JESÚS CALDERA
Si pensábamos definitivamente establecidos los principios sentados por Locke en 1689 en su Carta sobre la tolerancia en defensa de la libertad individual, la tolerancia y la oposición a la coacción que pudiera ser ejercida sobre el individuo por razones morales, religiosas o de otra índole, por otros individuos o el Estado, parece que estábamos equivocados.
Ello a propósito del derecho que asiste a la joven Najwa Malha, de 16 años, española de origen marroquí, a vestir sobre su cabeza la prenda llamada hiyab, que no es sino un pañuelo que la cubre, dejando al descubierto sus facciones. No se trata, por tanto, del chador, que obliga a ocultar todo el cuerpo, o del tristemente conocido burka, que tapa completamente la cara, el cuerpo, los cabellos y la piel, dejando sólo una rejilla a la altura de los ojos, y que aísla a la mujer en sí misma y oculta su identidad, confinándola a un papel de espectro en la sociedad.
Conservo en mi memoria vivas imágenes de mi niñez y adolescencia, en las que aparecen mujeres cubriendo sus cabezas con negros pañuelos, monjas pertenecientes a congregaciones católicas con sus tocas y hábitos e incluso una extraordinaria fotografía en la que, de niño, aparezco con mi madre tocada con un pañuelo similar (eso sí, de colores más alegres).
Imágenes entonces frecuentes, hoy menos, dado que las modas, los usos y las costumbres culturales suelen reflejar cambios con el paso del tiempo. Supongamos por un momento que me desagradan dichas vestimentas: ¿debería por ello solicitar su prohibición? ¿Ejercer lo que considero una coacción intolerable sobre la libertad ajena?
Este, y no otro, es el dilema sujeto a debate en el caso de la joven Najwa. En mi opinión, este pañuelo o hiyab no representa una prenda que someta a la mujer, siempre y cuando sea portado con total libertad, sin imposición del entorno familiar y/o social (lo que en nuestra abierta, tolerante y democrática sociedad es imposible), como evidentemente es el caso. Es más un aparejo de vestir que confiere personalidad a quien lo lleva, que reafirma sus orígenes y puede mostrar, con plena libertad, sus creencias. Si se prohíbe, ¿por qué no prohibir también que los alumnos lleven colgados collares y abalorios con la cruz católica o con la estrella de David, o que religiosas con toca y hábito puedan no sólo asistir sino impartir clases en centros financiados con fondos públicos?
Atraída por la formidable exposición mediática del caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como tantos otros ultraconservadores, no perdió ripio para entrar al corte: “Creemos que el velo (no es un velo, es un pañuelo) es un elemento de diferenciación y discriminación que es malo fomentar”; eso sí, cuando se trata de una joven con distintas raíces culturales, y presumiblemente religiosas, a las suyas.
La Constitución Española garantiza libertad de culto en el marco de un Estado aconfesional, y los ciudadanos tienen, por tanto, derecho a manifestar sus orígenes, rasgos culturales y, en su caso, vocación religiosa también con la vestimenta, siempre y cuando no atente a las normas de convivencia ciudadana, respeto mutuo y mínimo decoro, y acorde también al tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de manera pública.
Y el caso de Najwa Malha es claro. Según ella misma ha manifestado, decidió ponerse el pañuelo por propia voluntad, su vestimenta no supone una agresión al resto de confesiones religiosas y acepta quitárselo en las clases que requieren actividad físico-deportiva. Entonces, no nos engañemos. No se trata de discutir sobre la separación entre Iglesia y Estado. Esta es innegociable, está perfectamente definida y acotada en la Constitución e implica la no exhibición de símbolos religiosos presidiendo las aulas. De lo que se trata aquí es de garantizar o no la libertad de expresión individual de Najwa a llevar el hiyab, de igual manera que, por poner un ejemplo y según ha corroborado la dirección académica, una joven monja estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid acude diariamente a clase con hábito, sin que hasta el momento se haya suscitado ningún conflicto docente.
