Joan Herrera
Secretario general de ICV
Nichi Vendola
Presidente de la Puglia y de Sinistra Ecologica Libertà
Ilustración de Diego Mir
Han entrado en crisis todos los diagnósticos de las clases dirigentes. Todos. No se percataron de la insostenibilidad de nuestro modelo económico y social, basado en la redistribución de la riqueza hacia arriba y el endeudamiento masivo de las clases populares. No se están dando cuenta de la imposibilidad de mantener los actuales patrones de producción y consumo y nos dirigen a toda velocidad hacia las próximas crisis, que serán energéticas y climáticas. Apoyaron a los dictadores árabes porque creían que la estabilidad era más importante que la democracia; y la estabilidad se evaporó en el lapso de semanas. No prestaron atención a los efectos que sobre la salud del conjunto del cuerpo social tienen la precariedad, el individualismo y la desaparición de la dignidad del trabajo. Permanecen ciegos ante el sufrimiento provocado por la volatilización de la piedra de toque sobre la que se reconstruyó Europa en la segunda mitad del siglo XX: el nexo entre la libertad y el trabajo, entre el pluralismo y la igualdad. Estamos ante una auténtica crisis de la capacidad de las clases dirigentes, políticas, económicas y mediáticas, para entender de algo que no sean sus intereses particulares más inmediatos.
Sin embargo, si alguna estrategia ha quedado obsoleta en los últimos tiempos es la que las élites han mantenido con respecto al proceso de integración europea. Una estrategia consistente en presentar una imagen despolitizada y tecnocrática de la Unión Europea, en sostener que todo lo que hace la UE es bueno, políticamente neutro o culpa de otro e inevitable. Una versión del proyecto europeísta que exagera cualquier avance y desprecia al que señala sus carencias, incluidas las que se han revelado más peligrosas para la estabilidad de la zona euro y el Estado del
bienestar. Una idea de Europa que la ha querido elitista y alejada de la ciudadanía, que ha laminado su calidad democrática y le ha restado capacidad para acoger relatos diversos, regalando así la expresión del malestar a las fuerzas euroescépticas.
Además de fracasada, esta es una estrategia mentirosa. A pesar de las apariencias, el gobierno de la UE, en manos de la derecha, ha politizado sus decisiones como en ningún otro momento de la historia de la integración europea. Véanse las directivas sobre el tiempo de trabajo, la de retorno de inmigrantes y la de liberalización Bolkenstein, o el Pacto del Euro, calificado por Jacques Delors como la propuesta más reaccionaria jamás salida de la Comisión Europea. Y no obstante, la UE debe ser el único espacio democrático en el que hay gobierno pero no oposición. Bruselas es la capital del mundo democrático en la que menos voces
disonantes se escuchan. En nombre de un falso consenso europeísta, ubicado cada vez más a la derecha, amplios sectores progresistas han abdicado del combate político y evitan abanderar un proyecto progresista y federalista para la Unión Europea.
Hay que romper esta dinámica. Es urgente tejer las alianzas sociales y políticas necesarias para hacer emerger con fuerza un relato alternativo sobre Europa y atajar esta etapa de derechización y desorientación de la UE. El futuro del proyecto europeísta, del Estado del bienestar y la propia recuperación de la economía requieren de una UE que cuente con un auténtico gobierno económico. La atención que prestan los llamados mercados a las decisiones del directorio Sarkozy-Merkel demuestra la necesidad de más, no menos, mecanismos de gobierno de la economía europea. La capacidad del Banco Central Europeo para atenuar la presión sobre la deuda soberana italiana y española este verano demuestra la necesidad de más, no menos, intervención pública en la recuperación de la economía. Incluso desde este limitadísimo punto de vista hace falta efectuar un giro a las políticas económicas de la UE y reforzar sus competencias.
Pero seamos serios sobre esto. Las propuestas que se están manejando representan todo lo contrario a un gobierno económico para la UE: reducen las capacidades de los viejos estados, pero no generan capacidades equivalentes en el nivel de la UE. Imponen un corsé neoliberal para las políticas económicas de los estados, en vez de reforzar federalmente la polis en su combate contra la city.
Un gobierno económico que merezca este nombre debe contar con un presupuesto relevante, con capacidad para recaudar impuestos y con capacidad para endeudarse. Y debe rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, si quiere ser un gobierno democrático. Hace falta también democratizar el Banco Central Europeo y modificar su estatuto para que su mandato incluya el impulso de la economía y el empleo. Sólo con estos elementos es posible dotar la Unión Económica y Monetaria de una arquitectura institucional sólida, desarrollar políticas anticíclicas de impulso económico y cambio de modelo productivo, recuperar espacios para el gobierno democrático de la economía y revertir las políticas que han recortado la carne viva de los derechos sociales.
Los tiempos son duros, pero los hemos vivido peores. En 1941, los antifascistas y europeístas Altiero Spinelli y Ernesto Rossi, recluidos en Ventotene, terminaban su manifiesto afirmando que “la vía que hay que recorrer no es fácil ni segura. Pero debe ser recorrida y lo será”.
Joan Herrera
Secretario general de ICV
Ilustración por Enric Jardí
Hasta hace muy poco se ha dicho que la reivindicación a favor de una mayor y una mejor democracia poco tienen que ver con una salida de la crisis. Bajo el lema del “es la economía, estúpido” nos venden que no hay más alternativas que el ajuste duro, a golpe de recortar derechos. El esquema es bien sencillo, vender un producto, como si de consumidores –que no ciudadanos– se tratara. Esconder las políticas más duras para después aplicar un programa de recortes que nunca se anunció sin darse cuenta de que estas prácticas ponen en crisis el pacto democrático.
