Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Juristas y miembros del Observatorio DESC de Barcelona
Tras la huelga del 29-M, el gobierno del PP y algunos gobiernos autonómicos como el de Catalunya, encabezado por CiU, han anunciado el endurecimiento de las técnicas de represión policial y del Código Penal. Estas propuestas incluyen la restricción del derecho de reunión, el fomento de la delación ciudadana, la ampliación de conductas constitutivas de atentados contra la autoridad y la incorporación en el delito de integración en organización criminal la “alteración grave del orden público” y la concertación de concentraciones violentas por medios como Internet o las redes sociales.
Ninguno de estos anuncios se ha producido de manera aislada o caprichosa. Todos se inscriben en el clima creciente de protestas contra los recortes de derechos sociales básicos realizados con la excusa de la reducción del déficit y de la deuda pública. Estos recortes suponen graves incumplimientos de la legalidad constitucional e internacional vigente, y han tenido un impacto notable en la calidad de vida de amplios sectores de la población, comenzando por los jóvenes.
Las medidas anunciadas reflejan, además de una deriva autoritaria, un acto de impotencia política que pretende ocultar las cesiones a los poderes económicos y financieros con la exacerbación de instrumentos penales que generen una impresión de firmeza. Esta actitud no es nueva. Forma parte, en rigor, de un populismo punitivo que ha acompañado el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y que se ha intensificado con el estallido de la crisis financiera actual. Como distintas organizaciones judiciales han señalado, si en verdad el Gobierno quisiera atajar fenómenos como el vandalismo gratuito, ya cuenta con instrumentos suficientes para hacerlos. El propósito de fondo, no obstante, parece otro: reinstalar, como ha declarado el Conseller Puig, “el miedo al sistema” a través de medios punitivos que permitan hacer frente a las nuevas formas de protesta aparecidas en el último año. No es otro el sentido que cabe atribuir a la pretensión de incluir la resistencia pacífica y pasiva –característica del 15-M- en el delito de atentado contra la autoridad con elevadas penas de prisión.
Es especialmente grave que para impulsar estas medidas se haya tomado como excusa una jornada de huelga general caracterizada por su masividad y su carácter pacífico. Esta realidad ha sido ignorada por el gobierno, que ha puesto todo su empeño en distorsionar y exagerar algunos actos aislados de violencia para crear una situación de alarma social que justifique la intensificación de la represión. Esta visión de las cosas es interesada y parcial. Buena parte de la violencia producida el 29-M tuvo que ver con actuaciones contra los trabajadores y las personas que se manifestaban. Solo en Barcelona se recabaron decenas de denuncias por coacciones empresariales, que bien podrían ser constitutivas de los delitos contra la libertad sindical contemplados en el artículo 315 del Código Penal. La brutalidad policial, por su parte, dejó un saldo de dos personas operadas de urgencia del bazo y otras dos con impactos de balas de goma en un ojo y altas probabilidades de pérdida de visión. En total, el servicio de emergencias médicas atendió a unas 80 personas, de las cuales 23 fueron derivadas a diversos hospitales. Nada de ello ha recibido reproche institucional alguno. En cambio, se han utilizado de manera abusiva tipos penales como los desórdenes públicos o los atentados a la autoridad para inculpar o encarcelar arbitrariamente a personas que participaron en las protestas.
Muchas de estas detenciones preventivas dictadas con ánimo ejemplificador evocan prácticas normales hace 40 años, en pleno régimen franquista, pero deberían estar desterradas de cualquier régimen que se pretenda mínimamente democrático. Es más, en un contexto de exclusión y precarización social crecientes, los poderes públicos deberían ser especialmente respetuosos con el derecho de crítica y de manifestación de la ciudadanía. Esta obligación debería ser especialmente intensa respecto de aquellos grupos que menos voz tienen en el espacio público. Y debería ser especialmente intensa, también, respecto de derechos específicos como el de huelga, que no en vano goza de mayor protección constitucional que la libertad de empresa y que, en ciertas circunstancias, prevalece sobre otros como la libertad de circulación. Nada de esto supone otorgar carta blanca a la violencia indiscriminada. Sin embargo, las conductas antijurídicas deben sancionarse por lo que son, y no por su vínculo imaginario con el “terrorismo”, la “guerrilla urbana” u otros fenómenos que nada tienen que ver con la actual protesta social.
Las propuestas de los gobiernos del PP y de CiU expresan un intento torpe de criminalizar el malestar generado por la gestión de la crisis y se enmarcan en una lógica de excepción, propia del Derecho Penal del enemigo. De llevarse adelante, sólo deslegitimaran más sus políticas, amenazaran la cohesión social y aumentarán la sensación de bloqueo de las vías institucionales de crítica. Frente al uso demagógico del discurso securitario solo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población. Este será el sentido del acto ciudadano contra el miedo y por la libertad convocado en Barcelona mañana 14 de abril, fiesta republicana.
Jaume Asens y Gerardo Pisarello
Juristas y autores del libro “No hay derecho(s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis”
Ilustración de Enric Jardí
El derecho y el discurso jurídico desempeñan un papel central en la configuración de las relaciones de poder. Para imponer un programa de recortes sociales, una actuación policial e incluso una movilización de protesta, hace falta fuerza. Pero también capacidad de apelar al derecho como fuente de justificación. La legalidad o ilegalidad de una actuación no la convierte en justa, sin más. Sin embargo, es un termómetro que contribuye a calibrar la legitimidad del poder. Y de las resistencias que se alzan contra sus manifestaciones arbitrarias.
Este principio básico explica que el derecho y su interpretación sean un ámbito de disputa permanente. No hay poder que no intente cubrir sus actuaciones con el manto de la legalidad. Las legítimas, sin duda. Pero también aquellas que no lo son. En nombre de la ley, se pueden asegurar derechos pero también asentar privilegios. Se puede reprimir y eliminar sin contemplaciones las aspiraciones legítimas de miles de personas. Esta arbitrariedad disfrazada de legalidad, no obstante, casi siempre encuentra una Antígona dispuesta a desenmascararla. También en nombre del derecho y la razón.
