JOAQUIM SEMPERE
En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertes.
Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.
Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado “Guardacostas Voluntarios de Somalia”, reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security, que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo –y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!–. Al parecer, hubo intentos de esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo anterior es legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los verdaderos piratas?
Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el Parlamento vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses llevan militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí, y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para “garantizar la seguridad” en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las costas de Somalia, “incluidas sus aguas territoriales”.
Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que está tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los mares del mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales culpables de la sobrepesca que desde hace años viene destruyendo la capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones de los países pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único.
España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer a uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus habitantes. Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón del mundo, ¿qué harán nuestros marineros y pescadores?
Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde otra óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de guerra, un avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos destacados en la zona?
El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia, porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una resistencia que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La solución hay que buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y gestionándolos mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la pesca), y adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y sin fuente de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo contrario: optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo ecológico reforzado militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento de la situación.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Ossorio
Joaquim Sempere
El secreto bancario, según recientes palabras del secretario general de la OCDE al ministro de Economía de Luxemburgo, garantiza “la confianza de los ciudadanos en la protección de su privacidad”. Si es así, ¿qué ocurre conmigo y con millones de asalariados de la empresa privada y de las administraciones públicas? Quienes pagan nuestros salarios e ingresan en las cuentas públicas las deducciones por IRPF y cotizaciones de la Seguridad Social –empresarios privados o administraciones– lo hacen a plena luz del día. Nuestras cuentas personales son perfectamente transparentes y nada, o casi nada, de lo nuestro escapa del control de Hacienda. Incluso, en determinadas circunstancias, la autoridad puede embargar el importe de sanciones y multas de nuestras cuentas sin nuestro consentimiento. ¿Somos víctimas de una gigantesca violación de nuestra privacidad, de una inaceptable operación Gran Hermano?¿O tal vez lo que debe sorprender sea lo otro, el secreto bancario? Como es bien sabido, el secreto bancario es un procedimiento para que las rentas del capital y las remuneraciones no salariales cuyos beneficiarios decidan no declarar a Hacienda hallen un cobijo seguro, y así puedan incurrir en el fraude fiscal. Ya sé que el fraude fiscal a veces es un deporte practicado también por gentes con rentas modestas en el mundo de los autónomos, algunos profesionales y empresarios modestos, etc. Pero el gran agujero negro de la defraudación fiscal procede de las rentas del gran capital. La desregulación neoliberal de los últimos decenios ha dado alas a una práctica vieja.
De todos es sabido, por lo demás, que la libertad del capital para moverse sin obstáculos por el mundo entero detrae recursos de los estados y genera un grave desequilibrio entre un poder económico sin fronteras y un poder político encerrado entre las fronteras estatales, cada vez con menos recursos para hacer frente a sus responsabilidades hacia la ciudadanía y más vulnerable al chantaje del gran capital. La desregulación neoliberal ha sido un factor determinante en la crisis de la política por el hecho de socavar la capacidad de los poderes públicos para hacer políticas al servicio de la ciudadanía. Los llamados paraísos fiscales se aferran al secreto bancario. Se trata de centros financieros extraterritoriales (offshore) con baja o nula tributación, secretismo, sin intercambio efectivo de información con los demás países, en particular con aquellos de donde proceden los capitales que se refugian en ellos, y sin exigencia de actividad económica local para disfrutar de exenciones fiscales. Según cálculos moderados de la Tax Justice Network, en los paraísos fiscales recalan unos 12 billones de dólares. Juan Hernández Vigueras ha publicado recientemente varias obras (La Europa opaca de las finanzas, Los paraísos fiscales y Al rescate de los paraísos fiscales: la cortina de humo del G-20) que desvelan los mecanismos de esta estafa mundial y las complicidades de la trama.
Cuando algunos gobernantes del G-20 (como Sarkozy y Zapatero) anunciaron –de cara a la cumbre que iba a celebrarse en Londres en abril de 2009– que se iban a eliminar los paraísos fiscales y que la era del secreto bancario había terminado, sólo merecieron una sonrisa escéptica o despreciativa. Hoy, a los seis meses de la cumbre, ya sabemos que aquellos anuncios fueron, como dice Hernández Vigueras, una “cortina de humo”, y que todo ha quedado igual que antes. El sistema financiero mundial debe reglamentarse, como se dice y se repite no sólo desde posiciones radicales, sino también desde posiciones reformistas, neokeynesianas u otras. Mantener los paraísos fiscales y el secreto bancario equivale a mantener la libertad de movimientos del capital que ha originado la crisis. ¿Hay que restablecer el control de cambios? ¿Hay que poner una tasa al movimiento transfronterizo de capitales, como propuso Tobin? Para un profano en la materia como yo, parece sencillo eliminar los paraísos fiscales de una vez por todas, aunque las resistencias sean muchas. Doctores tiene la Iglesia para encontrar soluciones viables. Pero lo que parece claro es que el dinero tiene una función esencial en las actividades económicas de la gente corriente, en la producción, el consumo y el ahorro. Dejar que el dinero se concentre en pocas manos y sea manipulado para enriquecerse repentinamente con la especulación es un atentado contra los derechos de la inmensa mayoría, y no debería permitirse. Los movimientos de capitales, especulativos o no, pueden provocar la expropiación instantánea y masiva de millones de personas corrientes, el colapso de miles de empresas por falta de crédito, la evaporación fulminante de los ahorros de toda una vida. Recordemos el corralito de Argentina en 2002 o la ejecución de hipotecas impagadas de los últimos meses. No se puede dejar que unos cuantos codiciosos bien situados tengan la capacidad de jugar con el dinero, que siempre es, de un modo u otro, el dinero de todos.