Este es el esquema que se viene aplicando. En Portugal, en Grecia, en España o en Catalunya. Se ganan las elecciones –Mas es el último ejemplo– con un programa vago y con muy pocas concreciones, pero con la promesa de no afectar los derechos fundamentales. Después se aplica un programa de recortes sociales injustos, renunciando a cualquier política de ingresos y con la legitimidad de las urnas que le avalaron. Y en su justificación se explica que son los mercados, las reglas del juego, las que acaban imponiendo el esfuerzo, cuando no el dolor, de la mayoría de la ciudadanía y el nulo sacrificio de quienes crearon la crisis. Y así, la mercadocracia se impone sobre la voluntad de la gente, impone reglas, se pierden derechos, y al final, sin recuperación económica alguna, nos encontramos con sociedades más desarmadas y más vulnerables ante el juego especulativo de los que acabaron imponiendo las reglas del juego. Cada uno de los gobiernos, con mayor o menor entusiasmo, acaban por acatar sus consignas independientemente del coste y de las consecuencias, sin ser capaces de articular una propuesta a escala europea que limite el juego de los especuladores.
Pero la mercadocracia no sólo tiene consecuencias económicas, sino que tiene un claro efecto negativo sobre el funcionamiento democrático, limitando claramente su alcance. A ello se le suma un funcionamiento obsceno, que provoca la indignación de la sociedad cuando los bancos que se atreven a dejar sin vivienda a personas que no pueden pagar una hipoteca, o cuando quien da lecciones sobre las reformas, puede acabar siendo un defraudador pertinaz a Hacienda.
Lo más grave es que el dominio de la mercadocracia tiene por el momento un efecto colateral extraordinario: la pérdida de legitimidad de la política a ojos de buena parte de la ciudadanía, la desmovilización del electorado de izquierdas, el incremento de la abstención y del voto en blanco. Y al final las opciones conservadoras son las grandes ganadoras de las elecciones, se hacen con todo el poder, aun cuando no tienen muchos más votos –como se ha visto en las municipales–, por el hundimiento de quien no plantea alternativa alguna, haciendo políticas de ajuste aún más duras e incrementando el alejamiento de parte de la sociedad de las políticas que se llevan a cabo.
La cuestión es cómo podemos salir de este círculo que supone un paulatino debilitamiento democrático. La primera batalla está en la construcción de un nuevo sujeto social y político a escala europea, que nos permita dar la batalla allá donde se produce. Si buena parte de la política económica se decide a nivel europeo, cuando no a nivel mundial, necesitamos de una sociedad articulada política y socialmente en el mismo marco. Lamentablemente poco podemos esperar de la socialdemocracia europea, habiendo renunciado desde hace décadas a discutir las políticas económicas. Creo que es mediante una movilización europea como una huelga general, como plantea la Confederación Europea de Sindicatos, como se podría empezar a construir un nuevo polo político y europeo de exigencia democrática y social.
La segunda batalla creo que debería traducirse en llenar todos los espacios que promueven alternativas de cambio social. Eso significa ir mucho más allá del ámbito político e institucional, creando nuevos espacios de consumo, de creación, de articulación de sociedad, y eso interpela claramente a partidos e instituciones, especialmente a gente de izquierdas, para que entendamos que hoy la política debe ir más allá del ámbito institucional. Pero, a su vez, hay que dar la batalla en todos los espacios, también los institucionales, donde se deciden políticas claves como el acceso a la educación o a la sanidad, interpelando a aquellos que de partida entienden que es mejor no dar la batalla en los marcos institucionales.
Finalmente, creo que es urgente una reforma en profundidad de nuestro pacto democrático. En un momento de crisis profunda, ya no vale con un modelo que se base en el “tú vota, que yo administro”. Debemos crear un modelo que sea capaz de combinar elementos de democracia representativa y democracia participativa, con consultas regulares que avalen o rechacen políticas, que añadan o quiten legitimidades, a no ser que se quiera imponer medidas sin consenso social, ignorando que esta imposición puede acabar en un fracaso económico y social y con una fuerte degradación democrática. Y por último los partidos, especialmente los que apostamos por transformar la sociedad, debemos ceder poder a la ciudadanía: primarias donde participen no sólo los militantes, listas abiertas y mecanismos de control del cumplimiento programático, entre otros, son hoy debates y cambios impostergables.
Todo esto o dejarnos llevar por las reglas de la mercadocracia, asumiendo el riesgo de que al final acaben por saltar las costuras, las sociales, las democráticas e incluso las convivenciales.
En este marco es donde debemos situar nuestra responsabilidad política ante el creciente dominio de la mercadocracia. En el conjunto del Estado es necesario un nuevo polo de izquierdas y ecologista que sitúe en la agenda política transformaciones profundas de nuestro sistema político y de nuestro modelo económico. Para ello habrá que conjugar novedad, la novedad que aportan proyectos de izquierda verde renovada que hoy emergen con diferentes formas en Europa y España. Y también unidad, realizando todos los esfuerzos unitarios con quienes compartan el objetivo de construir alternativas.