En fin, no permitamos que se impongan los criterios de Esperanza Aguirre y de los estandartes del catolicismo ultramontano (que no comparte la Conferencia Episcopal Española) tan bien representado en el PP, porque no están defendiendo los derechos de la mujer ni liberando a esta joven de ninguna pretendida discriminación. No, están buscando otra cosa: provocar enfrentamientos entre diversas comunidades y crear el caldo de cultivo que genere conflictos sociales. Es decir, no buscan aflorar lo mejor del ser humano (la tolerancia y el entendimiento), sino lo peor (el rechazo y el enfrentamiento).
Jesús Caldera es vicepresidente de la Fundación Ideas para el Progreso
Ilustración de Iker Ayestaran
JESÚS CALDERA
La economía española experimentó hasta el año 2008 un largo periodo de expansión que nos permitió aumentar la renta per cápita hasta converger con los países más avanzados de Europa, capitalizar la economía y lograr un importante descenso de la deuda pública. La crisis que estamos atravesando ha supuesto un parón en seco a todas estas tendencias positivas, y nos ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo de crecimiento de la economía española. Un modelo con síntomas de agotamiento, y que es necesario transformar si queremos recuperar de nuevo una senda de aumento del bienestar.
El crecimiento económico tiene dos pilares fundamentales: el empleo y la productividad. Pues bien, durante todo el último periodo expansivo, el fuerte crecimiento de la economía española se ha debido principalmente al empleo, mientras que nuestros resultados en términos de productividad son preocupantes. Si nos comparamos con la UE-15, nuestra productividad no solamente es más baja, sino que durante la última década viene mostrando una senda divergente respecto a la media de los países más avanzados.
Las causas de la baja productividad en España son múltiples: deficiencias en el sistema educativo y en la formación continua en el empleo, un diferencial de dotación de capital físico público y privado (aunque se ha corregido de forma drástica), la especialización productiva en determinados sectores, o las dificultades de las empresas más innovadoras para acceder al mercado de crédito.
Todos estos problemas deben ser atacados si queremos realmente transformar nuestro modelo productivo y resolver este grave problema estructural. Aumentar la productividad es clave para retomar una senda de crecimiento positivo, mejorar nuestra competitividad y crear empleo. Como destacamos desde la Fundación IDEAS con el informe “Ideas para una Nueva Economía, hacia una España más Sostenible en 2025”, ahora es el momento de levantar los cimientos de un nuevo modelo económico que queremos se asiente sobre unos sectores productivos que no sólo nos permitan crear más empleo, sino que además este sea de mayor calidad.
La estabilidad y la movilidad son dos condiciones fundamentales para mejorar el mercado de trabajo y para crear un entorno adecuado para que las empresas y los trabajadores inviertan en la formación de capital humano. Y es crucial no enmarcar estas dos variables en un contexto de dicotomía rígida según la cual las empresas únicamente quieren una amplia flexibilidad en el empleo y los trabajadores una gran seguridad en el trabajo. Porque también existen necesidades contrarias. La seguridad que ata al empleado a su empresa y evita su desarrollo profesional limitando su movilidad geográfica y funcional puede ser también perjudicial para los trabajadores. Del mismo modo, un grado demasiado elevado de flexibilidad y rotación laboral perjudica a las empresas, expuestas a perder las importantes inversiones hechas en la contratación y la formación de nuevos empleados.
El empleo tiene que ser estable en el sentido de que el flujo de ingresos del trabajador no se vea interrumpido bruscamente por razones ajenas a su voluntad. Esto implica, en primer lugar, reducir la rotación laboral excesiva que sufren los trabajadores temporales en España. Se deberían introducir mecanismos de flexibilidad interna que eviten acudir a los más traumáticos de flexibilidad externa. El modelo alemán puede servir como un ejemplo de una buena práctica. En segundo lugar es necesario mejorar la cobertura del subsidio de desempleo para los trabajadores en paro y sobre todo cubrir a aquellos a los que el sistema actual deja sin protección.
Sin embargo, el concepto de estabilidad no debería ir en detrimento de acciones dirigidas hacia una mayor movilidad. La condición crucial para esto es establecer mecanismos que permitan a los trabajadores generar y transportar sus derechos, como por ejemplo en el modelo austriaco. Así, ayudarían a incrementar la productividad del trabajo a lo largo del tiempo y fomentarían simultáneamente la movilidad de los trabajadores entre empresas o sectores.
