
Dadas estas dos premisas, el gran reto que tienen los socialistas este fin de semana es elaborar algo más que un programa de Gobierno. La izquierda necesita una hoja de ruta para los próximos años. Tanto si están en el Gobierno como en la oposición, los ciudadanos progresistas necesitan saber cuáles son los objetivos y cómo se van a alcanzar.
El primer conjunto de retos debería seguir abordando la idea de ciudadano. Aunque se ha avanzado en los últimos años, algunos aspectos han quedado inacabados, especialmente todo lo que tiene que ver con el laicismo. Sigue siendo incomprensible el papel privilegiado que ostenta la Iglesia católica, tanto en el sistema educativo como en los actos públicos. Justificarlo bajo el paraguas de la tradición y la cultura no es decir mucho, puesto que este argumento también podría utilizarse para justificar tradiciones tan aberrantes como la esclavitud.
Los derechos políticos son un segundo aspecto que hay que mejorar en el ideal de ciudadano. El 15-M es una gran fuente de críticas al funcionamiento de la democracia. Al margen de explorar nuevos mecanismos de participación, nuestros derechos como ciudadanos que financiamos el sistema público dejan mucho que desear.
Esta semana hemos sabido que la presidenta de Madrid y sus consejeros cobran un sobresueldo de una partida opaca. Pero esto sólo es un ejemplo: ¿cuánto cuestan los conciertos educativos?, ¿cuál es el porcentaje de gasto sanitario que se destina a personal? En definitiva, ¿por qué es tan difícil saber qué se hace con el dinero público? Existe tecnología suficiente como para que los gobiernos dieran a conocer de forma detallada las partidas presupuestarias por departamentos y el porcentaje de ejecución.
El acceso a la información es una de las asignaturas pendientes. Aunque se ha prometido en numerosas ocasiones, el derecho al acceso a los documentos públicos no está todavía regulado en España. La falta de transparencia es el origen de comportamientos fraudulentos como, por ejemplo, la corrupción, contribuyendo al deterioro de la calidad de la democracia.
El segundo conjunto de retos debería concentrarse en el ámbito del bienestar. Si comparamos el gasto social español con el del resto de países desarrollados, veremos que es uno de los menos redistributivos (The Welfare State and Redistribution, Esping-Andersen y Myles). Esto significa que debemos rediseñar el Estado del bienestar, haciendo un mayor énfasis en las políticas redistributivas. Para ello, el gasto público debería hacer un especial esfuerzo en los colectivos más débiles: niños, mujeres y ancianos.
La educación de 0 a 3 años es fundamental desde esta perspectiva. No sólo permite que las mujeres puedan compatibilizar la vida laboral con la familiar, sino que además tiene un alto grado de igualitarismo al incorporar a todos los niños a la misma edad al proceso educativo.
Junto al componente redistributivo, la sostenibilidad del Estado del bienestar también debe preocupar a la izquierda. El aumento de la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad conduce a un descenso en la relación entre personas activas e inactivas. Esto conlleva un problema en la transferencia intergeneracional de rentas, una de las bases del Estado del bienestar. La solución es que más gente trabaje. Una vez se reduzca el desempleo actual, en el medio plazo, implica que es necesario incrementar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y seguir atrayendo a personas de otros países.
El tercer conjunto de retos está relacionado con la economía. Una de las tentaciones que podría tener la izquierda es volver a un modelo económico más “nacional”. Es decir, bajo el argumento de recuperar soberanía económica, algunos podrían pretender frenar la apertura de los mercados. Pero lo cierto es que la evidencia empírica nos dice que los países con mayor gasto social son los que más internacionalizan su economía. Además, si algo nos ha enseñado la reciente crisis económica, es que sólo las soluciones globales podrán reparar muchos de los problemas locales.
En definitiva, las sociedades modernas tienen por delante numerosos retos. Los proyectos políticos deben identificar los principales problemas y dar soluciones. Pero, para la izquierda, no se trata sólo de hacerlo mejor y de forma más eficaz que la derecha, sino que además tiene que proponer cosas distintas e innovadoras. La socialdemocracia debe competir con los conservadores en algo más que la eficacia y la eficiencia.
