JOAN GARÍ
Uno de los espectáculos más lamentables que han tenido lugar en los últimos tiempos en este país tiene que ver dolorosamente con la educación. Me refiero, en concreto, a de qué manera la clase política ha asistido –cuando no promovido directamente– a la conversión de las aulas en un campo de batalla para dirimir disensiones básicas, cuando de lo que se trataría es de aureolarlas con un consenso blindado. Desde 1980, ha habido nueve leyes orgánicas de educación y dos leyes modificativas, ninguna de las cuales ha contado con el beneplácito de la oposición de turno. Lo más grave del asunto es que la situación no parece importarle a nadie. Se quejan los profesores, desde luego, pero quién demonios son esos tipos para lamentarse. Su condición de víctimas secundarias del sistema –las principales son los alumnos y los padres, por ese orden– parece incapacitarlos para conquistar el derecho a ser escuchados. Y siempre resultará sospechoso cualquier prurito gremial –real o imaginado– a la hora del análisis objetivo de la situación.
El problema, por decirlo claramente, es cuál debe ser el futuro de la educación pública en España. La privada –concertada o no–, me preocupa más bien poco, si he de ser sincero. Es un negocio más, así que allá ellos con su beneficio. Donde nos lo jugamos todo, donde la democracia debe brillar o colapsarse, donde el informe Pisa ha de retratarnos con todas nuestras vergüenzas, es en el sector público. Se da la paradoja, sin embargo, de que en la actualidad la tendencia imparable de la clase media es a huir de la escuela pública y refugiarse en la concertada. Se busca, por supuesto, el aula ideal: sin inmigrantes, sin alumnos con necesidades educativas especiales, sin parias sociales. Madrid y Valencia (casualmente gobernadas por el Partido Popular) son la punta de lanza de esta nueva política donde se juntan el hambre y las ganas de comer: los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Francisco Camps están culminando sin ningún disimulo las políticas más convenientes para acabar de convertir la educación pública en un gueto sólo apto para todo aquel padre que no pueda cruzar la calle y llamar a la puerta de esos fastuosos colegios religiosos donde, por una módica limosna revolucionaria, salvarán a su hijo de presencias indeseadas y lo adoctrinarán convenientemente con flores a María. Para ello, Aguirre y Camps ya han dispuesto lo esencial, bien aumentando los fondos para la concertada y la privada o bien evitando el reparto equitativo del alumnado inmigrante.
En ese contexto, toda España merece conocer la genialidad suicida de Alejandro Font de Mora, conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, consistente en obligar a impartir Educación para la Ciudadanía en inglés. La pérfida alienación de este forense –no es broma: ese es su auténtico oficio– radicalmente incapacitado para gestionar lo público se asienta en su formidable energía para destruir cualquier cosa que tenga que ver con un funcionamiento sensato de la red de institutos de secundaria del País Valenciano. Las clases en inglés no son para fomentar el plurilingüismo, sino simplemente para impedir la recepción de los contenidos, puesto que en segundo de ESO la competencia de los alumnos en la lengua de Shakespeare es nula. Como la libertad de cátedra impide controlar al profesorado de la escuela pública para que imparta la infecta doctrina oficial, sólo queda arbitrar las medidas para asegurarse de que cualquier posibilidad de educar a los alumnos en valores radicalmente democráticos sea cercenada de raíz. Bien está combatir la homofobia, o el racismo, o el machismo… pero en inglés. Serviría igual el árabe o el chino (esas magníficas “lenguas comunes”), porque con ello se conseguiría el mismo objetivo: truncar la transmisión del conocimiento. Antes de aprender –en inglés– que los homosexuales tienen los mismos derechos que los heterosexuales (o las mujeres que los hombres, o los negros que los blancos) ¡hay que saber inglés! Ese pequeño detalle es lo que convierte el plan de Font de Mora en el último cartucho que dinamitará la educación pública en el País Valenciano.
Todo ello, qué quieren que les diga, sería muy pero que muy gracioso si no llegara en un momento dramático para la educación secundaria. Todos los males del sistema se han concentrado en este tramo. Los colegios se han librado de los cursos problemáticos (primero y segundo de ESO) y la universidad continúa con sus privilegios inmemoriales. Sólo los institutos se han quedado estancados, cada vez con menos alumnos de bachillerato (certificado definitivo del fracaso del sistema) y sin opciones, por ejemplo, para que sus profesores accedan con facilidad a la educación superior (con la misma facilidad, al menos, con que los maestros han podido pasar de primaria a secundaria). Y sin ninguna otra posibilidad de promoción profesional.
Esta tierra de nadie, este circo, es donde nos jugamos el futuro. Se comprende que el PP no tenga el menor interés en solucionar el problema. En realidad, cuanto antes se complete la migración hacia la escuela concertada, mucho mejor para todos. Así, nos encontraremos con la lacerante paradoja de que el sistema público cuenta con los mejores profesores (los únicos que han aprobado unas oposiciones selectivas), mientras el privado se queda –inútilmente– con los mejores alumnos. Por supuesto, la rebelión de los agentes educativos contra el marasmo acaba de comenzar en Valencia. ¿Llegarán a tiempo de evitar el colapso definitivo?
Joan Garí es escritor. Su última novela es La balena blanca
Ilustración de Iker Atestaran
JOAN GARÍ
“Are you going to the Concentration Camp?”. Aquella jovencita que me abordó en la estación de Dachau manejaba un inglés dúctil con muy buen acento y tenía –hay que reconocerlo– una sonrisa preciosa. Diligentemente me explicó sus pretensiones. Era una empleada del municipio y formaba parte de un programa local dirigido a los 600.000 visitantes anuales del tristemente famoso lager bávaro. Su objetivo era obvio: convencer a un público multicultural e internacional, atraído por la extraña fascinación del mal, de que no limitaran su viaje a olisquear los incómodos efluvios del campo.