JOAN HERRERA
En época de crisis es justo y razonable exigir el esfuerzo de todos, y especialmente de los que más tienen. Muchos hemos creído siempre en la necesidad de intervenir y regular el mercado, cosa que se ha acabado aceptando incluso en los sectores más liberales. Pero, en lugar de refundar el capitalismo o reformar la lógica de los mercados, el mercado ha reformado al Estado. El Gobierno ha optado por saciar al mercado, como si la diferencia entre unos y otros tan solo pasase por la velocidad a la que se arrodillan ante los grandes inversores.
Se dijo, en uno de los países con menos esfuerzo fiscal de nuestro entorno, que bajar impuestos era de izquierdas, y se hicieron reducciones fiscales por valor de 30.000 millones de euros. Al final, las consecuencias son que el Gobierno ha optado por la opción del recorte sin revisar la política de ingresos.
Con los ajustes, el Ejecutivo ha aceptado el dogma de acabar con el problema del déficit únicamente por la vía del gasto, con una propuesta muy poco racional. En primer lugar porque es antieconómica debido a la renuncia prematura a la inversión, lo que nos puede llevar de la recesión a la depresión económica. Y, en segundo lugar, porque es una propuesta que conlleva graves consecuencias sociales en terrenos tan relevantes como las pensiones, la dependencia o la rebaja del sueldo de los funcionarios, aceptando que la lógica del ajuste se debe basar en los ajustes salariales, empezando por los empleados públicos, para después seguir con la bajada salarial de todo aquel que mantenga un empleo.
Pasada ya una semana, y por si esto fuera poco, el Gobierno lanza un nuevo mensaje: ahora toca la reforma laboral, asumiendo que los ajustes se tienen que hacer con el esfuerzo de los asalariados. No sitúa reflexión alguna en torno a nuestro principal problema: la falta de crédito a empresas y familias –en el que sí hay un diferencial negativo respecto a Europa– ni aborda las reformas y exigencias que se necesitan en el sector financiero. También se dice que llegará una propuesta para que pague quien más tiene, pero sin plazos ni propuestas concretas, y con el sospechoso balance de haber presentado como única medida de progresividad fiscal la reforma de la ley Beckham, modificación aprobada a propuesta de quien escribe.
El presidente del Gobierno siempre ha reivindicado su tradición de la izquierda, de un fuerte republicanismo cívico. Pero, en cambio, es en el momento de mayor ofensiva de los valores de la derecha, de propuestas de ajustes más duros e injustos, cuando Zapatero ha decidido desertar del terreno de la izquierda, de desarmarla, y de rendirse al ajuste duro, irracional, injusto y no equitativo.
Podríamos ahora esperar a que concrete las propuestas para que pague más quien más tiene, mientras los ajustes duros se materializan. Incluso es posible que en cuestión de días podamos encontrarnos con alguna medida concreta. Pero creo que lo que nos toca a la gente de izquierdas y de progreso es definir otros caminos por los que transitar. Se puede equilibrar el déficit sin recortes sociales, con una política de recorte del gasto distinta y sobre todo con una reforma fiscal justa, progresiva y ambiental. En los próximos días, diferentes grupos de la izquierda debemos señalar la política fiscal que se puede hacer: recuperar un impuesto sobre la riqueza; reformar el IRPF, introduciendo un nuevo tramo del 50% para los ingresos superiores a 8.000 euros mensuales. Podemos diferenciar la fiscalidad de las sociedades productivas de las meramente instrumentales, sin trabajadores a cargo, que sirven exclusivamente para pagar menos impuestos. Se debe crear un nuevo tramo del impuesto de sociedades para las empresas que ganen más de 1.000 millones de euros al año. Esta semana se discutirá una proposición de ley, trabajada con todas las organizaciones ecologistas, sobre fiscalidad ambiental, que bajo el concepto de que quien contamine pague, evite la externalización de los costes ambientales, que acaba asumiendo el conjunto de la sociedad. Es urgente un plan de choque contra el fraude fiscal y la lucha contra la economía sumergida, que en España alcanza porcentajes récords respecto al resto de Europa. Son posibles propuestas que permiten centrar el debate sobre el mercado del trabajo en la disminución de la precariedad; el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; reformas en el sector financiero que garanticen el acceso al crédito a familias y pymes; la reforma del sector eléctrico para adelantarnos a la crisis energética y, en clave europea, introducir fiscalidad sobre las transacciones.
Si el presidente ha tirado la toalla, el resto de la sociedad no puede hacer lo mismo. No es idealismo, es responsabilidad. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones en votaciones en el Congreso, en movilizaciones, en propuestas serias y rigurosas. Podemos ser más fuertes y útiles a los ciudadanos si, desde nuestra pluralidad, nos unimos más y mejor cuando haga falta. La mayoría de ciudadanos de este país se siente de izquierdas, pero sobre todo, y lo más relevante, es que son trabajadores, pensionistas, personas sin empleo, jóvenes, estudiantes y precarios. A ellos les debemos una respuesta, porque fueron ellos los que nos eligieron para representarlos, no los mercados. Más allá de los partidos, estamos al servicio de esos ciudadanos. Hago esta propuesta como secretario general de ICV, como diputado en el Congreso. Pero, sobre todo, porque siento que esta propuesta la comparto con miles de ciudadanos.
Joan Herrera es secretario general de ICV y diputado en el Congreso de los Diputados
Ilustración de Patrick Thomas
JOAN HERRERA
En estos días de crisis global, el Gobierno socialista y la oposición popular sacan pecho poniendo como ejemplo a seguir la regulación del sector financiero español. Durante una larga década, decidimos vivir de la dependencia del ladrillo, sin cambiar el modelo, sin ponerle límites y sin buscar recambio. Crecimos como nunca, pero no sirvió para cambiar nuestro modelo. Consolidamos nuestra dependencia energética, más del 80%, y superamos todos los límites en emisiones de CO2, mostrando la insostenibilidad de nuestro sistema.
