James K. Galbraith
Economista. Profesor de la Universidad de Texas
Ilustración de Iker Ayestaran
© Salon.com
La crisis de la eurozona es una crisis bancaria presentada como una crisis de deudas nacionales y complicada por ideas económicas reaccionarias, una arquitectura financiera defectuosa y un medio político tóxico, especialmente en Alemania, Francia, Italia y Grecia. Al igual que en EEUU, la crisis bancaria europea es resultado de un exceso de crédito a prestatarios débiles: para vivienda en España, para inmuebles comerciales en Irlanda, para el sector público en Grecia. Los bancos europeos se apalancaron para comprar hipotecas tóxicas estadounidenses y, cuando estas colapsaron, comenzaron a deshacerse de sus débiles bonos soberanos para comprar otros fuertes, empujando al alza las primas de riesgo y sumiendo a la periferia europea en la crisis. Grecia era simplemente la primera pieza de dominó.
En todas las crisis de este tipo, la primera defensa de los bancos es clamar sorpresa – “¡Nadie lo podía haber sabido!”– y culpar a sus clientes de ser imprudentes y tramposos. Esto es cierto, pero oculta el hecho de que los banqueros fomentaron mucho los créditos mientras les reportaban grandes beneficios. Esa clase de defensa funciona mejor en Europa que en EEUU, porque las fronteras nacionales separan a prestamistas de deudores, aliando a los líderes políticos de Alemania y Francia con sus banqueros y permitiendo agitar un relato nacional-racista del tipo “griegos perezosos”, “italianos irresponsables”, etc.
Apuntalar el poder de los bancos en la Europa prestamista responde a una sensibilidad calvinista que ha convertido los superávits en señal de virtud y los déficits en sinónimo de vicio, transformando en fetiches la desregulación, la privatización y el ajuste orientado por el mercado.
A medida que se desarrolla este proceso, los alemanes cosechan las rentas y aleccionan a sus endeudados clientes para que recorten salarios, vendan sus activos y renuncien a sus pensiones, colegios, universidades, servicios de salud (muchos de los cuales eran ya de segunda clase). Últimamente, las lecciones se han convertido en órdenes, dictadas por el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), lo que transmite a los nuevos peones europeos de la deuda el mensaje de que ya no viven en estados democráticos.
La arquitectura de la eurozona empeora aún más las cosas en dos sentidos. Primero: la UE ha pagado durante años alguna compensación a sus regiones más pobres, pero esos fondos estructurales nunca han sido adecuados y hoy están bloqueados por unos requisitos de copago casi imposibles de cumplir. Además, la eurozona carece de canales de redistribución interregional para los hogares que ha desarrollado EEUU en muchos ámbitos. Segundo: el BCE rehúsa resolver la crisis de un golpe, lo que podría hacer comprando bonos de los países débiles y refinanciándolos. El argumento para no hacerlo es el denominado “riesgo moral”, basado en miedos rancios a la inflación; pero el motivo real es que hacerlo supondría a los prestamistas admitir una pérdida de control sobre el BCE. La eurozona ha preferido crear un gigantesco CDO tóxico llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que podría convertirse pronto en un gigantesco CDS aun más tóxico (al igual que AIG, lo llamarán “seguro”). Esto puede postergar el pánico, a lo sumo, durante un tiempo breve.
Las soluciones técnicas existen. La más desarrollada es la Propuesta modesta de Yanis Varoufakis y Stuart Holland. Consiste en: 1) Convertir hasta el 60% del PIB de la deuda de cada país de la eurozona en un bono común europeo, emitido por el BCE; 2) Recapitalizar y europeizar el sistema bancario, rompiendo el control de los bancos nacionales sobre los políticos nacionales; y 3) Crear un programa estilo New Deal de proyectos de inversión a través del Banco Europeo de Inversiones. Otras propuestas incluyen la de Kunibert Raffer, que plantea un régimen de insolvencia soberana inspirado en el estatuto municipal de quiebra de EEUU; la de Thomas Palley, que sugiere un nuevo “banquero gubernamental”; o la de Jan Toporowski, partidario de un
impuesto sobre el balance de los bancos para retirar el exceso de deuda pública.