Comprendí el problema y le hice caso. Al fin y al cabo, Dachau es una bonita villa bávara, con un castillo nueve veces centenario donde ahora se puede tomar un café y una porción de pastel de manzana con vistas a los Alpes. Y una coqueta iglesia del siglo XVII dedicada a San Jaime. Solo con que una minúscula parte de esa riada humana que recorre en peregrinación desde hace años los restos de los antiguos espacios concentracionarios se desviara hacia objetivos turísticos más convencionales, el éxito –y también la salvaguarda de un cierto pudor moral– estaba garantizado. Y, sin embargo, es un hecho que esta variante del turismo de catástrofes asuela Alemania. Y de tal modo que las autoridades no han tenido más remedio que hacer de la necesidad virtud y abordar la memoria del período nacionalsocialista con una sonrisa forzada.
Dachau es solo un aspecto simbólico más del problema. De hecho, la geografía alemana y de otros países centroeuropeos está plagada de sitios como ese. Forman parte de una memoria incómoda y es de agradecer que, al menos, la autoridad pertinente no se esfuerce ya en ocultarla. Es bien sabido que, en la inmediata posguerra, los alemanes prefirieron correr un tupido velo sobre el catálogo de horrores que habían protagonizado bajo el régimen hitleriano. Pero es que la Polonia comunista, por ejemplo, nunca explicó bien que las víctimas de Auschwitz fueron esencialmente judíos. Por no abandonar Dachau, hay que recordar que la primera exposición conmemorativa del lager fue clausurada precipitadamente por el land de Baviera en 1953 sin mediar ninguna explicación. Hoy en día, sin embargo, es corriente contemplar –yo lo hice– rebaños compactos de adolescentes teutones paseando sus atónitos ojos azules bajo la perspectiva odiosa del crematorio. Sus expresiones sinceras de sorpresa y de espanto forman parte de una pedagogía inexcusable. Su ternura virginal se da así de bruces contra el mundo de sus abuelos –quizá ya de sus bisabuelos–. La memoria es eso y nadie dijo nunca que no deba resultar dolorosa.
Vestigios nazis
¿Están de moda los campos de concentración nazis? A juzgar por la avalancha de visitantes, no nos atreveríamos a negar que su capacidad de atracción ha ido in crescendo. ¿Qué buscan buena parte de los centenares de miles de turistas que llegan al nuevo Berlín, a 20 años –pronto– de la caída del muro? Una foto en el Checkpoint Charlie, por supuesto, pero sobre todo los vestigios de la antigua capital nazi. Es decir, aquello que precisamente Berlín ya no puede ofrecer. No queda nada del antiguo sueño de Speer: ni la Cancillería, ni el búnker de Hitler (cuya superficie ocupa ahora un plácido aparcamiento), ni ningún otro edificio emblemático. Solo el antiguo Ministerio de Aviación está en pie (ahora es la sede del Ministerio de Finanzas) y enfrente se yergue lo que queda del odioso muro comunista. Una exposición alusiva, Topografía del terror, recuerda estos días todas esas catástrofes ideológicas, pero ha de contentarse con mostrar los cimientos de la Gestapo en la antigua Prinz-Albrecht-Strasse. El resto pertenece al poder evocativo de la memoria.
De una manera u otra, la valentía de la Alemania actual para enfrentarse a la pesadilla de su pasado reciente ha de ser aplaudida. Al fin y al cabo, Hitler existió realmente y si llegó al poder por métodos democráticos es porque una generación de alemanes lo auparon voluntariamente. Esa pesadilla debe ser convocada en el diván o aventada en el ágora pública. Ocultarla, negarla o minimizarla solo provocaría que la herida no cicatrizara, aunque algunos tendieran a pensar que la fiebre resultante era solamente una excitación pasajera.
Es doloroso y humillante que los turistas de hoy lleguen a Weimar, el corazón de la cultura germánica, para subirse al autobús número 6, que conecta cada hora la ciudad de Goethe con el lager de Buchenwald. Es doloroso y humillante, pero es también necesario. Al fin y al cabo, Weimar fue nazi desde primera hora –como también lo fue Baviera– y, en las balconadas del hotel Elephant, Adolf Hitler ya arengaba a sus seguidores cuando solo era la promesa de una amenaza colosal.
En la puerta de entrada al campo de Dachau, hay una verja que contiene la siguiente inscripción: “Arbeit macht Frei” (“El trabajo libera”). El lema es conocido porque el comandante de Auschwitz, Rudolph Höss, que pasó primero por Dachau, lo copió en el frontispicio del campo polaco. En realidad, y descontando el sadismo de fábrica, es una leyenda intrínsecamente falsa. Hemos aprendido a lo largo del tiempo de la aflicción que lo único que realmente libera es la memoria. Aunque su concreción turística resulte incómoda para la nueva Alemania y haya que recurrir a mensajes publicitarios que nos recuerden que el resto de la Historia también está a nuestra disposición. ¿Alguna idea homologable para las amnesias interesadas de la España postfranquista?
Joan Garí es escritor
Ilustración de Iván Solbes
JOAN GARÍ
En el comienzo, fue el mito de que el País Valenciano era “de izquierdas”. Como todos los mitos, se sustentaba en algunas pruebas empíricas (todo el mundo recordaba a Blasco Ibáñez), pero también en inconcreciones, deseos fervientes y fantasías febriles. Es cierto que, en la Transición, el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) y el Partido Comunista (PCPV-PCE) fueron las fuerzas hegemónicas. Eso no fue óbice para que, de una manera u otra, la derecha acabara llevándose el gato al agua, imponiendo sus tesis en todo (lengua, bandera, nombre del país). ¿“De izquierdas”, decíamos? De esa clase de izquierda, quizá, que se deja robar la cartera y luego, muy educadamente, le da las gracias al atracador.
Nadie lo diría, pero en 2008 hace exactamente 13 años que el Partido Socialista perdió su hegemonía en Valencia. Cuando el rostro bronceado y travieso de Eduardo Zaplana zanjó con un apretón de manos su victoria sobre la barba grisácea de Joan Lerma, comenzaba un período de vacas gordas para el Partido Popular y el calvario ininterrumpido del PSPV. ¿Quién se acuerda ahora de aquel idílico país “de izquierdas” donde parecía imposible que la suma de todos los modelos conservadores (el cañí, el regionalista, el liberal) pudiera nunca superar a las fuerzas de progreso? Y sin embargo, lo hizo. Y, si no se le pone remedio, seguirá haciéndolo en el futuro.