Y ahora tenemos que afrontar la peor de las crisis que hemos vivido con un factor diferencial: el fuerte endeudamiento familiar, más de 666.000 millones de euros que, sumados a la deuda de promotores y de constructores, superan el PIB de todo un año.
Estos datos contrastan con las cifras de aquellos años en los que no se quiso poner límite al endeudamiento mediante la legislación monetaria e hipotecaria, algo que sí se llegó a hacer en otras legislaciones europeas. A este grave problema, se suma un empleo de mala calidad y fácil de destruir. La consecuencia: los peores datos del paro de nuestra historia, al superar los tres millones de personas desempleadas –que incluso pueden llegar a ser cuatro millones– y con una tasa de cobertura en retroceso.
Ante la debilidad del consumo y la inversión privada, es hora de tirar del carro desde el sector público. Y aquí no valen las recetas desreguladoras o desfiscalizadoras. Se necesitan políticas anticíclicas que orienten la inversión al cambio de modelo, a garantizar el mantenimiento de la ocupación y evitar los cantos de sirena de aquellos que, aun a sabiendas de que las causas de la crisis no están en los salarios o en la inflexibilidad laboral, pretenden ahora desregular aún más y contener salarios ya de por sí muy bajos.
Y el problema es que las soluciones que se han dado han sido desordenadas, insuficientes y –algunas– mal orientadas, con más de 20.000 millones de gasto en políticas de desfiscalización. Sin embargo, la situación reclama una inversión social que permita afrontar de una vez iniciativas pendientes, tales como un plan de rehabilitación energética de viviendas, el fomento de la vivienda social, el cuidado de nuestros espacios naturales, el correcto desarrollo de la ley de dependencia, la promoción de las energías renovables, la construcción de equipamientos –sanitarios, educativos, culturales, deportivos y asistenciales– o la generación de redes de transporte público, tanto urbano como interurbano.
Lamentablemente, el Estado, con todas y cada una de sus administraciones –Administración General del Estado, autonomías y municipios–, ha reducido sus ingresos debido a la política fiscal basada en regalos a los ricos que ha llevado a cabo en los últimos años, con perlas tan destacadas como la eliminación frívola del Impuesto sobre el Patrimonio o la reducción de los tipos máximos en el IRPF, favoreciendo, según el último informe de la Fundación de Cajas de Ahorro, a las rentas más altas.
Fiarlo casi todo a la imposición indirecta y a la vinculada a la construcción, sumada a la fiscalidad sobre las nóminas, supuso ingresos en las épocas de crecimiento, pero ha acabado representando el principal problema para responder con políticas anticíclicas como ahora se necesitan.
Deberíamos recurrir a la deuda pública, pero para hacer una política más efectiva y menos efectista, acometiendo una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que permita un mayor déficit del Estado. En 1993, una crisis que era como un estornudo comparada con la actual, significó un déficit público que se situó en torno al 6%.
Hoy, en un escenario mucho más duro, el ministro de Economía nos deja en la impotente resignación de no tener mayor recorrido para el gasto, por no poder soltarse el corsé de una ley de estabilidad presupuestaria y un Pacto de Estabilidad presupuestaria que no tienen ningún sentido.
Se tendría que exigir más a las entidades financieras españolas, las cuales, incluso hoy, presumen de inmensos beneficios y prometen mantener los dividendos, si bien reconocen problemas de liquidez. No parece razonable que estas vayan a recibir una inmensa cantidad de recursos públicos sin que se den con transparencia, sin contrapartida alguna y sin garantías de que esos recursos servirán para que los bancos concedan créditos a empresas y familias.
Es sorprendente cómo hoy una medida como la ampliación de una hipoteca con el correspondiente pago de más intereses tenga que ser cubierto por el Instituto de Crédito Oficial, pudiendo ser simplemente una contrapartida que deberían ofrecer las entidades financieras tras sacarlas el Estado de tantos apuros.
Por el contrario, el plan de rescate del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasa por ser el que menos exige a las entidades y el único que no da detalles sobre a quién va dirigido. Ya sabemos que este Gobierno no lee a John M. Keynes, pero no estaría mal que, cuando menos, imitase a Gordon Brown.
Un Gobierno que se reclama de izquierdas debería ofrecer a la ciudadanía una agenda social de fuerte impacto y crear empleo, con el consecuente desarrollo de la ley de dependencia. Asimismo, debería asentar un modelo que no lo confiase todo a la obra pública, especialmente aquella que nos hace mas dependientes del petróleo, y que se centrase más en la reconversión ecológica de nuestra economía, pasando de la química del hormigón a la física de la movilidad. Para ello, resulta imprescindible un giro a la izquierda con políticas anticíclicas y con un mayor acento en la necesidad de inversión pública.
Joan Herrera es Diputado y portavoz de ICV en el Congreso
Ilustración de Miguel Ordóñez
JOAN HERRERA
LADISLAO MARTÍNEZ
Algo falla en el sector eléctrico, porque en un marco de teórica competencia casi todas las compañías con presencia en el sector ofrecieron cifras de beneficios récord, obtenidos en un mercado que funciona en competencia (y que por tanto debería tender a optimizar/bajar los precios), al tiempo que el Gobierno reconocía un déficit tarifario acumulado de unos 8.000 millones de euros hasta finales de 2007 y una previsión de 4.800 para 2008, dinero que acabaremos pagando a las eléctricas a través de la tarifa.