Vivimos en un espejismo individualista según el cual la riqueza dineraria es algo desgajado de la realidad social y del complejísimo entramado productivo, cuando en realidad no habría riqueza si no hubiera una cooperación –aunque sea no programada ni voluntaria– de millones de personas del mundo entero ligadas por complejas interdependencias en que están implicados producción, intercambio y consumo de muchos. Hace falta una regulación internacional para proteger el tejido delicado de las actividades humanas que hacen posible la vida, y en particular este lubricante tan útil –si se maneja bien– que es el dinero. Contra los gobiernos, que siguen protegiéndolos, habrá que lanzar la consigna de acabar con los paraísos fiscales y el secreto bancario. Recoger firmas u organizar consultas populares en los municipios podría ser una buena manera de empezar.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Patrick Thomas
Joaquim Sempere
Durante tres decenios, ya desde antes del accidente de Chernóbyl, ha tenido lugar una moratoria de facto en la construcción de nuevas centrales nucleares en los países desarrollados. Pero últimamente los pronucleares vuelven a la carga, y lo hacen esgrimiendo varios argumentos tramposos. Uno es la crisis energética y otro el cambio climático: frente a las fuentes fósiles, que tienen los días contados y contribuyen al calentamiento de la superficie de la Tierra, la energía atómica no emite carbono a la atmósfera. Un estudio publicado en septiembre de 2008 por la Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia –que impulsa desde hace un tiempo en Cataluña la campaña “Tanquem les nuclears” (“Cerremos las nucleares”)– prueba que por cada megavatio-hora nuclear se emiten entre 140 y 290 kilos de CO2, que es casi tanto como la cantidad que emiten las centrales de gas de ciclo combinado (las menos sucias de las que usan combustibles fósiles). Es cierto que la reacción por la que un neutrón rompe el átomo de uranio y desprende una cantidad gigantesca de energía no emite carbono. Pero para que la pila atómica funcione ha hecho falta extraer el mineral de la mina, concentrar el uranio (muy escaso en el mineral: sólo entre el 0,05% y el 0,1%), transportarlo, enriquecerlo, construir la central, desguazarla al final de su vida útil y tratar los residuos. Todo eso consume mucha energía fósil, y explica las emisiones de carbono mencionadas. Decir, pues, que la energía nuclear es “limpia” desde el punto de vista de las emisiones de CO2 es totalmente falaz. (El mencionado estudio, que no toma en consideración la construcción y desguace de las centrales, por falta de datos fiables, y que por eso se queda corto en sus resultados, puede consultarse en www.tanquemlesnuclears.org. Se basa en los datos publicados de Ascó 2 entre 2001 y 2005.)
Otro argumento es el de la dependencia respecto del exterior: el suministro de petróleo y gas nos hace depender demasiado de unos pocos países y compañías que tienen la llave de estos combustibles, como ilustró la crisis del gas de Rusia el pasado invierno. Pero veamos qué ocurre con el uranio. El 84% de las reservas mineras del mundo se concentra en seis países: Canadá, Australia, Kazajstán, Rusia, Namibia y Níger. Siete compañías concentran en sus manos el 78% de las reservas. Y casi todo el enriquecimiento del uranio, un 92%, lo hacen sólo cuatro compañías. ¿A qué viene, en un contexto así, invocar el argumento de la dependencia exterior en el caso de las fósiles e insinuar que con la nuclear no ocurre otro tanto?
Un tercer argumento se resume en la frase recientemente pronunciada por Ana Palacio, actual vicepresidenta de la compañía francesa Areva, filial de EDF, dedicada a la electricidad nuclear: “Un 96% del combustible de uranio es reciclable” y supone “una solución económica y mediambiental” (El País, 8-04-2009). Subyace a este argumento la idea de que, pese a que el uranio es tan finito como el petróleo y destinado también a agotarse, al poderse reciclar, su suministro es casi indefinido. Lo que esta tesis oculta es que para la utilización de combustible reprocesado no sirve cualquier reactor, sino sólo los reactores rápidos, también llamados “supergeneradores”, que están siendo un fracaso. En Francia, país pionero en energía nuclear, se decidió en 1997 cerrar el único supergenerador del país –el Superphénix– por su coste económico de-
sorbitado y su escasa eficacia práctica. Su desguace está en marcha. El reciclado del combustible de uranio y su promesa de un suministro prácticamente inagotable es otra falacia.
