JOAQUIM SEMPERE
Durante decenios, el monopolio de la ideología neoliberal ha sido casi absoluto en los medios de difusión, pero después del estallido de la crisis económico-financiera iniciada en 2007 se han difundido diagnósticos y alternativas a la misma con una nitidez sorprendente. Hace tiempo que no se hablaba tan claro públicamente de estos asuntos. Los propios portavoces del neoliberalismo han optado por la discreción y el perfil bajo ante el fracaso de sus fórmulas y previsiones. Pero la claridad y difusión de los mensajes sobre la injusticia y la peligrosidad del capitalismo neoliberal no se traducen en iniciativa ideológica ni política.
Y mientras callan los portavoces del poder, los amos siguen con el business as usual [negociar por encima de todo], como lo ilustran los ataques especulativos contra países enteros y contra los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, sobre todo al percatarse de que no hay apenas resistencia.
Los partidos llamados socialistas han seguido su tónica habitual de plegarse a las exigencias del gran capital internacional, tras haber contribuido con ahínco al desguace de los mecanismos políticos de intervención y reglamentación de la economía en todas partes, de modo que no queda más opción que girarse hacia la izquierda. Pero ¿qué se observa en este espacio político?
Por un lado, una escasa capacidad para atraer votos, unida en muchos casos a la fragmentación. Si se suman los votos de las fuerzas alternativas potenciales, no pasan normalmente del 10%. A los restos de pasadas divisiones (comunistas tradicionales, eurocomunistas, trostkistas), se suman fuerzas nuevas (Parti de Gauche y Gauche Unitaire en Francia, Die Linke en Alemania). En algunas de estas fuerzas nuevas, como en Die Linke, es importante la presencia de disidentes del partido socialista y de algunos sindicatos mayoritarios, con arraigo en sectores de trabajadores.
Se da, además, otra circunstancia grave: la convergencia de rojos y verdes, que pareció cristalizar años atrás, entró en crisis en muchos países. La expresión más visible de esta crisis fue el proceso degenerativo experimentado en Alemania por Die Grünen con motivo de su colaboración con el SPD en el Gobierno federal. Los partidos verdes realmente existentes, y no sólo en Alemania, son hoy una amalgama poco coherente, y en muchos casos no se puede dar por descontado que adopten posiciones sociales de izquierda en los conflictos por venir. El viraje a la derecha de las sociedades europeas no afecta sólo a los partidos socialistas, sino también a los verdes.
Hay, no obstante, un programa implícito que viene siendo formulado desde muchos lugares y que podría ser suscrito por un amplio sector de la opinión pública, en España y en la UE: eliminación de los paraísos fiscales, reforma fiscal hacia la progresividad perdida, tasa sobre las operaciones financieras contra la especulación, homologación de la presión fiscal y de la legislación laboral en toda la UE, intervención pública de los bancos para proteger los ahorros y facilitar créditos a la economía productiva, reducción del gasto en armamento, inversiones masivas en materia de sostenibilidad ambiental (lo que se llama New Deal verde: energías limpias y renovables y técnicas ecológicamente sostenibles), defensa de los derechos sociales y en particular del Estado del bienestar, igualdad de género, lucha masiva contra la pobreza y la exclusión, considerar la inmigración como una oportunidad y no una amenaza.
En torno a estos objetivos se pronuncian muchas voces, desde la izquierda radical hasta sectores de la socialdemocracia (como la Fundación Alternativas por boca de Nicolás Sartorius) y de los sindicatos mayoritarios, de tendencia moderada; desde viejos y nuevos comunistas hasta ecologistas.
En el Parlamento europeo están Los Verdes/Alianza Libre Europea, que agrupa hoy 32 partidos de 29 países, y la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que agrupa 27 organizaciones de 21 países. En estos momentos, los Verdes tienen 55 diputados y la Izquierda, 35. Estos diputados, que representan el 12,2% del total, comparten los objetivos mencionados y podrían ser un referente importante en cada país para dar la batalla en toda Europa.
Pero, para que todo esto se plasme en iniciativa política, hace falta una voluntad unitaria que catalice la acción de los partidos y organizaciones políticas de cada país. Y no sólo esto: más allá de las organizaciones políticas representadas en las instituciones existe una izquierda social multifacética, en la que tenemos grupos políticos extraparlamentarios, sindicatos, asociaciones de vecinos, ateneos y centros culturales, así como redes asociativas varias, incluidas las redes virtuales. ¿Cómo hacer para que toda esta galaxia luche unida contra el neoliberalismo y permita salir de la crisis con el menor daño posible para las clases populares?
Seguramente habría que ponerse de acuerdo en un programa de mínimos como el aquí esbozado y dejar aparcadas las diferencias, así como los prejuicios, las rivalidades, las desconfianzas, los personalismos y los dogmatismos. Si no se comprende que la izquierda verde está gravemente debilitada y acosada y que sin unión todo será en vano, se frustarán las aspiraciones de millones de ciudadanos europeos que vemos con impotencia la marcha hacia el desastre.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Mikel Casal
JOAQUIM SEMPERE
En 2010 se han contabilizado en Catalunya más de 90 cooperativas de consumo agroecológico que agrupan a unas 2.880 “unidades de consumo” (léase familias), que pueden suponer más de 6.000 personas.
El fenómeno es relativamente nuevo. Diez años atrás, apenas existían una decena de organizaciones de este tipo. Se trata de cooperativas de consumidores agrupados para proveerse de fruta, hortalizas, huevos y productos lácteos ecológicos, asociados con cooperativas de campesinos que practican este tipo de agricultura. Buscan alimentos más saludables esquivando los circuitos comerciales elitistas (donde los productos ecológicos son muy caros), pero también un camino alternativo para conectar productores y consumidores sobre bases solidarias fuera de la lógica del mercado –un mercado, por otra parte, cada vez más controlado por unos pocos grupos capitalistas que reproducen y consolidan todos los inconvenientes de una agricultura industrializada, deslocalizada y altamente contaminante que, además, estruja al productor y socava cada vez más la viabilidad de una agricultura familiar y de proximidad–.