La explicación más repetida es que los beneficios crecen espectacularmente en tiempos de dificultades por la falta de competencia. Se señala que dos empresas (Endesa e Iberdrola) acaparan casi el 80% del mercado. Pero se omite que hay bastantes competidores en generación (Unión-Fenosa, Hidrocantábrico, Enel-Viesgo, Gas Natural y algunas otras multinacionales foráneas) y que el sistema de oferta competitiva funciona desde hace ya más de 10 años. Y la realidad es que la electricidad acaba siendo un negocio redondo. Los beneficios son astronómicos y después les pagamos la diferencia por unas tarifas fijadas a priori por el Gobierno bastante inferiores a los precios resultantes del sistema de oferta competitiva con que funciona el mercado.
Menos publicitado fue el balance ambiental del sistema eléctrico también en 2007, que resultó desastroso. Pese a que la demanda creció de forma algo más moderada, las emisiones del sector crecieron de forma significativa quebrando la prometedora tendencia a la baja de 2006. O dicho con números, los 11.375 MW de carbón que según Red Eléctrica había en el sistema peninsular a final de 2007 generaron 71.846 GWh, mientras que los 20.955 MW de gas sólo produjeron 68.308 GWh. Esto es, las nuevas centrales de gas pararon para que produjeran las viejas y contaminantes centrales de carbón. Esto tuvo otro efecto colateral y es que se volvió a incrementar la emisión de contaminantes ácidos (SO2 y NOx) en las centrales antiguas.
Por nuestra parte creemos que el responsable de la paradójica situación económica del sector y de su desmesurado impacto ambiental es el absurdo sistema de oferta competitiva (diseñado por Josep Piqué y las principales compañías del sector en 1996), absolutamente inaplicable en un sector que posee elementos de monopolio natural (redes de transporte), largos periodos de maduración de las inversiones y limitaciones ambientales acordes con los daños que produce. Si en periodos de bajadas espectaculares de costes (96-03) el sistema parecía funcionar, ha mostrado todas sus carencias cuando se ha revertido la tendencia y los mercados internacionales han provocado subidas de las materias primas energéticas. Y todo ello combinado con apenas instrumentos de intervención.
Ahora el Gobierno ha limitado la subida de tarifas eléctricas al 3,3% para 2008, pero no existe ninguna duda razonable de que, tras las elecciones habrá nuevas subidas… ¡y no necesariamente moderadas! En este sentido hay que interpretar el voto favorable del PSOE a que se tramite como ley en la próxima legislatura el decreto ley que permite descontar los permisos (que no derechos) de emisión de CO2 de los ingresos de las compañías eléctricas, incumpliendo de paso el compromiso adquirido con IU-ICV. Tememos que se negocie con el sector eléctrico para compensarle de una actuación plenamente justificada para limitar sus abusos.
Para hacer justicia hay que indicar que los precios de productos energéticos no regulados administrativamente (combustibles) han subido espectacularmente. Y que una evolución parecida han sufrido las materias primas de producción de electricidad (gas natural, carbón y uranio). Pero no debería permitirse una subida importante sin que al tiempo las compañías moderen sus estratosféricos beneficios. No parece razonable que Endesa señale en su web que, descontados los ingresos atípicos, el resultado de los nueve primeros meses de 2007 habría crecido el 13%. En España y Portugal, comparando en términos homogéneos con el ejercicio anterior, el beneficio neto creció un 21%. Iberdrola logró hasta septiembre un beneficio neto de 1.613 millones, el 30,5% más. Y Unión Fenosa afirma que su beneficio neto creció un 39,8%, hasta 704 millones, en los nueve primeros meses de 2007. Si la sociedad debe hacer un esfuerzo pagando precios mayores, ellos deben corresponder moderando los beneficios.
La modificación de la ley eléctrica que se concluyó al final de la pasada legislatura (con el voto favorable de PSOE, CiU y PP) no ayuda a mejorar las cosas. Por ejemplo, se amplia el marco de actuación del mercado y se restringe el de la administración, que se limitará a fijar las tarifas de último recurso. Si esta ley estuviera ya en vigor el Gobierno no tendría ningún problema político, pero la electricidad sería en torno a un 25% más cara. Eso es lo que “dice el mercado”, y no nos parece la postura más sensata. La subida de tarifas debería hacerse además de forma pedagógica: premiando a quien consume racionalmente y castigando el derroche. Hoy es el momento de plantear otro modelo energético, y para ello es el momento de redefinir completamente el sector apuntando a otro tendente a satisfacer las demandas de servicios eléctricos de la sociedad con consumos tan bajos como resulte posible. Un país que importa casi todas sus materias primas eléctricas (incluido todo el uranio con que funcionan sus centrales nucleares) no puede proceder de otra manera. Debe apostarse por el ahorro, el uso eficiente de la electricidad, la revitalización del papel de lo público y la promoción de las energías renovables. Las únicas de bajo impacto, tecnología propia avanzada y recurso abundante.
