JOAQUíN NIETO

La conferencia del clima de Poznan estaba llamada a ser una cumbre de trámite hacia Copenhague 2009. En esta cita se deberán acordar nuevos compromisos que den continuidad al Protocolo de Kioto y consigan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que su concentración en la atmósfera no supere las 450 partes por millón, evitando así que el calentamiento global del planeta supere los 2º C y, como consecuencia, los efectos catastróficos del cambio climático. Por tanto, aunque Poznan ha sido un trámite, los acontecimientos derivados de la crisis económica y financiera le han dado un significado especial.
Las referencias a la crisis han sido continuas, pero no precisamente para frenar la agenda climática, sino más bien al contrario: la gran mayoría de las referencias a la crisis han ido asociadas al Global Green New Deal propuesto por Ban Ki-Moon, quien volvió a reiterar en Poznan su propuesta. Se trata de recuperar la idea de un New Deal como el que puso en marcha Roosvelt en los años 30 para hacer frente a la crisis del 29, pero esta vez el nuevo contrato social tendría un carácter verde, es decir, orientado a la sostenibilidad ambiental. Esa propuesta, bautizada como Green Economy o economía verde –que está basada en el desarrollo de las energías renovables y otras iniciativas para el cuidado del medioambiente–, contempla un relanzamiento diferente de la economía, válido tanto para los países industrializados como para los menos desarrollados, que impulse la creación de millones de empleos ambientalmente sostenibles y socialmente decentes. Otro objetivo es que facilite el acceso a la energía eléctrica a los millones de ciudadanos que hoy no lo tienen, mientras que mitiga los efectos del cambio climático gracias a sus políticas de ahorro energético.
La propuesta de Ban Ki-Moon ofrece una nueva perspectiva al abordar la lucha contra el calentamiento global como una oportunidad que dé salida a la profunda crisis financiera y de modelo económico que hoy sacude a nuestra civilización. Esto consiste en reorientar la actividad económica hacia la economía real para que responda a las necesidades de forma eficiente, suministrando los servicios y productos que la sociedad requiere pero sin el derroche de recursos naturales y energéticos que caracteriza al actual modelo. Algunos de estos cambios han sido percibidos por los propios sectores financieros, que se preparan para los nuevos escenarios: un reciente informe para inversores del Deutsche Bank ha suscitado titulares como: “La economía verde puede salvar la crisis económica” o “La inversión verde puede prevenir una recesión severa”…
En la dirección opuesta, los Gobiernos más derechistas de la UE, como el italiano o el polaco, han pretendido rebajar sus compromisos con la excusa de la crisis, pero no lo han conseguido. La UE ha mantenido lo esencial de sus objetivos para 2020 en materia de medioambiente: un 20% de reducción de emisiones en relación a 1990, alcanzar el 20% de energías renovables desde el 8,5% actual y lograr un 20% de ahorro energético. El aspecto más criticable del paquete climático europeo –las exageradas concesiones hechas a algunos sectores industriales, a los que se les asignarán gratuitamente el 100% de los derechos de emisión de CO2, lo que contradice el principio de “el que contamina paga”– podría y debería ser corregido por el Parlamento en el proceso de codecisión y, en todo caso, no rebajar el compromiso que mantiene su propuesta de llegar al 30% de reducción de emisiones si en Copenhague se alcanza un acuerdo multilateral.
Ahora es el turno de EEUU que, sumido en el proceso de transición presidencial, ha sido el gran ausente de Poznan. De hecho, uno de los principales obstáculos para la agenda climática durante estos años ha sido la Administración Bush. No logró impedir la ratificación del Protocolo de Kioto, pero su rechazo al acuerdo y su negativa a alcanzar nuevos compromisos impidieron cualquier avance significativo. Con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, quien ha afirmado insistentemente la importancia de hacer frente al cambio climático, su apoyo a las energías renovables y el compromiso de reducir las emisiones norteamericanas en un 80% para 2050, llega un nuevo enfoque más esperanzador.
Pero el anuncio de Obama de que su objetivo de emisiones para 2020 se limite a dejarlas como en 1990 está muy alejado de las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) –que aconseja una reducción de entre el 25 y el 40% para los países industrializados– y es demasiado distante del compromiso de la UE de reducir un 30% si hay un nuevo acuerdo. Es verdad que, como EEUU ha aumentado ya un 16,7% sus emisiones en relación a 1990 –mientras que las emisiones europeas han disminuido el 4%–, es
muy difícil que pueda aceptar una reducción de la magnitud de la europea para 2020, dado que situaría sus compromisos de reducción en cerca del 50%. Pero su propuesta actual es inaceptable, pues la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha alcanzado las 386 partes por millón, muy cerca de lo estipulado para que se produzca un cambio climático catastrófico. Evitarlo requiere importantes reducciones ya. Tampoco se corresponde con la responsabilidad que EEUU debería asumir teniendo en cuenta que es el principal emisor histórico y, junto a China, el mayor emisor actual, con unas emisiones per cápita de 20 toneladas al año que doblan la media europea, cuadriplican la china y quintuplican la media mundial.
Si Obama no modifica sus planteamientos será muy difícil el acuerdo en Cophenague, pues ni la UE estará dispuesta a un reparto de esfuerzos tan desigual, ni los países emergentes aceptarían contribuir al compromiso si el principal emisor no asume el suyo. El nuevo New Deal no sólo tendrá que ser verde, sino también global.