En realidad, no creo que el País Valenciano fuera tan izquierdista entonces ni creo que sea tan reaccionario ahora. Por supuesto, las clases medias, que son las que nutren mayoritariamente las urnas, hicieron sus apuestas en ambos casos. Cuando interpretaron que el PSPV defendía mejor sus intereses, le votaron pero cuando ese papel parecía ejercerlo mejor el PP, no dudaron en darle su confianza. En el fondo, el elector medio valenciano no es tan conservador como los dirigentes del PP pero eso no impide que les dé su voto si interpreta que eso le resulta rentable. Es evidente que, en el momento en que el PSPV esté en condiciones de convencer a los ciudadanos de que los podría representar mucho más dignamente, estos no dudarán en cambiar. Pero ¿está el PSPV en condiciones de lanzar ese mensaje a la sociedad?
El 11º Congreso Nacional del PSPV, que se celebra este fin de semana en Valencia, es una ocasión de oro para que el partido se fortalezca y envíe un mensaje nítido a la ciudadanía. Debo reconocer, sin embargo, que no ha comenzado con demasiado buen pie. La ponencia política cocinada en la cúpula socialista se atrevió a proponer un cambio de nombre del partido, que renunciaría a ser “del País Valenciano” y pasaría a denominarse “de la Comunidad Valenciana”. Ya expliqué en otro momento la incongruencia de esa propuesta (“Un nombre para un país”, Público, 20-8-2008). Ahora, sólo me limitaré a recordar que el Estatut d’Autonomia valenciano dice claramente en su Preámbulo: “Aprobada la Constitución española, es, en su marco, donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano, dando origen a la autonomía valenciana como integradora de ambas corrientes de opinión”.
Renunciar al País Valenciano supondría cortar de raíz la corriente de modernidad que tan coherentemente ha asumido siempre el PSPV. Porque no estoy seguro de que los valencianos sean mayoritariamente “de izquierdas”, pero no me cabe ninguna duda de que somos una sociedad mucho más moderna de lo que algunos creen. Es por eso que estoy convencido que de este congreso no saldrá un partido dispuesto a renunciar a “la concepción moderna del País Valenciano”.
En realidad, el dilema que plantean los diferentes candidatos teje una trama de cierta perplejidad. Por un lado, se observa una corriente de carácter más federalista, que pone el acento en la autonomía del PSPV para llevar a cabo su programa político (Ximo Puig, Francesc Romeu). Por otro, se plantea una opción caracterizada por un impulso juvenil, que no le hace ascos a flirtear con aires más centristas y centrípetos (Jorge Alarte). ¿Y no se trataría, en realidad, de pergeñar un proyecto caracterizado por un continente renovador, pero un contenido inequívocamente progresista y autónomo?
Como en todos los dilemas, optar por una vía o por otra parece una autolimitación innecesaria. Naturalmente, alguien tiene que ganar el congreso, alguien tiene que poner rostro a las ansias de penetrar en una nueva etapa que incluya éxitos electorales. Pero si el vencedor comete el error de pensar que la renovación pasa por aligerar el bagaje de izquierda, renunciar a la identidad del partido o subordinar todavía más su proyecto a los dictados de
Ferraz, la hegemonía del PP puede ser eterna.
Si algo nos han enseñado los últimos años es que las elecciones las ganan los que no se avergüenzan de ser lo que son. El PP ha basado su discurso en un victimismo regionalista, en una política de grandes eventos y en halagar el ombliguismo del valenciano medio. Es su modelo. Frente a eso se puede y se debe oponer un programa donde no se sacrifique la educación y la sanidad para pagar la faraónica visita de un Papa o el circuito de Fórmula 1. Pero para ello hay que creer y confiar en el propio país, y no considerarlo solamente un solar para edificar.
Es lógico que a la derecha no le guste nada la denominación País Valenciano. Por la misma regla de tres, debería ser igualmente lógico que para el militante de un partido progresista constituya la quintaesencia de un proyecto de progreso indeclinable.
Joan Garí es escritor. Su última novela es La balena blanca
Ilustración de Patrick Thomas
JOAN GARÍ
El espejo político americano, visto desde Europa, es necesariamente deforme. A veces vira hacia lo cóncavo y, en ocasiones, se instala en lo convexo. Y esto es así porque, como todo el mundo sabe, el bipartidismo existente en aquel país no se corresponde con la clásica dicotomía –tan presente en Europa- entre la izquierda y la derecha. No se puede considerar en puridad al Partido Demócrata como un partido socialdemócrata, de acuerdo con las pautas del viejo continente, pero sería igualmente engañoso etiquetar al Partido Republicano de formación conservadora a la usanza europea. En realidad, los republicanos son derechistas hasta los tuétanos, y no se privan de regodearse en lo que nosotros llamaríamos, sin dudarlo un instante, extrema derecha. A los demócratas les cabe, en cambio, el honor (digámoslo así) de servir de refugio a todas las otras sensibilidades políticas más allá del fundamentalismo reaccionario. Una suerte de derecha liberal con espacio para matices de izquierda clásica (como lo que representaría el senador Ted Kennedy), aunque sin deslizarse nunca hacia los “ismos” satanizados en el gigante capitalista (socialismo, comunismo).
En ese contexto, es especialmente revelador escuchar a los políticos europeos –o, en este caso, españoles- cuando intentan homologar sus respectivas ideologías con la particular realidad norteamericana. No constituye ninguna sorpresa el hecho de que el PSOE, por ejemplo, cifre todas sus esperanzas en Obama (como hace cuatro años, por cierto, las depositó en John Kerry, que en paz descanse). Pero, ¿Y el PP? El PP tiene una papeleta mucho más difícil. La lógica reclamaría una identificación con los republicanos y, sin embargo, las distintas voces que se han manifestado al respecto han configurado un espectro muy variopinto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no ha dudado en alinearse con McCain, muy en la línea de lo que se esperaría de ella. Otras voces, en cambio –González Pons, por ejemplo-, han preferido claramente a Obama. En sus palabras: “Barak Obama nos ha enseñado una manera diferente de hacer política que en la vieja Europa deberíamos comprender con rapidez”. Noten ustedes el entusiasmo. Y noten también que González Pons no es un militante cualquiera: es el flamante protavoz de los conservadores hispánicos.
