JOSÉ A. GLEZ. CASANOVA
Si tuviera que explicar a mis alumnos, en una sola clase, el meollo de la asignatura Teoría del Estado, utilizaría un símil elemental y acudiría a un juego muy popular entre los chiquillos de mi generación: el de policías y ladrones, que en Catalunya recibe el nombre de lladres i serenos.
En último término, la convivencia humana, su verdad más radical, se reduce hoy a una división del trabajo muy simple: productores de bienes y servicios, agentes económico-financieros y gobernantes. La proporción de personas dedicadas a cada clase de trabajo es desproporcionada. Las que mueven la economía dineraria y las que dicen representar a la ciudadanía son una ínfima minoría comparada con el resto. ¿Qué es lo que justifica la existencia de la minoría gobernante? Impedir que el poder económico imponga la dictadura del beneficio mafioso. Las clases trabajadoras se han matado históricamente para que haya un poder político que controle, limite y obligue al poder económico a respetar el derecho de la mayoría a vivir dignamente, sin robarle (con sutilezas de una supuesta y falsa ciencia económica) gran parte del fruto de su trabajo. El Estado es el policía que debe estar avizor y reprimir todo atentado a la propiedad de la gente. En el metro de Barcelona, un altavoz repite en varios idiomas: “El carterista espera cualquier distracción para quitarte lo que es tuyo”. Pero la legítima defensa ante el hurto no exime de una acción preventiva y punitiva eficaz por parte de la policía. Los economistas liberales están de acuerdo en que haya un Estado-policía, pero no para impedir robar, estafar, especular con los bienes ajenos, sino para todo lo contrario: impedir que las víctimas de sus tropelías se rebelen o que los desechos (ojo, no derechos) humanos que el sistema provoca imiten modestamente a sus verdugos para subsistir o por simple contagio moral. El carterista es un financiero potencial. El prestamista leonino es un banquero en ciernes.
¿Cumplen los gobernantes su principal función de impedir los posibles latrocinios de la minoría del poder económico? Sí y no. Es sabido que existen pactos entre policías y ladrones. A cambio de delatar colegas, ciertos delincuentes tienen barra libre, protegidos por los guardianes de la urbe. Al final, los guardias se vuelven mafiosos (protegidos por algún juez venal) y más de un ladrón se pone la estrella de sheriff para acabar con la competencia de otros cuatreros. El pueblo lo ha sabido siempre y cuando habla de los gobernantes dice que todos son igual de ladrones. ¿Y quién podrá negarle la razón cuando la crisis económica demuestra que tienen más poder los ladrones que la policía? Plegarse a las exigencias de los especuladores del mercado, aun a costa de exprimir más a unas masas ya empobrecidas por el robo sistemático del sistema, es hacerse cómplice por omisión de un chantaje. Se dice que nunca se paga para liberar un rehén de los terroristas. Pero se paga, con el argumento de que una vida vale más que cualquier rescate. Pero el rescate que pagan los gobernantes no es para salvar millones de vidas, sino para empobrecerlas aún más. Los encargados del hurto y la estafa son, para mayor inri, los policías al servicio de los ladrones. La excusa del gobernante es que, de no pagar el “impuesto
reaccionario”, todo iría peor para la gente. Es el tan repetido síndrome de Sansón. El gobernante que ose mover las columnas del templo mercantil hará caer sobre él su derrumbe y se suicidará. Lo menos que debe hacer ese gobernante es reconocer su impotencia frente a las mafias porque ha dejado de ser policía.
Los partidos políticos y los líderes que sostienen que la crisis es positiva porque obliga a reformas impopulares están reconociendo que la crisis ha sido promovida por los que aspiran a esas reformas (“impopulares” es un eufemismo de “antipopulares”) que han de permitir un robo global aún más cuantioso. En su cinismo fingen que les duele una situación provocada por ellos (Aznar, su Ley del Suelo, la burbuja inmobiliaria y la corrupción consiguiente). Dicen ser una alternativa solucionadora de la crisis al bienintencionado y algo ingenuo socialdemócrata Zapatero, ¡porque él es el responsable de no resolverla, cuando no de agravarla con su incompetencia!