IGNACIO URQUIZU
Profesor de Sociología de la UCM y colaborador de la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordóñez
En el debate público español, en muchas ocasiones nos gusta centrarnos en los pequeños detalles. Tras el anuncio de la convocatoria electoral para el próximo 20-N, muchos andan analizando el significado de la fecha, mientras otros están “fascinados” con el adelanto electoral.
Pero lo cierto es que para una inmensa mayoría de los españoles, la muerte de Franco sólo es un hecho que han visto por televisión. Seguramente, la imagen que más retengan muchos de ellos es la de Arias Navarro anunciándola. Aunque no creo que la recuerden por su dramatismo, sino por las múltiples parodias que se han hecho de ella.
Menos fascinante es la idea del adelanto electoral. En España, de nueve elecciones generales, cinco han sido anticipadas. Y si dirigimos nuestra mirada más allá de nuestras fronteras, veremos que en las 23 principales democracias desarrolladas, entre 1945 y 2003, los gobiernos adelantaron las elecciones en la mitad de las ocasiones. Es decir, anticipar los comicios es algo muy normal en democracia.
Lo que realmente nos jugamos el próximo 20-N es qué modelo de sociedad queremos construir. La crisis económica ha puesto fin a unos modelos económico y político que no han cumplido con lo que se esperaba de ellos.
La política económica de los últimos 30 años ha sido incapaz de combinar pleno empleo y redistribución, algo que sí se logró tras la Segunda Guerra Mundial, hasta la crisis de los años setenta. Iversen es pesimista y sostiene que, en el mundo al que nos aproximamos, tendremos que elegir entre dos males: poco desempleo con amplias diferencias sociales o la marginación económica de una parte de la sociedad a cambio de una mayor igualdad entre clases (Torben Iversen, 2001, The choices for Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective, en Andrew Glyn (ed.) Social Democracy in Neoliberal Times).
Pero lo cierto es que no hay razones para ese pesimismo. Existe todavía un amplio abanico de innovaciones en las políticas. En muchas ocasiones, la izquierda se asusta ante posibles amenazas que no son tales. De hecho, muchas de esas amenazas son elaboradas teóricamente por economistas de tendencia neoliberal. Por ejemplo, cualquier subida de impuestos se ve pronto contestada por los profetas de la catástrofe. Pero lo cierto es que, casi siempre, los argumentos que esgrimen no dejan de ser respuestas ideológicas. La idea de que los impuestos reduce la inversión en una economía abierta tiene muy pobre evidencia empírica. Desde el punto de vista de la opinión pública, la mayoría de los españoles están dispuestos a pagar más impuestos si se les ofrece mejores servicios públicos.
Por lo tanto, ante un modelo económico que ha dado claras muestras de no cumplir con lo que se esperaba de él, la izquierda sólo tiene dos alternativas. Por un lado, puede acomodarse ante los diagnósticos que se hacen, diciendo que ella tiene mejores soluciones que la derecha. Progresistas y conservadores competirían en los espacios de la eficacia y la honestidad, aceptando ambos un mismo análisis de la realidad.
Por otro lado, la socialdemocracia puede presentar propuestas realmente innovadoras, cuestionando muchos de los análisis que se vienen realizando hasta la fecha, aunque ello le llevará a reconocer que algunas de las ideas que se vienen defendiendo en los últimos años no eran correctas.
Si las respuestas económicas tienen todavía un amplio recorrido, nuestro sistema político también es manifiestamente mejorable. Tal y como refleja la movilización del 15-M, los ciudadanos quieren una democracia mejor. La extensión de la educación y las nuevas tecnologías han contribuido a crear una sociedad más formada y mejor informada. Aspiran, por ejemplo, a que conocer los datos de gasto público en educación o sanidad de la Comunidad de Madrid no sea misión imposible. Muchos de ellos tampoco soportan que los partidos amparen en sus listas a corruptos. En definitiva, de lo que se trataría es de mejorar el control que ejercen los ciudadanos sobre los políticos.
Para mejorar este control, es necesario algo más que una reforma del sistema electoral. También implica que la formación de la opinión pública sea realmente libre. En este proceso, los medios de comunicación juegan un papel muy relevante.