¿El PP, partidario de Obama? A un partido triplemente presidido por Fraga, por Aznar y por Rajoy uno se lo imagina más bien emulando a Aguirre. De Aznar ya conocemos su apego a la ideología –y los modales- de Bush, Fraga está en otra onda y Rajoy… Rajoy, muy prudentemente, no se ha pronunciado. Ni con Obama ni con McCain. Ni con Aguirre ni con González Pons, sino todo lo contrario. El sistema gallego, en fin: “¿Quiénes hemos ganado?”
Hay que reconocer, con todo, que McCain defiende, al fin y al cabo, los postulados conservadores tradicionales. Pero, por si fuera poco, ahora tiene la inestimable ayuda de esa controvertida ultra que ha elegido para vicepresidenta, Sarah Palin. Palin tiene estirpe de gran dama derechista: contraria al aborto, favorable a la proliferación de armas de fuego, contraria a salir de Irak, favorable a perforar Alaska para sacar petróleo. ¿Entonces?
Entonces hay que contemplar dos variables. Por un lado, el factor radical de cambio –puro márqueting- que representa la elección de un afroamericano como candidato a presidente. Ningún partido en su sano juicio renunciaría a esa fácil homologación para sus propios postulados. Obama representa la novedad, el cambio, la frescura y el revulsivo.
Por otro lado, hay que comprender al PP, o a parte de sus cuadros. Ellos no quieren ser “de derechas”. Quizá Aguirre sí, pero otros no. Llevan tatuado ese estigma en lo profundo de su ADN y, sin embargo, la parte racional de su personalidad clama por renunciar a esa molesta etiqueta. De ahí Obama.
Para entender que significa Obama en Estados Unidos, sin embargo, hay que traducir. Estoy convencido de que lo propio, en España, sería, por ejemplo, que un catalán –¡y catalanista!- optara a La Moncloa. Ese es el ejemplo que le falta a González Pons, ese hombre tan pizpireto (y tan catalanófobo). ¿Qué diría el PP si la izquierda presentara, por ejemplo, a Carme Chacón para presidir este país? Eso sí que sería “una manera diferente de hacer política”, para qué vamos a engañarnos.
Por eso es importante que no cundan los mimetismos fáciles. Es comprensible que algunos militantes del PP no se reconozcan en ese espejo USA poblado por energúmenos partidarios de usar la Biblia para disparar y el rifle para rezar, ni quieran avalar un sistema donde la sanidad es un negocio y la educación un desastre sin paliativos. Pero entonces el problema está instalado en el núcleo duro de ese partido. Son ellos los que tienen que decidir si quieren parecerse a la derecha civilizada que puede representar Obama o al extremismo fósil del duo McCain/Palin.
En realidad, ser español de derechas y proclamarse fan de Obama sólo oculta una radical incapacidad de autodefinición. No se puede ser negro los domingos y racista el resto de la semana.a
JOAN GARÍ
La ponencia política que ha preparado Leire Pajín, la flamante secretaria de Organización del PSOE, para el congreso de los socialistas valencianos, que se celebrará en septiembre, ha hecho saltar todas las alarmas. Entre otras reflexiones, sin duda muy pertinentes, se propone un extremo que se intenta vender como una “adecuación a la realidad”: cambiar el nombre del partido en Valencia. Hace treinta años, tuvo lugar la fusión del autóctono Partit Socialista del País Valencià con la organización del PSOE histórico, cuyas siglas realizaron con éxito la travesía a través del desierto franquista. El resultado fue el PSPV-PSOE, una formación mayoritaria en la transición que llevo a cabo la construcción de la autonomía.
País Valenciano era, en aquel momento, una denominación obvia. Joan Fuster, el gran intelectual del valencianismo contemporáneo (un escritor y polemista aún sin rival en las letras catalanas), rescató el nombre de las profundidades decimonónicas y lo puso en circulación como emblema de su propuesta radical de modernización del territorio, de la conversión de aquella tierra abandonada a los tópicos del regionalismo mondo y lirondo (el Levante feliz), sin personalidad y sin voz propia, en un país a la altura de los retos contemporáneos.
La propuesta triunfó en seguida entre la izquierda, y aún hoy es la divisa inexcusable de los principales partidos y sindicatos y de una legión de asociaciones progresistas que confiaron en el país de Fuster porque era la primera vez, en siglos, que alguien pensaba lo valenciano como parte integrante de un proyecto cultural respectuoso con la tradición y al tiempo abierto a los nuevos aires de integración europea. Por las mismas razones que gustaba a la izquierda, sin embargo, horrorizó a la derecha.
En realidad, cuando a principios de la década de 1980 se discutía el texto del primer Estatut d’Autonomia, el PSPV y la UCD –mayoritarios entonces– acordaron utilizar País Valenciano como denominación oficial (como quería la izquierda) y la bandera cuatribarrada con un distintivo azul (como exigía la derecha, para diferenciarse de la senyera catalana). Todo estaba listo para el consenso, pero al llegar el texto a Madrid un personaje nefasto con mando en plaza, Fernando Abril Martorell, vetó el país y comenzaron los problemas. Otro gerifalte de la UCD valenciana, Emilio Attard, sugirió entonces Comunidad Valenciana y, aunque él mismo reconoció después que eso era propiamente “una imbecilidad”, se llevó el gato al agua en aras del consenso. Y así estamos.
Durante estos años, es evidente que el nombrecito de Comunidad Valenciana ha funcionado. Ha contado con un potente aparato de normalización institucional. Y, sin embargo, ha convivido sin problemas con País Valenciano y Reino de Valencia, la otra –bella y honrosa– denominación histórica. ¿Prescindir del nombre emblemático afecta en algo al proyecto del Partido Socialista? En realidad, sí y mucho. Hay que tener en cuenta que muchas de las reivindicaciones de la izquierda valenciana en la transición pasaron a poblar el baúl de los trastos viejos no por la fuerza de los votos (era la época de las mayorías absolutas del PSPV), sino por puro temor ante la violencia desatada por la extrema derecha, localmente conocida como blaveros (por el azul en la senyera). En un alarde de manual de síndrome de Estocolmo, incluso el todopoderoso Joan Lerma se permitió oficializar el denostado himno regional, una horrorosa psedozarzuela por la que babeaban los españolistas más recalcitrantes bajo su máscara regionalista.