La asociación de productores y consumidores, al evitar los altos beneficios de los intermediarios, permite proporcionar alimentos ecológicos a precios más asequibles –aunque, pese a ello, más caros que los convencionales–. En esta asociación, los productores ecológicos, que deben afrontar toda clase de dificultades y carecen de ayudas sustanciales en España (con excepciones como Andalucía), hallan en los consumidores asociados con ellos una garantía de venta para su producción. Las modalidades de compraventa son variadas. Unas organizaciones funcionan con la “cesta semanal” que contiene productos de temporada no encargados previamente. En otras, los socios cooperativistas pueden elegir cada semana (o con la periodicidad que elijan) lo que deseen de entre las producciones ofertadas: la relación puede estar informatizada, lo cual da una gran flexibilidad a la relación entre vendedor y comprador. La intermediación –recopilar los encargos, transmitirlos, transportar los productos y repartirlos en cestas familiares hasta los puntos de venta final– se suele hacer con personal total o parcialmente voluntario. Como puede verse, es un estilo de compra muy distinto del que estamos acostumbrados.
Uno de sus fundamentos es el conocimiento mutuo y la confianza personal entre productores y consumidores. El consumidor puede informarse directamente sobre cómo trabaja el productor. En la red de consumidores más numerosa de la ciudad de Barcelona, que agrupa a unas 300 unidades de consumo, cada año tiene lugar una visita de los socios a la cooperativa agraria que proporciona la mayoría de los productos, durante la que se visita la finca y se hace una comida de hermandad. Durante el resto del año, las cooperativas tienen una vida social más o menos intensa para discutir y organizar las tareas, pero también para otras actividades informativas y formativas.
Los elementos de mutualismo y de economía solidaria pueden adoptar otras formas. El grupo de cooperativas Germinal, por ejemplo, tiene un Fondo Común Solidario con el que financió a su proveedor de pan unas reformas en su establecimiento; el préstamo fue retornado gradualmente.
Estas relaciones de reciprocidad basadas en conocerse, confiar unos en otros y compartir un proyecto común son ya en sí mismas un embrión de socialidad alternativa al individualismo imperante, y también una alternativa al mercado puro y duro, el mercado anónimo e impersonal. En este mercado, la gente no tiene por qué conocerse ni confiar unos en otros. La compraventa convencional es una pantalla negra que oculta todo lo que hay detrás de cada mercancía: cuando comparamos calidad y precio en unos vaqueros o en un teléfono móvil, ¿qué podemos saber de la explotación infantil, del trabajo esclavo o de los impactos ambientales que pueden estar tras esos productos?
Por esto, establecer redes de reciprocidad que aproximen producción y consumo, trabajadores y usuarios, es una acción poco menos que subversiva. Esas cooperativas de consumo son algo más que una vía para comer
sano. Son eso que el sociólogo norteamericano Eric Olin Wright llama “transformaciones intersticiales”, consistentes en construir “nuevas formas de poder social en los nichos, espacios y márgenes de la sociedad capitalista, a menudo allí donde no parecen plantear una amenaza inmediata para las clases y élites dominantes”. Y advierte a los críticos radicales del capitalismo que las menosprecian de que “acumulativamente, en la vida de la gente, tales transformaciones pueden suponer no sólo una diferencia real en su vida, sino, al menos potencialmente, un componente clave de la ampliación del ámbito transformador del poder social en el conjunto de la sociedad”.
Basta imaginar una situación de escasez de petróleo que ponga en crisis los suministros de todo tipo y revele la fragilidad del actual modelo agroalimentario para darse cuenta de que las cooperativas de consumo, aunque hoy son una gota en el mar, pueden resultar el embrión de una estructura alternativa. No menospreciemos la acción intersticial, sobre todo si se funda en previsiones razonables sobre las crisis que nos amenazan y aporta soluciones operativas en el corto plazo.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Miguel Ordóñez
JOAQUIM SEMPERE
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los años 2007 a 2009 se habían firmado unas 178.000 ejecuciones hipotecarias (frente a las 47.379 del trienio anterior) y el diario Cinco Días estima que habrá que añadir otras 180.000 en el presente año. De ser así, el total de ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años ascenderá a más de 350.000. En general, estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año y el CGPJ señala que las cifras son engañosas, ya que una misma petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que “puede ser todavía más alarmante el incremento detectado”.
Las viviendas hipotecadas van a subasta, y son las propias inmobiliarias de los bancos acreedores las que concurren a las subastas y acaban adjudicándose las viviendas a precio de saldo. La ley hipotecaria les permite adquirir el inmueble por el 50% del precio de la subasta pública si esta queda desierta, lo que ocurre en el 90% de los casos.
El aquelarre no termina aquí. El banco desahucia a la familia, recupera la vivienda en pública subasta y sigue cobrando hasta el final la deuda hipotecaria. En los últimos meses, la prensa ha dado a conocer numerosos casos de familias puestas de patitas en la calle y obligadas a seguir pagando la deuda.
El 30 de marzo de 2010 –según señala David Fernández en el semanario catalán Directa
(7-04-2010)–, se reunió en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que propone que, en caso de impago, la recuperación del inmueble hipotecado por parte del banco “comporte automáticamente la cancelación de toda deuda”, como ocurre en otros países europeos y en Estados Unidos. Allí, si no puedes pagar, cedes la vivienda y la deuda queda cancelada. ¿Qué sentido tiene aportar como garantía del crédito hipotecario una vivienda si, en caso de que el acreedor no pueda pagar, la garantía del bien no baste y persista la obligación de devolver hasta el último céntimo, incluidos los intereses?
La plataforma señala que esta realidad jurídica “abusiva y extorsionadora se enmarca en una situación de asistencia permanente del Estado al sector bancario”. En efecto, a través de las hipotecas, la banca española ha hecho y sigue haciendo un negocio fabuloso con un bien de primera necesidad. Lo hace con la angustia de cientos de miles de desahuciados o amenazados de desahucio, y lo hace con los afortunados que pueden seguir pagando unas hipotecas contratadas durante la fase ascendente de un ciclo especulativo, con inmuebles sobrevalorados. Según The Economist, esta sobrevaloración ascendía en España al 55% el pasado enero.
¿Acaso deben los bancos españoles protegerse de una alta tasa de morosidad e impago? Los bancos Santander y BBVA afirman que desde 2001 han recuperado hasta el 90% de los préstamos por hipotecas impagadas. Y la Asociación Española de Banca anunciaba el pasado marzo que los beneficios netos de la banca española habían alcanzado en 2009 los 14.934 millones de euros, un 8,9% menos que el año anterior, lo cual no está nada mal para un año de grave crisis en la venta de viviendas. De modo que ni siquiera el impago es una coartada válida para la banca.
Las familias endeudadas se han visto obligadas a cumplir sus compromisos con las entidades de crédito mientras han tenido empleo y los intereses lo permitían. Y cuando no han podido hacerlo, se han quedado sin vivienda. En cambio, con el estallido de la crisis, la banca ha apelado al apoyo del Estado y lo ha conseguido. Unos han perdido lo que necesitan vitalmente. Los otros nunca pierden.