En los últimos años, la televisión pública se ha convertido en un modelo de independencia y pluralismo. Contrasta mucho con lo que viene sucediendo en las televisiones autonómicas. De hecho, a algunos parece no importarles mucho esta cuestión. Una de las primeras decisiones de la nueva presidenta de Castilla-La Mancha ha sido nombrar a un director de Radio Televisión Castilla-La Mancha entre cuyas cualidades no están la neutralidad y la independencia. Este episodio nos da mucha información sobre la idea de democracia que tiene el Partido Popular. Parece ser que, más que preocuparles el control de los ciudadanos sobre los políticos, les inquieta el control que ejercen los políticos sobre la ciudadanía.
En definitiva, el 20-N nos jugamos en qué tipo de sociedad queremos vivir en los próximos años. Es un momento muy importante, porque los modelos económico y político se están redefiniendo. Tras la crisis, estamos comenzando una nueva etapa, y no es lo mismo empezar desde la izquierda que desde la derecha.
Una de las paradojas de las pró-ximas elecciones es que, aunque la izquierda lleva ocho años en el poder, se presenta con nuevos equipos y nuevas ideas. En cambio, el periodo de oposición para el Partido Popular parece no haber sido tiempo suficiente para renovarse ideológicamente.
IGNACIO URQUIZU
Una vez se conozcan los resultados electorales el próximo domingo, todos nos enzarzaremos en un debate sobre en qué medida podemos extrapolarlos a la política nacional. Es cierto que en estas elecciones lo que está en juego es el Parlamento Europeo, pero esto no impide que estos comicios vayan a tener consecuencias dentro de nuestras
fronteras políticas.
Por un lado, sabemos que en las elecciones europeas las cuestiones domésticas influyen en la decisión de apoyar a un partido u otro. De hecho, este tipo de elecciones son consideradas de segundo orden. Esto significa que los ciudadanos se sienten más libres y aprovechan para mandar mensajes al Gobierno y a la oposición.
Por otro lado, los partidos van a tener que digerir los resultados. Si no se colman sus expectativas, siempre surgen voces críticas, en especial con más fuerza cuando se está en la oposición. Por ello, aunque los resultados no reflejen fielmente la distancia que habría entre Partido Socialista y Partido Popular en caso de celebrarse unas elecciones generales, analizar qué consecuencias tienen estas elecciones para la política nacional es de gran interés.
Las encuestas vienen anticipando un empate técnico entre Partido Socialista y Partido Popular, aunque la mayoría de ellas se decantan por una ligera ventaja para los conservadores. Esto significa que en las expectativas socialistas todos descuentan la posibilidad de perder las elecciones por muy poco. Además, les tranquiliza que, si lo que estuviese en juego fuese el Gobierno de la nación, la participación electoral aumentaría y el voto de castigo se reduciría notablemente. Sólo si la derrota fuese dramática y Mayor Oreja consiguiese una victoria aplastante, veríamos cambios en la estrategia socialista.
Siempre quedará la tentación de mirar al pasado y argumentar que en las elecciones europeas de 1994 el Partido Popular ganó por casi diez puntos y 1.734.193 votos, mientras que dos años más tarde esta ventaja se redujo a algo más de un punto porcentual y menos de 300.000 votos. Caer en este análisis sería un gran error, porque no podemos olvidar que la contundente victoria de 1994 anticipó la dulce derrota de 1996. No obstante, este escenario es el menos probable ahora mismo.
En una situación muy distinta se encuentra Mariano Rajoy. Tanto la victoria como la derrota van a tener consecuencias internas negativas. Para entender este contrasentido debemos echar la vista al pasado. Tal y como se analiza en detalle en el próximo Informe sobre la Democracia 2009 de la Fundación Alternativas, tras la derrota en las elecciones generales de 2008, el líder del PP descubrió que con la crispación no podía ganar ni gobernar. Por ello decidió cambiar su estrategia de oposición. Esto ha implicado prescindir de algunos de los dirigentes y apoyos mediáticos más estridentes, aunque ha recurrido a ellos cuando se ha encontrado acosado por los escándalos de
corrupción.