Son las mejores ideas y ninguna se pondrá en práctica. La clase política europea es, en estos días, una materia forjada por desesperados banqueros y votantes furiosos, no menos en Alemania y Francia que en Grecia o Italia. Los discursos están cerrados a las ideas frescas y la supervivencia política se basa en ir pateando latas en la calle con tal de no afrontar que esta es una crisis bancaria. La suerte de los débiles es, en el mejor de los casos, incidental. Así, cada encuentro de ministros de Finanzas y primeros ministros resulta en peligrosas medidas a medias y evasivas legales.
La fragilidad política también explica la furia en Alemania y Francia cuando Yorgos Papandreu intentó cortar el nudo de sus ministros rebeldes, la oposición irresponsable y la ciudadanía iracunda sometiendo a referéndum el último paquete de austeridad. La maniobra le resultó fatal a Papandreu. ¡Dios ayude a los banqueros!
Grecia e Irlanda están siendo destruidos. Portugal y España están en el limbo y la crisis se desvía a Italia, que está siendo colocado bajo una receta dictada por el FMI mientras escribo estas líneas. Mientras, Francia lucha por retrasar la (inevitable) degradación de su rating AAA recortando cada programa social y de inversión.
La Europa deudora se está deslizando hacia la ruptura social, el pánico financiero y, en últimas, la emigración, que se presenta, una vez más, como la salida para muchos. No obstante –y esta es otra diferencia con EEUU–, la gente allá no ha olvidado por completo cómo luchar. Las manifestaciones y huelgas generales van en aumento. Nosotros estamos en el punto en que las estructuras políticas no ofrecen ninguna esperanza y el testigo ha de pasar, más bien pronto, a manos de la resistencia. Quizá esta no sea capaz de mucho… pero ya veremos.
JAMES K. GALBRAITH

Standard & Poor’s no ha degradado al sistema político estadounidense. Tampoco ha degradado al mercado de valores. Ha degradado los bonos del Tesoro de EEUU, y lo ha hecho después de que el Congreso disipara cualquier posibilidad ínfima de demora en los pagos. Resulta ilustrativo que, al día siguiente, los inversores se retiraran masivamente de las bolsas en busca de la seguridad de los bonos del Tesoro. Rara vez la estupidez se habría manifestado de manera tan rápida y masiva.
Algunos comentaristas interpretan la degradación como una reprimenda al Tea Party; pero, de hecho, S&P ya estaba amenazando con actuar si el acuerdo sobre el déficit no alcazaba el umbral arbitrario de cuatro billones de dólares en diez años. Si S&P no actuó, no fue por beber del Tea Party, sino por la histeria del déficit.
El informe de S&P (errores matemáticos incluidos) se elaboró con base en las proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso y otras fuentes oficiales. Todas esas proyecciones asumen un crecimiento estable, baja inflación y caída del desempleo (en cuyo caso, me pregunto: ¿cuál es exactamente el problema?). No obstante, también predicen tipos de interés mucho más altos. En esas proyecciones, es principalmente la magia viciosa del interés compuesto –deuda compuesta sobre deuda en los modelos informáticos– lo que genera la explosiva dinámica de la deuda que sirvió deal a la degradación.
Estas proyecciones son tan peregrinas e inconsistentes que sólo sobreviven a través de la obstinación deliberada de quienes echan mano de ellas. Con una inflación baja, ¿por qué diablos tendría la Reserva Federal que subir los tipos de interés? Si lo hiciera, el impago de la hipotecas sería mucho más masivo; los valores, bonos y bienes raíces volverían a estrellarse; por tanto, el crecimiento económico deseado nunca se podría conseguir. Por no mencionar el hecho de que las actuales tasas de crecimiento han estado bajas durante dos años, con lo que asumir que una recuperación estable ya está en marcha es rotundamente erróneo.