Resistir al derecho en nombre del derecho está lejos de ser una contradicción. La legalidad de nuestra época es una legalidad exigente. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y cartas impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo XX. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966 están inscritos en su código genético. Integran el ADN de una legalidad que reconoce derechos universales y principios garantistas, que entraña límites y controles a todo tipo de poderes, públicos y privados, de estado y de mercado, y que está situada en la cúspide de los ordenamientos jurídicos.
En tiempos de crisis, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual, porque refleja la sinrazón jurídica, además de ético-política, de muchas actuaciones del poder. El cierre intempestivo de un centro sanitario de urgencia no sólo repugna intuiciones morales básicas; también amenaza derechos elementales como la salud, la integridad física o la vida, cuando no se interna en un ámbito directamente delictivo. Lo mismo pasa cuando un trabajador es expuesto a la violencia injustificada del despido; o cuando un migrante acaba en un Centro de Internamiento, o cuando una familia sin recursos es arrojada a la calle por no poder pagar un alquiler o una hipoteca. Se produce, sí, una injusticia social. Pero se conculcan, además, libertades elementales y garantías procesales con las que el Estado aspira a legitimarse. Y si la respuesta a las protestas que estas actuaciones generan es la represión, en lugar de la protección de las víctimas, lo que tiene lugar es un acto de impotencia política. Pero también una degradación del alcance jurídico del pluralismo y del Estado de derecho.
Pueden ofrecerse más ejemplos. Todos ellos revelan una tendencia que se consolida con el agravamiento de la crisis: la tendencia a la ilegalidad del poder. El poder ilegal es aquel incapaz de cumplir con las reglas que él mismo se ha dado, comenzando por las que se sitúan en lo alto del ordenamiento jurídico. Las políticas neoliberales desplegadas con la excusa de la crisis sólo han podido avanzar en abierta tensión con esas reglas. Arrasando con la prohibición de regresividad y con el derecho al debido proceso. Desnaturalizando el papel garantista de los convenios colectivos. Y vaciando de contenido las constituciones sociales y las declaraciones de derechos que Occidente pretende ofrecer al mundo como credencial civilizatoria. Ante el embiste imparable de los poderes privados, los propios mecanismos de control institucional se revelan inútiles. La deriva ilegal del poder es sancionada por el propio poder; gobiernos, parlamentos y jueces, con honrosas y escasas excepciones.
A veces, es verdad, la contradicción con constituciones y tratados se ha salvado con la producción de una nueva legalidad. Una legalidad orientada a tutelar privilegios de pocos por encima de los derechos de todos. Por eso, cuando los grandes capitales especulativos o las agencias de rating aseguran que su actuación en la crisis cuenta con cobertura legal, llevan algo de razón. Buena parte de sus abusos serían impensables sin las prebendas legales obtenidas de gobiernos de diferente signo. Sin todas esas leyes, reglamentos y sentencias que han dado luz verde a la codicia de los rentistas por encima de las necesidades de las mayorías. Esta nueva lex mercatoria, diseñada a medida de un reducido grupo de poderes privados, ha devenido una suerte de nueva constitución global. Un rígido corsé que atenaza los elementos garantistas de los ordenamientos estatales hasta volverlos irreconocibles. La regla europea de la eliminación del déficit a cualquier precio debería leerse en esta clave. Al igual que la reciente reforma constitucional española, acometida para garantizar a los acreedores “prioridad absoluta” de pago en detrimento de los derechos sociales y del principio democrático.
Ahora bien: cuando el poder se despeña por la ilegalidad o consiente la irrupción de una legalidad privatizadora, a menudo mafiosa, la protesta ciudadana, la desobediencia, adquieren nueva luz. Aparecen, no ya como desórdenes susceptibles de criminalización, sino como el primero de los derechos. Como bandera necesaria, irrenunciable, de los más débiles en la impugnación de las actuaciones ilegítimas del más fuerte, para forzarle a cumplir sus promesas garantistas, y para instaurar, en ese acto de rebelión, un orden jurídico alternativo, más igualitario y libre de violencia.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona
Ilustración de Federico Yankelevich
Las élites políticas y financieras que gobiernan Europa han decidido que no tolerarán ninguna consulta o elección que pueda escapar a su control. Lo han dejado claro en Grecia al forzar la dimisión de Papandreu; en Italia, imponiendo al Gobierno tecnócrata de Monti; e incluso en España, rindiendo de antemano al nuevo Gobierno a los designios de la prima de riesgo. Este veto oligárquico tiene otras expresiones. Hay una muy notoria: la demonización del referéndum, una de las pocas vías institucionales a través de la cual la ciudadanía podría llegar a imponer una respuesta distinta a la que las élites están dispuestas a aceptar.
En el discurso dominante, el referéndum aparece como la quintaesencia de la manipulación y de la democracia plebiscitaria. Esta caracterización rotunda no es del todo arbitraria. Es innegable que el referéndum encierra peligros plebiscitarios. También que corre el riesgo de convertirse en un simple mecanismo de ratificación de decisiones previamente adoptadas desde arriba sin debate alguno. Una pregunta que sólo admite un sí o un no por respuesta puede ser un instrumento de manipulación en manos del poder de turno. Quien pregunta decide el contenido de la consulta y prefigura, en parte, la respuesta. Ahí están, para constatarlo, los plebiscitos de Mussolini o de Franco, en los que el líder obtiene el asentamiento de las masas en la plaza, sin posibilidad de confrontación plural e informada de ideas. Pero también consultas como la de la OTAN, que el PSOE instrumentalizó de forma burda para justificar su cambio de posición en la materia.
Cuestión diferente es que estos usos espurios basten para negar al referéndum toda su potencialidad como vía de participación ciudadana. En muchos de ellos, en rigor, la pregunta diseñada desde el poder acaba por escapar a su control, como en el aprendiz de brujo. La sola exigencia de un tiempo para el debate permite la irrupción de voces marginadas o infrarrepresentadas que acaban incidiendo en la decisión final. A pesar de sus pretensiones plebiscitarias, el referéndum de la OTAN no pudo impedir la movilización de posiciones pacifistas y antimilitaristas que calaron hondo en la opinión pública. Y lo mismo en el caso de Europa. Muchas consultas organizadas por las élites para legitimar decisiones económicas o políticas controvertidas terminaron por estrellarse contra opiniones públicas informadas que se tomaron en serio las preguntas realizadas. En Suecia y Dinamarca, la ciudadanía rechazó el euro en varias ocasiones. Y en Francia, Holanda o Irlanda, el férreo consenso mediático, partidista y empresarial no bastó para neutralizar los argumentos de las ilustradas campañas contra el Tratado constitucional o el Tratado de Lisboa.