Por otro lado, la movilidad debería implicar, asimismo, políticas activas que permitan la vuelta de los parados al empleo.
Resulta preciso proceder a un reforzamiento de los servicios públicos de empleo que atiendan de manera cualitativamente diferente las necesidades de quienes buscan empleo, aportándoles no sólo información, sino también formación y habilidades para enfrentarse a un mercado de trabajo cada vez más complejo. Un ejemplo a imitar en este punto podría ser el modelo danés.
En resumen, uno de los aspectos más importantes para iniciar la transformación de nuestro modelo productivo y la superación del problema de baja productividad que sufre la economía española es mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. Un mercado que requiere cambios que deberían abordarse con la amplitud de miras necesaria para que se puedan perseguir tres objetivos: crear empleo, mejorar la formación de los trabajadores y aumentar la productividad de la economía española.
Jesús Caldera es vicepresidente ejecutivo de la Fundación IDEAS para el Progreso
Ilustración de Iker Ayestaran
JESÚS CALDERA
El Gobierno acaba de anunciar el cierre de la central nuclear de Garoña en 2013, una decisión que, siendo controvertida, en mi opinión es valiente y acertada, y que marcará un punto de inflexión positivo en la transformación de nuestro modelo energético de futuro.
Durante los meses previos a la decisión, el debate se polarizó en torno a dos posiciones, la de los partidarios de un cierre inmediato y la de los que solicitaban una prórroga por diez años más. Hoy, tras una decisión políticamente coherente y económicamente inteligente pensando en el largo plazo, el debate permanece en los extremos, pero se apagará mediáticamente en pocos días.
En todo caso, soy de la opinión de que las discusiones en torno a un tema con tantos matices como el del mix energético que debe tener un país deberían siempre enmarcarse en un contexto más amplio. Hoy, cualquier decisión en el ámbito de la energía debe tener como objetivo primordial la lucha contra el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia un modelo económico y energético plenamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
El modelo energético español actual emite demasiados gases a la atmósfera y además se caracteriza por sufrir una enorme dependencia del mercado exterior, lo que nos condena a sufrir de una manera permanente los vaivenes del mercado internacional de crudo y de gas natural. De continuar apostando por el modelo energético actual, y teniendo en cuenta que las principales reservas de petróleo, gas natural y uranio mundiales se agotarán en cuestión de décadas, nuestro modelo será insostenible.
En este contexto han surgido algunas voces que ven en la energía nuclear la solución ideal para estos problemas. Sin embargo, la energía nuclear sigue presentando interrogantes que desaconsejan su utilización masiva. Los más importantes son: el problema del almacenamiento de los residuos a miles de años vista, las cuestiones de seguridad y proliferación nuclear y la escasez de uranio para abastecer la demanda mundial a medio plazo. Sin ir más lejos, la central de Garoña, a la que se acaba de poner fecha de cierre, produce el doble de residuos radioactivos que las centrales que aún permanecerán abiertas en España.
Por tanto, las decisiones políticas en materia energética no son una cuestión de preferencias caprichosas, sino que se trata de una cuestión de previsión económica para garantizar el suministro energético futuro, así como la sostenibilidad del planeta tal y como lo conocemos hoy.
Por eso la decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña es un paso determinante para cambiar el modelo energético de España y avanzar a grandes pasos hacia un modelo plenamente sostenible, libre de emisiones de CO2, y de residuos radioactivos. La clave está en que el hueco de la energía nuclear y la procedente de los combustibles fósiles la vayan ocupando las energías renovables. Como destaca el informe presentado por la Fundación Ideas el pasado mes de junio, España ya es líder mundial en este terreno, pero puede consolidarse aún más y apostar por un futuro energético basado en un 100% de energías renovables. Las decisiones deben ser las adecuadas. Y el cierre de Garoña va claramente en esa buena dirección.