No es de extrañar que entre los años 2000 y 2007 el porcentaje destinado por los hogares españoles a la vivienda pasara del 12,40% al 25,63% del gasto total; es decir, más del doble, según reflejan las encuestas de los presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras absolutas, significa pasar de gastarse unos 80.000 millones de euros en vivienda a más de 200.000 millones. Como son muchos los propietarios de viviendas que las han pagado ya, se deduce que quienes todavía las están pagando les destinan una parte de-
sorbitada de su presupuesto, que puede alcanzar un 40% o un 50% o más entre quienes están todavía atrapados por las hipotecas.
Esto representa una reducción muy substancial del nivel de vida, puesto que queda mucho menos para otros gastos. Tal reducción resulta enmascarada por el hecho de que el PIB ha aumentado un 26,5% en esos ocho años, mostrando una vez más que el PIB es una pésima medida del bienestar, incluido el bienestar material. Los gastos de vivienda son una sangría invisible pero real para la ciudadanía, la sangría que ha permitido engordar a los empresarios de la promoción y construcción de vivienda y a los bancos. La ciudadanía de este país no sólo está perdiendo a mansalva derechos sociales, sino poder adquisitivo. Es un fracaso económico espectacular que una necesidad básica como la vivienda no pueda ser satisfecha por millones de personas o lo sea a un coste enorme, y que esta situación haya empeorado visiblemente en el último decenio. La industria de la vivienda no debe seguir siendo una fuente de negocios abusivos ni un nido de especulación y corrupción. Urge considerarla un servicio público atentamente vigilado y regulado desde los poderes públicos.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Javier Olivares
JOAQUIM SEMPERE 
Los espectaculares índices de crecimiento de China parecen la prueba concluyente de que los países “emergentes” necesitan capitalismo privado y economía de mercado. Esta fórmula aseguraría el crecimiento, absolutamente indispensable
–al parecer– para acceder a la prosperidad y al bienestar. No obstante, algunos observadores agudos, como Rafael Poch, nos alertan sobre las dificultades que acumula la sociedad china y que le pueden pasar factura en un futuro no lejano, y en especial el aumento de las desigualdades y los efectos ecológicos negativos del actual proceso.
Otra experiencia asiática merece atención, la de Kerala. Kerala es un Estado del suroeste de la Unión India, con 32 millones de habitantes, que por circunstancias especiales ha tenido un Gobierno izquierdista estable desde 1957 gracias al cual ha gozado de un bienestar excepcional mediante un modelo socioeconómico completamente distinto del chino.
Gracias a una reforma agraria, la propiedad de la tierra está muy repartida. Este hecho, junto a una legislación favorable a los trabajadores asalariados (con un salario mínimo muy elevado), un sistema fiscal progresivo y una eficaz lucha contra la corrupción, desemboca en un nivel notable de igualdad social. En la industria coexisten sector público y empresa privada. Los presupuestos de Educación y Sanidad son elevados, y estos dos sectores están muy diseminados en todo el país, incluidas las zonas rurales. Estos factores dan unos indicadores de bienestar que se acercan más a los europeos que a los de su propio país.
Veamos algunos datos básicos recientes. La población por debajo del nivel de pobreza –según los parámetros oficiales del país– es del 3,6% frente al 20% del total de India. La alfabetización alcanza al 87% de las mujeres y al 94% de los varones (India: 38% y 65% respectivamente). La esperanza de vida es de 72 años para las mujeres y de 67 para los varones (India: 63 y 62). Sin tener que recurrir a medidas coercitivas como la política del hijo único de China, Kerala tenía a finales de los noventa un índice de fecundidad de menos de dos hijos por mujer (comparable al de muchos países de Occidente) frente a los cuatro hijos del conjunto de India. Esto se explica tanto por la reducción de la mortalidad infantil como por la educación de la mujer y las políticas antinatalistas. La mortalidad infantil era en 1990 cinco veces menor que en el conjunto de India (5 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos, frente a 26 en la India). No hay que olvidar que la elevada mortalidad infantil es una maldición de muchos países empobrecidos que empuja a las parejas a tener más hijos para que sobreviva el mayor número posible, de modo que se dispara la natalidad y se agravan todos los problemas. Incluso la proporción entre mujeres y varones en la población revela una mejoría. Si en 2001 había en Kerala 1.058 mujeres por cada 1.000 varones, en la India eran 933. Esto indica el éxito logrado en Kerala en la lucha contra el infanticidio femenino, frecuente en el conjunto del país. Desde comienzos de los noventa, los niveles de educación superior han sido de los más altos de Asia, sobre todo en informática e ingeniería.
He aquí, pues, un modelo socioeconómico inmerso en una economía de mercado, incluso globalizada, pero guiado por criterios que anteponen el desarrollo humano al crecimiento económico convencional. El resultado es un alto grado de bienestar e igualdad, que además se basa en una elevada participación democrática.
Y lo que es muy importante: el PIB por habitante en Kerala es menor que en la India: 1.802 dólares en 1990 frente a 2.223 dólares en el conjunto del país. Si se pueden alcanzar los mencionados logros sociales con un PIB por habitante más bajo, tal vez debamos concluir que la obsesión por el crecimiento macroeconómico a toda costa no se justifica. Es mejor dar prioridad al desarrollo humano y a una distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades sociales y culturales. Kerala contradice el mito del PIB como índice óptimo del bienestar, así como el de que sin crecimiento –y menos en los países empobrecidos– no hay bienestar.
Es obvio que no se pueden sacar inferencias simplistas de un caso en el que han coincidido durante medio siglo condiciones muy favorables. Y no se puede descartar que la dinámica competitiva mundial genere situaciones difíciles de manejar desde lo que no es más que un Gobierno regional. No es seguro que Kerala resista mucho más tiempo la presión de un entorno nacional y mundial hostil. Pero lo que sí es seguro es que el caso muestra de manera práctica que son posibles procesos socioeconómicos muy distintos de los que se nos presentan como los únicos viables. En Kerala, el partido gobernante que, en condiciones de libertad, ha ido ganando, solo o en coalición, todas las elecciones durante este medio siglo ha sido el Partido Comunista Marxista de la India.