Es verdad que cuando una pregunta no es clara o unívoca la respuesta puede prestarse a interpretaciones arbitrarias. Las élites financieras y políticas europeas, por ejemplo, se complacen en leer cualquier crítica al euro o a las grandes líneas económicas del proceso de integración como un reflejo principalmente nacionalista, xenófobo o populista. Esta interpretación sesgada les ahorra afrontar una realidad más amarga: el creciente rechazo que las recetas neoliberales de ajuste generan entre la población europea, comenzando por los jóvenes y las clases populares. Pero les permite, una y otra vez, deslegitimar al referéndum como herramienta democrática o forzar su repetición en caso de que sea inevitable convocarlo y los resultados no se ajusten a sus intereses.
A veces, esta manipulación ha sido conjurada gracias a la obstinación popular. En Islandia, la ciudadanía ratificó su decisión de no pagar la deuda ilegítima de la banca, a pesar de la enorme presión externa. En Eslovenia, se negó a aceptar el aumento de la edad de jubilación como pieza del programa de ajuste impuesto por la UE. Y en Italia, cerró el paso a la privatización del agua, al regreso de la energía nuclear o a la inmunidad de Berlusconi. En este último caso, esto fue posible precisamente gracias a la configuración jurídica del referéndum, que permite que sea una fracción de la ciudadanía quien pueda impulsar la pregunta que luego ha de someterse a consulta.
Las razones del referéndum de Papandreu no eran claras. Seguramente pensaba que podía ganar la consulta sobre el plan de rescate y aplacar, de esa manera, la asfixiante presión de la calle. Pero Alemania, Francia y los grandes inversores decidieron no asumir riesgos. En pocas horas, forzaron su dimisión y lo convirtieron en un monigote “populista” incapaz de entender que hay cuestiones “técnicas” sobre las que el común de los mortales no debería ser consultado. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, aportó la cuota ibérica al coro de censores. Justificó el golpe con la improvisada tesis de que los referendos sólo podían convocarse si entrañaban reformas constitucionales. Todo ello a pocas semanas de que su partido y el PP pactaran una modificación inconsulta del texto de 1978 para saciar la voracidad de los acreedores.
Detrás del argumento de Merkozy y la troika no hay sutilezas. Es esto o la furia de los prestamistas. El asalto de los tecnócratas y la rendición del principio democrático o el ascenso febril de la prima de riesgo. Hasta ahora, el chantaje ha funcionado con cierta eficacia. Pero a medida que la precarización y la recesión avanzan, pierde fuerza. Los indignados europeos lo han entendido. Por eso, a los intentos de demonizar el referéndum o de instrumentalizarlo
desde arriba, han comenzado a oponer la necesidad de consultas basadas en una lógica distinta: participativa y deliberativa, no plebiscitaria. Estas consultas permitirían discutir sobre lo que hoy no se discute. Como el sentido de seguir pagando deudas ilegítimas, no contraídas por la mayoría, que están conduciendo a su ruina. O de un corsé monetarista que sólo exige ajustes e impide la construcción de una Europa solidaria. Plantear estas cuestiones es esencial para rescatar a la democracia de una oligarquía ciega y sin límites. Y si no lo hacen las instituciones, es lógico que tarde o temprano acabe haciéndolo la calle.
Gerardo Pisarello
Jaume Asens
Juristas y miembros del Observatorio del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona
Ilustración por Iker Ayestaran
A tres años de la crisis, son ya cientos de miles los indignados que en diferentes ciudades europeas impugnan el ataque a los derechos sociales básicos de la población. Frente a ello, cada nuevo recorte en educación o en sanidad, cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de incremento de la edad de jubilación es presentado como un requisito ineluctable para honrar las deudas, obtener más fondos y salvar el euro. La circularidad del proceso aboca a un túnel sin salida. ¿Hasta dónde habrá que recortar, privatizar o desregular para saciar a los acreedores? ¿Y para pagar exactamente las deudas de quién?
La deutocracia, en realidad, es eso: el gobierno de los acreedores. Un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad sobre la de millones de personas. La categoría ha dado título a un sugerente documental realizado, no por casualidad, por periodistas griegos: Leonidas Vatikiotis, Knaterina Kitidi y Ari Hatzistefanou. Su trabajo reúne varias virtudes. De entrada, muestra cómo el crecimiento de la deuda pública obedece a los subsidios y privilegios otorgados a sectores económicos muy minoritarios. O como en el caso español, al rescate de una deuda privada generada sobre todo por un grupo irresponsable de entidades financieras. Estas políticas no han sido gestadas por quienes padecen los recortes. Han sido acordadas por gobiernos colonizados por unos poderes salvajes que no dudan, llegado el caso, en especular contra ellos. Y que cuentan como aliados con todo tipo de intermediarios: agencias de rating, bancos centrales, órganos de regulación que no regulan.
Las preguntas son obligadas: ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que la ya deteriorada democracia no acabe devorada por la insaciable deutocracia? Lo primero, como se desprende del documental griego, es detener el perverso chantaje que pide más ajustes, más rescates y nuevos recortes. Y para eso hace falta remover la opacidad con la que funciona este mecanismo. Dejar claro el origen, la composición y las condiciones de reproducción de la deuda. Deslindar la pública de la privada. Y rechazar aquellos pagos cuya legitimidad no pueda probarse. La propuesta de no pagar la deuda ilegítima no es nueva. Ocupó un papel central en países que experimentaron colapsos financieros similares a los de la eurozona como Ecuador o Argentina. En ellos, la sociedad civil, los movimientos sociales, presionaron para que la deuda de sus países –o al menos una parte de ella– fuera considerada “odiosa”. Esta última noción fue desarrollada por un jurista ruso, Alexander Sack, en 1920. Exministro zarista y nada sospechoso de radicalismo, Sack entendía que una deuda podía considerarse odiosa o ilegítima cuando: a) se había gestado sin conocimiento ni aprobación del pueblo; b) se gastaba en actividades que no redundaban en beneficio del pueblo; c) el prestamista era consciente de esta situación.