Los partidarios de la energía del átomo están, en suma, orquestando una campaña de mentiras y medias verdades para vender a la opinión pública una técnica fracasada e inaceptable. Los problemas de la propaganda pronuclear no terminan aquí. Esta propaganda se enfrenta a otras verdades también incómodas. 1) La técnica nuclear arrastra un fracaso sonado: no haber hallado en los 60 años de su existencia ninguna solución satisfactoria al problema de los residuos. 2) Los riesgos asociados a las emisiones radiactivas. 3) Las centrales fabrican el combustible de las bombas atómicas. 4) Las centrales son un objetivo potencial privilegiado de terroristas de toda laya. 5) Por la razón anterior, requieren una protección policíaco-militar peligrosa para los derechos humanos y las libertades. 6) Los daños posibles debidos a accidentes son tan altos que ninguna compañía de seguros acepta asegurar, en ningún lugar del mundo, ninguna central nuclear: deben asumirlo los Estados. Y 7) las nucleares son ruinosas desde el punto de vista económico y no pueden subsistir (¡después de 60 años!) sin subvenciones públicas. Muchos responsables políticos muestran cada vez más dudas sobre la viabilidad económica de los programas nucleares renacidos, especialmente con motivo de una crisis que ha recortado drásticamente las disponibilidades financieras. El renacer nuclear está condenado por su enorme coste económico. Esto es una buena noticia, porque parece como si el lenguaje económico fuera el único que entienden los que mandan.
Finalmente, conviene recordar que el primer uso de la energía atómica fue militar, y que en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945 nos horrorizan no sólo la magnitud del dolor y la destrucción infligidos a las víctimas, sino la afectación al núcleo biológico mismo de nuestra naturaleza como especie: el genoma humano. La capacidad para provocar mutaciones teratogénicas aparece como símbolo del pacto fáustico de la modernidad: poder a cambio de vender el alma al diablo. Chernóbyl mostró que el uso pacífico de esta energía conlleva una exposición a riesgos de igual naturaleza.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Zunras
Joaquim Sempere
La publicidad que me gusta es la puramente informativa, que viene ilustrada por la cartelera de espectáculos o las listas de novedades en discos y libros. El resto de anuncios comerciales no suelen tener ninguna utilidad. Nadie que sea razonable se dejará convencer por las proclamaciones de los vendedores sobre las maravillas de los productos que quiere vender. La información fidedigna sobre las mercancías se busca entre gente de confianza que las conozca o sea experta en la materia. O, si existieran, en revistas independientes que difundieran informes fiables. En otro tiempo las hubo en España (recuerdo la que se llamaba Ciudadano), eran promovidas por asociaciones de consumidores. Pero perecieron bajo la presión de las grandes marcas.
Naturalmente los vendedores tienen derecho a proclamar la bondad de sus mercancías y tratar de convencernos o engatusarnos: el juego de la seducción es corriente en el comercio, como en el amor. Tampoco niego que los anuncios tengan efecto sobre las ventas, pese a su inutilidad para el consumidor: si no lo tuvieran, las empresas no se gastarían tanto dinero en ellos.
Lo que no es natural es que las sociedades modernas hayan aceptado ceder a los mercaderes tanto espacio público para sus anuncios: fachadas, paredes, vallas, autobuses y tantos otros. Pero el espacio público más escandalosamente colonizado por la publicidad es la televisión, y esto merece consideración aparte. El receptor de televisión es un artefacto de efectos muy considerables, pues recala siempre en uno de los puntos centrales de cada hogar, donde sus miembros aceptan someterse a un bombardeo de mensajes. La ubicuidad, capacidad de penetración y atracción hipnótica de la pantalla son poderes que deberíamos tratar con una cautela y prevención que suelen brillar por su ausencia. El zapping es una defensa, pero tiene sus límites. Siendo tan potente la capacidad de la pequeña pantalla para entrometerse en nuestro espacio íntimo e influir en nuestras vidas, ¿cómo es posible que las normativas autoricen que los anuncios comerciales se apoderen de tanta cuota de pantalla? En los Estados Unidos ocupan una cuarta parte, en promedio, del tiempo de emisión. En Europa no se llega tan lejos, y en España se sitúa en torno a la sexta parte.
Los anuncios, además de carecer de utilidad para el público, ejercen la función insidiosa de transmitir unos valores y unas pautas de conducta muy nocivas. Cuando ya sabemos desde hace tiempo que el consumo de masas ha sobrepasado todos los límites razonables y es factor decisivo en la destrucción del planeta, los anuncios comerciales siguen cultivando con tenacidad y alevosía el fomento del consumo y un clima cultural de inconsciencia e irresponsabilidad. La visión de la vida que transmiten esos mensajes es que todo es fácil y sin problemas. Exaltan la comodidad y el placer anodino, la novedad trivial incesante, la idea de que todo gusto es posible y alcanzable…
El volumen mundial de gasto en reclamos comerciales alcanzó en 2002 cerca de 500.000 millones de dólares, nueve veces más que en 1950. Para hacerse una idea, esta cifra equivale aproximadamente a la mitad del gasto mundial en armamento. Y al despilfarro de un dinero que podría destinarse a mejores causas, se suma el despilfarro de tiempo, energía, ingenio y dignidad de quienes se dedican a idear y realizar los anuncios. Me deprime ver cómo tanta gente de evidente talento lo malgasta en el circo alienante y manipulador de la publicidad.