Prescindir ahora de País Valenciano es reconocer, entre otras cosas, que con la violencia se pueden obtener objetivos políticos. Las bombas en casa de Joan Fuster o de Manuel Sanchis Guarner (la gran voz liberal de una derecha posible, racionalista y sensata) estarían, así, justificadas.
Pero hay más. País Valenciano no es sólo un nombre. Ni siquiera es el corónimo favorito –como dicen algunos corifeos interesados– del nacionalismo de izquierdas. Nacionalistas de izquierdas sólo quedan, en Valencia, los cuatro gatos de la ERC local (ni el Bloc se reconocería ya bajo ese paraguas). Y, sin embargo, los partidarios de un país moderno, con plena personalidad, a años luz del proyecto de victimismo regionalista del PP, son multitud. Muchos de ellos, por cierto, perfectamente instalados en ese formidable proyecto de transformación social que continúa siendo el PSPV.
Creo sinceramente que la compañera Pajín y sus colegas están equivocándose de enemigo. Para ganar al PP, no hay que parecerse a ellos. Está fuera de toda duda la presencia en nuestro país de grandes inercias conservadoras, de fuerzas poderosas que viven felices con la propaganda que promete –mientras el déficit aguante– grandes eventos que transformarán nuestra vida y con los que nos creeremos felices cinco minutos antes de despertar. Pero ¿no existen las mismas fuerzas a nivel español? ¿Y acaso se le ocurre a José Luis Rodríguez Zapatero eliminar la O de Obrero en las siglas del PSOE para contentar a las nuevas clases medias que no han visto a un minero en su vida, ni siquiera a un
metalúrgico?
La lección de Rodríguez Zapatero y del nuevo PSOE estos años es que se puede ganar elecciones sin renunciar a un bagaje de izquierdas, incluso reforzando su vertiente más federalista. A los ponentes del PSPV, se les debería advertir de que el nombre no hace la cosa, pero que no es igual pensar en términos de País que de Comunidad. A Valencia hay que ganársela con desafíos progresistas, no con renuncias conservadoras.
Joan Garí es escritor. Su última novela es ‘La balena blanca’
Ilñustración de Iván Solbes
JOAN GARÍ
Una cosa positiva que ha tenido el Manifiesto por la lengua común de Savater y compañía es que ha permitido volver a hablar en España de qué son y –sobre todo– para qué sirven las lenguas. No cometeré la ingenuidad de recordar aquí que una lengua es, ante todo, un vehículo de comunicación. Si pretendiera obviar las cargas emocionales y simbólicas que arrastran las lenguas todo el episodio del Manifiesto, que aún colea (y lo que te rondaré, morena), sería estrictamente incomprensible.
Para empezar todas las lenguas son comunes. Lo son, al menos, entre sus hablantes. Esto no impide que, además, cada lengua sea propia de un territorio: el castellano de Castilla, el inglés de Inglaterra, etcétera. Si me apuran, reconoceré que, a menudo, la consideración jurídica de una lengua como propia es un mecanismo de defensa. El francés en Quebec o los idiomas de las repúblicas bálticas: en un mar anglófono o rusófono, los idiomas pequeños proclaman su voluntad de pervivir –su derecho a la vida. Algo de eso ocurre con los idiomas españoles distintos del castellano, que deben bregar con la poderosa vecindad del gigante hispánico.
Los promotores del Manifiesto saben todo esto. Son gente preparada, a veces brillante. Por eso, muy hábilmente –poniéndose la venda antes que la herida–, han apacentado su rebaño argumentativo hacia la defensa de los “derechos individuales”. La “libertad de elección de idioma”, digamos. Y, en ese punto, es imposible no estar de acuerdo. ¿Qué menos, en este mundo de imposiciones y normativas, que poder elegir el idioma que uno quiere usar, en el que quiere ver escolarizados a sus hijos, en el que quiere amar (y ser amado), en el que quiere ver escrita su última voluntad? Cargados de razón, a fe. Pero me permitiré un importante matiz.
Elegir es escoger. Y se escoge entre una o más cosas (o personas). No se puede escoger si sólo hay una cosa en perspectiva. En el caso de los idiomas, es evidente: yo puedo escoger, en Cataluña (o en Baleares, o en Valencia), entre castellano y catalán, siempre y cuando esté alfabetizado en ambos idiomas. Si sólo sé castellano, pongamos por caso, no escojo en realidad: la lengua –mi única lengua– me escoge a mí.
De ahí la importancia de garantizar que toda la población en las autonomías bilingües sepa los dos idiomas oficiales: el propio del territorio (es decir, el que nació allí y allí se desarrolló históricamente) y el castellano (que nació y se desarrolló en Castilla –donde le es propio– pero luego se exportó, pacífica o violentamente, a los otros dominios lingüísticos de la península). Para que todo el mundo pueda escoger, todo el mundo debe saber. Parece simple y, en realidad, lo es. De ahí, por ejemplo, los programas de inmersión lingüística en Cataluña: como han venido demostrando todos los estudios hasta la saciedad, sólo los alumnos que cursan todas sus asignaturas en catalán saben a la perfección, cuando acaban el período de escolarización obligatoria, el catalán y el castellano. Sí: también el castellano (y mejor que los monolingües, según las estadísticas).
Dicho de otro modo: el monolingüismo es un enemigo de la libertad de elección. Sólo el bilingüismo –o el plurilingüismo– nos asegura que esa libertad –sagrada, como todas las libertades– pueda ejercerse con plena propiedad. Por otro lado, no creo que deba extenderme en las virtudes de dominar varios idiomas. No sólo el sujeto plurilingüe tiene una visión más abierta y tolerante de la realidad, sino que su percepción de los derechos de los demás es mucho más positiva. Mi libertad (también mi libertad de elección) acaba donde empieza la del otro.