De todo esto se pueden sacar dos conclusiones. La primera es que hay alternativas que no pasan por la economía de mercado capitalista desreglamentada ni por el crecimiento del producto nacional, sino por dar prioridad al desarrollo humano y a la satisfacción de las necesidades básicas logrando mejores resultados. Y la segunda es que el marxismo tiene posibilidades de adaptación que le permiten mantener su vigencia.
Joaquim Sempere es pofesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Miguel Ordóñez
JOAQUIM SEMPERE
El desastre del golfo de México, que costó la vida a 11 trabajadores de la plataforma petrolera Deepwater Horizon el pasado mes de mayo, ha sido y es noticia en todo el mundo porque ha afectado las costas de un país rico y poderoso. En cambio, en muchos países empobrecidos ocurren casos de contaminación parecidos desde hace decenios sin merecer la atención de los medios de difusión.
El caso seguramente más extremo es el de Nigeria, que proporciona a Estados Unidos el 40% del crudo que importa. Desde 1958, fecha en que Shell empezó la explotación del subsuelo del delta del río Níger, la contaminación de suelo, vegetación y agua no ha cesado. “Hemos perdido redes, chozas y ollas. Ya no podemos pescar ni criar ganado”, dice el jefe de una comunidad. La gravísima contaminación procedente de los 606 campos de petróleo del país deja a cientos de miles de personas en la miseria. Muchos pueblos han protestado, han iniciado querellas legales para lograr indemnizaciones, algunas de las cuales han prosperado. Y también han sufrido la represión. En 1995, bajo el Gobierno corrupto del dictador Sani Abacha, fueron ejecutados nueve miembros del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, entre ellos el escritor y candidato al Premio Goldman (el Nobel de la ecología) Ken Saro-Wiwa. La masiva protesta pacífica del pueblo ogoni contra la Shell fue reprimida por el ejército nigeriano con el resultado de más de mil personas muertas.
Se estima que en el último medio siglo se derramaron en Nigeria hasta 1,5 millones de toneladas de crudo, unas 30 o 40 veces el petróleo derramado en el golfo de México tras el primer mes del accidente. Los derrames tienen muchas causas. Los oleoductos y los depósitos están a menudo oxidados porque son viejos y no se reponen. Hay estaciones de bombeo semiabandonadas. Se estima que cada año hay más de 300 derrames mayores o menores. Todo el medio ambiente está devastado. “Si el accidente del golfo [de México] hubiera ocurrido en Nigeria, ni el Gobierno ni la empresa hubieran prestado mucha atención”, dice Ben Ikari, otro portavoz del pueblo ogoni.
Algo parecido puede decirse de lo que ocurre y ha ocurrido desde hace tiempo en Bolivia, Ecuador y en otros muchos países víctimas de la maldición de ese “oro negro” que mejor sería llamar oro sucio. Las compañías petroleras llegan, se llevan la riqueza y dejan la desolación. Así alimentamos los vientres insaciables de nuestros vehículos.
El consumo masivo de combustibles fósiles (el 80% de la energía mundial procede de fuentes fósiles) tiene, pues, unos costes que no se toman en consideración. Otro coste “invisible” es el transporte. Carbón, gas y petróleo circulan por la superficie del planeta representando el 42% en tonelaje de todas las mercancías mundiales (aunque sólo el 7% de su valor monetario). Un volumen tan descomunal de combustibles moviéndose por tuberías, trenes, camiones o buques supone un riesgo de derrames en tierras y aguas y de escapes de gas a la atmósfera (téngase en cuenta que cada molécula de gas metano tiene un efecto invernadero que multiplica por 24 el de una molécula de CO²). La historia de las fuentes de energía fósiles está llena de accidentes de esta clase.
Por último, el petróleo y el gas son causa de conflictos diplomáticos y bélicos, como es bien sabido. La guerra de Irak y sus secuelas están ahí para mostrarlo. Dice Lester Brown, del Earth Policy Institute, que cuando repostamos no pagamos todo lo que cuesta la gasolina. En su precio deberíamos incluir la contaminación atmosférica y sus efectos –calentamiento global y cambio climático–, pero también la contaminación local en los países productores, con la correspondiente destrucción de ecosistemas vitales, las mareas negras derivadas del transporte del crudo y los costes de las guerras y otros gastos militares por el control de las fuentes. Y aun así, el coste en dinero dejaría aparte otro coste: los enormes sufrimientos humanos y los daños ambientales que acarrea todo el tinglado.
A medida que el petróleo escasee más, es probable que aumenten los accidentes y los derrames. La industria, en efecto, se esforzará por extraer petróleo de lugares cada vez más remotos y difíciles, más profundos, situados en alta mar. Los costes de extracción aumentarán, y se tenderá a ahorrar en seguridad (como ha ocurrido con el Deepwater Horizon, donde uno de los obreros muertos había avisado a su familia de las pésimas condiciones en que trabajaba), en transporte y en almacenamiento. Recuérdese el mal estado del Prestige, el petrolero naufragado en las costas gallegas, que no cumplía las condiciones de seguridad estipuladas para el transporte marítimo de petróleo.
Las fuentes fósiles de energía son finitas, y habrá que sustituirlas por otras, a ser posible limpias y renovables. ¿Por qué no acelerar el cambio de modelo energético, sobre todo a la vista de los innumerables inconvenientes de las fósiles? ¿Por qué no dedicar más recursos económicos a las energías renovables en lugar de poner parches en oleoductos y petroleros? Además, conviene hacer bien las cuentas, incorporando a los cálculos todos los costes, visibles e invisibles, directos e indirectos. Así veremos que la energía solar en todas sus formas, incluida la eólica, es menos cara de lo que se dice. Ojalá la visibilidad del desastre del Caribe sirva para entrar en razón.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
JOAQUIM SEMPERE
Tras la prolongada paralización del tráfico aéreo europeo provocada por la erupción de un volcán islandés y las correspondientes pérdidas, algunas compañías empezaron a reclamar ayudas económicas de los estados para superar el bache. Una vez más, escuchamos una sorprendente interpretación de la economía de mercado que consiste en decir que el Estado debe abstenerse de intervenir en economía, y dejar que la empresa privada cubra toda la demanda y haga su legítimo negocio. Eso sí: cuando las cosas van mal y surge un imprevisto, el Estado debe intervenir para salvar la empresa.
Según la ortodoxia doctrinal, el mercado es un buen regulador porque premia al empresario eficaz y castiga con el fracaso al que no lo es. En caso de imprevistos, existen compañías de seguros que cubren las eventualidades, también según las reglas de mercado. Pero, a la hora de la verdad, esta ortodoxia se deja arrumbada en el desván y se acude sin complejos a papá Estado para que salve las compañías amenazadas de quiebra.