No hace falta ser un avezado fiscal para advertir que buena parte de la deuda europea responde a esta caracterización. Al menos en el caso español, sería impensable sin las ingentes ayudas otorgadas a la banca, a los promotores inmobiliarios y a grandes constructores. Este proceso ha tenido lugar casi sin debate. Sin que la responsabilidad de estos grupos en la crisis haya sido debidamente esclarecida y sin beneficio alguno para la mayoría de la población. El crecimiento de la deuda pública no ha servido para proteger a las familias con hipotecas fraudulentas e impagables. Tampoco para redirigir el crédito hacia emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Y menos para reforzar unos servicios públicos infradotados en relación con la media europea. Todo lo contrario. Los rescates han tenido lugar sin mayores contraprestaciones. Y sus beneficiarios no han dudado en utilizarlo para engrosar sus ingresos o para especular contra los propios poderes públicos. Ni los grandes inversores, ni las agencias de rating, ni la Unión Europea, ni los supuestos órganos de control interno, como el Banco de España, han sido ajenos a este proceso. Es más, mientras más ha crecido la deuda pública, mayores han sido los intereses exigidos por sus compradores y más dura la exigencia de recortes sociales y laborales.
Nada de esto es inevitable. En Islandia, la población ha logrado imponer un referéndum para no pagar la deuda generada por unas pocas entidades financieras. Y ha conseguido sentar en el banquillo a algunos banqueros y políticos. En España, Grecia, Portugal e Italia, se han iniciado acciones penales contra las agencias de rating por exagerar la mala situación financiera de ciertos países con fines especulativos. Los movimientos sociales y sindicales griegos han ido más allá y han impulsado, con juristas y economistas, un comité de auditoría de la deuda. Este comité se inspira en una experiencia similar que tuvo lugar en Ecuador en 2005. Su objetivo es determinar qué deudas deben pagarse y cómo, y cuáles no. ATTAC y otras organizaciones sociales están proponiendo que estos comités se expandan por toda Europa. Rechazar la deuda ilegítima y escalonar el pago del resto es fundamental para frenar el colapso social que se avecina. Porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de algunos derechos sociales básicos. Es la disputa entre democracia y deutocracia, entre democracia y oligarquía. O, como dicen los indignados, entre la libertad real, para todos, o la servidumbre indefinida a manos de un puñado de poderes financieros y económicos y de sus intermediarios políticos.
GERARDO PISARELLO Y JAUME ASENS
El intento de bloqueo del Parlament de Catalunya ha generado una fulminante condena por parte de la mayoría de la clase política y un cierto desconcierto entre muchos de los que simpatizaban con el movimiento del 15-M. El president Artur Mas no ha tardado en señalar que los indignados han atravesado una “línea roja” y que al coaccionar a diputados escogidos por millones de personas han dejado expedito el camino para el uso de la fuerza contra ellos. Esta lectura de los hechos, apuntalada por imágenes de desórdenes y del propio Mas llegando en helicóptero al Parlament, ha encontrado una acogida favorable en buena parte de la prensa. Sin embargo, encierra algunas falacias que el propio contexto político y económico obliga a cuestionar.
Lo primero que habría que recordar es que la sesión del miércoles del Parlament no era una sesión cualquiera. En ella se aprobaron los presupuestos socialmente más regresivos desde tiempos del franquismo. Esto comporta graves restricciones a derechos básicos de las personas como el derecho a la educación o a la salud. Y no se trata de una medida aislada. Antes de promover estos recortes, el gobierno de CiU anunció la supresión del impuesto de sucesiones y limitaciones drásticas en derechos especialmente sensibles para los más vulnerables, como el derecho a la vivienda o a la atención social. Todo ello a través de procedimientos expeditivos y de dudoso encaje jurídico como la ley ómnibus o como el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Financieras. La mayoría de estas propuestas fueron presentadas como hechos consumados, es decir, como medidas que se aprobarían sí o sí porque venían impuestas por los mercados.
No hace falta ser un exaltado para advertir que un Gobierno y un Parlamento que restringen de manera sistemática derechos constitucionales y estatutarios, que lo hacen valiéndose de normas que no garantizan una discusión amplia sobre su alcance, y que para hacerlo invocan el mandato de los mercados, expresan una concepción bastante pobre del principio democrático. Sólo si se considera que esta complicidad o rendición de los poderes públicos frente a un puñado de intereses privados es normal, puede la protesta de los indignados considerarse anormal o excesiva. De lo contrario, habrá que admitir que, más que impedir “el funcionamiento normal” de un parlamento, que es lo que prohíbe el artículo 494 del Código Penal, lo que estas movilizaciones pretenden es denunciar el intento de desvirtuar su función natural. O dicho de otra manera, de evitar que los parlamentos, cruzando “líneas rojas” inadmisibles, se conviertan en simple caja de resonancia de intereses minoritarios de mercado.
Esta lectura podría considerarse caprichosa si no fuera porque protestas como la del miércoles están creciendo en toda Europa y probablemente se multiplicarán, de no cambiar las cosas. En Atenas, en Lisboa y en otras ciudades, los acampados frente a las sedes políticas no son dos mil o tres mil. Son decenas de miles de personas a las que el voto cada cuatro años no les permite cuestionar decisiones que no han consentido y que afectan fuertemente sus vidas. Cuando se dice que no son representativos, se olvida que en las propias elecciones son legión los que votan en blanco o se abstienen. Y se olvida también que incluso los votos recibidos por los partidos que apoyan los ajustes pueden querer decir muchas cosas: rechazo de otros partidos, opción por el mal menor, etcétera. Nada, en realidad, autoriza a interpretarlos como un cheque en blanco para recortar derechos esenciales, reforzar privilegios privados e implementar políticas que a veces ni siquiera constaban en sus programas electorales.