Por todo esto, no es difícil concluir que el monolingüismo es una rémora que debería considerarse a extinguir. En el mundo de hoy –en la Europa de ahora mismo– saber sólo castellano (que es lo que les ocurre a la mayoría de los españoles y a una parte no desdeñable de los que viven en autonomías bilingües) es una reliquia más propia del “¡que inventen ellos!” que de un país que presume de ser la octava potencia económica mundial.
No sólo es que los españoles no sepan idiomas (ni catalán, ni inglés, ni alemán ni nada): es que, a lo que parece, no tienen la menor voluntad de aprenderlos. Por lo menos, algunos españoles (quizá los más adictos a ese toro patrocinado por una bebida alcohólica, por no hablar de otros animales igualmente racionales, como la simpática cabrita de la Legión).
Señor Fernando Savater: usted no puede ejercer la libertad de elegir entre castellano y euskara porque usted, como todo el mundo sabe, no tiene ni idea de euskara. Quizá si el franquismo no lo hubiera prohibido en nombre de las mismas emociones que usted legitima (la España monolingüe, uninacional y olé) usted hubiera sido alfabetizado también en ese idioma y ahora, siendo bilingüe, podría realmente optar. Pero no es el caso.
Dicho todo esto, me gustaría acabar recordando que no tengo la menor esperanza de que los lectores de este artículo que no tengan un mínimo espíritu liberal y sepan ver más allá de los más rancios tópicos españolistas se convenzan de mis argumentos. Cuando hablamos de idiomas, estamos tocando las vísceras. Nadie va a convencer a nadie. Pero lo que tampoco sería razonable es que una campaña patrocinada por un periódico ultra para atacar al partido en el gobierno por el leso pecado de no ser nacionalista nos hiciera perder un minuto de sueño. El que tenga ojos para ver, que vea. Y los demás, bienvenidos al denso continente (monosémico) de la ceguera.
Joan Garí es escritor. Su última novela es La balena blanca
Ilustración de Iván Solbes
JOAN GARÍ
La noticia salta a los medios –escritos– el 24 de junio, día de San Juan (mi onomástica y la del rey, vaya). Cuenta Público que “Veinte intelectuales firman un manifiesto en defensa del castellano como lengua común en España”. Al parecer, según los veinte, las desmedidas aspiraciones de las “lenguas autonómicas” están acabando con la presencia de la lengua de Castilla en la periferia de España. Contra esta dramática situación, los abajo firmantes proponen que se dejen de usar en exclusiva las otras lenguas españolas en beneficio de la que ellos llaman “común”. Entre los promotores de esta sesuda reflexión está, nada menos, don Fernando Savater, a quien las revistas Foreign Policy y Prospect acaban de declarar uno de los “cien intelectuales más influyentes del mundo”. Vale.
Tanta excelencia intelectual junta me da que pensar. Salgo inmediatamente a la calle a comprobar a qué nivel de indecencia lingüística estamos llegando en este país. Les diré, en todo caso, que vivo en una pequeña ciudad del área de Castellón, mayoritariamente catalanohablante. Voy a una librería, pero allí están, impertérritas, las obras de Savater y las de la mayoría de sus colegas (por lo menos, de aquellos de entre ellos que escriben, porque no sé si ya hemos llegado al penúltimo estadio de la perversión, en que se prohibirán los libros –en castellano– que nunca se han escrito). Sigo adelante. Me acerco a un quiosco. Allí está, como cada mañana, la prensa abrumadoramente mayoritaria, en la “lengua común”. Continuemos. Los cines: en Castellón, como en Barcelona, prácticamente todos los estrenos en español. Más: pongo la tele. Aunque el Partido Popular valenciano intenta prohibirlos –por nuestro bien: para hacernos más comunes–, se reciben en mi TDT los cuatro canales de la Televisió de Catalunya. A su lado, 40 canales en perfecto español –los mismos que en Barcelona–, y la emisora local, Canal 9, con algunos programas en catalán y el resto en romance común.
Me desespero. No dudo de que el español esté en peligro en España –lo dicen veinte intelectuales–, pero entonces, algo falla. Quizá yo no lo sepa y en Mataró, en Andratx o en Vitoria a los castellanohablantes se les obligue a llevar una estrella amarilla, o un lazo rojo en el pelo (hay integristas muy excéntricos). Llamo enseguida a mis amigos catalanes, baleares y vascos: no existen tales medidas. En realidad, todas las encuestas nos dicen que una parte importante de las poblaciones respectivas de Cataluña (también Baleares y Valencia), Euskadi y Galicia son monolingües en castellano. Ese porcentaje, de hecho, no baja del cincuenta por ciento. Entonces, ¿cómo se puede acorralar y descomunizar a la mitad de la población?
Cataluña es el meollo de la cuestión. A los vascos se les tolera (ETA al margen, se les sospecha un carácter paleoespañol), los gallegos no cuentan (esos preportugueses desnaturalizados), pero los catalanes amenazan el ser de España: su virgo.
Entonces, me digo, si ellos son el cáncer del país, la sangre debe de estar ya desembocando en el río. Al fin y al cabo, allí se aplica la inmersión lingüística: todos los niveles educativos son en catalán. Y esas masas discriminadas, esos ciudadanos comunes violentados en sus derechos más íntimos, esos buenos españoles malogrados por el botiguer catalán deben de estar sin duda manifestándose en masa ante el Palau de la Generalitat. Miremos las estadísticas. Cantidad de padres que ha pedido que sus hijos reciban escolarización en castellano en toda Cataluña: 23 (entre más de un millón de alumnos).
¿No les gustan a los intelectuales las estadísticas? Pues en el País Valenciano son una ciencia muy exacta. ¿Sabe don Fernando Savater, por ejemplo, que hay 93.700 alumnos valencianos de primaria y secundaria que preferirían recibir enseñanza en valenciano/catalán pero son escolarizados en castellano porque la Generalitat de aquí está ocupada por gentes muy comunes? 93.700 alumnos (son datos de Escola Valenciana) contra 23. ¿Quién persigue a quién?