Nada de esto importa ni al presidente, ni a las mayorías del Congreso, ni a las brigadas de expertos. Todos han abrazado el “déficit de largo plazo” que aparece en las proyecciones como si fuese una orden para tomar acciones inmediatas que recorten efectivamente Medicare, Medicaid y la Seguridad Social y cercenen las inversiones del Gobierno federal, las regulaciones, la Administración y los servicios a niveles no vistos desde los años cincuenta.
No es fácil establecer el alcance de esa amenaza. La discusión está marcada por una retórica brumosa sobre “cargas” que “caerán sobre nuestros hijos y nietos”. El concepto de “sostenibilidad” es invocado con frecuencia, rara vez definido, nunca criticado; las cosas se juzgan “insostenibles” por consenso político, con el respaldo de un coro de repetición del FMI, académicos en busca de titulares, think tanks, y, por supuesto, las agencias de rating.
Pero aquí no existe, de hecho, un “problema de déficit a largo plazo”. Mientras los intereses estén por debajo de la tasa de crecimiento, como de hecho lo están, los niveles de deuda con respecto al PIB se estabilizarán, e incluso se reducirán. La idea de que hay un gran problema es pura propaganda basada en un pseudodebate en el que se confrontan dos puntos de vista que, no obstante, convergen en los asuntos prácticos.
En un lado están aquellos que aborrecen los déficit, y arguyen que el sector productivo privado compensará todos los recortes del Gobierno. Este es un punto de vista basado en Adam Smith, una vuelta a los tiempos en que campesinos y artesanos eran presas de lores, reyes y recaudadores de impuestos. El único problema es que las cosas han cambiado desde que La riqueza de las naciones fuera publicado en 1776.
En el otro lado están los políticos liberales que estaban desesperados por obtener un paquete de estímulos de corto plazo a través del Congreso hace dos años y que estaban, por consiguiente, dispuestos a ceder en la causa de la “reducción del déficit a largo plazo”. ¿Y cuál es esa causa? ¿Recorte de programas sociales? ¿Inflación? ¿Altos tipos de interés? Rara vez lo dicen, si es que lo hacen alguna vez, porque ninguna de esas cosas es remotamente plausible dado el desempleo del 9%, la deflación de la deuda y los bajísimos intereses de largo plazo que vemos ahora. Pero una vez hecha la concesión, principalmente por equilibrios políticos y retóricos, han quedado atrapados. Paul Krugman es un ejemplo paradigmático. El 6 de agosto escribió en su blog: “EEUU tiene un problema fiscal desde hace tiempo, producido por la combinación de la subida de costos de salud, el envejecimiento de la población y la resistencia a subir impuestos para pagar los programas que ya tenemos. Si no afrontamos ese problema, ocurrirán cosas malas”. Obsérvense dos cosas aquí: primero, Krugman no dice cuáles son esas “cosas malas”. Segundo, no menciona los tipos de interés ni discute qué ocurre con la ratio deuda/PIB si permanecen altos. (Respuesta: se estabiliza y nada más sucede). Y, así, él presta su gran influencia intelectual a la presión que se formará, en los últimos meses del año, para recortar la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, lo que se consiguió aplazar en agosto (y al que Krugman seguramente se opone).
Entonces, ¿qué se debe hacer? No es momento para describir políticas que, por ejemplo, crearían empleo, construirían infraestructuras o tratarían sobre la energía o el cambio climático. Nada de eso puede ocurrir hasta que cambien las ideas. Y el primer cambio debe ser desafiar y rechazar el sinsentido de cosas que estamos escuchando sobre déficit presupuestarios de largo plazo, sobre bancarrota o insolvencia nacional, e incluso sobre “responsabilidad fiscal”. El objetivo de esta campaña de propaganda es paralizar al Gobierno y recortar la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. La defensa de esos programas exitosos –y, sí, sostenibles– se ha tornado mucho más difícil. Pero debe ser llevada hasta sus límites.
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James K. Galbraith es economista y profesor en la Universidad de Texas
Ilustración de Javier Olivares