Joan Herrera es candidato de ICV-EUiA a las próximas elecciones generales
Ladislao Martínez es portavoz de Energía de Ecologistas en Acción
Ilustración de Iván Solbes
JOAN HERRERA
Se da por hecho que actualmente en España vivimos en una democracia plena, avanzada, absoluta, y se considera que ésta ha sido la legislatura en la que se ha avanzado más en materia de derechos. Se habla de las conquistas de estos años (el matrimonio entre personas del mismo sexo) y se conocen las renuncias (el aborto, el derecho a morir con dignidad). Sin embargo, uno de los derechos más elementales de la ciudadanía, el derecho de votar y ser votado, está fuera del debate en nuestro Estado, que ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. Las decisiones que tomamos no las decide el conjunto de la sociedad, ya que son muchos los ciudadanos y ciudadanas que pagan religiosamente sus impuestos pero no pueden votar ni ser votados, ni siquiera en las elecciones municipales. Por mucho que nos duela reconocerlo, vivimos en una democracia amputada.
La ausencia de un derecho tan básico como el votar obliga a amplios grupos de nuestra sociedad a vivir al margen de la cosa pública. Conlleva, además, que a ciertos gobernantes y candidatos pueda serles indiferente hacer o no una política hacia esos colectivos determinados. Algunos se instalan en el cálculo electoral de ignorar a aquél que sabe que nunca le va a poder votar e incluso, como Duran, hacen un discurso que roza lo xenófobo, por el simple cálculo electoral. El derecho de voto es por tanto el mejor de los antídotos contra la exclusión.
A este argumento, de mayor cohesión social, se le suma el de calidad democrática. No nos podemos permitir, especialmente en las elecciones municipales, que haya barrios, pueblos y ciudades con una amplia porción de sus vecinos que no opinan sobre cuál va a ser su futuro. A las mismas obligaciones, los mismos derechos. Así lo reclama el Manual Europeo de Integración de Inmigrantes, y el Convenio sobre la Participación de los Extranjeros en la Vida Pública Local de 1992 concluye que los extranjeros con voluntad de permanencia deben tener los mismos deberes que los nacionales, y que su participación política es la mejor vía para facilitar su integración en la comunidad local.
Mientras, en nuestro entorno más inmediato, son varios los países que reconocen este derecho en las elecciones municipales. Lo hacen Irlanda, Suecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Finlandia; en España se da la paradoja de que una persona inmigrada puede votar y ser votada, pero se niegan las reformas legales para avanzar en derechos políticos.
Para que ello sea posible, en España habría que eliminar algunos obstáculos legales. El primero de ellos, la reforma del artículo 13.2 de la Constitución. Éste establece mediante el principio de reciprocidad que, para que un ciudadano extranjero pueda votar en España, un español tendrá que poder ejercer el voto en el país de origen. Dicho, claro y alto: allí donde no hay democracia, el ciudadano de ese país se fastidia. Ni pudo votar en su país de origen ni puede votar en su país de acogida. Si la democracia exige la participación de los inmigrantes con residencia estable y la CE contiene una condición de reciprocidad que prácticamente imposibilita el sufragio, la única salida lógica es la reforma de la Constitución.
Mientras la reforma constitucional no se produce lo urgente sería la realización de convenios bilaterales con aquellos países con un mayor número de inmigrantes en nuestra sociedad, permitiendo que ese gran número de ciudadanos no se quede al margen de la vida pública y política. A medio y largo plazo, deberíamos empezar a interrogarnos si tiene sentido esa asociación entre derecho de voto y nacionalidad, en sociedades en las que los derechos políticos, sociales, deberían ligarse a la simple ciudadanía.
Ante la necesidad de avanzar y a pesar de la insistencia de SOS Racismo y de muchos otros colectivos, en España no ha habido ningún paso adelante. Así, el único país extracomunitario con el que España ha firmado y ratificado un convenio para poder votar en las municipales es Noruega. Empezamos llevando el debate al principio de legislatura, alejado de los comicios, y se nos dijo que no. Volvimos a insistir, y se aprobó una declaración genérica, pero no hubo voluntad política. Conseguimos que finalmente el PSOE firmase una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a la firma de convenios bilaterales con aquellos países con mayor número de inmigrantes, y se llevaba al Consejo de Estado el artículo 13.2. Pero mandaron parar el debate. Finalmente, en la Subcomisión que ha tratado estos temas en el Congreso, y a pesar de que finalmente no hubo conclusión alguna, lo primero que acordaron los partidos mayoritarios fue suprimir una vaga referencia al derecho de voto.
Nuestras ciudades cambian, y parte de nuestros vecinos ni se sienten ni son interpelados a tomar decisiones, mientras nosotros continuamos con ese tópico y retórico reto de la inmigración. Éste no es un debate de izquierdas y derechas, es una discusión básicamente democrática. Y estar por el derecho de voto es básicamente de demócratas. En los próximos días, este debate será en el mejor de los casos uno más, pese a ser unos de los principales problemas y el principal reto para la calidad democrática de nuestra sociedad.
Republicanismo cívico, un Estado laico es al fin y al cabo más y mejor democracia. Poder decidir cómo morir con dignidad, ser mujer y decidir libremente la maternidad, haber llegado desde lejos, y haber optado por quedarte, con todas las obligaciones, y con el derecho a decidir sobre tu futuro, conforma una sociedad plena. En los próximos meses, el debate está en cómo conseguirlo. Y la vía no parece que sea guiñándole el ojo a una opción más conservadora que nacionalista como es CiU, o poniendo paños calientes en la relación con la iglesia. La respuesta parece sencilla: conseguir un polo mayor de exigencia social, ambiental, pero también democrática en el próximo Congreso de los Diputados.