Un alto dirigente de TF1, la principal cadena televisiva de Francia, declaró hace pocos años que “la tarea de TF1 es ayudar a Coca-Cola, por ejemplo, a vender su producto. Y para que un mensaje publicitario sea captado, hace falta que el cerebro del telespectador esté disponible: esto es, distraerlo y relajarlo para prepararlo entre un mensaje y el siguiente. Lo que vendemos a Coca-Cola es tiempo de cerebro humano disponible”. Más claro, el agua. Esto significa, además, que la degradación estética y moral de la programación televisiva, en la medida en que deriva de la búsqueda a toda costa de la máxima audiencia, es más que un efecto colateral no buscado: forma parte del modelo de televisión como instrumento de la mercadotecnia al servicio de un consumo irresponsable.
Por todo eso, el debate en torno a la nueva normativa española sobre publicidad en televisión no debería haber omitido este lado oscuro. Se me objetará que sin publicidad se hundirían las industrias del espectáculo, el entretenimiento y la producción y difusión cultural. Esto es una gran falacia que sirve para legitimar el poder cultural y de manipulación que se ha entregado al gran capital tanto por la vía de la publicidad como por la autorización de que haya cadenas privadas controladas por el gran capital. Hay muchas fórmulas para escapar de esta aparente fatalidad. A las grandes empresas se les podría permitir la publicidad de promoción (del tipo: “La empresa Tal les ofrece el programa que sigue”), como ya se hace. Se puede financiar con cargo al presupuesto público (como parcialmente ocurre en España con la televisión pública) o con un canon (en Francia cada hogar con televisor paga 116 euros al año salvo los más pobres, y en Gran Bretaña 180). Financiación pública no equivale a control estatal, como muestra la BBC, acreditada por su independencia respecto del poder político. La libertad de expresión y el pluralismo no se ven favorecidos por la existencia de cadenas privadas, sino todo lo contrario. La televisión es un servicio público, con un enorme potencial educativo e informativo. No la pongamos al servicio de la codicia.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Enric Jardí
JOAQUIM SEMPERE
La Europa de posguerra se ha construido sobre la idea de que el nazifascismo, después de su derrota, fue definitivamente extirpado del orden sociopolítico y del imaginario colectivo. ¿Es realmente así? Hay razones para dudarlo. El Holocausto se presenta a veces como un fenómeno absolutamente excepcional, un desvarío de crueldad y barbarie en una Europa que con las Luces había efectuado un cambio básico e irreversible de civilización.
No obstante, se pueden detectar en la historia de Occidente continuidades inquietantes que vienen de antes del Holocausto. No pretendo que Occidente haya sido una excepción en cuanto a crueldad genocida. Como dijo Walter Benjamin, todo documento de civilización ha sido a la vez un documento de barbarie a lo largo de la historia. Ni racismo ni xenofobia ni crueldad han sido patrimonio exclusivo de Occidente. Es más: es mérito de Occidente haber alumbrado la noción de derechos humanos universales. En otras civilizaciones se han dado ejemplos de tolerancia y convivencia respetuosa entre diferentes, pero ninguna proclamó la universalidad de los derechos de todos los seres humanos.
Pero es saludable saber que las Luces no acabaron por completo con las pulsiones bárbaras. Nos lo advirtió Nietzsche. Como ocurre tan a menudo, en nuestra cultura han coexistido ambos impulsos: el constructivo y el destructivo. Podríamos remontarnos al genocidio de los indios americanos y al exterminio de otros pueblos colonizados, así como a la trata de esclavos durante tres siglos. Pero como ha puesto en evidencia Domenico Losurdo, hay raíces más inmediatas del racismo nazifascista del siglo XX. Un precedente fue el Ku Klux Klan, nacido en Tennessee en 1866 como reacción a la abolición de la esclavitud, que perduró organizado hasta 1966. Además, la fundación de los Estados Unidos incluye el genocidio o la deportación forzosa de las poblaciones indias. La idea de supremacía blanca tuvo formulación escrita en la obra de Lothrop Stoddard, The Revolt against Civilization. The Menace of the Under Man, publicada en Nueva York en 1922. La expresión nazi Untermensch (hombre inferior) es la traducción alemana de la de Stoddard, admirado por el nazi Alfred Rosenberg. Este libro se tradujo al alemán en 1925.