Para enjuiciar esa reclamación de ayudas, vale la pena examinar más de cerca algunos aspectos de la aviación comercial. Para empezar, las aeronaves consumen un carburante que está exento de impuestos. Cuando llenamos el depósito del coche con gasolina, pagamos 396 euros por mil litros de carburante (en Italia, se pagan 564; en Francia, 606, y en Alemania, 655). En España, los impuestos son casi la mitad del precio; en los otros países, más de la mitad. En cambio, el carburante de la aviación no paga ni cinco. En el Congreso de los Diputados ha habido dos proposiciones de ley para eliminar la exención de impuestos del carburante de aviación (siguiendo los ejemplos de Noruega y Holanda), una presentada por ERC en septiembre de 2007 y otra presentada por IU-ICV, WWF España, Greenpeace, Ecologistas en
Acción y Comisiones Obreras en julio de 2009. Ninguna de las dos prosperó y el gasóleo para la aviación sigue exento de toda carga impositiva. Y no sólo esto, sino que además la aviación queda fuera del Protocolo de Kyoto en materia de cuotas de emisiones de CO².
Pero el problema está sobre la mesa: en diciembre de 2007, se adoptó una propuesta de directiva europea en la materia. Propuesta decepcionante: se debatió si debían adoptarse gravámenes o derechos de emisión, y se resolvió descartar los gravámenes. En principio, hay el compromiso de que a partir de 2012 los vuelos comerciales de la Unión Europea deberán regirse por los derechos de emisión establecidos por el Protocolo de Kyoto. Se ha calculado que, si se adopta este compromiso, las aerolíneas de la UE deberán desembolsar en conjunto unos 4.000 millones de euros anuales por estos derechos de emisión, lo cual repercutirá en aumentos de los precios de los vuelos que pagarán los usuarios.
Estos datos ponen en evidencia una paradoja: ¿por qué se dan beneficios fiscales a un lujo, el lujo de volar? Se trata de un lujo ambientalmente muy caro. La aviación es el modo de transporte más costoso en energía consumida por persona-kilómetro: en 2005, consumía el 12% de todo el petróleo usado en el transporte mundial, lo cual es una proporción enorme si se tiene en cuenta que el transporte incluye navegación, trenes y vehículos de motor. El bajo coste de los vuelos ha estimulado el uso trivializado y abusivo del avión. El viejo sueño de Ícaro se ha convertido en algo tan banal para la quinta parte privilegiada de la humanidad que cualquier recorte o encarecimiento se vivirá como una pérdida.
No obstante, no podemos ignorar que, de hecho, es un lujo. Además, al ser un modo de viajar con unos riesgos muy controlados, pero no por ello menos importantes, exige unas precauciones especialísimas. Por eso, ante un accidente natural como el de los efectos de la erupción volcánica, no tiene sentido que el erario público salga a cubrir las pérdidas empresariales. Económicamente, los riesgos se cubren con pólizas de seguros. Lo normal es que las compañías tomen esos seguros y que los viajeros paguen el coste que les corresponda de las pólizas.
¿Acaso debemos aceptar que se encarezca viajar en avión? Pues sí, esto es exactamente lo que propongo. De hecho, significa proponer que se pague todo el coste real de viajar en avión: hay que incluir en el coste del vuelo la contaminación atmosférica, el calentamiento global y unos seguros que cubran un modo de viajar arriesgado. En realidad, si pagáramos todos los costes implicados en la aviación (incluyendo, por ejemplo, la construcción y mantenimiento de aeropuertos), la factura seguramente aún sería superior. Y es que sólo si nos acostumbramos a pagar todos los costes de nuestras actividades correspondientes al deterioro del medio natural, aprenderemos a respetarlo y a administrar sabiamente los recursos naturales que hoy estamos dilapidando. Viajaremos menos en avión, pero no creo que esto empobrezca nuestras vidas. El gravísimo problema que tendremos es que nos hemos acostumbrado a estas comodidades y nos costará prescindir de ellas.
En menos de 20 años, entre 1990 y 2007, la cantidad de vuelos en el mundo se duplicó. No podemos seguir así. La Tierra nos pone límites: escuchémosla. Y, en todo caso, no hagamos la tontería de subsidiar lujos: reservemos los recursos del Estado –que son los de todos– para cubrir necesidades básicas no satisfechas.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Miguel Ordóñez
JOAQUIM SEMPERE
La situación creada en varias comarcas gerundenses por el apagón de una semana provocado por la nevada del 8 de marzo, que afectó a 200.000 personas, invita a la reflexión. La visión de 33 torres eléctricas rotas como frágiles cañas estremece. Lo tendrán difícil las compañías eléctricas implicadas (Endesa y Red Eléctrica Española) para esquivar su responsabilidad. ¿Acaso la obsesión por reducir costes para aumentar los beneficios ha llevado a instalar torres de pacotilla y no invertir en su mantenimiento? Las investigaciones deberán aclarar este punto. También las administraciones públicas deberán explicar si sus normas sobre líneas eléctricas se han cumplido y, en caso afirmativo, asumir la responsabilidad por unas normativas tal vez inadecuadas.
Habrá que decidir dónde termina la “fuerza mayor” y empieza la negligencia humana. El Gobierno deberá imponer a las eléctricas la exigencia de hacer frente a sus responsabilidades. Y si no pueden, esperemos que no se repita el bochornoso espectáculo de rescatar con dinero público unas empresas privadas (entonces fueron bancos) para dejarlas luego en libertad para seguir funcionando como antes. ¿Será capaz el Gobierno catalán de hacerlo, cuando resulta que el director general de Energía es Agustí Maure, antiguo alto directivo de Red Eléctrica? ¿O cuando el presidente Montilla defiende la tesis de Endesa de que si la proyectada línea de muy alta tensión (MAT) hubiera estado instalada, los daños habrían sido menores?
En este caso, el problema no ha sido de suministro sino de distribución, y las redes que han fallado son las de media y baja tensión, las que llegan hasta los consumidores finales. La existencia de la MAT, por tanto, no habría servido de nada. Es más, en la polémica en torno a la MAT, los alcaldes que se oponen a ella aceptarían, si acaso, su soterramiento, que sería más caro pero más seguro ante tormentas como esta última u otras eventualidades meteorológicas. Y viendo lo ocurrido, con reparaciones y compensaciones millonarias a la vista, parece que habrá que rehacer los cálculos, y la opción de línea soterrada saldrá reforzada.