Por su parte, los sindicatos y la izquierda crítica sugieren que “pague quien contamina”, que se reforme de raíz el sistema fiscal, que se supriman la banca privada y las bolsas, que se obligue a los empresarios a reinvertir en sus empresas, que se rebajen por ley los sueldos de los ejecutivos privados, etc. ¡Pero eso sería el socialismo! En realidad, no tanto: sólo una pequeña aproximación, basada en un mínimo de justicia que permita dejar claro quién hace de policía y quién de ladrón. Lo terrible y desesperanzador de la confusión de estas dos minorías (la de poder económico y la de poder político) es que la mayoría trabajadora comprueba que se la esquilma legalmente y que el único delincuente es ella si se resiste. Así concluiría, llena de pesimismo, mi última clase sobre Teoría del Estado.
José A. Glez. Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor
Ilustración de Miguel Ordóñez
JOSÉ A. GONZÁLEZ CASANOVA
Los encargados de provocar reacciones en Catalunya contra el Tribunal Constitucional filtran sin piedad qué artículos corren peligro de ser anulados. No hablan de los muchos preceptos, de carácter técnico, que el Partido Popular impugnó, sino de aquellos que más puedan herir la conocida sensibilidad sentimental catalana, aunque no tengan la menor relevancia jurídica: el vocablo “nación” (Preámbulo), los símbolos nacionales (art.8,1), los derechos históricos (art.5) y el deber de conocer el catalán (art.6). Al redactarse el art.2, que reconoce el derecho a la autonomía de “las regiones y nacionalidades que integran la Nación española”, todos coincidieron que “nacionalidad “ era sinónimo de “nación”; unos para rechazarla por tal motivo (Fraga) y otros (Peces Barba, Solé Tura y Roca) para aceptarla, pues indicaba lo mismo que ellos querían designar al decir nación. El terror a esa palabra se juntó con la incultura. La derecha aceptó (aunque no votó) “nacionalidades” para que no se dijera “naciones”. Pero una nacionalidad es una nación sin Estado, que pretende tenerlo. No se entiende, pues, que la prefiriera Fraga ni que a Esquerra Republicana (que lucha por un Estado ) le pareciera menos significativa que la de “nación”.
El art. 4,2 de la Constitución Española declara que los estatutos podrán reconocer “banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas” y el art. 1 del Estatut, que “Catalunya, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma”. Coherente con esto, el art. 8,1 dice que “Catalunya, definida como nacionalidad en el artículo 1º, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno”. Se alega sin razón que, como en el preámbulo aparece la palabra nación aplicada a Catalunya, sus “símbolos nacionales” se han de anular, pues los únicos válidos son los españoles.
Pero, ¿cómo se llamarían si el sustantivo fuera “nacionalidad”?: ¿nacionalitarios? No cambiaría su sentido, precisamente porque nacionalidad es lo mismo que nación. Es una cuestión meramente lingüística. Aunque se anulasen las palabras “nación y “nacionales”, Catalunya seguiría creyendo que es una nación y seguiría teniendo unos símbolos aceptados constitucionalmente. Ahora bien, que un Tribunal Constitucional proceda a una anulación sin consecuencia jurídica alguna, tan sólo para humillar a Catalunya, no me cabe en la cabeza. Es la nulidad que quisieran los filtradores.
Ocurre lo mismo con los derechos históricos. El art. 5 mantiene que el autogobierno catalán se fundamenta también en ellos (el art. 1 ya decía que su primer fundamento era la Constitución), así como en instituciones seculares y tradición jurídica, que el Estatut “incorpora y actualiza al amparo del art. 2 de la Constitución”. Por eso, dicho precepto constitucional reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades o naciones. Se reconoce algo preexistente. Y Catalunya tiene un derecho a ser autónoma porque ya lo tuvo en el pasado (1931-1939), históricamente (Disposición Transitoria 2ª). Esos derechos no violan la Constitución: se actualizan gracias a ella. Tampoco suponen una soberanía preexistente que niegue la del pueblo español. Y eso por dos razones: 1) porque el citado art.2 de la Constitución habla de nacionalidades (con n minúscula) integradas en la Nación española (con n mayúscula), la cual es sinónimo de “Estado español”, formado por nacionalidades y regiones; y 2) porque la soberanía catalana es una parte alícuota de la soberanía del pueblo español.