En países como Islandia, Eslovenia o Italia, la ciudadanía ha podido al menos pronunciarse en referendos sobre muchos de estos asuntos. Y al hacerlo, ha mostrado que cuando se afectan derechos básicos, la coincidencia entre mayoría electoral y mayoría social no puede darse por descontada. En el caso español, los ajustes tienen lugar con un 20% de paro –más de un 40% juvenil– decenas de miles de familias desalojadas por impago de hipotecas y otras tantas expuestas a una sanidad y a una educación de calidad cada vez peor. Y sin embargo, se están produciendo a libro cerrado, prácticamente sin discusión, en el marco de una democracia incapaz de abrirse a la participación directa de la ciudadanía en la definición de las alternativas a la crisis.
Si se parte de aquí, lo que sorprende, más allá de los insultos y forcejeos aislados del miércoles, es la paciencia y la capacidad de auto contención de la población. El propio movimiento del 15-M ha dado muestras de una firme vocación pacífica al condenar rápidamente unos actos minoritarios, cuya violencia es a todas luces menor a la ejercida por la policía en plaza Catalunya o a la que suponen los despidos y
desalojos masivos. En este contexto, presentar el intento de bloqueo simbólico del Parlament como un “caos” o un acto “totalitario” resulta un despropósito. Más bien, debería verse como un desesperado intento de desbloquear una democracia secuestrada por intereses para los que el debate y la participación popular cuentan muy poco.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona
Ilustración de Mikel Casal
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
Mientras más se agudiza la crisis, más crece la impresión de que sus causantes no sólo no son sancionados, sino que se están convirtiendo en sus principales beneficiarios. En este contexto, la querella penal contra las agencias privadas de calificación de deuda impulsada por el Observatorio DESC, ATTAC y otras organizaciones sociales debería verse como un freno a la descarnada impunidad de los más fuertes. Pero también como un intento de conjurar un golpe de mercado que, de no detenerse, acabará por arrasar los frágiles cimientos democráticos de nuestras sociedades y los derechos básicos de la mayoría de la población.
Para entender el papel de Moody’s, Standard & Poors y Ficht a lo largo de la crisis habría que distinguir dos momentos. El primero tiene lugar aproximadamente a partir de 2001, con la expansión del boom inmobiliario. Entonces, el negocio de las agencias consistió en calificar al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basuras y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo.
En Estados Unidos, estas actuaciones han sido enjuiciadas por diferentes tribunales e investigadas por el Senado y por la Comisión Estatal de Bolsa y Valores. En Ohio, Connecticut y California se ha acusado a las agencias de haber actuado sin rigor ni transparencia, de haber emitido información fraudulenta y de haber favorecido a clientes a los que previamente asesoraban, en un claro conflicto de intereses. Se han dictado algunas sentencias en su contra y se han impuesto nuevas regulaciones. Con todo, las agencias han conseguido desplegar su enorme poder económico, político y mediático para neutralizar los controles más incisivos.
En el ámbito europeo, las sanciones a las agencias o a la banca por su responsabilidad no han llegado siquiera a eso. Es más, en casos como el español, las entidades financieras han recibido ingentes cantidades de ayuda que les han permitido convertir su deuda privada en deuda pública. Y todo ello prácticamente sin contraprestaciones que las obliguen, por ejemplo, a aliviar el grave problema habitacional que han contribuido a crear.
Pero la cuestión no se acaba aquí. Para rescatar al sector privado y obtener liquidez, muchos gobiernos de la periferia europea se han visto forzados a emitir más deuda pública y a solicitar los servicios de las agencias. Y es aquí, precisamente, donde estas entran en escena por segunda vez. No ya para calificar al alza activos tóxicos, sino para desvalorizar las deudas públicas de algunos gobiernos e instituciones, forzándolos a ofrecer a los eventuales prestamistas beneficios de toda clase.
El paso del optimismo fraudulento de ayer al desmedido pesimismo de hoy tiene connotaciones más ideológicas que técnicas. Las agencias no califican del mismo modo a los gobiernos conservadores que a aquellos más reticentes a la hora de aplicar los ajustes. Asimismo, la dureza exhibida con deudas como la griega, la portuguesa o la española contrasta con la laxitud con que se juzgan otras igual o más riesgosas, como la abultada deuda pública estadounidense. Los dictámenes de las agencias carecen, en realidad, de la más mínima rigurosidad argumental. El criterio técnico para medir la solvencia de un país consiste, de manera casi exclusiva, en las ventajas que pueda ofrecer a los especuladores o en su predisposición a restringir los derechos sociales. Nada más. Mientras más favorable se muestre un Gobierno a congelar pensiones o a “flexibilizar” las relaciones laborales, más confiable se presenta a ojos de los grandes evaluadores.
Este modus operandi, ejercido por un puñado de entidades con una posición dominante en el mercado, entraña una conducta delictiva. Sus dictámenes, escasamente transparentes y rigurosos, permiten manipulaciones arbitrarias en el precio de las cosas (art. 284 del Código Penal). Y la información que generan es susceptible de ser utilizada en beneficio económico propio (art. 285). El Gobierno español paga entre 365.000 y 530.000 euros anuales a las tres principales agencias por sus servicios, que luego pueden acabar beneficiando a otros clientes. Los principales tenedores de deuda pública española, por ejemplo, son bancos alemanes, franceses, británicos y holandeses. La mayoría son clientes de las agencias. ¿Cómo no ver el conflicto de intereses? ¿Cómo excluir que estas entidades puedan beneficiarse de manera ilegítima de informes que a menudo se emiten minutos antes del cierre de las bolsas?
Muchas de estas operaciones deberían haber sido objeto de control por parte del Banco de España o de la Comisión Nacional de Valores. Pero ello no ha ocurrido. Por el contrario, si los gobiernos víctimas de la especulación carecen de autoridad para cuestionarla es precisamente porque su connivencia con ella ha sido todo menos excepcional. Es en ese contexto donde la acusación popular ante los tribunales cobra más sentido. Como herramienta jurídica, ciudadana, contra la impunidad de una coalición oligopólica dispuesta a sacrificar al altar de sus beneficios los derechos políticos y sociales de poblaciones enteras. El multimillonario Warren Buffet, uno de los propietarios de la agencia Moody’s, ha podido decirlo sin ambages: “Esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Seguramente tiene razón. De lo que se trata, sin embargo, es de ponérselo difícil, obligándoles a rendir cuentas, al menos esta vez, por sus crímenes económicos.