Hay otras genealogías del mal, ligadas en general a experiencias de opresión violenta de pueblos considerados inferiores. El colonialismo fue una eficaz escuela de desprecio y destrucción de otras etnias. En las guerras coloniales los militares españoles, ingleses, franceses, holandeses y alemanes aprendieron o practicaron medios y estrategias que luego fueron aplicados a los “infrahombres” del propio territorio (judíos y gitanos, sobre todo), a los enemigos extranjeros en situación de guerra e incluso a los propios conciudadanos en las guerras civiles por la toma del poder. El gas mostaza usado en las trincheras europeas de la Primera Guerra Mundial había sido utilizado por el Ejército español en la campaña del Rif. Los militares alemanes habían experimentado tácticas de exterminio en la ocupación del África del Sudoeste (actual Namibia) antes de la Primera Guerra Mundial. En 1908 sofocaron con 100.000 asesinatos una rebelión iniciada años antes por los herero. Pero el mayor genocidio europeo en África tuvo lugar en el Congo belga, donde, al decir de Vargas Llosa, murieron diez millones de autóctonos en el curso de su sometimiento por el rey Leopoldo II. El segregacionismo practicado en Sudáfrica fue elogiado como modelo por el mismo Rosenberg. Y tuvo tan larga vida que se convirtió en Apartheid en 1949 y duró hasta finales del siglo XX.
Este hilo rojo subterráneo de supremacía blanca que recorre la reciente historia de Europa sigue ahí latente. Puede salir a la superficie en cualquier momento. Se da una coyuntura favorable para ello: una inmigración masiva de los países del Sur, que despierta el temor injustificado al otro, al diferente. Hay una regla psicológica según la cual quien inflige daño a otra persona odia a su víctima porque le devuelve como en un espejo la imagen de su maldad. Tal vez esta regla funcione en este caso, y el odio al negro, al moreno, al indio, refleja la intuición, aunque sea vaga, de una historia secular de injusticias de la que somos beneficiarios.
Hay al menos dos maneras de abordar el fenómeno, o considerar que debemos compartir la única Tierra que tenemos, y que hace falta acabar con las sangrantes desigualdades planetarias en el disfrute de los bienes disponibles, o consolidar y reforzar el actual orden internacional. De momento prevalece esta segunda opción. Por ejemplo, cuando se imponen reglas de inmigración que ven a los inmigrantes como medio para satisfacer nuestras necesidades de mano de obra dispuesta a trabajar en empleos poco considerados y mal pagados, y no como personas humanas con sus propias necesidades y aspiraciones. Es particularmente sórdido que se den facilidades de entrada a los trabajadores muy cualificados, alentando la fuga de cerebros desde unos países que se ven privados de su gente mejor preparada, cuya contribución a la economía necesitan vitalmente y cuya formación escolar y académica han financiado con sus propios recursos.
De momento en España podemos estar razonablemente satisfechos del clima social en torno a la inmigración extracomunitaria. Pero no deberíamos olvidar que el peligro de racismo y xenofobia expresado como ideología de la supremacía blanca está ahí de forma latente. ¿Cómo evitar que estalle? Con información, pero sobre todo con generosidad y con conciencia de que nuestra situación de privilegio se asienta sobre una historia de depredación colonial y sobre una deuda ecológica y económica invisible que tenemos contraída con los países del Sur.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental
de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Gallardo.
JOAQUIM SEMPERE
Italia fue pionera en la implantación del fascismo: Mussolini tomó el poder en 1923, antes que cualquier otro dictador de su cuerda. Hoy, con Berlusconi, Italia se pone de nuevo en vanguardia. El tono histriónico, teatral, hortera, machista e irrespetuoso de este personaje apenas oculta su peligrosidad. Puede llevar a pensar que es una caricatura irrepetible en otras latitudes y hacer bajar la guardia. Pero Berlusconi acentúa hasta el esperpento tendencias rampantes en otros lugares de Europa y del mundo.
Con el desprestigio de la política, un secreto de su popularidad es presentarse como un “no político”, como empresario triunfador. Mucha gente identifica política con ineficacia y corrupción, y valora lo privado por encima de lo público.
Impregnada por la ideología neoliberal, esa gente se ha vuelto políticamente cínica, y aplaude a quienes gestionan la cosa pública con mentalidad de empresario capitalista, atentos sólo al provecho individual y dispuestos a saquear el patrimonio público en beneficio propio. Imbuidos del estereotipo de que público equivale a ineficiente, prefieren confiar el destino del país a quien se ha acreditado como empresario con éxito –equivalente, según la moral dominante, a cuantiosos beneficios–. La sociedad italiana queda convertida en la empresa Italia. Las personas dejan de ser ciudadanos y se transmutan en consumidores, telespectadores, tiffosi, individuos sin sentido de corresponsabilidad colectiva y susceptibles de ser comprados. Berlusconi lo compra todo y a todos: acumula empresas, grupos mediáticos, clubes deportivos, diputados, senadores (también de partidos distintos al suyo), periodistas, abogados, jueces y toda clase de profesionales. Y, en el mundo hiperburgués que fomenta, quien paga manda. Ciudadanía, derechos y responsabilidades civiles, solidaridad y dignidad son conceptos ajenos al berlusconismo. Tras el terremoto de L’Aquila, il Cavaliere anunció la creación de una lotería nueva cuyos ingresos servirían para ayudar a los damnificados “sin que los italianos tengan que pagar más impuestos”. La fórmula es jugosa. Ni siquiera en un caso así se apela a la solidaridad: la codicia sirve mejor para recaudar dinero.