Este cambio en el estilo de oposición se enfrentó a otro problema: ¿quién es realmente Mariano Rajoy, el que alentaba la estrategia de la crispación o el líder moderado actual? Los cambios de estrategia suelen verse acompañados de cambios en el liderazgo, pero modificar los mensajes sin cambiar a su portavoz suele reducir la credibilidad de estos.
Estos dos conflictos nos ayudan a entender por qué el líder del PP optó por Mayor Oreja. La situación que vive el Partido Popular en estas elecciones europeas es paradójica. Los estudios académicos nos dicen que los votantes castigan a los partidos divididos. Por ello, antes de conocer quién iba a encabezar la lista del Partido Popular, los críticos dentro del PP tenían incentivos en alentar y dar publicidad a esta división.
Así, una vez los resultados electorales fuesen malos, los que incitaban a la disidencia interna reprocharían a Mariano Rajoy su derrota electoral. Por este motivo el líder popular eligió a Mayor Oreja como cabeza de cartel: para neutralizar futuros reproches internos. En caso de perder el próximo domingo, los defensores de la crispación verían cómo un candidato de los suyos tampoco conseguía vencer a los socialistas.
Dados todos estos conflictos y dilemas, tanto la victoria cómo la derrota presentarán dificultades al liderazgo de Mariano Rajoy. Si el Partido Popular gana al Partido Socialista, los críticos siempre podrán argumentar que su primera victoria electoral en todo el territorio nacional desde el año 2000 se ha producido cuando la lista la encabeza uno de los duros. En cambio, si las elecciones del domingo arrojan una victoria socialista, los defensores de la crispación podrán decir que el nuevo estilo de oposición y el liderazgo de Mariano Rajoy les conducen una vez tras otra hacia la derrota. Dicho en otras palabras, para los críticos, si gana el PP, gana Mayor Oreja y si ganan los socialistas, pierde Mariano Rajoy.
En definitiva, no es cierto que las elecciones del 7-J vayan a acabar con la división interna dentro del PP. El Congreso de Valencia del año pasado se cerró en falso. Aunque los escándalos de corrupción han servido para unir internamente el partido, esta situación es un espejismo. Únicamente cuando los dirigentes populares entiendan que es necesario un cambio generacional en sus filas, comenzando por su líder, podrán empezar a preparar una estrategia de vuelta al poder. Mientras tanto, harán buena la popular frase de Giulio Andreotti: “El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.
Ignacio Urquizu es politólogo de la Fundación Alternativas y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Ilustración de Enric Jardí.
IGNACIO URQUIZU
Vascos y gallegos están llamados mañana a las urnas. La fecha electoral no es lo único que les une; estos ciudadanos van a evaluar sendos gobiernos de coalición y es muy probable que los resultados impliquen nuevos pactos. Este tipo de gobierno conlleva limitaciones para la democracia. Cuando evaluamos y elegimos gobiernos de coalición nos enfrentamos a dos problemas: en primer lugar, no sabemos muy bien quién es el responsable de qué. Por ejemplo, ¿a quién premiarán o castigarán los gallegos por la política lingüística? Si la asignación de responsabilidades no es un proceso sencillo, los gobiernos de coalición incrementan esta dificultad. El segundo problema está relacionado con el resultado de las elecciones. Cuando el futuro gobierno depende de pactos, es posible que los vencedores de las elecciones acaben fuera del poder. Si los ciudadanos quieren “amenazar” a los partidos con mandarles a la oposición si no cumplen con lo que se espera de ellos, en los gobiernos de coalición esta amenaza no será creíble.
Además, el balance electoral influirá en las estrategias que Partido Socialista y Partido Popular vienen desplegando durante el último año. Aunque las elecciones son autonómicas, sus lecturas serán en clave nacional. Tras las elecciones generales, el nuevo equipo del PP decidió cambiar de estrategia de oposición, dejando atrás la crispación. Estos cambios no han sido aceptados de igual manera por todos, y aquellos que alentaron la estrategia de confrontación han estado cuestionando el liderazgo de Mariano Rajoy. Tanto Nuñez Feijóo como Antonio Basagoiti representan la línea de moderación. Por ello, unos malos resultados electorales del PP darían alas a los duros, quienes aumentarían las dosis de sus críticas. De hecho, el escenario es paradójico. Sabemos que los ciudadanos castigan a los partidos divididos internamente. Por ello, los críticos tienen incentivos en seguir alimentando esta división para, una vez pasadas las elecciones autonómicas, reprochar a Mariano Rajoy unos malos resultados que ellos han contribuido a generar.