Joan Herrera es portavoz de IU-ICV en el Congreso
Ilustración de Patrick Thomas
JOAN HERRERA Y RAÚL ROMEVA
Cuando en el año 2004 se produjo el cambio de Gobierno en España, eran muchas las expectativas que se despertaron en distintos ámbitos ante la posibilidad de que se produjera un cambio de modelo, una transformación social ecológica y democrática. En el sector agrícola, organizaciones agrarias y especialmente entre los productores ecológicos y movimientos ecologistas, eran muchas las esperanzas de desterrar el uso de los transgénicos en España, el país de la UE con mayor implantación gracias a las políticas del PP.
Bien, cuatro años después de que el PSOE llegara al poder la situación es, si cabe, peor. Aunque el Gobierno no ha hecho pública la cifra de superficie cultivada de maíz transgénico en el año 2007 (a pesar de la obligación legal de la Unión Europea al respecto), según las estimaciones realizadas por Greenpeace este año serán sembradas en España entre 65.000 y 70.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente. Esta cifra representa el 20% del total del maíz cultivado en España y la cifra más alta alcanzada en la última década.
Estas cifras son todavía más graves si nos centramos en Catalunya y Aragón. En Catalunya se concentran 20.000 hectáreas de maíz transgénico, lo que representa el 50% del total del maíz sembrado.
Desde que finalizó la moratoria aplicada por la UE para la autorización de nuevas variedades de maíz transgénico, el Gobierno español, a través del Ministerio de Agricultura, ha tenido un papel activo en la aprobación de nuevos organismos modificados genéticamente (OGM). La prueba más reciente es el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 26 de septiembre, donde España votó a favor de tres nuevos productos transgénicos en los que existen serias dudas sobre su seguridad general.
Esta situación no es de recibo. La proliferación de los transgénicos para uso comercial tiene un importante impacto a tres niveles.
En primer lugar el impacto sobre el consumidor, que carece de una información real sobre lo que está comiendo. Debemos implementar normativas que permitan una trazabilidad real en la cadena alimentaria y un etiquetado que permita a la población el derecho real a escoger qué quiere comer. Aquí la Comisión Europea juega en nuestra contra, ya que sólo obliga a etiquetar un producto como transgénico cuando contiene más de un 0,9% de organismos modificados genéticamente en su composición. Hoy es técnicamente posible detectar transgénicos en un alimento hasta en un 0,01%. A pesar de las continuas reivindicaciones de los agricultores y movimientos ecologistas, y de nuestras demandas, la Comisión sigue mirando hacia otro lado.
En segundo lugar sobre el medio ambiente y sobre la agricultura. El maíz transgénico ha contaminado ya cultivos de maíz convencional y ecológico (por ejemplo en Catalunya, Aragón y Castilla-La Mancha). Esto tiene un fuerte impacto sobre la biodiversidad y pone en riesgo las variedades de maíz autóctono. Durante mucho tiempo, la coexistencia de los distintos cultivos ha sido presentada como la gran solución. Los hechos están demostrando que hoy la convivencia de los OGM con los productos sin transgénicos a lo largo de la cadena alimentaria es una quimera.
Al mismo tiempo, el propio Gobierno reconocía que en el año 2005 en España se sembraban variedades de maíz transgénico (Bt176) cuya comercialización está prohibida por la UE desde diciembre de 2004, por tener genes que permiten generar resistencia a antibióticos como la ampicilina.
Finalmente, los transgénicos tienen un fuerte impacto económico. Dichos cultivos benefician a grandes multinacionales que los desarrollan y comercializan. Esto tiene graves consecuencias sobre los agricultores, que pierden el control sobre sus cosechas, e impone un modelo agrícola basado en el monocultivo. Tenemos ya experiencia de los estragos que esto está causando entre los agricultores de los países del sur.
España es hoy el granero de maíz transgénico de toda Europa, y puede ser el único país de la UE donde se permita el cultivo de variedades transgénicas para uso comercial, después del compromiso del Gobierno de Rumanía con las organizaciones ecologistas para acabar con esta situación en su país. Hoy, en toda Europa, numerosas regiones se han declarado libres de transgénicos y algunos gobiernos han aprobado medidas legislativas que dificultan en gran medida la siembra de cultivos transgénicos (por ejemplo en Alemania, cuando los Verdes gestionaban las políticas agrarias y medioambientales en este país).
Todo este escenario dibuja un negro panorama para la agricultura española. Si queremos ser económicamente competitivos y dar una opción de futuro al campo y a nuestros agricultores, el objetivo debe ser la calidad. Los transgénicos no tienen cabida en esta apuesta por la calidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de la población del Estado, según el Eurobarómetro, rechaza su uso para la alimentación.
No sirven recetas antiguas, hoy producir más no es necesariamente ser mejor. Producir productos ecológicos, que tienen un alto valor añadido en el mercado interior y exterior, a la vez que son respetuosos con el medio y la biodiversidad, es la mejor estrategia para relanzar nuestra agricultura.
Por ello, en las próximas semanas nuestro grupo parlamentario en el Congreso (IU-ICV) presentará una propuesta para que el Estado español tome la senda hacia un nuevo modelo agrícola y apueste por una agricultura sin transgénicos.
Si no prosperamos en nuestro empeño antes de finalizar la presente legislatura, esperamos que las próximas elecciones alumbren un nuevo escenario y nuevas sensibilidades que permitan un cambio de modelo. Nosotros trabajaremos para ello.