Además de las consideraciones estratégicas sobre el mix energético que debe tener nuestro país, hay algunos datos concretos que merece la pena destacar para entender la procedencia de esta decisión de cierre.
En primer lugar, la central nuclear burgalesa está llegando al fin de su vida útil de diseño de 40 años. Se cerrará con 42 años, para facilitar la transición por razones técnicas y laborales en la zona. Pero aquellos que protestan por no haberla prorrogado diez años deben tener en cuenta que la edad media de cierre de las 117 centrales cerradas en el mundo hasta hoy ha sido de 22 años.
En segundo lugar, Garoña ha protagonizado un tercio de los 17 incidentes notificados en España en el primer trimestre de 2009, lo que pone en entredicho la seguridad a largo plazo de la misma.
Además, se trata de una central pequeña que apenas produce un 1,35% de la electricidad en España. Por eso es perfectamente sustituible por fuentes energéticas alternativas. Nuestro país exporta energía desde 2004. El año pasado España exportó el equivalente al triple de la electricidad producida por Garoña.
Finalmente, una prórroga por más de los cuatro años que quedan hasta 2013 para el proceso de reestructuración económica del Valle de Tobalina sería un verdadero obstáculo para el cambio de modelo energético porque desplazaría inversiones potenciales en el sector de las energías renovables.
Es comprensible que, tanto por parte de la industria nuclear, que quería la prórroga hasta 2019, como por el mundo ecologista, que quería el cierre en 2011, haya cierta insatisfacción con el resultado. Pero en este tipo de decisiones hay que buscar el compromiso prudente entre las convicciones personales y un sentido más amplio de responsabilidad política y social. En este caso, creo que el Gobierno ha logrado un equilibrio entre la voluntad del presidente del Gobierno de convertir nuestro modelo energético en uno de los más modernos del mundo y la responsabilidad social de mantener los puestos de trabajo y favorecer el desarrollo económico de la zona. La decisión de cerrar la central en 2013 es una respuesta que tiene en cuenta los intereses de ambos lados de una manera muy ponderada, sin renunciar al compromiso político de abandonar la energía nuclear en nuestro país.
Así, el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, toma una decisión que posiciona a España junto a los países más avanzados en esta materia, como Alemania o Dinamarca, y que permitirá que nuestro país siga siendo la referencia del presidente Obama para explicar su apuesta personal por las energías renovables a nivel mundial.
La central de Garoña se abrió en la época de Franco, y Zapatero ha ordenado su cierre asegurándose que el camino hacia un modelo energético plenamente sostenible no tiene marcha atrás en nuestro país. Creo que, más allá de los intereses particulares, todos debemos alegrarnos.
Jesús Caldera es vicepresidente de la Fundación Ideas
Ilustración de Patrick Thomas
JESÚS CALDERA
Las crisis, aunque dolorosas, suelen ofrecer una oportunidad para el cambio. Y ésta es profunda. No estamos sólo ante una crisis del sistema financiero; estamos ante una crisis de todo el sistema, del modelo de desarrollo económico. Por ello debemos aprovechar esta oportunidad para promover un cambio de paradigma, una globalización distinta que no sólo se guíe por los principios de efectividad, sino también de justicia, solidaridad y responsabilidad ante los ciudadanos.
Y lo importante no es cambiar, sino cambiar a mejor, lo que implica detectar las causas de esta situación para después encontrar las mejores soluciones. Y ni unas (las causas) ni otras (las soluciones) son ajenas a la ideología, como quieren algunos hacernos ver. Detrás de la crisis no hay errores de orden técnico, sino una determinada concepción neoconservadora y neoliberal del mundo: la no regulación. De este modo, se ha tratado de imponer como necesidad económica lo que tan sólo era una preferencia ideológica: los mercados funcionan mejor sin regulación alguna, sin la intervención de los poderes públicos.
Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Se dejó de regular. El Sr. Greenspan, presidente de la reserva federal norteamericana, lo dejó muy claro: “No hay nada en la regulación federal (gubernamental) per se que la haga superior a la autorregulación del mercado”, afirmó, y hoy sufrimos las consecuencias.