La masa despolitizada que vota Berlusconi agradece a il Cavaliere que diga en voz alta lo que ella piensa y no se atreve (o mejor: no se atrevía) a decir. ¡Qué descanso poder defraudar al fisco, esquivar la justicia si se puede, ostentar el natural egoísmo que todos compartimos, soltar groserías y tratar en público a las mujeres como objetos decorativos sin necesidad de avergonzarse!
El alma humana alberga sentimientos muy dispares: unos rastreros, otros elevados. Los dirigentes no sólo gobiernan. También transmiten, a veces, un tono moral a la ciudadanía, inhibiendo unas tendencias y favoreciendo otras. El tránsito de la era Bush a la era Obama es un ejemplo de mejora del clima moral en los Estados Unidos. El berlusconismo ejemplifica la evolución contraria, una evolución que desata los peores instintos, como pudo verse en la caza al inmigrante que se desencadenó tan pronto como Berlusconi volvió a ganar las elecciones.
En una reciente estancia en Barcelona, Paolo Flores d’Arcais, director de la revista MicroMega, uno de los pocos referentes dignos que quedan de la izquierda italiana, caracterizaba el berlusconismo como “putinismo soft”: la misma concentración personalista de poder político, económico y mediático que en Rusia, pero en Italia “todavía” no se asesinan periodistas ni se encarcelan competidores. Sin embargo, Flores d’Arcais explicó que, poco después del asesinato de Politkóvskaya, en una rueda de prensa ofrecida por Berlusconi y el mandatario ruso en su visita a Italia, el jefe de Gobierno italiano hizo con las manos el ademán de ametrallar a una periodista rusa allí presente que formuló una pregunta incómoda para el invitado ruso.
El berlusconismo, como dice Paolo Flores, no es fascismo clásico. Invoca valores típicamente individualistas y burgueses: éxito individual en los negocios, supremacía del dinero, enriquecimiento sin límites. Tampoco utiliza la intimidación de los escuadrones de camisas negras, pardas o azules, sino la intimidación del dinero, la corrupción, las listas negras: compra todo lo comprable. Pero, por detrás de estas diferencias nada desdeñables, se agazapa el mismo cinismo, la misma prepotencia y el mismo desprecio de los derechos humanos y la democracia. ¿Neofascismo? ¿Populismo de derechas? No importa la etiqueta, lo importante es que Europa –y otras sociedades ricas– están amenazadas en sus libertades. Hay varios proyectos, distintos aunque emparentados, para desvirtuar las libertades o acabar con ellas, para socavar derechos arduamente conquistados, para destruir la noción y la práctica de la ciudadanía y convertir al máximo número de personas en ignorantes despolitizados, atentos sólo a consumir y aplaudir o abuchear el ininterrumpido espectáculo en que se transmuta la realidad por obra de unos medios de difusión manipuladores.
Flores d’Arcais no se limitó a glosar los desvaríos de esa derecha y sus raíces clericales y mafiosas acentuadas por la Guerra Fría, sino que subrayó sin piedad la desastrosa autodestrucción de la izquierda italiana y su complicidad con la corrupción y la degradación de la vida pública.
Propongo un ejercicio intelectual: inventariar los rasgos de populismo reaccionario que desarrolla en España la derecha autóctona
–desde Jesús Gil (esa réplica carpetovetónica directa de don Silvio) hasta Rajoy, pasando por Aguirre, Camps y Fabra–, a imagen y semejanza del berlusconismo. Y, de paso, reflexionar sobre las responsabilidades que tiene y puede tener la izquierda autóctona en alimentar al monstruo. Y sobre cómo combatirlo.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental e la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Miguel Ordoñez
JOAQUIM SEMPERE
He aquí una propuesta recientemente difundida para combatir la crisis: “Tenemos por un lado un parque enorme de viviendas mal repartidas [...] que en gran medida es viejo, energéticamente ineficiente y gran consumidor de energías fósiles. ¿No sería hora de invertir masivamente en el parque existente y mejorarlo radicalmente? Reducir la factura energética del país no sería nada malo de cara al futuro, y la rehabilitación crea empleo más intensamente que cualquier obra pública”. Quien esto propone es Manel Larrosa, arquitecto que apoya y promueve la Campaña Contra el Cuarto Cinturón, una autovía orbital proyectada en torno a Barcelona, y muy controvertida. Frente a las grandes infraestructuras previstas como fórmula destacada para salir de la crisis –lo acaba de dejar bien claro el nuevo ministro de Fomento–,
Larrosa propone trabajos más modestos y repartidos. “Hay que resolverlo –sostiene– con un aumento de la demanda privada y no solamente de la demanda pública”. La mejora de las viviendas debería permitir instalar captadores solares térmicos y fotovoltaicos, dobles cristales, reforzar el aislamiento de las paredes, mejorar los dispositivos de ahorro y reutilización del agua, etc.