Cuando el Parlament aprueba un Estatuto, sus legisladores son como catalanes y, como españoles, soberanos. Cuando el Congreso lo aprueba después en forma de ley orgánica, los catalanes son legisladores españoles y co-soberanos con el resto de nacionales de España.
Respecto al deber de conocer el catalán (no de hablarlo), la sentencia 337/94 del TC lo aceptó como un acto de normalidad, porque la Generalitat se comprometía a enseñarlo, pues es lengua tan oficial como el castellano (art. 3,3 Estatut 1979). Treinta años después, no hay ciudadanos catalanes (únicos destinatarios del precepto) que no conozcan la lengua propia, gracias a la denostada por algunos, inmersión lingüística. A su vez, la sentencia 46/91 del TC declaró imprescindible que los funcionarios estatales (incluidos los jueces) tuvieran un “cierto grado de conocimiento del catalán” para que su función se cumpliera de forma adecuada “teniendo en cuenta el amplio uso social de dicha lengua”. El deber de “conocer” no tiene sanción jurídica: es simplemente un deber moral y social, y además no implica discriminación del castellano (art.32). Si se anula este art. 6,2, no se logra ni se impide nada, pero es un desprecio a una lengua española, impensable en los magistrados del Constitucional, aunque muy posible en los que infiltran bulos agoreros para encabritar a los catalanes.
El Tribunal Constitucional no es una cámara de reserva para que una ley aprobada y refrendada se cambie a gusto del que recurra a ella, como es el caso del PP. Es un seguro de protección jurídica del sistema democrático. Como ha dicho el president Montilla, toda norma que pueda tener una lectura acorde con la Constitución ha de ser preservada. Y la nuestra permite, como hemos visto, todo lo que en el Estatut es consecuencia lógica de ella. Provocar en Catalunya la desligitimación del Tribunal Constitucional es hacerle el juego a la ultraderecha seudoconstitucionalista y al separatismo provocado por los separadores de siempre.
José A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor
J.A.GONZÁLEZ CASANOVA
La abstención y el voto a los conservadores han ampliado la hegemonía de la derecha en Europa y dado cobijo a la más antieuropea. Triunfa de nuevo la conspiración para que nuestro continente no sea el Estado federal que odian las derechas, no por federal (inevitable en una unión de naciones), sino por Estado. El capitalismo sólo acepta sin disgusto una ley: la de la selva. Por eso las multinacionales y los tahures financieros llevan años huyendo del control estatal y piensan seguir dominando la Tierra mientras esta no tenga un Estado que los meta en cintura legal y penal. Un primer paso decisivo sería un Estado europeo; meta teórica del socialismo y proyecto que sólo él podría realizar. Pero debe recuperar en cada nación un Gobierno no servil frente al capitalismo propio, que no admite trabas. Por eso, este confedera sus intereses económicos comunes y se niega a una federación política que los controlaría. A la derecha le beneficia cuanto perjudique a la unión federal política. Su victoria refuerza en su favor este perjuicio para los
ciudadanos.
Pero ¿por qué los socialistas no sólo no han crecido, sino que han perdido autoridad y poder? ¿No era la crisis provocada por la derecha la gran ocasión para que sus víctimas creyeran en la alternativa de izquierda y Europa estuviera menos dominada por el liberalismo y fuera más social y federal? Eso creían los socialistas catalanes con su lema de campaña, tan lógico y elocuente: “Los que nos han sumido en la crisis no pueden sacarnos de ella”. Un castizo respondería: “¡Que te crees tu eso!”. Y, en efecto, una mayoría europea le ha suplicado al capital que no la siga azotando, que sea compasivo y la saque del pozo en el que la precipitó. Ha votado derecha y no ha apoyado a unos socialistas tímidos que parecen temer más a las masas que a la propia derecha.