Siempre he despreciado al que ampara a los ricos y ataca a los pobres o al que le roba directamente a los pobres para dárselo a los ricos. ¿Proteger una lengua que hablan cuatrocientos millones de personas y que en el ranking mundial ocupa el tercer lugar? Se necesita ser muy tonto o tener mucha mala fe para venir con esa canción a este festival. Que yo sepa, en España, las únicas lenguas perseguidas –desde los decretos de Nueva Planta de Felipe V hasta los estertores del franquismo– han sido las lenguas no castellanas. Y, ahora mismo, el único partido político que hostiga con saña a una lengua es el Partido Popular en Valencia, que lleva a cabo una campaña indisimulada contra el valenciano/catalán, aunque sin subterfugios “intelectuales” (son gente más simple). Ríase usted de ERC en Cataluña. ¿Para cuándo un manifiesto de savateres, vargasllosas y boadellas para defender la lengua habitual de los valencianos contra las agresiones del poder?
La misión de los intelectuales en este perro mundo es bastante ingrata. Por jugarse de verdad el tipo, a nadie se le incluye en la lista del Top100. En cambio si vas de víctima, de perseguido (aunque hace años que no bajas del Rolls y de la Visa y tus libros y tus conferencias se venden y se imparten a precio de oro en el territorio donde dices que te quieren mal), acabarás triunfando. Señores intelectuales comunes: si quieren causas nobles, yo les podría sugerir unas cuantas. Pero la persecución del castellano… ¡Anda ya!
Joan Garí es escritor. Su último libro es la novela La balena blanca
Ilustración de Iván Solbes
JOAN GARÍ
Desde que Dionisio Ridruejo tuvo que envainarse algunas cajas de propaganda en lengua catalana destinadas a tranquilizar a los barceloneses a la mañana siguiente de la llegada de las tropas franquistas, la derecha de este país tiene un problema muy gordo con el hecho catalán. Al bueno de Ridruejo, que creía muy sinceramente que se podía ser fascista español sin ser anticatalanista, le explicaron entonces sus propios conmilitones las cosas muy claritas. Resultado: la propaganda en catalán se convirtió en humo, y el ejército franquista impuso en Barcelona la lengua de Burgos. Y aquí paz, y allá gloria.
Es una evidencia muy difícil de ocultar que el anticatalanismo primario ha sido una constante en el pensamiento político de la derecha de este país, que ha abrevado en ciertas corrientes populares y también en líneas endoxenófobas características de las corrientes reaccionarias europeas. En el imaginario carca español, la construcción del pim pam pum del catalán avaro, afrancesado, solipsista y obstinadamente adicto a su propio idioma ha dado un juego fenomenal. No me extraña, entonces, que los herederos de esa forma de pensar se resistan a prescindir de ella, ni siquiera cuando, por necesidades electorales, deban enharinar sus patas para hacerse pasar por los corderos que no son.
Tras las últimas elecciones generales, la derecha española se ha encontrado en la tesitura de tener que cambiar el discurso maximalista de la legislatura anterior, so pena de eternizarse en una incómoda oposición. Durante cuatro largos años, y con la excusa de la discusión del nuevo Estatut de Cataluña, el PP y sus terminales mediáticas han bombardeado a la opinión pública con un discurso guerracivilista donde el odio a lo catalán se confundía con el resurgir de un nacionalismo españolista violento y maleducado. Hay tipos, en efecto, que sólo disfrutan de cierta autoestima cuando le pinchan la rueda al coche del vecino. Esta confrontación de identidades, por cierto, es lo que le ha procurado de rebote, al presidente Zapatero, cuatro años más en La Moncloa. Ante eso, en la derecha ha habido dos tentaciones: la de los que quieren continuar con el mismo discurso, aunque no les dé votos (Isabel San Sebastián dixit): y la de los que quieren volver a centrar el partido y difuminar la cornamenta nacionalista.
Esa batalla, que se visualiza con el “Rajoy sí” o “Rajoy no” de los últimos tiempos, tiene mucha más importancia de la que se cree. Si ganaran los partidarios de la línea dura, sería una buena noticia para el PSOE, pero mala para el conjunto del Estado. Al fin y al cabo, un PP extremista, anticatalanista furibundo –y antivasquista–, ebrio de virulencia ideológica, enturbiaría para muchos años la salud democrática del país. Sólo hay que mirar los titulares de El Mundo o las arengas de la Cope para comprender que no se puede vivir así indefinidamente. La derecha española debe soltar lastre y desprenderse de aquellos iluminados que creen que España es una nación monolingüe y monocultural. De lo contrario, el futuro sólo traerá más nacionalismo español y, en el otro extremo, un reforzamiento de las opciones independentistas.
Comprendo que haya tipos a los que se les pongan los pelos de punta sólo con pensar que uno de cada cuatro españoles habla y/o entiende catalán. Deben creer que eso es un cáncer que hay que extirpar, y supongo que seguirán creyéndolo si algún santo no los ilumina y les alivia la histeria. Pero un partido de diez millones de votos no puede estar al albur de esos zoquetes.
La disyuntiva es clara: o España asume con convicción su condición de estado plurinacional con cuatro lenguas (que tienen derecho a ser hegemónicas en su propio territorio), o el futuro es bastante negro. Si la derecha española quiere de verdad volver a ser alternativa de gobierno debe procurarse un discurso que explique e integre los hechos diferenciales. No creo que sea pedir tanto un nuevo discurso conservador donde se viva con naturalidad una España donde conviven el castellano/español, el gallego, el vasco y el catalán/valenciano.
Como ciudadano valenciano que soy me gustaría además que se asumiera sin muecas el hecho evidente de que nuestra variedad lingüística privativa forma parte inextricable de la lengua catalana. Esto ya es un axioma legal (al menos desde la sentencia 75/1997 del Tribunal Constitucional y la del 15/03/2006 del Tribunal Supremo, amén de los dictámenes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua), pero ahora debemos conseguir que sea también una praxis política consensuada. En realidad, el anticatalanismo de la derecha valenciana (que alguien llamó “el antisemitismo de los pobres”) es el paradigma de la irracionalidad xenófoba de nuestros bienamados conservadores hispánicos. Sería un buen síntoma, por eso, que el PP comenzara a corregir su discurso por donde más lo ha desbocado y se adaptara a la realidad científica y legal en ese punto.