¿Cómo financiar todo esto? Los Presupuestos del Estado prevén 20.000 millones de euros para
infraestructuras, que generan muy poco empleo y ningún efecto multiplicador. Sólo la mitad de esta suma permitiría rehabilitar anualmente un millón de viviendas con una transferencia de 10.000 euros a cada unidad familiar. En cinco años, pongamos por caso, se podrían rehabilitar unos cinco millones de viviendas, creando muchos puestos de trabajo. La operación supondría, además, un ahorro energético substancial y el conjunto urbano sería más sostenible. Las grandes empresas constructoras verían reducirse sus contratas. En cambio, se incentivarían las pequeñas y medianas empresas y se generaría una demanda (solvente) de captadores solares térmicos y fotovoltaicos. Sería una apuesta importante a favor de las energías renovables y por un tejido industrial orientado hacia un mercado con mucho futuro: el de las industrias favorables a la sostenibilidad.
Un programa así, además de la donación de una cantidad a fondo perdido, requeriría más condiciones: una normativa –con cláusulas obligatorias, como las existentes ya en varios municipios españoles y europeos, en materia de energías renovables– para hacer más sostenible el parque de viviendas existente; programas de ayuda a pequeñas y medianas empresas de cara a una reconversión industrial siempre que hiciera falta; formación con miras al reciclaje profesional de los trabajadores, etc. Con semejantes incentivos y ayudas cabría esperar una buena respuesta de la población.
Hay numerosos precedentes de aplicación del presupuesto público a la demanda privada. Todo el mundo conoce el Plan Renove, que se ha reeditado ahora para estimular la compra de automóviles. Pero se sabe menos que en Alemania (que también da dinero para comprar coches) el Gobierno decidió conceder 750 euros a cada particular que cambiara su calefacción consumidora de energías fósiles (carbón, fuel-oil o gas) por calefacción de fuentes renovables (solar y biomasa). Esta medida es un gasto público que orienta la demanda hacia unos productos cuya
difusión, venta y utilización señalan el futuro, puesto que favorecen la transición del actual modelo energético fosilista, sucio, finito e insostenible hacia un modelo basado en las energías renovables.
Esa es una política económica gubernamental inteligente, que crea demanda orientando indirectamente a los inversores hacia una industria que necesita todavía incentivos para establecerse sólidamente. Se trata, además, de una industria de futuro, destinada a crecer.
Una ventaja de este tipo de política es que en lugar de inyectar dinero público en el sistema bancario, dinero cuyo destino final está resultando problemático –y que seguramente redundará en un enriquecimiento especulativo de los beneficiarios del sistema financiero–, lo que se hace es dar dinero al consumidor final generando demanda real y efectiva. Se está poniendo en evidencia que en situación de paro y precariedad crecientes, la gente, incluso la que tiene trabajo e ingresos, se retrae a la hora de gastar, y las empresas se retraen a la hora de invertir. ¿Por qué extrañarse de que casi nadie acuda a los bancos y cajas a pedir créditos y de que el dinero público inyectado en las entidades financieras les sirva a estas para tapar sus propios agujeros, y
encima tener beneficios?
En cambio, incrementar con el dinero público la demanda privada debidamente orientada –inyectando dinero en los bolsillos de los particulares– es mejor solución que reforzar el sistema financiero. El Gobierno español, como otros gobiernos europeos, lo sabe perfectamente y concede ayudas para renovar el parque automovilístico. Pero es un disparate destinar ese dinero a fomentar una producción –la de automóviles– que debería empezar a reducirse en beneficio de la producción de bienes orientados a la sostenibilidad ecológica, como los paneles solares, el aislamiento térmico en los edificios y otros.
Y otro tanto puede decirse de la demanda pública. La demanda pública genera también bienes útiles y puestos de trabajo. Pero ¿por qué más autopistas en lugar de más vías férreas y más trenes? ¿Por qué no renovar y ampliar las instalaciones de centros de salud y enseñanza, aplicándoles también criterios de ahorro energético y de sostenibilidad?
La actual crisis es, por supuesto, una desgracia. Pero puede ser una oportunidad para avanzar hacia una economía menos insostenible y menos dependiente de las multinacionales. Se ha visto que hay miles de millones disponibles. Empleémoslos bien.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental
de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Iker Ayestarán.
JOAQUIM SEMPERE
Cuando vemos uno y otro y otro episodio de cierre empresarial que deja en el paro a unos cientos, cuando no miles, de trabajadores, muchos sentimos un
desasosiego que no acertamos a traducir en un discurso alternativo. Percibimos que las cosas no funcionan. Pero ¿qué salida le vemos?