Pero el caos provocado por el apagón tiene otras facetas. La historia de las redes eléctricas centralizadas está punteada de apagones, algunos monumentales, como el de 2003 en el noreste de Estados Unidos y Ontario, que dejó sin luz a 50 millones de personas, o el de 2006, que afectó a gran parte de Europa occidental. Por esto hace años que se investiga y experimenta en modelos descentralizados de suministro eléctrico.
En 2006, la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea publicaba un opúsculo (que se puede consultar en http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo) sobre las “redes inteligentes” (smart grids) que señala la conveniencia de pasar de las redes centralizadas aún imperantes a redes descentralizadas. La idea está muy elaborada. Implica redes en telaraña, como Internet, donde la electricidad se inyecta desde muchos nodos, lo cual implica no sólo centrales grandes, sino también pequeñas, y multitud de instalaciones fotovoltaicas y otras instalaciones domésticas de generación eléctrica en casas particulares y otros edificios. También prevé múltiples focos descentralizados de almacenamiento de electricidad. Una red así no sólo dispersa la generación eléctrica por el territorio, sino que aproxima producción y consumo, reduciendo las pérdidas por transporte. Se basa no en tres o cuatro, sino en miles de productores. Una red de este tipo es mucho menos vulnerable a desastres como el acaecido en Catalunya.
Este sistema es el futuro y su viabilidad aumenta a medida que se introducen innovaciones como la que Volkswagen ya comercializa en Alemania: instalaciones domésticas de calefacción con gas natural que, por cogeneración, aprovechan el calor sobrante para producir electricidad e inyectarla a la red. En Hoogkerk (Holanda) funciona ya una “red inteligente” que agrupa 25 hogares. Ya hoy la fotovoltaica y la eólica tienen una viabilidad probada para avanzar hacia este modelo.
Por otra parte, si los edificios de la zona afectada hubieran dispuesto de captadores solares térmicos, no se habrían quedado sin agua caliente, y si no hubiera tantas cocinas y calefacciones eléctricas, el colapso habría sido menor. Dependemos demasiado de la electricidad. Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de adoptar criterios de diversificación energética y de promover las energías renovables y un cambio urgente hacia sistemas descentralizados. ¿Servirá para ello el plan Zapatero de “economía sostenible”? Sospecho que se va a quedar corto tanto por falta de inversiones como por falta de ideas.
Esperemos que, una vez superados los efectos del colapso vivido, los responsables políticos, en vez de empecinarse en proyectos como la MAT, se tomen en serio la adopción de un modelo energético descentralizado basado en energías limpias y renovables. Es una asignatura pendiente para luchar contra el cambio climático. Hoy, además, es una condición para dormir tranquilos y evitar catástrofes como la del noreste de Catalunya. Una situación tan dramática debiera ser un revulsivo tanto para los gobiernos como para la ciudadanía. No aprovecharla para dar un salto adelante sería una lástima.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Jordi Duró
JOAQUIM SEMPERE
Se dice que la presión fiscal sobre las grandes fortunas no puede incrementarse para no desincentivar la iniciativa inversora y porque los capitales huirían a otros países con fiscalidades menos fuertes. Se repite con la misma insistencia que la acumulación de capital es una condición previa para la actividad económica y el bienestar general.
Estos estereotipos forman parte de las convicciones más sólidas de quienes toman las grandes decisiones económicas y políticas, y acaban calando en la conciencia pública. Pero son una trampa.
Veamos lo ocurrido con los impuestos a los ricos en el país más liberal e individualista de Occidente: Estados Unidos. En años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la presión fiscal para la franja más elevada de ingresos pasó del 25% al 63% en 1932, como medio para combatir la Gran Depresión. Desde entonces hasta 1981, es decir, durante medio siglo, se mantuvo sin interrupción por encima del 63% –alcanzando picos del 94% en 1944-1945, como contribución al esfuerzo de guerra– y entre el 82% y el 91% durante los 20 años que van desde el final de la guerra hasta 1963. Luego no cesó de disminuir, hasta alcanzar el 35% el año 2009.
Aquella larga experiencia de cinco decenios muestra que una clase capitalista, incluso tan poderosa como la de Estados Unidos, puede acomodarse a una presión fiscal muy alta, y que esta elevada fiscalidad es compatible con un alto crecimiento económico. Los 50 años en que la presión fiscal estadounidense estuvo por encima –o muy por encima– del 50% para la franja más rica fueron años de máxima prosperidad del país.
La recaudación de impuestos en Estados Unidos hubiera podido servir para mejorar las prestaciones y los servicios públicos en beneficio de los más pobres si el presupuesto de guerra no se hubiera llevado la parte del león. Pero lo que aquí nos interesa es comprobar que durante 50 largos años la clase capitalista de la primera potencia del mundo aceptó una presión fiscal que ahora muchos pretenden que es totalmente prohibitiva e insensata.
El tipo máximo del impuesto sobre la renta en España se situó en el 43% en 2008 y el de sociedades en el 30% (en ambos casos cinco puntos por debajo de los tipos máximos vigentes en 2000), y no se contempla la posibilidad de un aumento substancial de esos tipos máximos, los que pagan los más ricos.
El otro estereotipo es que las diferencias de presión fiscal fomentan la fuga de capitales de los países con mayor presión a los de menor. Pero esto ocurre desde que se eliminó el control de cambios y se implantó una libertad irrestricta de circulación de los capitales. Limítese o elimínese esta libertad y desaparecerá la amenaza de fuga de capitales. Esto no es una fantasía: es también algo que ocurrió ya en épocas pasadas, y no tan remotas. Basta volver la mirada a los años anteriores a la contrarrevolución neoliberal. Algún día hay que atreverse a reimplantar marcos institucionales que lo hagan posible.
El tercer mito es que hace falta dejar que los capitales puedan acumular beneficios sin límite para que la actividad económica funcione y todos salgamos ganando. Así se justifica la libertad que se concede a los capitales para desinvertir y deslocalizar –al precio de la desindustrialización de regiones enteras y de la condena de miles de trabajadores al paro– en aras de la sagrada libertad del capital para acumular, cuando lo que ocurre es que
en el mundo sobra liquidez. La sobreacumulación es justamente la culpable de que se especule con cualquier cosa –con las monedas, con la deuda externa de países enteros, con la vivienda, con el petróleo, con los alimentos, etc.– buscando rentabilidades desorbitadas que no se consiguen en la economía productiva. Vivimos en un sistema enfermo que lo sacrifica todo a una acumulación de dinero no sólo innecesaria, sino perjudicial.