Joan Herrera es Diputado de ICV
Raúl Romeva es Eurodiputado por ICV
JOAN HERRERA TORRES
Esta legislatura tenía diversos retos; entre ellos, el de las políticas a favor de la memoria democrática. La demanda de políticas por la memoria democrática se convirtió en una exigencia, por la sencilla razón de ser uno de los rincones de Europa con más años de dictadura a nuestras espaldas, con mayor represión y con menos memoria. Tan sólo el olvido puede explicar que 30 años después de la muerte del dictador, en el aún denominado Valle de los Caídos, en vez de explicar los horrores del franquismo, se exalte la figura del dictador. Un síntoma de esta anomalía es que hoy sectores relevantes del principal partido de la oposición entiendan los 40 años de dictadura como una etapa autoritaria necesaria ante los desmanes de la República.
Esta legislatura podíamos abordar este reto porque las fuerzas políticas hoy mayoritarias en el Congreso reivindicaron desde la oposición la condena del franquismo o la nulidad de las sentencias. Teníamos la demanda y la insistencia de las entidades memorialistas. Y tras la demanda de diferentes grupos parlamentarios, conseguimos renovar el compromiso del presidente del Gobierno. No se trataba sólo de presentar una ley que ordenase lo hecho hasta el momento, sino que tuviese consecuencias políticas y jurídicas en torno a la represión; que entendiese que, además de la memoria individual o familiar, debía existir una política pública por la memoria democrática de nuestra sociedad.
A medida que ha ido avanzando la legislatura, podemos decir que el compromiso inicial del Gobierno y su discurso fueron cambiando. Ante el previsible bloqueo del PP, se pidió tiempo. Después de mucho insistir, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley decepcionante: no había una política pública ni en fosas, archivos o símbolos; como contraprestación a las sentencias de la represión franquista otorgaba, desde un consejo de notables formado por cinco personas, una declaración, sin efecto jurídico alguno, de injusticia de dichas resoluciones. Amnistía Internacional llegó a hablar de una ley de punto final y muchos otros se sintieron decepcionados e incluso traicionados.
Por la insistencia de las asociaciones memorialísticas y nuestro compromiso en la necesidad de que este año hubiera una buena ley, IU-ICV considera que había tres elementos fundamentales para desbloquear la ley y lograr que nos acercase a nuestro puerto de destino. La base del acuerdo del mes de abril era un punto de partida, que aún hoy se tiene que materializar.
El primero era la condena del franquismo, algo que de forma insólita aún no se ha producido en nuestra democracia en ley alguna. Acordamos en la exposición de motivos incorporar una condena en los términos expresados por la declaración de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa.
El segundo era la asunción de políticas públicas para la recuperación de la memoria por parte del legislador, elemento clave si queremos que haya un antes y un después de esta ley, afectando a la política archivística, museística, de fosas o al Valle de los Caídos…
El tercer elemento eran las consecuencias jurídicas de las resoluciones de la represión franquista. El texto acordado en abril suponía un primer paso, cuando expresaba la ilegitimidad de los tribunales, una declaración de ilegalidad de los tribunales de los que se deriva la ilegitimidad de sus resoluciones, privándolos de cualquier eficacia jurídica. Pero aún hoy tiene que concretarse en un acuerdo en la exposición de motivos y en una disposición adicional, que haga posible, para quienes así lo quieran y por la vía del recurso, conseguir la nulidad de las sentencias de la represión.
El texto que se pactó en abril incorporó una nueva disposición adicional que declara la ilegitimidad y la ineficacia de todas los decretos y leyes que supusieron la base legal y pseudojurídica de la represión franquista.
El objetivo, aún no cerrado, es que un nuevo articulado tenga efectos jurídicos y pueda suponer una nulidad derivada de cada una de las sentencias a través del recurso de revisión previsto, lo que de por sí sería un hecho histórico.
Después vendrá la tarea de exigir al próximo Gobierno que haga todo lo posible para que el Ministerio Fiscal y especialmente el Ministerio de Justicia de oficio y acumulando todos los casos soliciten en un recurso de revisión la nulidad de dichas resoluciones, haciendo que el ejercicio del recurso de revisión no tenga que ser necesariamente un ejercicio individual.
Si al final hay ley, será por la insistencia y perseverancia de algunos. Muchas entidades lo han dejado claro, cuando se han dirigido a un Gobirno que sólo ha querido negociar a contrarreloj después de haber aparcado la ley durante meses, después de habernos presentado un mal proyecto de ley.
Y de lo que se trata es de que en un momento decisivo no fallemos. Entendiendo que cualquier ley no nos vale: que la condena, que la recuperación de la memoria, que la trascendencia jurídica de la ley tienen que quedar claras y diáfanas.
La ley de memoria no sólo debe restituir la memoria de las víctimas del franquismo, sino que servirá, una vez aprobada, para que las nuevas generaciones crezcan en una democracia que sólo podrá cerrar heridas si éstas se han curado.
En los próximos días, veremos si por fin llega la hora de cumplir, sin titubeos, y no con un grupo parlamentario como el nuestro, sino con la sociedad. Con una condena expresa y sin tibiezas de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen franquista; con un marco institucional que garantice y dé continuidad a la puesta en marcha de políticas públicas en materia de archivos, símbolos y fosas comunes, y por último, con un redactado que subraye la trascendencia jurídica de la declaración de ilegitimidad, que supone la carencia actual de la vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos dictadas por el aparato pseudojurídico del franquismo.
Joan Herrera es portavoz de IU-ICV en el Congreso de los Diputados.