Habría que distinguir entre situaciones de crisis, como la actual, en las que el mercado se retrae y las empresas no venden y entran en bancarrota, de otras situaciones sin crisis. En el presente artículo voy a centrarme en estas últimas. En años anteriores, sin crisis, hemos asistido impotentes a casos de empresas viables, que obtenían beneficios, y sin embargo cerraban su factoría para instalarse en otros países con costes ambientales y salariales menores, en busca de beneficios mayores. La decisión empresarial dejaba en la calle a unos cientos de asalariados y sin ingresos vitales a ellos y sus familias. El recorte de los ingresos de esos cientos de familias repercutía en otros sectores económicos de la comunidad local (comercios, pequeña industria local, servicios…), que veían menguada también su actividad.
Y todo esto en la más estricta legalidad. La pregunta es inmediata: ¿cómo es posible que la ley permita que unas cuantas personas poseedoras del capital de la empresa o del paquete determinante de acciones de la misma puedan tomar decisiones que afectan a la supervivencia y seguridad económica de unos cientos o miles de personas aunque la empresa arroje beneficios? A principios del siglo XX, el economista británico R.H. Tawney, en un libro titulado La sociedad adquisitiva, sometía la propiedad capitalista a un análisis hoy muy actual. Se suele presentar la propiedad como un derecho ilimitado de disposición sobre lo poseído. Pero no es lo mismo poseer un paraguas o una casa que poseer una tierra cultivable o una fábrica. La tierra y la fábrica son medios de producción necesarios para crear riqueza, mientras que el paraguas y la casa son bienes de consumo. En una economía moderna, las personas que, sin ser propietarias, utilizan esos medios de trabajo para producir bienes a cambio de un salario y ganarse así la vida entran con esos medios en una relación peculiar e intensa, vital para ellas. Es una relación distinta a la del propietario con su propiedad, pero una relación humana significativa. Y si consideramos la comunidad local en que está situada la tierra o la fábrica, deberemos admitir que esa comunidad humana adquiere también una relación y una dependencia respecto de estos medios de producción.
¿Por qué el orden jurídico sólo contempla derechos de la propiedad y no derechos del trabajo ni de la comunidad? Es obvio que el propietario arriesga un patrimonio, y parece de justicia que reciba compensación. Pero el trabajador y la comunidad arriesgan su fuente de ingresos y su seguridad económica. ¿Acaso no merecen compensaciones también ellos? Tawney proponía que la propiedad del capital que se invierte fuera recompensada con un pago al uso de ese capital. Esto tiene un nombre: interés del capital. Y que los derechos de decisión (sobre inversiones, nivel de capitalización, organización del trabajo, gestión del riesgo, política comercial, etc.) estuvieran repartidos entre los tres componentes sociales de la empresa y su entorno: capital, trabajo (incluido el técnico y administrativo) y comunidad.
Tawney era socialista, y, como se ve, muy moderado. Ni siquiera planteaba estatalizar o socializar el capital; aceptaba que siguiera siendo –al menos una parte del mismo– de propiedad privada. Pertenecía a la corriente fabiana, muy criticada por Lenin por su moderación. Pero el análisis descrito es sumamente desmixtificador, porque desvela con gran claridad que unos derechos asociados a la propiedad quedan ocultos tras una amalgama confusa de derechos distintos, y nos permite comprender mejor que las relaciones capitalistas no son relaciones meramente técnicas entre “factores de producción”, sino relaciones sociales de dominación en que unos pocos detentan, con el amparo del orden jurídico-político. Un poder desmesurado sobre otros muchos, sobre sus vidas, sus ingresos, su seguridad.
A estas alturas, el razonamiento de Tawney me parece, si no revolucionario, sí subversivo. Tiene el mérito de poner en cuestión el poder capitalista sobre las personas y hurtarle legitimidad. Sin requerir que sea abolida la propiedad privada del capital, señala la necesidad de redefinir los roles y los derechos de quienes intervienen en la actividad empresarial o son afectados por ella. A partir de esta idea, cabe imaginar muchas fórmulas para articular capital (o sea, el ahorro destinado a la inversión), trabajo y comunidad local, ya sea en un capitalismo regulado o en un socialismo, dando a los trabajadores y a la sociedad unos derechos que hoy no se les reconoce. La Historia está llena de episodios en que obreros y técnicos han tomado en sus manos la gestión de empresas en crisis convirtiéndolas en cooperativas, sociedades anónimas laborales o empresas intervenidas públicamente. Y han funcionado. Cuando una clase fracasa en el cometido de crear riqueza, alguien tiene que tomar el relevo. Los trabajadores que se hacen cargo de una empresa, por otra parte, están más interesados en preservar sus puestos de trabajo (incluso aceptando reducciones en sus ingresos) que en aumentar los beneficios. Están más interesados en una economía de las necesidades (con mercados locales, estables y seguros) que en una economía de los negocios.
No es capital lo que falta, ni trabajadores dispuestos a trabajar, sino una dinámica económica distinta. El capitalismo está destruyendo nuestro tejido empresarial. ¿Seguiremos asistiendo impávidos al proceso o trataremos de buscar alternativas?
Joaquim Sempere es Doctor en Filosofía y profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental
de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Gallardo