Tal paradoja me lleva a una metáfora. Los que pasábamos por las comisarías franquistas sabíamos que había un poli malo y un poli bueno. El primero nos golpeaba e insultaba para que cantáramos. Si, pese al dolor humillante, seguíamos en silencio, venía el bueno, nos daba un cigarrillo, tachaba de bruto al colega y, a cambio de denunciar a los compañeros, nos prometía el perdón, ya que, en el fondo, éramos buenos chicos de buena familia, engañados por unos perversos obreros comunistas. Si no caíamos en la trampa, volvía el malo y muchos héroes quedaban irreconocibles por las torturas. Pues bien, el capitalismo como tal es el policía malo que castiga y humilla al pueblo preso pero resistente. El bueno es el Gobierno derechista que le promete la libertad si confía en él y deja en la estacada a sus dirigentes de izquierda para que se asusten, huyan de la quema y dejen de combatir eficazmente a la policía del capital. Quiero decir: las masas se han creído las mentiras del policía bueno (la derecha aplicará contra la crisis políticas
keynesianas y socialdemócratas), se han abstenido y han tirado a los socialistas a la cuneta. Pero, con todo, eso les servirá de muy poco, porque le han dado ínfulas al malo. Este podrá amenazar de nuevo con otra crisis (de todas sale beneficiado) y, de momento, ya enseña sus caninos más punzantes: el neofascismo populista y racista.
Ahora bien, no se olvide de que el capital cuenta con la ventaja de una abstención previa y crónica: la servidumbre voluntaria de unos ciudadanos anestesiados por el poder publicitario de un falso bienestar consumista; tan conservadores como los que dominan el sistema. Incluso algunos pocos no son más que los restos insepultos de antiguos héroes torturados y humillados. La gente tiene la moral por los suelos. Ha perdido su libertad interior. Por desgracia, es muy actual lo que escribía, en el siglo XVI, Étienne de la Boétie en el Discours de la servitude volontaire, su famoso panfleto contra el tirano: “Perdida la libertad, se pierde el valor. Las gentes bajo yugo tienen el corazón bajo y blando, incapaz de nada grande”. De ahí que el pensador galo increpe a los serviles y les exija que se rebelen: “¿Qué poder tiene el tirano sobre vosotros si no es por vosotros? ¿cómo osaría atacaros si no fueseis sus cómplices? ¿qué podría haceros si no encubrieseis al ladrón que os saquea, al asesino que os mata y si no fuerais traidores a vosotros mismos? Decidíos a no servir más y seréis libres. No pido que lo derroquéis, sino que no lo apoyéis más. Lo veréis entonces como un gran coloso al que se le ha retirado la base y se hunde por su propio peso”.
José Antonio González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor.
Ilustración de Zunras.
J.A. GONZÁLEZ CASANOVA
Mientras la juventud soviética eludía la lectura obligatoria de El Capital por aburrida, los universitarios de aquí nos empachábamos de él por una sincera voluntad de revolución democrática anticapitalista. Quien aireó las tesis marxianas no fue, oh paradoja, el Partido Comunista de España, sino el falangismo desengañado de Francisco Franco y cristianos de base, curas incluidos. Con la caída del régimen soviético, Marx desapareció de nuestras bibliotecas; no así en la extinta URSS, donde los nuevos cachorros del capitalismo salvaje devoran El Capital para aplicar mejor la lógica del sistema. Con la democracia, Felipe González conminó al Partido Socialista a abjurar del marxismo y los católicos marxistas tornaron a las catacumbas. El sociólogo Salvador Giner ve como paradigma de la actual desmoralización ciudadana su desinterés más absoluto por el marxismo y el cristianismo social.