Los tres mitos forman parte de un mismo paquete, que habría que abordar con medidas combinadas como fuertes gravámenes fiscales sobre las grandes fortunas y la armonización impositiva en la Unión Europea; límites estrictos a la circulación de capitales; la erradicación de los paraísos fiscales; y armonización al alza de los derechos laborales y sociales en la UE. El dinero que va a las clases populares genera una demanda de bienes y servicios que es la base de una economía sana, mientras que el que va al bolsillo de los más ricos alimenta el potencial de especulación de estos. (Algunos sectores populares sólo se dejan engatusar por los fondos de inversión y de pensiones cuando se les amenaza con la quiebra de la Seguridad Social, como se ha hecho tramposamente en España en los últimos 15 años).
El establishment hace gestos demagógicos para la galería, como la petición al FMI por parte del Consejo Europeo (11-12-2009) de una tasa Tobin para reducir las transacciones financieras especulativas y para recaudar dinero. O promesas incumplidas de que se erradicarán los paraísos fiscales. Pero son gestos que dan la razón a quienes piensan que medidas de este tipo son las que convienen, y que no es verdad que no se pueda hacer más de lo que se hace. Las subidas de impuestos, por su parte, empezaban a figurar en la agenda europea ya en el verano pasado, favorecidas por países como Suecia y Finlandia, con una larga tradición de elevada presión fiscal y a la vez de prosperidad y buenos servicios públicos.
En nuestro país, el debate sobre las pensiones y sobre la viabilidad del Estado del bienestar no puede ni debe dejar estos temas al margen. Centrar el asunto en torno a la reforma del mercado de trabajo o la prolongación de la edad de jubilación es una nueva agresión contra derechos de los trabajadores por parte de la oligarquía internacional del dinero y sus secuaces.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Enric Jardí
JOAQUIM SEMPERE
Almacenar residuos nucleares no es lo mismo que almacenar ladrillos o cascotes. Estos son inertes, mientras que los residuos nucleares emiten radioactividad y calor. Los de media y baja radioactividad, que son en torno al 99% del total, se trasladan, en España, a una antigua mina de uranio situada en El Cabril (Córdoba). Aunque son
menos peligrosos que los de alta radioactividad, hace falta encerrarlos en bidones bien sellados y depositarlos en lugares seguros.
Un reciente informe de World Nuclear News señala que el Gobierno alemán ha ordenado que se retiren 126.000 bidones con residuos de baja y media actividad de una mina de sal abandonada de la localidad de
Asse (Baja Sajonia) donde se empezaron a depositar en los años sesenta. Las autoridades han estimado que hay riesgos porque esas minas han resultado geológicamente inestables y han empezado a llenarse de agua.
Los residuos de alta actividad, aunque ocupan mucho menos volumen (en torno al 1% del total), son obviamente más peligrosos. A los restos de plutonio hay que añadir, entre otros, los de estroncio y cesio, que emitirán radiaciones durante miles de años. Lo habitual es mantener estos residuos en piscinas de agua que protegen el entorno de sus radiaciones mientras son refrigerados y van perdiendo radioactividad. Luego se vitrifican, se combinan con hormigón, se encierran en bidones de acero, etc. para poder retirarlos de las piscinas.
Desde que existen centrales atómicas, se investiga sin éxito para lograr una solución definitiva para los residuos. Mientras, se adoptan soluciones provisionales. Se lanzan a fosas oceánicas profundas (entre ellas, las que hay ante las costas de Galicia) o se encierran en minas alejadas de poblaciones. Si los residuos de baja y media intensidad han de ser objeto de vigilancia permanente, como en el caso de Alemania, no hace falta decir que los de intensidad alta la requieren de modo más apremiante.
En 1979 el biólogo ruso Medvedev, exiliado en Reino Unido, relató un incidente ocurrido en 1957 en un depósito de residuos de la localidad de Khistym, en los Urales, sobre el cual la férrea censura soviética de prensa hizo caer un telón de silencio. El Gobierno soviético acabó admitiéndolo sólo 40 años más tarde. Al parecer, se acumularon grandes cantidades de residuos de alta actividad sin las debidas precauciones produciéndose sobrecalentamiento,
emisión de gases y explosiones químicas que dispersaron los materiales radioactivos. Se habló de un centenar de muertos directos por la explosión y de la evacuación de 20.000 personas de una amplia zona afectada por la contaminación radioactiva.
Hoy, más de medio siglo después, sabemos gestionar un almacén de estas características minimizando los riesgos. Pero el episodio de Khistym revela que los residuos nucleares no son inertes y que su deposición exige una vigilancia permanente para evitar desgracias. En un país como el nuestro hoy contamos con los medios para asegurarla. Pero ¿podemos estar seguros de que año tras año, siglo tras siglo, existirán las condiciones sociales y técnicas que harán posible una vigilancia fiable, y de que las condiciones geológicas no depararán sorpresas desagradables en algún momento del futuro? ¿Cómo justificar esta herencia envenenada a nuestros descendientes?
Miguel Ángel Quintanilla tenía razón cuando, desde este mismo periódico, argumentaba que las altas compensaciones que el Gobierno ofrece a los municipios que acepten el Almacén Temporal Centralizado (ATC) sirven para hacer frente a un riesgo imaginado más que a un riesgo real. Pero si las ofrece es porque nadie ha sido capaz de disipar la sensación de riesgo, aunque sea imaginado. En realidad, ese temor favorece un criterio muy racional, el principio de precaución: ante la duda, no exponerse, sobre todo si hay alguna razón para pensar que las ventajas no compensan los riesgos. Y ¿por qué menospreciar el miedo? El miedo ha resultado útil a la especie humana desde el punto de vista adaptativo para prevenir peligros. Cuando la incertidumbre se suma al peligro, el miedo puede ser buen consejero hasta nuevo aviso.
El asunto de los residuos pone en evidencia la falta de prudencia que supuso embarcarse, después de Hiroshima y Nagasaki, en la producción nuclear de electricidad. Ante el dilema de si proseguir o no con la energía nuclear, la carga de la prueba corresponde a los pronucleares. Y la verdad es que no dan salidas convincentes a las objeciones que suscita su apuesta. El argumento al que acaban apelando es que “todo tiene su riesgo” y que el temor al riesgo no debe paralizarnos si no queremos “detener el progreso”. Pero ¿por qué es más progreso la energía nuclear que la fotovoltaica, la eólica o la solar termoeléctrica? ¿Por qué es más progreso despilfarrar energía que consumirla con moderación y eficiencia?