Jaume Asens y Gerardo Pisarello son juristas e impulsores de la querella contra las agencias de calificación
Ilustración de Jordi Duró
GERARDO PISARELLO Y JAUME ASENS 
El rechazo explícito de la violencia de ETA por parte de la izquierda abertzale ha abierto un escenario inédito. La reacción del Gobierno ha oscilado entre la satisfacción moderada y la parálisis. Siempre con el ojo puesto en una oposición más preocupada en mantener la baza electoral de la firmeza antiterrorista que en allanar el camino a la paz. Lo cierto es que la nueva toma de posición va mucho más allá de lo esperado. Debería verse, pues, como un movimiento histórico, de mayor trascendencia que cualquier comunicado de ETA, que interpela a toda la sociedad.
¿Se habría llegado antes a este punto de no existir la Ley de Partidos? ¿O sin los instrumentos normativos y judiciales que, de modo más o menos arbitrario, han dejado fuera de juego a todo lo que se ha considerado “entorno de ETA”? Es difícil conjeturarlo. Pero hay algo seguro. Las políticas de excepción aplicadas contra la izquierda abertzale, sumadas a la errática deriva de ETA, habían generado una situación insoportable. Para sus bases, por supuesto. Pero también para muchos actores externos contrarios al recorte de libertades emprendido en nombre de la lucha contra la violencia terrorista.
No se está, pues, ante un acceso súbito de virtuosismo. El alto el fuego “permanente, general y verificable” de ETA no hubiera sido posible sin la Declaración de Bruselas impulsada por Brian Currin. Tampoco la apuesta de la izquierda abertzale puede reducirse a un simple episodio coyuntural. Tiene su origen en Declaraciones y Acuerdos como los de Anoeta (2004), Alsasua (2009) o Guernica (2010). Y es el resultado de un proceso largo, que incluye un profundo debate interno y externo con una pluralidad de organizaciones sociales y sindicales. Desde esta perspectiva, los estatutos de Sortu no deberían sorprender tanto. Reflejan, sí, una revisión radical de la propia cultura política. Pero es una decisión meditada, hija también de la necesidad de dar a una política de excepción una respuesta igualmente excepcional. Sólo así se explican algunos de los pasos dados. Desde el rechazo sin ambages de la violencia de ETA a la alusión al reconocimiento y reparación de todas las víctimas, en consonancia con los principios de Mitchell que inspiraron el proceso de paz irlandés, pasando por previsiones como la expulsión de los afiliados que incumplan la Ley de Partidos.
Algunos, como el exfiscal Mena, han llegado a calificar los nuevos estatutos de más “impecables” que los de cualquier otra formación. Otros, como el PP, han insistido en la falta de sinceridad y en la insuficiencia del gesto. ¿Qué ocurriría, sin embargo, si esta severa política de la sospecha se aplicara a su propio partido, que en un abrir y cerrar de ojos reconvirtió sin pudor a reputados miembros del aparato franquista en “demócratas de toda la vida”? ¿Cómo puede exigir condenas sin paliativos de todo tipo de violencia quien no la censura en el franquismo o la azuza contra los inmigrantes?
En 2007, el Tribunal Supremo estableció que para que un nuevo partido abertzale no fuera considerado “continuación de otros ilegales” debía exhibir “una actitud de condena o rechazo del terrorismo”. El criterio es discutible. Lo innegable es que los estatutos de Sortu se ajustan escrupulosamente a él. Desconocerlo supondría poner en entredicho el alcance del principio democrático y del pluralismo político. Ciertamente, se podría haber ido más allá en el reconocimiento específico de las víctimas de ETA. Pero esto es una exigencia moral, no jurídica, cuya concreción también depende de la existencia de vías políticas que la faciliten.
En rigor, la iniciativa abertzale es lo suficientemente valiente como para emplazar a los poderes públicos a dar sus propios pasos. En una dirección clara: desmontar las medidas de excepcionalidad –muchas de ellas condenadas por la ONU y otras instancias internacionales– que han limitado el ejercicio de derechos de parte de la ciudadanía vasca. Para ello sería imprescindible que se abandonaran interpretaciones judiciales alambicadas utilizadas para evitar la resocialización de los presos, como la llamada doctrina Parot, o para impedir de manera arbitraria la libertad provisional de actores centrales en el proceso de paz como Arnaldo Otegi. En el ámbito penitenciario debería ponerse fin a una política de dispersión de presos que, además de discriminatoria, ha acabado por criminalizar a los propios familiares. En el ámbito legislativo, por fin, sería fundamental preparar una agenda para el diálogo que incluyera la recuperación de la legislación ordinaria en derechos como los de asociación, participación política o libertad de expresión.
Nada de esto puede conseguirse de la noche a la mañana. Sería imperdonable, empero, que los cálculos electorales de corto plazo o la falta de coraje político acabaran por frustrar la oportunidad de dejar atrás una situación de anomalía que se ha vuelto intolerable, no sólo para la izquierda abertzale, sino para muchos ciudadanos del resto del Estado. Y es que con ello no sólo se pondría en riesgo la consecución de la paz en Euskadi. También se daría carta de naturalidad a una excepcionalidad que, a la larga, sólo puede emponzoñar la vida política y social general, socavando los fundamentos sobre los que asegura sostenerse el Estado de derecho.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de Barcelona
Ilustración de Patrick Thomas
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
En las últimas semanas, el Gobierno ha vuelto a pronunciarse contra la dación en pago en materia hipotecaria. Esta medida, hace tiempo reclamada por diferentes organizaciones sociales y partidos, permitiría a las familias con hipotecas impagables saldar su deuda una vez que entregan la vivienda a las entidades financieras. La obcecación resulta inexplicable tratándose de una propuesta de mínimos ya reconocida en países como Alemania, Francia o Estados Unidos. En todo caso, refleja bien el enorme poder de las entidades financieras y la falta de predisposición política para poner freno a la cultura especulativa que ha conducido a la situación actual.