Joaquín Nieto es Presidente de honor de Sustainlabour, fundación para el desarrollo sostenible
Ilustración de Jordi Duró
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI, DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN Y JOAQUÍN NIETO
Describir la crisis en la que estamos inmersos –de la que las recientes y notorias suspensiones de pagos y el déficit presupuestario del primer semestre no son más que las manifestaciones más evidentes– es hacer la crónica de un proceso anunciado. El modelo de crecimiento económico que ha conocido nuestro país en los 12 últimos años ha demostrado tener los pies de barro ¿O alguien pensaba que se podía prolongar indefinidamente un modelo basado en la construcción y venta de casi un millón de viviendas nuevas al año en un país con tres millones de viviendas vacías y otras tantas de muy baja ocupación? Asistimos a un vendaval económico en el que confluyen factores como la crisis del sector inmobiliario y otros de carácter financiero. Tal situación –esperable– que genera graves problemas –en particular el creciente desempleo– es también una oportunidad para cambiar a un modelo más sostenible, con menos impactos en el territorio, que ponga el acento en la habitabilidad y eficiencia energética de nuestras ciudades y nuestros hogares y que genere empleos sostenibles. El panorama actual es confuso por la incertidumbre sobre las alternativas de salida a la crisis, empezando porque nuestros gobernantes parecen no querer reconocerla, pero existen alternativas que, desde una decidida acción pública, orienten la economía hacia un modelo productivo sostenible. Algunas de esas alternativas están en el mismo sector que ha sido causa de la crisis y que está pagando más agudamente sus consecuencias.
Estamos, al comienzo de legislatura, en una coyuntura que no permite vacilaciones ni dilaciones. Las propuestas de solución han de lanzarse ya mismo si no queremos tener un otoño con mayores problemas. Toca ahora convertir las dificultades en oportunidades, haciendo de la necesidad virtud, ofreciendo soluciones prácticas, acometiendo el triple desafío de mejorar la habitabilidad y el acceso a la vivienda, inducir la eficiencia energética y crear empleo, tres pilares básicos para la reorientación inaplazable del modelo económico español que, repetimos, ha sido demasiado dependiente de la construcción de nueva vivienda.
Existe un consenso generalizado entre profesionales del sector y agentes sociales acerca de que, en una situación como esta, la rehabilitación, el alquiler y la puesta en valor del parque inmobiliario existente son el mejor camino para afrontar la crisis y construir un espacio social de calidad sin producir despilfarro, contribuyendo a su vez a la generación de empleo y a la lucha efectiva contra el cambio climático. Algunos agentes sociales, como Comisiones Obreras, incluso han hecho propuestas concretas en esa dirección. Ese consenso para emprender un programa de rehabilitación masiva parece abarcar también a agentes económicos públicos y privados, a gobiernos autonómicos y al gobierno español. Pero falta la decisión de ponerlo en marcha de inmediato.
La propuesta concreta es emprender un Plan de Rehabilitación 2009-2012 con el objetivo de rehabilitar un 10% de las viviendas y edificios comerciales e industriales existentes, en coherencia con la Directiva 2002/91/CE, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de 2007, y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.
El plan supone 2.400.000 actuaciones –2.250.000 viviendas y 150.000 edificios–, para el aislamiento térmico y acústico, la instalación de energías renovables y la mejora de la accesibilidad. Se trata de aplicar las condiciones que fija el Código Técnico de la Edificación al extendido parque de viviendas existente, desvalorizado, desocupado u obsoleto. La referencia es la obligatoriedad de certificación energética de los edificios a rehabilitar fijada en el Decreto 47/2007 y del futuro decreto de certificación energética de edificios existentes, en fase de borrador y que obligaría a la certificación de las viviendas en caso de venta, alquiler o transmisión.
Los beneficios esperables serían: favorecer el acceso a la vivienda y su habitabilidad, reduciendo el consumo y la factura energética de hogares y empresas, reduciendo también las emisiones de CO² en 18 millones de toneladas y la dependencia energética española, creando a la vez 390.000 empleos anuales, con los correspondientes ahorros en desempleo e ingresos en cotizaciones sociales. Sólo la mencionada reducción de emisiones y los 30 millones de barriles de petróleo que se dejarían de consumir, suman no menos de 3.000 millones de euros en el período 2009-2013 y 1.300 millones de euros de ahorro cada año posterior.
Para financiar un plan así, bastaría con una inversión pública de 25.000 millones de euros en cuatro años, un tercio de los cuales mediante subvenciones directas –principalmente del Estado, pero también de las CCAA– y dos tercios a través de créditos ICO, con una ejecución gradual: las inversiones del Estado serían 800 millones el primer año, aumentando progresivamente a 1.200, 1.600 y 2.000 millones en los años sucesivos.
Un plan de estas características es viable. El proyecto implicaría un esfuerzo sostenido de los ministerios de Industria y de Vivienda, en colaboración con todas las administraciones implicadas y entidades financieras y una mesa de seguimiento de los agentes sociales. Mejorar la habitabilidad, la eficiencia energética e implantación de energías renovables, creando empleo, es un primer paso para producir un cambio real en las políticas urbanas, con medidas innovadoras, que habría de ser visible en la presidencia española de la Unión Europea en 2010.
Existen derechos constitucionales al pleno empleo, a la protección del medio ambiente y al acceso a la vivienda que no pueden quedarse en mera declaración de intenciones, sino que deben garantizarse plenamente. Defenderlos en el presente, preservando el medio ambiente, es nuestra obligación, ya que, en tanto que transmisores y responsables de una herencia frágil, debemos asegurarnos de que también puedan disfrutarlos las generaciones futuras.
Carlos Hernández Pezzi es presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Domingo Jiménez Beltrán fue el primer Director de la agencia Europea de Medio Ambiente
Joaquín Nieto es Presidente de Honor de SUSTAINLABOUR
Ilustración de Patrick Thomas