Pero, hete aquí que la escandalosa crisis financiera mundial ha puesto de relieve lo profético del análisis marxiano en sus afirmaciones esenciales. Marx no es un teórico del marxismo, sino del capitalismo. Se basó en la fisiocracia francesa (Quesnay, Turgot) y en la economía política, es decir, nacional-estatal, del liberalismo clásico anglosajón (Smith, Ricardo), del todo opuesta, por basarse en el control político del mercado, al “neoliberalismo” salvaje de los Reagan, Tatcher y Aznar. Como Indalecio Prieto, Marx pudiera haber dicho: “Soy socialista a fuer de liberal” porque los fundadores de la economía clásica fueron en realidad unos socialdemócratas avant la lettre.
Para el filósofo alemán, la verdadera libertad exige democracia, y esta es incompatible con el capitalismo. El capital oligárquico rompe la igualdad social y deja sin poder político efectivo al supuesto pueblo soberano en el seno de una sociedad clasista, basada en la apropiación privada minoritaria de unos bienes de los que depende, irracional e injustamente, el trabajo y la vida digna de millones de personas. Esa sería la contradicción radical del capitalismo, que le llevaría a morir de éxito. Obligado por su lógica interna de crecimiento ilimitado del lucro a costa de la fuerza de trabajo, la mundialización de su poder (a la que por fin ha llegado) se volverá impotente, pues el expolio le dejará sin objeto expoliado: una humanidad miserable o el planeta mismo. ¿Acaso no lo demuestra, como anticipo, la presente quiebra del casino financiero especulador ante el impago de un público azuzado al consumismo y a hipotecar su vida para que el capital no sufra su otra contradicción suprema: la superproducción invendible, aquella que la gente no puede comprar con el salario que recibe, es decir, la famosa plusvalía del capitalista denunciada por Marx?
En el Manifiesto Comunista de 1848 ya se advirtió a la burguesía del suicidio a que se abocaba sin unas reformas nada comunistas, hoy más bien socialdemócratas. El comunismo sólo era el fantasma amenazante de tal haraquiri, pues, para Marx , significa simplemente el no-capitalismo. El capital aprendió la lección, acudió al erario público de los explotados por la plusvalía y, gracias a la socialdemocracia, puso el parche de un presunto welfarestate que impidiera la revolución social. Ahora, en Davos, al capital sólo le preocupan los disturbios masivos de las víctimas de la crisis.
Es significativo comprobar que la ideología del capital se ha impuesto de tal modo que yo no conozco ningún análisis de la crisis actual que vaya al fondo de la cuestión. Los economistas dan por bueno el sistema en sí mismo, pues creen, errónea o cínicamente, que responde a leyes científicas, eternas e inviolables, de una economía abstracta y matemática; no, como demostró Marx, al servicio justificante de unos intereses históricos minoritarios, egoístas e injustos, que han producido y producen auténticos genocidios cada vez más extensos. Todo el debate actual gira sobre excesos, fallos y corrupciones accidentales de unos simples ejecutivos codiciosos, no impedidos suficientemente por el absentismo de los poderes públicos. Si se corrigiesen, el capitalismo “bueno”, el “clásico”, volvería a funcionar. Bastan unas meras reformas de su funcionamiento y el pago de sus errores a bancos con grandes beneficios o botines y a empresas antisociales mediante mayores impuestos y reducción de servicios públicos básicos a las clases medias y subalternas, justo las más expoliadas.
Esto resulta tan incoherente como culpabilizar a la Cope absolviendo a los obispos. Y es que los Estados sufren el chantaje capitalista del síndrome de Sansón. Si se somete el poder económico del capital al democrático, le pasará a la ciudadanía lo que al gigante bíblico: derribó las columnas del templo, pero acabó sepultado bajo sus ruinas.
Pese a todo, la resurrección de Marx, dado por muerto con el final de la Historia, nos recuerda la popular frase del Tenorio : “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.
J. A. González Casanova es Catedrático de Derecho Constitucional y escritor
Ilustración de Iván Solbes