Al final, da la sensación de que el episodio de Dionisio Ridruejo tiene un sentido más allá de su ingenuidad concreta. El franquismo era anticatalán porque identificaba a Cataluña con la modernidad y el progreso, un engendro a la vez burgués y bolchevique (sic). A Ridruejo el golpe le vino bien para caer del caballo: luego se hizo demócrata sin dejar de ser mal tipo.
Eso es lo que hay que pedirle a los del PP de Rajoy: nos caeis bien, muchachos, pero cerrad con siete llaves el sepulcro del Cid. España os necesita cuerdos, moderados y serenos.
Joan Garí es escritor. Su último libro es la novela La balena blanca
Ilustración de Iker Ayestaran
JOAN GARI
Entre noviembre de 1936 y octubre de 1937, Valencia fue capital de la República en llamas. La efeméride parecía lo bastante importante como para que las autoridades de la ciudad y la propia Generalitat le hubieran dedicado algún acto conmemorativo. Al fin y al cabo, Valencia nunca ha sido capital de nada. Ahora mismo, no parece tener el menor interés en ostentar de manera más o menos digna la capitalidad del País Valenciano y ni siquiera se apresta a aparentar una mínima preocupación por su comarca natural, L’Horta. El resultado de este ensimismamiento es que la huerta (esa maravilla cuya contemplación, según Azorín, comunicaba directamente con Grecia) está siendo destruida por la voracidad inmobiliaria capitalina, y el País Valenciano se desvertebra dividido artificialmente en tres provincias que se dan la espalda unas a otras.
Ante el desinterés oficial, ha tenido que ser la Universidad de Valencia la que tomara la iniciativa para honrar como se merece la Valencia republicana. Desde el año pasado hasta ahora mismo, una serie de iniciativas nos han recordado aquel tiempo en que Valencia fue el corazón acogedor de la España leal, cuando sus cafés y sus calles se llenaron de intelectuales y de refugiados, que encontraron aquí el reverso exacto de la turbia amenaza fascista.
Unos cuantos libros, publicados todos por la Universidad (ni uno por las instituciones públicas valencianas) jalonan este ejercicio práctico de memoria histórica. Entre ellos, me gustaría destacar las Memorias de un presidiario de Manuel García Corachán, precisamente por lo que tiene de valiente alegato contra la extendida idea de que los dos bandos de la guerra fueron igualmente injustos en materia de represión.
Corachán, que fue abogado y capitán del Cuerpo Jurídico del Ejército de la República, tuvo una actuación impecable en los tribunales de la retaguardia republicana valenciana. En pago por su honradez, el franquismo lo condenó a muerte, aunque luego se contentó con encarcelarlo. Su diario de prisión es un testimonio valiente donde los haya, puesto que este hombre no perdonó nunca a sus captores, y para que nadie olvidara el salvajismo de éstos reescribió obsesivamente su diario y lo legó a sus herederos en busca de una fama póstuma que impidiera el olvido.
Ahora la Universidad ha querido cerrar con un broche de oro la conmemoración de la capitalidad con dos exposiciones cuya visita recomiendo vivamente. Se trata de “En defensa de la cultura” y “El infierno de los libros”. La primera muestra fotografías y otros documentos que nos informan sobre cómo era la vida cotidiana en la Valencia republicana, sobre todo en su vertiente cultural (la ciudad custodió, por ejemplo, las obras del Museo del Prado amenazadas por los bombardeos franquistas). La segunda recopila los libros prohibidos por el fascismo triunfante, a partir de las colecciones privadas de Fernando Llorca y Max Aub.
No queda nada, bien es cierto, de aquella heroica sociedad. El PP gobierna hoy todas nuestras instituciones (Generalitat, ayuntamientos, diputaciones) con mayoría absoluta. He dicho que estos satisfechos conservadores no han tenido ningún interés en rememorar la Valencia capital, pero no es cierto. A su manera, han puesto su granito de arena. La alcaldesa Rita Barberá, por ejemplo, hace mucho tiempo que viene empeñándose en construir unos bonitos nichos en el cuadrante del cementerio donde se acumulan los restos de los republicanos fusilados tras la guerra. Envalentonada por una equívoca –aunque no definitiva– resolución judicial, la pequeña Rita aún barrunta de qué modo borrará con más saña la memoria de las fosas comunes. Desde aquí le sugiero una fuente de Calatrava de hormigón blanco con un chorrito rojigualdo (de nada).
Pero aún hay más. El arzobispado de Valencia, encabezado por ese gran liberal llamado Agustín García-Gasco, tiene muy avanzado el proyecto de erigir un templo designado como “Parroquia Santuario de los Beatos Mártires Valencianos”, aprovechando las antiguas naves de la industria química Cross, en la avenida de Francia (en la zona de expansión de la ciudad, a un tiro de piedra del Hemisfèric y los otros edificios de la Ciudad de las Ciencias). Las naves y el solar se los ha cedido –cómo no– Rita Barberá. Un campanario de 28 metros de altura honrará permanentemente, cuando el complejo esté terminado, la memoria de las víctimas católicas de la guerra civil, mientras los miles de fusilados por haber permanecido fieles a la legalidad democrática permanecerán agazapados, como almas en pena, en las fosas que Barberá quiere ocultar en el fondo de la tierra.
Estos son los hechos. Como quizá muchos lectores, yo también me pregunto cómo es posible que la Valencia republicana y blasquista de los años 30, la Valencia progresista y liberal de los años de la Transición, pueda haber acabado en manos de clérigos sin piedad, crueles meapilas y fachas de todo tipo. Ahora mismo, la principal preocupación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es cerrar como sea los repetidores que, sufragados por la ciudadanía, permiten ver desde hace veinte años en Castellón, Valencia y Alicante la televisión de Catalunya, TV3. Un ataque semejante contra la libre difusión de cualquier otro canal de televisión sería considerado un escándalo nacional, pero contra los catalanes todo vale. Este país se va pareciendo cada vez más a una triste prisión donde ni siquiera puedes ver la televisión en paz. ¿Conseguirán imponernos su mentalidad aldeana?
Joan Gari es escritor. Su última novela es ‘La balena blanca’
Ilustración de Miguel Gallardo