Desregulación, pues, financiera: productos, como los derivados y los hedge funds al margen de cualquier supervisión. Pero no sólo hubo esta clase de desregulación. Este fenómeno no se circunscribió a la economía y a los mercados: también se extendió a la política. Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió prohibir las guerras de agresión. El uso de la fuerza debería autorizarse por Naciones Unidas e ir dirigido a misiones de paz o humanitarias. Esta regulación molestaba las posiciones neoconservadoras y decidieron ignorarla, promoviendo la invasión y ocupación de Irak al margen de las normas de regulación internacional. En materia medioambiental ocurrió otro tanto: las reglas trabajosamente alcanzadas en Kioto fueron ignoradas. Su protocolo (regulación internacional dirigida a conseguir un mundo sostenible) de nuevo fue ignorado. Y así, las fuerzas del mercado, sin que nadie les pusiera ningún freno, acabaron provocando estas crisis: financiera, política, de seguridad, ambiental.
El resultado de esta política neocon desde un punto de vista ético, incluso diría desde un punto de vista humano, no ha podido ser más regresivo. Un mundo más desigual, menos cohesionado, más injusto. En los países donde se ha aplicado esta doctrina con más intensidad, como Estados Unidos, los ricos han visto aumentada su riqueza, mientras la clase media perdía poder adquisitivo y los trabajadores calidad en los servicios públicos y en la protección social.
El crack financiero nos ha demostrado que su modelo no sólo era injusto en términos de valores, sino también ineficaz en términos económicos. No es que su modelo fuera insolidario; es que, además de ello, nos ha conducido a la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
¿Y ahora qué? Creo que la mejor respuesta está en los valores socialdemócratas. Seguramente no es preciso “refundar el capitalismo” como pomposamente se ha dicho. Basta con aplicar sensatamente criterios de economía social de mercado. Un modelo basado en la economía real y productiva, no en la deslumbrante riqueza financiera (las más de las veces irreal. En Estados Unidos, el mercado de derivados ha crecido de 106 trillones de dólares en 2002 a 531 trillones en 2008, al principio de la crisis, ¡5 veces en menos de 6 años!). Un modelo basado en inversiones duraderas y sostenibles, en la paz social, en la formación de los trabajadores, en la intervención del Estado allí donde se necesita, en el reparto de la riqueza, en la solidaridad, en la cohesión social. Habrá que innovar, por supuesto, e introducir fórmulas que mejoren el sistema, pero el modelo ya existe. Se llama modelo socialdemócrata.
Y las mejoras que se deben introducir, si queremos que sean útiles, tendrán que profundizar en dicho modelo. Para empezar, en el enfoque. No podemos afrontar esta situación circunscribiendo la respuesta exclusivamente a la crisis financiera, porque ésta no es el único fallo de mercado al que nos enfrentamos. Junto a ella, el mundo afronta una catástrofe medioambiental de dimensiones planetarias y una crisis alimentaria que se cobra miles de vidas al día. Por tanto, la respuesta ha de ser global, y debe abarcar el impulso de políticas que permitan alcanzar los objetivos del Milenio, la reducción de gases contaminantes o la apertura del comercio a los países en vías de desarrollo a través de la Ronda de Doha.
Además, deberemos aplicar valores socialdemócratas también en lo que respecta, en concreto, a la respuesta a la crisis financiera, que ha de estar basada en una nueva arquitectura financiera internacional basada en el activismo del Estado, la transparencia, la proporcionalidad entre el riesgo y el beneficio, la correlación entre el beneficio individual y colectivo y la seguridad en los mercados.
A los gestores de Wall Street y sus pares (y a sus ideólogos) debemos condenarlos éticamente, sí, por su avaricia y afán de lucro interminables en un mundo con tantas desigualdades y pobreza, pero sobre todo, debemos condenarlos por su incompetencia y desastrosa gestión económica que nos ha llevado a la peor crisis desde 1929. El neoliberalismo tuvo su oportunidad; demos ahora la oportunidad a los ciudadanos.
Jesús Caldera es Secretario Federal de Ideas y Programas del PSOE
Ilustración de Patrick Thomas