El caso del Partido Socialista es algo distinto. Sus expectativas son seguir gobernando en Galicia y ser claves en la formación del nuevo gobierno vasco. Si alguno de estos dos escenarios no se diesen, el PSOE recibiría una clara señal sobre su gestión de la crisis. Sabemos que la gestión económica nacional es muy relevante para explicar los resultados electorales de las elecciones autonómicas. Es decir, se produce un efecto arrastre donde la gestión del Gobierno central acaba influyendo en los resultados electorales del partido en el nivel regional –Sandra León, The political economy of fiscal decentralization, Instituto de Estudios Autonómicos–. Si las expectativas socialistas no se cumpliesen, Rodríguez Zapatero podría acabar introduciendo cambios en su Gobierno donde, por ejemplo, el ministro de Economía, quien acabó la legislatura pasada siendo el segundo ministro mejor valorado, ha pasado a encontrarse entre los peor valorados a comienzos de 2009.
Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas apuntan que el PP tiene más motivos que el PSOE para estar preocupado. Si analizamos la evolución de los apoyos electorales de ambos partidos entre 2005 y 2009 en el País Vasco, vemos que el Partido Socialista no sólo conserva su electorado progresista, sino que ha ganado terreno entre los votantes más moderados y aquellos que declaran no tener ideología, dos sectores muy relevantes en las victorias electorales. En cambio, el Partido Popular parece perder apoyos entre su electorado más tradicional, entre otras razones, por la aparición de un nuevo competidor: UPyD. De hecho, el partido de Rosa Díez sólo logra apoyos significativos entre el electorado más conservador. Un 16,8% de los que se ubican en la extrema derecha en el País Vasco declaran apoyar a UpyD, una cifra cercana a la del Partido Popular, quien pierde algo más de la mitad de su electorado en este segmento de electores.
En Galicia el escenario es algo distinto. Usando las encuestas del CIS vemos que el PSOE, al igual que en el País Vasco, aumenta su respaldo entre los votantes moderados pero, en cambio, cede una porción de sus votantes de izquierdas al BNG. Por su parte, el Partido Popular conserva su electorado más conservador pero pierde apoyos entre los moderados. Además, a diferencia del País Vasco, UPyD no representa una amenaza electoral para ninguno de los dos principales partidos. Estos cambios en los apoyos pueden explicar por qué los pronósticos vienen anticipando subidas del PSOE y BNG, mientras que el PP baja. Los nacionalistas crecen a costa del PSOE, mientras que los socialistas lo hacen quitando apoyos al PP.
No podemos extrapolar este análisis de forma exacta a lo que está sucediendo a nivel nacional, aunque hay algunas tendencias que se repiten. Si realizamos el mismo ejercicio comparando la encuesta postelectoral del CIS y su último barómetro de enero, vemos que los dos partidos están perdiendo respaldo entre todos los grupos de votantes, aunque el PSOE se mantiene como la formación preferida en el centro. El Gobierno se encuentra en su peor momento de popularidad, con un único 17,2% de ciudadanos que consideran su gestión muy buena o buena, lejos del 28% de hace un año. Pero la oposición no está mejor. Sólo un 11,2% aprueba su trabajo, un dato muy similar al de febrero de 2008.
En definitiva, vascos y gallegos no sólo eligen nuevos gobiernos, sino que además sus votos también influirán en las estrategias nacionales de PP y PSOE. El Partido Socialista parece estar en un mejor momento electoral que el Partido Popular. Pero esto no debería llevar a los socialistas a la autocomplaciencia. El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene que recuperar la confianza que tenían los ciudadanos en él hace un año. La empresa no es fácil y la solución tiene que ver más con el realismo que con el optimismo.
Ignacio Urquizu es Politólogo de la Fundación Alternativas y profesor en la Universidad Complutense de Madrid