La ministra Elena Salgado sostiene que este tipo de medidas pondría en riesgo el sistema financiero y que las familias deberían haber sido más prudentes a la hora de solicitar créditos. A estas alturas, sin embargo, el argumento no es de recibo. En un Estado que había hecho muy poco por garantizar vivienda de alquiler asequible, el endeudamiento fue para muchas familias la única forma de acceder a un hogar. Ante la débil capacidad de ahorro de los sectores más vulnerables, las entidades financieras facilitaron créditos que podían superar el valor de los pisos. En muchos casos, la valoración de dichas viviendas corrió a cargo de agencias de tasación estrechamente ligadas a bancos y cajas. La promoción de avales cruzados, entre personas desconocidas, y la ocultación de información respecto de la posible depreciación de las viviendas también fueron hechos frecuentes. En un contexto así, atribuir toda la responsabilidad a las familias hipotecadas es inaceptable. Entre otras razones, porque con ello se absuelve no sólo a los agentes privados involucrados sino también a sus supuestos controladores públicos, comenzando por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el propio Banco de España.
Un Gobierno consciente de la cuota de responsabilidad pública en lo ocurrido no debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de los potenciales desalojados por encima de los beneficios de la banca. En la práctica, en cambio, ni la moratoria ICO ni el resto de ayudas previstas por los poderes públicos han sido un remedio al sobreendeudamiento. Es más, mientras los desahucios han crecido de manera exponencial, los privilegios de las entidades financieras no han hecho sino consolidarse. Cuando la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado.
En un escenario así, la dación en pago debería ser vista como la justa consagración del derecho a comenzar de cero. Como una pequeña pieza, en realidad, de un programa más amplio orientado a proteger a las personas de los
desalojos por razones económicas y a hacer del acceso seguro a una vivienda un auténtico derecho. Las asociaciones vecinales que, en diferentes ciudades, se solidarizan con familias deshauciadas e intentan bloquear los desahucios están señalando una urgencia: evitar que quienes han perdido su trabajo se queden, además, en la calle. Pero con su acción directa están indicando también la necesidad de otras políticas públicas. Políticas que promuevan moratorias eficaces, una refinanciación asequible de las deudas e incluso su condonación, sobre todo cuando las familias ya hayan sido deshauciadas o cuando la mala fe de las entidades financieras sea probada.
De cara al futuro, estas políticas deberían trazar un “nunca más” respecto de las prácticas especulativas promovidas por las entidades bancarias y por sus supervisores públicos. Ello exige, por ejemplo, que los créditos para compra de vivienda no comprometan en ningún caso más del 25% o del 30% de los ingresos personales o familiares. O que las hipotecas no puedan pagarse durante más de 20 años. Pero requiere, de modo muy especial, la adopción de medidas contundentes de regulación pública del mercado con un objetivo preciso: erradicar los ejercicios antisociales y antiambientales de la libertad de empresa y del derecho de propiedad que han conducido a la emergencia habitacional actual.
¿Qué impide, en efecto, una actuación más decidida sobre el stock de vivienda construida y no vendida, forzando su movilización hacia el alquiler social? ¿Por qué no hacer valer los derechos de adquisición preferente de los poderes públicos en los procesos de ejecución de vivienda? ¿Por qué no se plantea la fijación de precios máximos de alquiler por zonas, como en Austria o Alemania? ¿Por qué no se penaliza de forma severa el mantenimiento injustificado de viviendas vacías? ¿Para cuándo una depuración y democratización del sistema financiero y crediticio, en lugar de esta cerrazón privatizadora que aboca a la repetición más temprana o más tardía de la catástrofe? Son estas cuestiones, más que la funambulesca retórica que pide “calmar a los mercados”, las que pueden conducir a una reactivación sostenible de la economía, capaz de garantizar a todos el derecho a una vivienda y a una calidad de vida dignas.
Jaume Asens y Gerardo Pisarello son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Javier Olivares
GERARDO PISARELLO Y JAUME ASENS
En ocasión de su reciente viaje a Edimburgo Benedicto XVI cargó contra el “extremismo ateo” y lo responsabilizó del advenimiento de tiranías que, como el nazismo, pretendían “erradicar a Dios de la sociedad”. Ahora, en Barcelona, ha denunciado la irrupción de un anticlericalismo “fuerte y agresivo, como se vio en los años treinta”, y ha instado a “reevangelizar España”. Algunos comentaristas han querido minimizar estas declaraciones, atribuyéndolas a un simple error o a un malentendido, pero una sociedad laica y pluralista
no debería tomárselas a la ligera.
De entrada, la invocación de Hitler para descalificar a quienes no comparten sus creencias se parece mucho a la operación de quien considera que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero es poco consistente. El propio Hitler era católico de bautismo y nunca dio señales de ateísmo. En varias ocasiones declaró que su fe cristiana era un antídoto contra “el veneno judío”, y que su objetivo era erradicar el movimiento ateo. La reductio ad Hitlerum también pasa por alto otras cuestiones que conviene no olvidar. Ante todo, la complicidad de la propia Iglesia con dictaduras como la de Mussolini, quien le cedió tres kilómetros cuadrados del centro de Roma a cambio de su apoyo al régimen. Pero también el hecho, excusable pero no inexistente, del paso fugaz de Ratzinger por las juventudes hitlerianas.
Este sesgo también está presente en el intento del Papa de utilizar las luchas anticlericales de los años treinta como arma arrojadiza contra las posturas laicistas de hoy. Aquellas luchas comportaron a menudo actos enconados contra la Iglesia. Pero no fueron gratuitos o simplemente irracionales. Ya en 1870, los obispos denunciaron las uniones civiles como “la legalización del concubinato universal”. Cuando la I República intentó plantear la separación entre Estado e Iglesia, esta se convirtió en un freno a la democratización social y cultural y en aliada clave del corrupto y autoritario régimen monárquico posterior. El pecado imperdonable de la II República fue cuestionar esa historia. La Constitución de 1931 prohibió el mantenimiento económico de las iglesias, decretó la disolución de algunas órdenes religiosas –como los jesuitas– y prohibió al resto adquirir bienes y ejercer la enseñanza. Las propiedades del clero pasaron a ser objeto de fiscalización estatal y, excepto autorización gubernativa, se abolió el culto público.