Se investiga para transmutar los elementos más radioactivos en otros que no lo sean o que lo sean sin peligro significativo. Pero en tal caso lo razonable es esperar a que esta investigación culmine: entonces sería el momento de reabrir el debate. Mientras tanto, lo prudente es esperar. Al fin y al cabo, las nucleares sólo aportan el 17% de la electricidad y el 6% de toda la energía consumida en el mundo. Esta cantidad se puede cubrir de sobra con las fuentes renovables hoy disponibles. Destinemos las enormes inversiones que se comen las centrales nucleares a desarrollar las renovables.
Por esto, y con independencia del procedimiento para elegir el lugar donde ubicar el necesario e inevitable almacén nuclear, los ecologistas tienen buenas razones para proponer que la decisión se vincule a un compromiso del Estado para cerrar todas las centrales españolas a medida que vayan agotando su vida útil. Si no se cierran, ¿cuántos años tardaremos en volver a discutir dónde instalar un nuevo almacén? Porque los residuos no cesan de salir de las centrales, por toneladas al año.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Iker Ayestaran
JOAQUIM SEMPERE
El aumento de apoyo ciudadano a Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se puede explicar por muchos factores. Se han destacado desde las páginas de Público algunos de los más importantes, que se pueden resumir en su política valiente de recuperación del control de los recursos del subsuelo y la adopción de políticas sociales de protección a los más desfavorecidos. Las rentas del petróleo han sido esenciales para financiar esas medidas sociales.
Pero la popularidad de Evo Morales seguramente tiene que ver con otros factores que han facilitado un cambio sensible de percepción de la vida política por la gente de la calle gracias a medidas que le llegan al corazón.
Al acceder por vez primera a la Presidencia del país, en diciembre de 2005, Evo Morales aplicó de inmediato una promesa electoral: reducir su salario de presidente en un 57%. Esta medida acarreó la reducción de los ingresos de otros muchos altos funcionarios, porque en Bolivia la ley prohíbe que ningún miembro de la organización de Estado y de la función pública cobre más que el presidente de la República. La gente quiere hechos más que palabras. Y agradece que un gobernante haga gestos que permitan pensar que no aspira a lucrarse con su carrera política, sino a servir al pueblo.
Otro logro de su primer mandato es haber promocionado a personas con un historial en los movimientos populares y ciudadanos, en organizaciones sindicales y vecinales. El propio partido del presidente se había constituido en gran medida a partir de activistas de esos movimientos, que no arrastran los vicios frecuentes entre quienes se han dedicado largos años a la política institucional. El nuevo personal gobernante tiene así un crédito que, a juzgar por los resultados electorales, goza de buena salud.
Una tercera baza de Morales es haber tomado medidas que representan para la mayoría indígena del país el final de su marginación histórica. Esto es visible no sólo con la presencia de muchos quechuas y aymaras en cargos públicos, sino también con una mayor presencia de la filosofía y de los valores indígenas en la vida del país.
Esto se puede ilustrar con un ejemplo. La ministra de Justicia del primer Gobierno de Morales, Casimira Rodríguez, explicaba con las siguientes palabras la incorporación de los “usos y costumbres” tradicionales al mundo de la justicia formal: “De pronto dos hermanos tienen un contencioso, cada uno un lotecito, cada uno con llamas, ovejas y vacas; van a la justicia ordinaria y las vacas van pagando la justicia, así pasan cinco años sin que ninguno ceda. Finalmente en la comunidad se enteran de que ya han perdido sus vacas y no han resuelto el problema. La autoridad de la comunidad les pregunta si quieren resolverlo. En un día se parte la mitad del terreno y sin gastos. Así, muchas veces, los problemas se pueden resolver transparentemente, tan sólo escuchando”. He aquí una buena herencia de la tradición autóctona. “Otra diferencia
–añadía la ministra– es que en la Justicia comunitaria la sanción no incluye la cárcel (generalmente se opta por el trabajo comunitario o la expulsión de la comunidad), mientras que en la Justicia ordinaria normalmente el conflicto se agranda con la cárcel”.
El Gobierno, según la ministra, no pretende instalar la justicia ancestral, sino lograr la convivencia de esta con el derecho moderno. En Europa estamos ensayando la justicia de proximidad, los juicios rápidos, los procedimientos de mediación entre víctima y agresor. En Bolivia, buscando también fórmulas más ágiles, baratas y transparentes, recuperan a la vez su identidad cultural y tratan de insertarla en los esquemas modernos de organización social y política, cosa muy distinta de un simple retorno al pasado sobre bases tradicionalistas e identitarias. En Europa no se acaba de entender el potencial de renovación social y política de los movimientos llamados de la “autonomía indígena”, que tendemos a ver sólo en clave identitaria y llenos de peligros particularistas y comunitaristas. De hecho, la izquierda boliviana ha sido un crisol de sindicalismo obrero moderno e indigenismo, facilitado por la composición prácticamente indígena en su totalidad de los movimientos populares. La Constitución, por otra parte, declara su adhesión a la Carta Universal de Derechos Humanos, que excluye la tortura y el trato degradante, y por tanto rechaza las prácticas tradicionales que puedan violar la Carta.
Obsérvese, pues, que el proyecto del MAS no se ancla en valores tradicionales. Su reivindicación del protagonismo indígena no es un retorno al pasado, sino un salto hacia delante que incorpora valores democráticos de progreso social. Una señal
inequívoca de ello es la fuerte presencia femenina en cargos públicos, incluido el Gobierno de la nación, en clara ruptura con el machismo tradicional de la sociedad boliviana. En el primer Gobierno de Evo Morales hubo cuatro mujeres, y la tónica se ha mantenido. Casimira Rodríguez, una de ellas, era de familia quechua pobre. Desde los 13 años fue trabajadora doméstica, a veces sólo a cambio de techo y comida. Promovió la Organización de Trabajadoras Domésticas de Bolivia, desde la que impulsó la primera ley, en 2003, que reguló el horario y otros derechos de estas trabajadoras.
La voluntad pedagógica de los dirigentes del MAS –muy alejada del populismo que a veces se le achaca– es evidente en este caso, como lo es en la autorreducción del sueldo del presidente. De momento, este país supuestamente atrasado está dando lecciones –a quien quiera aprovecharlas– para renovar la política y acercarla a la ciudadanía. Su Gobierno está mostrando con medidas valientes que la población trabajadora, marginada, pobre y étnicamente ninguneada puede sentirse protagonista de sus destinos y lograr conquistas sociopolíticas impensables hace tan solo unos años.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Mikel Casal