Es obvio que poco y nada en la política actual evoca semejante programa laicista. Es más, cuando Ratzinger embiste contra el anticlericalismo de los años treinta, no sólo silencia el estrecho vínculo entre Iglesia y poder que explica su surgimiento. También calla la furibunda reacción eclesiástica frente al mismo y su abierta complicidad con los casi 40 años de dictadura nacionalcatólica que vinieron luego. El franquismo, en efecto, reparó ampliamente a la Iglesia por las agresiones sufridas. El Concordato de 1953, apenas alterado tras la Transición, le garantizó exenciones fiscales, subvenciones de toda clase y una incidencia desmesurada en la educación o el ejército. Su poder se hizo sentir también durante la elaboración de la Constitución de 1978, cuando los sectores católicos presionaron con denuedo para que la financiación de la educación religiosa se blindara como derecho fundamental. Esa presión explica que el artículo 16 renunciara a la consagración de un Estado laico, reconociendo la aconfesionalidad pero previendo, al mismo tiempo, el establecimiento de relaciones especiales de cooperación con la Iglesia católica.
A la luz de este relato, no extraña que la Iglesia siga siendo una de las pocas instituciones que, en pleno siglo XXI, milita activamente por mantener viva la memoria de los vencedores de la Guerra Civil, humillando así a las miles de familias de creyentes y no creyentes asesinados por la dictadura. Que Ratzinger exhume el espantajo del secularismo, ocultando la genealogía del extremismo nacionalcatólico, justifica las simpatías que la Iglesia oficial cosecha entre la derecha política o entre la familia real. Pero no así la condescendencia que algunos partidos de izquierda exhiben hacia ella, pensando que aplacarán su afán de interferencia pública.
Durante su visita, Ratzinger no pronunció mea culpa alguno por el apoyo de la jerarquía eclesiástica a dictaduras de diverso tipo, por la persecución de cristianos solidarios con la suerte de las clases populares –como los vinculados a la teología de la liberación– o por la hipócrita y dañina conducta sexual de muchos de sus pastores. Todo lo contrario: el apoyo desmedido de las instituciones le ha servido de plataforma para lanzar una enésima soflama contra los derechos reproductivos de las mujeres, las uniones “antinaturales” entre personas del mismo sexo o la racionalidad científica.
Quien hace estas declaraciones no es un artista o un intelectual provocador. Es el máximo representante de una institución que, pese a haber perdido muchos feligreses, goza de privilegios que sublevarían los ánimos tratándose de otras confesiones. El laicismo blando del Gobierno del PSOE se ha mostrado compatible con un trato de favor que –por convicción o por simple cálculo electoral– ha crecido en los últimos años. Quienes profesan otras creencias religiosas, y llegan incluso a ser estigmatizados por ello, tienen derecho a sentirse discriminados. Quienes no profesan ninguna, y ven cómo los recursos públicos se utilizan para impedir la imparcialidad estatal en la materia, también. No cabe engañarse: al decir lo que dice, Benedicto XVI no comete error alguno. El error es que las instituciones públicas contribuyan a otorgar a su visita y a sus declaraciones un aura de asunto de Estado y de respetabilidad que no merecen.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Javier Olivares
GERARDO PISARELLO
JAUME ASENS
En medio de una fuerte contestación social a su política económica, Nicolas Sarkozy echó mano de la expulsión de miles de familias gitanas para mostrar una imagen de Gobierno duro y de orden. Desde algunos sectores se pensó que la reacción inicial de la comisaria europea Viviane Reding podía suponer una inflexión en la política de la Unión Europea en la materia. A medida que pasan los días, nada parece abonar semejante optimismo. En tiempos de crisis, tanto Bruselas como los propios gobiernos europeos parecen más dispuestos a tolerar la utilización de la población gitana o de los migrantes como chivos expiatorios que a impulsar una alternativa genuinamente garantista enfocada hacia los derechos de las personas más vulnerables.
En realidad, Sarkozy coloca a la Unión Europea ante el espejo y no miente cuando afirma que su política, lejos de ser excepcional, se inspira en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países de la región como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.
Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos involucrados a modificar sus políticas. De hecho, muchos dirigentes europeos han reconocido sin sonrojo que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.
Buena prueba de ello es que el Gobierno de Silvio Berlusconi –uno de los principales valedores de Sarkozy– lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez en 2008 en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. La permisividad comunitaria animó a Berlusconi a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como un delito y anunció que tomaría huellas dactilares de los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortarle sin demasiado éxito para que cesara su acoso a la población romaní.
En rigor, la impresión más generalizada es que las instituciones europeas pueden exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de xenofobia extremos y mediáticos. Pero no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta seis meses (y a veces a 12) el período de retención de inmigrantes en centros de internamiento por el solo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa. Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras.
Naturalmente, colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, del colapso de los servicios sociales o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil para obtener votos o para absolver a los verdaderos responsables de la crisis. Que el Gobierno de Sarkozy, de hecho, impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, un recorte de las pensiones en Francia, no debería verse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular intente imitarlo, buscando gitanos o migrantes conflictivos bajo las piedras de cara a las elecciones próximas, tampoco.
Tras el revuelo inicial, los ejecutivos europeos –incluido el de Rodríguez Zapatero– han conseguido que la Comisión esta semana decidiera no sancionar a Francia por discriminación. Simplemente le pide que explique cómo traspondrá en los próximos meses una Directiva sobre libre circulación de “ciudadanos comunitarios” aprobada en 2004. Esta salida blanda, que contrasta con la firmeza que las mismas instituciones exhiben cuando imponen programas de ajuste y lecciones de austeridad, ha sido presentada como un triunfo de la legalidad. Analizada con detenimiento, sin embargo, apenas traduce un uso estrecho y oportunista de la misma. Un uso, en todo caso, muy alejado de la mejor tradición garantista, que tuvo su cuna en Europa y que, en materias como la política migratoria y an-
tirracista, está siendo enterrada por una Unión Europea cada vez más alejada de ella.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Enric Jardí.
